El conflicto social en Chile. Estado, mercado y democracia1

Carlos Ruiz Encina2

Resumen

La conflictividad social y política reciente en Chile se vincula al agotamiento de los límites de la política trazada por el pacto de la transición a la democracia. La continua expansión de los procesos de privatización de las condiciones de reproducción social, ha terminado por crear una situación de aguda incertidumbre sobre la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad que, pese al crecimiento económico, enfrentan una marcada desigualdad, dada una extrema concentración económica y de las oportunidades. Los límites del sistema político -y de la hasta entonces exitosa coalición gobernante- quedan desbordados por un malestar que cobija la formación de nuevos actores sociales y políticos. Ello configura la posibilidad de un tránsito hacia un nuevo período político.

Palabras clave: conflicto social, neoliberalismo, privatización de las condiciones de vida, Estado, democracia, nuevos actores, Chile

AbstractThe recent social and political unrest in Chile relates to the exhaustion of the political boundaries established during the democratic transition. The continuous expansion of the privatization processes over the conditions for social reproduction, has created a situation of high uncertainty over the every day life of vast portions of society which, despite of the economic growth, has to face a strong inequality, produced by the extreme economic concentration and lack of opportunities. The boundaries of the political system – and of the until now successful governing coalition – are overflown by a social unrest which shelters the formation of new social and political actors. This bears the possibility of a transition to a new political period.

Keywords: social conflict, neoliberalism, privatization of social reproduction, State, democracy, new political actors, Chile.

1 Este artículo fue publicado originalmente en Revista Plural de la Universidad de Sao Paulo, v.22 n. 1 (2015).

2 Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Presidente de la Fundación Nodo XXI.

En los últimos años, una vistosa conflictividad social arrasa con esa quietud que caracterizaba el panorama chileno, de forma tan contrastante con el acontecer latinoamericano de las últimas décadas. ¿Qué pasó? ¿De dónde brota este cambio que parece sacado de la nada?

La conflictividad social reciente en la sociedad chilena está íntimamente vinculada a las condiciones excepcionales de la refundación capitalista en este país. Y de forma concomitante con ello, a las restricciones de la transición a la democracia y las dificultades de procesamiento institucional de conflictos e intereses sociales que produce bajo el conservadurismo que la domina. De tal modo, no es posible una comprensión de su carácter actual, sin repasar, a guisa de antecedentes, aquellos elementos que emanan del pasado inmediato, y que ahora parecen estallar sorpresivamente.

Lo primero apunta a las transformaciones de las condiciones de reproducción social, especialmente en términos de su aguda privatización y mercantilización, así como a los cambios en la estructura misma de grupos y clases sociales. Lo segundo, en cambio, remite a la precaria capacidad de manejar los nuevos dilemas sociales que abre el panorama capitalista refundado, a la incapacidad de las instituciones políticas que ampara la insuficiente apertura democrática y, con eso, al desborde mismo de la política institucional por las revueltas sociales recientes.

De ahí una crisis de legitimación severa que aqueja a la esfera de una política concebida bajo el elitista proceso de transición a la democracia. Una crisis que instala urgentes necesidades de refundación del sistema político -y del propio carácter social de la política- a partir de esta conflictividad social reciente en Chile.

Algunas claves de la refundación capitalista en Chile

El giro neoliberal en Chile adquiere un carácter pionero y hasta icónico, no sólo por lo temprano, abrupto y radical de su inicio, sino también por algunos alcances que, en su desarrollo ininterrumpido, alteran las condiciones de reproducción de amplios sectores de la sociedad en una hondura poco vista. Al punto que arroja, en su transcurso de más de cuatro décadas -experiencia difícil de equiparar, y con eso la madurez social y cultural que alcanza dada tal temporalidad- un panorama sociocultural nuevo, donde es difícil advertir muchas de las huellas de la vieja sociedad chilena propia de los tiempos del desarrollismo. Una cuestión que singulariza la experiencia chilena en la escala latinoamericana donde, a diferencia de ello, perviven muchos de los antiguos rasgos, de grupos y fuerzas sociales, en profusas y complejas mezclas con aquellos engendros más propios del giro neoliberal, tanto a nivel económico e institucional, como social y cultural propiamente tal.

