EL ENVEJECIMIENTO Y SU ATENCIÓN EN COLOMBIA: UN BALANCE Y PERSPECTIVAS

Buscando la reacción de las sociedades ante las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante las necesidades especiales de las personas de edad, en agosto de 1982 en Viena-Austria se realizó la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento que concibió y aprobó un Plan de Acción Internacional, con el fin de encaminar acciones para garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, así como de generar oportunidades para que esas personas contribuyan al desarrollo de sus países.

El Plan presenta recomendaciones de acción en siete áreas claves: sanidad y nutrición, protección de los consumidores de edad, vivienda y medio ambiente; familia; bienestar social, seguridad de ingresos; y educación.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realiza la II Asamblea Mundial de Envejecimiento en abril del 2002 en Madrid. España se ofreció como país sede del evento como parte de los preparativos está previsto una serie de reuniones previas como la de países Iberoamericanos que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia en noviembre de 2001. Se elaboró este documento que tiene como objetivo presentar un balance sobre la evolución del envejecimiento y la vejez en Colombia, después de la I Asamblea Mundial de 1982 (Viena –Austria) y a su vez, señalar los retos que significa para el país la asunción y fortalecimiento de líneas de política en materia de tercera edad, dentro del nuevo orden mundial y, en ese sentido este documento cumple una función adicional, que sería la de ser base para la adopción de dichas políticas dentro del país.

Para la elaboración de este documento se conformó un equipo interdisciplinario integrado por la Consejería Presidencial para la Política Social, la Vicepresidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional-ACCI, la Red de Solidaridad Social, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Desarrollo y Comunicaciones. Igualmente se recibieron importantes contribuciones de las organizaciones no gubernamentales como la Asociación Interdisciplinaria de Gerontología-AIG y la Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores –RIIAM sede Colombia.

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INTRODUCCIÓN

Los informes de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD entre 1997 y 1998 indican que en los últimos 140 años en el ámbito mundial, el promedio de vida ha aumentado en 40 años pues el número de personas mayores de 65 años está creciendo porcentualmente con respecto al resto de la población. A comienzos del siglo antepasado solo el 1% de sus habitantes eran sexagenarios; al inicio del pasado la proporción aumenta al 4%, y en la actualidad esta corresponde al 20%.

Con más de 40 millones de habitantes, Colombia vive actualmente una rápida transformación demográfica. El acelerado crecimiento de su población a mediados del siglo XX se convierte hoy en un escenario caracterizado por un rápido incremento de la población mayor de 60 años, la cual ha pasado de 600.000 personas en 1950 a tres millones en el 2001 y será de 15 y medio millones en el año 20501. La profunda modificación en las tendencias demográficas requiere que hoy se le preste atención para el desarrollo futuro de la sociedad. Estos cambios tienen incidencia en la organización social, en los valores y normas de comportamiento individual de la familia, tiene implicaciones en el campo socioeconómico y en los sistemas de educación, salud y seguridad social entre otras cosas.

Asumiendo el envejecimiento como proceso que se inicia en la concepción y termina con la muerte y la vejez como un estadio de dicho proceso, las acciones predominantes en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, se centraron en la vejez más que en el envejecimiento. A partir de la década de los 90 se perciben avances en considerar las perspectivas de la vida entera; lo que se refleja en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES de 1995, el cual destaca la importancia de una cultura del envejecimiento.

En la primera parte de este informe se presenta una aproximación al marco conceptual contemporáneo que guía el proceso de envejecimiento y lo diferencia del concepto de vejez y la caracterización de la población colombiana durante las últimas dos décadas, de acuerdo con aspectos demográficos y económicos, con especial énfasis en la población de la tercera edad. En la segunda sección se presenta la evolución de las acciones adelantadas por el Estado para atender las personas de la tercera edad y su condición actual y, la última sección, muestra los retos del país, que evaluados dentro del documento Plan de Acción Revisado preparado para la Asamblea, se constituyen en lineamientos de política a seguir por el Estado Colombiano.

1 Fundación Santillana para Iberoamérica y otros. Agenda sobre Envejecimiento Colombia siglo XXI – Memorias de un Foro y Bitácora para Futuros Debates. Octubre 1 de 2001.

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1. EL ENTORNO DEMOGRÁFICO COLOMBIANO

1.1 Una Aproximación al Marco Conceptual del Envejecimiento y la Vejez

El envejecimiento es un proceso normal por el que atraviesa el ser humano a lo largo del ciclo vital. Esto replantea el antiguo concepto de entender que las personas inician su proceso de envejecimiento a partir de una edad avanzada determinada (por ejemplo, a los 60 o 70 años).

La vejez representa el ciclo final del proceso de envejecimiento. Por ello, las condiciones en esta etapa dependen del desempeño, logros y frustraciones, de los períodos precedentes. Algo similar sucedería con otras etapas de edad avanzada. La adultez dependerá también de la preparación brindada en la juventud y la niñez, etc.

El rasgo de la vejez radica en que las personas ya no tienen muchas posibilidades de mejorar su calidad de vida. La disminución natural de la capacidad física y el esquema de valoración social imperante en las sociedades occidentales (competencia, productividad, individualismo, etc.), generan marcadas restricciones de tipo económico y social para los adultos mayores.

En Colombia las personas en senectud, en especial las de bajos recursos, son un grupo objetivo hacia el cual se focalizan acciones de la política social. Entre ellas se cuentan programas específicos de educación, subsidios monetarios y en especie, recreación y salud. Para el Gobierno es claro que dichas acciones, aunque necesarias, no garantizan la erradicación de la pobreza y la marginación en la tercera edad en un contexto dinámico a través del tiempo, debido a su naturaleza asistencial. Si en las etapas precedentes no se brindan los mecanismos de acumulación y de inclusión social, esos graves problemas perdurarán en la etapa de senectud de todas las generaciones, incluidas las más jóvenes y las que están por nacer.

De ahí la relevancia de todas las políticas públicas dirigidas a la población en general y a grupos etáreos específicos, que buscan evitar los riesgos más preponderantes en las diversas etapas de la vida. Estas políticas de tipo preventivo debieran responder a las demandas de las necesidades básicas de una población en proceso de envejecimiento.

Entre ellas se cuentan las acciones macroeconómicas que aseguren niveles de empleo e ingreso para acceder a los mercados de bienes y servicios. También se incluyen las de carácter social, que brindan los mecanismos y recursos para proteger a los grupos excluidos tanto del circuito mercantil como del orden predominante a nivel social, político y cultural.

Es así como evaluar la gestión y proponer un plan de acción para la población que envejece exige una visión holística del envejecimiento, de tal forma que se piense en el ser humano como un individuo integral desde su condición de niño, joven, adulto o de persona mayor.

Por ello, es necesario implementar medidas para concientizar a la población que está inmersa en un proceso cambiante, pero normal, llamado envejecimiento. Proceso que atañe a todos los grupos sin importar el criterio de clasificación (grupos etáreos, estratos, razas, géneros).

1.2 Demografía

Colombia exhibe la típica transición demográfica presentada a nivel mundial, fenómeno en el cual la estructura por edades de la población cambia, aumentando el peso de los grupos de mayor edad. Este es el resultado de la prolongación de la vida, gracias a avances tanto tecnológicos y científicos en diversas áreas, principalmente en la medicina, así como en el diseño y efectividad de la política pública.

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Este tipo de modificaciones estructurales afectan la organización de la sociedad, repercuten sobre los valores y normas de comportamiento individual, de la familia y de los colectivos. Su efecto se extiende al campo socioeconómico con implicaciones importantes en las estructuras familiares, los sistemas de educación, salud y seguridad social (Rincón, 1999).

El cuadro 1 muestra datos sobre la evolución de la población en cinco grandes grupos, para el período 1950-2050. Los niños menores de 5 años, el grupo 5-14, en el cual se concentra la población en edad escolar, el de 15-59 que agrupa la población laboral, el de 60-74 años, que corresponde a la población en edad de jubilación, y un último, que relaciona a los mayores de 75 años.

En Colombia mientras que para la década de los cincuenta el grupo de personas mayores de sesenta años representaba un 5% de la población, para el año 2000 constituye un 7% del total. Este porcentaje aumentaría a 22% en cincuenta años. Por su parte, las personas entre 15 y 59 años que para el año 2000 participan con un 60% de la población, constituirán un 58% del total en el año 2050.

Este proceso de envejecimiento de expectativas de vida de la población resulta de avances en las políticas sociales tales como aumento del nivel educativo, especialmente de la mujer, mejores niveles nutricionales, control efectivo de enfermedades y avances en la planificación familiar. Estos hechos se reflejan en las tendencias descendentes en las tasas de mortalidad y de natalidad, lo cual resulta en un menor ritmo del aumento de la población total (gráfico 1).

Aunque la reducción de la mortalidad en Colombia pudo haberse iniciado desde comienzos del siglo XX, es evidente que se profundizó y aceleró en la década de los años 50. En general se lograría una ganancia de 11 años en la esperanza de vida al nacer entre 1950 y 1975 y un total de 30 años entre mediados del siglo XX y los primeros cincuenta años del siglo XXI. Igualmente se presenta una reducción muy importante de la mortalidad infantil (hacia el 2050 representaría solo el 10% del nivel registrado a mediados del siglo XX).

De otro lado, con el inicio de la baja de la natalidad a fines de la década de los 60, el país recorre lo que puede definirse como primera fase de transición demográfica. En los próximos 50 años se espera que este proceso se profundice y llegue a completar dichos cambios. Partiendo en 1950 con una natalidad cercana a los 7 hijos por mujer, dicho indicador se redujo en un tercio hasta el año 2000, lo que significo la tasa de natalidad actual de 2.4 hijos. El descenso continuará y hacia 2050 el nivel de reemplazo se reduciría a un tercio del nivel que tuvo 100 años atrás (Rincón, 1999).

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Cuadro 1 COLOMBIA. Población total según edad, 1950-2050

Años Proporción de población por grupos en los tramos de edad

0 – 4 5 –14 15-59 60-74 75+ Total 1950 17.9 24.7 52.4 4.1 0.9 100.0

1960 18.5 27.8 48.7 4.2 0.8 100.0 1970 17.3 28.5 48.9 4.4 0.9 100.0 1980 14.4 26.3 53.6 4.6 1.2 100.0 1990 12.6 23.4 57.7 4.8 1.5 100.0 2000 11.3 21.4 60.4 5.1 1.8 100.0 2010 9.7 19.2 62.8 6.4 2.0 100.0 2020 8.6 17.0 62.9 9.1 2.5 100.0 2030 7.7 15.5 61.2 11.8 3.8 100.0 2040 7.1 14.2 59.8 13.1 5.8 100.0 2050 6.8 13.5 58.1 14.1 7.5 100.0

Fuente. Rincón, 1999 Cuadro 2

COLOMBIA: Esperanza de vida por sexo, 1950-2050

Al nacer A los 60 años A los 75 años Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1950 - 1955 48.98 52.34 14.07 15.18 6.17 6.57 1960 - 1965 56.23 59.68 15.33 16.65 7.46 7.84 1970 - 1975 59.70 63.85 15.90 17.49 8.07 8.58 1980 - 1985 63.62 70.22 17.51 19.90 9.18 10.64 1990 - 1995 64.27 73.04 18.36 20.80 9.58 11.22 2000 - 2005 69.17 75.32 18.79 21.63 9.57 11.49 2010 - 2015 70.95 77.10 18.90 22.31 9.55 11.69 2020 - 2025 72.48 78.80 19.01 23.04 9.52 11.89 2030 - 2035 73.95 80.35 21.42 24.63 11.29 13.49 2040 - 2045 75.33 81.80 21.90 25.53 11.54 13.98 2045 - 2050 76.00 82.50 22.14 25.98 11.67 14.23

Fuente: DANE, Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad, por sexo, para fechas censales y estimaciones quinquenales 1995-2025. Santafé de Bogotá, mayo de 1998

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Gráfico 1

C o lo m b ia . T a s a s d e n a ta l id a d , m o r ta l id a d , n e t a d e m ig r a c ió n y to ta l d e c r e c im ie n to p o r q u in q u e n io s .

