EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA...2 EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA CATALINA ROBLEDO RAMIREZ...
96
EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA CATALINA ROBLEDO RAMIREZ CAROLINA SERRANO RINCON PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO SANTAFE DE BOGOTA D.C 1999
Transcript of EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA...2 EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA CATALINA ROBLEDO RAMIREZ...
EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA
CATALINA ROBLEDO RAMIREZ
CAROLINA SERRANO RINCON
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO
SANTAFE DE BOGOTA D.C
1999
2
EL DIH Y SU APLICACION EN COLOMBIA
CATALINA ROBLEDO RAMIREZ
CAROLINA SERRANO RINCON
TRABAJO DE GRADO
Director
DOCTOR MARIO GOMEZ JIMENEZ
Abogado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO
SANTAFE DE BOGOTA, D.C
1999
3
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 5
1. ANTECEDENTES 9
1.1 Concepto, Origen y Desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario, DIH 9
1.2 Relación entre el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, DIDH, y el Derecho Internacional Humanitario, DIH 12
1.3 Diferencias entre el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, DIDH, y el Derecho Internacional Humanitario, DIH 14
1.4 El Derecho de Ginebra 19
2. ARTICULO 3 COMUN A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
Y A SUS PROTOCOLOS ADICIONALES 25
3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO II 32
3.1 ¿Qué es un Protocolo? 32
3.2 ¿Qué es el Protocolo II? 32
3.3 Contenido del Protocolo II 33
3.4 ¿A qué hechos debe aplicarse el Protocolo II? 36
3.5 Casos en los cuales el Protocolo II no se aplica. 39
3.6 ¿Quiénes son las personas protegidas por el Protocolo II? 40
4
3.7 ¿Qué prohibiciones establece el Protocolo II? 40
3.8 ¿Cómo afecta el Protocolo II las competencias del Estado
que lo aprueba? 41
3.9 ¿Quién tiene la obligación de aplicar el Protocolo II? 41
4. STATUS DE BELIGERANCIA 43
4.1 Qué es, qué significa poseerlo, quién lo otorga, lo posee la guerrilla? 43
4.2 Qué busca la guerrilla al querer que se le reconozca como
una fuerza beligerante? 46
5. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO II Y SUS EFECTOS EN COLOMBIA 50
5.1 Las autoridades públicas y su posición frente al DIH 50
5.2 Posición de los actores del conflicto frente al DIH 53
5.3 El DIH en la Constitución 58
5.4 Motivos por los cuales Colombia se adhirió al Protocolo II en 1994 62
5.5 Adhesión de Colombia al Protocolo II 69
5.6 Pros y contras de la aplicación del DIH en Colombia 76
5.6.1 Para la guerrilla 76
5.6.2 Para el Gobierno y la población civil 78
5.7 Medidas adoptadas para sancionar las violaciones al DIH 79
5.7.1 Medidas adoptadas en Colombia: Reforma al Código Penal Militar 79
5.7.2 Medidas adoptadas a nivel internacional: Creación del Tribunal
Penal Internacional 87
CONCLUSIONES 92
BIBLIOGRAFÍA 94
5
INTRODUCCION
Vivimos una situación donde las ofensivas guerrilleras y los operativos de las
Fuerzas Militares, más que frecuentes son comunes. Aunque el mejor camino
para alcanzar la paz sea el diálogo, mientras continúe esta guerra diaria y las
partes no lleguen a acuerdos, el Derecho de los Conflictos Armados será una
posible salida para disminuir los efectos de las hostilidades.
Este trabajo busca mostrar que tanto para el Gobierno Nacional como para las
Fuerzas Armadas, y especialmente para la población civil resulta necesaria la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, como una forma de disminuir los
estragos de la guerra al imponer a las partes en conflicto obligaciones
humanitarias que sean compatibles con las necesidades de la guerra,
adicionalmente, su aplicación busca facilitar una salida negociada al conflicto. El
Derecho Internacional Humanitario parte de la existencia de las guerras y de la
imposibilidad de evitarlas; además pretende que estas ocasionen los mínimos
daños a quienes no participan directamente o a las personas que habiendo
participado, ya no lo hacen.
6
Se pretende también con esta normatividad que no se vea a la otra parte como un
enemigo al cual se intenta eliminar, sino ver en ese enemigo y en ese tercero
inocente a un ser que tiene derecho a ser hombre, lo cual puede ser un primer
paso para lograr una paz duradera en Colombia.
No podemos negar, que la aplicación actual del Derecho Internacional Humanitario
en Colombia está rodeada de dificultades, pero también es claro que existen
posibles soluciones. ¿Cuáles serían dichas soluciones?. Estas soluciones
podrían surgir a partir del conocimiento de las normas que integran este derecho y
de las implicaciones que trae su aceptación en los diferentes ámbitos estatales.
El Derecho Internacional Humanitario es hoy en Colombia, centro de debates a
causa de la violencia guerrillera, la cual surgió a mediados de los 60´s con la
aparición de tres organizaciones guerrilleras: las FARC de inspiración comunista,
el ELN de orientación castrista y el EPL de origen maoísta; más tarde, en los años
70´s surge el M-19 que en contraposición a los anteriores grupos rurales, es de
acción urbana. A raíz de esto, varios sectores del país reclaman que se aplique el
DIH como lo ordenó la Constitución de 1991 en su artículo 214, exigencia que
surge de un interés por proteger a los no combatientes de todo tipo de violencia.
El Artículo 3º Común es la única disposición de los Convenios de Ginebra aplicable
a los conflictos armados no internacionales. Esta particularidad la convierte en la
norma más importante del Derecho de los Conflictos Armados que regula las
situaciones internas.
7
Este Artículo Común, es de obligatoria aplicación por parte de la Fuerza Pública,
sin embargo, algunas de estas normas son violadas por agentes y funcionarios
públicos, aunque para el Gobierno Nacional, el principal violador del DIH es la
guerrilla, ya que sus actuaciones atentan contra la población civil y la hace víctima
de secuestros, extorsiones, asaltos, asesinatos y toda clase de atrocidades. Sin
embargo, Colombia fue una de las primeras naciones independientes en haber
defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la
reciprocidad.
Aún cuando hoy por hoy existen muchos recursos en el derecho para evitar la
fuerza de las armas, cuando ésta llega, debe tener una regulación jurídica: El
Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Todo parece indicar que la violencia está cumpliendo sus objetivos en nuestras
sociedades. Está logrando inmovilizar por el terror y acallar por la fuerza. Está
legitimando el recurso de la justicia por cuenta propia y por las propias manos.
Está acabando de deteriorar estados ya debilitados por la corrupción y por sus
fallas históricas. Ha penetrado todos los rincones de la vida cotidiana y lo más
importante es que ya no asombra a nadie, por el contrario, los individuos, las
familias, las instituciones y el país se han acostumbrado a convivir con ella.
No es la violencia un hecho marginal o una respuesta ocasional en las relaciones
interpersonales en este final de milenio. Va llegando a ser el lenguaje del
momento, la forma de relación dominante y ha obtenido cada vez más poder al
llenar los vicios de la función autoritaria del Estado.
8
El compromiso con la paz es de todos: de la Fuerza Pública, de los Alzados en
Armas y principalmente del Gobierno, así como de los órganos de control de
Estado como los jueces, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las
Personerías Municipales, y otros sectores de la sociedad como la Iglesia, los
medios de comunicación, las organizaciones de Derechos Humanos y la
ciudadanía en general.
El territorio colombiano no puede seguir siendo escenario de luchas sangrientas,
de una guerra loca y sin freno. La población civil, especialmente indígenas y
campesinos, tienen derecho a vivir en sus trozos de tierra sin el miedo constante
de que en esta guerra ellos van a ser los únicos perdedores.
Humanizar la guerra no significa eternizarla, ni resignarse a ella como un hecho
inexorable y fatal; lo que se pretende es evitar males superfluos y violencias
innecesarias, reducir los estragos de la guerra sin esperar obviamente que se
frene el lógico desenvolvimiento del conflicto armado, que no dejará de implicar la
realización de actos violentos que constituyen delitos tanto a nivel interno como
internacional.
9
1. ANTECEDENTES.
1.1 CONCEPTO, ORIGEN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, “DIH”:
Se puede definir el DIH como “el sistema de normas internacionales de origen
convencional o consuetudinario, destinado básicamente a ser aplicado en los
conflictos armados internacionales o no internacionales, y que limita por razones
humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos
y medios utilizados en la guerra, y protege además a las personas y a los bienes
afectados o que eventualmente pueden ser afectados por el conflicto”1.
Está definición abarca tanto el Derecho de la Haya que es el sistema jurídico
relativo a la conducción de hostilidades, como el Derecho de Ginebra, que es el
sistema jurídico relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados.
El DIH es una rama del Derecho Internacional Público. Las principales fuentes de
su reglamentación provienen de la costumbre y de las reglas convencionales, es
decir, los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por los Estados soberanos,
que son los sujetos de dichos tratados.
1 DE LA COSTE, Pierre. Conflicto Armado y Derecho Humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja, Santa fe de Bogotá, 1994. Pág. 6
10
La primera forma de Derecho Humanitario no escrito, se encuentra en las
costumbres de los pueblos; fueron introducidos límites en el uso de la violencia,
aún en tiempo de guerra, para evitar pérdidas y destrucciones excesivas e inútiles,
y para permitir además la supervivencia de los pueblos.2
El Derecho Humanitario encuentra su primera forma escrita en acuerdos
bilaterales entre las partes de los conflictos armados. Acuerdos ocurridos antes,
durante o después de las hostilidades3.
En Colombia el primer reconocimiento que se hizo a las normas del DIH y a su
aplicación fue el “Tratado de Regularización de la Guerra” firmado en 1820 por
Pablo Morillo, en representación del Gobierno Español, y Simón Bolívar, como
Presidente de la República de Colombia, con el fin de regularizar la guerra de
exterminio surgida entre ambos gobiernos y causada por la conquista y la posterior
independencia de este territorio4.
Esto se dio mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios
de Ginebra o de la Haya. Este convenio es uno de los más importantes
antecedentes del Derecho de los Conflictos Armados a nivel mundial, puesto que
no solo contiene cláusulas pioneras sobre trato humanitario de heridos, enfermos y
prisioneros, sino además porque constituye la primera aplicación conocida de las
costumbres de la guerra.
2 Ibíd. Pág. 3 3 Ibíd. Pág. 3 4 BOLIVAR, Simón. Obras Completas. La Habana, 1947, Tomo II, Pág. 1.173
11
La codificación de normas humanitarias a nivel multilateral fue incentivada por las
preocupaciones del ginebrino Henri Dunant, quien en 1863, junto con cuatro
personalidades de Ginebra forman el Comité Internacional de Socorro a los
Heridos, que luego toman nombre de Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR)5.
Interpretando las expectativas del Comité Internacional, en 1864, el Consejo
Federal Suizo, convoca a una Conferencia Internacional, la cual el 22 de agosto
del mismo año, aprueba un convenio para el mejoramiento de la suerte de los
militares heridos de los ejércitos en campaña. Este Convenio marca el origen de
un derecho convencional humanitario contemporáneo. 6
En este tratado de 1864 se sientan las bases de uno de los principios
fundamentales alrededor del cual se articula todo el sistema, es el principio de
neutralidad. Los médicos y enfermeros ya no serían considerados como
combatientes, sino que quedarían exentos de ataque y de captura y se prestaría
asistencia a los militares heridos y enfermos sea cual fuere el bando al que
pertenecieran. Por primera vez los Estados aceptaban el compromiso previo,
formal y permanente de limitar el propio poder militar en favor del individuo.
Hacia 1882, todas las grandes potencias de la época, como Alemania, habían
ratificado este tratado otorgándole universalidad, uno de los factores principales de
la fuerza de este derecho.
5 De la Coste, op. Cit., Pág. 4
12
En sentido estricto, el Derecho de Ginebra, es el Derecho Internacional
Humanitario, es decir, el derecho dedicado a la protección de las víctimas de los
conflictos armados.
1.2 RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS, DIDH, Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DIH:
“Se da el nombre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, al
conjunto de instrumentos internacionales aprobados y suscritos por las
colectividades estatales para reconocer los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana y adoptar mecanismos destinados a
otorgarles protección en el ámbito supraestatal. Su finalidad primordial, amparar
los derechos universales de la persona frente al ejercicio de las competencias del
Estado” 7
Como se dijo anteriormente, el DIH se aplica en casos de conflictos armados
internos o internacionales, y busca proteger esencialmente a las víctimas del
conflicto.
Ambos sistemas jurídicos de protección se han originado y desarrollado en la
comunidad internacional con el fin de proteger los derechos fundamentales del
hombre, que también están consagrados hoy en nuestra Constitución del 91, la
cual recoge los derechos plasmados en estos ordenamientos supranacionales, en
los artículos 93, 94 y 214. En estos, se hace un reconocimiento de la prevalencia
6 Ibíd., Pág. 4
13
de los tratados internacionales en el orden interno, al establecer como norma de
interpretación de los derechos consagrados en la Constitución dichos instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos. Igualmente, se habla también de la
prohibición de suspender los derechos humanos en caso de la declaratoria de un
estado de excepción, así como, las reglas del DIH, lo cual implica la inclusión de
ambos ordenamientos en la normatividad interna. En conclusión, con estos
artículos, la Constitución quiso mostrar la prevalencia de los tratados sobre
Derechos Humanos y Derecho Humanitario en la normatividad interna, así estos
derechos no estén plasmados y reconocidos expresamente en el texto
constitucional.
Ambos ordenamientos hacen parte de las normas del ius cogens internacional, es
decir, principios básicos, normas imperativas que no admiten estipulación en
contrario, no pueden ser derogadas por convenio y solo pueden ser modificadas
por normas posteriores de la misma naturaleza y jerarquía, además son aceptadas
y reconocidas por la comunidad de estados en su conjunto y consagran un grupo
de derechos que en todo tiempo y lugar deben ser protegidos, como el derecho a
la vida, a la integridad personal, a la honra, a la libertad y al debido proceso, ya
que estos son atributos jurídicos fundamentales del ser humano.
7 MADRID – MALO GARIZABAL, Mario. Conflicto Armado y Derecho Humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja. Santa fe de Bogotá, 1994. Pág. 127.
14
1.3 DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, DIDH, Y EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, DIH:
a. En cuanto a los sujetos destinatarios: los sujetos destinatarios del DIDH son
exclusivamente los Estados Partes. En el DIH los destinatarios son:
� Los Estados, en su carácter de Altas Partes contratantes de los cuatro
Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales.
� Las Partes en Conflicto o partes contendientes en conflicto armado no
internacional (Artículo 3º Común).
