EL ENFOQUE DIFERENCIAL RESPECTO A LA SITUACIÓN …
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EL ENFOQUE DIFERENCIAL RESPECTO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DE TERRITORIOS ANCESTRALES DE COMUNIDADES ÉTNICAS INDIGENAS: LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN VIRTUD DE LA LEY 1448 DE 2011 Línea de investigación: Transformaciones del Derecho y la Política en el ámbito de la Gobernabilidad ANGELA MARCELA TASCÓN ROMERO [email protected] JESSICA MANTILLA JACOME [email protected] Proyecto: Política, Derecho y Posconflicto, transformaciones institucionales en Colombia UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DERECHO SANTIAGO DE CALI 2014
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EL ENFOQUE DIFERENCIAL RESPECTO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DE
TERRITORIOS ANCESTRALES DE COMUNIDADES ÉTNICAS INDIGENAS: LA
RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN VIRTUD DE LA LEY 1448 DE
2011
Línea de investigación:
Transformaciones del Derecho y la Política en el ámbito de la Gobernabilidad
ANGELA MARCELA TASCÓN ROMERO
JESSICA MANTILLA JACOME
Proyecto:
Política, Derecho y Posconflicto, transformaciones institucionales en Colombia
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2014
EL ENFOQUE DIFERENCIAL RESPECTO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DE
TERRITORIOS ANCESTRALES DE COMUNIDADES ÉTNICAS INDIGENAS: LA
RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN VIRTUD DE LA LEY 1448 DE
2011
ANGELA MARCELA TASCÓN ROMERO
JESSICA MANTILLA JACOME
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2014
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EL ENFOQUE DIFERENCIAL RESPECTO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DE
TERRITORIOS ANCESTRALES DE COMUNIDADES ÉTNICAS: LA
RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN VIRTUD DE LA LEY 1448 DE
2011
ANGELA MARCELA TASCÓN ROMERO
JESSICA MANTILLA JACOME
Monografía para optar al título de Abogado
Director:
CARLOS FELIPE RUA
Abogado
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2014
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TABLA DE CONTENIDO
Resumen 5
Abstract 6
Introducción 7
Metodología 12
Resultados de la investigación 13
Existencia de un enfoque diferencial en la ley 1448 y decreto 4633 de 2011 regulador de
grupo étnicos indígenas 13
Legitimidad del Decreto 4633 del 2011 y ley 1448 del 2011 17
Recursos y Regimen Presupuestal para la Implementacion de la ley 18
Ineficiencia en el Funcionamiento de las Instituciones creadas por la ley ¡Error!
Marcador no definido.
Implementación de las medidas 21
Difusión e Implantacion de la norma 21
Violacion contra pueblos indígenas en el año 2012 22
Restricción en los mecanismos de participación de las victimas 23
Componentes Especiales en el Registro de Victimas y toma de declaraciones 24
Reparaciones Individuales y Colectivas para Comunidades Étnicas 25
Grave retraso en materia de Restitución de Territorios Colectivas 26
Conclusiones 2827
Bibliografía 3030
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Resumen
La reparación solo se denomina como integral si está dirigida a dignificar a la víctima en
consideración de todas sus condiciones especiales, es por esto que en la Ley 1448 de 2011 se
incluyó el principio de enfoque diferencial. La disputa por las tierras ha sido una constante
durante todo el transcurso del conflicto armado interno en Colombia, las comunidades étnicas,
identificadas como población vulnerable, han sido afectadas de manera desproporcionada por
el conflicto armado. Mediante este trabajo de grado se pretende determinar la aplicación del
modelo de restitución de tierras y el análisis respecto a los elementos componentes del
enfoque diferencial étnico, su regulación y aplicación en el contexto colombiano.
Palabras Clave: conflicto armado, reparación integral, enfoque diferencial étnico,
comunidades étnicas, restitución de tierras ancestrales.
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Abstract
The reparation is named as integral reparation if is directed to dignify victims in
consideration of all its special features, which is why in the law 1448 of 2011 the principle of
differential approach was included. Ethnic communities identified as vulnerable, have been
disproportionately affected by the Colombian armed conflict. The purpose through this paper
is to show the analysis for the components of the ethnic differential approach, their regulation
and implementation in the Colombian context.
Key words: Armed conflict, integral reparation, ethnic differential approach, ethnic
communities, restitution of ancestral lands.
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Introducción
Colombia es un Estado social de derecho, donde se reconoce la diversidad étnica, entre
ellas las comunidades indígenas las cuales se encuentran protegidas por el convenio 169 de la
OIT con dos principios básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones
tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos
en las decisiones que les afectan.
En el contexto del conflicto armado interno en Colombia se han presentado numerosas
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, una cifra
escalofriante cercana a 220.000 víctimas fatales demuestra las dimensiones de aquello
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Este ha sido un escenario que se ha
prolongado por un extenso periodo de tiempo de aproximadamente 60 años en el que se han
presentado diversas modalidades de violencia como son el desplazamiento forzado, masacres,
torturas, secuestros, abusos sexuales, asesinatos, entre otros, ocasionados por los actores del
conflicto, ya sean grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) como
paramilitares o guerrilleros, o por parte de la fuerza pública (Human Rights Watch, 2014),
Las poblaciones étnicas hacen parte de las más afectadas frente a esta problemática debido a
que i) existe una ventaja estratégica para los GAOML en los territorios indígenas como zonas
de refugio, ii) generalmente, en las zonas cercanas a los territorios indígenas, gracias a su
riqueza natural, existen grandes inversiones de capital y iii) la expansión de cultivos ilícitos se
ha dado mayoritariamente en territorios indígenas (UNICEF, 2012, p. 24-28). A su vez, su
localización estratégica de los territorios de pueblos indígenas, son considerados zonas aptas
tanto para el desarrollo de la confrontación armada como para las actividades del narcotráfico
lo cual los convierten particularmente en poblaciones vulnerables.
