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EL IMPACTO DE LA CONCESIÓN DEL TERRITORIO A EMPRESAS MINERASEN LA FORMA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LA MONTAÑA

Y COSTA CHICA DE GUERRERO, MÉXICO

Florencia Mercado

1. Introducción

En este artículo me propongo mostrar algunas de las estrategias que han sidoutilizadas por las comunidades indígenas de las regiones Montaña Alta y Cos-ta Montaña frente al embate que implica que, más del 70% de sus territorios,estén concesionados a empresas mineras de origen canadiense e inglés. Meconcentro en la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Co-munitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), institución de los pueblos tlapaneco(me’ phaa), mixteco (ñu saavi), y mestizo, encargada de dar seguridad, justi-cia y reeducación a alrededor de 110 comunidades que se encuentran en 11municipios del estado de Guerrero. No obstante, el espectro de amenaza esaún mayor, ya que abarca municipios, como Zapotitlán Tablas, y algunas co-munidades de Iliatenco se han articulado a la defensa del territorio.

La Policía Comunitaria, surge como respuesta organizativa de los pue-blos a la violencia que se vivía en las regiones Montaña y Costa-Montaña enel año de 1995, con el único objetivo de resolver la inseguridad. Sin embargo,en 1998, debido a que comenzaron a detener a ladrones y violadores y a en-tregarlos a las autoridades de justicia estatal, y éstos los liberaban por “faltade evidencia” o por soborno”, deciden administrar justicia, e implementan elproceso de reeducación, que consiste en integrar a las personas que cometenuna falta (ya que no se habla de delitos) a la comunidad. Esto lo ha consegui-do en una mezcla siempre cambiante de las tradiciones de los pueblos mixteco,tlapaneco, mestizo con la inventiva que les obligan a generar nuevas respues-

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LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO: EL MANEJO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

tas en las cambiantes condiciones sociales. El ejemplo que aquí expongo esmuestra de ello.

El conocimiento de la calidad de las concesiones y del potencial riesgode ser desplazados, marca un “antes” y “después” en la dimensión de las pro-blemáticas de violencia estructural que estas comunidades ya enfrentaban.Ahora, no sólo enfrentan las amenazas regionales de violencia, como son elabigeato, los asaltos y las violaciones. Esta vez el escenario trasnacional sehace presente, tanto en la forma de concesionar el espacio, como en su rela-ción con el Estado mexicano.

Se trata de un artículo que surge de la experiencia de compartir más decinco años de trabajo, en el que he desarrollado dos investigaciones1 , que sibien no han tenido como eje central el tema de las concesiones mineras, hetenido oportunidad de observar el proceso organizativo de búsqueda de in-formación, articulación con otros actores sociales y las reacciones que ha te-nido el estado mexicano en la trama que implica la minería en estas regiones,que a partir de este proceso, ha decidido llamarse a sí misma territorio comu-nitario, en una búsqueda de llenar de significación el espacio vacío que obser-van los que conceden-la-tierra.

2. La llegada

El 5 de noviembre de 2010 cambiaría vertiginosamente la forma de organiza-ción de las comunidades de la Costa-Montaña y Montaña Alta de Guerrero.Se trata de la fecha en que arribaron a las oficinas de la Coordinadora Regio-nal de Autoridades Comunitarias (CRAC) dos funcionarios de la empresa Mi-nera Hoschild Mining2 , para informar a las autoridades comunitarias queestaban realizando sobrevuelos en la región con permisos del Instituto Nacio-nal de Geografía y Estadística (INEGI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional

1 La primera investigación que desarrollé giró en torno al tema de la argumentación jurídica en laadministración de justicia comunitaria. Tesina de Maestría (Mercado, 2009).

2http://www.hochschildmining.com/en/home , en esta página, consultada el 10 de noviembre de 2013,a las 13:30, p.m., aparece la historia de esta empresa minera, cuyas actividades más retributivas son reali-zadas en Perú, Bolivia, Argentina, Chile y México. Hochschild Mining tiene su origen en Bolivia, en 1911, yfue fundada por Mauricio Hochschild. En 1922, Hochschild Group se expadió en gran parte del territorioboliviano. No obstante, fue hasta 1925 que se expandió a Perú. Y, para 1945, el representante de estaempresa sería, Luis Hochschild que unió acciones de Hochschild Group’sPeruvianoperations con HoschildBolivia.

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(SEDENA). El objetivo de la visita no era realmente buscar una interlocución,sino solicitar a la CRAC que avisara a la gente sobre esta situación para que nohubiera ningún tipo de agresión a los tripulantes de las helicópteros encarga-dos de hacer magnetometría3 , ya que tenían informes de que era arriesgadohacer vuelos a ras de tierra, sobre todo en la zona de la Montaña. En esaocasión los visitantes4 mostraron un documento fechado el 21 de octubre de20115 , dirigido a las autoridades de la CRAC en el que Minera Hoschild Méxi-co, filial de la empresa Hoschil Perú, a través su gerente solicitaba una re-unión con la CRAC para determinar el rumbo social de las exploraciones, que,de acuerdo al documento consistirían en elaboración de mapas geológicos ytomas de muestra de minerales para ser analizados. A este documento loacompañaban los permisos mencionados.

Antes de este hecho, ninguno de los que somos cercanos a esta expe-riencia ni las autoridades ni los policías comunitarios teníamos idea de quéimplicaba la megaminería contemporánea, sobre todo la que se practica a“cielo abierto”, que es la forma en que las empresas mineras proyectan sus-traer el oro, la plata y el zinc, en esa zona de Guerrero. De la situación enten-díamos que lo que les estaban diciendo estas personas era que el gobierno, através de su andamiaje institucional, había “prestado” el subsuelo por cin-cuenta años, porque era claro en uno de los documentos que indicaba que laconcesión era hasta 2059, (después sabríamos que este “préstamo” sería pro-rrogable por otros 50 años). Que ese “préstamo” implicaba que habría altera-ciones en la superficie, que destruirían cultivos, templos, espacios sagrados yalgunas casas. De igual manera entendíamos que esto podría alterar salud, sualimentación, su reproducción. Sólo les pedían, ante eso, que los dejaran ha-cerlo con condiciones de seguridad suficientes para que nadie de la empresacorriera riesgos. Fuera de esa sensación, nadie sabía qué era lo esto implicabani las dimensiones espaciales y política que conllevaba. De tal suerte que laprimera tarea era investigar.