� Las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que
intervienen en un conflicto armado no internacional contra Fuerzas Armadas
de una alta parte contratante (Protocolo II, artículo 1º).8
b. En cuanto a los sujetos protegidos: el sujeto protegido en el DIDH, es la
persona humana. Las disposiciones de este sistema reconocen derechos cuyo
titular es toda persona y establecen prohibiciones en virtud de las cuales
ninguna persona puede ser afectada. En el Derecho de Ginebra los sujetos
protegidos son los no combatientes, es decir, las personas que ya no están
combatiendo y las personas que por definición no combaten. 9
c. En cuanto al ámbito de aplicación: el DIDH se aplica en todo tiempo y lugar, no
deja de aplicarse durante los conflictos armados, sin perjuicio de que los
Estados hagan uso del derecho de suspensión, que permite la no aplicación
8 MALO GARIZABAL. Op. Cit. Pág. 133
15
temporal de algunos de estos derechos. El DIH, tiene como principal ámbito de
aplicación material: los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y los
conflictos armados no internacionales (Protocolo II, Artículo 3º Común). 10
d. En cuanto a los sujetos responsables: Se considera tradicionalmente como
único responsable de la violación de los Derechos Humanos al Estado, ya que
es él quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los habitantes
de su territorio y de asegurar que estos puedan gozar de garantías mínimas en
el respeto de sus derechos. Además es el Estado quien firma los tratados y
acuerdos internacionales en que se establecen y garantizan los derechos
humanos y asume esa responsabilidad ante la Comunidad Internacional, ya
que dichos derechos buscan proteger y preservar la calidad de vida de las
personas. Sin embargo, recientemente ha sido planteada una tesis
revisionista, como lo hace el Doctor Alejandro Valencia Villa; según él “en estos
últimos años en el seno de algunos organismos internacionales
intergubernamentales, principalmente la Comisión de Derechos Humanos de la
Naciones Unidas en Ginebra, algunos países suramericanos han venido
planteando de manera muy incipiente la tesis revisionista que consiste en
afirmar que en aquellas sociedades nacionales donde se observan fenómenos
de insurgencia crónica o conflictos armados internos de grupos irregulares que
manifiestan una cierta permanencia en el tiempo y en el espacio y propongan
entonces un desafío más o menos prolongado al Estado de que se trate, en
países como Perú, Colombia o Filipinas, cabría hablar de un sujeto o de unos
sujetos no estatales a los cuales podría exigírseles responsabilidad
9 Ibíd. Pág. 133
16
internacional por la violación de los Derechos Humanos. Naturalmente, esta
tesis plantea, al menos de una forma parcial, el elemento de la beligerancia, o
sea la personería jurídica internacional de los rebeldes o subversivos. En otras
palabras, no se podría argumentar la tesis revisionista sin afirmar al mismo
tiempo hasta cierto punto que esos grupos que constituyen un fenómeno
subversivo o rebelde o revolucionario de carácter endémico están investidos de
personería jurídica internacional. ¿Por qué? Porque el problema de la
responsabilidad por violación de Derechos Humanos se plantea inicialmente en
el ámbito internacional pues el de Derechos Humanos es un concepto
internacional, que se ha ido nacionalizando, constitucionalizando, pero que
tiene su origen y su ámbito natural en el espacio transnacional, en el espacio
exterior de los Estados nacionales”.11
“Por tanto, la tesis revisionista supondría afirmar, en últimas, que violan los
derechos los beligerantes, es decir, las organizaciones que puedan ser
consideradas en un momento dado como sujetos de Derecho Internacional
Público que pueden desarrollar hostilidades equivalentes o comprobables a los
Estados”.12
“En Colombia los grupos guerrilleros han recibido un tipo de reconocimiento
sui generis o beligerancia de facto con derechos limitados, que no es
10 Ibíd. Pág. 135 11 VALENCIA VILLA, Hernando. Responsabilidad de los Funcionarios Públicos a la luz del DIH y del DIDH. Pág. 20, 21. Santa Fe de Bogotá 1994. 12 Ibíd. Pág. 21, 22.
17
exactamente lo mismo que un reconocimiento de beligerancia propiamente
dicha, como en la tradición del Derecho de la Guerra o Derecho de la Haya”.13
“Sin embargo ese reconocimiento ad-hoc de simple insurrección o beligerancia
de facto con derechos limitados, sí hace de los grupos guerrilleros
colombianos sujetos de Derecho Humanitario”.14
“Los grupos insurgentes en Colombia tienen una categoría intermedia de
delincuentes políticos con reconocimiento como sujetos de negociación
política interna, que los coloca bajo el ámbito del Derecho de Ginebra y los
obliga por tanto a cumplir y hacer cumplir las leyes y costumbres de la
guerra” 15
Esto es diferente en el campo del Derecho Humanitario, ya que en este campo
siempre se han considerado como responsables por la violación de sus
normas a los grupos insurgentes, los cuales en el caso colombiano han sido
reconocidos como sujetos de negociación política interna, y están en
condiciones de cumplir con las normas humanitarias, dadas las características
de dichos grupos, como son el control territorial y el control jerárquico
existente.
e. En cuanto a las denuncias por violación de sus normas: el DIDH contempla un
sistema para que las infracciones a este ordenamiento sean formuladas ante
13 Ibíd. Pág. 22. 14 Ibíd. Pág. 22. 15 Ibíd. Pág. 22.
18
Tribunales Internacionales, mientras que en el DIH solo existe el compromiso
de las Altas Partes para determinar las adecuadas sanciones penales que se
han de aplicar a las personas que hayan cometido o hayan dado orden de
cometer cualquier infracción, esto tratándose de funcionarios del Estado que
cometan las violaciones.
Para hacer efectiva la normatividad del DIH también en cuanto a los
particulares se ha creado recientemente la Corte Penal Internacional, la cual
busca una efectiva sanción a los individuos infractores de las normas
humanitarias. Este tema se ampliará mas adelante.
El DIH no contiene normas penales que puedan aplicarse de manera directa
pues en los Convenios de Ginebra se establece que los Estados Partes tomen
las medidas apropiadas para asegurar su adecuada aplicación.
No existió entonces durante mucho tiempo, una normatividad penal
internacional originada en las reglas del DIH y por tanto era obligación propia
de cada Estado sancionar penalmente las violaciones a estas normas, ahora
existe la Corte Penal Internacional que se encarga también de estas funciones.
Las conductas prohibidas en los tratados internacionales deben ser tipificadas
como delitos y sancionadas por los jueces. Una buena parte de las conductas
prohibidas a los individuos en el Articulo 3º de los Convenios de Ginebra y en el
Protocolo II están tipificadas en el Código Penal y en el Código Penal Militar
como el homicidio, la tortura, el secuestro, el terrorismo, la detención arbitraria.
19
El Código Penal Militar es aplicable solamente a los militares y policías que
actúen con ocasión del servicio. A los civiles, aunque actúen como grupo
armado organizado, se les aplica el Código Penal.
Como vemos, el DIDH y el DIH son sistemas normativos independientes y
autónomos que se complementan e interactúan. El DIDH tiene como finalidad
primordial fomentar y proteger el desarrollo integral de la persona humana para
que pueda tener una mejor calidad de vida. Además su normatividad es aplicable
en cualquier tiempo.
El DIH, por el contrario, busca que los medios de combate empleados no causen
mas daño del necesario y la protección a las víctimas de la guerra. Es un derecho
de excepción que debe ser aplicado solo cuando se rompe el ordenamiento
jurídico vigente.
1.4 EL DERECHO DE GINEBRA:
Esta comprendido por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949
y sus Protocolos Adicionales.
Los cuatro Convenios tuvieron como origen los horrores y sufrimiento que las dos
Guerras Mundiales trajeron a la humanidad, y la desprotección en que se
encontraban los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas, los
prisioneros de guerra, los guerrilleros y los civiles que se veían involucrados en los
combates.
20
Estos Convenios son:
I. Para proteger a los heridos y enfermos de las Fuerzas Militares en campaña.
II. Para proteger a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Militares
en el mar.
III. Trato debido a los prisioneros de guerra.
IV. Protección a los civiles en tiempo de guerra.
La razón de ser de estos tratados es el respeto a la dignidad del ser humano, su
objetivo: la protección y el socorro de los que no participan directamente en el
combate y de los que han quedado fuera de las hostilidades por razones de
heridas, enfermedades o cautiverio.
El ámbito de aplicación material de los Convenios de Ginebra es el de un conflicto
armado internacional, salvo el Articulo 3º Común a los cuatro instrumentos,
frecuentemente considerado un mini convenio cuyo objetivo es la protección sin
discriminación alguna de las víctimas de conflictos armados no internacionales,
garantizando un mínimo de trato humano a las personas que no participen de las
hostilidades, incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas que hubiesen
depuesto las armas o quedado fuera de combate.
En las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, una vez mas los hechos
preceden al derecho y nuevas formas de violencia aparecen en la comunidad
internacional. El conflicto armado ya no tiene por protagonistas a Estados que se
enfrentan a través de las armas, las luchas también pueden desarrollarse dentro
de sus fronteras.
21
Intentar proteger internacionalmente a las víctimas de esos conflictos conllevaría a
violar la soberanía estatal. La respuesta a este interrogante se da en la
Conferencia Diplomática que se desarrolla entre 1974 y 1977.16
En su seno se adoptan los dos Protocolos adicionales a los Convenios de 1949:17
- El Protocolo I aplicable en los conflictos armados internacionales, completa y
desarrolla las disposiciones de los Convenios de Ginebra extendiendo su
ámbito de aplicación material a las guerras de liberación nacional, ocupación
extranjera y regímenes racistas.
- El Protocolo II sobre conflictos armados no internacionales completa y
desarrolla el Articulo 3º Común. Su ámbito de aplicación material está
restringido a aquellos conflictos armados internos que hubiesen alcanzado un
determinado grado de intensidad.
Actualmente 136 Estados son partes del Protocolo I, entre ellos Colombia y 126
del Protocolo II, del cual también es parte Colombia. El reconocimiento de parte
de los Estados de la necesidad de poner un freno mediante el derecho ha hecho
que los Convenios de Ginebra de 1949 hayan vuelto a ser los instrumentos
internacionales más universales. Aproximadamente 185 Estados son parte de los
Convenios de Ginebra.
16 De LA COSTE. Op. cit. Pág. 13 17 Ibíd. Pág. 13
22
En conclusión, se nota que es relativamente fácil suscribirse a estos tratados en
tiempo de paz, pero observarlos en tiempo de guerra es muy distinto, cuando un
hermano o un allegado ha sido muerto o cuando se le ha destruido la vivienda.
La vigencia del DIH se impone en el mundo en que vivimos, no solo como una
necesidad social, sino también como una necesidad jurídica a través de la cual se
torna efectivo el ejercicio de los derechos en él consagrados.
Si se desea garantizar la supervivencia de la humanidad, si realmente se intenta
ejercer la caridad, solo lo hará posible el respeto del orden positivo y para ello es
necesario acudir a la voluntad política de actuar.
Colombia es parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 aprobados
mediante la Ley 5 de 1960, depositados ante la Confederación Suiza y vigentes
desde el 8 de mayo de 1962. También aprobó el Protocolo I mediante la Ley 11 de
1992, haciéndose la adhesión el 1º de septiembre de 1993 y entrando en vigor el
1º de marzo de 1994.
Con respecto, al Protocolo II, Colombia ya es parte, aunque apenas en el mes de
abril de 1994 el Ministro de Defensa Nacional y el Comandante General de las
Fuerzas Militares expresaron de manera pública que nada se oponía a que
Colombia se adhiriera a este tratado internacional. Por esto, la Corte
Constitucional, el 18 de mayo de 1995, profirió la Sentencia C-225, con ponencia
del Dr. Alejandro Martínez, en la cual se declaró exequible el Protocolo II y su ley
aprobatoria (Ley 171 del 16 de diciembre de 1994).
23
Actualmente las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario
aplicables a los Conflictos Armados, vigentes tanto a nivel nacional como
internacional, son18:
a. Las personas fuera de combate y las que no participan directamente en las
hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y
moral. Estas personas serán, en toda circunstancia, protegidas y tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable.
b. Se prohibe matar o herir a un adversario que se rinde o esta fuera de combate.
c. La parte en conflicto en cuyo poder esté, recogerá y prestará asistencia a los
heridos y a los enfermos. También se protegerá al personal sanitario, los
establecimientos médicos, medios de transporte y el material sanitario. El
emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es el signo de esa protección y
debe respetarse.
d. Los combatientes capturados y las personas civiles que estén en poder de la
parte adversa tienen derecho a que se respeten su vida, dignidad, derechos
personales y convicciones. Serán protegidas contras todo acto de violencia y
de represalia. Tendrán derecho a intercambiar noticias con sus familiares y a
recibir socorro.
18 Normas Fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos Adicionales.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra 1983. Pág. 7
24
e. Cualquier persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales.
No se considerará a nadie responsable de un acto que no haya cometido, ni se
someterá a nadie a tortura física o mental ni a castigos corporales o a tratos
crueles o degradantes.
f. Las partes en conflicto y los miembros de las respectivas Fuerzas Armadas no
tienen derecho ilimitado en lo que respecta a la elección de los métodos y
medios de guerra. Se prohibe emplear armas o métodos de guerra que
puedan causar perdidas inútiles o sufrimientos excesivos.
g. Las partes en conflicto harán distinción en todo tiempo, entre población civil y
combatientes, protegiendo a la población y los bienes civiles. No deben ser
objeto de ataques ni la población civil como tal ni las personas civiles. Los
ataques se dirigirán contra los objetivos militares.
25
2. ARTICULO 3º COMUN A LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y A SUS
PROTOCOLOS ADICIONALES.
El Articulo 3º Común es la única disposición de los Convenios de Ginebra aplicable
a los conflictos armados no internacionales, esto lo convierte en la norma más
importante del Derecho de los Conflictos Armados que regula situaciones internas,
su contenido se traduce en la consagración de un “mínimo humanitario” que deben
observar las Partes en cualquier tipo de conflicto armado. Este Articulo 3º, se
aplica en todos los casos de conflicto armado no internacional que se registren en
el territorio de una de las Partes de los Convenios de Ginebra.
Cuando el Articulo 3º hace referencia a “las Partes en Conflicto” se refiere por un
lado al Gobierno y por el otro, a la parte rebelde. Ambas tienen la obligación de
aplicar el Artículo 3º por el solo hecho de que existen y que, en un conflicto
armado, se oponen una a la otra. La obligación es para cada una de ellas,
incondicional y unilateral. La imposición de estas obligaciones y el otorgamiento
de estos derechos a los grupos rebeldes, obedece a necesidades humanitarias y
no equivale a ningún reconocimiento de un status diferente.
Este Artículo es de índole imperativa, con carácter vinculante para todo actor en el
conflicto, sin necesidad de aceptación. Dicha característica hizo que la Comisión
Internacional haya establecido que las infracciones graves al Articulo 3º
constituyan crímenes de guerra, es decir, tipos penales para determinar la
26
responsabilidad de los actores en un conflicto, lo cual es objeto del recién creado
Tribunal Penal Internacional.
Dicho Artículo, no protege a cualquier persona, hace la distinción entre
combatientes y no combatientes, exige protección y respeto para estos últimos y
para quienes ya no combaten. Los que tienen que aplicar este Articulo son los
combatientes, por estas razones en los conflictos armados internos no existe la
categoría de prisioneros de guerra.