Claro, todavía humeaban las huellas del golpe militar y, ya a partir de 1975, tras ciertas pugnas iniciales, se consolida el desplazamiento de los llamados “neodesarrollistas” por los Chicago Boys en un régimen militar que así adoptaba la configuración a seguir. De ahí arranca una transformación profunda, abrupta y carente de oposición social y política efectiva. A la conocida represión sobre los viejos actores sociales subalternos del período anterior, como la clase obrera y los grupos medios desarrollistas, se suma la debilidad

histórica de un empresariado industrial que, a diferencia de experiencias como Brasil, Argentina o México, resista la consiguiente apertura externa indiscriminada, la financiarización y la desindustrialización que conllevan los preceptos monetaristas que animan esta experiencia temprana de refundación capitalista.

Se trata de una asociación entre neoliberalismo y autoritarismo en la experiencia chilena que resulta excepcional, en una América Latina en donde dicha transformación capitalista se instituye más bien en plenas democracias ya en los años noventa de la pasada centuria. Una cuestión que confunden difundidos ideologismos, a manos de una suerte de progresismo neoliberal, para ocultar el grado en que estas transformaciones, en realidad, se efectúan bajo las nuevas democracias, precisamente restringiendo su carácter participativo y sus posibilidades deliberativas3. Es decir, más allá de las pugnas ideológicas iniciales a través de las cuales transcurre una refundación de las elites, es recién bajo los gobiernos de Menem en Argentina, de Fujimori en Perú, de Cardoso en Brasil tras el descalabro de Collor de Melo, con Salinas de Gortari en México, que estos preceptos devienen orientaciones políticas concretas y determinantes sobre los modelos de desarrollo. No son, pues, las dictaduras de unos militares que, en realidad, se repliegan sin haber resuelto mayormente los problemas para los que fueron invocados, en especial, la refundación del orden político, y la propia resolución de la crisis desarrollista que apuraba aquél mentado “fin de la etapa fácil de sustitución de importaciones”.

De ahí en adelante, hasta hoy, corren cuarenta años ininterrumpidos de experiencia neoliberal en Chile. Y con eso, una mutación prolongada de la sociedad, de la estructura de clases y grupos sociales, que termina por diluir las viejas bases sociales de sustentación de los proyectos políticos históricos, de la política nacional-popular, desarrollista, en especial a la clase obrera y los grupos medios. De ahí, también, una crisis de la izquierda histórica chilena, así como el imposible calce con un ideal socialdemócrata más bien invocado por unos gobiernos simplemente neoliberales de la Concertación a guisa de legitimación e identidad.

Es la desarticulación temprana y radical de los actores de la etapa nacional-popular, de aquella política característica del Estado de Compromiso que apuntaba Weffort (1968) entonces, del desarrollismo como “estilo de desarrollo”, principalmente a manos del desmantelamiento de la vieja clase obrera y de la llamada clase media desarrollista, ambos grupos profusamente vinculados -en el caso chileno- a la expansión de la centralidad estatal en la economía y la sociedad.

Una transformación que cruza a todo el viejo panorama social chileno, arrojando a su vez los marcos de una nueva sociedad. Un proceso que termina por madurar en la actualidad, mostrando unas condiciones de constitución de la acción social, de actores e identidades, muy distintas a las de antaño4.

3 Para más detalles sobre esta discusión, ver Ruiz, Carlos (2015) Progresismo neoliberal, democracia y refundación capitalista en América Latina. En Revista Estudios Latinoamericanos del CELA (en prensa).