3 Detección de metales.4 A pesar de que eran representantes de HoschildMining, S.A., en el logo de la camioneta en la que

arribaron a las oficinas de la CRAC se leía ENERGOLD. Lo que demuestra que tampoco hay una claridadsobre de quién realmente son filiales y cómo. La información que se ha encontrado es muy confusa, enrelación con la forma en cómo se les puede observar.

5http://www.jornada.unam.mx/2011/01/15/oja165-mineria.html

EL IMPACTO DE LA CONCESIÓN DEL TERRITORIO A EMPRESAS MINERAS

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3. La poca información

Así, nos enteramos que la minería a cielo abierto consistía en un proceso enel que se remueven toneladas de tierra que han sido dinamitadas con explo-sivos muy potentes, para que éstas sean lavadas con cianuro en patioslixiviación, es decir, regadas con agua, cianuro y, en algunas ocasiones, mercu-rio (cfr. Delgado, 2012) y que, Hochschild Mining México, S.A., no era la únicaconcesionaria. También había concesiones a Camsim Mineras, S.A. de C.V., asícomo a las personas físicas, Preisser Rivera y Diana Rebeca Castillo García yJuan Almazán Cedillo & Socios. Esta información fue obtenida en la páginaweb de la Secretaría de Economía, sitio que, en ese entonces aún no estaba“en reparación”6 . Esto hizo posible saber que el Gobierno Federal, desde2004,había otorgado a la Minera Zalamera, filial de la Hochschild MiningMéxico, S.A. había obtenido una concesión para la exploración y explotaciónhasta el año 2054, por una cantidad de 49,927 ha., en el sitio que ellos handenominado “Corazón de Tinieblas”, que se encuentra en la zona alta de laMontaña, en los municipios de Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Malinaltepec, quees la región mas rica en biodiversidad, ya que posee la zona de mayor densi-dad de bosque en la región que es la que abastece los mantos acuíferos y losarroyos que alimentan el río San Luis, que corren desde la montaña alta hastael Océano Pacifico.

Otra concesión que se había autorizado, era a la C. Diana Rebeca CastilloGarcía, en la región Alta de la Montaña, entre los núcleos agrarios de Iliatenco,Zitlaltepec y Paraje Montero, para la explotación de la mina “Diana” o “SanJavier”, que contemplaba 42,722 ha. Mientras que las concesiones otorgadasa Jorge Preisser Rivera se localizan en el municipio de San Luis Acatlán y abar-can un total de 150,477 ha, llamadas “Goliat” fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y la“Faraona”, que era una reducción sur de Goliat Fracción 57 .

6 Un mes después de iniciado el proceso de investigación, la página de la Secretaría de Economía en elárea de minería, permaneció en reparación por más de dos años, lo que limitaba enormemente la posibili-dad de acceder a la información. Esto aunado a los difíciles y a veces inaccesibles trámites que generan losfiltros del Instituto Federal de Acceso y Protección de Datos (IFAI).

7 Información fue obtenida los primeros días de diciembre de 2010, de la página de la Secretaría deEconomía http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria.

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Municipio nombre hectáreas Fecha de la concesión

Fecha de término de la concesión

Concesionario

Malinaltepec Zapotitlán Tablas Tlacoapa San Luis Acatlán

Corazón de Tinieblas

43700 2005 2011 HoschchildMining, S.A.


Reducción Norte Corazón de Tinieblas



Reducción Sur Corazón de Tinieblas


Iliatenco Diana (Xochiatenco)

14722 2009 2059 Camsim Minas, S.A. De C.V.

Iliatenco y Malinaltepec

Mina San Javier

Camsim Minas, S.A. De C.V.

Cuadro 1. Concesiones Región Montaña (el cuadro lo realizó el equipo del Programa deActores Sociales de Flora Medicinal del INAH)

Municipio Nombre de la

concesión

Hectáreas Fecha de la

concesión

Fecha de término de

la concesión

Concesionario1

San Luis Acatlán

La Faraona 7473 2007 2057 Jorge Preisser Rivera

Goliat 5 Frac. 1

8176 2008 2058 Jorge Preisser Rivera

Cuadro 2. Concesiones Región Costa (el cuadro fue realizado por del Programa de ActoresSociales de Flora Medicinal del INAH)

8 En la página de la Secretaría de Economía sólo aparece un documento que especifica que todas lasconcesiones son parcialmente confidenciales, por lo que no ha sido posible acceder a la información delestado actual de estas concesiones, cfr. http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/informes/focalizada/2013/acta_viii_sesion_ext_2013_0820.pdf. No obstante, esta era la información que habíamospodido obtener en diciembre de 2010, pero no hay claridad sobre si continúa siendo Jorge Preisser eldueño de las concesiones, ya que en la página mencionada, sólo aparece como concesionario de la mina“El Cardonal” ubicada en San Miguel Tazintla, Hidalgo. Cfr. http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/miguel.pdf

Continúa

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4. Acciones al interior

2010 estaba en el ocaso, por lo que ese año sólo fue posible llevar a cabo unareunión informativa el 17 de diciembre, que se celebró en las instalaciones dela Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). En ella, algunos asistentesmencionaron que antes del 5 de noviembre, “ya había visto helicópterossobrevolando la montaña y gente extraña haciendo hoyos en la tierra conaparatos que nunca habían visto”9 .

