EL ECONOMISTA - HP 537

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MIéRCOLES 7 de octubre del 2015 Nº 6854 $10 eleconomista.mx UNA SELECCIóN DE Elizabeth Albarrán EL ECONOMISTA SI BIEN la reforma fiscal ha brinda- do beneficios al erario público ante la falta de ingresos petroleros, aún se percibe un bajo desempeño por par- te de la Recaudación Federal Partici- pable (RFP), coincidieron expertos. Datos de la Secretaría de Hacien- da y Crédito Público (SHCP) mues- tran que de enero a agosto de este año, el Fondo de Fiscalización y Re- caudación tuvo una disminución de 9.8% respecto del mismo periodo pero del 2014, y significó su octava caída consecutiva. Kristobal Meléndez, investigador de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Pre- supuestaria (CIEP), explica que es- te fondo es una especie de comisión DE LOS RECURSOS QUE RECIBEN, 82% LO OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL Estados: poco interés por recaudar más Poder insustancial PERUJO Baja California Sur, Colima y Tlaxcala reciben menores recursos del erario. que reciben los estados por ayudar al gobierno a recaudar más. “Los estados reciben 1.25% del RFP, que es un monto elevado, pues las entidades no se esfuerzan para recaudar más. A nivel nacional, 82% de los recursos que reciben los esta- dos son provenientes del gobierno federal por participaciones y apor- taciones locales”. El principal problema de los esta- dos es que al tener una alta depen- dencia del gobierno federal, se es- fuerzan menos para incrementar la recaudación. David Colmenares, ex titular de la Unidad de Coordinación con En- tidades Federativas (UCEF) de Ha- cienda, dijo que en la reforma fiscal faltó más disciplina en los estados y municipios, sólo recaudan 10% del gasto que realizan. Ambos analis- El Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Sonora reciben más ingresos de la Federación por tratar de tener una recaudación en constante crecimiento tas coinciden en que si se cobrara de manera adecuada el predial y el su- ministro del agua, las entidades fe- derativas podrían contribuir más al erario público. Estadísticas de la SHCP deta- llan que Baja California Sur, Coli- ma, Tlaxcala y Yucatán son algunos de los estados que menores recur- sos reciben del Fondo de Fiscaliza- ción y Recaudación en constante crecimiento. En contraste, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Sonora re- ciben más recursos por tratar de te- ner una recaudación mayor. Para incrementar la base recau- datoria estatal es necesario eliminar las exenciones y actualizar la base de datos de posibles contribuyen- tes locales. [email protected] IP, preocupada por la desconfianza judicial Lilia González EL ECONOMISTA EL CLIMA de debilidad institucional y de desconfianza que prevalece en la justicia mexicana preocupa al sec- tor patronal del país, porque asegu- ran que tiene impacto negativo so- bre el crecimiento de las empresas y la actividad económica, consideró Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la Re- pública Mexicana (Coparmex). “En México necesitamos que el imperio de la ley prevalezca en todos los municipios; en cada rincón, lo- calidad por localidad, que exista una real división de poderes en todos los estados, una eficaz y oportuna ren- dición de cuentas, y un sistema na- cional que nos permita sancionar los actos de corrupción. Requerimos un Poder Judicial sin asomo de duda y un mejor control parlamentario”, demandó. Afirmó que la debilidad de las ins- tituciones y la falta de confianza en la justicia y en las autoridades en- cargadas de velar por la conviven- cia pacífica tienen un claro impacto en el desarrollo económico de nues- tro país. Exhortó a los legisladores a colo- car el combate a la corrupción como prioridad en la agenda nacional. [email protected] Combate a la corrupción es la prioridad: Coparmex foto archivo ee

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Estados: poco interés por recaudar más

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miércoles 7 de octubre del 2015 Nº 6854 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Elizabeth Albarránel economista

Si bien la reforma fiscal ha brinda-do beneficios al erario público ante la falta de ingresos petroleros, aún se percibe un bajo desempeño por par-te de la Recaudación Federal Partici-pable (RFP), coincidieron expertos.