1 9 5 0 -2 0 5 0

- 1 0 .0 0

0 .0 0

1 0 .0 0

2 0 .0 0

3 0 .0 0

4 0 .0 0

5 0 .0 0

1950

-195

5

1960

-196

5

1970

-197

5

1980

-198

5

1990

-199

5

2000

-200

5

2010

-201

5

2020

-202

5

2030

-203

5

2040

-204

5

Q u in q u e n io s

Tasa

s (p

or m

il)

T a s a d e n a ta l id a d

T a s a to ta l d e c re c im ie n to

T a s a d e m o r ta l id a d

T a s a n e ta d e m ig r a c ió n

Fuente: Rincón, 1999

Todo ello ha contribuido a que la población sea más sana y esté en condiciones de vivir más tiempo. La esperanza de vida al nacer pasó de 61 años al inicio de los setentas, a 70 años a finales de los noventas y es posible que aumente a 74 años en 2015. En el 2000, la esperanza de vida al momento de pensionarse, 60 años de edad, está alrededor de 21 años para las mujeres y de 18 años para los hombres (cuadro 2).

En resumen se observa que de un país de “niños” con crecimiento acelerado de su población menor de 15 años, se está pasando a una nación progresivamente vieja, con desaceleración del crecimiento demográfico en los próximos 50 años. Se pasó de una relación de 3 menores de 5 años por cada mayor de 60 años a mediados del siglo XX, a una de 3 mayores de 60 años por cada menor de 5 años en el 2050. Esa extensión de la vida humana exige la redefinición de fronteras generacionales. Entonces se requiere determinar la niñez -cada vez más reducida, cuando a los 10 años se está ya en la preadolescencia- y también la vejez, de acuerdo con el contexto y la esperanza de vida, al igual que otras categorías población en edad de trabajar.

Por otra parte, es necesario considerar la mayor longevidad femenina o las diferencias de género en términos demográficos: en Colombia la mujer tiene 6 años más de esperanza de vida que el hombre y participa con un 53% entre la población mayor de 60 años. La mayor esperanza de vida de la mujer contrasta con sus condiciones precarias de subsistencia, los múltiples roles y obligaciones, entre ellos de cuidadora de generaciones jóvenes y viejas en la familia. Roles por los que generalmente no percibe remuneración y a los que se agrega por lo común la ausencia de seguridad social.

1.3. Situación socioeconómica de la población total y adulta mayor

De acuerdo con el índice de desarrollo humano, IDH, el país ha registrado avances significativos

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en los últimos 15 años, experimentando aumentos en la esperanza de vida, en el nivel educacional, incluido el de los adultos, y en el producto interno bruto, PIB, per cápita.

El cambio más fuerte fue el aumento en la escolarización de niños y jóvenes: en 1985, 52 de cada cien personas en edad escolar asistían a algún establecimiento educativo. En 1999, lo hacían 70 de cada cien. Este hecho ha aumentado en 2.5 años el nivel educativo de la fuerza laboral entre 1985 y 1999.

Las condiciones económicas de las personas mayores aunque no son favorables, resultan menos precarias con respecto a otros grupos etáreos de la población colombiana. Como lo muestra el cuadro 3, un 50.9% de las personas con más de 65 años de edad se encontraba en situación de pobreza en el 2000, esto es más de 1.3 millones. En otros grupos ese indicador es mayor: más del 53% está entre los 20 - 24 años y 25 – 29 años, y entre el 54% y el 56.6% en otros grupos.

INFORMALIDAD DEL EMPLEO SEGÚN RANGOS DE EDADSiete áreas metropolitantasa Junios, 1984 - 2000

1984 1986 1988 1992 1994 1996 1998 2000

15-19 77.6 75.4 76.9 76.8 67.4 65.4 71.6 79.020-24 50.7 53.6 54.4 50.7 47.1 45.8 51.4 57.525-29 44.1 45.6 48.1 46.1 44.8 44.6 47.3 51.830-34 45.9 46.7 49.2 47.8 48.0 48.8 50.1 53.635-39 49.7 49.7 51.6 47.9 51.3 49.9 53.4 58.640-44 51.8 52.5 53.4 52.3 52.5 52.3 55.3 59.345-49 57.9 56.6 56.3 54.1 55.0 56.3 55.8 62.850-54 61.3 59.2 58.7 58.7 59.1 61.4 60.1 65.255-59 66.4 67.8 67.6 65.3 63.0 66.0 65.7 68.360-99 75.2 76.7 78.6 76.6 77.7 77.8 80.2 82.7

Fuente: Cálculos DEI-DDS-DNP, a partir de ENH-DANEa Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, y Pasto.

Cuadro 5

Edad 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total 59.5 59.5 60.2 59 59.4 59.1 59.9 61 63.3 64.9De 12 A 17 15.7 15 15.8 13.5 14.6 14.4 13.1 13.7 14.7 16De 18 A 24 63.7 63.4 64.6 63.9 64.4 64.1 63.5 63.5 69.1 70.8De 25 A 55 75.8 77.2 78 76.7 77.1 77.1 79 80 82.3 83.8

De 56 Y MAS 32.4 32.7 32.6 30.9 31 29.5 31.4 31.2 32.2 33.1

Total 53.6 54.1 55.6 54.5 54.2 52 52.6 51.8 50.6 51.5De 12 A 17 12 11.9 12.9 10.9 11.5 9.8 9.3 9.1 8.5 8.8De 18 A 24 52 51.9 54.4 54.6 53.7 50 48.4 45 44 46.2De 25 A 55 70.5 72.1 73.8 72.5 72.3 70.3 71.9 71.2 69.6 70.4

De 56 Y MAS 31.1 31.6 31.7 30.1 29.8 28.2 29.6 28.3 28.9 28.4

Total 9.8 9.2 7.8 7.6 8.7 12 12.1 15 20.1 20.5De 12 A 17 23.8 20.7 18.4 19.1 21 31.8 29.1 33.3 42.2 44.7De 18 A 24 18.4 18 15.7 14.5 16.6 22 23.7 29.2 36.3 34.8De 25 A 55 7 6.6 5.4 5.5 6.3 8.8 8.9 11.1 15.4 16

De 56 Y MAS 3.9 3.5 3 2.7 4 4.6 5.9 9.2 10.4 14.1Fuente: Dane

Tasa Global de Participación

Tasa de Ocupación

Tasa de desempleo

CUADRO 4

INDICADORES MERCADO LABORAL SEGÚN EDAD, 1991 - 2000Siete áreas metropolitanas

TOTALNo. No. % No. %

Edad 41,175,549 9,653,687 24,607,406

0-11 10,041,516 3,212,437 32.0% 7,257,191 72.3%

12-14 2,480,798 779,424 31.4% 1,747,420 70.4%

15-19 4,234,247 1,016,419 24.0% 2,655,003 62.7%

20-24 3,757,831 665,160 17.7% 2,027,212 53.9%

25-29 3,163,840 554,892 17.5% 1,687,652 53.3%

30-34 3,112,397 608,770 19.6% 1,739,997 55.9%

35-39 2,962,774 629,914 21.3% 1,676,132 56.6%

40-44 2,556,611 499,066 19.5% 1,380,524 54.0%

45-49 2,000,991 342,833 17.1% 985,551 49.3%

50-54 1,787,997 326,480 18.3% 872,705 48.8%

55-59 1,279,958 239,175 18.7% 646,179 50.5%

60-64 1,212,148 239,222 19.7% 616,597 50.9%

Más de 65 2,584,441 539,895 20.9% 1,315,243 50.9%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos SES-DDS-DNP, sept.2

POBLACION TOTAL POBRE E INDIGENTE POR LINEA DE POBREZA SEGÚN GRUPOS DE EDAD

INDIGENTES POBRES

CUADRO No.3

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Con el indicador de línea de indigencia2 un 15% de los adultos mayores está por debajo de ésta, es decir 539.895 adultos mayores a septiembre de 2000.

Estos indicadores podrían mostrar que en forma comparativa, los adultos mayores no están tan desfavorecidos. Sin embargo, aunque la pobreza no es un fenómeno tan acentuado en la población mayor, las personas en esta situación son particularmente vulnerables pues para ellas ya no quedan muchas posibilidades de mejorar su calidad de vida (CONPES, 1995).

La falta de recursos suficientes para brindar una mejor calidad de vida a la población mayor la ha obligado a seguir participando en el mercado laboral (cuadro 4). La tasa de ocupación para el grupo de 56 años y más muestra un descenso entre 1991 y el 2000 al pasar del 31.1% al 28.4% y se registró un descenso de más de 10 puntos en 1991 era del 3.9% y se eleva al 14.1%. Esta presión sobre los indicadores laborales se acelera en los últimos años a causa de la recesión económica. De hecho, este es el factor preponderante en la celeridad reciente de la tasa global de participación (TGP) para hombres y mujeres, pues ante la caída de los ingresos de los hogares, muchos de sus miembros (niños, jóvenes, mujeres y personas en edades avanzadas) se han visto en la necesidad de salir a buscar empleo.

Por la situación económica del país, tanto estructural como coyuntural, no ha permitido que las personas mayores encuentren empleos suficientes y de buena calidad, hechos que se muestran en el incremento de las tasas de desempleo e informalidad. En este grupo poblacional, el desempleo aumentó más de tres veces entre 1995 y 2000 en las principales siete áreas metropolitanas.

Por su parte, la tasa de informalidad que tradicionalmente ha sido más alta en los empleados de edad avanzada, se disparó en los últimos cuatro años al pasar de 77.8% en 1996 a 82.7% en 2000 (cuadro 5). Este resultado es bastante preocupante si se tiene en cuenta que la tasa de informalidad para todo el conjunto de las siete principales ciudades se ubicó en 60% durante ese mismo año.

Además, la falta de una capacidad de ahorro frente a la necesidad de llegar a la vejez con un flujo de recursos asegurado, ya sea a través de pensiones o cualquier otra renta, incrementa el grupo de población desempleada en edades avanzadas. Se esperaba que los ajustes al sistema pensional en la década de los noventa (Ley 100 de 1993 y su reglamentación), brindarán elementos para forjar una cultura del ahorro en Colombia, con sus consecuentes efectos positivos sobre la economía y el mercado laboral, pues entre más personas estén afiliadas al sistema pensional, se garantiza en mayor o menor proporción, la satisfacción de sus necesidades básicas cuando lleguen a la vejez.

El acelerado envejecimiento demográfico significa que la población que crece más rápido es la de 60 años, en tanto que la población joven tiende a disminuir, hasta el punto de alcanzar precozmente el crecimiento cero de la población. Este hecho se traducirá en escasez de fuerza laboral, panorama que contrasta con el vivido hoy en día, donde la tasa de desempleo alcanza casi el 20%.

A pesar de los esfuerzos realizados, los avances actuales frente a la erradicación del trabajo infantil desafortunadamente, registra grupos poblacionales de jóvenes entre 12 y 17 años que aún se

2 La línea de indigencia representa el valor de una canasta normativa de alimentos que cumpla con las siguientes condiciones: cubrir los requisitos nutricionales mínimos diarios (2.200 calorías, 62 g de proteína, necesidades de calcio, hierro, retinol, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C, respetar en lo posible los hábitos alimentarios de una población dada, tener en cuenta la disponibilidad de alimentos y presentar un costo mínimo.

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encuentran trabajando (cuadro No.4). La mayoría de ellos en el sector rural ocupados en actividades agrícolas.

