EL DERECHO HUMANO A CUMPLIR LAS PENAS DE PRISION EN UN LUGAR CERCANO AL DOMICILIO

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103 María Amparo Hernández Chong Cuy *  S: I.  Introducción. II. La prisión en el derecho constitucional mexicano.  III. El lugar de la prisión en la ley.  IV. La determinación de la prisión y la judicialización de la ejecución de sanciones penales.  V . La desclasicación “administrativa” de los traslados penitenciarios.  VI. La necesaria reorganización de la burocracia judicial. I. Introducción En enero de 2012 el Pleno de la Suprema Corte resolvió diversos amparos en revi- sión 1  que tenían como problemática común que se trataba de juicios promovidos por presos federales que compurgaban sus penas de prisión en un penal local de Zacatecas y que f ueron trasladados por ór denes de la Secretaría de Seg uridad Pública Federal, a un d iverso penal federal en Veracruz. La Corte resolvió amparar en todos esos casos, tras considerar, en una breve resolución antecedida por un largo debate 2 , sosteniendo que hay un derecho fun- damental a cumplir las penas privativas de libertad en prisión cercana al domicilio, sujeto a lo que se establezc a en leyes razonables. Lo dijo en interpretación del artícu lo 18 constitucional y sin mediar impugnación de leyes. Aún no se publican las tesis de  jurisprudencia que d erivara n de esta s se ntencias, pero es claro que, m aterial mente, ya hay criterio jurisprudencial vinculante, atento a la votación obtenida y al número 1  Amparos en Revisión 151/2011, 152/2011, 197/2001, 198/2011, 199/2011, 200/2011, 202/2011, 203/2011, 204/2011, 205/2011, 230/2011 y 276/2011. 2  Los asuntos fueron discutidos en el T ribunal Pleno en sesiones de 10 y 12 de enero de 2012. El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio Dimension ar la reciente jurispr udencia de la Suprema Corte *  Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Mariacutea Amparo Hernaacutendez Chong Cuy

S983157983149983137983154983145983151 I Introduccioacuten II La prisioacuten en el derecho constitucional

mexicano III El lugar de la prisioacuten en la ley IV La determinacioacuten

de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacuten de sanciones penales

V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

I Introduccioacuten

En enero de 2012 el Pleno de la Suprema Corte resolvioacute diversos amparos en revi-sioacuten1 que teniacutean como problemaacutetica comuacuten que se trataba de juicios promovidospor presos federales que compurgaban sus penas de prisioacuten en un penal local deZacatecas y que fueron trasladados por oacuterdenes de la Secretariacutea de Seguridad PuacuteblicaFederal a un diverso penal federal en Veracruz

La Corte resolvioacute amparar en todos esos casos tras considerar en una breveresolucioacuten antecedida por un largo debate2 sosteniendo que hay un derecho fun-damental a cumplir las penas privativas de libertad en prisioacuten cercana al domiciliosujeto a lo que se establezca en leyes razonables Lo dijo en interpretacioacuten del artiacuteculo18 constitucional y sin mediar impugnacioacuten de leyes Auacuten no se publican las tesis de

jurisprudencia que derivaran de estas sentencias pero es claro que materialmenteya hay criterio jurisprudencial vinculante atento a la votacioacuten obtenida y al nuacutemero

1 Amparos en Revisioacuten 1512011 1522011 1972001 1982011 1992011 2002011 2022011 20320112042011 2052011 2302011 y 2762011

2 Los asuntos fueron discutidos en el Tribunal Pleno en sesiones de 10 y 12 de enero de 2012

El derecho humano a cumplir las penas de prisioacutenen un lugar cercano al domicilioDimensionar la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten

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de asuntos fallados3 Por eso en el presente hablamos de fallos sentencias o juris-prudencia cual sinonimia

Estos fallos resultan sumamente relevantes desde por lo menos dos aristas pri-mero desde el derecho de los derechos humanos y segundo por el entendimientoque suponen del nuevo proceso penal que se refleja tambieacuten en las competencias delos jueces de amparo

En el presente documento se plasman algunos comentarios acerca de la proble-maacutetica abordada por esas sentencias con el aacutenimo de aportar elementos para dimen-sionar la trascendencia de las interpretaciones enarboladas escritas y subyacentes enesas decisiones

II La prisioacuten en el derecho constitucional mexicano

En sede constitucional el tema de las prisiones no fue uno que de origen ocuparaun lugar central o importante Tradicionalmente como se veniacutea haciendo desde elderecho europeo y americano el derecho constitucional se constrentildeiacutea a prohibir laprisioacuten por deudas civiles (como siacute llegoacute a suceder histoacutericamente) y a proscribir elmaltrato en la misma para hacer referencia al tema de las penas trascendentales (enel que ha entrado a discusioacuten la prisioacuten vitalicia) yo los tratos crueles e inhumanosEn este sentido veacuteanse los textos desde su origen de los artiacuteculos 18 19 21 y 22constitucionales

Pero ahora el reacutegimen constitucional del emprisionamiento tiene una fisonomiacuteamuy distinta Ha pasado de ser un tema en torno al cual se estableciacutean algunas pro-hibiciones (casi a modo de regla aunque en realidad tambieacuten conferiacutean derechos)a un tema que ameritoacute un cuacutemulo de reglas organizacionales (tambieacuten en un inicioprecarias y gradualmente maacutes detalladas) a uno que hoy ha quedado inserto y con-figurado como un tema de derechos de derechos fundamentales en tanto a nivelconstitucional ha sido establecido cuaacutel es la finalidad del emprisionamiento y que elestar privado de libertad por sentencia penal no implica o no debe implicar la peacuterdi-da ipso iure ni ipso facto de todos los demaacutes derechos fundamentales Ha permeado yala idea de que el sentenciado tiene derecho a un trato digno lo que implica muchasotras cosas a la vez

3 Si bien la discusioacuten del Pleno fue soacutelo con base en el AR 1512011 las decisiones tomadas fueron extensivas atodos los Amparos Esas decisiones fueron en teacuterminos generales las siguientes (i) cambio de competencia para los juecesde amparo que conocen de traslados penitenciarios de materia administraiva a materia penal (por unanimidad de 11 vo-tos) (ii) que hay un derecho humano a cumplir las penas privativas de libertad en prisioacuten cercana al domilicio sujeto a lascondiciones que se establezcan en leyes razonables (por mayoriacutea de de 10 votos) y (iii) que en el caso concreto el efecto dela concesioacuten del amparo debiacutea ser liso y llano (por mayoriacutea de 9 votos estando integrado el Pleno por soacutelo 10 Ministros)

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En efecto el artiacuteculo 18 constitucional se concretaba en un inicio a prohibir laprisioacuten por deudas civiles a establecer la separacioacuten entre procesados y sentenciadosy a imponer la obligacioacuten de organizar ldquocoloniasrdquo penitenciarias (asiacute se llamaban)todo esto sobre la base del trabajo Sin embargo con el tiempo las cuestiones rela-cionadas con la compurgacioacuten de penas y el reacutegimen penitenciario en general fueroncobrando maacutes atencioacuten hasta ser llevadas a nivel constitucional y poco a poco fuerondetallaacutendose maacutes aspectos del mismo

En la actualidad son variados los aspectos que acerca del emprisionamiento seabordan en sede constitucional como son la separacioacuten entre hombres y mujeresentre procesados y sentenciados entre adultos y joacutevenes asiacute como otras cuestionespero por ahora habremos de centrarnos en uno me refiero al tema del lugar del em-prisionamiento del sentenciado

El tema del lugar del emprisionamiento se incorpora en el reacutegimen constitucionalmexicano por virtud de reforma de 2001 y maacutes precisamente en el marco de la refor-ma constitucional en materia indiacutegena 4 que impulsoacute el entonces Presidente VicenteFox en ejecucioacuten de los acuerdos de la COCOPA y de San Andreacutes Larraacuteinzar a quedieron lugar las negociaciones entonces efectuadas con el Ejeacutercito Zapatista de Libe-racioacuten Nacional y grupos indiacutegenas Al parecer el tema del lugar para el compurga-miento de penas de prisioacuten fue subido a la agenda indiacutegena en razoacuten de que habiacuteainconformidad de estos grupos en torno a que indiacutegenas sentenciados eran recluidosen prisiones alejadas de su lugar de origen y ello les generaba un aislamiento y desa-rraigo praacutecticamente absoluto de su comunidad Esto explicariacutea que en la propuesta

de reforma constitucional que presentoacute la Presidencia de la Repuacuteblica se propusierareformar el artiacuteculo 18 para establecer que los indiacutegenas tendriacutean derecho a com-purgar sus penas en el lugar maacutes cercano a su domicilio Sin embargo cuando talpropuesta fue dictaminada bajo la consideracioacuten de que no habiacutea justificacioacuten paracircunscribir ese derecho soacutelo a los indiacutegenas fue que en Dictaacutemenes de Comisionesse propuso generalizarlo a todo sentenciado y eventualmente asiacute fue aprobado por elPoder Reformador Esto explicariacutea que el texto reformado de 2001 fuera geneacutericohaciendo referencia a todo sentenciado y soacutelo ataacutendolo a lo que se estableciera en lasleyes

Esta reforma es un paso muy importante de un relevante giro que lenta y gra-

dualmente fue presentando el artiacuteculo 18 constitucional que se termina de con-solidar con la reforma en derechos humanos del 20115 Poco a poco el derechoconstitucional penitenciario se fue transformando de ser un derecho organizacionalen el sentido de repartir competencias entre Federacioacuten y Estados y en el sentido de

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 14 de agosto de 20015 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 10 de junio de 2011

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fijar las bases para la organizacioacuten de las prisiones a un derecho constitucional deorden dogmaacutetico en el sentido de que establece contiene y afirma derechos huma-nos o fundamentales tutelados en esa propia sede a favor de los sentenciados Estoes pasa de ser un derecho constitucional meramente organizacional a un derechoconstitucional de derechos que garantiza a todo sentenciado condiciones miacutenimasy exigibles respecto a la forma en que habraacute de compurgar su pena de prisioacuten Esenuevo derecho constitucional tuvo eco a nivel legislativo hasta 2004 en tanto motivoacutela reforma de la Ley de Normas Miacutenimas6 para introducir el criterio del domiciliocomo criterio para la determinacioacuten de la prisioacuten en que se compurgariacutean las penasde los sentenciados

El tema de lugar de la prisioacuten fue tambieacuten tocado en la importante reforma penalde 20087 que incluyoacute destacadamente la transicioacuten hacia el sistema penal acusatorio yoral auacuten no vigente en muchos Estados ni en el fuero Federal En esa ocasioacuten el temafue tocado desde dos puntos de vista (i) uno expreso conforme al cual fue adicionadala excepcioacuten de que estariacutean excluidos de este derecho los sentenciados por delincuenciaorganizada y aquellos que requirieran medidas de seguridad especiales (por cualquierotra razoacuten) y (ii) uno impliacutecito aunque quizaacute auacuten maacutes importante la judicializacioacuten delreacutegimen de ejecucioacuten de sentencias que se introdujo con esta reforma constitucional yque entroacute en vigor desde junio de 2011 (al cumplirse la tercera anualidad de la reforma)Esa reforma constitucional motivoacute que en 2009 la Ley de Normas Miacutenimas fuera mo-dificada 8 en varios artiacuteculos para reflejar la excepcioacuten que del lugar de la prisioacuten se haciacuteapara los casos de delincuencia organizada y de sentenciados que requirieran medidasespeciales pero auacuten no hay legislacioacuten ordinaria que regule la fase de ejecucioacuten de lassentencias penales

El tema del emprisionamiento del sentenciado fue tocado nuevamente a propoacutesito dela reforma de derechos humanos de junio de 2011 ameacuten de que no se modificara directao especiacuteficamente el paacuterrafo del artiacuteculo 18 que habla sobre el lugar de la prisioacuten En estaocasioacuten que es la maacutes reciente el status de privacioacuten de libertad del sentenciado adquirioacuteuna maacutes fuerte proteccioacuten constitucional en tanto establecioacute que el sentenciado tiene de-rechos humanos que no deben ser soslayados o afectados por el solo hecho de estar priva-do de su libertad Digamos medioacute y se plasmoacute una sensibilizacioacuten importante por partedel Poder Reformador de la situacioacuten del recluso que lo lleva a reconocer expresamente

que le asisten importantes derechos a pesar de no gozar de libertad derechos que debenser respetados y derechos que son instrumentales para lograr su eventual reinsercioacuten (noldquoreadaptacioacutenrdquo) a la sociedad luego de compurgada su sancioacuten

6 Reformada por decreto publicado el 2 de septiembre de 20047 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 20088 Reformada por decreto publicado el 23 de enero de 2009

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1 El lugar de la prisioacuten en el derecho internacional

Ahora bien en la perspectiva del derecho constitucional frente al derecho internacio-nal de los derechos humanos el tema del lugar del emprisionamiento de sentenciados presenta un interesante y poco frecuente escenario Resulta que en este punto laConstitucioacuten mexicana es mucho maacutes generosa que los tratados internacionales enmateria de derechos humanos pues en estos no se aborda con especificidad Hayinstrumentos de soft law concretamente de la ONU que refieren la conveniencia deque el sentenciado recluso esteacute cerca de su familia yo de su lugar de origen pero nocon la asertividad que lo hace el derecho mexicano