Datos de la Secretaría de Hacien-da y Crédito Público (SHCP) mues-

tran que de enero a agosto de este año, el Fondo de Fiscalización y Re-caudación tuvo una disminución de 9.8% respecto del mismo periodo pero del 2014, y significó su octava caída consecutiva.

Kristobal Meléndez, investigador de cuentas subnacionales del Centro de investigación económica y Pre-supuestaria (CieP), explica que es-te fondo es una especie de comisión

DE LOS RECURSOS QUE RECIBEN, 82% LO OtORga EL gOBIERNO FEDERaL

Estados: poco interés por recaudar más

Poder insustancial P E R U J O

Baja California Sur, Colima y tlaxcala reciben menores recursos del erario.

que reciben los estados por ayudar al gobierno a recaudar más.

“Los estados reciben 1.25% del RFP, que es un monto elevado, pues las entidades no se esfuerzan para recaudar más. A nivel nacional, 82% de los recursos que reciben los esta-dos son provenientes del gobierno federal por participaciones y apor-taciones locales”.

el principal problema de los esta-dos es que al tener una alta depen-dencia del gobierno federal, se es-fuerzan menos para incrementar la recaudación.

David Colmenares, ex titular de la Unidad de Coordinación con en-tidades Federativas (UCeF) de Ha-cienda, dijo que en la reforma fiscal faltó más disciplina en los estados y municipios, sólo recaudan 10% del gasto que realizan. Ambos analis-

El Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Sonora reciben más ingresos de la Federación por tratar de tener una recaudación en constante crecimiento

tas coinciden en que si se cobrara de manera adecuada el predial y el su-ministro del agua, las entidades fe-derativas podrían contribuir más al erario público.

estadísticas de la SHCP deta-llan que baja California Sur, Coli-ma, Tlaxcala y Yucatán son algunos de los estados que menores recur-sos reciben del Fondo de Fiscaliza-ción y Recaudación en constante crecimiento.

en contraste, el estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Sonora re-ciben más recursos por tratar de te-ner una recaudación mayor.

Para incrementar la base recau-datoria estatal es necesario eliminar las exenciones y actualizar la base de datos de posibles contribuyen-tes locales.

[email protected]

iP, preocupada por la desconfianza judicial

Lilia Gonzálezel economista

eL CLiMA de debilidad institucional y de desconfianza que prevalece en la justicia mexicana preocupa al sec-tor patronal del país, porque asegu-ran que tiene impacto negativo so-bre el crecimiento de las empresas y la actividad económica, consideró Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la Re-pública Mexicana (Coparmex).

“en México necesitamos que el imperio de la ley prevalezca en todos los municipios; en cada rincón, lo-calidad por localidad, que exista una real división de poderes en todos los

estados, una eficaz y oportuna ren-dición de cuentas, y un sistema na-cional que nos permita sancionar los actos de corrupción. Requerimos un Poder Judicial sin asomo de duda y un mejor control parlamentario”, demandó.

Afirmó que la debilidad de las ins-tituciones y la falta de confianza en la justicia y en las autoridades en-cargadas de velar por la conviven-cia pacífica tienen un claro impacto en el desarrollo económico de nues-tro país.

exhortó a los legisladores a colo-car el combate a la corrupción como prioridad en la agenda nacional.

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Combate a la corrupción es la prioridad: Coparmex

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Dos organismos públicos aparecen como demandantes

Hay 4,372 acreedores en caso Ficrea

Las afectadas son inmobiliarias, promotoras de inversión, cooperativas de ahorro y otras entidades.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre [email protected]

Oaxacañerías

a lejandro Murat nació en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Actualmente está al frente del Infonavit, pero aspi-

ra a ser gobernador de Oaxaca. Podrá serlo si cumple con los requisitos legales.