La aplicación de medidas de reparación para las víctimas es necesaria toda vez que se debe
cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos que se han planteado por
medio de instituciones como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte
Penal Internacional (Botero & Restrepo, 2006, p. 48-50), pero más allá de esto, existen los
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derechos de justicia, verdad y reparación integral, ya que si bien el fin último es lograr la paz,
esta no puede ir por encima de los derechos de las víctimas, es entonces pertinente mencionar
que se lograra superar el conflicto armado interno en Colombia y alcanzar una paz duradera y
sostenible siempre y cuando se respeten los derechos de las víctimas y de igual forma exista
una aplicación del enfoque diferencial étnico (Frühling, 2004, pág. 3). Han sido diversos los
grupos afectados por esta problemática, entre los más vulnerados se encuentran los niños y las
niñas, las mujeres, campesinos, poblaciones étnicas, en general habitantes de zonas rurales
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Es por ello que son necesarios los enfoques
diferenciales debido a que son diferentes los impactos que se presentan dependiendo de la
población vulnerada (Serrano, 2013, p. 36).
La disputa por las tierras ha sido una constante durante todo el transcurso del conflicto
armado interno en Colombia (Ibáñez & Querubín, 2004). Con respecto a este punto se ha
pretendido tomar control de las poblaciones, lo que ha generado constantes desplazamientos
forzados (ACNUR, 2011). Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (sus
cifras en inglés son IDMC) la cifra de desplazados internos, para el año 2012 se calculaba
entre 4,9 millones hasta 5,5 millones (2013). Este es un fenómeno ocasionado en su mayor
parte gracias a los grupos al margen de la ley que se encuentran en disputa dentro del territorio
colombiano, el cual se ha consolidado como herramienta para ganar y controlar territorios
útiles para sus propósitos (ACNUR, 2011).
Colombia cuenta con una población de 1.392.623 indígenas, cuya representación
porcentual en relación con el total de la población colombiana equivale al 3.36% (DANE,
2007, p. 37), en donde esta cifra según la organización nacional de indígenas en Colombia no
es del todo cierta, ya que aquí solo incluye 93 pueblos y en realidad son 102 que disponen de
702 resguardos titulados, es decir; territorios asignados al colectivo para el desarrollo de su
vida económica y cultural.
De lo anterior se concluye la dimensión del problema y hasta donde se han vulnerado sus
derechos como grupos colectivos y empezamos a diferenciar ciertos puntos, como la
afectación de manera grupal e individual y que por ser grupos étnicos reconocidos gozan de
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unos derechos; tales como la consulta previa, territorio especifico entre otros puntos que son
primordiales y esenciales para la creación de normas que encaminen la creación de política
publicas relacionadas con el trato especial que se debe tener con los grupos étnicos. Sabemos
que estos gozan de unos derechos específicos y particulares que no solo son protegidos de
manera nacional, sino de manera internacional como lo dice el convenio número 169 de la
OIT por lo cual con este tipo de población se llevaría la aplicación de un enfoque diferencial.
Aquí se sitúa la problemática con un componente especial y es que además de la violación
de derechos fundamentales, se está presentando la vulneración de derechos colectivos en torno
a las poblaciones étnicas. En este aspecto se presentan diferentes paradigmas bajo los cuales
atender la situación de desplazamiento, acceso a la tierra y su restitución y en un país de
concepciones principalmente occidentales, lejanas a la cosmovisión indígena, se presenta un
desafío mayor respecto a la satisfacción de los derechos de este tipo de víctimas ya que su
percepción de justicia tiene diferencias (Centro Internacional para la Justicia Transicional
(ICTJ), 2013)
Con la Ley 1448 de 2011 y decretos reguladores tales como el Decreto 4633 de 2011 para
los grupos indígenas, se trata de dar un supuesto enfoque diferencial encaminado a la creación
de políticas públicas especiales para los grupos étnicos en especial los indígenas, donde la
ejecución de este enfoque va encaminada a la cabeza de cada gobernación, en particular;
siendo un tema que quedara casi en incertidumbre ya que como veremos en este trabajo la
verdadera efectividad en la realidad no se da, y este importantísimo concepto de enfoque
diferencial solo queda plasmado en la ley; nuestra preocupación entonces es realmente con
base a los siguientes interrogantes ¿se está aplicando este enfoque diferencial en la ley 1448 y
decreto 4633 del 2011?¿Es pertinente la aplicación? ¿Está siendo eficaz? Este trabajo de
investigación involucra, desde una lectura hermenéutica, varios elementos de especial
relevancia para la comprensión del enfoque diferenciador que se debe aplicar a las
comunidades étnicas en especial a los grupos indígenas, entre ellos se encuentran la
jurisprudencia, los estándares internacionales el marco legal y los fundamentos teóricos
aplicables al contexto preciso. Se resalta la importancia y utilidad del análisis de los
elementos que permitan articular un enfoque diferencial, al pensamiento del posconflicto y al
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diseño de medidas adecuadas en reparación para víctimas que hacen parte de poblaciones
étnicas.
Dentro del marco teórico que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, se propone
la utilización del paradigma histórico-hermenéutico con relación al iusnaturalismo, puesto que
los objetivos planteados se han concebido bajo esta óptica. Este proyecto está direccionado
hacia la interpretación de un principio aplicable en un contexto de justicia transicional, el cual
se denomina enfoque diferencial, ello con la adopción de unas poblaciones específicas como
son las comunidades étnicas, labor que implica el análisis de derechos fundamentales en el
caso de las víctimas del conflicto. Se requiere dicha labor debido que puede tornarse ambigua
la implementación de este tipo de medidas con relación al principio tratado, toda vez que las
comunidades étnicas poseen una cosmovisión diferente a la occidental y al mismo tiempo han
sido impactadas de manera diferente por el conflicto armado en Colombia (Arteaga, 2012, p.
16-17).