En esta misma asamblea se abordaron dos procesos que dan cuenta deque el saqueo de los territorios es una situación bastante común. El primeroque se mencionó fue el de la comunidad de El Pochotillo, municipio deTecoanapa, comunidad a la que de acuerdo al testimonio, “llegó una empresaque tenía mucha cercanía con las autoridades del pueblo, pero ninguna con lapoblación. (…) Esta empresa trabajaba de noche y siempre se observabanhelicópteros y herramientas muy sofisticadas. Esas personas ya estaban ha-ciendo una cueva. Se estaban llevando bolsas de piedras y las echaban al he-licóptero, ni siquiera pasaban por la comunidad. La gente del pueblo se organizó

9 Las cursivas indican que son testimonios que fueron anotados por la autora durante la estancia enGuerrero (2009-2012). En esta ocasión omito los nombres de las personas, porque no es del interés de esteartículo incorporar la agencia, sino el proceso colectivo.

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y nos armamos más de 200 personas para ir a la cuevita, y ahí nos dimoscuentas del saqueo y terminamos con eso. (…) Esto se dio así, porque lo hicie-ron con la complicidad con el Presidente Municipal y del Diputado Local deTecoanapa, no había ningún permiso ni nada”.

Otro problema que se abordó fue la extracción de material pétreo delrío de San Luis Acatlán. Al respecto, se informó sobre la formación de un pe-queño colectivo que exigía que se sacara la maquinaria del municipio porquese estaba provocando una vertiginosa desecación, poniendo en riesgo no sólola biodiversidad, sino también algunas viviendas que estaban siendo afecta-das por el cambio del cause del agua.

Aludo a estos testimonios, porque de alguna forma, son un botón demuestra de la situación de devastación que prevalece en la región de la Cos-ta10 . Incluso, en ese mismo espacio se hizo mención de que así se fundó SanLuis Acatlán11 en 1522, por mineros que explotaban oro y que, incluso, laiglesia de Pascala del Oro12 se había construido ahí para encubrir una boca demina, ya que la población no quería más saqueo y explotación, lo que es refle-jo de que la experiencia de depredación es una práctica que es absolutamen-te atingente para la población. De ahí, que no estaba fuera del imaginariocolectivo la necesidad de defender sus territorios.

Después de largas horas de debate y exposición de casos, se llegaría a laconclusión de que era necesario realizar talleres informativos comunidad porcomunidad sobre las consecuencias que tendría la explotación a “cielo abier-to”. Y que, en cierto sentido, de llevarse a cabo esta práctica, era probableque no hubiera un río qué defender, ya que estaría lleno de cianuro y otrosquímicos, aunado a que esta vez la explotación no sería clandestina, sino agran escala, con permisos otorgados por el Estado. Fue así, como los Coordi-nadores Regionales comenzaron a convocar a una Asamblea Regional paraavisar a la población de la situación y sobre los talleres que se impartirían.

10 Ya que la devastación de la Montaña no sólo ha sido por la minería, sino también, y en mayormedida por la tala sin ningún control gubernamental, situación que se puede apreciar a simple vista en loscaminos de la región, que sufren constantemente deslaves que cobran vidas a raíz de la deforestación. Encaso de las tormentas Ingrid y Manuel son muestra de ello. Ver http://desinformemonos.org/2013/11/reubicarse-pero-a-donde/

11 San Luis Acatlán es el municipio donde tuvo origen la CRAC-PC. Destaca también por ser el lugar denacimiento del Comandante Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionariade la década de los 70.

12 Comunidad Me’ phaa del municipio de San Luis Actlán.


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Como parte de este proceso de información-reflexión-acción, se da ini-cio a la campaña “A corazón abierto, defendamos a nuestra madre tierra de laminería”13 , en la que se articulan jóvenes de las comunidades con el procesode las radios comunitarias14 94.1 “La voz de los Pueblos”, 98.3, “La Voz de laCosta Chica”, Radio Ñomndaa15 y un número importante de organizacionesde prensa alternativa, con el objetivo de producir spots informativos sobreimpacto de este tipo de minería. Esta experiencia tuvo gran éxito en la difu-sión, permitiendo llegar el mensaje de manera sencilla y en las lenguas tu’ unsaavi y me’ phaa en un amplio espectro radiofónico, además de compartiresta problemática con experiencias similares a nivel nacional e internacionala través de la web. Como refuerzo de esta actividad, los jóvenes comenzarona organizar funciones de cine (con un proyector y una manta) en las comuni-dades, en las que, después de proyectar alguna película de entretenimiento,exhibían algunos videos bajados de You Tube sobre los efectos de la minería acielo abierto.

En este contexto fue que se llevó a cabo la Asamblea Regional en la co-munidad me’ phaa de Paraje Montero. A ella acudieron 21 Comisariados(Ejidales y Comunales) y 34 Comisarios Municipales; así como algunos repre-sentantes de la disidencia magisterial, y algunos medios de comunicación,entre los que destacaban Al Jazeera, La Jornada Guerrero, El Sur de Acapulcoy medios alternativos solidarios con la defensa del territorio16 . La informa-ción sobre la situación legal correría a cargo de la Comisión de Salud “Progra-ma de Actores Sociales de Flora Medicinal del INAH”, del Mtro. Jorge Peláez(que actualmente se encuentra desarrollando una tesis sobre este tema) y deVidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

El objetivo de celebrar la asamblea en Paraje Montero, era que la comu-nidad receptora había firmado una concesión a Camsim Minas, S.A. sin con-vocar asamblea comunitaria ni informar a la población y éste era un

13 El comunicado de esta organización se encuentra en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2011/03/31/campana-a-corazon-abierto-defendamos-nuestra-madre-tierra-en-contra-de-la-mineria/

14 Gasparello, Giovanna, “Donde crece la Flor de la Palabra. Reflexiones sobre la radio comunitariaindígena en Guerrero y Oaxaca, México” en: http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/viewFile/NOMA1111140347A/25674, consultado el 05 de enero de 2014, a las 12:46.

15 Que es una experiencia de radio autónoma del Municipio de Xochistlahuaca, Gro.16 Radio Ñomndaa, Desinformémonos, Caracol Azul, Radios de la Universidad Intercultural de los Pue-

blos del Sur (UNISUR), La voz de los pueblos del sur – 104.3 FM, Palabra Radio Centro de Estudios Ecuménicos.