Las Reglas Miacutenimas para el Tratamiento de Reclusos del ECOSOC de la ONU(1977) establecieron que los reclusos deberiacutean estar autorizados para comunicarse

con el mundo exterior (con la debida vigilancia) destacadamente con su familia sehizo referencia a que en casos de enfermedades graves de parientes cercanos permi-tieacutendolo las circunstancias se le podriacutea autorizar ir a la cabecera del enfermo se dijoque si bien la prisioacuten despojaba de la libertad personal no debiacutea agravarse innece-saria e injustificadamente su privacioacuten de derechos y su sufrimiento y se dijo que laencarcelacioacuten no debiacutea recalcar el hecho de su exclusioacuten de la sociedad sino de quecontinuacutean formando parte de ella y bajo esa loacutegica se recomendoacute la instauracioacuten deregiacutemenes de beneficios de retorno progresivo a la vida exterior Todos estos puntosapoyan la importancia que se ha considerado que tiene para el cumplimiento de losfines del sistema penitenciario que el sentenciado pueda compurgar su pena cerca de

su domicilio y conservar los lazos afectivos que teniacutea en el mundo exterior Antildeos despueacutes en 1988 la Asamblea General de la ONU emitioacute los Principios

para la proteccioacuten de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencioacuten o pri-

sioacuten y especiacuteficamente como principios

19 Toda persona detenida o presa tendraacute el derecho a ser visitada en particularpor sus familiares y de tener correspondencia con ellos y tendraacute oportunidad ade-cuada para comunicarse con el mundo exterior con sujecioacuten a las condiciones yrestricciones razonables determinadas por ley o reglamento conforme a derecho

20 Si lo solicita la persona detenida o presa seraacute mantenida en lo posible en unlugar de detencioacuten o prisioacuten situado a una distancia razonable de su lugar de resi-dencia habitual

Como se ve se recogioacute asiacute lo que se ha venido sentildealando acerca de la importanciade que el sentenciado esteacute cerca y mantenga contacto con su mundo exterior

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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de asuntos fallados3 Por eso en el presente hablamos de fallos sentencias o juris-prudencia cual sinonimia

Estos fallos resultan sumamente relevantes desde por lo menos dos aristas pri-mero desde el derecho de los derechos humanos y segundo por el entendimientoque suponen del nuevo proceso penal que se refleja tambieacuten en las competencias delos jueces de amparo

En el presente documento se plasman algunos comentarios acerca de la proble-maacutetica abordada por esas sentencias con el aacutenimo de aportar elementos para dimen-sionar la trascendencia de las interpretaciones enarboladas escritas y subyacentes enesas decisiones

II La prisioacuten en el derecho constitucional mexicano

En sede constitucional el tema de las prisiones no fue uno que de origen ocuparaun lugar central o importante Tradicionalmente como se veniacutea haciendo desde elderecho europeo y americano el derecho constitucional se constrentildeiacutea a prohibir laprisioacuten por deudas civiles (como siacute llegoacute a suceder histoacutericamente) y a proscribir elmaltrato en la misma para hacer referencia al tema de las penas trascendentales (enel que ha entrado a discusioacuten la prisioacuten vitalicia) yo los tratos crueles e inhumanosEn este sentido veacuteanse los textos desde su origen de los artiacuteculos 18 19 21 y 22constitucionales

Pero ahora el reacutegimen constitucional del emprisionamiento tiene una fisonomiacuteamuy distinta Ha pasado de ser un tema en torno al cual se estableciacutean algunas pro-hibiciones (casi a modo de regla aunque en realidad tambieacuten conferiacutean derechos)a un tema que ameritoacute un cuacutemulo de reglas organizacionales (tambieacuten en un inicioprecarias y gradualmente maacutes detalladas) a uno que hoy ha quedado inserto y con-figurado como un tema de derechos de derechos fundamentales en tanto a nivelconstitucional ha sido establecido cuaacutel es la finalidad del emprisionamiento y que elestar privado de libertad por sentencia penal no implica o no debe implicar la peacuterdi-da ipso iure ni ipso facto de todos los demaacutes derechos fundamentales Ha permeado yala idea de que el sentenciado tiene derecho a un trato digno lo que implica muchasotras cosas a la vez

3 Si bien la discusioacuten del Pleno fue soacutelo con base en el AR 1512011 las decisiones tomadas fueron extensivas atodos los Amparos Esas decisiones fueron en teacuterminos generales las siguientes (i) cambio de competencia para los juecesde amparo que conocen de traslados penitenciarios de materia administraiva a materia penal (por unanimidad de 11 vo-tos) (ii) que hay un derecho humano a cumplir las penas privativas de libertad en prisioacuten cercana al domilicio sujeto a lascondiciones que se establezcan en leyes razonables (por mayoriacutea de de 10 votos) y (iii) que en el caso concreto el efecto dela concesioacuten del amparo debiacutea ser liso y llano (por mayoriacutea de 9 votos estando integrado el Pleno por soacutelo 10 Ministros)

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En efecto el artiacuteculo 18 constitucional se concretaba en un inicio a prohibir laprisioacuten por deudas civiles a establecer la separacioacuten entre procesados y sentenciadosy a imponer la obligacioacuten de organizar ldquocoloniasrdquo penitenciarias (asiacute se llamaban)todo esto sobre la base del trabajo Sin embargo con el tiempo las cuestiones rela-cionadas con la compurgacioacuten de penas y el reacutegimen penitenciario en general fueroncobrando maacutes atencioacuten hasta ser llevadas a nivel constitucional y poco a poco fuerondetallaacutendose maacutes aspectos del mismo

En la actualidad son variados los aspectos que acerca del emprisionamiento seabordan en sede constitucional como son la separacioacuten entre hombres y mujeresentre procesados y sentenciados entre adultos y joacutevenes asiacute como otras cuestionespero por ahora habremos de centrarnos en uno me refiero al tema del lugar del em-prisionamiento del sentenciado

El tema del lugar del emprisionamiento se incorpora en el reacutegimen constitucionalmexicano por virtud de reforma de 2001 y maacutes precisamente en el marco de la refor-ma constitucional en materia indiacutegena 4 que impulsoacute el entonces Presidente VicenteFox en ejecucioacuten de los acuerdos de la COCOPA y de San Andreacutes Larraacuteinzar a quedieron lugar las negociaciones entonces efectuadas con el Ejeacutercito Zapatista de Libe-racioacuten Nacional y grupos indiacutegenas Al parecer el tema del lugar para el compurga-miento de penas de prisioacuten fue subido a la agenda indiacutegena en razoacuten de que habiacuteainconformidad de estos grupos en torno a que indiacutegenas sentenciados eran recluidosen prisiones alejadas de su lugar de origen y ello les generaba un aislamiento y desa-rraigo praacutecticamente absoluto de su comunidad Esto explicariacutea que en la propuesta

de reforma constitucional que presentoacute la Presidencia de la Repuacuteblica se propusierareformar el artiacuteculo 18 para establecer que los indiacutegenas tendriacutean derecho a com-purgar sus penas en el lugar maacutes cercano a su domicilio Sin embargo cuando talpropuesta fue dictaminada bajo la consideracioacuten de que no habiacutea justificacioacuten paracircunscribir ese derecho soacutelo a los indiacutegenas fue que en Dictaacutemenes de Comisionesse propuso generalizarlo a todo sentenciado y eventualmente asiacute fue aprobado por elPoder Reformador Esto explicariacutea que el texto reformado de 2001 fuera geneacutericohaciendo referencia a todo sentenciado y soacutelo ataacutendolo a lo que se estableciera en lasleyes

Esta reforma es un paso muy importante de un relevante giro que lenta y gra-

dualmente fue presentando el artiacuteculo 18 constitucional que se termina de con-solidar con la reforma en derechos humanos del 20115 Poco a poco el derechoconstitucional penitenciario se fue transformando de ser un derecho organizacionalen el sentido de repartir competencias entre Federacioacuten y Estados y en el sentido de

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 14 de agosto de 20015 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 10 de junio de 2011

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fijar las bases para la organizacioacuten de las prisiones a un derecho constitucional deorden dogmaacutetico en el sentido de que establece contiene y afirma derechos huma-nos o fundamentales tutelados en esa propia sede a favor de los sentenciados Estoes pasa de ser un derecho constitucional meramente organizacional a un derechoconstitucional de derechos que garantiza a todo sentenciado condiciones miacutenimasy exigibles respecto a la forma en que habraacute de compurgar su pena de prisioacuten Esenuevo derecho constitucional tuvo eco a nivel legislativo hasta 2004 en tanto motivoacutela reforma de la Ley de Normas Miacutenimas6 para introducir el criterio del domiciliocomo criterio para la determinacioacuten de la prisioacuten en que se compurgariacutean las penasde los sentenciados

El tema de lugar de la prisioacuten fue tambieacuten tocado en la importante reforma penalde 20087 que incluyoacute destacadamente la transicioacuten hacia el sistema penal acusatorio yoral auacuten no vigente en muchos Estados ni en el fuero Federal En esa ocasioacuten el temafue tocado desde dos puntos de vista (i) uno expreso conforme al cual fue adicionadala excepcioacuten de que estariacutean excluidos de este derecho los sentenciados por delincuenciaorganizada y aquellos que requirieran medidas de seguridad especiales (por cualquierotra razoacuten) y (ii) uno impliacutecito aunque quizaacute auacuten maacutes importante la judicializacioacuten delreacutegimen de ejecucioacuten de sentencias que se introdujo con esta reforma constitucional yque entroacute en vigor desde junio de 2011 (al cumplirse la tercera anualidad de la reforma)Esa reforma constitucional motivoacute que en 2009 la Ley de Normas Miacutenimas fuera mo-dificada 8 en varios artiacuteculos para reflejar la excepcioacuten que del lugar de la prisioacuten se haciacuteapara los casos de delincuencia organizada y de sentenciados que requirieran medidasespeciales pero auacuten no hay legislacioacuten ordinaria que regule la fase de ejecucioacuten de lassentencias penales

El tema del emprisionamiento del sentenciado fue tocado nuevamente a propoacutesito dela reforma de derechos humanos de junio de 2011 ameacuten de que no se modificara directao especiacuteficamente el paacuterrafo del artiacuteculo 18 que habla sobre el lugar de la prisioacuten En estaocasioacuten que es la maacutes reciente el status de privacioacuten de libertad del sentenciado adquirioacuteuna maacutes fuerte proteccioacuten constitucional en tanto establecioacute que el sentenciado tiene de-rechos humanos que no deben ser soslayados o afectados por el solo hecho de estar priva-do de su libertad Digamos medioacute y se plasmoacute una sensibilizacioacuten importante por partedel Poder Reformador de la situacioacuten del recluso que lo lleva a reconocer expresamente

que le asisten importantes derechos a pesar de no gozar de libertad derechos que debenser respetados y derechos que son instrumentales para lograr su eventual reinsercioacuten (noldquoreadaptacioacutenrdquo) a la sociedad luego de compurgada su sancioacuten

6 Reformada por decreto publicado el 2 de septiembre de 20047 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 20088 Reformada por decreto publicado el 23 de enero de 2009

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1 El lugar de la prisioacuten en el derecho internacional

Ahora bien en la perspectiva del derecho constitucional frente al derecho internacio-nal de los derechos humanos el tema del lugar del emprisionamiento de sentenciados presenta un interesante y poco frecuente escenario Resulta que en este punto laConstitucioacuten mexicana es mucho maacutes generosa que los tratados internacionales enmateria de derechos humanos pues en estos no se aborda con especificidad Hayinstrumentos de soft law concretamente de la ONU que refieren la conveniencia deque el sentenciado recluso esteacute cerca de su familia yo de su lugar de origen pero nocon la asertividad que lo hace el derecho mexicano

Las Reglas Miacutenimas para el Tratamiento de Reclusos del ECOSOC de la ONU(1977) establecieron que los reclusos deberiacutean estar autorizados para comunicarse

con el mundo exterior (con la debida vigilancia) destacadamente con su familia sehizo referencia a que en casos de enfermedades graves de parientes cercanos permi-tieacutendolo las circunstancias se le podriacutea autorizar ir a la cabecera del enfermo se dijoque si bien la prisioacuten despojaba de la libertad personal no debiacutea agravarse innece-saria e injustificadamente su privacioacuten de derechos y su sufrimiento y se dijo que laencarcelacioacuten no debiacutea recalcar el hecho de su exclusioacuten de la sociedad sino de quecontinuacutean formando parte de ella y bajo esa loacutegica se recomendoacute la instauracioacuten deregiacutemenes de beneficios de retorno progresivo a la vida exterior Todos estos puntosapoyan la importancia que se ha considerado que tiene para el cumplimiento de losfines del sistema penitenciario que el sentenciado pueda compurgar su pena cerca de

su domicilio y conservar los lazos afectivos que teniacutea en el mundo exterior Antildeos despueacutes en 1988 la Asamblea General de la ONU emitioacute los Principios

para la proteccioacuten de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencioacuten o pri-

sioacuten y especiacuteficamente como principios

19 Toda persona detenida o presa tendraacute el derecho a ser visitada en particularpor sus familiares y de tener correspondencia con ellos y tendraacute oportunidad ade-cuada para comunicarse con el mundo exterior con sujecioacuten a las condiciones yrestricciones razonables determinadas por ley o reglamento conforme a derecho