2.POLÍTICAS ESTATALES Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

2.1 Desarrollo Reciente

Antes de la expedición de la Constitución de 1991, el concepto y marco legal que prevaleció respecto a la responsabilidad del Estado con relación a los adultos mayores y en especial los indigentes fue que ella era de carácter asistencial, a discreción de los gobernantes y condicionada a la existencia de recursos del presupuesto que se pudieran aplicar a tal fin. La obligación formal e institucional de la protección del adulto mayor estaba limitada a la responsabilidad de la familia por la manutención. Con anterioridad no existía una normativa que desarrollará un sistema para la financiación y aplicación de los recursos con los que se proveería esta asistencia por parte del Estado, no existía estadísticas como tampoco estudios específicos y la prestación de los servicios necesarios se limitaba al nivel municipal en lugares denominados ancianatos.

En general, los objetivos de la política han sido mejorar las condiciones de vida de las personas de mayor edad y generar los mecanismos para que toda la población alcance una vida saludable y digna en la adultez plena. Luego de la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982, las acciones del Estado y la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida a los adultos mayores y a todas las personas en la perspectiva del envejecimiento, tuvieron un especial desarrollo en la década de los noventas.

El final de los sesentas y los años setentas

La responsabilidad institucional, entre otras, de la protección al adulto mayor en extrema pobreza hasta antes de la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, era de la familia. Después, con la creación de éste en 1968, se le asignó funciones de promoción y estabilidad de bienestar de las familias colombianas. Los adultos mayores fueron incluyéndose como extensión de los programas institucionales.

Durante esta época se fundó la Confederación de Pensionados de Colombia con el objeto de organizar a los mayores con estatus de pensionado, y pensionados para que sirvan de interlocutor ante las autoridades públicas y para presentar propuestas de proyectos de ley favorables a los afiliados. También surgieron asociaciones mutuarias como resultado de la necesidad de agruparse para obtener solidaridad y protección en la vejez y contra la enfermedad.

Con la Ley 29 de 1975 se otorga facultades especiales al Gobierno para apropiar partidas con destino a la financiación de servicios básicos de subsistencia a los adultos mayores sin recursos, tales como alimentación, vestuario, albergue, atención médica-hospitalaria completa. Se crea el Consejo Nacional de Protección al Anciano y el Fondo Nacional de Protección al Anciano, y se encarga al Estado de la construcción y dotación de los locales necesarios para prestar éstos servicios. A su vez, se promulgó el estatuto del pensionado con las leyes 12 de 1975 y la 4 de 1976.

Los años ochentas

En esta década, la crisis financiera no permitió destinar grandes cantidades de recursos para la

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atención a las personas de edad. Las principales acciones se encaminaron a ajustar el sistema pensional y a ampliar la cobertura de la seguridad social. El país experimentó grandes avances en materia de descentralización permitiendo mayor autonomía y responsabilidad a los gobiernos locales en especial en los temas de educación y salud.

Se organizaron los primeros comités interinstitucionales de bienestar de los adultos mayores3 para integrar y establecer lazos permanentes de trabajo entre las distintas entidades que trabajan; se fundaron asociaciones de la tercera edad.

Las Cajas de Compensación de Subsidio Familiar iniciaron acciones orientadas a las actividades culturales, folclóricas y recreativas de las generaciones mayores; otras impulsaron la atención integral; otras crearon bancos de expertos, es decir Adultos Mayores que prestan servicios en diferentes áreas; y apoyo a microempresarios mayores. Las Cajas toman impulso cuando queda reglamentada la vinculación voluntaria de los pensionados a ellas.

Durante esta época hay que resaltar la transformación de la figura de Defensores de Menores en Defensores de Familia señalado el decreto 2737 de noviembre de 1988, correspondiente al código del menor. Este cambio buscó extender la protección a todos los miembros de la familia, especialmente a los menores de edad y a los adultos mayores.

Por la reforma tributaria de la Ley 55 de 1985 la responsabilidad específica de la atención de los adultos mayores recae en el ICBF y posteriormente en 1990 cuando se crea el IVA social, esta entidad transfiere los recursos a la Red de Solidaridad Social a partir de 1999.

Los años noventas

En este período el tema de envejecimiento y vejez empezó a tener mayor relevancia en la política pública. Durante esta época se establecieron de manera más permanente dependencias relacionadas con el tema, como la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, la cual se ocupó de lo relacionado con la vejez.

Se creó la Defensoría del Pueblo y dentro de la misma una Delegada para la Niñez, la Mujer y la Vejez. Se realizaron acciones de formación y actualización en gerontología en varios departamentos del país por iniciativa de la Presidencia de la República, junto con la Defensoría y el Centro de Psicología Gerontológica-CEPSIGER. Fue también el momento de la organización de los “Cabildos de Mayores” en algunos departamentos del país para estimular la participación política de las generaciones viejas y su mayor integración a la comunidad.

Con la Ley 10 de 1990 se reorganiza el sistema nacional de salud y se introduce el concepto de atención en salud como servicio público de carácter universal a cargo del estado. Sin embargo, no se previó su financiación como tampoco la forma de destinar los recursos.

La Constitución Política de 1991, estableció que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, al tiempo que le señala al Estado que debe garantizar los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

3 Comité Interinstitucional de Bienestar del Anciano (CIBA) de Antioquia y los Comités de Bienestar del Anciano en los Departamentos del Valle y de Caldas.

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La carta política consagra dos tipos de derechos en relación con las personas mayores: “el derecho al reconocimiento de sus diferencias y, por lo tanto, a una protección especial, y a un conjunto de derechos de carácter distributivo asociados con el Estado social de derecho, en el sentido de derechos económicos, sociales y culturales” (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2001).

Surgen otras alternativas de atención, al enfoque asistencialista y la instituye como un derecho fundamental a través de la seguridad social integral. Además, se establece la garantía de goce de los derechos prestacionales a los grupos en condición de indigencia al promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Consejo Nacional de Política Social y Económica (CONPES 2722 de 1994 y CONPES 2793 de 1995) le asigna a la Red de Solidaridad Social, entre otras funciones, el desarrollo de un programa específico dirigido a apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores de 65 años en extrema pobreza o indigencia, al igual que le asigna recursos del presupuesto general de la nación.

Por su parte, las Cajas de Compensación de Subsidio Familiar4 iniciaron actividades relacionadas con el cuidado de la salud para población pensionada y programas de bienestar integral de la población pensionada y adulta mayor. A mediados de la década fueron organizados algunos encuentros con todas las Cajas del país para intercambiar conocimientos y experiencias y, así fortalecer entre otros los programas de adultos mayores.

También surgieron iniciativas propias de los adultos mayores para asociarse5, los centros de investigación y las universidades organizaron eventos nacionales e internacionales; adelantaron trabajos especializados en temas relacionados con el envejecimiento, la vejez, la seguridad social y temas específicos de salud. Se crearon asociaciones especializadas para promover la investigación, la difusión, el intercambio, la actualización permanente en el campo del envejecimiento y la vejez, al igual que de asesoría a comunidades y municipios.

A partir de esta época Colombia empezó a formar parte de la RIICOTEC6 y la RIIAM7 redes que mediante la cooperación y el intercambio de experiencias entre países con la participación de organismos regionales y multilaterales, apoyan el desarrollo de políticas integrales y la ejecución de proyectos para beneficio de los adultos mayores.

La Ley 100 de 1993

4 En 1991, en Bogotá, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – COLSUBSIDIO

5 ASOVICHE (Asociación de Viejos Chéveres en Barranquilla).

6 Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica para el Desarrollo de Políticas de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad con objetivos como: establecer y mantener un sistema iberoamericano de programas y servicios para las personas mayores; capacitar el recurso humano; prestar asistencia técnica para la implementación de proyectos.

7 Red Intergubernamental Iberoamerica de Asociación de Adultos que impulsa el movimiento asociativo de los mayores para participar en los procesos de veeduría ciudadana tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas sociales, programas y servicios; fomentar la participación de los mayores activa de los mayores en la sociedad; servir de medio coordinador y difusor de información y de socialización de experiencias entre los asociados; realizar programas y proyectos de capacitación y de investigación sobre envejecimiento y vejez.

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La reglamentación del mandato constitucional desembocó en la expedición de la Ley 100 de 1993 que ha constituido uno de los pasos en la conformación de un sistema de seguridad social integral en el país, para favorecer en especial la atención en salud de las personas de edad y asegura el ingreso de una parte de la población de una pensión para la vejez a las generaciones más jóvenes que avanzan en su proceso de envejecimiento. Con ella se buscó reorganizar los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales para ampliar la oferta de las instituciones que brindan estos servicios o administran recursos de cotizaciones, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Con esta Ley, se abandona la idea del seguro selectivo para los trabajadores y la seguridad social adquiere una concepción más universal al proveer un mínimo de protección a las personas independientemente de que contribuyan o no al sistema. Desde la expedición de dicha Ley, el desarrollo de la política se ha involucrado en diversas entidades y programas en los ámbitos nacional, regional y local, buscando cubrir la atención de dicha población en diversas dimensiones, entre ellas la nutrición, la salud, la educación, la cultura, la recreación y el deporte y, el desarrollo de actividades productivas que contribuyan en el sostenimiento de los ingresos.

A su vez, el libro IV de esta Ley y los decretos reglamentarios, establecen a través de un auxilio, un esquema de atención para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años y de 50 discapacitados o indígenas en indefensión que se encuentran en condiciones de extrema pobreza e indigencia. Se establece la obligación para el Estado del reconocimiento de un auxilio para cubrir los costos de los servicios de salud y complementarios, así como para financiar el sistema.

En esa forma se garantiza un mínimo calórico a los adultos mayores, expresado en mercados, raciones o comidas servidas y servicios complementarios con la realización de actividades de educación, cultura, recreación, deporte y ocio productivo. Este programa se cofinancia con recursos del gobierno nacional y de los entes territoriales y cubre a cerca de 70.000 adultos mayores en extrema pobreza o indigencia de todo el país, desde 19948.

En forma simultánea, en junio de 1995 se somete a consideración al Consejo Nacional de Política Económica, los lineamientos de política relativa a la atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana y en especial a las personas mayores. Con el desarrollo de esta política se buscó compartir dicha responsabilidad entre las organizaciones gubernamentales de todo orden, las no gubernamentales y la sociedad civil.

Esta Ley permitió reorganizar el Sistema, facilitó el aumento de la cobertura en salud y pensiones a través del régimen subsidiado, pero con dificultades para el cumplimiento de la meta propuesta que era alcanzar la cobertura total en salud para el año 2000 y a la fecha solo va en un 50 %.

En pensiones la situación es aún mas crítica puesto que de la población económicamente activa, solo un 24 % se encuentra afiliada al sistema pensional.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a su vez con relación a la mujer mayor, ha hecho una aproximación de diagnóstico a su situación actual en lo que tiene que ver con su identidad de género, actividades y ubicación geográfica y definió programas específicos en el tema de salud sexual y reproductiva para tener una mejor calidad de vida y fomento en la participación de la microempresa para las mujeres cabeza de familia.

8 Inicia su desarrollo con el nombre de Revivir, hoy en día se identifica como el Programa de Atención Integral para Adultos Mayores.

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En la actualidad la Consejería para la Equidad de la Mujer formuló y presentó un proyecto de ley por medio del cual se adoptan medidas por parte del Estado y la sociedad civil para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de la mujer Colombiana. En general propone mejorar e incrementar el acceso y la participación de las mujeres en los servicios de salud integral, sexual y reproductiva y a la seguridad social en salud durante todo el ciclo vital, incluyendo la salud de las niñas y las adultas de todas las edades.

Además, la Consejería se encuentra ejecutando en 35 ciudades colombianas el proyecto “Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia de estrato I y II en zonas urbanas”. Estos contienen dos componentes: uno financiero dirigido al fortalecimiento de microempresas constituidas y dirigidas por mujeres cabeza de familia y, otro, de carácter educativo, para capacitar en aspectos técnicos, socioafectivos y de autocuidado de la salud de las mujeres y sus familias.

Por último, ante la alta prevalencia de morbilidad y mortalidad por causa del cáncer femenino, la Consejería estableció una carta convenio con el Instituto Nacional de Cancerología para la realización de estudios, diagnósticos y atención precoz que en la actualidad se está implementando.