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antecedente que podía detonar un conflicto en la región. A lo largo de la asam-blea, la gente manifestaba su objeción a la instalación de cualquier minera y,algunos mostraban un fuerte enojo con el gobierno por concesionar sin ha-ber consultado. Pero casi nadie mostró una actitud agresiva a las autoridadesde la comunidad de Paraje Montero. Por el contrario, la mayoría de los asis-tentes convocaba a las autoridades a la reflexión, y se dirigían a la poblaciónpara decirles que no se dejaran, que se buscara la manera de revocar estedocumento que podía traer muchos problemas.

En esta reunión se pidió que cada comisario expusiera una postura entorno a la minería y todos se manifestaron en contra de la concesión y de laexplotación. Fue ahí donde uno de los comisarios municipales tuvo la idea deque su negativa se legalizara en un acta.

Este sería el nacimiento de la primera estrategia legal: la inscripción deun acta ante el Registro Agrario Nacional (RAN) en la que se estableciera lanegativa a la instalación de cualquier empresa minera firmada por todos loscomuneros y/o ejidatarios de cada comunidad. Este proceso, sin embargo, nopudo concretarse en algunos casos, porque las autoridades de esta instanciaexplicaban a los Comisarios que esto no servía de nada y los hacían dar vuel-tas para entorpecer el proceso, lo que generaba un gasto que muchas comu-nidades no podían solventar17 y algunas terminaron por desertar.

Otro factor que enturbió el ambiente, fue una intensa campaña de difa-mación contra los Coordinadores Regionales de la CRAC impulsado por el pe-riódico local “El Faro de la Costa Chica”, hecho que se suscitó porque la CRAChabía aceptado resolver un caso que implicaba un fraude de la CooperativaPrestamista (Chinde Entayo18 ) a la gente de las comunidades y de la cabecerade San Luis Acatlán y los responsables eran originarios de esta última. Estoprodujo una gran visibilidad a la organización, y si bien no era de ningunamanera el conflicto más fuerte que enfrentaba la Coordinadora, sirvió paramermar la legitimidad de esta institución de los pueblos.

17 La región Montaña está catalogada por el INEGI como la zona de más alta marginalidad a nivelnacional.

18 El caso consistía en un fraude por $8,000,000 de pesos a la gente de las comunidades. Se trató de un“juicio estratégico” que llevaron a cabo los familiares de los defraudadores, que consistió en manifestacio-nes cotidianas en las oficinas de la CRAC con sede en San Luis Acatlán, denostaciones en la prensa local ydefensa con abogados, que está prohibidos en la dinámica comunitaria, como está establecido en el Regla-mento Interno del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitario.


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Frente a este y otros conflictos, la CRAC tenía que convocar permanen-temente a asambleas regionales y micro-regionales. Es así como se llega a laasamblea más numerosa19 que se ha llevado a cabo en la historia de la insti-tución comunitaria, el 5 de febrero de 2011 en la comunidad de Colombia deGuadalupe, municipio de Malinaltepec, en la que se acuerdan puntos muyrelevantes en la estrategia social, entre los que destacan: fortalecer la infor-mación y difusión en las comunidades y núcleos agrarios, a través de brigadeos,talleres y pláticas; realizar de manera formal las asambleas ejidales o comu-nales donde los campesinos se pronuncien respecto de las mineras, y que lasactas de dichas asambleas sean inscritas ante el RAN; promover la elabora-ción de una ley de los pueblos para la defensa del territorio y los recursosnaturales, en la que se establezca que ninguna empresa pueda acceder a te-rritorios comunitarios sin el consentimiento de los pueblos afectados; organi-zar un directorio de representantes ejidales y comunales para hacer ágilcualquier toma de decisiones, así como las consultas respecto a las accionesde defensa; buscar la incorporación de abogados u organizaciones de aboga-dos para apoyar esta lucha en el frente legal; que los sacerdotes, dentro desus atribuciones hagan lo propio [sic] para echar abajo estos proyectos capi-talistas, igual que los maestros, a quienes se les convoca a que hagan difusiónde esta problemática en las escuelas, para que los niños crezcan con la con-ciencia de que si ahora no explotan la región, lo podrán hacer dentro 100años20 .

Otra de las asambleas que cobró vital importancia en el procesoorganizativo, fue la que se llevó a cabo en la comunidad de Ojo de Agua, mu-nicipio de Malinaltepec21 , a la que asistió el Dr. Francisco López Bárcenas, asolicitud expresa de las autoridades comunitarias, quienes le pidieron queexplicara la situación legal de los pueblos indígenas en relación con la mineríaen el contexto de la legislación nacional e internacional.

19 Los responsables de la mesa de registro reportan un total de 79 Comisarios Municipales, 25Comisariados Comunales y Ejidales, 44 representantes de organizaciones sociales, productivas y políticas,16 consejeros de la CRAC, 10 Coordinadores Regionales, 139 comandantes y policías comunitarios. Ade-más de la presencia de alrededor de 600 pobladores e invitados.

20 Estos puntos fueron copiados de la pizarra en la que se asentaron los acuerdos de la AsambleaRegional de Autoridades Comunitarias.

21 Esta comunidad no pertenece a la jurisdicción de la CRAC. Destaco este hecho, porque es una mues-tra que la organización del movimiento antiminero rebasaba los límites de la institución comunitaria.

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En esa ocasión, López Bárcenas22 explicó su postura como abogado ñusaavi, sobre el andamiaje institucional y legal que sustenta al modeloextractivista en México y el escaso margen de movilidad que tienen los pue-blos originarios frente a estos procesos.

En un intento por exponer la situación legal, articularé la posición ex-puesta ese día, en relación con las reflexiones que este investigador publicóen un artículo titulado “La segunda revolución de los ricos. La reforma ener-gética, vuelta de tuerca al despojo contra los pueblos indios”23 ; con la situa-ción actual que están tomando estas reformas y los desgastes que haenfrentado la CRAC como organización social.