Por diseño constitucional, se estipula que pue-den aspirar a la candidatura aquellos ciudadanos nativos de la entidad o con una residencia efec-tiva no menor a cinco años inmediatamente an-teriores al día de los comicios. Ayer, el pleno de la Suprema Corte terminó de conocer el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el Decreto 1,263 expedido por el Congre-so de Oaxaca.

Los ministros determinaron la invalidez de las modificaciones hechas por los legisladores oaxa-queños el pasado 30 de junio. La polémica se ha centró en la impugnación de la fracción primera del artículo 68, que reducía la residencia de cinco a tres años, para los aspirantes a la gubernatura.

El denuedo de los diputados oaxaqueños por modificar los requisitos de elegibilidad resultó in-fructuoso. Y ahora —de acuerdo a las huestes mu-ratistas— además resulta que el director general del Infonavit, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, no era el destinatario de esa reforma fast track.

Y por el contrario, la SCJN abonó a favor de las aspiraciones político-electorales del funciona-rio peñista. “Indirectamente, la sala superior (sic) protegió sus derechos”, dice una nota informati-va que circuló profusamente, poco después de la resolución judicial, “el licenciado Murat Hinojosa es nativo y por tal razón no necesita tener o acre-ditar alguna residencia para ser electo gobernador del estado”, agrega.

Casi simultáneamente, en las redes sociales comenzó a circular copia del acta del Registro Ci-vil en la que consta que Murat Hinojosa nació en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 4 de agosto de 1975. Sus padres, José Murat —origina-rio de Ixtepec, Oaxaca,— y María Guadalupe Hi-nojosa, nacida en el DF, acudieron ante Saúl Rubio Zavala, oficial del Registro Civil de ese municipio mexiquense, para presentar al menor, seis me-ses después.

El director del Infonavit —insisten sus defen-sores— acreditará que es ciudadano de Oaxaca. Ese estatus, de acuerdo al artículo 21 de la Consti-tución local, se otorga a quienes hayan nacido en su territorio; sean hijos de padre o madre oaxa-queños, y quienes teniendo una residencia míni-ma de cinco años en la entidad, deseen ser consi-derados como tales.

Los muratistas —de viejo y de nuevo cuño— apelan a los antecedentes locales. Y pregonan que el actual gobernador, Gabino Cué Monteagudo, nació en la ciudad de México, y es de padres oa-xaqueños. Su jefe, el ex gobernador Diódoro Ca-rrasco Altamirano, nació en Puebla, aunque su padre es oaxaqueño. Y el ex gobernador interino, Jesús Martínez Álvarez, jalisciense, fue goberna-dor interino.

¿Habrá funcionado el cabildeo que el ex gober-

nador José Murat Casab realizó con los ministros de la Suprema Corte? Cercanos al padre del direc-tor del Infonavit incluso esgrimen razones más poderosas: si quisieran frustrar sus aspiraciones político-electorales por razones de oriundez, in-vocaría el principio pro persona. ¿La CNDH resol-vería este entuerto?

Mientras el pleno de ministros resolvía la constitucionalidad de la reforma electoral de Oaxaca, los aspirantes priístas a la candidatura seguían con su descarado proselitismo. Allí está, por ejemplo, la gira realizada el pasado fin de se-mana por el director de Liconsa, Héctor Pablo Ra-mírez Puga, por localidades de la Sierra Sur, Mix-teca y Valles Centrales.

Los precandidatos priístas, en pie de guerra… con la tolerancia absoluta del delegado del CEN priísta, Fidel Herrera Beltrán —compadre de Jo-sé Murat Casab— quien fue designado por el an-terior presidente nacional del tricolor, César Ca-macho Quiroz, y espera la ratificación de Manlio Fabio Beltrones.

La SCJN resolvió invalidar la legislación secun-daria de la reforma política-electoral de Oaxaca. Agotado el plazo constitucional, las viejas reglas locales quedaron vigentes para el proceso electo-ral que comienza este jueves 8.