2.2 Un Balance de las Acciones

A continuación se presenta un resumen de las responsabilidades asignadas y compartidas a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del país por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el documento “Envejecimiento y Vejez” de 1995, donde figuran líneas de política dirigidas a apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores y a elevar la calidad de vida de toda la población para alcanzar una vejez saludable y satisfactoria.

En materia de seguridad social la atención institucional le fue señalada a los Ministerios de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de los Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y los Fondos de Previsión Social. A estas instituciones se suman las de nivel local, oficiales y privadas dedicadas a atender a la población mayor que no viven con sus familiares como los Centros de Bienestar del Anciano.

De otra parte, al ICFF se le señala la promoción de acciones en salud, nutrición y recreación para la personas mayores de 60 años pobres por insuficiencia de ingresos o necesidades básicas insatisfechas con una cobertura de 100.000 personas y a la Red de Solidaridad Social a través del programa REVIVIR apoyar a 240.000 adultos mayores indigentes mayores de 65 años por ser un grupo especialmente vulnerable. Las entidades territoriales participan con recursos de cofinanciación y se les responsabiliza de garantizar la infraestructura para atender las necesidades de su población vieja, así como también, la de elaborar un plan de servicios complementarios apoyados con recursos de cofinanciación. Para esto los gobiernos locales pueden contratar con organizaciones no gubernamentales y comunitarias con el fin de que desarrollen estos programas.

Al Ministerio de Trabajo se le asigna la responsabilidad de promover la inclusión de programas de preparación para la jubilación en las entidades públicas y privadas. También debe promover el cumplimiento de las normas relacionadas con la afiliación a las cajas de compensación y la entrega de subsidios, a través de un Fondo, a los trabajadores (asalariados o independientes) pobres que enfrentan dificultades en el mercado laboral para que cuenten con una pensión en la vejez.

Con el fin de apoyar las iniciativas de generación de ingresos a cargo de personas mayores se indica que éstos podrán tener acceso a las líneas de crédito para micro o medinas empresas existentes en el Instituto de Fomento Industrial –IFI. Por su parte a la Vicepresidencia se le

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designa impulsar la consolidación y creación de “Banco de Expertos” con el fin de organizar la oferta de servicios que las personas mayores para articularlo con los procesos de intermediación laboral promovidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. Por su parte, esta entidad garantiza a los trabajadores adultos el acceso a cursos de reclasificación para incrementar su permanencia en el mercado laboral.

En materia de recreación, cultura y educación a Coldeportes se le asigna la promoción, a través de juntas locales de deportes, las unidades de bienestar social y las organizaciones gubernamentales a nivel de barrios y veredas, generar actividades de esparcimiento y recreación para los adultos mayores y , tener en cuenta las necesidades de las personas mayores dentro del Plan Nacional de Recreación. A los centros culturales se les responsabiliza de organizar actividades con y para las personas mayores y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES el mejoramiento de la calidad de los programas de gerontología.

En vivienda se indica que la política de vivienda social urbana y rural debe focalizar el subsidio familiar en los estratos más pobres y vulnerables de la población, teniendo preferencia en los hogares donde residan adultos mayores.

En el marco de la investigación se toma la decisión de apoyar estudios relacionados con los problemas socioeconómicos y de salud que afectan a la población mayor y al Ministerio de Educación establecer convenios de cooperación con entidades y universidades internacionales para el otorgamiento de créditos y becas en geriatría y gerontología y al Departamento Nacional de Planeación -DNP junto con el Departamento Nacional de Estadística – DANE con el apoyo de cooperación técnica internacional establecer una base de información sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población adultos mayores.

Por último, buscando acentuar el cambio cultural sobre el envejecimiento y la vejez se invita a fomentar y fortalecer con proyectos las relaciones del adulto mayor con su familia que promuevan en la comunidad y la sociedad una imagen positiva del envejecimiento y vejez que propicien una mayor participación e integración de los mayores en la sociedad. En forma paralela, al Ministerio de Comunicaciones, se le asigna con otra entidad, el desarrollo de un plan masivo acerca de los aspectos del proceso de envejecimiento, la importancia de llevar estilos de vida saludable y la necesidad de que las personas se preparen para la vejez y, por último al Ministerio de Educación la elaboración de propuestas para el tema de envejecimiento y vejez para su integración en áreas de los currículos de la educación básica y media.

2.2.1 Salud y Seguridad Social

Afiliación y Cobertura

El Ministerio de Salud buscando mejorar las condiciones de salud de la población y de ampliar la cobertura de la seguridad social mediante la afiliación progresiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, así como de acciones dirigidas al fomento de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Atención Básica, establece de acuerdo con la Ley 100 de 1993 las funciones de las entidades encargadas de la afiliación y el registro de los afiliados y recaudo de las cotizaciones (Empresa Promotoras de Salud-EPS), así como las prestadoras de servicios por niveles de atención (Instituciones Prestadores de Servicios-IPS) y tipo de régimen de afiliación (contributivo para los trabadores y pensionados y subsidiado para las personas sin capacidad de pago).

El gobierno asignó al ministerio impulsar la vinculación gradual de las personas mayores de 60 años

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pertenecientes a los niveles I y II del Sistema de Clasificación de Beneficiarios – SISBEN. El Sistema ha tenido un impacto bastante positivo y preferencial sobre las personas mayores.

En la vinculación gradual de las personas de la tercera edad, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud - CNSSS9, destina recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, para garantizar la financiación de la continuidad de la cobertura actual del régimen subsidiado, así como, la ampliación de cobertura y sostenibilidad de estos afiliados. Según el Ministerio de Salud, en abril de 2001 las personas mayores de 60 años afiliadas al sistema de salud eran 1.821.604, lo que representa el 60.91% del total.

La afiliación al régimen contributivo, a través de las Empresas Promotoras de Salud-EPS y entidades adaptadas, bien sea en calidad de cotizantes o de beneficiarios, a abril de 2001 indica que estaban afiliados a este régimen un total de 1.115.082 personas mayores de 60 años, 597.091 como cotizantes y 517.991 como beneficiarios. Por su parte, la afiliación al régimen subsidiado de las personas sin capacidad de pago mayores de 60 años, a través de las Administradoras del Régimen Subsidiado, correspondía a 706.552.

Como parte de la normatividad de la Ley 100 de 1993, el decreto 1485 de julio de 1994, le asignó la competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar que las EPS tengan por lo menos el 5% de afiliados mayores de 60 años con el fin de evitar la selección adversa por razones de edad. Según datos de afiliación mayor de 60 años al SGSSS, esta obligación se ha cumplido, tanto es así que, un 60.1% de estos se encuentran afiliados.

Sin embargo, la cobertura es limitada e inequitativa, especialmente si se hace referencia a las mujeres de mayor edad. Sólo 20% de la población está afiliada al Régimen Contributivo. El 42% de la población no afiliada corresponde a la franja más pobre de la población.

Para contribuir con el mejoramiento de las condiciones y ampliación de cobertura a la población mayor, el Ministerio de Salud está reglamentando la Ley 643 del 2001. Con ella se fijan fuentes de recursos como el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, obtenidos por los departamentos, el distrito capital y municipios. Estos recursos se destinarán para contratar, con las Empresas Sociales del Estado o entidades públicas o privadas, la prestación de los servicios de salud a la población vinculada al régimen subsidiado. A su vez, se establece la destinación del 5% para la vinculación al régimen subsidiado para los adultos mayores.

Servicios de salud

Con relación a la atención primaria en salud orientada a permitir que las personas de mayor edad convivan con sus propias familias, dentro de los lineamientos para la formulación de los Planes de Atención Básica, PAB, departamentales y municipales año 2000, vigentes a la fecha, es viable para los entes territoriales formular proyectos intersectoriales orientados a la conformación de las redes

9 Es el organismo de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud que tiene carácter permanente y está integrado por representantes del sector público, entidades territoriales, trabajadores y pensionados, de las entidades promotoras y prestadoras de los servicios de salud, de los profesionales de la salud y de las asociaciones de los usuarios. Entre otras funciones está la de definir el Plan Obligatorio de Salud, los montos de cotización de los afiliados, el valor de la unidad de pago por capitación, los criterios de selección de los beneficiarios del régimen subsidiado, el régimen de pagos compartidos, las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios.

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sociales de apoyo para diferentes poblaciones (redes de apoyo para la prevención de la violencia, de la discapacidad para los adultos mayores).

De otra parte, en el diagnóstico e intervención temprana para prevenir la discapacidad o la muerte prematura, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 412 de 2000 que establece las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana de enfermedades de interés en salud pública. Para este grupo poblacional se estableció de obligatorio cumplimiento la detección temprana y el diagnóstico oportuno de las patologías crónicas, con el fin de ofrecer alternativas para el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. De otra parte, la Resolución 3384 de 2000 estableció para la detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años, como meta de cumplimiento la atención del 40% de la población de este grupo en el régimen contributivo y del 50% en el régimen subsidiado.

A través del componente de fomento a una cultura de la salud para incentivar estilos de vida saludables, el Ministerio de Salud promovió proyectos intersectoriales con énfasis en fomento de la actividad física, modificación de hábitos nutricionales y prevención del consumo de cigarrillo en niños y adolescentes.

Como una alternativa a la institucionalización principalmente en zonas rurales, se estableció la asistencia domiciliaria que brinda, en la residencia del paciente, el apoyo de personal médico y/o paramédico con la participación de la familia, de acuerdo con guías establecidas para tal fin. En este sentido, cada aseguradora se organiza administrativa y técnicamente para la prestación del servicios.

SIDA: El Ministerio de Salud, a través de su grupo funcional en enfermedades de transmisión sexual – ETS, VIH/SIDA aborda la problemática teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo vital.

En Colombia hay una epidemia concentrada en grupos de mayor vulnerabilidad en los cuales podrían estar inscritas personas mayores. La epidemia se concentra especialmente en el rango de edad entre los 15 y los 49 años con un 86,74% del total de los casos reportados. El grupo de mayores de 50 años de edad presenta el 5.59% de los casos.

Las políticas en este sentido apuntan a la prevención de la infección, disponibilidad y transfusión de sangre segura, promoción de donación altruista de sangre, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral y la reducción de daños.

NUTRICION: El Ministerio de Salud adelanta un programa de fortificación con micronutrientes de alimentos como la harina de trigo y la sal, para la prevención de estas deficiencias especialmente en la población mayor. Con el ICBF10 se elaboran conjuntamente las guías alimentarias para los mayores de 2 años desagregadas para la población de adultos mayores.

Se están desarrollando actividades educativas y de intervención del mercadeo de productos alimenticios, para lograr la modificación de hábitos nutricionales que posibiliten la prevención de riesgo cardiovascular en la población con énfasis en los adultos mayores; también para la promoción de la actividad física en centros de bienestar del anciano y se está diseñando y

10 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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validando una estrategia de información y comunicación para fomento de estilos de vida saludable

SALUD MENTAL: El Ministerio de Salud financia proyectos en 47 centros de atención al anciano para mejorar las condiciones de salud mental y bienestar integral y reducir los niveles de depresión, mediante la utilización del tiempo libre a través del desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y ocupacionales. De igual forma, se impulsa desde los centros de atención al anciano, la vinculación y participación activa de las familias en las actividades sociales y culturales.

En atención a la salud mental de la población mayor, con los recursos disponibles en el sector salud no transformados en subsidios a la demanda, se atienden los siguientes grupos de población: a) Los vinculados a los cuales se debe proporcionar toda la atención necesaria según los recursos disponibles; b) Los afiliados al régimen subsidiado, a los cuales se les debe proporcionar el tratamiento de problemas mentales que el Plan obligatorio de salud subsidiado - POSS- no cubre; c) Los afiliados al régimen contributivo que demuestren incapacidad de pago para asumir los costos de algunos medicamentos, o de la hospitalización y psicoterapia prolongadas igualmente no contempladas en el Plan Obligatorio de Salud POS y que se identifiquen como absolutamente necesarias.