El giro neoliberal en Chile reordena -como se dijo- el mapa de los grupos económicamente dominantes. A la vez, el añoso panorama agrario de la hacienda es arrasado por una “modernización” autoritaria que introduce reagrupamientos exportadores vinculados a nuevas alianzas externas, y una asalarización rural que borra al viejo campesinado. La desindustrialización consagra la “pérdida del peso estratégico de la clase obrera” y, en su lugar, desata un crecimiento ininterrumpido de los trabajadores de los servicios, cuya tercerización no siempre responde a simples ocupaciones precarias de refugio, como mostrará la experiencia de décadas recientes. En los sectores medios, el llamado “emprendimiento forzado” como una falsa empresarialización inicial, prosigue al desmantelamiento del viejo Estado empresario y, en especial, a sus antiguos servicios sociales, lo que obliga a la migración de las viejas burocracias estatales. A lo cual le sigue, décadas más tarde –ya en los años noventa-, ya no una condición independiente propia de aquellas “pequeñas burguesías encargadas de los negocios enanos del capitalismo”, sino una asalarización expansiva de nuevas capas profesionales en los grandes holdings privados del crecimiento económico acelerado, al punto de configurar en la actualidad una burocracia moderna de servicios privados que se constituye en el grupo social más numeroso de la nueva sociedad chilena. En definitiva, a un mundo del trabajo profundamente trastocado, se suman unos sectores medios muy distintos a los de antaño (Ruiz y Boccardo, 2014).

Luego, si los tempranos inicios de la experiencia de refundación capitalista en Chile socavan los sustratos del viejo panorama social, y con ello las bases de sustentación de viejos proyectos políticos y de desarrollo, el nuevo panorama recién asoma sus condiciones de maduración a inicios del milenio entrante. Sus problemas, como veremos, también distan de sus precedentes históricos, y su especificidad merece consideración a fin de comprender el sentido y las posibilidades de la conflictividad social reciente.

Privatización de los servicios sociales y capitalismo de servicio público con subvención estatal

Dos ciclos de privatizaciones, cualitativamente muy distintos, ampara esta experiencia. Aunque próximos en el tiempo, sus proyecciones sobre las condiciones de reproducción social resultan claramente diferentes y, con eso, en términos de las alteraciones que involucran sobre la vida cotidiana. Estas diferencias singularizan la peculiar experiencia chilena de neoliberalismo avanzado.

La primera andanada de privatizaciones se extiende, sin mayor novedad, sobre las prótesis desarrollistas del viejo “Estado empresario”. Arrasa en poco tiempo, allá por la segunda mitad de los años setenta de la centuria pasada, con la mayor parte de aquellas empresas estatales capaces de representar algún interés para las nuevas orientaciones financieras y primario-exportadoras que desembarcaban con el giro neoliberal. De la mano de ello, se estructuraban en ese tiempo nuevos grupos económicos, donde se trenzan las alianzas de las

4 Para un examen detallado, véase Ruiz, Carlos y Giorgio Boccardo (2014) Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social, Ed. El Desconcierto – Fundación Nodo XXI, Santiago.

viejas fortunas con los grupos de tecnócratas en ascenso, produciendo un verdadero “nuevo mapa de la extrema riqueza”.

Sin embargo, apenas despuntando la siguiente década de los años ochenta, el afán privatizador se extiende de forma peculiar sobre los servicios sociales estatales. Estos últimos, previamente desmantelados y empobrecidos, van a experimentar un abrupto giro bajo distintas modalidades de la llamada “subsidiariedad social” y el consiguiente régimen de “responsabilidad individual”. De tal modo que, puestos en manos privadas, pasan a consolidar nuevos espacios de acumulación para los grupos económicos emergentes. La carencia de oposición política y social efectiva a estas nuevas privatizaciones, dada la desarticulación de las antiguas bases de la acción colectiva, tanto por procesos coactivos como de cambio estructural, permite entonces que se extienda una ola mercantil sobre el mundo de las pensiones, la educación, la salud, la vivienda social, entre otras áreas emblemáticas de los viejos derechos y la protección social. Y con ello, la constitución de enormes nichos de acumulación regulada, bajo los incentivos estatales que ahora engrosan un gasto social orientado a subsidiar la demanda, en lugar de la oferta pública de dichos servicios.