20 Si lo solicita la persona detenida o presa seraacute mantenida en lo posible en unlugar de detencioacuten o prisioacuten situado a una distancia razonable de su lugar de resi-dencia habitual

Como se ve se recogioacute asiacute lo que se ha venido sentildealando acerca de la importanciade que el sentenciado esteacute cerca y mantenga contacto con su mundo exterior

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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En efecto el artiacuteculo 18 constitucional se concretaba en un inicio a prohibir laprisioacuten por deudas civiles a establecer la separacioacuten entre procesados y sentenciadosy a imponer la obligacioacuten de organizar ldquocoloniasrdquo penitenciarias (asiacute se llamaban)todo esto sobre la base del trabajo Sin embargo con el tiempo las cuestiones rela-cionadas con la compurgacioacuten de penas y el reacutegimen penitenciario en general fueroncobrando maacutes atencioacuten hasta ser llevadas a nivel constitucional y poco a poco fuerondetallaacutendose maacutes aspectos del mismo

En la actualidad son variados los aspectos que acerca del emprisionamiento seabordan en sede constitucional como son la separacioacuten entre hombres y mujeresentre procesados y sentenciados entre adultos y joacutevenes asiacute como otras cuestionespero por ahora habremos de centrarnos en uno me refiero al tema del lugar del em-prisionamiento del sentenciado

El tema del lugar del emprisionamiento se incorpora en el reacutegimen constitucionalmexicano por virtud de reforma de 2001 y maacutes precisamente en el marco de la refor-ma constitucional en materia indiacutegena 4 que impulsoacute el entonces Presidente VicenteFox en ejecucioacuten de los acuerdos de la COCOPA y de San Andreacutes Larraacuteinzar a quedieron lugar las negociaciones entonces efectuadas con el Ejeacutercito Zapatista de Libe-racioacuten Nacional y grupos indiacutegenas Al parecer el tema del lugar para el compurga-miento de penas de prisioacuten fue subido a la agenda indiacutegena en razoacuten de que habiacuteainconformidad de estos grupos en torno a que indiacutegenas sentenciados eran recluidosen prisiones alejadas de su lugar de origen y ello les generaba un aislamiento y desa-rraigo praacutecticamente absoluto de su comunidad Esto explicariacutea que en la propuesta

de reforma constitucional que presentoacute la Presidencia de la Repuacuteblica se propusierareformar el artiacuteculo 18 para establecer que los indiacutegenas tendriacutean derecho a com-purgar sus penas en el lugar maacutes cercano a su domicilio Sin embargo cuando talpropuesta fue dictaminada bajo la consideracioacuten de que no habiacutea justificacioacuten paracircunscribir ese derecho soacutelo a los indiacutegenas fue que en Dictaacutemenes de Comisionesse propuso generalizarlo a todo sentenciado y eventualmente asiacute fue aprobado por elPoder Reformador Esto explicariacutea que el texto reformado de 2001 fuera geneacutericohaciendo referencia a todo sentenciado y soacutelo ataacutendolo a lo que se estableciera en lasleyes

Esta reforma es un paso muy importante de un relevante giro que lenta y gra-

dualmente fue presentando el artiacuteculo 18 constitucional que se termina de con-solidar con la reforma en derechos humanos del 20115 Poco a poco el derechoconstitucional penitenciario se fue transformando de ser un derecho organizacionalen el sentido de repartir competencias entre Federacioacuten y Estados y en el sentido de

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 14 de agosto de 20015 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 10 de junio de 2011

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fijar las bases para la organizacioacuten de las prisiones a un derecho constitucional deorden dogmaacutetico en el sentido de que establece contiene y afirma derechos huma-nos o fundamentales tutelados en esa propia sede a favor de los sentenciados Estoes pasa de ser un derecho constitucional meramente organizacional a un derechoconstitucional de derechos que garantiza a todo sentenciado condiciones miacutenimasy exigibles respecto a la forma en que habraacute de compurgar su pena de prisioacuten Esenuevo derecho constitucional tuvo eco a nivel legislativo hasta 2004 en tanto motivoacutela reforma de la Ley de Normas Miacutenimas6 para introducir el criterio del domiciliocomo criterio para la determinacioacuten de la prisioacuten en que se compurgariacutean las penasde los sentenciados

El tema de lugar de la prisioacuten fue tambieacuten tocado en la importante reforma penalde 20087 que incluyoacute destacadamente la transicioacuten hacia el sistema penal acusatorio yoral auacuten no vigente en muchos Estados ni en el fuero Federal En esa ocasioacuten el temafue tocado desde dos puntos de vista (i) uno expreso conforme al cual fue adicionadala excepcioacuten de que estariacutean excluidos de este derecho los sentenciados por delincuenciaorganizada y aquellos que requirieran medidas de seguridad especiales (por cualquierotra razoacuten) y (ii) uno impliacutecito aunque quizaacute auacuten maacutes importante la judicializacioacuten delreacutegimen de ejecucioacuten de sentencias que se introdujo con esta reforma constitucional yque entroacute en vigor desde junio de 2011 (al cumplirse la tercera anualidad de la reforma)Esa reforma constitucional motivoacute que en 2009 la Ley de Normas Miacutenimas fuera mo-dificada 8 en varios artiacuteculos para reflejar la excepcioacuten que del lugar de la prisioacuten se haciacuteapara los casos de delincuencia organizada y de sentenciados que requirieran medidasespeciales pero auacuten no hay legislacioacuten ordinaria que regule la fase de ejecucioacuten de lassentencias penales

El tema del emprisionamiento del sentenciado fue tocado nuevamente a propoacutesito dela reforma de derechos humanos de junio de 2011 ameacuten de que no se modificara directao especiacuteficamente el paacuterrafo del artiacuteculo 18 que habla sobre el lugar de la prisioacuten En estaocasioacuten que es la maacutes reciente el status de privacioacuten de libertad del sentenciado adquirioacuteuna maacutes fuerte proteccioacuten constitucional en tanto establecioacute que el sentenciado tiene de-rechos humanos que no deben ser soslayados o afectados por el solo hecho de estar priva-do de su libertad Digamos medioacute y se plasmoacute una sensibilizacioacuten importante por partedel Poder Reformador de la situacioacuten del recluso que lo lleva a reconocer expresamente

que le asisten importantes derechos a pesar de no gozar de libertad derechos que debenser respetados y derechos que son instrumentales para lograr su eventual reinsercioacuten (noldquoreadaptacioacutenrdquo) a la sociedad luego de compurgada su sancioacuten

6 Reformada por decreto publicado el 2 de septiembre de 20047 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 20088 Reformada por decreto publicado el 23 de enero de 2009

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1 El lugar de la prisioacuten en el derecho internacional

Ahora bien en la perspectiva del derecho constitucional frente al derecho internacio-nal de los derechos humanos el tema del lugar del emprisionamiento de sentenciados presenta un interesante y poco frecuente escenario Resulta que en este punto laConstitucioacuten mexicana es mucho maacutes generosa que los tratados internacionales enmateria de derechos humanos pues en estos no se aborda con especificidad Hayinstrumentos de soft law concretamente de la ONU que refieren la conveniencia deque el sentenciado recluso esteacute cerca de su familia yo de su lugar de origen pero nocon la asertividad que lo hace el derecho mexicano

Las Reglas Miacutenimas para el Tratamiento de Reclusos del ECOSOC de la ONU(1977) establecieron que los reclusos deberiacutean estar autorizados para comunicarse

con el mundo exterior (con la debida vigilancia) destacadamente con su familia sehizo referencia a que en casos de enfermedades graves de parientes cercanos permi-tieacutendolo las circunstancias se le podriacutea autorizar ir a la cabecera del enfermo se dijoque si bien la prisioacuten despojaba de la libertad personal no debiacutea agravarse innece-saria e injustificadamente su privacioacuten de derechos y su sufrimiento y se dijo que laencarcelacioacuten no debiacutea recalcar el hecho de su exclusioacuten de la sociedad sino de quecontinuacutean formando parte de ella y bajo esa loacutegica se recomendoacute la instauracioacuten deregiacutemenes de beneficios de retorno progresivo a la vida exterior Todos estos puntosapoyan la importancia que se ha considerado que tiene para el cumplimiento de losfines del sistema penitenciario que el sentenciado pueda compurgar su pena cerca de

su domicilio y conservar los lazos afectivos que teniacutea en el mundo exterior Antildeos despueacutes en 1988 la Asamblea General de la ONU emitioacute los Principios

para la proteccioacuten de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencioacuten o pri-

sioacuten y especiacuteficamente como principios

19 Toda persona detenida o presa tendraacute el derecho a ser visitada en particularpor sus familiares y de tener correspondencia con ellos y tendraacute oportunidad ade-cuada para comunicarse con el mundo exterior con sujecioacuten a las condiciones yrestricciones razonables determinadas por ley o reglamento conforme a derecho

20 Si lo solicita la persona detenida o presa seraacute mantenida en lo posible en unlugar de detencioacuten o prisioacuten situado a una distancia razonable de su lugar de resi-dencia habitual

Como se ve se recogioacute asiacute lo que se ha venido sentildealando acerca de la importanciade que el sentenciado esteacute cerca y mantenga contacto con su mundo exterior

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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fijar las bases para la organizacioacuten de las prisiones a un derecho constitucional deorden dogmaacutetico en el sentido de que establece contiene y afirma derechos huma-nos o fundamentales tutelados en esa propia sede a favor de los sentenciados Estoes pasa de ser un derecho constitucional meramente organizacional a un derechoconstitucional de derechos que garantiza a todo sentenciado condiciones miacutenimasy exigibles respecto a la forma en que habraacute de compurgar su pena de prisioacuten Esenuevo derecho constitucional tuvo eco a nivel legislativo hasta 2004 en tanto motivoacutela reforma de la Ley de Normas Miacutenimas6 para introducir el criterio del domiciliocomo criterio para la determinacioacuten de la prisioacuten en que se compurgariacutean las penasde los sentenciados

El tema de lugar de la prisioacuten fue tambieacuten tocado en la importante reforma penalde 20087 que incluyoacute destacadamente la transicioacuten hacia el sistema penal acusatorio yoral auacuten no vigente en muchos Estados ni en el fuero Federal En esa ocasioacuten el temafue tocado desde dos puntos de vista (i) uno expreso conforme al cual fue adicionadala excepcioacuten de que estariacutean excluidos de este derecho los sentenciados por delincuenciaorganizada y aquellos que requirieran medidas de seguridad especiales (por cualquierotra razoacuten) y (ii) uno impliacutecito aunque quizaacute auacuten maacutes importante la judicializacioacuten delreacutegimen de ejecucioacuten de sentencias que se introdujo con esta reforma constitucional yque entroacute en vigor desde junio de 2011 (al cumplirse la tercera anualidad de la reforma)Esa reforma constitucional motivoacute que en 2009 la Ley de Normas Miacutenimas fuera mo-dificada 8 en varios artiacuteculos para reflejar la excepcioacuten que del lugar de la prisioacuten se haciacuteapara los casos de delincuencia organizada y de sentenciados que requirieran medidasespeciales pero auacuten no hay legislacioacuten ordinaria que regule la fase de ejecucioacuten de lassentencias penales

El tema del emprisionamiento del sentenciado fue tocado nuevamente a propoacutesito dela reforma de derechos humanos de junio de 2011 ameacuten de que no se modificara directao especiacuteficamente el paacuterrafo del artiacuteculo 18 que habla sobre el lugar de la prisioacuten En estaocasioacuten que es la maacutes reciente el status de privacioacuten de libertad del sentenciado adquirioacuteuna maacutes fuerte proteccioacuten constitucional en tanto establecioacute que el sentenciado tiene de-rechos humanos que no deben ser soslayados o afectados por el solo hecho de estar priva-do de su libertad Digamos medioacute y se plasmoacute una sensibilizacioacuten importante por partedel Poder Reformador de la situacioacuten del recluso que lo lleva a reconocer expresamente

que le asisten importantes derechos a pesar de no gozar de libertad derechos que debenser respetados y derechos que son instrumentales para lograr su eventual reinsercioacuten (noldquoreadaptacioacutenrdquo) a la sociedad luego de compurgada su sancioacuten

6 Reformada por decreto publicado el 2 de septiembre de 20047 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 20088 Reformada por decreto publicado el 23 de enero de 2009

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1 El lugar de la prisioacuten en el derecho internacional

Ahora bien en la perspectiva del derecho constitucional frente al derecho internacio-nal de los derechos humanos el tema del lugar del emprisionamiento de sentenciados presenta un interesante y poco frecuente escenario Resulta que en este punto laConstitucioacuten mexicana es mucho maacutes generosa que los tratados internacionales enmateria de derechos humanos pues en estos no se aborda con especificidad Hayinstrumentos de soft law concretamente de la ONU que refieren la conveniencia deque el sentenciado recluso esteacute cerca de su familia yo de su lugar de origen pero nocon la asertividad que lo hace el derecho mexicano