En cuanto a las personas que no participan directamente en las hostilidades,
incluso los miembros de las Fuerzas Armadas y las personas que hayan quedado
fuera de combate por cualquier otra razón serán, en toda circunstancia, tratadas
con humanidad y sin distinción alguna de índole desfavorable.
En el Articulo 3º Común, del que se ha dicho, que es por si solo un pequeño
Convenio incluido en el grande, se enuncia en qué consiste un trato humano
mínimo, prohibe en cualquier tiempo y lugar respecto a las personas no
combatientes ciertas conductas, las cuales se pueden sancionar con base en las
normas penales vigentes en cada país. Dichas conductas son:
- Los atentados contra la vida y la integridad personal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas
y los suplicios.
- La toma de rehenes.
- Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes.
27
- Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.
Como se puede ver, protege cuatro derechos fundamentales: la vida, la integridad
física, la libertad personal y las garantías judiciales.
El Protocolo II complementa el Artículo 3º, desarrollando sus disposiciones con el
propósito de ampliar la protección a las personas y a los bienes, por lo cual agrega
otras conductas prohibidas:
- Ordenar que no haya sobrevivientes.
- Los castigos colectivos, los actos de terrorismo.
- Los atentados contra la dignidad personal como la violación, la prostitución
forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor.
- La esclavitud, la trata de esclavos.
- El pillaje.
- Las amenazas de realizar los actos mencionados.
En el Artículo 3º Común consta que un organismo humanitario como el CICR
podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto y que, por otra parte, estas
procurarán poner en vigor, mediante acuerdos especiales la totalidad o parte de
las demás disposiciones del Convenio. Esto se ha hecho ya en Colombia, el
ejemplo mas claro fue el Acuerdo de Puerta del Cielo, firmado por el ELN y
distintos representantes de la población civil, en el cual dicho grupo guerrillero se
28
comprometía a cumplir las normas del DIH allí estipuladas, que no eran otras
distintas a las ya contenidas en el Artículo 3º y el Protocolo II.
El Doctor Mario Gómez dice respecto al tema: “El Acuerdo hace referencia a que
quienes lo suscribieron se constituyeron en garantes de dichos compromisos como
expresión de su coadyuvancia al proceso de paz acordándose la realización de
una Convención Nacional “con miras a la obtención de la paz y la justicia social, la
ampliación de la democracia y la consolidación de la soberanía nacional”, “exigir la
superación real de la impunidad”, insistir en “la urgencia de recuperar para la
justicia su eficacia, prontitud, imparcialidad y garantías procesales”, entre otros
elementos de un documento que en manera alguna establece concesiones
gubernamentales o dispone medidas contrarias a derecho”.19
“Por esta razón, los miembros de la sociedad civil que participaron en su
confección lo hicieron bajo el presupuesto que enseña que si bien las reglas del
DIH son inmodificables en su contenido mínimo, su aplicación progresiva es
valedera, máxime cuando la realidad de la confrontación impone cierto
pragmatismo político tendiente a diminuir la intensidad de las acciones bélicas
dentro de un primer paso hacia el debido respeto integral de los preceptos
imperativos del Derecho Internacional Humanitario”.20
19 GOMEZ JIMENEZ, Mario. La Solidaridad Social como fundamento de los Acuerdos
Humanitarios: aval de una perspectiva. Conversaciones de paz, frente al Horror Acuerdos Humanitarios. Santa fe de Bogotá 1998. Pág. 124.
20 Ibíd. GOMEZ JIMENEZ, Mario. Pág. 124.
29
“Con estos mismos lineamientos, forzoso es señalar que la llamada Declaración de
Córdoba suscrita por representantes de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo
y miembros del Comité Nacional de Paz con las Autodefensas Unidas de Colombia
el 26 de julio de 1998, fue inspirada en la tesis que sostiene que el carácter
universal de los principios humanitarios a que hacen referencia la Constitución
Política (principio de solidaridad social) y el mismo Protocolo II, permiten que el
respeto de estos sea exigido a cualquier otro actor armado que esté en capacidad
de violarlos. Y, que, con base en las afirmaciones ya expuestas, esta exigencia
puede y debe ser formulada por cada colombiano que esté en posibilidad de
hacerlo.” 21
“No obstante, por las razones ya aludidas, dicha declaración, no es, en estricto
sentido, un documento de estricta referencia al ámbito del Derecho Internacional
Humanitario, pues, salvo los grupos de autodefensa, los restantes firmantes no son
parte en el conflicto armado de carácter no internacional sino gestores de acciones
humanitarias que tienden a evitar el mayor nivel de degradación en la
confrontación como camino a la búsqueda de la convivencia pacífica”.22
En dichos acuerdos no se establecían las consecuencias por su incumplimiento, ya
que eran acuerdos de significación eminentemente política que buscaban
comprometer a los grupos al margen de la ley con el cumplimiento de las normas
humanitarias, pero hasta ahora parece que todo el esfuerzo y empeño que puso la
Sociedad Civil para la firma de tales acuerdos ha sido en vano porque los
insurgentes no han cumplido nada de lo allí previsto, por el contrario se han
21 Ibíd. GOMEZ JIMENEZ, Mario. Pág. 131 22 Ibíd. GOMEZ JIMENEZ, Mario. Pág. 131
30
incrementado las violaciones a las normas humanitarias con los secuestros de
civiles, de lo cual tenemos como ejemplo el secuestro del avión de Avianca en la
ruta Bucaramanga-Bogotá y de los fieles de la Iglesia la María de Cali,
adicionalmente, estos se volvieron secuestros extorsivos, ya que para la liberación
de los secuestrados se ha pedido dinero a las familias, y esta situación ha sido
reconocida por el ELN, lo cual los convierte en delincuencia común.
Por último, el Artículo 3º estipula que la aplicación de sus disposiciones no tendrá
efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en el conflicto. Esta disposición es
esencial. Precisa de manera inequívoca, que la finalidad del Artículo 3º es
exclusivamente humanitaria y no interviene en absoluto en los asuntos internos del
Estado.
El hecho de aplicar el Artículo 3º no constituye por sí mismo ningún reconocimiento
al adversario de parte del gobierno, ni limita su derecho a reprimir la comisión de
delitos por todos los medios que su propia legislación le da. Así mismo, el hecho
de que el adversario aplique este Artículo no le confiere ningún derecho a una
protección especial.
El Artículo 3º ha estado vigente en Colombia desde 1961. En ese año, el Gobierno
Nacional depositó ante el Consejo Federal Suizo (depositario de los Convenios de
Ginebra) el instrumento de ratificación de los Convenios de Ginebra de 1949. El
Congreso de las República los había aprobado por medio de la Ley 5 de 1960. “El
Gobierno Nacional, por medio del Decreto 1016 del 14 de mayo de 1990, promulgó
31
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, pues el Diario Oficial, al publicar el texto
de la Ley 5 de 1960 no había transcrito el texto completo de los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949”. 23
23 HERNANDEZ MONDRAGON, Mauricio. Derecho Internacional Humanitario, su aplicación
en Colombia. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Santa Fe de Bogotá 1992. Pág. 19.
32
3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO II.
3.1 ¿QUÉ ES UN PROTOCOLO?:
Es un acuerdo de voluntades de los Estados entre sí o con organizaciones
internacionales que tiene como propósito complementar lo que estipula otro
acuerdo, para hacerlo más aplicable y efectivo.
3.2 ¿QUÉ ES EL PROTOCOLO II?:
Es uno de los dos Protocolos Adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra de
1949. Se aplica a las situaciones de conflicto interno, ha sido desarrollo y
complemento del Articulo 3º Común.
Tanto el Protocolo I como el Protocolo II fueron aprobados el 10 de junio de 1977
por la Conferencia Diplomática reunida en la ciudad de Ginebra (Suiza), con el fin
de ampliar las disposiciones que protegen a las víctimas de los conflictos armados.
El Protocolo II se aprobó respondiendo a la necesidad de garantizar una protección
efectiva a las víctimas de los conflictos armados internos.
33
3.3 CONTENIDO DEL PROTOCOLO II:
Este Protocolo tiene cinco títulos con 28 artículos. El profesor Alejandro Valencia
Villa24 lo divide en tres partes para su estudio:
La primera parte, comprendida en los tres primeros artículos, hace referencia al
ámbito de aplicación material y personal de las disposiciones del Protocolo, es
decir, en dónde y a quién se aplica.
En la segunda parte, se encuentran las disposiciones que tratan de las
formalidades de la difusión, firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor,
enmiendas, denuncias, notificaciones, registro y textos auténticos.
La tercera parte abarca los títulos 4 a 18 que tratan sobre el ámbito de aplicación
del Protocolo.
Los artículos 4 a 18 del Protocolo están comprendidos en tres títulos sobre el trato
humano (arts. 4 a 6), heridos enfermos y náufragos (arts. 7 a 12) y población civil
(arts. 13 a 18). Estos 15 artículos desarrollan el grado de protección del Derecho
Humanitario en los conflictos armados internos.
Los artículos 4,5 y 6 son el verdadero complemento y desarrollo del Articulo 3º
Común a los Convenios de Ginebra. Por una parte, el Articulo 3º Común solo
prohibe los atentados a la vida, a la integridad corporal, a la dignidad personal y la
toma de rehenes; el artículo 4 del Protocolo II contempla las mismas prohibiciones,
24 VALENCIA VILLA, Alejandro. El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. Comité Internacional de la Cruz Roja. Santa Fe de Bogotá. 1994. Pág. 105
34
pero le adiciona otras, como los castigos colectivos, los actos de terrorismo, la
violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, la
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas, el pillaje, ordenar que no
haya sobrevivientes, y las amenazas de realizar los actos mencionados.
La prohibición de dictar condenas y de efectuar ejecuciones sin juicio previo por un
tribunal regularmente constituido, establecida por el Articulo 3º, es desarrollada por
el articulo 6 del Protocolo, al establecer que las garantías judiciales reconocidas
como indispensables por los pueblos civilizados son las de independencia e
imparcialidad, el derecho a saber los motivos del juicio, derecho a un proceso
justo, la presunción de inocencia, el derecho del acusado de asistir al proceso, el
derecho de apelación, el derecho a ser juzgado solamente por un delito
previamente establecido, entre otros. La misma disposición proscribe la pena de
muerte y permite el otorgamiento de amnistías.
Por otra parte, se protege de manera muy especial a los niños y a las personas
privadas de la libertad. Los niños recibirán el cuidado y la ayuda que necesiten
tendrán derecho a la educación y los menores de 15 años no serán reclutados en
las fuerzas o grupos armados, ni se les permitirá que participen en las hostilidades.
Las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto
recibirán un trato humanitario y gozarán de alimentación, disfrutarán de garantías
de salubridad e higiene, podrán practicar su religión y serán objeto de exámenes
médicos; .los lugares de internamiento y detención de los hombres deben ser
diferentes a los de las mujeres.
35
Los artículos 7 a 12 consagran aspectos relevantes en cuanto a la asistencia
humanitaria. Los heridos, enfermos y náufragos serán buscados, recogidos,
respetados y protegidos. El personal religioso, las unidades y los medios de
transporte sanitario, así como sus signos distintivos también serán respetados y
protegidos. Estos seis artículos describen, pues, la manera de brindar ayuda
humanitaria a los heridos, enfermos y náufragos, así como las obligaciones del
personal que brinda esta asistencia. Es decir, estas disposiciones desarrollan el
numeral 2 del Artículo 3º Común que establece que “los heridos y enfermos serán
recogidos y cuidados”.
Los artículos 13 a 18 comprendidos en el título 4 denominado “Población Civil”
consagran de manera expresa normas básicas de respeto en la conducción de las
hostilidades enmarcadas sobretodo en el principio de la distinción entre
combatientes y no combatientes y entre objetivos militares y bienes civiles.
La premisa fundamental de este titulo consagrada en el articulo 13, es la de que la
población civil y las personas civiles gozaran de protección general contra los
peligros procedentes de operaciones militares, y no serán objeto de ataques,
siendo prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea la
de aterrorizar.
Gozan de especial protección los bienes indispensables para la supervivencia de
la población civil, como los alimentos, las zonas agrícolas, las cosechas, el
ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, los
bienes culturales y los lugares de culto, como los monumentos históricos y las
obras de arte, y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas como
36
las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica. Queda
prohibido cualquier tipo de ataque contra alguno de estos bienes.
Merece destacarse el articulo 17 sobre prohibición de los desplazamientos
forzados, ya que esta norma se constituye en una de las pocas que a nivel
internacional se refiere a la grave violación de derechos fundamentales que sufren
las personas que abandonan sus hogares o sus sitios habituales de trabajo en
razón de los conflictos armados internos.
El articulo 18 reitera lo estipulado en el Articulo 3º Común sobre el ofrecimiento de
servicios de socorro a las Partes Contendientes, por parte de los organismos
humanitarios imparciales. Incluso la población civil por su propia iniciativa puede
ofrecerse para recoger y cuidar a los heridos, enfermos y náufragos.
3.4 ¿A QUÉ HECHOS DEBE APLICARSE EL PROTOCOLO II?:
El Protocolo se aplica a todo conflicto que llene estas características:
- No ser considerado como conflicto armado de carácter internacional.
- Desarrollarse en el territorio de una “Alta Parte Contratante”, esto es, de un
Estado que haya manifestado, en la forma prevista por el derecho
internacional, su voluntad de obligarse a cumplir el Protocolo II.
- Que haya un enfrentamiento de la Fuerzas Armadas del Estado contratante
con fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que cumplan
los siguientes requisitos:
37
� Hallarse bajo la dirección de un mando responsable.
� Ejercer sobre una parte del territorio del Estado un control tal que les
permita:
* Realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
* Aplicar las normas del Protocolo II.
A este respecto hay dos teorías: la primera sostiene que efectivamente la guerrilla
cumple todos los requisitos, por cuanto la noción del control territorial por parte de
un grupo armado organizado no debe asemejarse al dominio absoluto que ejerce
un Estado sobre todo su territorio. Debe entenderse un domino tal que le permita
un alto índice de movilidad y circulación, suficiente para ingresar a una zona y
desarrollar hostilidades en ella, se necesita sin embargo, una cierta estabilidad en
el control de una porción, aun modesta, del territorio, para que ellos estén en
capacidad de aplicar efectivamente las reglas del Protocolo II.
Es la palabra “tal” en el articulo 1 del Protocolo la que da la clave para su
interpretación, el control debe ser suficiente para poder realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo, es decir, proteger y asistir
enfermos por ejemplo, y dar trato humano a los prisioneros.
En cuanto a la organización jerárquica y el mando responsable, también la guerrilla
cumple con ese requisito. Fácilmente, se distinguen en estos grupos una
estructura y una jerarquía militar que les permiten desarrollar hostilidades. Es de
vital importancia, aclarar que el mando responsable no hace referencia a un control
total absoluto de los jefes sobre sus subordinados; debe entenderse en el sentido
38
de una estructura de disciplina y la distinción de una jerarquía, circunstancia de la
que gozan las guerrillas colombianas.