Es el engendro de una suerte de capitalismo de servicio público. Uno en donde la profesada ideología liberal choca con el enorme subsidio estatal a la ganancia privada, del cual depende en forma rígida semejante panorama “liberal”.

Su avance es distinto según las áreas que abarca. Si la privatización de las pensiones es abrupta, y origina masas de capital capaces de dinamizar en poco tiempo gran parte del auge de la especulación financiera, en cambio en la educación y la salud este proceso avanza gradualmente. Así, esta privatización de la salud y la educación, recorre un camino de mercantilización gradual e ininterrumpido hasta entrado el nuevo milenio. Atraviesan así la transición a la democracia, en la que los contenidos relativos al modelo de desarrollo y la radical transformación capitalista heredada de la dictadura, están convenientemente ausentes. Su efectivo cierre en torno a dimensiones procedimentales de la reconstrucción política institucional, permiten excluir estas cuestiones del debate público. Y con eso, viabilizar su naturalización y posterior expansión.

De tal suerte, en los años noventa y primeros dos mil, semejante expansión continúa, ya no bajo mano militar, sino con apellido civil y legitimidad democrática. El tristemente célebre Crédito con Aval del Estado (CAE) con que el Estado, en la primera década del nuevo milenio, se dispone a apoyar el ingreso de los jóvenes de menores recursos a una privatizada y lucrativa educación superior, en profusa colusión con la banca privada, hacen estallar unas protestas estudiantiles que sitúan a Chile en el foco de la atención internacional. En una línea similar, el llamado Plan AUGE5 en salud, involucra enormes

5 Una reforma al sistema de salud implementada a mediados de la misma década (2005), denominada Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, Plan AUGE por sus siglas, concesiona la atención de determinadas enfermedades a centros de salud privados. Sostenida con recursos estatales que así subsidian la demanda, deviene fuente principal de la ganancia y la expansión de estos centros asistenciales privados, en una forma cada vez más contrastante con la decadencia y pérdida de cobertura de los servicios públicos de salud que permanecen.

transferencias de recursos estatales hacia clínicas privadas que obtienen la licitación para atender -en forma exclusiva, léase monopólica- determinadas enfermedades. Unas transferencias de recursos estatales hacia proveedores privados de servicios sociales, que terminan por absorber el grueso de los aumentos presupuestarios del gasto social, desde la transición a la democracia en adelante, bajo gobiernos nominalmente socialistas, como los de Lagos y Bachelet (2000-2006 y 2006-2010, respectivamente).

Estas formas de acumulación privada con subsidio estatal, que explican en gran medida el despegue de ciertos grupos económicos chilenos, hasta alcanzar escalas regionales inéditas, se apegan a esa fórmula de subsidio a la demanda conocida como “vouchers”. En definitiva, una acumulación rentista que agudiza la concentración de la riqueza de una forma poco liberal, lo que no tarda en hacer explotar, en años recientes, el extendido discurso del emprendimiento y la igualdad de oportunidades.

El malestar que acarrea semejante panorama, de ininterrumpida expansión, abarca en forma muy evidente para amplias mayorías de la sociedad, a las condiciones más cotidianas de reproducción social, dada su aguda mercantilización, bajo la carencia marcada de cualquier tipo de protección estatal fuera de los grupos de la pobreza extrema. Y con eso traslada sobre el individuo agudas cuotas de incertidumbre, así como de pérdida de soberanía sobre la propia vida cotidiana, al punto de involucrar una presión extrema sobre los procesos de individuación, y los contextos socioculturales que los rodean.

Por ello, este malestar termina por arrastrar a aquellos sectores medios cuyas aspiraciones de ascenso se habían cifrado en las oportunidades que parecía ofrecer el crecimiento económico acelerado del país. Un crecimiento que, al final, termina por desnudarse como un proceso agudamente monopolizado en una cerrada elite. No sólo la educación se vincula a una extendida frustración con el acceso a oportunidades de ascenso o simple estabilidad social, sino que, las propias oportunidades de negocios resultan más restrictivas de lo que sugiere el ideologismo de la libertad de emprendimiento, en semejante concentración de las oportunidades. Resulta que, a fin de cuentas, al borrar los viejos monopolios estatales, en este proceso histórico las oportunidades comerciales que ello supuestamente abría, no eran para toda la sociedad (Monckeberg, 2001).