Las Reglas Miacutenimas para el Tratamiento de Reclusos del ECOSOC de la ONU(1977) establecieron que los reclusos deberiacutean estar autorizados para comunicarse

con el mundo exterior (con la debida vigilancia) destacadamente con su familia sehizo referencia a que en casos de enfermedades graves de parientes cercanos permi-tieacutendolo las circunstancias se le podriacutea autorizar ir a la cabecera del enfermo se dijoque si bien la prisioacuten despojaba de la libertad personal no debiacutea agravarse innece-saria e injustificadamente su privacioacuten de derechos y su sufrimiento y se dijo que laencarcelacioacuten no debiacutea recalcar el hecho de su exclusioacuten de la sociedad sino de quecontinuacutean formando parte de ella y bajo esa loacutegica se recomendoacute la instauracioacuten deregiacutemenes de beneficios de retorno progresivo a la vida exterior Todos estos puntosapoyan la importancia que se ha considerado que tiene para el cumplimiento de losfines del sistema penitenciario que el sentenciado pueda compurgar su pena cerca de

su domicilio y conservar los lazos afectivos que teniacutea en el mundo exterior Antildeos despueacutes en 1988 la Asamblea General de la ONU emitioacute los Principios

para la proteccioacuten de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencioacuten o pri-

sioacuten y especiacuteficamente como principios

19 Toda persona detenida o presa tendraacute el derecho a ser visitada en particularpor sus familiares y de tener correspondencia con ellos y tendraacute oportunidad ade-cuada para comunicarse con el mundo exterior con sujecioacuten a las condiciones yrestricciones razonables determinadas por ley o reglamento conforme a derecho

20 Si lo solicita la persona detenida o presa seraacute mantenida en lo posible en unlugar de detencioacuten o prisioacuten situado a una distancia razonable de su lugar de resi-dencia habitual

Como se ve se recogioacute asiacute lo que se ha venido sentildealando acerca de la importanciade que el sentenciado esteacute cerca y mantenga contacto con su mundo exterior

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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1 El lugar de la prisioacuten en el derecho internacional

Ahora bien en la perspectiva del derecho constitucional frente al derecho internacio-nal de los derechos humanos el tema del lugar del emprisionamiento de sentenciados presenta un interesante y poco frecuente escenario Resulta que en este punto laConstitucioacuten mexicana es mucho maacutes generosa que los tratados internacionales enmateria de derechos humanos pues en estos no se aborda con especificidad Hayinstrumentos de soft law concretamente de la ONU que refieren la conveniencia deque el sentenciado recluso esteacute cerca de su familia yo de su lugar de origen pero nocon la asertividad que lo hace el derecho mexicano

Las Reglas Miacutenimas para el Tratamiento de Reclusos del ECOSOC de la ONU(1977) establecieron que los reclusos deberiacutean estar autorizados para comunicarse

con el mundo exterior (con la debida vigilancia) destacadamente con su familia sehizo referencia a que en casos de enfermedades graves de parientes cercanos permi-tieacutendolo las circunstancias se le podriacutea autorizar ir a la cabecera del enfermo se dijoque si bien la prisioacuten despojaba de la libertad personal no debiacutea agravarse innece-saria e injustificadamente su privacioacuten de derechos y su sufrimiento y se dijo que laencarcelacioacuten no debiacutea recalcar el hecho de su exclusioacuten de la sociedad sino de quecontinuacutean formando parte de ella y bajo esa loacutegica se recomendoacute la instauracioacuten deregiacutemenes de beneficios de retorno progresivo a la vida exterior Todos estos puntosapoyan la importancia que se ha considerado que tiene para el cumplimiento de losfines del sistema penitenciario que el sentenciado pueda compurgar su pena cerca de

su domicilio y conservar los lazos afectivos que teniacutea en el mundo exterior Antildeos despueacutes en 1988 la Asamblea General de la ONU emitioacute los Principios

para la proteccioacuten de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencioacuten o pri-

sioacuten y especiacuteficamente como principios

19 Toda persona detenida o presa tendraacute el derecho a ser visitada en particularpor sus familiares y de tener correspondencia con ellos y tendraacute oportunidad ade-cuada para comunicarse con el mundo exterior con sujecioacuten a las condiciones yrestricciones razonables determinadas por ley o reglamento conforme a derecho

20 Si lo solicita la persona detenida o presa seraacute mantenida en lo posible en unlugar de detencioacuten o prisioacuten situado a una distancia razonable de su lugar de resi-dencia habitual

Como se ve se recogioacute asiacute lo que se ha venido sentildealando acerca de la importanciade que el sentenciado esteacute cerca y mantenga contacto con su mundo exterior

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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Finalmente los Principios baacutesicos para el tratamiento de los reclusos (aprobadospor la Asamblea General de la ONU en 1990) enfatizaron la necesidad de que segeneren condiciones que propicien una mejor y eficaz reinsercioacuten social del recluso

Aspectos estos que puede decirse han tenido eco en las uacuteltimas reformas realizadasal artiacuteculo 18 constitucional aquiacute en comento

Es poleacutemico el tema de la vinculatoriedad que pudieran tener los instrumentosinternacionales antes citados pero lo que es claro es la asertividad con que se pronun-cia el derecho constitucional mexicano y tampoco hay espacio de duda para afirmarque ambos persiguen objetivos iguales o cuando menos similares

En esta tesitura las reformas constitucionales antes comentadas (penal y de-rechos humanos) en conjuncioacuten tendriacutean que llevar ndashy llevaronndash a leer de mododistinto otras porciones del artiacuteculo 18 constitucional a pesar de que no fueron

tocadas en junio de 2011 porque dieron cuenta de una forma renovada de ver desdela Constitucioacuten al sentenciado como un sujeto de derechos derechos que con-comitantemente arrojan deberes de respeto y garantiacutea al Estado y fungen a la vezcomo liacutemites de su actuacioacuten frente a ellos Y ademaacutes porque el reformado artiacuteculo1 constitucional impone nuevas formas de interpretacioacuten constitucional conforme alas cuales las normas que establecen derechos humanos deben ser interpretadas bajoel principio pro homine y del modo que hagan maacutes efectivos el ejercicio y vigencia delos mismos

Asiacute ante la mayor amplitud del derecho interno frente al derecho internacionalde los derechos humanos se trato asiacute de un caso en el que el derecho constitucional

mexicano bastoacute en este tema sin necesidad de llegar a cuestiones de control conven-cional o aplicar jurisprudencia internacional del tema que no hay De hecho creoque podriacuteamos decir que estos amparos se convierten en referencia obligada de coacutemoel principio pro homine puede llevar a la aplicacioacuten exclusiva de derecho internoprecisamente por ser eacuteste el que mayor proteccioacuten brinda a la persona He aquiacute undetalle maacutes que da singularidad a estos fallos

2 Elementos explicativos de este derecho

Es el octavo (penuacuteltimo) paacuterrafo del artiacuteculo 18 el que habla del derecho a compurgar la

pena en centro penitenciario cercano a domicilio cuando dice ldquoLos sentenciados en loscasos y condiciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros peni-tenciarios maacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidadcomo forma de reinsercioacuten social Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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Sin embargo como ha sido anticipado para mejor entenderlo o maacutes bien paravisualizar maacutes iacutentegramente la dimensioacuten de lo ahiacute estatuido resulta fundamentaltener en consideracioacuten tambieacuten la distinta connotacioacuten que la ejecucioacuten de las penasde prisioacuten toma con la reciente reforma que se hizo al texto del diverso paacuterrafo segun-do cuando se introdujo la previsioacuten de que el ldquosistema penitenciario se organizaraacutesobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitacioacuten para elmismo la educacioacuten la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercioacutendel sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando losbeneficios que para eacutel preveacute la leyrdquo

El cuidado importancia y connotacioacuten garantista con que ahora se aborda cons-titucionalmente el tema del trato al sentenciado recluso tiene implicaciones impor-tantes en general en todo lo referente a la privacioacuten de la libertad por sentencia penal

Y esto estaacute inspirado en reconocer muacuteltiples aspectos del derecho penal y del derechode los derechos humanos que son producto de nuevos y maacutes actuales entendimientosdel delito del papel del Estado frente al que delinque de los fines que persigue elderecho punitivo y la privacioacuten de libertad como pena y en general de una culturamaacutes fuerte del respeto a la dignidad humana

En efecto desde el punto de vista del derecho penal se ha transitado hacia underecho que se fija maacutes bien en el acto cometido que en la conducta de quieacuten locomete o en las caracteriacutesticas de su personalidad ha permeado el concepto de quesancionar penalmente conductas maacutes que perseguir el castigo por el castigo mismodebe tender a incentivar conductas acordes a la ley y que las penas deben tender o

incentivar la reconduccioacuten del comportamiento humano hacia un comportamientorespetuoso Asiacute quien comete un delito amerita una sancioacuten que sea acorde con loanterior y si ha de consistir en privacioacuten de su libertad ndasha juicio del legislador y del

juezndash entonces esa privacioacuten deberaacute darse en condiciones que efectivamente per-mitan alcanzar lo anterior Un aspecto sumamente ejemplificativo son los cambiosde orden linguumliacutestico o terminoloacutegico que se vienen observando en el derecho penalconstitucional como son el de hablar ahora de ldquoreinsercioacutenrdquo en lugar de ldquoreadapta-cioacutenrdquo (que teniacutea la connotacioacuten de que el delincuente era una desadaptado social oenfermo) y de sustituir el teacutermino de ldquoreordquo por ldquosentenciadordquo en razoacuten de la cargadespectiva y estigmatizante que acompantildea ciertas palabras

Por otra parte desde el punto de vista de los derechos humanos hoy tambieacutenes generalizada la concepcioacuten de que la privacioacuten de libertad por la comisioacuten de undelito no implica por siacute misma la peacuterdida del resto de los derechos humanos aunquemuchos de ellos al tiempo se encuentren limitados precisamente como consecuenciade la reclusioacuten Hoy se habla del trato digno de los privados de libertad se reconoce

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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119MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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que conservan su derecho a la salud su derecho a la integridad fiacutesica y a una serie dederechos que no necesariamente tienen que perder tener suspendidos o ver limitados

de modo importante soacutelo porque estaacuten presosEstos nuevos entendimientos le dan una condicioacuten constitucional distinta maacutes

importante a todo el reacutegimen juriacutedico de la ejecucioacuten de la pena pues muchas delas reglas que rigen durante esa temporalidad adquieren otro sentido Por ejemplola preliberacioacuten podriacutea antes ser vista como un incentivo para la buena conducta enprisiones y sin duda hoy en diacutea lo sigue siendo sin embargo lo que hoy creo debereconocerse es que la preliberacioacuten y otras tantas figuras histoacutericamente admitidas enla ejecucioacuten de penas de prisioacuten adquieren una connotacioacuten digamos instrumentalpara mejorar el proceso de reinsercioacuten social del sentenciado y lograr ello de un modomaacutes eficaz Y desde esta perspectiva todo aquello a que alude el artiacuteculo 18 al hablar

de la ejecucioacuten de la pena como derechos del sentenciado o beneficios debe ser re-valorado y reanalizado cual derecho constitucional reconocido a favor de ellos Y encontrapartida debe reconocerse que se instauran asiacute limitaciones a las potestades delEstado en materia penitenciaria tanto como deberes positivos a su cargo

De hecho recientes precedentes de la Primera Sala han venido a dar un giroimportante a criterios jurisprudenciales que por antildeos se habiacutean sostenido en el temade beneficios de los sentenciados En efecto la Sala recientemente sostuvo que lareforma en materia de derechos humanos especialmente la parte tocante que afectoacuteel artiacuteculo 18 daba una connotacioacuten distinta al tema de beneficios9 y con base enello sostuvo que aun cuando el otorgamiento de beneficios no es un derecho funda-

mental digamos ldquoautomaacuteticordquo pues es legislador penal puede configurar y establecerrequisitos en ley para su procedencia otorgarlos no es una potestad del Estado ni estaacutesujeto al arbitrio o criterio de cada juez sino que el solo hecho de que se satisfagan losrequisitos que el legislador establecioacute para su procedencia obliga al juez a concederlos(le guste o no la idea) Establecioacute tambieacuten que esas condicionantes que establezca ellegislador son sujetas a control constitucional concretamente de su razonabilidady proporcionalidad bajo un rigor de escrutinio ordinario (no intenso) Asiacute pues laSala distinguioacute varios planos no hay un derecho ldquofundamentalrdquo a que se otorguensin maacutes ni siempre ldquobeneficiosrdquo pero siacute hay un deber fundamental del legisladorde establecerlos y regularos en ley (ley formal y material) y tal regulacioacuten es a su

vez controlable ademaacutes de que satisfechas las condiciones de ley surge un derechofundamental no soslayable ni incumplible de otorgar los beneficios al sentenciado