Que haya un “mando responsable” implica una organización de grupos armados
insurgentes o de fuerzas armadas disidentes, pero esto no implica la existencia de
un sistema militar organizado jerárquicamente, como en las Fuerzas Armadas
regulares.
La segunda teoría, por el contrario, considera que el mando responsable sí hace
referencia a que haya un control total de los jefes guerrilleros hacia sus
subordinados, según esta tesis, aunque Colombia es parte del Protocolo II este
podría no aplicarse, porque no se cumplen las condiciones del artículo 1 de este
Protocolo.
No se podría decir que tengan un mando responsable, ya que ellos mismos
aceptan que muchos de sus frentes actúan y trabajan independientemente.
A pesar de las dos teorías anteriores que podrían prestarse a discusión, la Corte
Constitucional ha considerado innecesario ahondar en el problema de la
aplicabilidad o no del Protocolo II en Colombia, porque la Constitución Política
establece en sus artículos 93, 94 y 214 que en todo caso se respetarán las normas
del DIH, lo cual significa que conforme al mandato constitucional el Protocolo II se
aplica en Colombia.
39
Esto es así porque el mencionado artículo consagra la posibilidad de aplicar
derechos no enumerados por la Constitución o los tratados pero que resultan ser
inherentes a la persona humana, y no dependen de su consagración en un texto;
consagra adicionalmente, el respeto a las normas del Derecho Internacional
Humanitario.
Según la Corte Constitucional25, en Colombia opera el principio de la incorporación
automática de todo el derecho internacional humanitario en el régimen jurídico
colombiano, lo cual además es congruente con el carácter imperativo de estas
normas.
3.5 CASOS EN LOS CUALES EL PROTOCOLO II NO SE APLICA:
Según el texto del Protocolo II, este no se aplica “a las tensiones internas y de
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de
violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados”. Sin embargo, en
las situaciones anteriormente descritas, las personas quedan en todo caso
amparadas por los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y por el Derecho Constitucional y la legislación interna.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574/92, octubre 28 de 1992.
40
3.6 ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR EL PROTOCOLO II?:
Las personas amparadas, son todas aquellas que no participen directamente en
las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, ya sea que estén o no
privadas de la libertad. Ellos son: los miembros de la población civil, integrantes
de los cuerpos sanitarios y religiosos, miembros de las Fuerzas Armadas que
hayan depuesto las armas, personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida o cualquier otra causa.
3.7 ¿QUÉ PROHIBICIONES ESTABLECE EL PROTOCOLO II?:
Allí se prohibe en todo tiempo y lugar, con respecto a las personas protegidas, las
siguientes conductas:
- Los atentados contra la vida, en particular el homicidio.
- Los atentados contra la salud y la integridad física y mental, en particular los
tratos crueles, la tortura, las mutilaciones y las penas corporales. Los castigos
colectivos, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal
(tratos humillantes, degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de
atentado al pudor); la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas, el
pillaje y las amenazas de realizar los actos anteriormente mencionados.
41
3.8 ¿CÓMO AFECTA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO II LAS
COMPETENCIAS DEL ESTADO QUE LO APRUEBA?:
No puede invocarse disposición alguna del Protocolo II con el objeto de
“menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al
Gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o defender la
unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los métodos
legítimos”.
De esta manera, la aplicación no suprime ni disminuye las atribuciones que el
Estado ejerce para conservar en todo su territorio el orden público, restablecerlo
donde sea alterado, investigar los hechos punibles, acusar a los infractores y
aplicar sanciones penales a quienes sean hallados culpables de atentar contra el
orden público.
3.9 ¿QUIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PROTOCOLO II ?:
Podría pensarse equivocadamente que el único obligado a cumplir las
regulaciones establecidas en el Protocolo II es el Estado colombiano, porque es su
Presidente el que firma los tratados relativos a la materia, ya que, estos tratados
no se negocian con los grupos rebeldes.
La ratificación o adhesión al Protocolo II es el resultado de una voluntad unitaria y
soberana de un Gobierno y no de una negociación con los grupos insurgentes.
Hay que subrayar además, que ni el Protocolo II ni el Derecho Internacional
42
Humanitario poseen el principio de reciprocidad. Esto quiere decir que la
obligación de respetarlo existe de por sí y tiene fuerza absoluta e intrínseca para
cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo.
Por consiguiente, los insurgentes también están ligados por el Protocolo II y deben
respetar sus normas humanitarias porque cumplen con las condiciones de
aplicabilidad del Protocolo II y están en condiciones de cumplir sus normas, pero
respecto a este punto surgen muchos interrogantes, ya que la guerrilla con sus
actuaciones reafirma su poca voluntad de humanizar la guerra y menos aun de
firmar la paz.
Puede decirse que la guerrilla esta más interesada en su reconocimiento como
grupo beligerante, pero hay que tener en cuenta en primer lugar que la figura de la
beligerancia cayó en desuso desde hace mucho tiempo en el ámbito internacional;
y en segundo lugar que el hecho de firmar el tratado no cambia la situación actual
de las partes.
43
4. STATUS DE BELIGERANCIA.
4.1 ¿QUÉ ES, QUÉ SIGNIFICA POSEERLO, QUIÉN LO OTORGA, LO
POSEE LA GUERRILLA?.
La noción de beligerancia es y ha sido un obstáculo para la aplicación del DIH en
Colombia. El Gobierno desde hace años, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y en particular del de Defensa, sostenía que la aplicación de esta
normatividad implicaba reconocer beligerancia a los grupos guerrilleros. Pero, ¿en
qué consiste ese reconocimiento?. La beligerancia no es otra cosa que un acto
por el cual el propio Gobierno o los terceros consideran jurídicamente que existen
unas fuerzas armadas sublevadas y les atribuyen una personalidad, concretada en
derechos y deberes en los planos interno e internacional, lo cual hace que el
conflicto se asemeje a una guerra entre Estados.
Cuando se constituye la beligerancia, se transforma la naturaleza jurídica del
conflicto armado, porque establece un sistema nuevo de relaciones entre las
Partes Contendientes y frente a terceros Estados, legitimando el recurso a la
fuerza por parte de los insurrectos, constituyéndolos en una comunidad beligerante
y en destinatarios de las normas del Derecho de la Guerra.
44
Este concepto se aplica independientemente de cuál sea la intención de los
sublevados, aunque hayan iniciado ilícitamente una guerra. Algunos tratadistas
tienen como presupuestos del reconocimiento de beligerancia:
- La existencia de un conflicto armado en el interior de un Estado.
- Que los rebeldes controlen una parte del territorio nacional.
- Que estos actúen mediante fuerzas armadas dependientes de su autoridad.
- Que en la conducción de las hostilidades respeten las leyes y las costumbres
de la guerra.
- El reconocimiento del Estado en el que se lleva a cabo el conflicto o de un
tercer Estado que se vea afectado por el.
El reconocimiento de beligerancia es un acto jurídico descentralizado, esto en
cuanto a su ejercicio corresponde a diversos sujetos de derecho internacional
independientes entre sí. Estos sujetos son el Gobierno legal del país donde se
produce la insurrección y los terceros Estados. Cuando el reconocimiento lo hace
el Gobierno constituido, las relaciones entre ambos contendientes se rigen por las
normas consuetudinarias en materia de guerra y por los acuerdos que celebren
entre ellos, lo que no impide que si la revolución es vencida, los autores sean
juzgados según el derecho penal interno; hay que tener en cuenta que los grupos
alzados en armas no pueden auto constituirse como beligerantes.
La descentralización de este acto, implica que porque uno de los sujetos la ejerza
no vincula estrictamente al otro o a los otros, entonces, puede suceder que los
45
insurrectos sean reconocidos como beligerantes por el Gobierno legal, pero no por
terceros Estados o viceversa.
El poder con la competencia para otorgar ese reconocimiento de beligerancia,
generalmente es el Ejecutivo, y si este lo otorga, lo mas adecuado sería que los
otros Estados asuman las obligaciones de neutralidad. Para que un tercer Estado
reconozca esa beligerancia, el conflicto debe afectar un interés particular de ese
tercer Estado, debe tener una necesidad real, porque si lo otorga antes de que se
cumplan las características necesarias, este será un acto ilícito de intervención.
Rara vez el Gobierno constituido reconoce la beligerancia, porque con este
reconocimiento el Estado admite ya formalmente su impotencia y corre el riesgo de
aceptar “la autoridad de los rebeldes”. Pero, no es suficiente que el grupo armado
organizado cumpla con los presupuestos de la beligerancia, se requiere del
reconocimiento por parte del Gobierno legal o de un tercer Estado.
Es decir, que el reconocimiento de beligerancia se presenta cuando el Gobierno
admite en su adversario a un igual en lo que concierne a la guerra, en el derecho a
hacer la guerra.
Entonces, la guerrilla no goza del estatuto de beligerancia, el único reconocimiento
que ha obtenido es el de insurrección, reconocimiento que ni crea status, ni le
confiere derechos y obligaciones diferentes a las ya establecidas en el DIH. Por lo
tanto, el reconocimiento estatal dado a la guerrilla no corresponde a la noción
clásica de beligerancia.
46
La observancia del DIH por parte de la guerrilla colombiana no tiene efecto alguno
sobre su condición jurídica. El hecho de que la guerrilla llegue a dar cumplimiento
al mínimo humanitario establecido en los Convenios de Ginebra y en su Artículo 3º
Común no le confiere ningún tipo de reconocimiento internacional. Aceptar a los
guerrilleros como destinatarios de obligaciones surgidas del Derecho de Ginebra
no equivale a otorgarles beligerancia. El reconocimiento de beligerancia es una
práctica consuetudinaria totalmente ajena al ámbito de aplicación de los Convenios
de 1949.
Como se puede ver entonces, la aplicación del Protocolo II nada tiene que ver con
el reconocimiento de beligerancia. Sus disposiciones no podrán invocarse por
otros Estados para “intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en
el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte
Contratante en cuyo territorio tenga lugar este conflicto”.
La entrada en vigencia del Protocolo II no trajo cambio alguno para la situación
jerárquica de las personas que mediante el empleo de las armas pretenden
derrocar al Gobierno nacional. Como los demás instrumentos del DIH, El
Protocolo II solo limita el empleo de la fuerza en el marco de los conflictos
armados, sin afectar el derecho del Estado a la legítima defensa.
4.2 ¿QUÉ BUSCA LA GUERRILLA AL QUERER QUE SE LE RECONOZCA
COMO UNA FUERZA BELIGERANTE?:
Para los enemigos del Protocolo II el argumento que debe prevalecer a la hora de
poner en práctica dicho instrumento, hace referencia a que el artículo primero del
47
mismo estaría reconociendo en parte, el status de beligerancia a la guerrilla y solo
haría falta el reconocimiento de un tercer Estado.
Las opiniones están divididas en lo que se refiere a si la guerrilla cumple todos los
requisitos enunciados en el artículo primero.
En las declaraciones de la guerrilla ante los medios de comunicación ésta ha
afirmado estar en capacidad de adelantar operaciones concertadas y sostenidas,
en un territorio muy amplio bajo un mando responsable. Se agrega a esto que en
la actualidad aproximadamente una cuarta parte del territorio del país tiene
presencia y en algunos casos está bajo el control de la guerrilla, y en las
condiciones actuales parece que hay una tendencia a que el Estado pierda día a
día mas el control en ciertas poblaciones y la guerrilla lo gane.
La guerrilla con sus ataques a los países vecinos ha querido obtener un
reconocimiento de beligerancia por parte de los mismos, además han querido darle
al conflicto una dimensión internacional y causar mayor inestabilidad al interior del
país.
La guerrilla estuvo muy empeñada en que el Estado se adhiriera al Protocolo II
para así equivocadamente intentar ser reconocida como fuerza beligerante y tener
acceso a prebendas como el comercio libre de armamento, facultad para nombrar
representantes diplomáticos y sostener relaciones con otros Estados, que los
guerrilleros detenidos sean considerados como prisioneros de guerra, se limita la
aplicación del derecho penal interno dando prevalencia al derecho internacional en
este ámbito, etc.
48
Se equivoca la guerrilla ya que confunde la adhesión del Estado al Protocolo II con
la posibilidad de la beligerancia que, como se ha dicho, no guarda relación con la
aplicabilidad de dicho Protocolo.
En la actualidad, el reconocimiento o negación del status de beligerancia a las
guerrillas es un problema político. Durante el siglo XIX esta institución sí fue
utilizada, pero en la actualidad las relaciones políticas internacionales son muy
diferentes, y los gobiernos se cuidan mucho de interferir en las relaciones de otros
Estados, dando cumplimento a las normas que prohiben la intervención en asuntos
internos de otros países, como el artículo 3 del Protocolo II. El reconocimiento del
grupo rebelde lo hacen solo cuando dadas las circunstancias se tiene la seguridad
de que tal grupo se tomará el poder.
Los hechos ocurridos en los últimos días en cuanto a la posibilidad de
conversaciones entre el Gobierno Venezolano y las FARC, han revivido en
Colombia el fantasma de la beligerancia, aunque la actitud del vecino país ha sido
reprobada por el resto de la Comunidad Internacional y no ha encontrado en ella
ningún apoyo, por el contrario, dicha actitud ha sido considerada como una
intervención indebida en los asuntos internos de Colombia.
Venezuela al querer reconocer a este grupo insurgente como sujeto de diálogos,
busca que dicho grupo se comprometa a respetar efectivamente las normas del
DIH en su territorio, pero eso está por verse, porque dadas las circunstancias
actuales, hemos podido ver que la voluntad de la guerrilla en este sentido es muy
poca, además el reconocimiento eventual por dicho Gobierno implicaría para ella
49
estar sometida al control y vigilancia de la Comunidad Internacional en cuanto al
respeto de las normas humanitarias.
Sin embargo, hay que reconocer que para la guerrilla sería un inmenso logro
obtener el reconocimiento del Gobierno de un país que tanto representa para
nuestras relaciones externas, en el momento en que lo que está sobre la mesa es
la negociación del poder.
50
5. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO II Y SUS EFECTOS EN COLOMBIA.
5.1 LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y SU POSICIÓN FRENTE AL DIH:
En principio todos los miembros de la sociedad humana tienen la obligación de
respetar los derechos de las personas. Sin embargo, en las sociedades
democráticas existe un grupo de personas que en este aspecto tienen una mayor
responsabilidad, esas personas son las autoridades.
En las autoridades ha depositado la sociedad su confianza para que defiendan la
organización social y las instituciones creadas con el fin de mantenerlas y
desarrollarlas. Esa organización se funda precisamente, en el respeto de la
dignidad personal de aquellos que trabajan incesantemente por la creación de una
sociedad mas justa y equitativa, en la cual puedan vivir con menos presiones las
generaciones venideras.
Por ello, la Constitución Política afirma en su artículo 1: “Colombia es un Estado
social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”.
También define la Constitución cuál es la misión institucional de las autoridades.