El exitoso matrimonio chileno entre democracia y neoliberalismo

Sin las presiones sociales que abundan en otros lugares del continente, la transición a la democracia en Chile se alza como una de las más conservadoras de la región. Su ocupación casi exclusiva en los aspectos de la democratización política formal, contrasta con el silencio que cubre a aquellas dimensiones propias de la democratización social. El modelo de desarrollo heredado -los pilares de la refundación capitalista acaecida- están fuera de la deliberación pública que acompaña este proceso.

La aguda desarticulación social heredada se convierte en la base de la llamada “gobernabilidad democrática” que se proyecta en adelante. Lo que significa, en los hechos, concebir la estabilidad democrática a través de una autonomización de la esfera política respecto del resto de la sociedad. Tal restricción sobre las potencialidades representativas de la política, se expresa en la entonces denominada “política de los acuerdos” en que

fluyen los consensos entre las nuevas elites civiles, los grupos empresariales, y las garantías otorgadas al repliegue militar. De ahí una transición a la democracia distintivamente elitista, eminentemente procedimental, que proyecta hacia adelante una pesada brecha entre lo social y lo político6.

Una autonomización conservadora de la política que se basa, entonces y con real efectividad, en la desarticulación de los actores sociales clásicos de la sociedad chilena, en su llamativa ausencia en estos procesos de transición a la democracia y de consiguiente definición de la futura dinámica política, es decir, especialmente de las viejas clases obrera y medias del período anterior. De ahí la quietud distintiva del panorama social y político chileno de los años noventa. Es ello, más que una supuesta capacidad de control social asociada de forma orgánica a la Concertación entonces en el gobierno, a la que cede cierta politología, haciendo abstracción de la profunda transformación social ocurrida. De ahí que, recuperar una comprensión social de la política, y la economía por cierto, permita poner en revisión estas cosas.

Claro, el Estado, que en lo fundamental mantiene los moldes de la reestructuración que ha sufrido respecto a las viejas orientaciones desarrollistas, fomenta ahora la reproducción de la desarticulación social subalterna heredada. Un estricto régimen de prescindencia estatal en materia de regulación de relaciones sociales -laborales especialmente- fomenta la despolitización de las relaciones sociales ubicadas en la base de la sociedad. Es un Estado que no promueve formas de consenso y pacto social, sino que proyecta la expulsión de dichos sectores sociales subalternos de los procesos de construcción del Estado.

Los aspectos fundamentales del modelo de desarrollo heredado no sólo continúan, sino que se profundizan. En los años noventa, y según cifras oficiales, a un mismo tiempo disminuye la pobreza y crece la desigualdad, poniendo a Chile en el horizonte de los países socialmente más polares no sólo del continente, sino del mundo, en pleno proceso de crecimiento económico7. Cierto, “todos los barcos flotan” con el crecimiento, como reza el precepto monetarista; pero la experiencia chilena de los años noventa muestra claramente que unos barcos flotan muchísimo más que otros. La concentración económica aumenta a límites inéditos, y las dimensiones de los grandes grupos económicos alcanzan una estatura que les permite una agresiva expansión por el continente.

Los propios nichos de acumulación regulada, sostenidos en subsidios estatales, impulsan este extraordinario auge económico, de cuyas espectaculares tasas de crecimiento quedan excluidas inmensas capas de la sociedad, sentando las bases de un malestar que empieza a

6 Las preocupaciones que ello concita en ese momento, se pueden apreciar en escritos de intelectuales de gran relevancia en aquél proceso político e ideológico y, en especial, sobre las elites políticas civiles entonces en ascenso. Véase Faletto, Enzo (1988) La especificidad del Estado latinoamericano, Revista de la CEPAL No. 38, Santiago, y Lechner, Norbert (1989) Los patios interiores de la democracia, F.C.E, Santiago.