2.2.2 Educación

En la década de los setenta en algunos centros de educación superior se instaura cátedras relacionadas con Psicología del Envejecimiento y la Vejez; en los ochentas se abren a nivel universitario y tecnológico programas en gerontología11 y, formación de auxiliares de enfermería en gerontología12.

En el diseño de una propuesta para integrar los temas de envejecimiento y vejez en las áreas de currículo de la educación básica y media, la Ley 115/94 ha permitido trazar lineamientos curriculares en constitución política y democracia, educación ética y valores, en los que se privilegian temas de respeto a la diversidad, a la solidaridad con los sectores poblacionales más débiles y a la convivencia y la integración de los estudiantes en la comprensión y participación frente a las necesidades de la comunidad. La resolución 4210/96 reglamenta el cumplimiento del servicio social estudiantil destinados a implementar acciones educativas, recreativas y culturales con la comunidad. Muchas de las acciones de los estudiantes de grados 10 y 11 se canalizan en la atención de personas adultas mayores.

En cuanto a la capacitación y educación existen instancias de orden nacional y regional. Por su parte, el Ministerio de Educación contribuye con el programa de educación básica y media para adultos, entre los cuales se encuentran los de edad avanzada. Los adultos mayores son eventualmente participes de programas de alfabetización, educación básica y media a través de programas semipresenciales reglamentados por el decreto 3011/97 sobre la educación de adultos. Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a través del programa de atención a poblaciones especiales, brinda formación profesional integral técnica.

11 Universidad Católica de Oriente (Antioquia), Instituto Tecnológico de Antioquia, Universidad del Quindío, Universidad de Caldas en Manizales, universidad San Buenaventura de Cali y Bogotá.

12 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

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A nivel departamental y local, algunas de la secretarías de educación, ejecutan programas de alfabetización a personas mayores, la cual se brinda a través de los estudiantes de bachillerato y de los propios docentes.

El programa de adaptación laboral, liderado por el SENA presta apoyo al empleado que pierde su trabajo y también tienen acceso los adultos mayores, brinda asesoría a las personas con posibilidades de acceder al mercado laboral por cuenta propia y/o para que sea tenido en cuenta por las microempresas, con el fin de aprovechar su conocimiento, trayectoria y habilidades específicas.

El objetivo principal de la asesoría y capacitación es construir y fortalecer empresas generadoras de empleo, de acuerdo con la capacitación dirigida, bajo los principios de cooperación, la solidaridad y apoyo mutuo para el desarrollo integral del ser humano como sujeto y actor de la economía.

Este programa también brinda asesoría y capacitación a los entes territoriales, para facilitar la gestión de las regiones, con participación ciudadana en función del desarrollo sostenible de cada región, con el fin de involucrar a las poblaciones especiales entre ellas, personas mayores de 45 años.

2.2.3 Información y Divulgación

A través de la resolución 4288 de 1996 del Ministerio de Salud que reglamenta el Plan de Atención Básica-PAB se definieron las actividades, procedimientos e intervenciones para la promoción y fomento de la salud, dentro de las cuales se estableció la competencia municipal de promover estilos de vida saludable. Esta intervención, se presta de forma gratuita para toda la población e involucra al grupo de adultos mayores. Es competencia de las Direcciones Territoriales de Salud (departamentos y/o distritos) la asistencia técnica, vigilancia y control de la ejecución de los recursos del PAB a nivel de los municipios. A través del programa de televisión "La Vida Es Bella" de Señal Colombia de cobertura nacional y de las emisiones radiales y los periódicos, se desarrolló como línea de acción la promoción de estilos de vida saludables durante el periodo 1999 - 2001.

Para incentivar el desarrollo de organizaciones de origen comunitario que trabajen con adultos mayores y sus familias, desde 1999, a través de la Red de Gestores Sociales se busca proyectar la participación de las primeras damas municipales y departamentales dentro los programas sociales mediante su gestión activa. En materia de adultos mayores ellas vienen impulsado la conformación de los Comités intersectoriales de Adulto Mayor. En las localidades donde existen los comités de política social, las primeras damas participan en la promoción e impulso de los programas sociales gestionando la participación conjunta del sector privado y público para la ejecución de los mismos.

En materia de violencia intrafamiliar, la Conserjería Presidencial para la Política Social coordinó el diseño y puesta en marcha de la política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar: Haz Paz, que es un proceso intersectorial, intergubernamental y suprasectorial. Es una política estructurada en tres componentes: prevención (incluye medios, comunicación y movilización social), detección y vigilancia y, atención de la violencia intrafamiliar. Se implementa mediante módulos de capacitación con metodología participativas y de talleres de familia.

El Ministerio de Comunicaciones promueve una política pública de comunicación sobre el envejecimiento y la vejez. Se espera validar dicha política con todos los actores involucrados a partir del año 2002 para su socialización en diferentes escenarios a nivel nacional haciendo énfasis en los medios masivos de comunicación. A su vez, se creó un directorio de actores y servicios

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relacionados con el envejecimiento y la vejez a escala nacional, departamental y municipal que se encuentra disponible para su actualización.

Este Ministerio, en desarrollo de un plan masivo donde se informa sobre los aspectos del envejecimiento y preparación para la vejez, ha realizado talleres de radio, impresos y videos dirigidos a grupos de adultos durante los años 1999 al 2001, utilizando recursos OPS, con una cobertura 250 adultos mayores de Bogotá D.C. Se realizó un programa semanal, con cobertura nacional, sobre envejecimiento en la televisión; además fueron emitidos por radio cada semana programas producidos por grupos de adultos mayores capacitados por el Ministerio de comunicaciones. Se realizaron ediciones semestrales de dos periódicos con tiraje de 1000 ejemplares, durante los años 2000 y 2001 con cobertura sobre el Distrito Capital.

También el trabaja desde estrategias de comunicación en minimizar los efectos de la violencia en todas la generaciones haciendo saber, en el caso de los adultos mayores, la especial atención que este sector marginado, en términos pragmáticos, requiere. Se está trabajando principalmente en fortalecer estos vínculos intrafamilares; luchar contra los estereotipos negativos de las personas de edad; facilitar los contactos intergeneracionales; evitar la segregación por motivos de edad diseñar e implementar normas relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales a nivel de las entidades antes mencionadas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la promoción de la inclusión de programas de preparación para la jubilación en las entidades públicas y del sector privado, desarrolló hasta 1999 una capacitación a empresas en las que se aplicó una cartilla instructiva de adaptación a la nueva vida, se diseñó la política marco de pre-retiro; se editó el programa en video y se proyectó para el territorio nacional. Hasta la fecha se ha trabajado en 600 empresas.

El Departamento Nacional de Planeación-DNP dispone de una base de datos demográfica con proyecciones realizadas al 2000, 2015, 2025 y 2050 para este grupo poblacional y mantiene información del comportamiento de los índices estadísticos globales en términos demográficos y socioeconómicos.

El Ministerio de Educación institucionalizó el día de la familia en el mes de octubre que es adoptado en todos los establecimiento educativos tanto públicos y privados. A través de este se fomenta el buen trato y convivencia con los adultos mayores

2.2.4 Cultura

En el área de cultura se cuenta con el programa Formación de Formadores que con recursos del Sistema de Información Artística y Cultural, brinda capacitación gratuita a adultos mayores con cualidades artísticas para potenciar sus aptitudes y facilitar su inserción a actividades culturales que también les permitan derivar algún ingreso.

2.2.5 Recreación y Deportes

Desde 1999 con recursos de orden nacional, departamental y municipal se adelanta el Programa Nuevo Comienzo, coordinado por la Vicepresidencia de la República. Este programa realiza eventos culturales y recreativos en los municipios colombianos con el objetivo de dinamizar la participación activa de los adultos mayores de 65 años en extrema pobreza e indigencia. Durante los tres años han participado cerca de 100.000 adultos mayores en los diferentes eventos municipales y departamentales.

Con el programa Glorias y Pioneros del Deporte, de Coldeportes, se otorgan pensiones a deportistas destacados mayores de 50 años que hayan obtenido medallas mundiales cuyos ingresos están por debajo de cuatro salarios mínimos, y reconocimientos de tipo pecuniario

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($10 millones por una vez) a quienes se hayan destacado en el campo deportivo.

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene el programa especial de recreación, deporte y ocio productivo para Adultos Mayores, inscritos en Bienestar Social del Distrito, se benefician 18.000 mayores entre hombres y mujeres.

2.2.6 Ingresos y Empleo

Si no generaron los mecanismos de acumulación y rentas apropiados, las personas en edad avanzada no pueden generar los flujos de ingresos suficientes para su mantenimiento. Y ante la tendencia de esquemas individualistas en detrimento de lazos familiares y solidarios, dichas personas tampoco pueden crear los tejidos sociales que les garanticen la interrelación entre ellas y, con otras generaciones, creando situaciones de marginamiento social. Estas especiales circunstancias se constituyen en grandes obstáculos para el mejoramiento o mantenimiento de su calidad de vida.

A diciembre de 2000 el Instituto de Seguros Sociales tenía una población pensionada de 443.205 personas, la mayoría de ellos provenientes de zonas urbanas y vinculados laboralmente al sector formal. A esa misma fecha las administradores de fondos privados, tenían 6.549 pensionados y el sector público un total de 344.384 personas: la Caja Nacional de Previsión 151.920; las Fuerzas Militares 102.500; el magisterio 49.800; las Cajas y Fondos 21.364 y ECOPETROL 8.800 pensionados. El gran total del país a la fecha era de 794.138 pensionados y la relación porcentual de éstos con relación a los mayores de 60 años en el país (2.900.766 colombianos) se fijó en un 27.38%.

De otro lado existen en el país 55 Cajas de Compensación Familiar, las cuales ofrecen subsidio familiar en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo. Los trabajadores que tienen padres mayores de 60 años que no reciban renta o pensión, pueden incluirlos como personas a cargo. En 1990 el número de personas mayores de 60 años a cargo de los trabajadores afiliados a las Cajas era de 230.364. De éstos, sólo el 3.9% ha recibido servicios de bienestar complementarios al subsidio económico.

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Las políticas de ingresos se han canalizado a través de auxilios y de las acciones hacia el sistema pensional. Los subsidios asistenciales se han brindado a través de la Red de Solidaridad Social con el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, el cual comprende la prestación de servicios básicos y complementarios para los adultos mayores de 65 años y de 50 con discapacidad e indígenas en indefensión, que se encuentran en extrema pobreza o indigencia. Dentro de este programa en materia de discapacidad, se está dando cumplimiento a las normas reglamentarias establecidas desde 1994, al dar prioridad en la atención a las personas mayores de 50 años que han perdido más del 50% capacidad laboral13.

La Red de Solidaridad Social desde 1994, ha invertido a la actualidad, cerca de $286 mil millones, logrando una cobertura promedia anual de población objetivo de 70.000 personas.

Los subsidios de tipo preventivo están a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional- FSP. Este subsidia los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados e independientes del sector rural y del sector informal urbano, las madres comunitarias, los discapacitados con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y, los miembros de las empresas asociativas de trabajo que no posean los recursos suficientes para realizar la totalidad del

13 Dentro de los servicios complementarios el programa contempla el suministro de ayudas técnicas no contempladas Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POSS tales como sillas de ruedas y audífonos.

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0-11 0.00 0.00 0.00

12-14 0.15 0.15 0.29

15-19 0.07 0.17 0.24

20-24 0.04 0.07 0.12

25-29 0.24 0.12 0.35

30-34 0.06 0.18 0.23

35-39 0.19 0.18 0.37

40-44 0.38 0.74 1.12

45-49 1.00 1.08 2.08

50-54 2.67 2.36 5.03

55-59 4.92 5.22 10.14

60-99 10.36 7.13 17.49

TOTAL 1.28 1.03 2.31

PERSONAS QUE RECIBEN PENSIONES POR EDAD (%)

Fuente:Cálculos DNP-DDS-DES con base en la Encuesta de Hogares de marzo 2000

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aporte. El FSP debe mantener una composición mínima de 40% de mujeres beneficiarias y un 35% de habitantes de las zonas rurales14.