En lo relacionado con el principio de enfoque diferencial guarda una relación intrínseca
con la idea de equidad que emplea Dworkin (1981), en donde se tiene en cuenta la igualdad en
recursos materiales a la vez que la igualdad de oportunidad de acceso a los mismos. Esto
implica que la noción de equidad se asocie con la de igualdad a la vez que con el bienestar, tal
como lo estableció Aristóteles en su libro Moral a Nicómaco. Con respecto a la materia
específica a tratar, que son los derechos de las comunidades étnicas, el reconocimiento del
multiculturalismo y la diversidad en Colombia se llevó a cabo en pro de hacer efectiva dicha
equidad. Lo anterior guarda una relación cercana con la perspectiva de igualdad material que
emplea la Constitución Política Colombiana, en donde se parte de la diferencia para generar
justicia, con la finalidad de una distribución equitativa de recursos. (Arteaga, 2012, p. 19), lo
anterior observando que existen ciertos grupos que requieren de especial protección por su
histórica situación de discriminación y estado de vulnerabilidad, entre estos las comunidades
étnicas. Según la Corte Constitucional, en la Sentencia C-221 (1992), se predica la “identidad
entre iguales y la desigualdad entre desiguales”. Lo que concuerda directamente con una
concepción distributiva de la justicia (Rawls, 2002).
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A su vez, el principio de enfoque diferencial responde a la realidad de impacto diferencial
en diferentes grupos de personas por parte de la violencia (ACNUR, 2005). Respecto a la
población étnica se presenta un desafío especial de reconocimiento de su identidad posterior a
la vulneración de sus derechos (Naranjo, 2001).
Todo lo anterior es un avance significativo para la reparación de las víctimas de grupos
étnicos, sin embargo tiene problemas de eficacia, legitimidad que podrían hacer pensar que la
creación de decretos reguladores para comunidades especiales fueron expedidas únicamente
atendiendo el mandato legal de la ley 1448 de 2011 puesto que sin esta iniciativa este no
hubiera tenido vida jurídica.
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Metodología
La presente investigación es de tipo básica debido que se analizará de manera sistemática la
jurisprudencia, normas, doctrina e instrumentos internacionales el tema del enfoque
diferencial que debe ser aplicado en la medida de reparación de restitución de tierras en el
caso de las comunidades étnicas conforme a la ley 1448 de 2011 y exactamente en
comunidades indígenas con la creación del Decreto 4633. Lo anterior, con la finalidad de
lograr su comprensión y lectura hermenéutica mediante la construcción de un marco
interpretativo.
En la investigación que se pretende realizar, se utilizará el tipo de estudio jurídico-
descriptivo puesto que se pretende descomponer los elementos del principio de enfoque
diferencial establecido en la Ley 1448 de 2011 en cuanto a la restitución de tierras de las
comunidades étnicas para su satisfacción en la reparación. A su vez, este estudio se
complementará con un tipo de estudio jurídico-exploratorio, ya que este tipo de análisis abre
paso para que se lleven a cabo otras investigaciones que versen sobre la misma materia, en un
contexto de pensamiento de posconflicto como en el que se halla inmersa Colombia.
Para la presente investigación se aplicará el método analítico y de síntesis, toda vez que se
realizará la descomposición de los elementos del principio de enfoque diferencial bajo la
óptica de la necesidad de su aplicación respecto a las comunidades étnicas cuando se está
llevando a cabo la medida de reparación de restitución de tierras. Simultáneo a este, también
se empleará el método hermenéutico porque la idea final de esta investigación es producir un
marco interpretativo en el que se observe una interdisciplinariedad de las ciencias sociales en
torno al tema propuesto dentro de la óptica de justicia transicional y derechos de las víctimas.
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Resultados de la investigación
Existencia de un enfoque diferencial en la ley 1448 y decreto 4633 de 2011 regulador de
grupo étnicos indígenas.
La ley 1448 de 2011 más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras viene
siendo promocionada oficialmente como una de las demostraciones de “voluntad de paz” del
gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, pensada como mecanismo en la política
transicional que facilite el paso hacia un escenario de posconflicto, esta ley enuncia como
objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano
(después de que el gobierno antecesor negara su existencia por dos periodos consecutivos de
mandato) y de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no
repetición. Entonces, no sólo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto, y de sus
víctimas, sino que se pretende hacer realidad su reparación integral (Martínez, 2014).
Después de implementar una ley que pone a prueba la capacidad y voluntad no solo del
Estado, sino de toda la sociedad Colombiana, se dio paso a la creación de un marco jurídico
especifico en su condición de víctimas, y se expidieron los Decretos especiales con fuerza de
Ley, los cuales regulan la atención, asistencia, reparación y restitución de los grupos étnicos:
En nuestro estudio el decreto 4633 para Pueblos Indígenas.
Esta ley incluye tratamientos con enfoque diferencial en cuanto a la reparación de grupos
étnicos y para analizar ciertos puntos de la ley 1448 y decreto 4633 de 2011, primero
debemos analizar dicho concepto aplicado en este caso, lo cual es primordial para entender su
razón de ser.
La aplicación de enfoques diferenciales ya sea con relación a la edad, al género, a la etnia, a
las condiciones físicas o psicológicas y a la raza, responde a una necesidad de generar
espacios de igualdad a partir de las diferencias que históricamente se han tratado de manera
inequitativa por medio de la discriminación (Serrano, 2013, p. 37). De aquí se tiene que
ciertos pueblos y grupos tienen la necesidad de una atención diferenciada que tiene su
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fundamento en un estado de vulnerabilidad manifiesta o de inequidad y asimetrías de las
sociedades históricamente constituidas a las que pertenecen (ONU, 2013). Por lo tanto, un
enfoque diferencial se puede denominar como (Departamento Nacional de Planeación, 2012):
(…) “Un método de análisis, de actuación y de evaluación de la población, basado en la
protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de
equidad y diversidad”.
El concepto de enfoque diferencial tiene dos dimensiones: por una parte, una categoría de
análisis de las diferencias en una sociedad, por la otra la aplicación de formas de poder y sus
implicaciones en diferentes sectores de la sociedad. Se pretende que por medio de la
concepción de esta noción se parta del reconocimiento de las diferencias para buscar la
transformación o supresión de las inequidades, de la discriminación y exclusión social,
política y económica (Montealegre, 2012).Por su parte, la Corte Constitucional (2009)
establece que:
El enfoque diferencial involucra las condiciones y posiciones de los/las distintos/as
actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada grupo socioeconómico,
género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital –niñez,
juventud, adultez y vejez.