Dice en su artículo 2: “Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”.
51
Es claro entonces que, según el mandato constitucional, los primeros llamados a
respetar los Derechos Humanos son las autoridades civiles y militares de las
República.
Para el Estado, defender los Derechos Humanos no es una ideología política, es
dar cumplimiento a un mandato constitucional, pues la Carta Política ha reconocido
la primacía de los derechos inalienables de la persona y dispone que todos se
formen en su respeto y observancia.
En las normas del DIH hay conductas prohibidas a los Estados y conductas
prohibidas a los individuos. Las primeras, se sancionan por la Comunidad
Internacional de Estados por medio de los mecanismos propios del Derecho
Internacional Público, y se controlan internamente por los órganos políticos y
judiciales de los Estados. Los segundos deben ser sancionados penal y
administrativamente por los propios Estados Partes en los instrumentos de DIH.
Se ve con esto, que las Fuerzas Públicas del Estado están presionadas y vigiladas
muy de cerca por la Comunidad Internacional, la cual es más efectiva en la
imposición de sanciones hacia los Estados infractores, de lo que puede ser el
aparato judicial estatal en cuanto a la aplicación de penas a los subversivos, que
apenas si son tratados como delincuentes. A esto hay que agregar la
desesperante impunidad que reina en el país, la cual desde tiempo atrás ha
querido remediarse con la expedición de normas nuevas que lo único que hacen
es engrosar compilaciones que poco se llevan a la práctica. Ojalá llegue pronto el
día en que el país entienda que la situación no se arregla con una incontenible
52
cascada legislativa, sino con la aplicación eficaz por parte de los jueces de las
leyes necesarias para que crímenes como las masacres ocurridas en el país no
queden sin el merecido castigo.
Aunque las sanciones impuestas por la Comunidad Internacional a los Estados no
son coactivas, son de gran repercusión para el prestigio internacional de los
mismos, ya que su aplicación si se ve reflejada en cuestiones prácticas como la
negación de preferencias arancelarias para citar algún ejemplo. Sin embargo, no
se puede negar que a medida que la intensidad del conflicto armado se hace mas
alta, es mayor la eventual responsabilidad del Estado y de la Fuerza Pública en
cuanto a la aplicación del DIH en lo que respecta a los no combatientes, ya que la
guerrilla se confunde con la población civil como una inescrupulosa modalidad
estratégica y táctica.
La responsabilidad del Estado tiene dos expresiones, la de él mismo como
persona jurídica y la de aquellos que están a su servicio.
El Estado tiene una responsabilidad de carácter político frente a la población y a la
Comunidad Internacional, en la cual se pueden ver afectadas sus relaciones
diplomáticas y comerciales, y frente a los afectados tiene una responsabilidad
patrimonial por las indemnizaciones que le sean impuestas.
53
5.2 POSICIÓN DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO FRENTE AL DIH:
Desde tiempo atrás, tanto las FARC como el ELN han proclamado públicamente
estar dispuestos a respetar y cumplir las normas del DIH, aunque uno y otro grupo
tengan posiciones distintas frente al tema.
En cuanto al ELN, esta agrupación ha hecho declaraciones en las que dice por
ejemplo lo siguiente:
“Para nosotros como fuerza levantada en armas, como Movimiento Rebelde, es un
referente ético que tenemos siempre presente (refiriéndose al DIH), no porque
consideremos que esto nos da status de beligerancia. Hemos estudiado en el
Protocolo II que el DIH y el acogerse a él o no, debe ser hecho por cada parte
independientemente de que la otra se acoja o no, y que además al movimiento
guerrillero no le va a dar status de beligerancia”.26
“De ahí que el Protocolo II, que se refiere más a nosotros, lo asumimos,
consideramos que somos cobijados por él, en cuanto somos Grupo Armado, como
parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, nos contamos como una de
sus fuerzas disidentes y somos fuerzas armadas levantadas en rebelión, que
tenemos una dirección única y un mando responsable. Ejercemos poder en una
parte del territorio nacional, y un control tal que nos permite realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas”.27
26 El ELN y el DIH. Declaraciones del Comandante Manuel Pérez. Conversaciones de Paz:
frente al Horror Acuerdos Humanitarios. Santa fe de Bogotá, septiembre 1998. 27 Ibíd.
54
Estas declaraciones fueron hechas por el ELN, el 15 de julio de 1995. Como
podemos ver, su posición de aquel entonces hasta hoy no ha cambiado, sigue
siendo la misma en la teoría, y se dice que en teoría, porque se ha visto en la
práctica un comportamiento totalmente opuesto.
Tal vez el problema sea de interpretación de las normas humanitarias, pues parece
que ellos tienen una interpretación propia, ya que en otras declaraciones dicen
considerar lícito el cobro del impuesto de guerra, y quienes se rehusen a pagarlo,
deben, según ellos, ser retenidos como forma de presión ya que esto no es
considerado por el grupo insurgente como toma de rehenes o secuestro, sino
como una válida forma de financiar su guerra porque el poseedor de grandes
terrenos no es considerado como población civil neutral, lo cual es obviamente una
interpretación a su propia conveniencia. Por ningún motivo es lícito retener a un
civil para obligarlo a pagar dinero por su liberación, o por dejarlo vivir en paz en su
tierra y con sus propiedades.
En cuanto a la celebración de acuerdos humanitarios con el ELN, este grupo
guerrillero ha tenido mas acercamientos hacia el tema que las FARC, aunque sin
mayores resultados prácticos.
Se tiene como ejemplo el acuerdo firmado el 15 de julio de 1998 en Alemania,
entre representantes de la sociedad civil y el grupo guerrillero (Acuerdo de Puerta
del Cielo), el cual se presta a confusión, ya que contiene numerales ambiguos
como el noveno, según el cual, el grupo guerrillero se compromete a no secuestrar
civiles con fines económicos, siempre y cuando tenga a su alcance otras formas de
55
financiación. Esto va totalmente en contravía con las disposiciones del DIH, el cual
prohibe en forma absoluta y sin condicionamiento alguno que se involucre a la
población civil en el conflicto, porque esto es totalmente violatorio del principio de
inmunidad que la cobija.
Adicionalmente, la privación de la libertad que se haga a una persona con el fin de
obtener cualquier beneficio, constituye para el DIH una toma de rehenes, que es
una conducta prohibida por dicha normatividad, además en la legislación interna se
configura el delito de secuestro extorsivo.
En cuanto a las FARC, que es la agrupación guerrillera más antigua de Colombia,
se ha mostrado un poco más recelosa y cautelosa en cuanto al tema, aunque
igualmente ha manifestado una voluntad de cumplir las normas humanitarias,
aunque no ha tenido acercamientos concretos con el Gobierno en cuanto a la firma
de acuerdos humanitarios.
Tal vez por su antigüedad, se le haga difícil entender que puede estar limitada en
sus acciones bélicas, estando estas encaminadas al cumplimiento de sus ideales,
de la causa.
También han manifestado desconfianza hacia el Gobierno, en cuanto al
cumplimiento que éste le da a la normatividad humanitaria frente a los miembros
de la milicia. Además, le han hecho saber a éste que de realizar acuerdos
humanitarios, estos deben negociarse en medio de la zona que se despeja para
las conversaciones de paz y en el marco de éstas, mientras que el ELN ha
56
celebrado estos acuerdos por fuera o dentro de la negociación de un proceso de
paz.
En cuanto a los paramilitares, hoy son un tercer actor en el conflicto de mucha
trascendencia; son organizaciones que funcionan como grupos de autodefensa y
justicia privada para enfrentar la guerrilla, y son promovidas y apoyadas
básicamente por los propietarios de medianas y grandes extensiones de tierra y
empresarios, con el fin de proteger sus propiedades y patrimonio del menoscabo
que puedan sufrir por las acciones guerrilleras, como el cobro de vacunas y los
secuestros extorsivos.
Estos grupos armados violan constantemente las normas del DIH, ya que recurren
a todo tipo de métodos para cumplir su cometido de enfrentar a la guerrilla,
emplean mecanismos como la tortura a la población civil para obtener información,
desaparición forzada para quienes son considerados como auxiliadores de la
guerrilla, y el homicidio de sus colaboradores.
Además, según las ONG´s, las autodefensas son los principales causantes de
desplazamiento de la población civil en las zonas guerrilleras, con el fin de que la
guerrilla pierda el apoyo que encuentra en algunos sectores de dicha población.
A pesar de esto, las Autodefensas Unidas de Colombia, han manifestado, que
deben cumplirse las normas del DIH con respecto a la población civil; pero como
ya se había planteado anteriormente, ellos también tienen una interpretación
propia de lo que es la población civil. Ya que su objeto es acabar a cualquier
57
precio con la guerrilla, toda persona que sea considerada por las autodefensas
como colaborador de ésta, aunque sea por mínimas sospechas, dejará de ser
población civil amparada por el DIH, es decir, una persona que sea simpatizante
activo o pasivo, se vuelve susceptible de ataque, aunque ninguna de las dos
categorías toma parte directa en el conflicto, pero son consideradas como parte de
la fuerza subversiva.
Estas apreciaciones de los actores del conflicto son muy peligrosas, porque hacen
inaplicables las normas del DIH por la amplia interpretación que se les da, que
además no es acorde con la interpretación que se les debe dar de acuerdo al
contexto del conflicto, y en general al contenido de los Convenios de Ginebra y del
Derecho Humanitario.
En cuanto a las Fuerzas Militares, el Estado colombiano, por haber ratificado los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, se obligó a difundir entre los
militares y miembros de la población civil el contenido de las normas del DIH.
En cuanto a la población civil, esta tarea la cumplen organismos estatales como
las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que
tienen entere otras funciones, la de difundir y proteger los Derechos Humanos y el
Derecho Humanitario.
En relación con las Fuerzas Militares, esta misión ha venido siendo cumplida por
los jefes militares con respecto a quienes se hallan bajo sus órdenes. Para esto, el
Estado proporciona a los Comandantes de las Fuerzas Armadas asesorías
jurídicas que los orientan en la correcta aplicación de los Convenios y Protocolos.
58
En el Ministerio de Defensa se encuentran personas muy calificadas para cumplir
con estas funciones instructivas; además el personal militar debe estar en entera
disposición de acatar las normas humanitarias, no solo porque es un mandato
constitucional, sino porque es su deber frente a la sociedad.
5.3 EL DIH EN LA CONSTITUCIÓN:
“La figura excepcional del estado de sitio que tiene su fundamento en la
Constitución Política ha sido utilizada de manera frecuente por los Gobiernos
colombianos en las últimas décadas para encarar las perturbaciones del orden
público, y entre ellas, el conflicto armado. Nuestra Constitución siempre le ha dado
cabida al Derecho de los Conflictos Armados a través de esta facultad del
Ejecutivo”28.
La Constitución de 1886 en su artículo 121 se refería al Derecho de Gentes, pero
la Constitución de 1991, lo sustituyó por un nuevo régimen contenido en los
artículos 212, 213 y 214, especialmente. Por lo tanto, la Constitución anterior y la
vigente siempre han permitido y ordenado la aplicación de las normas
humanitarias del Artículo 3º Común a los Convenios de Ginebra.
El artículo 121 de la Constitución de 1886 consagraba el Derecho de Gentes como
el Derecho de los Conflictos Armados, es decir, el conjunto de normas que limitan
28 VALENCIA VILLA, Alejandro. Derecho Humanitario. Santa fe de Bogotá, Defensoría del
Pueblo, noviembre 1994, Pág. 137.
59
las acciones bélicas en caso de guerra exterior o conmoción interior, con el fin de
proteger el respeto de la dignidad humana.
Pero realmente no hubo en la Constitución de 1886 disposición alguna que
definiera la posición del ordenamiento interno colombiano respecto del Derecho
Internacional General o del Derecho Internacional Convencional.
En efecto, dicha Carta no reconoció la validez general y superior del Derecho
Internacional General en el ámbito interno. Tampoco hubo en ella algún precepto
que indicara si los principios generales del Derecho Internacional formaban o no
parte del ordenamiento estatal.
En resumen, según el artículo 121 de la Constitución del 86 durante la guerra
exterior o la conmoción interior el Presidente debía respetar los parámetros y
restricciones en la conducción de hostilidades que tanto el Derecho de la Haya
como el Derecho de Ginebra imponen con el fin de proteger a las personas, a la
población civil, a los no combatientes y en general a las víctimas de los conflictos
armados.
Ya con la Constitución Política de 1991 el estado de sitio fue reformado,
incluyendo en este una importante alusión al Derecho Internacional Humanitario y
se reafirmó tanto su obligatoriedad coma la de los Derechos Humanos.
Con relación a los Derechos Humanos, nuestra Constitución recoge toda la
tradición del constitucionalismo occidental consagrando las tres generaciones de
derechos y una amplia gama de mecanismos para su protección y efectiva
60
aplicación. Así mismo, la Asamblea Nacional Constituyente también hizo
referencia a la necesidad de respetar en toda circunstancia valores y principios
fundamentales de la persona humana con independencia de su consagración
expresa. Eso se deduce de los artículos 93 y 94 de la actual Constitución.
En el artículo 93, el constituyente consagró la primacía del Derecho Internacional
Convencional relativo a los Derechos Humanos, porque establece una prevalencia
de los tratados y convenios ratificados por Colombia y la obligación de interpretar
la carta de derechos conforme con estos convenios y tratados. Esto garantiza la
aplicación del Protocolo II.
En el artículo 94 estableció la posibilidad de aplicar derechos no consagrados en el
texto constitucional o incluso en los convenios y tratados no ratificados por
Colombia, cuando se trate de derechos inherentes a la persona humana. De
acuerdo a este texto, que sea inherente o fundamental no depende de su
consagración expresa sino de un valor normativo del derecho natural
independiente de cualquier consagración en el ordenamiento positivo.
Por otra parte, en el artículo 214 numeral 2 de la Constitución, se consagró ese
valor supraconstitucional del Derecho Internacional Humanitario cuando al regular
los parámetros a que se sujetan las facultades presidenciales durante los estados
de excepción dispuso que “En todo caso se respetarán las reglas del Derecho
Internacional Humanitario”.
61
No se exige en tales condiciones, ratificación o adhesión al convenio o al tratado.
En otras palabras, con haber incorporado este principio, los constituyentes
quisieron proteger los valores humanitarios reconocidos por la Comunidad
Internacional.
Por esto, se acogió la fórmula de la incorporación automática del DIH al
ordenamiento interno nacional.
La Corte Constitucional, en la sentencia29 por medio de la cual efectuó la revisión
constitucional del Protocolo I, interpretó de manera muy extensa los artículos 93,
94 y 214 de la Constitución. Según este Tribunal, en Colombia gracias a la
Constitución de 1991, opera la incorporación automática; esto significa que incluso
si no se dan obligatoriamente los supuestos de hecho para aplicar el Protocolo II,
sus contenidos normativos son relevantes, puesto que ellos son en gran parte una
simple formulación positiva de obligaciones consuetudinarias preexistentes.