Con esta política, el Gobierno pretende contribuir a que muchas de las personas pobres puedan acceder a una pensión cuando lleguen a la senectud. Al 31 de octubre de 2001 el FSP contaba con un total de 322.016 afiliados.

De esta forma se pretende aumentar también la cobertura en pensiones que históricamente ha sido muy baja en el país, alrededor del 25% de la PEA. Sólo un 17% de la población mayor de 60 años recibe ingresos por pensiones; este porcentaje aumenta a 27% si se incluyen aquellas personas entre 55 y 59 años.

Con fecha al 31 de julio de 2001, se identificaron 6054 pensionados mayores de 50 años, que obtuvieron ese derecho por el subsidio a través del FSP.

Por otra parte, la sociedad colombiana cuenta con el respaldo del Estado para garantizar el pago de pensiones en términos reales a las personas que hayan obtenido ese derecho15. Dado que muchas de las cajas y fondos, del orden nacional y departamental, que administraban el sistema de seguridad no constituyeron las reservas suficientes para el pago de pensiones, el Gobierno Nacional ha asumido esas responsabilidades a través de la creación del Fondo de Pensiones Públicas – FOPEP, el cual cubre los pagos de entidades insolventes del orden nacional, y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET, con el cual se garantiza la cobertura de las obligaciones pensionales de los municipios y los departamentos. Anualmente se están pagando las mesadas de 350.000 pensionados con un costo cercano a los $3 billones.

Estos esfuerzos se deben complementar con el fortalecimiento del sistema pensional ya que este presenta problemas de diseño en contra de la estabilidad financiera del país y de la equidad entre las personas adultas mayores. Por ello, se está promoviendo una reforma pensional que permita la sostenibilidad del sistema público de pensiones y evite déficit fiscales mayores para así liberar recursos que pueden ser invertidos en la ampliación de la cobertura.

El Ministerio a su vez, atiende la vigilancia de las empresas que tienen pensiones a su cargo, para garantizar los pagos de las mesadas y cuidar las reservas financieras para este fin. Le corresponde realizar las conmutaciones pensionales a las empresas que desean trasladar las responsabilidades pensionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al igual que velar y vigilar el pago de mesadas pensionales en coordinación con el Fondo de Pensiones Públicas del Territorio Nacional.

A través de la Unidad de Especial de Inspección Vigilancia y control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se hace el seguimiento al reconocimiento y pago de los derechos pensionales, en todo el territorio Nacional, atiende en primera instancia, la Dirección Territorial de Trabajo competente.

En la actualidad a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se realizan diferentes actividades de capacitación, que permiten actualizar y recalificar a las personas mayores de 45 años para que puedan ingresar al mercado laboral, en ocupaciones estratégicas. Se tiene igualmente, un programa de intermediación laboral que mantiene actualizada la base de datos de oferta-demanda en la fuerza laboral, con el fin de suministrar a las empresas personal calificado,

14 Documento CONPES 2913, febrero 26 de 1997.

15 Ley 100 de 1993

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por medio del programa que coordina el Centro de Información para el Empleo (CIE) de dicha entidad.

2.2.7 Infraestructura y Vivienda

La Ley 55 de 1985 asignó al ICBF la responsabilidad en materia de ejecución de programas de construcción y sostenimiento de los centros de protección al anciano y con el decreto 77 del mismo año se le transfiere esa responsabilidad a los municipios para posteriormente, con el decreto 81 de 1987, retornar al ICBF.

Por su parte la Ley 60 de 1993 referente a la transferencias de competencias y recursos asigna a los departamentos y municipios la responsabilidad de la construcción de los centros de atención y bienestar del anciano que nuevamente queda señalada en la Ley 100 de 1993.

Muchos de los servicios mencionados también se han otorgado en otros órdenes gubernamentales a través de instituciones dependientes, en mayor o menor medida, de las administraciones departamentales, municipales y, en algunos casos, de organizaciones comunitarias, congregaciones y comunidades eclesiásticas. En la actualidad existen en el país varias instituciones del nivel local, oficiales y privadas, dedicadas a atender a la población de mayor edad que no vive con sus familiares.

Los Centros de Bienestar del Anciano tienen ingresos ocasionales e insuficientes, como aportes del sector salud, de beneficencias y loterías, sin existir criterios claros en su asignación. Una gran proporción de estos Centros funciona en edificaciones adaptadas, presentando barreras arquitectónicas y, generalmente, el número de usuarios es superior a su capacidad instalada. En 1991 existían 395 instituciones de atención a las personas viejas, en su mayoría privadas (296), con una cobertura cercana a las 20.000 personas Hoy día se promueve el mejoramiento de su infraestructura a través de la Red de Apoyo Social, con recursos del Plan Colombia dentro del programa denominado Empleo en Acción.

En cuanto a la vivienda en Colombia no existe una política nacional cuyos beneficiarios o centro de acción sean los adultos mayores. Sin embargo, dentro del marco de la política nacional de vivienda se han establecido incentivos de calificación para aquellas familias que se encuentran dentro del índice de necesidades básicas insatisfechas y de población vulnerable.

La política de vivienda en Colombia pretende ser un instrumento que favorezca una reforma moderna y que satisfaga los requerimientos de los mayores núcleos poblacionales (jóvenes, mujeres, adultos mayores, discapacitados, etc.) mediante la entrega a las familias beneficiarias de un subsidio de vivienda.

En los últimos años se ha venido contando con una activa participación del sector privado organizado a través de las Cajas de subsidio o compensación familiar que de manera activa han venido cofinanciando los programas del gobierno nacional.

2.2.8 Participación Política y Desarrollo Comunitario

La participación social es un proceso de construcción colectiva y aprendizaje que apunta a mejorar las oportunidades de acceso a derechos y a disfrutar el desarrollo social. En ese marco, lo político adquiere el sabor de la reconstrucción y motivación del ser social de los adultos mayores. Además de la participación, este aspecto cobija la organización y los escenarios de ejercicio ciudadano, como elementos de proyección de los más viejos en su entorno familiar, comunitario y social más amplio. Participar impone nuevos conocimientos sobre las dinámicas institucionales, sus mecanismos de acceso y las ofertas de servicios.

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El aumento de la participación del adulto mayor en temas estatales será cada vez mayor. Es el caso del Programa de Adultos Mayores ejecutado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, la Fundación Niño Jesús y Compensar ejecutado en Bogotá. De los adultos mayores nació la idea de crear la Asociación para la defensa de los programas y derechos de la Tercera Edad, ANDATER. Esta organización redactó un Proyecto de Ley Orgánica para la protección estatal de los adultos mayores que pretende que el Estado los ampare, garantizando el sustento, la salud, la vivienda, la educación, la recreación y la cultura, y la protección en circunstancias de vulnerabilidad.

Pero lo interesante del caso es observar cómo, a partir de una propuesta pedagógica y ciudadana, los adultos mayores se han organizado y movilizado. A lo largo del programa, las actividades desarrollaron aspectos como el socio-afectivo, de autocuidado, equidad de género y participación. Y fue, entre otros, a través de la participación como los mayores han traspasado su experiencia personal de vejez para convertirse en actores políticos con un objetivo común.

De otro lado a nivel gubernamental, en el caso de la población adulta mayor en extrema pobreza o indigencia se contempla vincular a la población mayor como grupo social, para que participe activamente en el proceso de toma de decisiones tendientes a impulsar medidas de mejoramiento de su calidad de vida y de esta forma apoyar la solidaridad y la participación ciudadana para que toda la comunidad local asuma la atención de las personas mayores16, a través de la ejecución de las acciones directas dentro del proyecto local. En ese sentido existen dos espacios fundamentales que dentro del contexto de las decisiones municipales, están apoyando la generación de espacios de concertación y decisión, al tiempo que se contribuye al proceso de construcción del tejido social.

De una parte, los comités locales y/o municipales para la atención de adultos mayores, conformados por representantes del ejecutor (ONG, organizaciones comunitarias de base, entidad territorial), de los sectores salud, educación, de los beneficiarios, de las autoridades locales (organismos de control) y del sector privado que trabajen en beneficio de las personas mayores. En la actualidad se conoce que todos los municipios del país que adelanten un proyecto para la población adulta mayor en extrema pobreza o indigencia tienen conformado su Comité municipal de la tercera edad o gerontológicos.17

Por su parte, la Asamblea de Beneficiarios es el espacio democrático con autonomía e independencia donde participan, intervienen y concertan los beneficiarios de los proyectos, con el fin de que se conozcan los detalles del proyecto, se informe sobre los avances y la ejecución de los recursos y se construyan soluciones colectivas frente a posibles problemas. La Asamblea cumple con las funciones de vigilancia y control. Al igual que en la cobertura de los Comités Municipales, el

16 Esta política se ha desarrollado en el Programa de Atención Integral para Adultos Mayores.

17 Estos comités tienen entre otras funciones las de participar en las etapas de formulación ejecución de la política social a favor del adulto mayor que se este adelantando en la localidad. participa en la presentación del proyecto a la entidad cofinanciadora; vigila el proceso de planeación, toma de decisiones y contratación. Igualmente, da el concepto final sobre la selección de los beneficiarios en el proyecto; promover y participar en el proceso de validación anual de los mismos; definir los criterios para la sustitución de beneficiarios en los proyectos en caso de: no cumplimiento de requisitos, muerte, traslados, etc.; apoyar la socialización del proyecto; recibir y gestionar los informes, observaciones y sugerencias que presenten los miembros de la Asamblea de Beneficiarios del proyecto; vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos; promover y participar en el proceso de seguimiento, evaluación y veeduría del Programa; analizar, estudiar y tomar decisiones en situaciones extraordinarias; informar a la Asamblea de Beneficiarios de los diferentes medios y recursos jurídicos disponibles para la presentación de peticiones.

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número de Asambleas de Beneficiarios esperado es igual a éstos. Sin embargo, su existencia no garantiza que todas estén funcionando18.

2.2.9 Situaciones de Emergencia

En situaciones de desastres o conflictos, el Gobierno nacional adelanta acciones tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia en respuesta a sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Para atender al gran número de habitantes (principalmente niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y negras) que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia por la situación de conflicto interno, se diseñó el Plan de Atención Integral a la Población desplazada liderado por la Red de Solidaridad Social, el cual da oportunidades equitativas y diferenciales para los grupos afectados por esta situación. El Plan contempla 3 fases de atención definidas como prevención, atención humanitaria de emergencia y restablecimiento.

A noviembre de 2001 están incluidas 88.212 familias en el Sistema Único de Registro – S.U.R de los cuales 2.131 corresponden a hogares donde la jefatura está a cargo de un adulto mayor de 65 años, lo que representa el 2.41% del total de las familias incluidas en el S.U.R. y el Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas- SEFC.

La atención humanitaria es un derecho que se tiene por espacio máximo de tres meses, y prorrogables excepcionalmente por otros 3 más, según el artículo 15 de la ley 387 de 1997. Esta prórroga prioriza de forma exclusiva para su aplicación a los hogares cuya jefatura esté a cargo de hombre o mujer mayor de 65 años siempre y cuando dicha situación haya sido reportada en la declaración y estén incluidos en el Registro Único de Desplazados.

El Sistema Único de Registro señala que entre 1995 y 2001 fueron incluidas al sistema 461.481 personas afectadas por la violencia de las cuales 6.661 son mayores de 65 años, de estas 3.248 son mujeres y 3.413 hombres, indicando así que del total de la población mayor afectada el 48.76% son mujeres, y el 51.23% son hombres. Por atención humanitaria la Red atendió entre enero de 2000 y junio de 2001 12.804 hogares, para lo cual asignó $10.826 millones en 18 departamentos.

Los impactos que el desplazamiento genera en la población varía según sus condiciones de género, edad y etnia. Un hecho como este afecta indistintamente a los hombres, mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes puesto que socialmente existen unos imaginarios, quehaceres, funciones, y expectativas que los hace diferentes.