9 Me refiero a los asuntos AR5982011 AR6312011 AR3292011 y ADR 16512011 todos resueltos ensesioacuten de 5 de octubre de 2011 asiacute como el AR 7022011 fallado en sesioacuten de 30 de noviembre de 2011 Si bien en laresolucioacuten de dichos asuntos los Ministros Pardo Rebolledo Ortiz Mayagoitia y Zaldiacutevar Lelo de Larrea formularon votoconcurrente ello fue respecto al alcance del estudio que formulaba el proyecto y no respecto al sentido y a las considera-ciones del mismo

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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Asiacute lo que antes se habiacutea entendido como una potestad del juez (ameacuten de que tuvieraque ser fundada y motivada) pasoacute a ser concebido como un deber del juez en tanto

derecho del sentenciado de cumplimiento forzoso para el EstadoPero en fin volvamos al tema que aquiacute nos ocupa el lugar de la prisioacuten Esta

nueva perspectiva constitucional de la ejecucioacuten de penas privativas de libertad llevaa ver el lugar de la prisioacuten no como una variable del castigo mismo que puede agravaro atenuar la severidad de la pena sino como una determinacioacuten que incide de modoimportante sobre el derecho del reo a estar recluido en condiciones que mejoren o leauxilien para su eventual reinsercioacuten social El aislamiento total del preso el aleja-miento absoluto o significativo de su entorno social o familiar lo desarraiga por com-pleto de la comunidad a la que generalmente tendriacutea que regresar una vez cumplidala pena Y eso no ayuda en nada para su reinsercioacuten social maacutes auacuten generalmente

la complica y hace de la pena de prisioacuten de una persona una pena trascendental paratoda su familia El sentenciado pierde su libertad pero sus allegados lo pierden a eacutelPor eso las recomendaciones y sugerencias de la ONU en materia de presos van enel sentido de procurar que la privacioacuten de libertad se haga en lugares cercanos a susfamilias de que los presos (salvo excepciones) tienen derecho a ser visitados y de quelas familias tienen derecho a visitarlos a ellos (salvo excepciones)

Visto asiacute cuando el artiacuteculo 18 sentildeala ldquoLos sentenciados en los casos y condi-ciones que establezca la ley podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciariosmaacutes cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad comoforma de reinsercioacuten socialrdquo estaacute no soacutelo reconociendo lo antes dicho y daacutendole una

connotacioacuten tan importante que la llevoacute a rango constitucional sino estableciendoun derecho a favor de los sentenciados a prisioacuten a que tal pena en principio y sujetosoacutelo a que se cumplan las condiciones de ley puedan compurgarla en la prisioacuten maacutescercana a su domicilio Hay una especie de regla de preferencia establecida en sedeconstitucional conforme a la cual sujeto a las condiciones de ley eacutese deba ser el lugarde su reclusioacuten Porque el lugar de reclusioacuten incide de modo muy importante en laeficacia de la reclusioacuten Porque la reclusioacuten no es al menos no es nada maacutes un fin ensiacute misma sino un medio

De hecho es esa la loacutegica que subyace tambieacuten a la creacioacuten de la figura del juezde ejecucioacuten penal institucioacuten que estaacute iacutentimamente ligada por el propio Constitu-

yente a las condiciones dignas de ejecucioacuten de la pena y especiacuteficamente al lugar dereclusioacuten En ese sentido el propio constituyente sentildealoacute en la reforma de 2008

Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisioacuten cumpliendo sus sentencias

no consisten en un simple transcurrir del tiempo en esos lapsos suceden muchoseventos que debe supervisar la autoridad judicial por ejemplo la aplicacioacuten de

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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119MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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penas alternativas a la de prisioacuten la concesioacuten de beneficios o el lugar donde se

deba extinguir la pena10

Maacutes adelante volvereacute a esto uacuteltimo

3 El lugar de la prisioacuten para extranjeros sentenciados

Al hablar del lugar en que habraacute de compurgarse una pena de prisioacuten resultaobligado hacer referencia a otra porcioacuten del artiacuteculo 18 que data desde hacevarias deacutecadas Me refiero al paacuterrafo sexto que se refiere a extranjeros senten-ciados en Meacutexico por delitos aquiacute cometidos y a mexicanos sentenciados en elextranjero que dice

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgandopenas en paiacuteses extranjeros podraacuten ser trasladados a la Repuacuteblica para quecumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercioacuten social previstosen este artiacuteculo y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitosdel orden federal o del fuero comuacuten podraacuten ser trasladados al paiacutes de suorigen o residencia sujetaacutendose a los Tratados Internacionales que se hayancelebrado para ese efecto El traslado de los reclusos soacutelo podraacute efectuarsecon su consentimiento expreso

Desde esa reforma constitucional11 podriacuteamos decir quizaacute maacutes por razonesde derecho internacional puacuteblico o de poliacutetica internacional que de derechos hu-

manos (eso no es relevante esclarecerlo por ahora) que el derecho constitucionalmexicano ha reconocido que el lugar en el que se compurgue la pena no debeser necesariamente aquel donde se fue sentenciado Y podriacutea tambieacuten decirseha considerado que si eso mejor conviene a los intereses del recluso extranjeropuede pedir ndashsujeto a ley (o tratado bilateral)ndash compurgar su pena en su propiapatria cerca de su gente o que si su Estado o Meacutexico lo piden ello no puede reali-

zarse sin su personal consentimiento Esta es una condicionante nada despreciableMenciono esto en tanto pone en evidencia que el lugar de la prisioacuten tiene

maacutes que ver con la situacioacuten particular del recluido que con los intereses o como-didades del Estado aunque no quisiera que al referir aquiacute lo relativo al extranjero

recluso se piense que estoy analogaacutendolo del todo con el tema que nos ocupapor ahora (lugar de prisioacuten en el territorio nacional) porque tampoco se tratade desconocer que en materia de ejecucioacuten de penas en el extranjero confluyen

10 Dictamen de la Caacutemara de Diputados de 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en elDictamen de la Colegisladora

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 4 de febrero de 1977

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principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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121MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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122 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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123MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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124 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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128 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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129MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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113MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

principios y normas propias del derecho internacional puacuteblico que llevan a lapostre al tema de la ejecucioacuten de penas de prisioacuten en el extranjero por derroterosdistintos12

4 Los alcances del derecho al lugar de la prisioacuten

Ahora bien bajo esta oacuteptica de derechos regresemos al texto del paacuterrafo octavo delartiacuteculo 18 citado paacuteginas atraacutes Conforme a su literalidad el precepto establece estederecho para los privados de libertad pero restringido a un determinado colectivo desujetos y con base en varios criterios que podriacuteamos puntualizar o sistematizar de lasiguiente manera

1) Seguacuten la causa (juriacutedica) por la que ha sido recluido Hay diversas causas que

pueden llevar a la privacioacuten de libertad como son el arresto administrativo o judi-cial la prisioacuten preventiva o una sentencia condenatoria En la especie este derechose otorga en teacuterminos de la literalidad del texto constitucional a los reclusos quehan sido sentenciados penalmente con pena de prisioacuten nada maacutes Seriacutea discutible sipodriacutea hacerse extensivo para la prisioacuten preventiva o para los arrestos e incluso en la

justicia juvenil en tanto no estaacuten expresamente referidos en la norma 2) Seguacuten el delito por el que fueron sentenciados con pena de prisioacuten Esto se afir-

ma en tanto que si bien en principio la norma pareceriacutea incluir a todo sentenciado(como de hecho lo hizo entre 2002-2008) actualmente quedan excluidos del aacutembitode vigencia de este derecho aquellos sentenciados que lo hayan sido por delito de

delincuencia organizada 3) Seguacuten las caracteriacutesticas o cuestiones atinentes a la persona yo presencia del

sentenciado Esto se afirma en tanto que la Constitucioacuten (al margen del delito porel que se haya sentenciado a la persona) sentildeala expresamente que este derecho ldquonoaplica para internos que requieran medidas especiales de seguridadrdquo Con esto porlo general se hace referencia al grado de peligrosidad de los internos pero creo quepuede llegar a ser un poco maacutes abierto el concepto pues tambieacuten pueden requerirldquomedidas especiales de seguridadrdquo internos que no sean personas ldquopeligrosasrdquo peroque por alguna razoacuten tienen posibilidades de evasioacuten o porque su vida e integridadcorre riesgos innecesarios en determinado lugar o porque su presencia representa

riesgos para la preservacioacuten del orden en el penal Es pues un concepto relativamenteabierto y circunstancial

Creo que la validez de estas limitantes al aacutembito de aplicacioacuten de este derecho12 Sin embargo es relevante destacar que tanto en los instrumentos internacionales (Convencioacuten interamericana

sobre extradicioacuten y en general los tratados bilaterales sobre extradicioacuten) como en la ley nacional (Ley de ExtradicioacutenInternacional) e incluso en Jurisprudencia de esta Corte (1aJ 382011) se acepta que la compurgacioacuten de penas en elpaiacutes del sentenciado es un derecho y por lo tanto es uno de los supuestos vaacutelidos para solicitar la extradicioacuten

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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seriacutea difiacutecilmente cuestionable en tanto estaacuten establecidas en sede constitucional yporque ademaacutes dado que este derecho es uno especiacutefico del derecho constitucionalmexicano no hay derecho convencional a la luz del cual se pudiera complementaro interpretar esta parte de la Constitucioacuten menos auacuten contrastar (para aquellos queadmitan el control convencional de la Constitucioacuten)

Pero no son estos los uacutenicos aspectos de importancia de esta porcioacuten normativahay otros igual de destacables Me refiero (i) a la porcioacuten en que se habla de queldquo(hellip)en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo y (ii) la diversa en quedice ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos asu domicilio(hellip)rdquo Estas expresiones normativas son importantes pues continuacuteanmarcando los alcances de este derecho

Cuando la Constitucioacuten sentildeala que la compurgacioacuten de la pena en lugar cer-cano al domicilio seraacute ldquo() en los casos y condiciones que establezca la ley(hellip)rdquo ex-presamente estaacute dotando al legislador de libertad configurativa (que no es absolutapor supuesto) para determinar las casos y condiciones (que bien podriacutean ser paraacceder al ejercicio del derecho o para permanecer en el goce del mismo) Esto sig-nificariacutea que el derecho podriacutea ser limitado o restringido por el legislador a traveacutesde diversas teacutecnicas normativas como podriacutean ser por ejemplificar estableciendorequisitos formales para su ejercicio incrementando el nuacutemero de delitos por losque no procederiacutea el beneficio (pe que se adicionara secuestro) o condicionaacutendo-lo a la probanza de la circunstancia de hecho de que en efecto tiene lazos familiares

(o afectivos) con personas que residan en determinado lugar Por supuesto talescondicionantes no estariacutean exentas de control constitucional porque la remisioacutenque aquiacute se hace hacia el legislador no podriacutea ser jamaacutes un cheque en blancomenos si se aborda esta temaacutetica como una de derechos y no de mera dotacioacuten defacultades o competencias

Esta misma loacutegica que a la vez es seguridad juriacutedica para los gobernadosexige que ese actuar del legislador sea materializado en ley formal y materialmente

hablando y no en normas de rango reglamentario Las condicionantes quedariacuteanpues sujetas ademaacutes de lo antes dicho acerca de su razonabilidad y proporciona-lidad al mandato de reserva de ley de necesaria observancia Asiacute lo ha dicho con

claridad la Corte en las resoluciones en comentarioLa uacuteltima porcioacuten del paacuterrafo octavo que amerita comentario es la parte en la que diceque los sentenciados ldquo podraacuten compurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutescercanos a su domicilio (hellip)rdquo Particularmente porque el uso del teacutermino ldquopodraacuterdquo aveces puede resultar un tanto conflictivo

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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119MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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122 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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Como es sabido el teacutermino ldquopodraacuterdquo es frecuentemente utilizado en el derechoy eso no resulta muy afortunado dada la ambiguumledad que en el terreno normativoadquiere el teacutermino Asiacute podemos localizar tesis y sentencias en las que a ldquopodraacuterdquo sele da una connotacioacuten de potestad de opcioacuten de alternativa otras en las que se hacealusioacuten con tal teacutermino a una mera posibilidad y otras en las que se sostiene que elteacutermino se estaacute utilizando en un sentido preceptivo o imperativo

En materia de ejecucioacuten de penas como quedoacute antes referido ya tradicional-mente se habiacutea sostenido en la jurisprudencia que cuando se hablaba de que se ldquopo-driacutean otorgar beneficiosrdquo o se ldquopodriacutean conmutar penasrdquo se estaba en presenciade una potestad que era criterio del juez conceder o no tales beneficios Algo asiacutecomo una cuestioacuten ex gratia maacutes que mandatoria para eacutel Claro reconocerlo comopotestad suya no significaba que el juez podriacutea resolver lo que quisiera sin fundarni motivar pero a final de cuentas siacute se le reconociacutea un amplio margen decisorioNoacutetese pues que era visto como un tema de facultades maacutes que de derechos Estoestimo ha quedado superado ya con las recientes reformas constitucionales (penal yde derechos humanos) y con lo recientemente sostenido por la Primera Sala a que yaaludimos paacuteginas atraacutes