Esta incorporación automática implica una supranacionalidad de las normas del
DIH y las hace obligatorias, pero esto no constituye una violación de la soberanía
nacional, toda vez que este concepto es hoy en día más flexible, ya que aunque
busca proteger el ámbito de la libertad en la autodeterminación estatal, no puede
implicar un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal.
Entonces, aunque en sentido estricto, a juicio de la Corte Constitucional, no
hubiera habido necesidad en Colombia de adherir al Protocolo II porque este ya
29 Corte Constitucional, Sentencia C-574/92, octubre 28/92
62
era per se un instrumento aplicable al conflicto colombiano, la adhesión implicó por
parte del Estado colombiano reafirmar su voluntad de humanizar la guerra y
cumplir las normas del Derecho Humanitario. Este compromiso lo hizo frente a la
población civil, la guerrilla y la Comunidad Internacional.
Para concluir, podríamos decir que los Convenios sobre DIH prevalecen en el
orden interno, en la medida en que este forma con el texto constitucional un
“bloque de constitucionalidad” el cual puede entenderse, en este caso, como una
unión de normas para ejercer una acción conjunta en contra de los infractores de
las normas humanitarias. De esta manera, se armoniza el principio de supremacía
de la Constitución como norma de normas, con la prevalencia de los tratados
ratificados por Colombia.
5.4 MOTIVOS POR LOS CUALES COLOMBIA SE ADHIRIÓ AL
PROTOCOLO II EN 1994:
Las Fuerzas Militares estimaban políticamente inconveniente aprobar el Protocolo
II ya que se prestaría a una manipulación política por parte de las organizaciones
guerrilleras. Esta posición se mantuvo alrededor de 17 años.
Lo curioso es como durante estos años un instrumento internacional generó
desconfianza por razones eminentemente políticas. Desde la participación de
Colombia en la Conferencia Diplomática de Ginebra que elaboró entre 1974 y 1977
los dos Protocolos Adicionales, las Fuerzas Militares tenían serios reparos al
Protocolo II.
63
Hubo que esperar hasta el 17 de marzo de 1994 para que las Fuerzas Militares,
por intermedio de su Ministro de Defensa el Doctor Rafael Pardo Rueda y el
Comandante General juzgaran conveniente que se sometiera a consideración del
Congreso de la República el Protocolo II.
La adhesión al Protocolo II en Colombia se quiso negociar con las organizaciones
guerrilleras, cuando ninguna convención internacional puede negociarse puesto
que el acto de aceptación es una manifestación unilateral de los Estados ante la
Comunidad Internacional, además los grupos guerrilleros no son sujetos del
Derecho Internacional con los que se pueda entrar en negociaciones de ese tipo.
Los argumento esenciales contra ese instrumento, que fueron manifestados por la
delegación de Colombia en la Conferencia Diplomática de Ginebra entre 1974 y
1977 y que persistieron hasta 1994, pueden resumirse así:
a. Que dicho instrumento no establecía una igualdad de compromisos para las
partes en conflicto por lo cual podía emplearse para presentar al Estado como
el único violador del Protocolo.
b. Que permitía la internacionalización del conflicto.
c. Que existía una indeterminación sobre a quién correspondía calificar las
condiciones de aplicación material del Protocolo II y con qué criterios se debía
realizar.
64
d. Que podía utilizarse para buscar un reconocimiento de beligerancia por parte
de terceros Estados.
Con relación al primer argumento, que el Protocolo no establece una igualdad de
compromisos para las Partes en Conflicto con lo cual puede aprovecharse para
presentar al Estado como único violador de la normatividad del DIH, hay que
anotar en primer lugar que la versión final del Protocolo II suprimió la expresión
“Partes Contendientes”, a petición de los países del Tercer Mundo que veían en
ella una equiparación legal inaceptable entre el Gobierno establecido y los grupos
rebeldes.
En segundo lugar, el Derecho de Ginebra parte de la efectividad de la autoridad
rebelde, de sus posibilidades de controlar la conducta de sus grupos armados y de
su consideración de personas humanas con derecho a un trato digno ante las
autoridades gubernamentales, y por tanto, le exige el mismo respeto de la dignidad
humana a esa parte rebelde.
El decálogo mínimo del Articulo 3º Común y los 28 artículos del Protocolo II, en
últimas, establecen obligaciones a las Partes en Conflicto y derechos para la
población civil.
Obligaciones, porque el Derecho de Ginebra esencialmente consagra en relación
con las Partes en Conflicto exigencias en la conducción de las hostilidades; y
derechos, porque esta legalidad busca en todo momento la protección de las
personas ajenas al conflicto, garantizándoles su integridad para que en todo
65
momento reciban un trato humano y digno. Así, la efectividad implícita en el
Artículo 3º y en el Protocolo II se limita al estricto ámbito humanitario y cobija con
igualdad de responsabilidades tanto al Estado como a los rebeldes.
En relación con el segundo argumento, según el cual se permitiría la
internacionalización del conflicto, el artículo 3 del Protocolo II consagra la no
intervención, estableciendo el principio de la armonía entre las normas
humanitarias y las del derecho interno. Si el Protocolo II pretende otorgar la
debida protección de los derechos fundamentales de todas las personas en un
conflicto armado interno, su ejecución no hace sino reforzar la legitimidad de la
aplicación del derecho interno, sin menoscabar para nada la soberanía nacional, ni
la responsabilidad constitucional del Estado.
Cuando un Estado ratifica el Protocolo o se adhiere a él, acepta sus términos en el
libre ejercicio de su soberanía. La obligación de respetar las normas que este
contiene, no puede por consiguiente, ser considerada posteriormente, como una
amenaza a su soberanía, dado que el campo de acción del Gobierno está limitado,
en este caso, por obligaciones que él mismo contrajo libremente.
Sobre el particular, la carta enviada al Presidente de la República en ese entonces,
Doctor César Gaviria Trujillo, el 17 de marzo de 1994, por el Ministro de Defensa
Doctor Rafael Pardo Rueda y el Comandante General de la Fuerzas Militares,
Ramón Emilio Gil Bermúdez, dice lo siguiente: “Es claro, a la luz del Derecho
Internacional y a la luz de los Protocolos, en especial del artículo tres del Protocolo
II que en todo momento se respetará la soberanía de la nación. Por lo tanto, la
66
capacidad del Estado para reprimir y controlar la subversión no sufriría menoscabo
alguno”.
No permite el Protocolo II, en ningún momento, la vigilancia supranacional. La
actuación de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, no
significa en modo alguno intromisión de observadores de organismos
internacionales. En su calidad de institución neutral, independiente y particular,
este Comité procura que reciban protección y asistencia las víctimas civiles y
militares de los conflictos. Es el organismo fundador de la Cruz Roja que solo
toma iniciativas humanitarias, porque promueve el desarrollo del DIH y la
comprensión y difusión de sus normas. Uno de sus principios, el de la neutralidad,
establece que con el fin de conservar la confianza de todos se abstiene de tomar
parte en las controversias de orden público, racial, religioso o filosófico. De esta
manera, las acciones de las sociedades de socorro estipuladas en el artículo 18
del mencionado Protocolo II son un mero ofrecimiento que no debe considerarse
como intromisión en los asuntos internos.
La exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual se aprueba el
Protocolo II, sometido a consideración del Congreso de la República el 27 de abril
de 1994, al respecto señaló lo siguiente:
“También han aducido que la adhesión al Protocolo II podría implicar la
intervención de organismos internacionales en el conflicto interno colombiano, en
detrimento de la soberanía nacional y de la responsabilidad del gobierno de
mantener o restablecer el orden público interno o de defender la unidad nacional y
67
la integridad territorial”. Esta afirmación se puede desvirtuar teniendo en cuenta
que el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra señala expresamente que
uno de dichos organismos “podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto”, lo
cual no implica en manera alguna obligación para una de dichas partes de aceptar
tal ofrecimiento. El Artículo 18 del Protocolo II concreta y desarrolla la disposición
antes señalada, sin cambiar sus condiciones esenciales de aplicación.
Por lo tanto, para que un organismo internacional de socorro pueda entrar a
ejercer determinadas actividades en el territorio de un Estado, así éste sea parte
del Protocolo II, se requiere la autorización, consentimiento y cooperación activa
del Estado del que se trate. Cabe agregar que si se solicita y obtiene dicho
consentimiento, dichas actividades se concretarán en acciones de carácter
humanitario neutral.
Hay que recordar además que la amplísima salvaguardia sobre no intervención en
asuntos internos contenida en el artículo 3 del Protocolo obliga también al Comité
Internacional de la Cruz Roja y a otros organismos internacionales de socorro, los
cuales no podrían entrar a ejercer actividades en el territorio de un Estado Parte
sin contar con su consentimiento expreso.
En el caso colombiano, el CICR ha estado activo desde hace varios años en
nuestro país y existe incluso una delegación de ese organismo establecida en
Santa fe de Bogotá. La adhesión de Colombia al Protocolo II no modificó esta
situación, ni amplió el alcance de las competencias que ya poseía el CICR en
virtud del Artículo 3º Común, ni de ningún otro organismo similar.
68
En relación con el tercer argumento, la indeterminación sobre a quién corresponde
calificar las condiciones establecidas en el artículo 1 del Protocolo II, existen dos
teorías al respecto, en cuanto al cumplimiento o no de dichos requisitos.
Como se dijo anteriormente, la tesis predominante es que sí se cumplen, por las
razones ya expuestas en este trabajo en el capítulo referente a los hechos a los
que es aplicable el Protocolo (Punto 3.4).
Siendo así, las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados están
ligados por el Protocolo II. El compromiso contraído por el Estado es válido no
solamente para el gobierno, sino también para los particulares que se encuentren
en el territorio nacional, incluidos los grupos rebeldes que están sujetos de este
modo a ciertas obligaciones.
En relación con el último argumento, según el cual la adhesión al Protocolo II
puede utilizarse para buscar un reconocimiento de beligerancia por parte de
terceros Estados, este Protocolo, nunca ha sido utilizado como instrumento para el
reconocimiento de beligerancia de organizaciones subversivas. El salvador, es
parte de dicho instrumento desde 1978, antes que se desencadenara el conflicto
con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Perú lo es desde
1989 en pleno conflicto con Sendero Luminoso, y en ninguno de estos países se
utilizó para argumentar la beligerancia de esos grupos insurgentes.
Antes de la aparición de los Convenios de Ginebra de 1949, si no se otorgaba el
reconocimiento de beligerancia a la parte en conflicto que lo pretendía, no era
69
aplicable el Derecho de los Conflictos Armados. Era necesario calificar el estatuto
jurídico de las partes para que entrara en vigor el DIH.
Esta costumbre de atar la aplicabilidad de las normas humanitarias y las relativas a
la conducción de las hostilidades al reconocimiento de otro como beligerante, trajo
como consecuencia que muchos Estados desconocieran la legalidad de estas
normas, porque no estaban dispuestos a pagar los costos políticos e incluso
jurídicos de dicho reconocimiento. Es así, como los Convenios de Ginebra de
1949 introdujeron un cambio fundamental en esta figura al estipular que la
aplicación del derecho de Ginebra en modo alguno afecta el status jurídico de las
partes en conflicto. Esta modificación revolucionaria introducida en 1949 condujo a
que la figura de la beligerancia cayera en desuso. Su verdadera dimensión jurídica
ha perdido peso y la trascendencia de esta problemática no despierta el interés de
antes. Es decir, a partir de 1949 no se vincula mas la aplicación del Derecho de
los Conflictos Armados al reconocimiento de la beligerancia.
5.5 ADHESIÓN DE COLOMBIA AL PROTOCOLO II:
El permanente conflicto interno en el que hace mas de 35 años vive Colombia llevó
a que los Gobiernos desde 1977 prometieran la adhesión a los Convenios
Internacionales sobre Derecho Humanitario, sin llegar nunca a ninguna conclusión,
hasta ahora.
En la Conferencia de Ginebra de 1977, Colombia participó en el tema central
referente al desarrollo y la reafirmación del DIH aplicable a los conflictos armados.
70
Sin embargo, el designado como jefe de la comisión colombiana Héctor Charry
Samper se abstuvo de participar en la firma del documento.
Respecto a este tema dijo nuestro Embajador que la posición de la delegación
provino de las instrucciones emanadas de los Ministros de Relaciones Exteriores y
Defensa bajo el Gobierno del ex-presidente Alfonso López Michelsen.
En ese entonces la delegación presentó una enmienda al texto del artículo 1 del
Protocolo II con la intención de que la calificación de las condiciones previstas en
dicho artículo correspondieran al Estado en el que se presentaren los conflictos.
Esta enmienda no fue aceptada por la Conferencia.
El Gobierno en sus explicaciones sobre la no adhesión al Protocolo II, sostuvo que
el mayor argumento que se tenía era que dicha adhesión conllevaría a un
desequilibrio de responsabilidades respecto de la aplicación del Protocolo y de las
sanciones por su violación, lo cual podía dar como resultado una especie de auto
limitación de los Estados frente a los grupos guerrilleros que no quedarían
igualmente obligados y limitados.
A partir de ahí y durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala el Protocolo II
pasó inadvertido tanto para el Gobierno como para la opinión pública.
En la administración de Belisario Betancourt fueron presentados dos proyectos de
ley al Congreso para aprobar los Protocolos, pero este fin no se logró.
71
Con el ex-presidente Virgilio Barco Vargas, el país recibió la visita del Presidente
de la Cruz Roja Internacional en 1989, creándose así una comisión que estudiaría
la viabilidad de la aplicación de los Protocolos, para presentar al Congreso un
proyecto de ley; esto finalmente no se llevó a cabo.
Cuando inició su período presidencial César Gaviria Trujillo, éste condicionó la
aprobación del Protocolo II a la voluntad de paz que tuviera la guerrilla, pero esta
solo se vio con respecto a algunos grupos guerrilleros como el M-19, el cual se
reinsertó durante el Gobierno del Dr. Barco, así como en relación con una fracción
del EPL, el Quintín Lame y el PRT. Sin embargo al final de su mandato, el
Protocolo II fue llevado a consideración del Congreso (mayo de 1994) y por la
premura del tiempo y por estar cercana la terminación de la legislatura, el
documento no pudo ser evacuado.
En efecto, la adhesión al Protocolo II se volvió un clamor nacional que produjo
fuertes movimientos a su favor, como el de la Iglesia colombiana en julio de 1994,
el de los cancilleres en agosto del mismo año, el de ex-presidentes como Alfonso
López Michelsen y hasta los mismos Militares, que anteriormente habían sido sus
principales enemigos, por medio del ex-ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda y
el General Ramón Emilio Gil.
Este clamor tuvo efecto el 7 de agosto de 1994 en el discurso de posesión como
Presidente del Doctor Ernesto Samper Pizano, donde este solicitó al Congreso la
aprobación del Protocolo II, para reafirmar la voluntad del Gobierno en avanzar en
lo referente al Derecho Humanitario.