7 Para una sistematización de estas estadísticas puede verse Ruiz, Carlos (2005), ¿Habrá crecimiento con igualdad hacia el bicentenario?, en Revista Análisis del año 2004. Política, Sociedad y economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

crecer en la primera década del nuevo siglo, ya liberado de los temores del la regresión autoritaria que tanto lo contienen en los primeros años noventa8. El celebrado “milagro chileno”, que se apunta capaz de ubicar al país a las puertas del desarrollo, no se siente de igual forma por los distintos sectores de la sociedad, aunque este hecho fuera de sus fronteras sólo comienza a apreciarse bajo la conflictividad social que posteriormente estalla en el país.

Con ello, pues, la refundación capitalista heredada termina por adoptar un apellido civil bajo este progresismo neoliberal. De esta manera, se pone convenientemente en línea con la resolución de los dilemas ideológicos que, a escala internacional, también tienen Blair o Clinton, frente a aquellos aspectos ideológicamente conservadores de las herencias refundacionales que reciben de Thatcher o Reagan, respectivamente. Se consuma así, a manos de un ideologismo asentado en estas condiciones, un exitoso matrimonio entre neoliberalismo y democracia de a lo menos tres lustros, que contrasta con la inestabilidad social y política que, en esos mismos años, acarrean en el resto de la región los empeños de ajustes estructurales, al punto que prácticamente la mitad de los gobiernos civiles democráticamente electos en aquellos años noventa, no alcanza a completar el período para el que fueron elegidos y, en cambio, resultan depuestos en medio de agudas crisis. Chile aparece como una excepción política, en este sentido, en el panorama de los años noventa latinoamericano. Pero incuba un malestar social que, a la vuelta del siglo, no son capaces de contener las estructuras políticas de la transición.

Nuevos conflictos sociales y desborde de la política

Los márgenes de exposición especulativa de los fondos de pensiones manejados por privados aumentan en forma exponencial bajo la nueva democracia tanto en plazas locales como en bolsas internacionales. Los presupuestos estatales de salud y educación que crecen, no significan recuperación alguna de la atención pública y sus decaídas estructuras, sino únicamente mayores subsidios a oferentes privados que obtienen las licitaciones para ofrecer esos “servicios sociales” concesionados, a unas masas de población -una demanda cautiva- garantizada por el Estado. Proliferan hasta una escala desconocida las clínicas y centros educacionales privados. El negocio de la salud y la educación, tanto como el de las pensiones, crecen de un modo rentista garantizados por el Estado. Es un capitalismo de servicio público que comienza a incubar un malestar creciente, entre una población sometida a niveles extremos de individuación y privatización de sus condiciones de vida. La incertidumbre sobre la vida cotidiana, termina por estallar.

Lo más visible, aunque de lejos no es lo único, es el problema de la educación. Las promesas liberales de ascenso social vinculadas a ella, o incluso la simple expectativa de estabilidad en las posiciones sociales, se ven abiertamente frustradas en este panorama para extensos sectores de la población. El movimiento estudiantil es quien captura de un modo más visible este descontento. En 2006 son los estudiantes secundarios quienes sacuden al

8 La aparente contradicción entre este malestar originario y el extraordinario crecimiento económico chileno, resulta recogido en un estudio del PNUD de esos años, de gran impacto en la discusión interna en las propias filas de la alianza gobernante, la Concertación. Véase PNUD (1998) Las paradojas de la modernización, Santiago.

país, produciendo la movilización más grande del período democrático. En ese entonces, impresiona el enorme y heterogéneo apoyo social que concitan, inédito para los años de democracia. Desde los sectores populares más tradicionalmente descontentos, hasta grupos medios tenidos por acomodados o bien unos recién llegados a tal condición con el auge económico reciente. De cualquier modo, es el anuncio de un nuevo contexto para la poco participativa “gobernabilidad democrática” de la transición. Claro que, en esa ocasión, el primer gobierno de la misma presidente Bachelet, no escuchó a la sociedad, y encabezó un pacto elitista con la derecha en el cual la política apunta a refugiarse en los “expertos”, tras una salida tecnocrática. Peor aún, se impulsan nuevas partidas de presupuestos estatales para subsidiar la expansión desatada de la educación superior privada, con el ya mencionado Crédito con Aval del Estado (CAE).