La Red de Solidaridad Social atiende a estás personas a través de diferentes modalidades según la

18 Sus principales funciones son: fijarse el reglamento de operación y de procedimientos; elegir sus representantes al Comité Municipal de Atención Integral para Adultos Mayores; presentar ante el Comité Municipal las peticiones, quejas y reclamos de los beneficiarios del proyecto; suministrar la información necesaria al Comité para la validación de la selección de los beneficiarios al proyecto.; presentar ante el Comité los hechos irregulares que hayan sido identificados por los beneficiarios durante la identificación, formulación y ejecución del proyecto; denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones o hechos irregulares tanto de funcionarios como de miembros de la comunidad; solicitar la puesta en práctica de las instancias de concertación para solucionar los problemas de gravedad o irregularidades que se presenten; levantar actas de los acuerdos suscritos, recomendaciones y evaluaciones de ejecución del proyecto por parte de los beneficiarios y de los ejecutores.

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magnitud del evento. Si son afectados por desplazamiento individual, en las principales ciudades receptoras se atienden a través de ONG´s que operan bajo el esquema de administración delegada, en otros lugares son atendidos por las Unidades Territoriales de la Red. Los casos de desplazamiento masivo son atendidos por la Unidades Territoriales en colaboración con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada - SNAIPD.

Los desplazamientos masivos fueron atendidos entre la Red de Solidaridad Social y el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, beneficiando a 201.110 personas, durante el mismo periodo.

Además de la asistencia humanitaria, la Red de Solidaridad Social, a través de las fases de Prevención y Restablecimiento, posibilita la construcción y reconstrucción de la infraestructura social y comunitaria para mitigar el impacto de las acciones armadas en la población afectada. Estas acciones se adelantan a través de proyectos productivos para crear en las comunidades condiciones de mayor arraigo y de menor exposición al desplazamiento forzado y además de orientar directamente a la promoción de la convivencia pacífica y proyectos especiales de atención psicosocial, expresados en el fomento de mecanismos de resolución de conflictos, la difusión de mecanismos de justicia alternativa y comunitaria, y el fortalecimiento organizativo.19

La perspectiva del trabajo psicosocial considera el bienestar de los individuos como el resultado de las interrelaciones entre los distintos ámbitos del sistema al cual pertenecen. Las soluciones se plantean desde las expectativas y experiencias de los afectados y no desde quienes formulan proyectos de atención, buscando integrar una población que no ha sido participe del proceso y por lo tanto puede ser ajena20. El proceso de restablecimiento se inicia con la atención humanitaria y termina cuando se han generado condiciones que permitan al desplazado contar con alternativas viables para la reconstrucción de su proyecto de vida, sus sistemas sociales y económicos21. Las acciones de restablecimiento han derivado en la vinculación activa de múltiples entidades nacionales, regionales y locales, así como la movilización de recursos desde distintos sectores. En la actualidad, para posibilitar el restablecimiento, se adelantan de una parte, proyectos de generación de ingresos urbanos y rurales, viabilizados y priorizados por las mesas permanentes de trabajo, instancias de participación comunitaria para la identificación, la concertación, el control, la veeduría y el seguimiento de proyectos 22.

19 Entre enero de 2000 y junio de 2001, se han ejecutado 29 proyectos productivos en 16 departamentos de la Nación, beneficiando a 2.728 hogares entre los que se posibilita la participación de los adultos mayores, en el fortalecimiento económico y social de los grupos familiares, mediante acciones de tipo agrícola, comercialización de alimentos, desarrollo social, mejoramiento tecnológico para productos pesqueros, entre otros.

20 Actualmente se encuentran en ejecución cinco proyectos: “Mi cuerpo mi casa”; “Montaje de centros orquestales”; “Palabra Memoria Palabra Vida”; Recuperación sociocultural de Niñas y Niñas”; Proyecto para la recuperación del Tejidfo Social a través de la Mediación Cultural en los núcleos poblacionales desplazados.

21 Hay dos tipos de restablecimiento: Los retornos cuando los desplazados vuelven a su lugar de origen y la reubicación, cuando las personas deciden quedarse en el lugar inicial de recepción o en otro diferente al de su origen.

22 La Red invirtió $10.411 millones en proyectos productivos, beneficiando a 11.354 hogares en 20 departamentos y en proyectos de vivienda entre enero 2000 y junio de 2001 se han beneficiado 2.903 hogares en 17 departamentos con una inversión de $8.412 millones por parte del Gobierno Nacional.

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Otra instancia de participación son los comités municipales, distritales y departamentales, que tienen como objetivo consolidar los proceso de participación y de representación de las entidades que conforman SNAIPD y de las organizaciones sociales vinculadas a la atención a la población desplazada.

3. EL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO Y LOS RETOS PARA COLOMBIA

En el 2002, después de 20 años de que se probara el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Viena, se llevará a cabo la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento con el objeto de realizar un examen general de los resultados de la Asamblea de 1982 y aprobar un plan de acción revisado y una estrategia a largo plazo sobre el envejecimiento en el contexto de una sociedad para todas las edades.

Por mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Social actúa como Comité Preparatorio. Así mismo, el programa de las Naciones Unidas para el envejecimiento de la División de Política Social y Desarrollo, en su función de Secretaría de la Asamblea tiene la responsabilidad última de redactar el Plan revisado. La Secretaría para la elaboración del borrador de documento final ha recibido contribuciones importantes de reuniones y debates de grupos de expertos organizados en colaboración con organizaciones del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Se espera que el documento que será aprobado en abril del 2002 sea más enfocado al mundo en desarrollo, orientado a la acción y, más claro y preciso en sus recomendaciones.

El Plan de Acción revisado establece como principales recomendaciones para la adopción de políticas por parte de los Estados, considerar dentro del desarrollo de un mundo que envejece la participación activa de los adultos mayores en la sociedad y en el desarrollo; la generación de oportunidades de trabajo para la fuerza laboral de los mayores que quieran trabajar; el mejoramiento de las condiciones de vida de los que viven a nivel rural, mitigar las condiciones de los que están aislados o marginados; la generación de espacios al conocimiento, educación y capacitación en forma permanente a lo largo del ciclo de vida; el fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional a través de la igualdad y reciprocidad entre generaciones; la reducción de la pobreza de los mayores; la promoción de programas para garantizar ingresos suficientes así como la protección social y la prevención de la pobreza y, en el caso de situaciones de emergencia, desastres naturales y de conflicto, dar acceso equitativo a los mayores a alimentación, abrigo y atención médica y contribuir a estimular las contribuciones de éstas al restablecimiento y reconstrucción de comunidades y restauración de la malla social después de las emergencias.

Para facilitar el acceso a la salud y bienestar a las personas mayores las recomendaciones se centran en la promoción de la salud y bienestar a través del ciclo vital; el acceso universal y equitativo a los servicios de salud; la implementación de programas de evaluación de impacto y de información adecuada a las personas mayores con HIV/SIDA y los cuidadores; el suministro adecuado de información y capacitación a los profesionales de la salud; el desarrollo de servicios de cuidados en salud mental adecuados y el mantenimiento máximo de la capacidad funcional a lo largo del ciclo vital de los mayores con discapacidad.

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Igualmente, se plantean recomendaciones para asegurar ambientes apoyadores, en otras palabras, se refiere a la promoción del “envejecimiento en el lugar” en la comunidad; al mejoramiento de la vivienda y diseño ambiental para estimular que vivan en forma independiente; a la accesibilidad de las personas mayores a un transporte adecuado y acorde a sus medios; al suministro de cuidados continuos para los mayores; a la eliminación de todas formas de abuso y/o violencia contra ellas y la creación de servicios de apoyo y, al estimulo del reconocimiento público de la autoridad, sabiduría y productividad de las personas mayores.

Los Retos para Colombia

Las políticas públicas del futuro deben dirigirse a la población en general y a grupos etáreos específicos, buscando evitar los riesgos más preponderantes en las diversas etapas de la vida. Estas deberán ser de tipo preventivo que respondan a las demandas de las necesidades básicas de una población en proceso de envejecimiento.

Las acciones macroeconómicas deberán asegurar niveles de empleo e ingreso para acceder a los mercados de bienes y servicios; se deberán incluir las de carácter social, que brindan los mecanismos y recursos para proteger a los grupos excluidos tanto del circuito mercantil como del orden predominante a nivel social, político y cultural. Es decir que se deberá proponer un plan de acción para la población que envejece con una visión holística del envejecimiento, de tal forma que se piense en el ser humano como un individuo integral desde su condición de niño, joven, adulto o de persona mayor.

Será necesario implementar medidas para concientizar a la población que está inmersa en un proceso cambiante, normal, llamado envejecimiento y que atañe a todos los grupos sin importar el criterio de clasificación (grupos etáreos, estratos, razas, géneros).

De manera equivocada la población adulta mayor, está asociada con incapacidad, inactividad y “descanso forzoso”; esta condición se relaciona también con la pérdida de posición social, poder económico, afecto, memoria y habilidades físicas regulares; atributos poco valorados en el marco de los valores dominantes. Esta subvaloración social de la población mayor y la falta de espacios y alternativas para su despliegue pleno hacen necesaria la incorporación de medidas y alternativas de atención y de transformaciones culturales que la revaloricen.

Se requiere que el estado y la sociedad civil en general, bajo los principios de universalidad, integralidad, solidaridad, participación y descentralización, adelanten mayores acciones con enfoque poblacional y territorial, que permitan reconocer y valorar la atención diferencial de las necesidades de los individuos y la heterogeneidad territorial y social del país, buscando en esa forma atender adecuadamente la demanda y desarrollando soluciones acordes con la realidad de vida de las personas.

En este sentido hay que reconocer las nuevas y futuras condiciones de la población mayor en términos económicos, sociales y culturales; para proponer y generar alternativas en el mejoramiento de las condiciones de vida.

Se hace cada vez más necesario un enfoque integral, sobre todo en términos de concientizar a todas las esferas de la sociedad (Gobierno, familias, empresarios, trabajadores, pensionados) de la importancia que reviste el garantizar una vida digna al adulto mayor. Máxime cuando en las próximas décadas el país se enfrentará a un proceso acelerado de envejecimiento de su población como resultado de los cambios demográficos. En los próximos 25 años la tasa de natalidad se ubicará alrededor del 2% y la esperanza de vida a los 60 años será de 21 años más para los

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hombres y de 25 adicionales para las mujeres.

Este proceso tendrá una serie de efectos socioeconómicos importantes como son, entre otros, la necesidad de incrementar el gasto en salud, equipamientos e infraestructura médica, así como en la producción de vivienda y de la oferta de servicios que mejoren las condiciones de vida. El aumento del número de personas mayores con respecto al número de personas en edad de trabajar implicará también una significativa carga económica para la fuerza laboral. Esto tiene dos consecuencias: costos de las pensiones en aumento, y un número creciente de personas mayores que requieren asistencia social de largo plazo, lo cual obliga a crear un sistema pensional y de seguridad social viable y sostenible que garantice mayor cobertura y el pago de las mesadas.

Construir una sociedad con mayores oportunidades de acceso a educación de calidad, a salud, a más y mejores servicios básicos permitirá una mejor inserción a los mercados de trabajo y la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser artífices de su futuro.

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es el relacionado con el derecho de todos colombianos a sobrevivir hasta su edad adulta. El número de defunciones de personas menores de 40 años se ha incrementado, la tercera parte de ellas por violencia. Entre 5 y 39 años el 60% de los hombres y el 18% de las mujeres muere por causas violentas.

Al hacer este ejercicio de análisis sobre el envejecimiento y la vejez en el país y considerando las recomendaciones del Plan de Acción Revisado, Colombia se plantea los siguientes retos:

POLÍTICA INTEGRAL

• Generar una política de Estado con carácter integral, sostenible, equitativa en materia de envejecimiento y vejez, superando las líneas de política sectoriales existentes y cuya construcción sea el resultado de una intervención colectiva.