72
Dos días después de la posesión del Presidente de la República, la Comisión
Segunda del Senado comenzó a estudiar el tema. Luego, tras el asesinato del
Senador Manuel Cepeda miembro de la Comisión y por un problema
procedimental, el proyecto fue archivado. Dicho problema se basaba en el artículo
162 de la Constitución Política que dice: “Los proyectos de ley que no hubieren
completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en
alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que
se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en mas de dos
legislaturas”. Entonces, recordando que el proyecto fue presentado en la
legislatura anterior por la ex-canciller Nohemí Sanín y el proyecto en esa fecha no
fue discutido en su momento en la legislatura, el Protocolo II quedaba cobijado por
este artículo y por eso debió archivarse nuevamente.
El Senador José Guerra de la Espriella ponente del proyecto en ese entonces, dijo
que según los antecedentes de dicha Comisión, a los tratados internacionales no
les era aplicable dicha norma, pues esta era para leyes ordinarias únicamente.
Por esta razón, el 17 de agosto de 1994 el Gobierno volvió a presentar el proyecto
a la Comisión Segunda del Senado para que por fin se empezara su estudio.
El proceso de aprobación del proyecto se inició con la “Semana del Protocolo II”
instalada el 22 de agosto de 1994 por el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba
Triviño con el apoyo de la Cruz Roja. En esta semana que se extendió hasta el 28
de agosto, se buscó difundir el conocimiento de las normas del Protocolo II entre
los servidores públicos de todo el país.
73
El 30 de agosto de 1994, los Ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y
Defensa, en su orden Dr. Horacio Serpa, Dr. Rodrigo Pardo y Dr. Fernando Botero
concurrieron a la Comisión Segunda del Senado para participar en el debate del
citado acuerdo. Los Ministros reafirmaron ante la Comisión que dicho Protocolo no
implicaba modificar el status jurídico de la guerrilla, en cuanto a un posible
reconocimiento de beligerancia, ni implicaba tampoco modificación alguna a la
legislación interna, sino una incorporación en ella de normas internacionales a
favor de las víctimas del conflicto armado que durante tantos años se ha
desarrollado en el territorio de Colombia.
Por fin, el 13 de septiembre de 1994 el Senado de la República en pleno aprobó
sin reservas el Protocolo II, pero con algunos comentarios: En primer término, dijo
que como consecuencia de la aplicación del Protocolo II el Gobierno no podría
darle el status de beligerancia a la guerrilla; segundo, que el Gobierno no permitiría
la existencia de zonas vedadas para las acciones de la fuerza pública y tercero
que el Gobierno no debía permitir ninguna intervención de otros Estados u
organismos internacionales en el conflicto colombiano.
Frente al interrogante de quién y cómo se aseguraría el cumplimiento de las
normas humanitarias por parte de la guerrilla, el Gobierno manifestó, que no
habiendo ninguna posibilidad coactiva, ese sería el momento para que la guerrilla
demostrara su voluntad de paz, dando cumplimiento a dichos preceptos, ya que es
más fácil la solución política negociada del conflicto, mediante la concesión de un
cese al fuego bilateral o tregua o, en su defecto, en desarrollo de una guerra
74
regularizada por las normas del DIH, toda vez que en una guerra tan degradada
como la que se ha venido desarrollando en Colombia esto se hace mas complejo.
En el Congreso entonces, se dio el tramite de la Ley Aprobatoria del Protocolo II
que dio como resultado la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994. Luego se pasó al
control automático de constitucionalidad de la Ley por la Corte Constitucional, que
se dio mediante la Sentencia C-225/95 que declaró exequible la Ley Aprobatoria, y
fue llevada a sanción presidencial.
Posteriormente se hizo la adhesión por el Estado colombiano al instrumento por
medio de la manifestación de voluntad expresada por el Presidente de la
República y el depósito del instrumento de adhesión ante el Consejo Federal
Suizo.
Finalmente se dio la promulgación de la Ley Aprobatoria del Tratado con su
publicación en el Diario Oficial. Así entró oficialmente a regir el Protocolo II en el
ámbito nacional.
Después de cumplido este trámite se esperaba un cambio en las condiciones en
las que se venía desarrollando el conflicto, pero como lo vemos hoy, 5 años
después, esto aun no ha sucedido.
Sacar de las filas a cerca de 500 menores de 15 años que serían atendidos por el
Estado y la suspensión en el uso de las minas quiebrapatas fueron las
demostraciones nunca vistas, que el Gobierno Nacional esperó de parte de la
75
guerrilla como compromiso del cumplimiento de las normas del Protocolo II, es
mas, aun hoy las seguimos esperando.
Pero la actitud de la guerrilla durante estos años subsiguientes ha sido totalmente
contraria a una voluntad de cumplir con las normas del DIH. Las frecuentes
violaciones a esta normatividad, han sido una muestra del rechazo de los
insurgentes al acogimiento del Protocolo II, y la mas afectada como siempre ha
sido la población civil a quien se ha matado, secuestrado y extorsionado, tanto en
los enfrentamientos contra el ejército como fuera de ellos. Todos los actos ilícitos
realizados por los insurgentes se han escudado en la búsqueda del diálogo con el
Gobierno, los cuales no han arrojado ningún resultado y que han dado largas a la
promesa de alcanzar la paz.
La guerrilla con sus métodos absolutamente ilegítimos, compite con el Estado por
el control del territorio, la población y los recursos económicos, y realiza diálogos
de paz con el Gobierno en medio de una guerra sin cuartel, haciendo de la misma
un negocio, al cobrar rescate por la liberación de civiles secuestrados y cobrar por
la seguridad que le proporcionan a los cultivos de droga.
Para la guerrilla, acoger los principios del DIH, equivaldría a entrar definitivamente
en una negociación orientada a la paz, pues sin los medios actuales de
financiación es difícil imaginar como podría continuar su lucha contra el Estado.
La guerrilla considera que es legítimo emplear sus armas contra gente desarmada
y que está por fuera del combate. En todo campo de operaciones la guerrilla no
76
reconoce a nadie como ajeno a la guerra, nadie es neutral, quien no la apoya está
en su contra.
La humanización de la guerra es mucho más que acabar con las minas
quiebrapatas y la voladura de oleoductos, significa también acabar con todos los
actos que atentan contra las normas humanitarias como el asesinato de la
población civil o su secuestro por motivos económicos.
Pero si la guerrilla respeta el DIH se empobrece, si se empobrece se reduce su
influencia territorial, su capacidad de reclutamiento y de expansión militar. Por ello,
el cese del terror con fines económicos contra civiles y el rompimiento de
relaciones comerciales con el narcotráfico sería la prueba concreta de un real
proceso de paz y humanización en Colombia.
5.6 PROS Y CONTRAS DE LA APLICACIÓN DEL DIH EN COLOMBIA:
5.6.1 Para la guerrilla:
Pros: La guerrilla ganaría en el sentido en que al aplicar el Protocolo II se
eliminaría la atrocidad y la barbarie en sus acciones y daría un giro a sus
supuestos ideales de renovación política y social. La guerrilla con los tratos
inhumanos ha perdido credibilidad, ya la gente no se adhiere a ella para cambiar
las instituciones y propugnar ideales, se incorporan en algunos casos porque ven
en ella una fuente de ingresos que alivia en alguna manera la grave situación de
desempleo que vive el país, y en otros caso se han dado también los
reclutamientos de campesinos por la fuerza.
77
La guerrilla además, ganaría eventualmente alguna, credibilidad y confianza
popular. La comunidad ya no sentiría amenazados sus derechos, se fortalecería y
podría convertirse en una alternativa política seria en un futuro, lo cual es su ideal
principal.
La guerrilla tendría entonces la posibilidad de una aceptación social y aunque sus
ideales fueran en contra de las estructuras vigentes, no serían violatorios de los
derechos de la comunidad, se volverían así una nueva alternativa política y social,
no económica.
Contras: En el caso de una aplicación cabal del Protocolo II: La realidad nos ha
mostrado que el fundamento de la existencia de la guerrilla se ha dado por las
reiterativas violaciones al DIH que son su fuente de financiación principal. Este es
el principal motivo por el cual la guerrilla incumple las disposiciones del DIH, pues
la base de sus finanzas es la violación constante de sus normas.
Además, políticamente existen otras razones por las cuales la guerrilla incumple
las disposiciones del DIH:
- Como ha sido tradición en Colombia, para ser oído por la autoridad hay que
tomar medidas de fuerza, por esto, la guerrilla teme que al cumplir la
normatividad humanitaria pierda fuerza y llegue debilitada a la negociación, lo
cual daría pie al Estado para incumplir lo acordado en la mesa de
conversaciones.
78
- Además están seguros de necesitar un ejército fortalecido para proteger sus
filas, porque temen que en el momento en que dejen de combatir sean
atacados por las Fuerza Militares del Estado, por eso piden la zona de despeje
durante las negociaciones de paz.
5.6.2 Para el Gobierno y la población civil.
Pros: El Gobierno gana credibilidad frente al cumplimiento cabal y efectivo de lo
dispuesto en el Protocolo II. Gana También respeto y respaldo frente al
escepticismo de los colombianos producto de los acuerdos, diálogos y promesas
incumplidas hasta hoy, donde a pesar de todo necesariamente tienen depositadas
sus esperanzas. La vida nacional se transformaría radicalmente, la población civil
cambiaría la zozobra de 40 años de terror por una seguridad real garantía de sus
derechos.
El Gobierno además ganaría credibilidad y confianza por parte de la Comunidad
Internacional quien miró con muy buenos ojos la adhesión al Protocolo II como
muestra del compromiso del país en la observancia y promoción de los Derechos
Humanos y del Derecho Humanitario. Colombia ganaría paz y tranquilidad al
sentir que las partes ajenas al conflicto estarían en todo caso totalmente a salvo.
Contras: En realidad, para el Gobierno no debe presentarse ninguna desventaja
por la aplicación del DIH, ya que es su obligación proteger la vida, honra y bienes
de sus ciudadanos. Aunque no debe desconocerse que sí se presentan
dificultades para su aplicación y cabal cumplimiento, ya sea por falta de recursos
79
económicos o por falta de difusión de sus normas entre los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía.
Pero estos son obstáculos que se pueden salvar con ayuda económica extranjera,
que los países desarrollados están dispuestos a prestar por su interés en la
solución del conflicto, y con campañas de educación dirigidas a los funcionarios
públicos y también a la población civil, la cual debe saber cuales son sus derechos
y las medidas de protección que el Estado les debe brindar.
5.7 MEDIDAS ADOPTADAS PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES AL DIH:
5.7.1 Medidas adoptadas en Colombia: Reforma al Código Penal Militar:
Se vio la necesidad a mediados de 1994 de iniciar una reforma del Código Penal
Militar (Decreto 2550 de 1988). En el antiguo Código se establecían sanciones a
conductas violatorias de las llamadas Leyes de Guerra. En la reforma se querían
tipificar los delitos contra el DIH en particular, y se quería también que fueran
tipificados explícitamente los delitos que corresponden al servicio y los que están
relacionados con él.
El dilema en ese entonces fue escoger entre dos proyectos de Código Penal
Militar, surgidos de la Comisión Redactora: Uno, apoyado por la parte civil y otro
por las Fuerzas Armadas. Este último, conduciría a mantener intacta la justicia
castrense, y defender el fuero militar pleno.
80
El otro, supondría una modificación para enfrentar la impunidad en materia de
violaciones de Derechos Humanos, dentro de los límites constitucionales.
Del informe de la Comisión salió un solo articulado sobre las múltiples materias
aprobado por consenso. Pero no se pudieron poner de acuerdo en lo más
importante, y la Comisión se dividió en dos bloques –por llamarlo de alguna
manera- los civiles y la Fuerza Pública.
Estas diferencias fueron básicamente sobre tres aspectos:
a. Los delitos que corresponde juzgar a la justicia militar. La Constitución
(artículo 221) trata de los delitos cometidos por militares y policías en
servicio activo. Para los comisionados de la parte civil, el Código debería
aclarar que no podían considerarse delitos relacionados con el servicio las
graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Humanitario, tales
como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la tortura, las
desapariciones forzadas o el genocidio.
Por el contrario, el sector militar, manifestó que era totalmente
inconstitucional hacer tales precisiones en el Código, porque solo el juez
podía en cada caso, y de acuerdo con las pruebas existentes, determinar si
el delito tuvo relación con el servicio o no.
b. La obediencia debida. La Constitución del 91 en su artículo 91 establece
este principio. Para el sector civil de la Comisión, la obediencia debida no
puede aplicarse en casos graves de violaciones a los derechos de la
persona.
81
Este punto fue respaldado por el Ministerio de Defensa, sostuvo que los
manuales militares dicen lo mismo, porque la obediencia no puede ser
ciega, pero sería inconstitucional decirlo así en el Código, porque pondría
en peligro la disciplina de las tropas. Lo que nadie puede entender es como
puede ser constitucional el rechazo de la obediencia ciega en la práctica e
inconstitucional la expresión de ese rechazo en la norma legal.
Nuestra opinión al respecto es que quienes integran el cuerpo armado, cuya
tarea es defender la seguridad de los asociados del Estado, en ningún
momento pierden su calidad de seres concretos e individuales, dotados de
razón y libre autodeterminación. Aunque sometidos a un ritmo de vida en el
cual se exigen con rigor la obediencia y la disciplina, los militares siguen
siendo personas y por lo tanto, sujetos a ciertos atributos jurídicos
inherentes a la condición humana.
Como persona también corresponden al militar unos deberes que
anteceden a cualquier condición y son independientes de ella. Los
oficiales y los soldados, como los demás hombres, tienen obligaciones
imperativas con respecto a los otros ciudadanos y a la comunidad. Por ello
deben estar siempre sometidos a las consecuencias jurídicas que reporta la
infracción del orden normativo.
La obediencia militar no debe ser identificada con el cumplimiento
mecánico, invidente y despersonalizado de cualquier mandato jerárquico,
82
así este sea inmoral, criminal o absurdo. Ningún juramento anula en el
hombre la facultad natural de la inteligencia crítica y el discernimiento, que
le permiten conocer los límites justos y racionales del orden y la
subordinación.
La simple ejecución de la orden superior no es siempre por sí misma
moralmente positiva. Se está obligado a obedecer solo aquellas ordenes
que no se salen del ámbito de la legítima competencia de la autoridad.
No se puede sostener que los militares deban obediencia aun a los
mandatos cuya ejecución implica la autoría de actos deliberadamente
opuestos a principios de justicia y moralidad.
¿Cuál es la autoridad competente para ordenar que se cometa genocidio o
tortura, cómo puede considerarse obligatoria la orden de tomar rehenes o
dar muerte al enemigo fuera de combate?.
Todo hombre tiene un derecho personalísimo a rehusar el cumplimiento de
órdenes que contraríen las convicciones íntimas del obligado.
De otra parte, según el artículo 91 de las Constitución “En caso de
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo
ejecute. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición.
83
Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior
que da la orden”
Como se puede apreciar, este artículo consagra como causal de exclusión
de la antijuridicidad la existencia de una orden de autoridad. Pero de
acuerdo a los expertos en el tema, para que la orden obre como causal de
justificación se requiere que sea legítima, esto es, que no conlleve a la
realización de un hecho antijurídico.