Todo lo anterior hace referencia que cuando se presenta un impacto diferente por parte de
ciertos fenómenos sociales, en este caso de la violencia, se hacen necesarios el entendimiento
y el tratamiento diferencial del mismo para no generar más desigualdad.
El Conpes sobre víctimas 3726 de 2012 establece como principio fundamental el enfoque
diferencial como sustento de los programas en favor de la restitución de los derechos de las
víctimas. Lo anterior implica por tanto un proceso de adecuación institucional y de diseño e
implementación de herramientas prácticas en las entidades del sector público para fortalecer
sus capacidades a fin de realizar el principio de diversidad étnica y cultural mediante la
incorporación de un enfoque que busque garantizar que todos los grupos étnicos tengan acceso
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a la oferta institucional adecuada y de calidad. (Contraloría General de la República,
Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, 2013)
Los grupos étnicos, son grupos que Según la RAE (2001), los define como: “Comunidad
humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”.
La Constitución Política de Colombia en diversos artículos establece un marco especial de
protección de los derechos de los grupos étnicos que consagra el principio de diversidad étnica
y cultura de la nación (art.7), reconoce la plurietnia y la multiculturalidad y encarna una
relación entre cultura, sociedad y política, incorpora la existencia de distintas culturas y
códigos morales en el seno de la sociedad actual, esto implica que estas comunidades tengan
derechos especiales debido a su identidad y cosmovisión (Corte Constitucional, 2011), el
multiculturalismo hace referencia tanto en la teoría como en la práctica, a la reivindicación de
un modelo de sociedad que se organice de manera coherente con el hecho de la existencia en
la sociedad de grupos humanos culturalmente diversos; tiene dos formas de verse, una en
cuanto exige la eliminación de discriminación social y política de aquellos grupos sociales que
presentan características distintas de las de la cultura dominante, y apoya los esfuerzos de esta
por mantener su identidad cultural; la segunda afirma y reivindica la significación de las
distintas identidades culturales, quiere garantizar la supervivencia de las distintas culturas
presentes en la sociedad pluralista, exigiendo el reconocimiento en la esfera pública de los
derechos colectivos de los distintos grupos étnicos y una amplia capacidad de
autodeterminación dentro de la sociedad (Badillo, 2013) de esta manera vemos que el objetivo
principal y la obligación del estado Colombiano es reconocer y garantizar los derechos de los
pueblos indígenas, derechos especiales que el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional mencionan y puede afirmarse que son: El derecho a la identidad de los
grupos étnicos, que es considerado como principal y tiene relación con el derecho a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad a tener un credo, cultura, creencia o
estilo de vida según le parezca a cada individuo, adicionando un factor importante que es la
ancestralidad y la historia que tiene como trasfondo estos grupos étnicos; El derecho al
territorio de los grupos étnicos, es de carácter colectivo, en ese sentido la Corte
Constitucional ha entendido que: “El grupo étnico requiere, para sobrevivir, del territorio
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sobre el cual se ha asentado”. (Corte Constitucional. Sentencia T-188 de 1993), además cabe
adherir a esto que la tierra para los grupos étnicos es la razón de vivir para ellos, no solo
porque allí en cierto territorio desarrollen su cultura, sino por la relación directa que estos
tiene con ella; Derecho a la autonomía de los grupos étnicos, debido a que gozan de una
autonomía propia, de una jurisdicción particular y una normatividad especifica que busca
proteger las creencia, juzgar bajo su propia ley dependiendo de su visión frente al mundo
(UNICEF, 2012); El derecho a la participación de los grupos étnicos, el derecho colectivo a
participar en los asuntos que los afectan adquiere el carácter de fundamental, puesto que se
encuentra en relación directa con el mantenimiento de la identidad étnica y cultural de los
mismos. Los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT establecen la obligación de los
gobiernos de garantizar el derecho a la participación de los pueblos indígenas y tribales en las
instituciones legislativos y administrativas y establece un mecanismo específico de
participación de los grupos étnicos: la consulta previa; El derecho al desarrollo propio de los
grupos étnicos está relacionado con la prospección de futuro que cada cultura se plantea a sí
misma. En este sentido los planes y programas formulados por los pueblos constituyen
elementos de la construcción y adecuación intercultural que el desarrollo nacional requiere.
Ahora bien la propia identidad, étnica, cultural, social y personal es indudablemente un
derecho y un bien primario constitutivo del sujeto humano como tal, el problema no solo es
que exista un reconocimiento de la identidad cultural, sino que se articule una política
concreta y efectiva de reconocimiento y promoción de la misma siempre que sus objetivos
sean congruentes con las exigencias de la política universalista(garantías de los derechos
fundamentales); la política del reconocimiento y la diferencia una vez obtenidos, han de dar
paso al completo proceso de aplicación del enfoque diferencial (Badillo, 2013).
Estos derechos nos marcaran un paso a seguir en la ley 1448 y el decreto 4633, porque las
garantías de estos derechos se deben ver reflejados además de estar en la norma, en la eficacia
y efectividad de dichas garantías por las instituciones gubernamentales y demás entes que
entran a jugar un rol para el cumplimiento de dichos retos para el estado.
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Legitimidad del Decreto 4633 del 2011 y Ley 1448 del 2011
Partiendo del derecho anteriormente mencionado por lo cual estos grupos en específico deben
participar en las decisiones que los afectan e influyen directamente, podríamos poner en duda
la legitimidad de esta ley (ONU. Alto Comisionado para la paz, 2013)
La regulación de la ley ha recibido algunos cuestionamientos acerca de la participación de las
víctimas y sus organizaciones y sobre su protección. Esta participación es una condición
esencial, desde el enfoque de los derechos humanos, para tener un proceso de reparación
legítimo, sustentable y efectivo.