Su exposición consistió en dos partes. Sobre la primera explicó que “esnecesario considerar que las comunidades son propietarias de los recursosque se encuentran en el territorio. Sin embargo, las minas no forman parte deesto, porque los minerales y el subsuelo son propiedad de la nación. Es decir, apesar de que las tierras son propiedad de los que tienen documentos ejidaleso comunales (agrarios, comuneros, avecindados), los minerales no están am-parados por esos títulos. Es por ello que los minerales son administrados porel Gobierno Federal, siendo él, el que tiene la facultad de explotar estos mine-rales, a través del otorgamiento de concesiones que hace a particulares (em-presas extranjeras). Este permiso se tramita ante la Secretaria de Economíapara explorar y explotar dichos recursos, con el objetivo de que “tenga unbeneficio el país”.

Este proceso debe ser entendido desde las reformas introducidas a laConstitución mexicana y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,que son los que sientan las bases de las nuevas instituciones y las normasjurídicas que dan sustento legal al sistema de acumulación por desposesión(Harvey, 2006). “Entre las varias leyes que fueron modificadas y creadas, des-pués de [la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, de 1992], las reformas que destacan son: la Ley Minera, laLey General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio

22 López Bárcenas es uno de los académicos más activos en la denuncia que implica la política extractivistaen México. Cabe destacar que su acción no sólo se circunscribe a la escritura, sino en el terreno político delos pueblos indígenas, como intento mostrar en este artículo. La información sobre sus artículos puede serconsultada en: http://www.lopezbarcenas.org/ensayos

23http://desinformemonos.org/2013/10/la-reforma-energetica-tambien-contra-los-pueblos-indios-de-mexico/, publicado el 18 de octubre de 2013 y consultado el 10 de enero de 2014, a las 13:11, p.m.


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Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Ges-tión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal deDerechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los regla-mentos de varias de ellas.” (Bárcenas, 2013), que, volviendo a sus exposición,son las que se tendrían que analizar y en su momento atacar.

La segunda parte de su exposición, la dedicó a explicar cuáles eran losposibles mecanismos de defensa frente a estos embates, destacando el dere-cho a la consulta; el acceso a los recursos naturales y, sobre todo en derechoal territorio, contenidos en el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribalesen Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional delTrabajo (OIT); ratificado por el senado de la República mexicana, con la facul-tad que le otorga el artículo 79, fracción décima, de la Constitución, el 11 dejulio de 1990.

En esa fase de su exposición Bárcenas explicaba a la audiencia que elconcepto de tierras indígenas es diferente al de tierras no-indígenas; porqueen el primero está contemplada la totalidad del espacio. De tal suerte que losrecursos que existen en él incluye la tierra, el medio ambiente, el espacioaéreo, sus lugares sagrados como son los cerros en los que celebran a SanMarcos, las cuevas y el agua que hacen parte de la cultura ñu saavi, que élmismo comparte. Es por ello que, a pesar de “no tienen derecho de accesopreferente al petróleo ni a la energía porque son considerados áreas estraté-gicas, ni a los minerales […] antes de permitir que lo extraigan o la produzcanotras personas, [es necesario que los pueblos indígenas les otorguen] a[losconcesionarios] los permisos y las facilidades para hacerlo”24 .

El Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan también tuvo presenciaen este espacio y abordó un tema de suma relevancia que debían observarlos Comisarios Municipales y Comisariados Ejidales y Comunales, que era, lanecesidad de buscar soluciones a dos conflictos agrarios de gran envergadu-ra: Tierra Colorada-Tilapa25 y Buena Vista-Zitlaltepec26 , todas comunidades

24 Ibídem.25 El conflicto entre Tilapa y TierraColorada, ambas comunidades me’phaa ha durado aproximada-

mente 40 años. Sin embargo en nivel conflicto escaló desde fines de 2011, en torno a 44 hectáreas, detierras en disputa, en los límites de ambas comunidades (Cfr. Sierra, 2014:16). Esta disputa ha cobradoinnumerables vidas y lesionados por herida de bala en los tiroteos que practican entre estas dos comunida-des, lo que en más de dos ha provocado la militarización de la zona que comunica a Tlapa de Comonfort conla Costa. Véansehttp://www.el-suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=76836; http://

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de la Montaña. Roberto Gaona, del área de educación del Centro de Dere-chos Humanos advirtió, que de no resolverse estos conflictos, se correría elriesgo de afectar a otras comunidades que quieren defender sus territoriosde amenazas de las mineras. Lo que implica que ahora no sólo serían estaspoblaciones las responsables de dar salida a sus problemas, sino que todoslos implicados tenían responsabilidad en ello. Ante esto, la asamblea decidiónombrar una comisión encargada de velar por este tipo de conflictos, así comode articular las acciones encaminadas a la protección del territorio.

A pesar de que muchos de los acuerdos tomados en las asambleas aúnno se han llevado a cabo, (como la ley interna de prohibición de la actividadminera en el territorio comunitario y la articulación de una comisión que hagafrente a los conflictos agrarios) se debe destacar que la organización colectivaha logrado enfrentar embates que se han ido presentando en el camino, comofue la negativa al ofrecimiento que el Gobierno de Guerrero hizo en 2012 a lascomunidades, para declarar la zona Montaña como “reserva de la biósfera”.Frente a esta embestida, los pobladores de la comunidad de la Ciénega con-vocaron un foro regional, el 6 de octubre del mismo año contra este proyec-to, denunciando públicamente que Carlos Toledo Manzur, Secretario Estatalde Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren); Rafael Aréstegui Ruiz,rector de la Universidad Intercultural de Guerrero, y Taurino Hernández Díaz,representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, habíanfirmado un acuerdo para crear dicha reserva, que abarcaría los municipios deMetlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec,Iliatenco y San Luis Acatlán, donde viven más de 153 mil personas de 207poblados ñu saavi (mixtecos), y me’phaá (tlapanecos) de la Montaña y la Cos-ta Chica27 .

www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/06/index.php?section=sociedad&article=004n1soc; http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/03/23/index.php?section=regiones&article=010n1reg;