En materia de derechos del sentenciado en ejecucioacuten de su sentencia penal se-guir pensando en el teacutermino ldquopodraacuterdquo como una cuestioacuten meramente dotatoria deuna potestad (para el Ejecutivo o el Judicial seguacuten quien se considere debe decidir ellugar de ejecucioacuten) da un amplio margen decisorio (casi arbitrario aunque persistael deber de fundar y motivar) a la autoridad encargada de determinar el lugar de eje-

cucioacuten de la pena que estimo no es compatible con la nueva visioacuten del sentenciadocomo sujeto de derechos tutelados por la Constitucioacuten Por eso creo que habriacutea queentender que cuando se dice ldquopodraacuterdquo maacutes bien se estaacute haciendo alusioacuten a que setrata de una posibilidad real y juriacutedica y no de una situacioacuten normativa perenne osiempre disponible

Cuando se dice que la pena ldquopodraacuterdquo ser compurgada en el lugar del domicilio delsentenciado lo que se estaacute reconociendo en el lenguaje constitucional es que esto nosiempre seraacute asiacute sino que seraacute asiacute en algunos casos los maacutes (deseablemente) Pero queno siempre seraacute asiacute porque la propia Constitucioacuten establece limitantes (las ya comen-tadas) y porque la propia Constitucioacuten faculta al Legislador para que establezca casos

y condiciones al respecto de modo que seraacute asiacute cuando tales hipoacutetesis normativas seactualicen Y para nada entenderlo asiacute es lo mismo que decir que por el hecho de queel precepto diga ldquopodraacuterdquo esta norma sea una dotatoria de una potestad (optativa) afavor de la autoridad encargada de la ejecucioacuten de la penas Y no es lo mismo porqueesta forma de entender el teacutermino conduce a algo de suma importancia que cuando

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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sean realizadas o satisfechas las hipoacutetesis normativas (constitucionales o legales) quehaya para tal efecto el derecho del sentenciado seraacute plenamente exigible efectivoy de necesaria observancia para la autoridad ejecutora sin que a eacutesta asista margendecisorio alguno al respecto

III El lugar de la prisioacuten en la ley

La determinacioacuten final que se haga acerca de la prisioacuten en que habraacuten de compur-garse las penas privativas de libertad como se ha visto tiene como variable rectorao de peso importante el lugar del domicilio del sentenciado Pero como tambieacutenhemos anticipado esta variable puede no ser la uacutenica a considerarse pues la Cons-titucioacuten ha autorizado al legislador a establecer en ley ndashque ya quedoacute dicho debe

ser ley formal y materialmente hablandondash casos y condiciones para ello Asiacute a tra-veacutes de ley pueden introducirse hipoacutetesis normativas que den lugar a ponderar otrasvariables al decidirse el lugar de reclusioacuten o pueden establecerse otros criterios ocondiciones que desplacen del todo la preferencia por el domicil io del sentenciado

La remisioacuten que hace la Constitucioacuten al legislador torna obligado considerarcomo referente para la validez de esas decisiones (la determinacioacuten inicial de laprisioacuten o los traslados que de momento a momento se vayan ordenando) no soacutelola Constitucioacuten sino tambieacuten la ley en que tal ejercicio de desarrollo normativo sehaya materializado Por eso al decidir la Corte estos casos se dijo que su decisioacutenno impediacutea ni significaba que los sentenciados no pudieran nunca ser trasladados

de prisioacuten o llevados a una que no fuera la maacutes cercana a su domicilio pero quesi eso se haciacutea se tendriacutea que hacer con fundamento en la Constitucioacuten y en laley No valiacutea hacerlo como en la especie habiacutea sucedido ayuno de causas legales meramente faacutecticas

El ordenamiento ahora aplicable en este tema es la Ley de Normas Miacutenimas13al que desde el inicio del presente se ha venido haciendo referencia Esta ley contienedos preceptos en los que se alude a la determinacioacuten de lugar en el que se habraacuten decompurgar las penas privativas de libertad se trata de los artiacuteculos 3 y 6 mismosque cabe reiterar fueron modificados en 2004 para introducir el criterio del domi-cilio como respuesta a la reforma constitucional (indiacutegena) de 2002 y luego otra

vez en 2009 como respuesta a la reforma constitucional de 2008 (procesos penales)En el artiacuteculo 3 el fraseo de esto se hace a modo de cuestioacuten organizativa o

dotatoria de facultades pues se hace a propoacutesito de los convenios de coordinacioacutenentre Federacioacuten y estados para efectos penitenciarios Sin embargo creo que habriacutea

13 Cuyo texto original fue publicado el 19 de mayo de 1971

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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118 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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buenas razones para considerar que esta novedosa forma constitucional de entenderel lugar de la prisioacuten tendriacutea que llevar a que la variable de cuaacutel fuero (si el federalo el local) fue el que lo sentencioacute pase a segundo plano Porciones normativas delartiacuteculo 18 constitucional que hablan de la coordinacioacuten entre Federacioacuten y estadosen esta materia asiacute como lo dicho en el artiacuteculo 3 aquiacute en comentario se han venidoapreciando como normas meramente organizacionales o facultativas pero podriacuteanadquirir ahora un cariz de derechos que supere la visioacuten organizativa para pasar aentender que dicha coordinacioacuten es instrumental para que el Estado (en generalFederacioacuten o gobierno local) pueda hacer realidad este derecho de los sentenciadosVisto en clave de derechos la coordinacioacuten Federacioacuten-estados podriacutea ndasho tendriacuteandashque empezar a considerarse un auteacutentico deber positivo del Estado derivado de suobligacioacuten de adecuacioacuten respeto y garantiacutea de los derechos del sentenciado

Luego en el artiacuteculo 6 se hace referencia a la individualizacioacuten del tratamientopara la reincorporacioacuten social y se reitera el criterio del domicilio como variable im-portante ndashque no exclusiva ni excluyentendash a considerar para efectos de determinarseel lugar en que habraacuten de compurgarse las penas de reclusioacuten14

Puede apreciarse que en ese cuerpo legal el domicilio del sentenciado es enefecto un criterio que la ley reitera al hablar sobre el lugar de la prisioacuten en quese recluiraacute al sentenciado Sin embargo no se ha establecido como un criteriouacutenico ni siempre disponible para la determinacioacuten de la prisioacuten en que habraacutede compurgarse la pena Excluidas las hipoacutetesis de delincuencia organizaday sentenciados que requieran ldquomedidas especiales de seguridadrdquo tal como lo

hace la propia Constitucioacuten la ley establece el domicilio del sentenciado comocriterio de ubicacioacuten a procurar pero no como criterio uacutenico ni excluyente sino

14 Textualmente estos preceptos dicen en la parte conducente a este comentario ARTIacuteCULO 3o- helliphellipPodraacute convenirse tambieacuten que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los

centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales cuando estos centros se encuentren maacutes cercanos a su domicilio quelos del Ejecutivo Federal y que por la miacutenima peligrosidad del recluso a criterio de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica ello sea posible

Para los efectos anteriores en caso de reos indiacutegenas sentenciados se consideraraacuten los usos y costumbres asiacute comolas circunstancias en las que se cometioacute el delito Esta medida no podraacute otorgarse trataacutendose de reclusos sentenciadospor alguno o maacutes de los delitos que preveacute la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internosque requieran medidas especiales de seguridad de conformidad con lo previsto en el artiacuteculo 6o paacuterrafo cuarto de este

ordenamientoEn los convenios a que se refiere este artiacuteculo podraacute acordarse que los sentenciados por delitos del aacutembito de sucompetencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccioacuten diversa

ARTIacuteCULO 6o- El tratamiento seraacute individualizado con aportacioacuten de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-tes para la reincorporacioacuten social del sujeto consideradas sus circunstancias personales sus usos y costumbres trataacutendosede internos indiacutegenas asiacute como la ubicacioacuten de su domicilio a fin de que puedan compurgar sus penas en los centrospenitenciarios maacutes cercanos a aqueacutel esto uacuteltimo con excepcioacuten de los sujetos internos por delincuencia organizada y deaquellos que requieran medidas especiales de seguridad(hellip)

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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sopesando o ponderando a la vez (i) la ldquomiacutenima pel igrosidad del reclusordquo (artiacuteculo3 paacuterrafo 4 y 6 paacuterrafo 2) atento a la clasificacioacuten que de su perfil personal se

haga y de la clasificacioacuten que se haga de las prisiones (prisiones de alta media omiacutenima seguridad) (ii) las condiciones de cada medio (art6 paacuterrafo 2) y (iii)las posibilidades presupuestales (iacutedem) Asiacute aun cuando el lugar del domiciliodel sentenciado se pondera como criterio necesario para la toma de tal decisioacutense admite la posibilidad de que haya otra variable (la mayor peligrosidad delsujeto por ejemplo) que desplace por completo el criterio del domicilio

El propio artiacuteculo 6ordm de la ley en comentario detalla la frase constitucionalque excluye del criterio del domicilio los casos en que se ldquorequieren medidas es-peciales de seguridadrdquo sentildealando en seis fracciones ndashveacuteanse en las fracciones I aVIndash cuaacuteles habraacuten de considerarse como esas hipoacutetesis De actualizarse alguna

de estas hipoacutetesis entonces no habraacute siquiera derecho a que el domicilio del sen-tenciado sea considerado como variable a tomar en la determinacioacuten de la prisioacutendel sentenciado pues quedariacutea desplazado del todo como criterio

Conforme a lo antes dicho en torno al marco constitucional y legal de este dere-cho tal como lo enfatizoacute la Corte cuando se esteacute en la hipoacutetesis de que siacute proce-da tomarse en consideracioacuten como criterio el domicilio del sentenciado (porqueno es un caso de delincuencia organizada ni se estaacute en la hipoacutetesis de requerirsemedidas especiales de seguridad) seraacute necesario que la autoridad explicite queacuteotras variables de entre las que soacutelo podriacutea invocar las que expresamente permite

la ley ponderoacute para llegar a su decisioacuten y seraacute necesario que razone (motive) porqueacute finalmente el otro criterio terminoacute prevaleciendo sobre el del domicilio delsentenciado yo desplazaacutendolo por completo Soacutelo asiacute creo podriacutea considerarsedebidamente fundada y motivada su decisioacuten

Lo anterior por supuesto tendriacuteamos que considerar que resulta aplicabletanto a la decisioacuten inicia l que se tome acerca de en queacute centro penitenciario habraacutede compurgarse una pena privativa de libertad como por igualdad de razones acualquier decisioacuten que en el curso del tiempo la modifique y ordene su traslado aotro sitio Y por supuesto todo lo que se diga por la autoridad al respecto podraacuteser sujeto de control judicial en sede constitucional a traveacutes hasta hoy del juicio

de amparo

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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122 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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123MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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IV La determinacioacuten de la prisioacuten y la judicializacioacuten de la ejecucioacutende sanciones penales

Los fallos de la Corte aquiacute en comentario en tanto reconocen el lugar de la prisioacutencomo derecho fundamental y enfatizan la reserva de ley que se impone en este rubrobajo condiciones de razonabilidad resultan un precedente sumamente relevante parala calidad de vida de los internos y en esa medida para la potencial realizacioacuten de losobjetivos que persigue el sistema penitenciario en tanto que se trata de una interpre-tacioacuten vinculante transversalmente para todos los operadores juriacutedicos como sucedecon las interpretaciones directas que de la Constitucioacuten se hacen Mas la trascenden-cia de estos fallos es todaviacutea mayor seguacuten procurareacute explicar en las proacuteximas paacuteginas

En efecto ademaacutes de lo antes dicho acerca del reconocimiento como derechohumano del lugar de la prisioacuten los amparos resueltos por la Suprema Corte resultanmuy relevantes en tanto se trata de las primeras incursiones que hace el Tribunal enPleno en torno a los reformados aspectos del proceso penal de 2008 Y esto impactavarias aristas de la imparticioacuten de justicia

Esto resulta asiacute porque en el trasfondo de estas resoluciones no soacutelo subyace elentendimiento de la Suprema Corte acerca la situacioacuten constitucional y derechos delsentenciado sino tambieacuten su entendimiento acerca del nuevo reacutegimen constitucionalestablecido para la ejecucioacuten de las sentencias penales Me explico

Cuando en 2008 se reformoacute la Constitucioacuten en materia de procesos penales

para introducir el sistema acusatorio y oral uno de los aspectos que tambieacuten resultoacutemodificado y de manera muy importante fue lo relativo a la ejecucioacuten de sentenciastema en el cual por supuesto queda incluido lo relativo a la compurgacioacuten de penasde prisioacuten Con tales reformas el Constituyente modificoacute de manera sustancial suconcepcioacuten sobre la fase de ejecucioacuten de las sentencias penales que tradicionalmentehabiacutea sido entendida y vivida como una etapa en la que ya no interveniacutea el Poder

Judicial pues su trabajo habriacutea terminado al momento de dictar la sentencia con-denatoria respectiva Era una etapa que correspondiacutea atender iacutentegramente al PoderEjecutivo

