El Estado No Podrá Solo, Por Lorenzo de La Puente _ Colaboradores _ Opinión _ El Comercio Peru

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    El Estado no podrá solo, por Lorenzo de la Puente¿No es lógico, acaso, pedir ayuda a los que sí hacen minería de manera formal?

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    Ilustración: Giovanni Tazza

    Lorenzo de la Puente Especialista en Derecho Ambiental 

    Los decretos legislativos 1100 y 1105 de interdicción y formalización

    minera están siendo revisados por la Comisión de Energía y Minas

    del Congreso, y son comentados en la campaña presidencial.

    Muchos coinciden en que tales normas no han sido eficaces; sin

    embargo, no hay acuerdo en cómo seguir adelante.

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    ¿Qué hemos aprendido en estos últimos años sobre esto?

    Básicamente tres cosas. Lo primero, que una norma legal no es

    eficaz por sí misma y, por lo tanto, su derogación o modificación no

    debe ser presentada como la solución a un problema social. El reto

    del derecho ambiental peruano hoy es tremendo: modificar la

    conducta de las personas para que dejen de contaminar, lo cual no

    se consigue con normas únicamente –de hecho, la incorporación

    del delito de minería ilegal al Código Penal en el 2012 no ha tenido

    mayor efecto–.

    Lo segundo es que, además de las familias de pocos recursos que

    subsisten como mineros artesanales, también hay gente muy rica y

    poderosa envuelta en la minería ilegal que no escatima en explotar 

    a mujeres y niños para lucrar. Así como también hay funcionarios y

    congresistas vinculados a esta actividad. Se trata de un “negocio”

    extremadamente rentable que no se va a detener tan fácilmente.

    Las Fuerzas Armadas han tenido que salir a bombardear los

    equipos y las operaciones ilegales en la Amazonía pero aún no

    vemos que se imponga de manera definitiva el Estado de derechoen esas zonas del país.

    Y también hemos aprendido que la minería ilegal viene destrozando

    nuestro territorio en dimensiones que no conocíamos y el Estado

    aún no logra que los causantes respondan y paguen por ese daño

    ambiental. Es decir, en algún momento el dinero para la

    remediación ambiental –cuando ella pueda ser posible, porque la

    naturaleza a veces no puede recuperarse– tendrá que salir del

    bolsillo de aquellos que pagamos impuestos, no de los ilegales o

    informales.

    Lo cierto es que en el 2002 se iniciaron los intentos legislativos de

    promoción de la pequeña minería desde el Congreso y el Ministerio

    de Energía y Minas; sin embargo, eso no pudo prevenir el caos

    actual. El programa de formalización iniciado luego con los decretos

    legislativos 1100 y 1105, hace cinco años, no impuso sanciones y,

    además , permitió a quienes lo adoptaron hacer cosas que a las

    empresas mineras formales jamás se les hubiera permitido. Ya no

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    se sabe qué otro beneficio podría otorgarse a los informales para

    incentivar su formalización.

    Queda claro que muchos informales no estarían dispuestos a

    sacrificar ningún margen de ganancia y, por ello, no se preocupan

    por obtener permisos ni poner en práctica medidas de control

    ambiental o de salud ocupacional, además de los otros requisitos

    exigidos por la ley.

    Los equipos de ambos candidatos a la presidencia parecen

    entender la gravedad de la situación, pero el apresuramiento por 

    captar votos los podría llevar a planteamientos superficiales que no

    solucionarían este problema. El plan de gobierno de Peruanos por 

    el Kambio reconoce que la minería ilegal deja utilidades por 

    US$1.000 millones cada año, evadiendo unos US$305 millones en

    tributos, y que el valor de la producción ilegal e informal de oro

    entre el 2003 y el 2014 ascendió a US$15.777 millones, con una

    consiguiente pérdida en recaudación de impuestos a la renta entre

    US$1.131,2 millones y US$1.741,8 millones.

    Por su lado, el plan de gobierno de Fuerza Popular señala que casi

    la totalidad de la pequeña minería, la cual da empleo a un número

    aproximado de 400.000 personas, se encuentra en la informalidad

    o ilegalidad, y que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente

    para lograr su incorporación a la formalidad.

     Además de lo que ambos planes señalan, es clave que los

    candidatos entiendan que, junto con el costo que tiene la

    informalidad para nuestro país, la contaminación se ha vuelto unmodo de vida para los cientos de miles de peruanos vinculados a la

    minería informal e ilegal, lo cual hace más difícil y lenta cualquier 

    solución a este problema.

    La salida, pues, no está en la letra de la ley, sino en lograr una

    estrategia integral que cuente con el mayor apoyo posible de la

    sociedad. Por tal motivo, hay que exigirles a los actuales

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    congresistas que no modifiquen los decretos legislativos 1100 y

    1105, eso deberá corresponder a los miembros del Parlamento y al

    gobierno entrantes, luego de que definan una estrategia eficaz en el

    corto y largo plazo.

    Quiero hacer una reflexión final que creo es muy importante: a

    diferencia del actual gobierno que intimidado por las protestas

    sociales se mantuvo “alejado” de la industria minera formal, el

    entrante deberá trabajar con ese sector, al igual que con otros, sipretende lograr una estrategia eficaz contra la minería informal e

    ilegal. El Estado ya demostró que solo no puede solucionar este

    problema; ahora necesita del concurso, entre otros grupos, de los

    mineros formales, indispensables para encontrar una vía de

    solución. ¿No es lógico, acaso, pedir ayuda a los que sí hacen

    minería de manera formal?