26 El conflicto agrario entre Zitlaltepec y Buena Vista también data de más de 40 años. No obstante, sereavivó en 2013, debido a que Buena Vista transgredió los límites territoriales, provocando daños en culti-vos de Zitlaltepec. Frente a este conflicto, los ejidatarios de Zitlaltepec denunciaron que la Comisión Nacio-nal Forestal (Conafor), Procuraduría de Protección al Medio Ambiente(Profepa), Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente (Semarnat) y la propia Procuraduría Agraria (PA) no han intervenido, pese alas múltiples demandas de los campesinos. Véase http://www.el-suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=47768

27 Ocampo Arista, Sergio, “Indígenas de Guerrero se oponen a reserva de la biosfera en sus tierras”, enla Jornada, 04 de octubre de 2012, en http://www.jornada.unam.mx/2012/10/04/estados/035n1est


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Mediante este y otros foros, como el que se llevó a cabo en el Auditoriode la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no sólo se hizovisible la situación de las concesiones mineras en el territorio comunitario,sino que el mismo proceso generó denuncias muy concretas de funcionariospúblicos que han tenido lugar en estos procesos. En esta lista el nombre másdestacado fue el de Francisco Javier Larequi Radilla, exfuncionario del Gobier-no de Guerrero, de quien pocos meses después, se publicaría en el diario LaJornada, que esta persona había obtenido concesiones mineras en la región28

y las mismas autoridades del estado lo quitaron de ese nombramiento.No obstante, el elemento a destacar en estos foros, más que la denun-

cia, fue la articulación con otros procesos de defensa de sus territorios, comoson La Vida, de Veracruz, Frente TamatzimaHuaja en defensa de Wirikuta,pueblo Wixárica/Asociación Jaliciense de Apoyo a Grupos Indígenas de Jalis-co, el Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier, San Luis Potos, Frente Cívi-co Chicomosuelo, Chiapas y otras muchas, en los que se observaban estrategiasgubernamentales muy semejantes de coadyuvancia del Estado mexicano anivel federal y local con las empresas mineras nacionales, pero sobre todo,extranjeras.

También ha sido espacio para generar una participación activa en losmovimientos antimineros a nivel nacional, como el Tribunal Popular de losPueblos, en el área ambiental; así como la propuesta de una Ley Minera dePueblos y Movimientos sociales, generando una participación activa en laescena pública nacional.

5. No obstante…

El 15 de octubre de 2011 se llevó a cabo la celebración del XVI Aniversario dela Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de nuevo en la comu-nidad de Paraje Montero, con el objetivo realizar una reflexión conjunta entreorganizaciones sociales y la población de Montaña y la Costa en torno al temade la mega minería tóxica. A este encuentro, acudieron el Congreso NacionalIndígena (CNI), movimientos sociales del país, en un ambiente que se percibíahostil desde el camino de llegada, que estaba siendo custodiado por militares

28 No obstante, en la primera lista a la que se pudo tener acceso no aparece su nombre.

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debido a que el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero asistiría al even-to, avisando minutos antes de su llegada.

Pocas horas después del arribo del Secretario, (cuya estancia no duraríamás de media hora) los asistentes nos enteraríamos de un hecho que entur-bió aún más el ánimo del festejo. Se trataba de un cargamento de 600 kg. Demarihuana que había pasado por un retén de la Policía Comunitaria en lacomunidad de Zitlaltepec, que tuvo ser detenido y posteriormente juzgadoslos transportistas por la CRAC. Si bien, los hechos narrados pueden parecerajenos al tema de la minería, daban cuenta de la transformación de la dinámi-ca de la inseguridad. Esta vez el narcotráfico comenzaba a hacer presenciavisible en el territorio.

Más que entrar al análisis de cómo resolvieron esta problemática, hagomención de esto porque muchos de los asistentes que enfrentaban ya la ex-plotación minera, habían hecho referencia durante la mesa de debate de ladescomposición en materia de seguridad que antecedió a las instalaciones delas empresas mineras extranjeras, destacando los casos de Chicomosuelo,Chiapas y San José del Progreso, Oaxaca y se volvía necesario re-pensar eltema de la seguridad, sobre todo siendo una Policía Comunitaria. Es decir, setomó conciencia a través de escuchar otras experiencias sobre el hecho deque ahora tenían qué reflexionar de qué se defienden en este nuevo proceso,llegando a la conclusión de que los hechos que estaban ocurriendo teníanque ser pensados no por sí solos, sino debían articularse en el análisis contodo lo que pasaba en el territorio comunitario y en la nación, sobre todoestando en el contexto de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que ha-bía implementado el entonces, Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se debíapensar qué hacer frente a la situación del “narco”, a la par de pensar quéhacer con su propia agenda de seguridad, justicia y reeducación y frente a lasnuevas estrategias que pudieran emerger por parte de los concesionarios.

2012 fue un año muy complejo para las organizaciones sociales que, porun lado, intentaban participar en los foros y movimientos antimineros, mien-tras por otro, comenzaban a enfrentar conflictos cada vez más fuertes rela-cionados con narcotráfico. No obstante, fue hasta 14 de marzo, que saldríaotra nota periodística que decía que, de acuerdo a informes de la Secretaríade Economía, había 597 concesiones mineras sólo en el estado de Guerrero.Este dato, si bien alertó a la población, no produjo que se generaran estrate-gias públicas frente a la posible instalación de mega mineras.


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El que sí generó noticia al respecto, fue el Gobernador del estado, Lic.Ángel Aguirre Rivero que, el 17 de octubre de 2013, en la 30 Convención In-ternacional de Minería, manifestó que esta actividad se destaca por ser lasegunda en importancia de derrama económica en el estado, sólo despuésdel turismo.29 En esta Convención, el mandatario solicitó la ayuda ageólogos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogosde México (AIMMGM) para hacer estudios y proponer los terrenos parareubicar a comunidades que tendrán las comunidades que serán evacuadas, yañadió que existía un inminente riesgo de desinversión con el aumento del7.5 por ciento a la carga fiscal, que actualmente es 17.5 por ciento, lo queconvertirá al país en uno de los más caros para la extracción minera. No obs-tante, la carga fiscal en ese año era menor de 7.5 por ciento. Se trataba de laespeculación de una cifra, que sería el resultado de la reforma fiscal 2014, esdecir, el gobernador anticipaba la carga fiscal actual30 .