¿Y los consejeros electorales? El OPLE aca-ba de organizar la consulta pública sobre la cons-trucción del nuevo Centro de Convenciones, que la administración de Gabino Cué pretende erigir en el Cerro del Fortín, no obstante la oposición de pobladores de la ciudad, encabezados por el pin-tor Francisco Toledo. La validez de ese ejercicio —que se organizó en apenas dos semanas— está en duda, pues el reglamento de la ley estatal de par-ticipación ciudadana no ha sido expedido por el Congreso.

E F E C T O S S E C U N DA R I O SDEMÉRITOS. El doctor Enrique Luis Graue Wiechers quiere formar parte del selecto gru-po de médicos que han llegado a la Rectoría de la UNAM. Sin embargo, muchos dudan que el di-rector de la Facultad de Medicina participe en este proceso. Y es que el destacado oftalmólogo

—con cuatro décadas como profesor universita-rio—nunca ha tenido plaza definitiva y, por en-de, no ha podido acceder al Sistema Nacional de Investigadores. ¿De plano?

AMAGOS. Volvieron los anónimos al ISSSTE. Un nuevo mensaje de @guardianissste convo-ca a los trabajadores de esa institución a un pa-ro nacional dentro de dos semanas, que po-dría evitarse si el gobierno federal cumple con un pliego de peticiones que incluye: la destitu-ción inmediata de Roberto Baños Tapia, direc-tor del Hospital López Mateos, y de Elsa Caroli-na Rojas Ortiz, titular de la Delegación Poniente; la exculpación de los paramédicos, enferme-ras y doctores que atendieron a Sebastián Lerdo de Tejada antes de que se decretara su deceso, y la renuncia de José Reyes Baeza, “por su poco o nulo compromiso con los trabajadores”. ¡Órale!

Lilia GómezEL ECOnOMiSTA

LA SENTENCIA de quiebra de Ficrea, dada a co-nocer el pasado 5 de octubre y que forma par-te del concurso mercantil de esta sociedad, con-tiene una lista de 4,372 acreedores de la entidad, entre los que destacan Banco Santander, como fiduciario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y Banco Multiva, que invirtió recursos públicos del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OA-PAS) de Naucalpan en esta financiera popular.

De acuerdo con la lista, que no es definitiva pues se tienen que reconocer más acreedores, Fi-crea le debe a Banco Santander, que es fiduciario del TSJDF, 110 millones 675,973 pesos; mientras que al Banco Multiva, 60 millones 899,818 pe-sos, que son propiedad del Organismo de Agua de Naucalpan.

Estos dos adeudos son los dos más grandes que se encuentran en esta primera lista, por lo que no aparecen los 125 millones 600,000 pesos que el Tribunal de Justicia Superior de Coahui-la afirma invirtió en Ficrea. Ni siquiera hay una cantidad similar correspondiente a un acree-dor que pudiera indicar que esta inversión se realizó por medio de una persona física u otro organismo.

De acuerdo con la Comisión Nacional Banca-ria y de Valores (CNBV), Ficrea era una entidad que por ser sofipo tenía prohibido por ley captar recursos de organismos gubernamentales.

Dentro de la lista aparecen como acreedores empresas relacionadas con Ficrea, inmobiliarias, sociedades financieras de objeto múltiple (sofo-mes), promotoras de inversión y hasta coopera-tivas de ahorro y préstamo (socap).

En el listado están Baus and Jackam y Lead-man Trade, empresas por las cuales Ficrea trian-guló los recursos de los ahorradores y a las que se les debe 36 millones 471,513 y 17 millones, 212,509 pesos respectivamente.

Por el momento, Ficrea cuenta con 627 millo-nes 984,118 pesos en activos líquidos para pagar; es decir, 11.30% de los 5,556 millones 509,708 pesos que adeuda y pagará a sus acreedores.

lgonzalez @eleconomista.com.mx

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