En un estado de derecho no cabe la obediencia ciega, debe haber una
obediencia pronta y rígida pero jamás irracional.
Se insiste en esta diferencia, por cuanto independientemente de la pura
consecuencia jurídica derivada del artículo 91 de la Constitución Política en
torno a establecer sobre quien recae la responsabilidad en caso de
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona -asunto claramente definido por la norma cuando respecto de los
militares en servicio, libera de ella al inferior y la proyecta hacia el superior
que da la orden- la disposición del artículo 18, que no admite excepciones,
favorece la libertad de conciencia del subordinado y se constituye en límite
a la discrecionalidad de quien manda, la cual no es absoluta conciliando así
el sano criterio de la disciplina inherente a los cuerpos armados con la real
aplicación de los derechos.
84
Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un
subalterno a cumplir la orden impartida por un superior, si ella consiste en
torturar a un prisionero o matar fuera de combate, estas conductas por su
sola enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimiento
jurídicos chocan de manera abierta con la Constitución.
Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad
constitucional de que toda orden militar pueda ser discutida por quienes la
reciben, ya que esto representaría una ruptura del concepto de autoridad y
de la indispensable disciplina que exigen los altos fines señalados por la
Constitución a las Fuerzas Armadas.
c. A quién y de qué forma le corresponde el ejercicio de la justicia militar. El
sector civil propuso que quien juzgara a los militares debían ser jueces con
formación jurídica y que dictaran sus fallos sin jurados militares.
Por su parte, las Fuerzas Militares pedían que los jueces debían ser
formados con disciplina militar, pero que debían tener una asesoría de
abogados pero solo como auditores de guerra y no como jueces.
En ese entonces, el gran problema fue decidir cuál de los dos proyectos se iba a
adoptar, aunque finalmente no se adoptó ninguna de las dos propuestas, sino un
intermedio entre ambas.
En esta reforma se propuso tipificar los delitos contra el DIH en el Código Penal
Militar como el desarrollo más elemental del Protocolo II. Se querían llenar vacíos
de tipo penal que existían frente al DIH; el vacío mas grande que había era en
85
cuanto a la desaparición forzada, esta conducta no estaba tipificada como delito y
su tipificación es una de las consecuencias lógicas de establecer después de la
ratificación del Protocolo II. Lo que se logró en el actual Código fue establecer que
esta conducta en ningún caso se entenderá como relacionada con el servicio.
La Comisión Redactora propuso un título específico de violaciones contra el DIH,
en el cual se incluyan delitos contra las reglas de la conducción de hostilidades,
contra personas y bienes protegidos por el DIH, contra los bienes de la población
civil y otras violaciones en general contra el DIH.
Pero hoy al observar el nuevo Código Penal Militar (Ley 522 de agosto 12 de 1999)
se encuentra que toda esa tipificación propuesta no se incluyó. Al revisar la
Gaceta del Congreso del 11 de septiembre de 1997 (pagina 36, año VI, número
368), para analizar la exposición de motivos del proyecto que finalmente llegó al
Congreso, se encontró la siguiente explicación al respecto: “Tal clase de delitos,
que constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos, e infringen de modo
vital la función misma de la institución armada, y algunos de los cuales no se han
presentado o son de muy escasa ocurrencia, serán en adelante sometidos al
conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria. Es así como la tortura, el
genocidio, la desaparición forzada, los delitos que constituyen una grave violación
de los Derechos Humanos, los delitos contra la libertad sexual y la dignidad
humana, así como el concurso para delinquir serán de conocimiento de dicha
jurisdicción”.
86
Así, el titulo de DIH quedó reducido a un solo artículo, porque al ser revisado el
título mencionado se observó que al tipificar de manera tan amplia los delitos que
constituían una grave violación a los Derechos Humanos se dejaba un margen
demasiado general y se necesitaba ser aun mas específico; además, de manera
extraoficial los militares se opusieron enérgicamente a esta tipificación, alegando
que era injusto que solo ellos quedaran sujetos a esta normatividad, y no así los
civiles que cometieran las mismas violaciones, los cuales serían juzgados bajo el
Código Penal ordinario que no contempla, hasta este momento, las violaciones a
dichas conductas, así que el artículo que finalmente quedó en el actual Código
establece lo siguiente:
Artículo 3: Delitos no relacionados con el servicio: En ningún caso podrán
considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio,
y la desaparición forzada entendidos en los términos definidos en convenios y
tratados internacionales ratificados por Colombia.
Adicionalmente, por medio del artículo 195 del Código Penal Militar, se hizo (al
igual que el código anterior) una remisión al Código Penal ordinario, al decir que
cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el
mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal ordinario, será cobijado
por el Código Penal Militar, y de esta manera quedaron incluidos en dicho Código
los delitos que atentan contra el DIH, en caso de que dicho título se apruebe.
Hoy la reforma del Código Penal ordinario está en proceso. En el proyecto hay un
título que abarca el tema de violaciones al DIH, así que se tendrá que esperar a su
87
aprobación para determinar las normas aplicables tanto para los militares como
para los civiles por la violación a dicha normatividad.
5.7.2 Medidas adoptadas a nivel internacional: Creación del Tribunal Penal
Internacional.
La mayoría de las Naciones pertenecientes a la ONU reconocen las normas de
DIH como normas vitales de convivencia.
Cuando un Estado ratifica y suscribe los cuatro Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales, ese Estado queda obligado a tomar todas las medidas
necesarias para aplicar el DIH, ya que este no tiene normas penales que se le
puedan aplicar directamente.
Al verse en el mundo que los Estados no cumplían con esa obligación, y que la
impunidad se expande y se multiplica, se vio la necesidad de buscar un
mecanismo coercitivo y no solo preventivo.
Se pensó entonces en el Tribunal Penal Internacional como una solución para
fortalecer efectivamente el DIH.
La Comunidad Internacional se dio cuenta que la responsabilidad frente al DIH la
asumía solamente el Estado, y los individuos que cometían los mas infames delitos
no eran sancionados, o si lo eran, burlaban la justicia asilándose en algún lugar del
mundo.
88
La Comunidad de Naciones quería que se le diera un reconocimiento mundial a los
derechos del ser humano sobre el derecho de las naciones de repeler las
agresiones de otros Estados y en general de grupos armados, y se pensó que esto
se lograría internacionalizando la justicia, cerrando el abismo que había entre el
derecho interno de cada Estado y el derecho internacional que hasta ahora se
había tenido como poco eficaz.
Pero, y esto ¿para qué? Para que los crímenes de guerra puedan ser juzgados en
todo el mundo y no tenga lugar la impunidad y la injusticia. Es por eso que en la
Comunidad de Naciones se busca la vigilancia internacional de los individuos que
realicen crímenes de guerra.
Pero la creación de un Tribunal Internacional no era una idea nueva, el mas
famoso Tribunal fue el ad-hoc de Nuremberg, donde los vencedores juzgaban los
crímenes de los vencidos, pero estos tribunales eran posteriores a las guerras.
La idea de este Tribunal Internacional que se creó, no es la de ser posterior a un
conflicto, sino la de ser un Tribunal preventivo, de carácter permanente,
independiente y vinculado con el sistema de Naciones Unidas, que entrará a
funcionar solo cuando 60 Estados hayan hecho la ratificación del Tratado.
En el debate del Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional,
muchos países no apoyaban la creación de ésta porque tenían miedo de que esta
implicara una disminución de su soberanía, sin entender que la acción de la Corte
89
es subsidiaria, esto quiere decir que entra en acción solo cuando los tribunales
nacionales están imposibilitados para actuar o no quieren hacerlo, o sea que actúa
de manera complementaria a la jurisdicción penal nacional, con lo cual busca
respetar el derecho interno, toda vez que el mencionado Estatuto menciona como
causal de inadmisibilidad de un asunto que éste sea ya objeto de investigación en
el Estado, salvo que éste no esté dispuesto a investigar o continuar investigando
los hechos.
Pero para que la Corte entre a actuar la firma y ratificación del Tratado por parte de
lo Estados es necesaria. Colombia firmó el Tratado, pero no lo ha ratificado aun;
podría pensarse que por temor a ceder sus facultades de perseguir a los
criminales. Para que la Corte ejerza sus funciones necesita que el Estado esté de
acuerdo, lo cual se manifiesta con la ratificación del Tratado. Cuando Colombia lo
ratifique le dará competencia a la Corte para conocer de las conductas tipificadas
en el Estatuto como violatorias del DIH y que hayan sido realizadas en el territorio
de Colombia como Estado Parte, pero sin dejar a un lado el deber de todo Estado
de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de esta clase de
violaciones.
En cuanto a la competencia de la Corte, esta no es retroactiva en principio, se
aplica solo a crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto,
salvo que el Estado que ratifica disponga lo contrario.
Los tipos de delitos en los que la Corte tiene competencia son: Crímenes de
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito de agresión.
90
Estos delitos están ampliamente definidos en el articulado del Estatuto y de esto se
encargaron algunas organizaciones no gubernamentales, logrando que se
definiera e incluyera en el estatuto las agresiones sexuales tan comúnmente
realizadas en los conflictos armados, como por ejemplo: violación, embarazo
forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y otros de
gravedad similar.
En cuanto al crimen de agresión, este no fue definido en el Estatuto, y algunos
entes como el Comité Internacional de la Cruz Roja acuden a la definición del
mismo hecha por Naciones Unidas.
Existen tres formas para que la Corte entre a ejercer su jurisdicción:
-El Fiscal de oficio inicia la investigación de un hecho y luego lo denuncia a la
Corte.
-El Fiscal por denuncia del Consejo de Seguridad realiza una investigación.
-Un Estado denuncia una situación que pareciera ser de competencia de la Corte y
se la remite al Fiscal para que asuma el conocimiento.
La Fiscalía de la Corte es un órgano separado de la misma, que actúa de forma
independiente y cuando llega a la conclusión de que existen fundamentos
suficientes para acusar, acude a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte,
para que esta pueda actuar. Esto hace que la Corte actúe de manera eficaz e
independiente.
Lo más importante de la Corte es que tiene competencia respecto de personas
naturales, las cuales serán responsables individualmente y podrán ser penalizadas
91
de acuerdo al Estatuto. La Corte no será competente respecto de los menores de
18 años. Es tan vital esa competencia sobre el individuo, que la obediencia debida
no exime de la responsabilidad penal individual, y son ilícitas las ordenes de
cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio.
La Corte es un instrumento vital contra la impunidad y contra la injusticia, ya que si
se establecen responsabilidades individuales y no solo estatales, se hará justicia y
se logrará tener una paz internacional.
92
CONCLUSION
El país ha cambiado mucho en los últimos años, y lo ha hecho también la guerrilla
como resultado de su acomodamiento a esos cambios, los cuales a su vez han
sido consecuencia de la acogida que se le ha dado a la normatividad internacional
en el campo del Derecho Internacional Humanitario, al cual se le ha dado gran
importancia y trascendencia tanto a nivel interno como internacional, por los
diferente conflictos que se han generado a nivel mundial, y especialmente por el
prolongado y doloroso derramamiento de sangre que se ha vivido en Colombia
desde hace ya muchos años.
Colombia no podía quedarse atrás de la Comunidad de Naciones en el
reconocimiento de dichas normas, por lo cual en esta década se aprobaron los dos
Protocolo Adicionales a los Convenios de Ginebra, con el fin de difundir sus
normas y darles cabal aplicación, principalmente por parte del Estado, pero
esperando siempre la misma respuesta por parte de los demás actores del
conflicto.
Se han hecho además incalculables esfuerzos para lograr la paz en nuestro país,
como han sido por ejemplo la firma de acuerdos humanitarios con los alzados en
armas, los diálogos regionales, las zonas de despeje para llevar a cabo
conversaciones de paz, etc., todo con el fin de lograr una concertación con estas
93
fuerzas disidentes para firmar la paz. Pero mientras esto sucede para humanizar
la guerra, y proteger principalmente a la población civil, ésta, irónicamente resulta
ser la mas afectada sin tener relación directa con el conflicto.
Otra de las muestras del Estado colombiano de su voluntad de respetar el DIH, fue
la reciente firma del Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional.
La utopía que queremos llegar a ver algún día, es que a los causantes de toda la
degradación y sangre en el mundo como consecuencia de los conflictos, se les
haga un juicio real.
Esperamos que con la creación del Tribunal Penal Internacional, como jurisdicción
universal, tenga una intervención vital en el mantenimiento de la paz, tranquilidad y
seguridad mundial.
Nosotras, como todos los colombianos, necesitamos creer que los fines que
persigue la Corte están garantizados, que la Corte va a tener la suficiente fuerza y
respaldo para acabar con las injusticias y el dolor de la guerra.
Necesitamos que la justicia nacional e internacional, sean preventivas, pero
sobretodo efectivas, no necesitamos códigos nuevos para estrenar o leyes mejor
redactadas, necesitamos efectividad para lograr una paz real y duradera,
necesitamos tranquilidad para poder vivir en el país donde nacimos.
94
BIBLIOGRAFIA
BORY, Francoise. Génesis y Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario.
Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja. Diciembre. 1982.
Código Penal. Editorial Leyer. 1995.
Código Penal Militar. Ley 522 de agosto 12 de 1999.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Normas Fundamentales de los Convenios
de Ginebra y de sus Protocolos Adicionales. Ginebra. 1983.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Conflicto Armado y Derecho Humanitario.
Santa fe de Bogotá. 1994.
Constitución Política de Colombia. Santa fe de Bogotá: Legis. 1994.
Conversaciones de Paz: Frente al Horror Acuerdos Humanitarios. Santa fe de
Bogotá. 1998.
95
Corte Constitucional. Sentencia C-225/95. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro
Martínez Caballero. Santa fe de Bogotá. Mayo 18 de 1995.
Defensoría del Pueblo. Fuerza Pública y Derechos Humanos. Santa fe de Bogotá.
1994.
GALLÓN GIRALDO, Gustavo. Derechos Humanos y Conflicto Armado en
Colombia. Comisión Andina de Juristas. Santa fe de Bogotá. 1991.
HERNANDEZ MONDRAGON, Mauricio. Derecho Internacional Humanitario,
Manual para Estudiantes de Derecho. Medellín. Tesis Universidad de Antioquia.
1978.
OROZCO ABAD, Iván. Combatientes, rebeldes, terroristas, guerra y derecho en
Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional. Santa fe de Bogotá. 1992.
Presidencia de la República, Consejería para los Derechos Humanos. Derecho
Internacional Humanitario: Su Aplicación en Colombia. Santa fe de Bogotá. 1992.
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional.
96
VALENCIA VILLA, Alejandro. Derecho Humanitario para Colombia. Defensoría
del Pueblo. Santa fe de Bogotá. 1994.
VALENCIA VILLA, Hernando. La justicia de las armas: una crítica normativa de la
guerra metodológica en Colombia. Santa fe de Bogotá. 1992.