No obstante… (Título de este apartado), previo a esta Convención, endiciembre de 2012, nacen las llamadas “autodefensas” coordinadas por laUnión de Pueblos y Organizaciones en Guerrero en la región (UPOEG) de Ayutlade los Libres, con el argumento de enfrentar al crimen organizado y alnarcotráfico a través de rondas de seguridad y retenes de revisión. Esto dis-trae la atención de las autoridades de la CRAC del tema de la minería, metién-dolos a una dinámica de confusión y enojo, ya que frente al tema delnarcotráfico las autoridades comunitarias se habían manifestado a favor desometer a proceso de reeducación a cualquier persona que afectara la seguri-dad y la integridad de las comunidades, entre las que se podían encontrarnarcotraficantes, pero que de ninguna manera su actuar estaría encaminadoa luchar contra el narcotráfico, porque se trataba de una guerra del gobiernofederal, no de los pueblos y comunidades que integran la CRAC.

Sin entrar en el análisis de este tipo de fenómenos, me interesa señalarque, a raíz de la emergencia de las “autodefensas”, hoy Sistema Ciudadano de

29http://elsemanario.com/noticias/estados/97017-mineria-destaca-como-la-segunda-actividad-economica-en-guerrero-aguirre-rivero.html

30 La tasa fiscal es de 7.5% a la diferencia positiva entre los impuestos derivados de la enajenación oventa de la actividad extractiva y las deducciones permitidas por la Ley de Impuestos sobre la renta, sinconsiderar las deducciones por inversión (excepto las realizadas en prospección y explotación minera, inte-rese a cargo y el ajuste anual por inflación. Véase situación fiscal de la minería en México en http://www.pwc.com/es_MX/mx/Reforma-hacendaria-2014/archivo/2013-11-boletin-rf2014.pdf, pp. 20-24.

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Seguridad y Justicia, la atención pública se volcó al tema de la inseguridadtraducida en el combate al crimen organizado que hacen los pueblos indíge-nas y no indígenas de Guerrero, haciendo caso omiso al tema de las concesio-nes mineras y de la lucha que están enfrentando los pueblos frente a nuevasconcesiones, ya que en 2013, se han otorgado más de 9 concesiones, tan sóloen el territorio comunitario.

Salvo valiosas excepciones, como es el juicio de amparo que tramitaronlos abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ante la falta deconsulta para concesionar el subsuelo de la comunidad de San Miguel delProgreso, municipio de Malinaltepec31 , las organizaciones indígenas y ciuda-danas no han vuelto a mencionar la situación de la minería en el estado deGuerrero.

El intento de Tlachinollan por hacer nuevamente visible el extractivismoen la agenda nacional, sin embargo, se ha visto opacado por las múltiplesdetenciones de dirigentes sociales de la CRAC, entre los destacan los casosde: Néstora Salgado García, Comandanta Regional de Autoridades Comunita-rias de Olinalá32 , Arturo Campos Herrera, Consejero de la CRAC de El Paraí-so33 , Gonzalo Molina González34 , Bernardino García Francisco CoordinadorRegional de la Casa de Justicia del El Paraíso y sobreviviente de la masacre delEl Charco, todos acusados de secuestro agravado, delincuencia organizada yen dos de los casos se amplía la denuncia a terrorismo y sedición. Esto suma-do a las más de 40 detenciones arbitrarias y 9 procesos abiertos en contra depolicías comunitarios en ejercicio de sus funciones, que ha tenido que enfren-tar el Centro de Derechos Humanos, y que ha traído como consecuencia queel caso de San Miguelito no tenga el eco necesario para recordar que parteimportante en todo este proceso de represión se comenzó a gestar en el pro-ceso de lucha contra las empresas mineras.

31http://www.tlachinollan.org/component/content/article/353-san-miguel-el-progreso-en-defensa-del-territorio/2258-hemeroteca-indigenas-de-guerrero-piden-amparo-contra-minera-de-gb.html

32http://www.tlachinollan.org/component/content/article/356-12-dias-en-defensa-de-nuestra-vida-y-libertad/2277-dia-12-nestora-salgado-garcia.html

33http://www.tlachinollan.org/component/content/article/356-12-dias-en-defensa-de-nuestra-vida-y-libertad/2278-dia-13-arturo-campos-herrera.html

34http://www.tlachinollan.org/component/content/article/356-12-dias-en-defensa-de-nuestra-vida-y-libertad/2275-dia-11-gonzalo-molina-gonzalez.html


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6. En síntesis

Hacer un recuento de lo ocurrido en los últimos tres años de la transforma-ción de la forma de la organización de los pueblos en el estado de Guerrero essumamente complicado. He dejado de lado, por ejemplo, el caso de Carrizalillo,en donde se explota, desde hace más de una década una minera a tajo abier-to que ha dejado como saldo un sinnúmero de casos de cáncer y la imposibi-lidad de volver a habitar gran parte de esa región. Tampoco he hecho menciónsobre las concesiones ubicadas en la región de Tierra Caliente cuyo saldo, enconjunto con el crimen organizado, ha producido desplazamientos de pobla-ciones enteras, como es el caso de Las Ollas.

Sin duda, la envergadura del problema de que el Estado hayaconcesionado más del 21% del territorio nacional a empresas como Gold Corp,First Majestic Silver Corp, Hoschild Mining35 , entre otras, cuyas filiales apare-cen en algunas ocasiones como proyectos nacionales, ha generado unaconflictividad social que va cambiando drásticamente las formas de organiza-ción, obligando a la población a repensarse permanentemente en este con-texto. Retomando a Harvey, se trata de un fenómeno en el que,

… la renovada importancia económica de las industrias extractivas-explotado-ras, jalonadas por la demanda china36 de materias primas, ha generado unacompetencia trasnacional sobre los recursos naturales y, por tanto, por los terri-torios […] que aún no han sido explorados […]. En términos de política económi-ca, la explosión de estos conflictos se inserta en un tipo de capitalismo marcadopor la “acumulación por desposesión (Harvey, 2003).