Esta mutacioacuten en la forma de concebir la fase de ejecucioacuten se sustenta en razonesde orden sustantivo (no adjetivas) muy vinculadas con lo antes dicho acerca de laactual concepcioacuten del trato digno de los reclusos sentenciados y de verlo como unsujeto privado de su libertad pero titular de otros tantos derechos humanos que nopueden ser soslayados o innecesariamente restringidos por el hecho de estar com-purgando una pena privativa de libertad Medioacute pues tambieacuten en esto una nueva

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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forma de ver al recluso como un sujeto de derechos que llevoacute a ver tambieacuten de mododistinto lo relativo a la ejecucioacuten de las sentencias penales particularmente cuandoson privativas de libertad pues en esa etapa tambieacuten se pueden violar esos derechos yel Estado debiacutea poder prevenir remediar y sancionar esas violaciones

Con la reforma constitucional se subrayoacute que la etapa de ejecucioacuten penal formaparte del proceso penal y que en ella ndashaun cuando no se goce de libertadndash debe ga-rantizarse el goce de otros diversos derechos fundamentales que auacuten pueden verseafectados Su propoacutesito fue reconocer el caraacutecter fundamental de los derechos de lossentenciados yo procesados ya sea que fueran derechos sustantivos (derecho a lamodificacioacuten de la penal) o instrumentales (derecho a jurisdiccioacuten especializada enmateria de ejecucioacuten penal)

Este nuevo reacutegimen de ejecucioacuten penal se delinea por diversas normas conteni-das principalmente en los artiacuteculos 18 y 21 constitucionales Particularmente desta-can las siguientes porciones normativas

Artiacuteculo 18

El sistema penitenciario se organizaraacute sobre la base del respeto a los derechoshumanos del trabajo la capacitacioacuten para el mismo la educacioacuten la salud y eldeporte como medios para lograr la reinsercioacuten del sentenciado a la sociedad yprocurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para eacutel preveacute

la ley Las mujeres compurgaraacuten sus penas en lugares separados de los destinadosa los hombres para tal efecto (Paacuterrafo segundo)

(hellip)

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podraacutencompurgar sus penas en los centros penitenciarios maacutes cercanos a su domicilioa fin de propiciar su reintegracioacuten a la comunidad como forma de reinsercioacutensocial Esta disposicioacuten no aplicaraacute en caso de delincuencia organizada y respectode otros internos que requieran medidas especiales de seguridad (Paacuterrafo octavo)

Artiacuteculo 21 (hellip)

La imposicioacuten de las penas su modificacioacuten y duracioacuten son propias y exclusivasde la autoridad judicial (Paacuterrafo tercero)

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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124 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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En efecto en ambos procesos legislativos de reforma destacan las afirmacionesde las diversas iniciativas presentadas y de los dictaacutemenes de ambas Caacutemaras en elsentido de que el reacutegimen penitenciario debe ser reconocido como un aacutembito maacutes delproceso penal en donde se respeten todos los derechos fundamentales Aun y cuan-do el grueso del trabajo legislativo de ambos procesos de reforma se dedicoacute por unaparte a la modernizacioacuten y a la eficacia del proceso penal (en 2008) y a un cambiode paradigma constitucional respecto a los instrumentos internacionales de derechoshumanos (en 2011) en las dos ocasiones se sentildealoacute que en lo referente especiacuteficamenteal reacutegimen penitenciario la finalidad era fortalecer el cuacutemulo de derechos fundamen-tales en la etapa de ejecucioacuten de la sentencia o de las medidas penales Textualmenteen el proceso de reforma de 2008 se dijo

(hellip)Las prisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo orelevante en la agenda poliacutetica y en las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos Lasprisiones son vistas como un gasto que siempre seriacutea deseable economizarEsta posicioacuten ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares dondesistemaacuteticamente se violan los derechos humanos de los reclusos A pesar de que pormandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educacioacutenal trabajo y a la capacitacioacuten para eacuteste en las prisiones no hay las condicionesnecesarias para que los reclusos ejerzan esos derechos

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la saludLa precariedad econoacutemica existente en los servicios meacutedicos provoca que en

ocasiones los meacutedicos no puedan siquiera atender lo elemental

(hellip)

Por lo expuesto se considera impostergable modificar el texto del artiacuteculo 18constitucional a fin de enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechoshumanos que les consagra la Constitucioacuten15

Se considera que la reforma al artiacuteculo 18 constitucional es urgente dado que lasprisiones en Meacutexico no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tantodentro de la agenda legislativa como de las poliacuteticas de asignacioacuten de recursos

(hellip)

Por lo anterior se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personasprivadas de su libertad pues ello provocaraacute que cada vez se respeten los derechoshumanos de los reclusos en mayor medida15 Iniciativa de legisladores (Grupo parlamentario del PRD) 4 de octubre de 2007

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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(hellip)

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminologiacutea denuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales Meacutexico formaparte se propone quitar la palabra reo por considerarla infamante y denigrantepara usar en su lugar sentenciado

(hellip)

Por otro lado se estima que ldquoreadaptacioacuten socialrdquo es inadecuado para nombrar almomento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamenteen su entorno social16

Por otro lado en el proceso de reforma de 2011 se afirmoacute

Dentro de esta propuesta se busca introducir el respeto a los derechos humanos aun aacuterea en la que particularmente han sido vulnerados el sistema penitenciarioUno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en Meacutexicoes la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptacioacuten social Es unhecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido enfactores que aumentan la criminalidad entre la poblacioacuten y esto se debe en granparte a que en dichos centros son violentados en forma sistemaacutetica los derechoshumanos de los reos una falta de atencioacuten que comienza desde las mismasnormas que organizan estos sistemas

En razoacuten de lo anterior se consideroacute que seriacutea un buen comienzo implementarestrategias para el nuevo concepto de reinsercioacuten social empezando por ligarla organizacioacuten de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechoshumanos17

Para fortalecer el sistema de proteccioacuten a los derechos humanos se adiciona alartiacuteculo 18 constitucional la obligacioacuten de organizar el sistema penitenciario delpaiacutes sobre la base del respeto a los derechos fundamentales18

Asiacute los derechos del sentenciado a los que se alude no son uacutenicamente los de-rechos humanos baacutesicos como son por ejemplo dignidad integridad personal y

16 Dictamen de la Caacutemara de Diputados Meacutexico 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieronen el Dictamen de la Colegisladora

17 Iniciativa de legisladores (diversos grupos parlamentarios) 24 de abril de 2008 Gaceta Parlamentaria No 2492-V18 Dictamen de la Caacutemara de Diputados a diversas iniciativas conjuntas de legisladores 14 de diciembre de 2010

Gaceta No 3161-VII

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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126 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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prohibicioacuten de tratos crueles igualdad y no discriminacioacuten sino tambieacuten los dere-chos fundamentales generales del debido proceso como el principio de legalidad deseguridad juriacutedica garantiacutea de audiencia y tutela judicial e incluso abarcan derechosfundamentales especiacuteficos y propios de la ejecucioacuten penal por ejemplo educacioacutentrabajo capacitacioacuten para el trabajo proteccioacuten a la salud y deporte estancia dignaderecho a modificacioacuten de la pena y el derecho a que se considere para la compurga-cioacuten de la pena de prisioacuten el lugar de su domicilio

Justo esta distinta forma de concebir al sentenciado recluso y a la fase de eje-cucioacuten de las sentencias penales llevoacute a una nueva concepcioacuten del sistema en tornoa quieacuten corresponde o debe corresponder la fase de ejecucioacuten de las sentencias yse transitoacute hacia un sistema procesal en la que esto quedoacute dentro del resorte de los

jueces aun cuando tambieacuten se conservoacute en otros aspectos para el Poder EjecutivoEn pocas palabras esto llevariacutea a que se ldquojudicializarardquo esta fase del procedimientopenal limitaacutendose asiacute el papel que juega el Poder Ejecutivo en la ejecucioacuten de lassentencias penales Por ello el constituyente afirmoacute

Nuestra intencioacuten al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciariopero esto no seraacute posible si la ejecucioacuten de las penas permanece bajo el controlabsoluto del Ejecutivo Por tanto se propone limitar la facultad del Ejecutivouacutenicamente a la administracioacuten de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutarlo juzgado al Poder Judicial Para lograrlo se crea la figura de ldquojueces de ejecucioacutende sentenciasrdquo que dependeraacuten obviamente del Poder Judicial

Con esta divisioacuten se daraacute a cada aacutembito de poder lo que le corresponde alEjecutivo la administracioacuten de las prisiones y al Judicial la de ejecutar lassentencias

Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicialdebido a que dejar la ejecucioacuten en manos de la administracioacuten rompe unasecuencia es decir la misma autoridad judicial que pronuncioacute la sentencia debevigilar que la pena se cumpla estrictamente conforme a derecho en la formapronunciada en la ejecutoria19

Esta nueva participacioacuten que la Constitucioacuten da a los Poderes Judiciales en la fasede ejecucioacuten de sentencias no exige necesariamente que su participacioacuten sea siemprecomo oacutergano decisorio ex ante de toda aquella decisioacuten que deba tomarse en relacioacutencon la ejecucioacuten de una sentencia penal ya sea por interesarle asiacute a la autoridad(como consecuencia de su vigilancia) o para responder una peticioacuten del sentenciado

19 Dictamen de la Caacutemara de Diputados 11 de diciembre de 2007 Las mismas afirmaciones se hicieron en eldictamen de la colegisladora

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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(a peticioacuten de parte) pues bien podriacutea ser que en algunos casos la participacioacuten uautorizacioacuten del juez pudiera llegar a ser a modo de una revisioacuten a posteriori (comocuando se califica la legalidad de una detencioacuten sin orden de aprehensioacuten) o a traveacutesde un control de tipo recursivo a posteriori (como se hace a traveacutes del juicio deamparo) Ello corresponderaacute determinarlo al legislador ordinario al legislar sobreeste punto idealmente tomando en consideracioacuten el derecho del sentenciado queseraacute afectado y el grado de afectacioacuten que podriacutea generarse y siempre tomando encuenta que le asiste en todo momento su derecho al debido proceso auacuten despueacutes deser sentenciado

En este orden de ideas la definicioacuten y delimitacioacuten de queacute aspectos o decisionesrelativas a la ejecucioacuten de la pena corresponde tomar al Judicial y cuaacuteles al Ejecutivo

asiacute como la determinacioacuten de cuaacutendo las decisiones de este uacuteltimo requeriraacuten la au-torizacioacuten del primero para poderse ejecutar es y seguiraacute siendo materia de disputa opoleacutemica entre tanto no haya Ley yo entre tanto la Suprema Corte no se pronuncie

El tema de la determinacioacuten del lugar en el que habraacute de compurgarse la penade prisioacuten era ndashhasta antes de estos fallosndash justamente uno de esos puntos nebulososy por lo mismo en igual situacioacuten estaba lo relativo a los traslados penitenciarios

Para algunos esta era una decisioacuten que corresponderiacutea tomar el juez de ejecu-cioacuten para otros es una decisioacuten que corresponde entera y exclusivamente al PoderEjecutivo para otros la decisioacuten del Poder Ejecutivo debe pasar previamente por laaprobacioacuten o autorizacioacuten del juez de ejecucioacuten salvo casos de urgencia y asiacute hay

distintas opiniones No obstante en lo que no cabiacutea duda es que tomara quien to-mara tal decisioacuten la misma seriacutea ndashcomo lo es desde siempre- sujeta a revisioacuten en sedeconstitucional ante un juez de amparo es asiacute porque el sentenciado tiene derecho aldebido proceso a la legalidad y a la tutela judicial

Pero iquestpor queacute traer esto a colacioacuten en estos amparos en revisioacuten Porque estosamparos versaron sobre actos realizados por autoridad administrativa en la fase deejecucioacuten de penas ciertamente antes de junio de 2011 (fecha en que entrariacutea en vi-gor la reforma constitucional en materia de ejecucioacuten de sentencias) Pero en el cursoprocesal de los casos el nuevo reacutegimen constitucional entroacute en vigor y esto llevoacute aque al resolverse sobre la concesioacuten del amparo y sus efectos ndashque fue que los quejo-

sos regresaran a la prisioacuten de la que cual fueron extraiacutedosndash se sentildealara abiertamenteque esto no implicaba que en ulterior momento se pudiera decidir nuevamente eltraslado del sentenciado a otra prisioacuten para continuar compurgando su pena lo quese dijo era posible por supuesto mediando la debida fundamentacioacuten y motivacioacutenconstitucional y legal de tal decisioacuten y ndashesto es lo destacable y a lo que queriacutea llegarndash

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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mediando autorizacioacuten judicial para ello20 En otras palabras ya no podriacutea tras estadeterminacioacuten la autoridad administrativa decidir por siacute misma o maacutes bien sin laintervencioacuten de un juez el lugar de la prisioacuten yo el traslado de una prisioacuten a otra