La dirección de Justicia Transicional, muestra que garantizó la pluralidad al momento de
iniciar la participación y redacción del decreto 4633 de 2011, partiendo desde el 12 de agosto
de 2011, cuando el gobierno entrego un borrador único para los tres grupos étnicos, que fue
presentado a los representantes de cada etnia para iniciar una concertación y consulta;
siguiendo con el proceso reunió a los delegados, tanto del gobierno, como de las
organizaciones indígenas en la Mesa Permanente de Concertación los días 13 y 14 de
septiembre del mismo año, y fue así como del 3 de octubre al 12 de noviembre se realizaron
30 reuniones departamentales para adelantar el proceso de consulta, se realizan algunos
ajustes técnicos y el 9 de diciembre se sanciona el decreto ley (Ministerio de Justicia y del
derecho, 2013).
Dicho proceso se considera defectuoso puesto que 4 meses resultan escasos para lograr el
conocimiento y aceptación de estas comunidades, las consultas fueron rápidas, con
insuficiente información suministrada y la discusión de la legislación fue en una sola sesión y
con la participación de escasos grupos indígenas, no resulta suficiente tiempo para propiciar
una consulta adecuada con los representantes de las comunidades indígenas a nivel
departamental, regional, y municipal; cuando estas comunidades tienen el derecho legal de ser
consultadas sobre leyes que tengan impacto sobre sus derechos, de acuerdo con la legislación
nacional y tratados internacionales.
Como resultado, la legitimidad está poniendo en riesgo la habilidad de las comunidades
indígenas de acceso a sus derechos colectivos e individuales. Al ser implementada esta Ley, la
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comunidad internacional debe monitorear su participación en estos procesos, en aras de
asegurar que el gobierno Colombiano garantice el derecho al consentimiento previo, libre e
informado (Moro, 2012).
Es así como esta ley tiene problemas de legitimidad, puesto que si nos vamos a la realidad
las mesas de dialogo que se llevaron a cabo demuestran poca efectividad, porque no es posible
que una ley de este margen y afectación tan directa a estas comunidades se defina en tan corto
tiempo; la realidad es que las comunidades indígenas no vieron otra opción más que acogerse
a esta ley y aceptar de una u otra forma las condiciones en la que se hicieron estas consultas
porque no había otra salida, se puede concluir entonces que esto pudo haberse hecho en aras
del requisito de la aprobación de la ley 1448 de 2011 donde solo se buscaba el fin del
gobierno, mas no crear un verdadero enfoque diferencial para las víctimas en la normatividad,
para ser más claros estas leyes a pesar de que obliga a crearse instituciones para el enfoque
diferencial solo se limita a decir que las personas encargadas de esta labor deben estar
acompañadas por personas que representen la comunidad indígena. (ABCcolombia, 2012).
De la misma manera se identifica como grandes falencias, el régimen presupuestal
dispuesto para la implementación de la norma, la ineficiencia institucional, la lentitud en la
adopción de medidas y el desconocimiento del rango y contenido del Decreto ley. (ONIC,
2012).
La Autoridad Nacional de gobierno Indígena presentó a 2012 un informe, mostrando sus
desacuerdos o falencias que el decreto trae inmerso y que referenciamos asi:
Los Recursos y el Régimen Presupuestal para la Implementación de la Ley
En el artículo 19 de la ley 1448 de 2011 se establece la obligación de desarrollar un plan de
financiación para la misma mediante un documento CONPES, cuyo objetivo principal es
asegurar la sostenibilidad de la implementación de las medidas de ayuda humanitaria,
atención, asistencia, y reparación, se habla de la destacada elaboración de dos documentos
CONPES en los que se perfeccionara la financiación de la mencionada ley y se establecerían
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los lineamientos generales, el plan de ejecución de meta, presupuesto y mecanismos de
seguimiento para el Plan Nacional (Min. Justicia y el Derecho). A pesar de establecer en los
artículos 19 y 175 de la Ley 1448 de 2011 las disposiciones contenidas en el CONPES se
encuentra una carencia presupuestal, que no resulta suficiente, ni disponible para garantizar la
implementación de las medidas de reparación, atención, protección y restitución de los
derechos territoriales de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado.
De esta manera preocupa la inseguridad económica sobre la que se construye la política
pública debido a que la base para su formulación es la Ley 1448 de 2011 y no precisamente el
Decreto 4633 de 2011, lo cual genera desconfianza, puesto que los principios que rigen la
distribución son ajenos a las garantías establecidas en la norma consultada.
En lo concerniente a los decretos especiales con fuerza de ley para grupos étnicos no se
determinó el presupuesto que demandaría la implementación efectiva de los compromisos
establecidos en estas disposiciones legales, sabiendo que es un grupo humano vulnerable entre
el universo de Victimas del país (Corte Constitucional); el presupuesto asignado en materia de
salud, educación, y proyectos productivos, se encuentra discriminado, sin embargo, en el caso
de reparación integral, no hay un estudio con argumentos técnicos que de una asignación
presupuestal al tema de reparación y atención a víctimas. (Comisión de seguimiento de
organismos de control, 2013).
Asimismo, el presupuesto destinado para las reparaciones colectivas constituye el 0,72% de
los 54.903 miles de millones de pesos destinados para la política contenida en la ley 1448 de
2011, sin distinción de lo correspondiente para las poblaciones afrocolombianas, raizales,
negras. Ello se traduce que el Gobierno nacional está destinando menos del 0,5% para detener
el genocidio indígena y el exterminio cultural en el Estado social de derecho. Frente a las
demás distribuciones presupuestales no se constata los rubros que garantizarán la ejecución de
las medidas para los pueblos indígenas. (ONIC, 2012).
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Ineficiencia en el Funcionamiento de las Instituciones creadas por la Ley
Tanto la Ley 1448 como el Decreto ley 4633 de 2011 proponen una institucionalidad fuerte y
complementaria la una de la otra, garantizando la ejecución de las medidas diferenciales y
culturales, que permitan garantizar la estabilidad y reducir las brechas de desigualdad social.