35 La situación actual de estas empresas en relación con su tributación, las dimensiones de sus conce-siones y la forma en que muchas de éstas actúan, fue analizada por Enrique Méndez y Roberto Garduño,“Su contribución al fisco no llega ni a uno por ciento de sus utilidades México, paraíso fiscal para compañíasmineras canadienses, revela análisis. Desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millonesde hectáreas, en La Jornada, 17 de octubre de 2013 en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/17/politica/007n1pol

36 Reforzando en argumento de Harvey, se debe destacar que en México, la minería, la tala ilegal deárboles y la extorsión a agricultores son otros negocios «alternos» del narcotráfico, incluso hay datos queparte importante de la importación del acero a China, es controlada en el municipio de Lázaro CárdenasMichoacán, por el grupo delictivo “Los Caballeros Templarios”. Véase: http://www.veoverde.com/2014/01/los-carteles-de-la-droga-en-la-mineria-de-mexico/

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Frente a este tipo de acumulación, se generan nuevas formas desde latradición de los pueblos indígenas y no indígenas, a la par que se pretendeparalizar el actuar de las organizaciones más fuertes a nivel regional y nacio-nal, como es el caso de la CRAC y del Centro de Derechos HumanosTlachinollan, saturándolos de conflictividad hasta el punto de invisibilizar losprocesos de lucha antiminero, generando lo que César Rodríguez Garavito(2013) llama “campos sociales minados”, que es una metáfora que aglutina“las relaciones de poder profundamente desiguales entre empresas y comu-nidades, la por la […]37 intermediación del Estado”. “En ellos dominan lassociabilidades violentas y desconfiadas, donde cualquier paso puede ser le-gal”.

En este contexto, el estado, cuando interviene de manera franca y explí-cita, no es difícil que a éste también le explote una bomba. Con esto me refie-ro a la intervención del gobernador en el espacio comunitario, que ha otorgadoel último año $6,000,000.00 a la CRAC, en un intento muy grande de coopta-ción y a la detención de líderes incómodos, que son los que he mencionado.Esta bomba, puede o no alterar la salud del estado como intermediario enestos procesos y, en el caso de Aguirre Rivero se tradujo en una recomenda-ción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que solicita al eje-cutivo del estado sacar las manos de los procesos de “autodefensas” y de laCRAC, a pesar de que nunca se hizo referencia a la conflictividad que implicala minería y los riesgos sociales y políticos que esto implica.

7. Conclusión

A partir de lo expuesto, he tratado de observar los procesos de organizaciónsocial frente a la problemática que implica la concesión de los territorios ycómo en estos procesos los concesionarios son flanqueados en su actuar porlas instituciones del estado de Guerrero y de la federación en diferentes for-mas, que oscilan desde el ofrecimiento de una “minería sustentable y respe-tuosa al medio ambiente”; pasando por el entorpecimiento de los procesoslegales que intentan llevar a cabo los representantes de las comunidades para

37 César Rodríguez Garavito ocupa la palabra escasa, en el corchete vacío que introduzco. Sin embargo,elimino esta categoría, porque en el caso de Guerrero hemos visto que el Estado ha tenido una participa-ción sumamente abierta y activa.


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legalizar su negativa a la instalación de estas empresas; hasta el intento decooptación que se ha traducido en fracturas internas de las organizacionessociales.

En una lúcida investigación sobre el tema de la minería en el territoriocomunitario de la CRAC, Fini (2013), demostró que la empresa Camsim Minasotorga en su propio sito web, un domicilio fiscal ficticio, en el que él mismotuvo la oportunidad de comprobar que se trataba de una vivienda particularen la que los dueños no tenían conocimiento de esta situación.

Pero, en particular, lo que se ha registrado es una total ausencia de infor-mación sobre sus proyectos que, a todas luces demuestra que se trata de unasituación producida con el objetivo de convencer a las poblaciones locales deaceptar los proyectos38 , a través de la ignorancia de la magnitud de las conce-siones y las posibles consecuencias de su instalación.

Volviendo a este autor, encontramos una amplia “tendencia a un proce-so de de-territorialización, de-culturación u homogeneización cultural, quefragmenta las relaciones sociales (Nash, 2005b: 178), desde el hecho de quese trata de procesos que operan sobre los cuerpos y las mentes de las perso-nas. Las empresas mineras y sus intermediarios observan a los sujetos quehabitan y son dueños de estos territorios como objetos sacrificables, o bien,sus territorios como vacíos, desposeídos de significación cultural, política ysocial, haciendo de la organización comunitaria, objeto que tendrá que serremovido o desplazado, sea a manos de las autoridades estatales, o a travésde la generación de campos de violencia. Una nueva forma de generar cam-pos abiertos de concentración.

No obstante, es necesario resaltar que la experiencia organizativa de estascomunidades tampoco es nueva y que las actividades que han llevado a cabopara enfrentar esta problemática carecen de sentido, ya que la población halogrado revalorar y re-significar su relación con su territorio, no sólo desde losámbitos cultural y ritual que ha sobrevivido al periodo colonial, sino que hangenerado formas de retomar la tierra, eso que les pertenece, pensando en lanecesidad de detener los fuertes procesos migratorios, que hacen que susterritorios sí corran el riesgo de quedar vacantes.

38 Esta situación puede ser corroborada fácilmente por el lector haciendo una sucinta búsqueda en lapágina web de la Secretaría de Economía, en la que el único documento que aparece es una relación deconcesiones otorgadas en 2013, que aparece con la leyenda “parcialmente confidencial”.

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Esta nueva forma de pensar la tierra, como producción, sobrevivencia ycultura, que habían perdido en parte durante las últimas décadas por la pre-sión económica, está siendo decantada en novedosos procesos de reflexiónfrente a esta forma de acumulación por desposesión. De tal suerte que, sindar ninguna de las batallas por ganadas, el hecho de re-pensar su relación consus territorios y con sus organizaciones ya es un pequeño triunfo en un con-texto social tan desgarrado como el mexicano.

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EL IMPACTO DE LA CONCESIÓN DEL TERRITORIO A … · 135 el impacto de la concesiÓn del territorio...

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