Esto resulta auacuten maacutes importante a luz de los proyectos de legislacioacuten procesal penalque actualmente se estaacuten discutiendo en el Congreso pues auacuten se debate en Caacutemarascuaacuteles son los aspectos de la fase de ejecucioacuten que corresponden al juez y cuaacuteles a la auto-ridad administrativa y los proyectos de ley y la inercia que se estaacute presentando es seguirdejando las cosas importantes relativas a la ejecucioacuten de las penas al Poder Ejecutivo y mi-nimizar el papel del Poder Judicial en ello A los jueces de ejecucioacuten que en teoriacutea estabanpensados para ser verdaderos guardianes tanto del cumplimiento de las sentencias comodel cumplimiento de los fines que persigue el derecho penal y los derechos humanos delos sentenciados se les estaacute reduciendo o estaacuten en riesgo de quedar reducidos a convertirseen jueces aritmeacuteticos contadores de diacuteas y antildeos a los que no se les atribuyen decisionesde importancia en esa etapa

Las iniciativas sobre legislacioacuten federal en materia de ejecucioacuten de sanciones penalesno son fieles hasta el momento21 al espiacuteritu del constituyente y consagran facultadesdiscrecionales a la autoridad administrativa que impactan directamente en el derecho a ladefensa en el derecho a compurgar penas en lugar cercano a domicilio y en general a losderechos humanos de los individuos privados de libertad Lo mismo ha sucedido con laslegislaciones de algunas entidades federativas22

Sin embargo con estos fallos la Suprema Corte estimo manda una sentildeal que for-talece la posicioacuten de control judicial (no soacutelo recursivo) en esta etapa del procedimientoy sienta asiacute importantes bases que podriacutean o maacutes bien tendriacutean que llevar a que cuandoentraran en pleno funcionamiento los jueces de ejecucioacuten la importancia de este aspectode la reforma penal se convierta maacutes en cuestioacuten de fondo que de forma maacutes que crearmaacutes burocracia de imprimir cambios importantes en el reacutegimen penitenciario

20 Veacutease la versioacuten taquigraacutefica de la sesioacuten de 12 enero de 2012 asiacute como el acta oficial de ese diacutea en donde constanlos teacuterminos en los que el Tribunal Pleno por mayoriacutea de 9 votos acordoacute los efectos de la concesioacuten del amparo Ahiacuteconsta lo siguiente ldquoEl sentildeor Ministro Presidente Silva Meza (hellip)sentildealoacute que en la parte considerativa donde se contienenlos efectos deberaacute aclararse que la concesioacuten lisa y llana del amparo no implica que la autoridad no pueda eventualmentetrasladar a un sentenciado a alguacuten otro lugar pues ello estariacutea permitido si el caso concreto se ubica en las hipoacutetesis consti-tucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente debiendo remitir el punto resolutivocorrespondiente a esas consideracionesrdquo

21 De las 6 iniciativas de las que se tiene noticia que han sido presentadas y dictaminadas en la Caacutemara de Diputadosuacutenicamente se dictaminaron 3 conjuntamente con la que presentoacute el Ejecutivo Federal (Gaceta Parlamentaria antildeo XIV

nuacutemero 3251-II viernes 29 de abril de 2011) y en dicho dictamen se tomoacute la propuesta del Ejecutivo en donde la facultadde traslados penitenciarios quedo a cargo de autoridad administrativa Solamente una iniciativa presentada en el Senado(Iniciativa de Ley General para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos en la Ejecucioacuten de Sanciones y Medidas Penales)misma que fue listada el 13 de diciembre de 2011 y que estaacute en periodo de ser turnada a comisiones para su dictaminacioacutensentildeala claramente que el juez de ejecucioacuten tendraacute la facultad de ldquoAutorizar los traslados promovidos por la direccioacuten delcentro o las personas privadas de la libertad y sin necesidad de agotar recursos administrativos previos resolver sobre ladenegacioacuten de los solicitados por las personas privadas de la libertadrdquo

22 La nueva Ley de ejecucioacuten de sanciones penales y de reinsercioacuten social del Distrito Federal (publicada el 17 de junio de 2011) ha sido criticada por las deacutebiles facultades que otorga a los jueces de ejecucioacuten

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

23 Tesis 1aJ 1282008 Primera Sala de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU

CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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V La desclasificacioacuten ldquoadministrativardquo de los traslados penitenciarios

El contexto antes sentildealado en torno al nuevo derecho constitucional de la eje-cucioacuten de las sentencias penales tuvo otra consecuencia de importancia patenteen estos fallos llevoacute a la desclasificacioacuten de amparos contra este tipo actos de lamateria ldquoadministrativardquo a su ahora reconocida connotacioacuten en materia penal

En efecto aun cuando durante la 8ordf eacutepoca los juicios de amparo de este tipoeran considerados como amparos en materia penal regidos precisamente por lasleyes y beneficios aplicables a esa materia avanzada la 9ordf eacutepoca ese criterio fueabandonado por el Pleno de la Suprema Corte para sustentar el diverso de quese trataban de asuntos en materia administrativa que debiacutean ser conocidos en

caso de estar especializados los juzgados por los jueces de la materia administra-tiva23 Este uacuteltimo criterio fue expresamente abandonado al decidirse en eneropasado los amparos en revisioacuten en comentario Baacutesicamente con sustento en loque se ha venido sentildealando en torno a la reforma penal de 2008

Este cambio de clasificacioacuten material de administrativo a penal no es unamutacioacuten inocua ni meramente teoacuterica o formal Ciertamente clasificar el asuntocomo ldquoadministrat ivordquo no impediacutea la suplencia de la queja porque habiacutea criterio

jurisprudencial de que eacutesta aplicaba por el solo hecho de que el quejoso estuvieraprivado de su libertad24 pero no todos los sentenciados estaraacuten privados de libertad

y todos ellos tienen derechos constitucionale s mientras cumplen con sus condenas y

creo tambieacuten respecto de ellos debe operar la suplencia de la queja

Y por otra parte la clasificacioacuten de estos amparos como materia adminis-trativa jugaba en menoscabo de una defensa adecuada ndashque tambieacuten es derechofundamentalndash del sentenciado puesto que al someterse a las reglas del amparo ad-ministrativo o del proceso administrativo en general se le dificultaba el acceso a laasistencia de defensor puacuteblico de oficio pues es sabido que no todos los defenso-res puacuteblicos accediacutean a asistirlos en esta etapa pues consideraban que su trabajoculminaba con la sentencia definitiva como tambieacuten era sabido que a defensores

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CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Tesis PJ 372010 Pleno de rubro ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITEN-CIARIO A OTRO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SUCONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

24 Tesis 1aJ 432008 Primera Sala de rubro COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DELOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIE-NEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIOacuteN YO CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTEacute RECLUIDO EN EacuteL

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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que siacute lo haciacutean soacutelo ocasionalmente se les reconociacutea la posibilidad de continuarrepresentaacutendolo despueacutes de la sentencia condenatoria y en otros casos los juecesde distrito (y tribunales colegiados) les exigen acreditar su representacioacuten yo elacto por el cual el quejoso les ha confiado su defensa cual abogado privado recieacutennombrado por el quejoso

La nueva clasificacioacuten de estos asuntos como ldquopenalesrdquo para efectos del am-paro y para la ahora reconocida judicializacioacuten de la ejecucioacuten de las sentenciaspenales y su caracterizacioacuten como parte del proceso penal permitiraacute generarcondiciones para que las cuestiones antes apuntadas puedan irse superando

VI La necesaria reorganizacioacuten de la burocracia judicial

Finalmente tampoco debe dejarse de observar que estas resoluciones tomadaspor la Suprema Corte tendriacutean que impactar en la organizacioacuten de la burocracia

judicial Me concreto a comentar el caso de la judicatura en el orden federa l A nivel federa l aun cuando el Congreso de la Unioacuten no ha emitido la ley

correspondiente el Consejo de la Judicatura Federal bajo la consideracioacuten de laeficacia inmediata de la Constitucioacuten ha procurado ir avanzando en ese derrote-ro y para tal efecto emitioacute viacutea Acuerdos Generales reglas para el funcionamientode jueces de ejecucioacuten federa l Emitioacute los Acuerdos 222011 y 232011 que esta-blecieron la competencia de la funcioacuten de ejecucioacuten penal y crearon los Juzgados de

Distrito Especializados en Ejecucioacuten de Penas 25 Esos Acuerdos Generales si bien manifiestan una muestra muy encomiable

de voluntad por parte de dicho oacutergano lo cierto es que circunscribieron lasfunciones de los llamados ldquoJueces de Distrito Especializados en Ejecucioacuten dePenasrdquo a los aspectos atinentes a la modificacioacuten y duracioacuten de la pena y alprocedimiento de reparacioacuten del dantildeo De hecho si nos fijamos bien en realidadel CJF no creoacute jueces de ejecucioacuten propiamente sino que reorganizoacute el turno deasuntos para que cosas que generalmente a traveacutes de incidencias haciacutean los juecesde proceso penal federal fueran ahora vistas por ellos pues ni siquiera les dotoacutede competencia para que en viacutea de jurisdiccioacuten de amparo conocieran de juiciospromovidos contra la autoridad penitenciaria por actos suscitados en la fase deejecucioacuten asuntos que a la fecha siguen resolviendo jueces de amparo en materiamixta o jueces de amparo especializados en materia administrativa Y si a lo

25 Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 8 de junio de 2011 y publicados en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 17 de junio de ese mismo antildeo

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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anterior sumamos la interpretacioacuten del ldquofactor cerordquo que han hecho esos juecesen realidad el grueso de las cargas que en materia de ejecucioacuten de sentenciaspenales federales se estaacute generando en el paiacutes lo estaacuten atendiendo los demaacutes

jueces de distrit ito no ellos Y asiacute seraacute por mucho tiempo auacuten26

Maacutes auacuten hace unos meses se modificaron los teacuterminos de tales acuerdospara ahora estipular que la funcioacuten jurisdiccional de ejecucioacuten penal uacutenicamen-te abarca ldquoel conocimiento traacutemite y decisioacuten de las cuestiones relativas a lamodificacioacuten y duracioacuten de las penas privativas de libertad que se impongan alos sentenciados del orden federal con exclusioacuten de los demaacutes temas relativos alcumplimiento de sentencias que atenderaacute el juez de la causardquo aclarando ademaacutesque dichos jueces ldquosoacutelo conoceraacuten de los asuntos relativos a penas privativas de

libertad impuesta s en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al iniciode sus funciones (19 de junio de 2011)rdquo lo que viene est imo a reducir auacuten maacutessu intervencioacuten27

Insisto resulta muy encomiable que aun sin ley reglamentaria el CJF hayatomado esta iniciativa pero no por ello debe dejar de advertirse que lo que enesos acuerdos se estipuloacute y en esa medida reconocioacute como competencia de estos

jueces les da una participacioacuten en la ejecucioacuten de sanciones sumamente limitadaque no alcanza a cumplir con el mandato constitucional de que se judicialicenlos aspectos sustantivos de la fase de ejecucioacuten Deja muy pocos aspectos dentrode su resorte y ni siquiera los maacutes importantes Los demaacutes actos de autoridad

que afligen a los sentenciados siguen dictaacutendose por la autoridad administrativasin precisarse la autorizacioacuten por parte de estos jueces y cuando se impugnanen amparo tampoco son conocidos por estos jueces de ejecucioacuten sino por losrestantes jueces de distrito mixtos o especializados

Al sentildea lar lo anterior no descarto que este proceder limitado o cauteloso seexplique en que el Consejo es un oacutergano de gobierno rector en los aspectos orga-nizacionales de la burocracia judicial y nada maacutes que no se ve a siacute mismo comoun oacutergano apto o legitimado para ir maacutes allaacute ni para reglamentar las omisioneslegislativas que afecten a la judicatura Y tampoco dudo que haya razones de

orden praacutectico tambieacuten que le impidan o inhiban en avanzar maacutes26 Creo que el factor cero de los jueces de ejecucioacuten tendriacutea que tener como punto de partida las incidencias que

surjan desde junio de 2011 con independencia de cuaacutendo fue dictada la sentencia condenatoria se tiene noticia de queha tomado como punto de partida del ldquofactor cerordquo sentencias que se dicten posteriores a la creacioacuten de tales juzgados Setiene noticia tambieacuten de que colegiados han venido resolviendo con ese criterio tambieacuten conflictos de competencia entre jueces de distrito y jueces de distrito en ejecucioacuten

27 Veacuteanse los Acuerdos Generales 12012 y 22012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el22 de febrero de 2012 a traveacutes de los cuales se hicieron dichas modificaciones

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129MARIacuteA AMPARO HERNAacuteNDEZ CHONG CUY

Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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Pero tambieacuten creo que los criterios sostenidos en estos asuntos por la Supre-ma Corte que es el oacutergano autorizado para interpretar y dar contenido a la Cons-titucioacuten bien valen como referente para advertir que los esfuerzos del Consejoplasmados en esos Acuerdos Generales alcanzan a cubrir solamente una pequentildeafranja de lo que tendriacutean que ser ya nuevas responsabilidades y funciones a cargode la judicatura federal Y creo mucho bien hariacutea que esos acuerdos hicieran ecode lo que ya consideroacute como derecho fundamenta l la Suprema Corte

Por todo lo antes explicado reitero creo que la resolucioacuten de estos amparos

en revisioacuten ha sido de gran trascendencia y habraacute de fungir como importante

ejemplo de que la Corte tiene un rol orientador cuya estela alcanza muchos rin-cones que a veces ni siquiera son visibles pero estaacuten alliacute

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