• Poner en marcha la Comisión Intersectorial para la promoción, defensa y garantía de los derechos de los pensionados y el desarrollo de políticas, programas y proyectos para adultos mayores, la cual sería el ente rector de todo el tema de tercera edad para el país y estaría integrada por representantes del Gobierno, sector privado y la sociedad civil en general.

• El aumento del número de personas mayores con respecto al número de personas en edad de trabajar implicará también una significativa carga económica para la fuerza laboral. Esto tiene dos consecuencias: costos de las pensiones en aumento, y un número creciente de personas mayores que requieren asistencia social de largo plazo, lo que implica crear un sistema pensional y de seguridad social viable y sostenible que garantice mayor cobertura y pago de las mesadas.

• Realizar una reforma pensional bajo un criterio social caracterizado por la: coherencia con la constitución, solidaridad en todos los regímenes, ampliación de cobertura, eliminación el subsidio a los sectores de mayor ingreso, priorización a los mayores de 65 años que no tienen capacidad para conformar una pensión, sostenibilidad financiera al sistema, minimizando la carga fiscal y optimizando beneficios; control a la elusión y mora en los aportes y creación de un sistema de información.

• Garantizar mediante la creación de un Fondo, los recursos necesarios para atender la cobertura total de los adultos mayores en extrema pobreza o indigencia, que en la actualidad son beneficiarios del Programa de Atención Integral para Adultos Mayores de la Red de Solidaridad Social.

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• Ampliar la cobertura del sistema general de seguridad social, facilitando el acceso de pensionados y trabajadores independientes a las cajas de compensación familiar; modificar el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social que define la población que se debe atender para facilitar el acceso al subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional a las personas más vulnerables.

• Fortalecer la construcción y reconstrucción de la infraestructura social y comunitaria para mitigar el impacto de las acciones armadas en la población adulta mayor afectada.

• Crear condiciones de mayor arraigo y de menor exposición al desplazamiento forzado.

• Fomentar la convivencia pacífica y el desarrollo de proyectos especiales de atención psicosocial, expresados en el fomento de mecanismos de resolución de conflictos, la difusión de mecanismos de justicia alternativa y comunitaria, y el fortalecimiento organizativo.

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

• Introducir con mayor fuerza el concepto de educación para toda la vida fomentando el autocuidado, la participación y la productividad en todas las edades para vivir, envejecer y tener una vejez con mejor calidad de vida.

• Desarrollar estrategias y ejecutar proyectos específicos orientados al empoderamiento del adulto mayor para la toma de decisiones relacionadas con su calidad de vida y su participación activa dentro del entorno económico y social donde vive.

• Garantizar la educación permanente durante el ciclo de vida en especial la no formal e informal.

• Diseñar estrategias para toda la población con el fin de llamar la atención sobre los mayores y para promover o estimular condiciones y estilos de vida que reten los prejuicios y la discriminación acerca del envejecimiento y la vejez.

• Fomento de actitudes y aptitudes o capacidades, comportamientos y acciones tanto individuales como sociales, orientados a promover y sostener el desarrollo personal y colectivo de las familias y de los mayores.

• Generar un sistema de información sobre el envejecimiento y la vejez en Colombia y sistematizar la existente para sensibilizar y orientar, divulgar los valores de las personas de todas las edades, reconociendo su heterogeneidad.

• Reorientar los programas actuales de gerontología de las facultades universitarias con un enfoque integral dirigido a todas las edades.

• Diseño de programas educativos de capacitación y recapacitación, dirigidos a los adultos mayores para el aprovechamiento de la capacidad institucional de la educación formal, no formal, tecnológica y superior.

• Proporcionar a los trabajadores adultos mayores la orientación y formación de que precisen en especial la relacionada con la actualización de conocimientos, la elevación del nivel de instrucción general y de calificación profesional y la elaboración de métodos especiales de formación adaptados a las necesidades de los trabajadores.

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• Sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de facilitar a la personas en condiciones de discapacidad física, sensorial o mental, orientación y formación que les permita encontrar un empleo correspondiente a sus necesidades.

• Fortalecer dentro del Plan Nacional de Atención a la Discapacidad 1998-2002 el componente laboral para crear oportunidades laborales para los mayores con discapacidad.

SEGURIDAD SOCIAL

• Prever, fomentar y mantener condiciones de vida que permitan que las generaciones viejas sean saludables, mejor educadas, activas y productivas como alternativa a un panorama opuesto que exija mayores gastos en asistencia social y de salud.

• Garantizar mayores oportunidades de acceso a educación de calidad , a la salud, a más y mejores servicios básicos. Ello permitirá una mejor inserción a los mercados de trabajo y la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser artífices de su futuro.

• Destinar mayor cantidad de recursos por parte de las empresas promotoras de salud para la previsión y el autocuidado permanente.

• Mayor énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad durante todo el ciclo de vida.

• Ampliar cobertura en los regímenes contributivo y subsidiado en especial la relacionada con las mujeres mayores y la población adulta mayor desplazada, discapacitada e indígenas en indefensión.

• Garantizar recursos financieros necesarios que permitan la prestación adecuada de servicios de salud, así como los destinados al gasto en infraestructura médica -hospitalaria.

• Garantizar el acceso a todos los servicios (educación, trabajo, cultura, salud) sin limitaciones de edad.

• Asegurar que se cumplan las normas existentes para superar la selección adversa de los adultos mayores al sistema de seguridad social en salud.

• Adelantar programas de prevención de la infección (VIH/SIDA), disponibilidad y transfusión de sangre segura, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral y la reducción de daños.

• Mantener y ampliar la cobertura de las actividades educativas para lograr la modificación de hábitos nutricionales que apoyen la prevención de riesgo cardiovascular, la promoción de la actividad física en los centros de bienestar del anciano y divulgar información para el fomento de estilos saludables.

• Financiar un mayor número de proyectos para mejorar las condiciones de salud mental y bienestar integral.

PARTICIPACION SOCIAL Y COOPERACION

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• Facilitar y fortalecer los esquemas existentes de participación social de los adultos mayores en la toma de decisiones relacionadas con el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos relativos al aseguramiento del bienestar básico, de la generación de ingresos y acceso al trabajo en términos de equidad.

• Apoyar con recursos técnicos y financieros la organizaciones de adultos mayores y sus iniciativas en materia de generación de ingresos y desarrollo de actividades productivas.

• Facilitar a las organizaciones de la sociedad civil su participación cooperativa y coparticipativa en el diseño, la ejecución, el seguimiento y el control de la política pública.

• Fomentar los esquemas de cooperación técnica internacional, en especial de las redes de las cuales recientemente Colombia hace parte, como son la RIICOTEC y la RIIAM.

• Orientar la cooperación en lo posible a: la prestación de asistencia y hacia otros países en la elaboración y ejecución de programas específicos; organización en común de investigaciones; el suministro de medios de formación y/o capacitación de profesionales cuidadores y adultos mayores en general; el intercambio sistemático de información sobre investigaciones, profesionales, programas experimentales y el intercambio de publicaciones para su difusión.

INGRESOS Y EMPLEO

• Fortalecer iniciativas del sector privado sobretodo de las micro y medianas empresas (PYME) que tienen acceso a diferentes fuentes de financiación, para mantener dentro de su PYME a los adultos mayores que por su trayectoria laboral, habilidades y desempeño de una labor específica (oficio) transmitan su experiencia a otros miembros más jóvenes de la empresa y a su vez, se mantengan activos como asesores y consejeros.

• Fortalecer la participación del adulto mayor como ciudadano en ejercicio y su integración como grupo etareo vital para la sociedad. Ya sea como movimiento social o como una organización de base, las personas mayores podrán ser un grupo determinante en la toma de decisiones del Estado. En la medida en que más se apropie de sus derechos y conozca sus deberes, aumentará su integración a la sociedad y logrará, en conjunto, construir mejores condiciones de vida para los mayores.

• Ampliar horizontes de actividad, interacción, desarrollo y autonomía de los adultos mayores dentro del mercado laboral o de trabajo ciudadano.

• Crear un banco de expertos para brindar asesoría a las personas con posibilidades de acceder al mercado laboral por cuenta propia o para ser considerado como fuerza laboral dentro de una micro o mediana empresa.

• Fortalecer la participación de las mujeres mayores en el mercado laboral y productivo mediante la promoción del empleo y el fortalecimiento con recursos financieros de programas como el de Mujer Cabeza de Familia de la Consejería para la Equidad de la Mujer.

• Facilitar el acceso a recursos financieros, a la capacitación, al mejoramiento de técnicas y cambios tecnológicos, de los adultos mayores y sus asociaciones a nivel rural.

• Adoptar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres adultos mayores en el empleo y en la prestación de servicios sociales.

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• Garantizar, en la medida de los posible, la integración o la reintegración de los discapacitados físicos o mentales a la vida productiva en un ambiente normal de trabajo.

• Estimular el regreso de los jóvenes campesinos trabajadores entre los 12 y 17 años a las actividades escolares por medio de un subsidio económico que supla el ingreso recibido por las actividades laborales.

FORTALECIMIENTO INTERGENERACIONAL

• Fomentar los vínculos intergeneracionales e interpersonales. Es decir la creación de redes familiares, barriales, locales, municipales y departamentales buscando el fortalecimiento y la participación activa de los adultos mayores en su entorno.

• Mejorar las relaciones intrafamiliares mediante un proceso de formación que destaque la importancia del papel que desempeña cada uno de los miembros de la familia.

• Promover la creación de espacios y actividades donde los adultos mayores compartan sus saberes y experiencias con otros grupos etáreos. Recuperar el acerbo cultural y la transmisión de experiencias a las generaciones mas jóvenes.

• Fomentar el compartir intergeneracional en distintos entornos culturales y espacios recreativos, considerando intereses y gustos diferentes.

• Generar espacios de orientación al adulto mayor que es cabeza de familia o que desempeña el papel de formador y cuidador para la atención de los niños.

INVESTIGACIÓN

• Se deberán entre otras, adelantar estudios diagnósticos relacionados con la dimensión intergeneracional, el género, el transcurso del ciclo vital, el desarrollo de programas específicos y la asignación de recursos; la situación de la familia dada sus múltiples modalidades, tendencias y cambios; la percepción que del envejecimiento y la vejez tienen los colombianos; la forma en que las personas viven cambios en sus vidas para identificar experiencias y favorecer disposición al cambio; la influencia del conflicto social en el proceso de envejecimiento; y la reorientación de los servicios existentes dirigidos a los adultos mayores teniendo en cuenta la planificación conjunta, la heterogeneidad y la articulación de los diferentes sectores.

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

• Atender la planeación urbana – rural y del hábitat en general de los adultos mayores considerando posibilidades y estilos de vida, así como espacios de socialización y cultura para todos garantizando accesibilidad y calidad.

• Operativizar las normas existentes en materia de vivienda de interés social para facilitar el acceso de los adultos mayores y sus familias a un medio de habitación.

• Facilitar el acceso a recursos financieros a los centros de bienestar de ancianos existentes para el mejoramiento de los servicios y mantenimiento de la infraestructura.

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• Facilitar el acceso a vivienda de interés social mediante la caracterización de los adultos mayores, a efectos de dar un mayor rango a la focalización en la calificación de las solicitudes por este concepto.

• Implementar una estrategia de atención para el suministro de información sobre la política y el acceso al subsidio familiar de vivienda exclusiva para la población adulta mayor.

• Asignar un puntaje adicional, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Desarrollo, a los programas de vivienda de interés social presentados para su elegibilidad, que ofrezcan atributos de calidad en función del envejecimiento (accesibilidad - equipos prácticos de uso doméstico-movilidad - equipamientos).

• Asignar un puntaje adicional, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Desarrollo, a los hogares postulantes que dentro de sus miembros de hogar incluyan personas adultas mayores.

• Implementar programas para incorporar a los adultos mayores como capacitadores y facilitadores en el apredizaje de técnicas constructivas y tradicionales vigentes, dentro de los proyectos de vivienda de interés social que promuevan la autoconstrucción.