No obstante, se observa que luego de seis meses de creación de la norma debió verse un
fortalecimiento en las instituciones, coherente, articuladas y con claridad en sus objetivos y
metas, el Estado ofrece unas instituciones frágiles, desubicadas, fragmentadas y con poca
celeridad en la toma de decisiones – aspecto que es evidente en los informes, reuniones y
diálogos sostenidos con el Gobierno Nacional-. (ONIC, 2012)
Factores como la falta de información y articulación de las instituciones creadas tanto a nivel
central, como a las entidades territoriales ha generado desorientación y desconocimiento de
la normatividad vigente, demostrando incapacidad e ineficiencia al momento de implementar
las medidas necesarias para enfrentar la violencia a la que están expuestas las comunidades,
pueblos y organizaciones indígenas por la carencia de una institucionalidad clara y coherente
que muestre su importancia y contenido.
En veintisiete (27) departamentos no se tiene en cuenta este tipo de atención y, en los tres (3)
restantes se manifiesta que en pocos casos se aplica parcialmente el enfoque diferencial. Las
observaciones indican que en la mayoría de entidades locales no se tiene conocimiento sobre
esta normatividad especial. (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y
Procuraduría General de la Nación, 2013), se evidencia que los esfuerzos, tanto para difundir
como para capacitar, son aislados y no forman parte de la política de difusión ni del trabajo
asignado a cada una de las entidades que hacen partes del Sistema Nacional para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas (SNARIV), por lo que las entidades continúan actuando en
el marco de la ley 1448 de 2011 y desconocen o apartan el tratamiento especial que contempla
el decreto ley en cuanto al enfoque diferencial. Lo anterior implica por tanto un proceso de
adecuación institucional y de diseño e implementación de herramientas prácticas en las
entidades del sector público para fortalecer sus capacidades a fin de realizar el principio de
21
diversidad étnica y cultural mediante la incorporación de un enfoque que busque garantizar
que todos los grupos étnicos tengan acceso a la oferta institucional adecuada y de calidad.
Implementación de Medidas
Según el CONPES referenciado, el objetivo trazado únicamente para las reparaciones
colectivas en 2012 es de 11 planes de reparación, estimando que para 2021 se logren 417
planes, lo anterior sin hacer distinción étnica de los indicadores propuestos.
A simple vista se hace notoria que las metas trazadas para 2012 son inalcanzables. Es
imposible lograrlas si las disposiciones contempladas en la normatividad, que tenían fechas
perentorias para su adopción, no han podido ser concertadas. Por ejemplo, los criterios para la
ayuda humanitaria de las víctimas indígenas debían estar acordadas para el 9 de marzo de
2012, la ruta de atención en salud para las víctimas fijado desde el 9 de abril y el plan de
contingencia de protección territorial a cargo del INCODER debía estar concertado el 9 de
junio del mismo año, sin que a la fecha se tenga noticia del avance de una propuesta inicial.
(ONIC, 2012).
Difusión e Implantación de la Norma
La Dirección de Justicia Transicional, puso en marcha un sistema de información unificado
apoyándose en la redacción de artículos, informes, estudios y ensayos, que están empezando a
ganar reconocimiento dentro de la creación de textos especializados en temas de Justicia
Transicional, de la misma manera se apoya en los medios de comunicación y plataformas
electrónicas , programas de televisión, información y prensa que contribuyen a posicionar el
trabajo del Ministerio de Justicia y el Derecho como uno de los más relevantes por su apuesta
a la reparación integral de víctimas del conflicto armado y la búsqueda de la paz (Ministerio
de Justicia y Paz, 2012)
Uno de los principios que fundamenta el decreto ley es su socialización y difusión entre los
pueblos indígenas. Esto significa que la socialización de la ley y el decreto debe ser conocido
22
principalmente por sus beneficiarios que son a las personas a las que les interesa.; cuando la
realidad muestra que las victimas de comunidades indígenas no tienen conocimiento de sus
derechos ni de las medidas existentes para su protección y reparación, no conocen el
contenido de la norma por lo cual no pueden llegar a exigirla ni podrán recibir la atención por
parte del Estado.
Se agrega a esto que el desconocimiento también tiene que ver con que los indígenas no
entienden el castellano, de tal forma, que no pueden apropiarse del contenido de la ley en su
propio idioma y no cuentan con instrumentos que le sean útiles para su traducción y
comprensión, por cuanto es necesario fortalecer la divulgación no solo a la comunidad en
general sino a la personas a las cuales la normatividad protege adecuando estrategias que
permitan su difusión con particularidades lingüísticas.
Violaciones contra Pueblos Indígenas en el año 2012
En lo que va corrido del año 2012, las violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH perpetradas contra pueblos indígenas, mantienen los índices de los años anteriores; lo que
indica, que no hay perspectivas de que la situación humanitaria mejore. En el período que
comprende enero a mayo de 2012, se han presentado 24 homicidios cometidos contra
integrantes de Pueblos Indígenas, entre los cuales se cuenta el asesinato a lideresas,
autoridades, niños y niñas y masacres contra comunidades.
Hasta mayo de 2012 se registran en el Sistema de Información de la ONIC 14 eventos de
desplazamiento masivo y multifamiliar de pueblos indígenas en todo el territorio nacional. En
consonancia con la información reportada para este corte, se habían desplazado de manera
masiva 2.967 personas y 680 familias pertenecientes a comunidades indígenas, como
consecuencia de combates entre la fuerza pública y grupos armados insurgentes, acciones
violentas por parte de grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de
MAP/MUSE, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas.
23
Igualmente, se reporta que hasta la fecha, la inseguridad alimentaria ha dejado veintiocho (28)
menores de edad muertos a causa de enfermedades respiratorias, diarrea o falta de atención
médica oportuna e integral. (ONIC, 2012)
Lo anterior muestra que a pesar de la vigencia del Decreto Ley 4633 de 2011, la concertación
del Programa de Garantías ordenado por la Corte Constitucional en auto 004 de 2009, planes
de salvaguarda étnica, medidas cautelares otorgadas por la CIDH, recomendaciones de
organismos internacionales, siguen sin tener efecto, las victimas requieren más que un
instrumento de reparación, requieren hechos; hasta cuando el Estado seguirá permitiendo el
genocidio Indígena, no se han fundado verdaderos esfuerzos para detener el riesgo de
exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas a causa del conflicto armado.