Pero las cosas no tardan en volver a estallar. Precisamente este CAE se ubica en el centro del ciclón que vuelve a reventar, pero a mayor escala, en 2011. Vuelve la protesta estudiantil extendida en contra del lucro desatado en la educación. Si en 2006 la protesta de los estudiantes secundarios se acompaña de otros conflictos, especialmente entre los grupos de trabajadores subcontratados; esta vez, en 2011 explotan conflictos regionales varios, otros ambientales, la protesta de movimientos feministas, por las libertades sexuales y un largo etcétera.

Ese año resulta notorio que, a la tradicional protesta de los estudiantes de las universidades estatales, se suma en forma inédita una masividad proveniente de aquellos centros universitarios privados que han proliferado en las últimas décadas. Asociados a un imaginario de “nueva clase media”, por su predominante procedencia de distintos sectores populares, estos futuros profesionales convirtieron así las concentraciones, las marchas y los paros, de unas sumas de decenas de miles a unas cuentas que ahora abarcan los centenares de miles. Sin embargo, aunque la educación sigue siendo el problema más visible y que concita mayor consenso en la sociedad, la miríada de otros temas, y los consiguientes procesos de constitución de movimientos y actores sociales que ellos cobijan, ofrecen ya, en forma contundente, un nuevo panorama del proceso social chileno, que no tarda en impactar sobre los cerrojos políticos de una democracia concebida muy conservadoramente en la transición9.

Es, entonces, el desborde de la política.

Una institucionalidad política concebida en base a la desarticulación de los actores sociales tradicionales y sus problemas, no está preparada para hacerse cargo de la maduración de nuevos actores sociales, hijos precisamente de la modernización capitalista de las últimas décadas. Los problemas de estos últimos, así como sus formas de acción y sus identidades, difieren de los patrones clásicos. Y con eso, descolocan a los modos de control y dominio social. La política, antes sorda con la sociedad, ahora aparece muda ante ella.

9 Para un análisis más extenso sobre este proceso, transformaciones sociales, opiniones de los actores y cambios institucionales involucrados, véase Ruiz, Carlos (2013) Conflicto social en el neoliberalismo avanzado. Análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile. Buenos Aires: CLACSO.

Los modos de control y dominio social de la experiencia democrática han apostado a naturalizar la aguda constricción de derechos sociales universales heredada de la dictadura. Ello, en nombre de una democratización política formal, carente de actores sociales subalternos de alguna relevancia. Una apuesta que funcionó sobre las ruinas de la vieja estructura social, pero no ante la maduración de un nuevo panorama social que resulta producido, precisamente, por esos cambios y esa refundación capitalista.

La democratización política, así concebida, no apostó por la promoción de la agrupación de intereses y la participación institucional, como procesos conducentes a la formación de pactos y consensos sociales. Luego, la formación de la acción social subalterna no tuvo, pues, otra opción que correr por trillos externos a esa institucionalidad democrática restringida y elitista. Hay así, con ello, un curso de autonomización forzada de estos procesos sociales subalternos de constitución de nuevos actores y movimientos.

Entonces, la maduración de nuevas fracciones sociales propias de la refundación capitalista, desatan una crisis de representación política, con demandas diferentes a las clásicas, poniendo ahora en el centro una controversia apuntada en contra la privatización extrema de la reproducción social. Son las nuevas fracciones medias, muy amplias y heterogéneas, hijas del crecimiento económico desregulado. Son los nuevos asalariados, los trabajadores subcontratados, hijos de los cursos de esa “externalización de funciones” de las grandes empresas, que expulsa hacia pequeñas unidades precarias “independientes” muchas de las antiguas funciones laborales estables, y que explican la mayor proporción del empleo actual. No repiten los viejos moldes identitarios. No son aquellos gremios profesionales desarrollistas ni el viejo movimiento obrero sindicalizado en las organizaciones tradicionales. No repiten, tampoco, los viejos patrones de acción social ni de politización. Ni el clivaje democracia versus dictadura, ni el de izquierda versus derecha, en sus connotaciones históricas, explican en medida suficiente -a diferencia de sus antecesores- los procesos de formación de estos actores sociales. Son, en cambio, las contradicciones del neoliberalismo avanzado de la experiencia chilena.