Restricción en los Mecanismos de Participación de las Víctimas
La resolución 0388 de mayo de 2011, reglamentó los mecanismos de participación de las
víctimas en el SNARIV, además en su artículo 26 postergó 10 meses más la concertación de
los mecanismos de participación de las víctimas, con lo cual está obstaculizando la
participación de las comunidades indígenas y se están restringiendo los derechos, medidas, y
acciones que incluye la política pública en materia de atención y reparación, por lo cual se
constata que no hay una adecuación para la garantía de derechos de registro, participación,
ayuda humanitaria y atención con enfoque diferencial, las entidades como el SNARIV no
cuenta con un personal suficiente cualificado y de dedicación exclusiva que responda a las
demandas de atención de los grupos étnicos a nivel territorial. (Contraloría General de la
Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, 2013).
De esta manera la Contraloría espera contribuir a que las entidades del SNARIV coadyuven
en forma efectiva para que las víctimas asuman cada día más su papel de ciudadanos
conocedores de sus derechos y dispuestos a exigirlos por las vías que el Estado ha dispuesto
para ello y que, en buena parte, son resultado de la acción de grupos de víctimas y
organizaciones que las representan.
La Constitución establece el derecho a la participación como un fin al que el Estado debe no
solo permitirla sino que debe facilitarla, lo cual implica acciones positivas para su realización.
24
Siendo además que es un fin esencial de Estado, éste debe además garantizarla, con acciones
positivas para que efectivamente sus asociados puedan ejercerla.
La Sentencia T-025 de 2004 ordena a la Red de Solidaridad Social “ofrecer a las
organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades para participar de
manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen, lo cual debe entenderse como
una orden no solo para aceptar la participación sino para desarrollar acciones que la faciliten.
Existen unos autos dictados por la Corte Constitucional en seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004, como el Auto 050/0 en donde la Corte le exige a la Red de Solidaridad Social que
para la caracterización de las necesidades socioeconómicas de la población desplazada y
victimas de conflicto, convoque a las organizaciones no gubernamentales y a representantes
de la población desplazada para que participen de manera amplia, oportuna y efectiva en el
proceso, en el Auto 334/06,se ordena adoptar y aplicar prontamente, una estrategia que
garantice la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de los mismos en el
ámbito territorial. (Contraloría General de la Nación, 2013).
Componentes especiales en el registro de víctimas y toma de Declaraciones
Actualmente no se cuenta con un procedimiento de registro colectivo de comunidades étnicas
ni tampoco con un registro de territorios colectivos afectados por el conflicto y objeto de
restitución. Teniendo en cuenta que el registro es la puerta de entrada administrativa a los
procesos de reparación, la inexistencia de estos procedimientos respectivamente adecuados
son graves falencias de la UAERIV y la UAGRTD, entidades que son responsables de la
debida implementación de estos mecanismos, violándose así el derecho de las comunidades a
ser sujetos de las medidas de asistencia, atención y reparación. (Contraloría General de la
Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría general de la Nación, 2013). Las bases de
datos y en general todos los sistemas de información deben contar con datos específicos
información de las víctimas, las circunstancias de tiempo y lugar, los vínculos con otras
personas en comunidad y factores que ayuden a lograr la asistencia y que permitan conocer los
hechos ocurridos.
De acuerdo con los Decretos Ley de Víctimas, el RUV debe tener un componente étnico
especial, es decir, un procedimiento diferenciado para estos grupos y comunidades, donde se
indiquen, además de su pertenencia étnica, las violaciones a las víctimas y comunidades, su
25
ubicación y las variables de caracterización de daños y afectaciones étnico-territoriales; La
inexistencia de un procedimiento diferenciado de registro no sólo plantea un problema de
incumplimiento normativo, sino que, no permite contar con información suficiente y
especializada sobre las víctimas de grupos étnicos registradas en el RUV y, por otra parte, va
en detrimento del derecho a un tratamiento acorde a las características sociales y culturales
particulares de esta población.
Existen barreras que impiden la declaración de víctimas, no hay una estrategia para la toma de
declaraciones ni tampoco para la prestación de asistencia, las víctimas tienen que acercarse al
ministerio público para declarar y hacer valer sus derechos, agregando que se encuentran en
territorios alejados de las cabeceras municipales y que factores como transporte, recursos
económicos y barreras lingüísticas juegan un papel limitante para el proceso de declaración,
es recomendable que las instituciones encargadas cuenten con equipos y personal capacitados
que se encarguen de materializar sus derechos y peticiones y que ayuden en la celeridad de los
procesos puesto que el trámite para declaraciones está recayendo de manera desproporcionada
sobre las víctimas.
Por otro lado, pese a que la ONIC desde hace varios años cuenta con una base de datos sobre
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas contra pueblos
indígenas y esta fue mejorada en el año 2011, persiste un problema de subregistro de la
información porque la única forma de cubrir de manera adecuada el registro de todo el
territorio nacional, es mediante el apoyo a las organizaciones indígenas regionales, las cuales
en su mayoría, a la fecha, no realizan actividades de recolección de información por falta de
competencias técnicas y de personal. (ONIC, 2012)
Reparaciones Individuales y Colectivas para Comunidades Étnicas
La ley de víctimas y restitución de tierras busca reparar integralmente a las personas que han
sufrido a causa del conflicto armado, resarcir los daños que les ocasionaron y compensarlos
por el menos cabo de los derechos que perdieron (UAERIV).
Respecto a reparaciones individuales a víctimas pertenecientes a comunidades indígenas son
pocos los avances en materia de diseño, implementación, ejecución de medidas de
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición al ser sometidas a la
ruta de la ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta el enfoque diferencial y el respeto por el
26
derecho propio, la igualdad material y la garantía de continuidad física y cultural de las
comunidad dejando a un lado los derechos consagrados en los referidos decretos ley que
establecen que las víctimas deben ser reparadas de manera adecuada, transformadora,
diferenciada y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de los hechos
victimizantes.
A diferencia del ingreso de las víctimas individualmente consideradas al RUV, que pueden en
cualquier momento solicitar su inclusión en este registro, la UEARIV hasta el momento
realiza el ingreso de sujetos colectivos al registro, sólo mediante el mecanismo de oferta, en el
cual la identificación de los sujetos de reparación colectiva depende de la decisión del
Gobierno Nacional. Por otra parte, las comunidades que solicitan su ingreso al RUV no están
en funcionamiento, debido a que a la fecha la UEARIV no ha implementado el formato
especial para tales efectos, el cual debe ser utilizado por el Ministerio Público para la toma de
las declaraciones. Dicha omisión implica una vulneración del derecho a la igualdad de los
grupos étnicos, en particular, en el ejercicio de su derecho a la reparación colectiva.
(Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la
Nación, 2013).
Los escasos avances en los procesos de reparación y más específicamente la ausencia de
planes integrales de reparación colectiva formulados para comunidades étnicas, permite
concluir un evidente incumplimiento del Estado frente a su deber de reparación de los daños,
afectaciones y vulneraciones de estas comunidades.
Retraso en materia de Restitución de Territorios Colectivos
La ley 975 de 2005 creo las comisiones regionales de restitución de bienes con el objetivo de
propiciar los trámites relacionados con reclamaciones de propiedad y tenencia de bienes bajo
la coordinación y orientación de la comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR),
contaban con 12 comisiones regionales y con un grupo de 25 abogados para respaldar el
objeto del proyecto de restitución y protección de tierras, en la cual se establecieron 3.600
casos de procesos de restitución integral, con una meta superada a 3695 solicitudes
sustanciales acompañadas y depuradas. Tras la sanción de la ley 1448 se estableció en su
artículo 208 que se derogaba expresamente la vigencia de las comisiones regionales de
27
restitución de bienes y se ofició la transferencia de toda documentación y el trámite hasta el
punto en que se había adelantado. (Ministerio de Justicia, 2012).Ante la entrada en vigencia de
la ley de Victimas y Restitución de Tierras la Dirección de Justicia Transicional entro a
conformar, en representación del Ministerio de Justicia y el Derecho, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD).
La gestión de la UAEGRTD se ha visto afectada por el tema de falta de condiciones de
seguridad en los territorios, lo que se traduce en un retraso en el inicio de los procesos a cargo
de esa entidad, en la fase administrativa y en el cumplimiento de las metas establecidas para
solicitar medidas cautelares en favor de territorios étnicos y el cumplimiento de las que se han
ordenado por los jueces de restitución de tierras, desde mayo de 2012 el país cuenta con 24
jueces civiles del circuito especial en restitución de tierras.
Actualmente no se han realizados las caracterizaciones de daños y afectaciones territoriales
para dar inicio a los procesos de restitución y en lo único que se han basado es en darle un
ajuste salarial a los jueces de restitución de tierras en razón a su situación excepcional de
riesgo. Es necesario un compromiso real del Gobierno Nacional para proveer los medios y
recursos necesarios que garanticen la seguridad y que se desarrollen las medidas de
prevención y protección, debido a que se advierten graves afectaciones a los derechos
colectivos territoriales, asociados a proyectos mineros y agroindustriales. Los cuales podrían ir
en contravía de la protección y garantía de los DDHH en las comunidades.
28
Conclusiones
Como conclusión principal se encuentra, que si bien la ley 1448 de 2011 expone un enfoque
diferencial el cual abarca los grupos étnicos, este no cumple con un marco de protección
integral para esta comunidad, ya que en el contexto social actual siguen existiendo focos de
discriminación. Es por tanto importante la aplicación de una igualdad material, además de la
creación y efectiva de aplicación de medidas de reparación integral. El sistema que la ley 1448
y el decreto 4633 de 2011 implementaron deja al descubierto que no cuenta con una
adecuación institucional capaz de brindar atención a las víctimas y aplicar el enfoque
diferencial del cual se habla, es así como todos aquellos factores socioculturales y
psicológicos son una condición innegable dentro del enfoque diferencial en el marco de la ley
y los cuales a su vez terminan convirtiéndose en el riesgo de ser olvidados y desmaterializados
por una ley que no contemplo al momento del planteamiento la cosmovisión, autonomía,
identidad, y participación social de las comunidades.
Ahora bien, en lo que concierne a las culturas étnicas en el conflicto armado, a parte de sus
identidad cultural, es necesario que se tome en cuenta el valor que estas personas tiene sobre
la tierra o también llamada “pacha mama”, debido a que estos están siendo estos re
victimizados a la hora del desarraigo no solamente del territorio como una extensión de la
ubicación geográfica y de habitación, sino más allá de la apropiación, del sentir, del saber y
del vivir de su realidad, vulnerando toda forma de hacer cumplir y ejercer su participación y
goce pleno de sus derechos, con la tendencia de acrecentar los estigmas y formas de
discriminación, exclusión y perdida de su identidad lo cual requiere que dentro de los planes
de restitución de tierras se tenga en cuenta este carácter como una medida especial que el
Estado pueda tomar a la hora de abordar la problemática.
Así mismo, se hace necesaria la capacitación de personal Estatal que acoja la contingencia
originada a causa del conflicto armado interno y que permea a la sociedad indígena, como los
desplazamientos masivos, la violencia sexual, desnaturalización de su cultura y demás, y que
de esta manera sepan abordar el tema y estén actualizados en la normatividad y en los
programas de reparación integral a las víctimas, debido a que ni las personas que están a cargo
29
de llevar a cabo estos proyectos que el Estado pone al servicio de las comunidades están
totalmente capacitados en el tratamiento que se debe dar a este tipo grupos ancestrales.
Se parte de que toda violación genera efectos psicológicos al individuo, ataques a la
dignidad humana, destrucción de sus lazos de afinidad desde lo social, y de una
deslegitimación del Estado, los ámbitos psicológicos sociales y políticos deben ir ligados a la
hora de abordar esta problemática y son un factor fundamental que se debe aplicar siendo la
forma entonces de lograr transformar la realidad, partiendo de la participación social para la
creación de su propio marco de derechos y experiencias culturales, respetando su forma de
ver, entender y hacer presencia en el mundo, su comunidad y su propia experiencia de vida
como sujetos sociales de derechos.
30
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