En su desborde de la política institucional, terminan por rebasar también los moldes de la cultura política en que se amparaban estos. Los factores fundamentales sobre los que se levantaba aquella cultura política, que han resultado profusamente manipulados por el progresismo neoliberal de los gobiernos civiles de las últimas décadas –como el clivaje dictadura-democracia, y la forma en que dibujaba artificiosamente la polaridad izquierda-derecha-, han terminado por carecer de sentido para las nuevas fuerzas sociales.

Claro, si la negociación y el pacto de la transición entre la Concertación y el pinochetismo se basó en la desarticulación social subalterna heredada, tanto de la represión como de la transformación estructural, el discurso ideológico que acompaña tal proceso de trazado de la democracia adjunta, a la propia polaridad dictadura-democracia, el viejo discurso que opone el Estado al mercado, como forma de recuperación de la llamada “deuda social” producto de la desigualdad que se había acrecentado bajo la noche autoritaria. Pero la propia proyección del modelo de crecimiento heredado, la profundización de las condiciones de mercantilización de la vida cotidiana a que conduce, hace que el Estado no termine apareciendo a los ojos de la gente como algo necesariamente opuesto al mercado, como sucedía en los viejos idearios, sino acaso como un apoyo de éste. De modo que, tal

“contradicción”, muy sentida en los códigos de la vieja cultura política, carezca de sentido para los nuevos sectores sociales cuyas condiciones de reproducción social privatizadas no se alteran, y hasta acaso se agravan, con semejantes subsidios estatales al lucro privado de este capitalismo de servicio público.

No. A la contraposición entre Estado y mercado, como marco identitario de producción de la acción social y la constitución de actores, comienza a sucederle entonces otra que más bien opone democracia a dicha expansión mercantil sin freno -y al amparo estatal- sobre la vida cotidiana. Y con eso, las demandas económicas concretas de los movimientos actuales adquieren una connotación política distinta a aquellas propias de la política institucional concebida en el proceso de transición a la democracia.

Es que para la democracia vigente -en el trazado político pactado- no se planteó la incorporación de estas nuevas fracciones sociales. Su dimensión mínima y su heterogeneidad al momento de los pactos de transición, hacían posible el cálculo de su exclusión. Sin embargo, ante la sordera y la reticencia elitista de los marcos políticos vigentes, entonces la maduración de dichos sectores sociales termina por desbordar los cerrojos de la transición a la democracia. Se constituyen en una presión por reconstruir la política. Y con ello, abren la posibilidad de un nuevo ciclo histórico.

No es, por cierto, algo consolidado. Las resistencias de los grupos que apelan a los marcos conservadores de la transición, son todavía contundentes. Pero esa posibilidad se ha abierto. Una posibilidad que resultaba difícil de advertir en la quietud chilena de los años noventa, la que más bien se prestaba a otras conjeturas de la politología, absorta en las capacidades de control social concertacionista.

Hoy estos sectores sociales, hijos de la radical modernización capitalista de la historia chilena reciente, transitan aceleradamente en busca de sus propios términos de constitución política, de articulación de un proyecto de cierta historicidad. Un proyecto que ya tiene como eje inicial el enfrentamiento al Estado subsidiario legado de la experiencia dictatorial y, con eso, la correspondiente lucha por los derechos sociales, por desmercantilizar las claves actuales extremas de reproducción de la vida cotidiana. Un marco muy general aún. Pero que, en las condiciones chilenas, resulta muy tangible y vinculado a la vida diaria, concreta.

Bibliografía

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