El Caso Scala

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El Caso Scala. Un proceso contra el anarcosindicalismo (1978)

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Un proceso contra el

anarcosindicalismo (1978)

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El Caso Scala. Un proceso contra el

anarcosindicalismo

(1978)

Extraido de: Revista polémica http://www.polemica.org/modules/news/

Periódico CNT nº 351 http://www.cnt.es/sites/default/files/cnt_351_diciembre.pdf

CNT-Federación Local Madrid

CEDALL

http://www.cedall.org/Documentacio/Articles/EL_CASO_SCALA_Y_LA_CNT.pdf

http://madrid.cnt.es/noticia/guerra-sucia-del-estado-espanol-contra-anarcosindicalismo-caso-scala

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El Caso Scala.

Un proceso contra el anarcosindicalismo Los sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en

Los sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en particular. En la CNT, una organización que se había reconstruido tan sólo dos años antes, después del largo período de la dictadura franquista, que se hallaba inmersa en una fuerte tensión entre diferentes tendencias internas que pugnaban entre sí, compuesta en su inmensa mayoría por jóvenes recién llegados a quienes sobraba entusiasmo y faltaba formación y experiencia, aquellos acontecimientos supusieron un duro golpe que no logró recuperarse. Aquellos sucesos siguen sin esclarecerse plenamente.

¡Arde el Scala!

Poco después de las trece horas del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un enorme incendio que destruyó por completo la sala de fiestas Scala de Barcelona. Al asombro que causó el suceso hubo que sumar el estupor por las muertes de cuatro trabajadores -Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro- que se encontraban en el local en aquellos momentos, y que perecieron víctimas de las llamas o por asfixia, debido a los humos y gases provocados por el fuego. Por aquellos días los ciudadanos estaban acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella. Pero la duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes día 17 un comunicado de la policía informó de la detención de todos los autores del atentado, a quienes inmediatamente se relacionó con la CNT.1

Efectivamente los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en una manifestación que esa organización había convocado para protestar contra los Pactos de la Moncloa. Al finalizar la manifestación -según la policía- los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro -por cierto todos ellos afiliados a la CNT-. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún

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tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.

¿Qué pasaba por aquel entonces?

Pero para hacemos una idea de lo que estaba ocurriendo, es necesario analizar siquiera sea a grandes rasgos el contexto histórico en que se desarrollaban los acontecimientos. El año 1978 fue crucial en lo que se ha dado en llamar La Transición. Si los primeros años se caracterizan por una fuerte tensión generada por la presión de los distintos sectores políticos y sociales en un intento de imponer su particular punto de vista y su modelo político y social, eso va dando paso a una segunda etapa caracterizada por el consenso, en donde las fuerzas políticas imperantes se ponen de acuerdo en cuanto a la configuración del nuevo régimen y encauzan el proceso cerrando el paso a cualquier otra vía de desarrollo. El año 1978 será el año en que ese pacto se materializa en sus dos grandes vertientes: el pacto político que dará lugar a la Constitución, y el pacto social que se establecerá con los llamados Pactos de la Moncloa.

Si la Constitución tiene una gran importancia en lo que se refiere a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendrá una importancia también trascendental, ya que será lo que permitirá reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.

Las grandes organizaciones sindicales CC OO y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE asumen el pacto incluso con entusiasmo y hasta lo proclaman como una gran victoria de los trabajadores. La única organización sindical importante que se opone a ese pacto es la CNT. Esta organización que se había reconstruido después de la clandestinidad, había adquirido una importante implantación en el mundo laboral y lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse. No olvidemos que en estos años crece desorbitadamente el desempleo, se produce un fuerte incremento de la carestía de la vida y, en general, la calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufre un importante deterioro, que no tiene la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya han aceptado un pacto político y social y no desean poner en peligro lo logrado. Son los momentos en que se percibe con claridad la posibilidad de un golpe de Estado militar que nos devolviera a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo. Pero volvamos al relato de los hechos.

¡A por la CNT!

Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días siguientes serían detenidos varios afiliados y militantes de la CNT. El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin

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cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacemos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso.

Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marca el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra la CNT en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.

Aparece Gambín

El veintidós de febrero se procesa a once personas acusadas de la autoría del atentado, además de por tenencia de explosivos. Las características de los acusados son bastante similares y responden al prototipo de millares de jóvenes que después de haber pasado su adolescencia bajo el franquismo engrosaban ahora las filas de la izquierda radical; casi todos ellos estaban entre los diecisiete y los veinte años. Pero había una excepción. Un extraño personaje que destaca claramente de los demás. Tiene cuarenta y nueve años y un historial que carece por completo de significación política o sindical, se trata de un vulgar delincuente con una larga lista de condenas -veintiocho en total- por robo, falsificación, estafa y otros delitos todos ellos con el común denominador del lucro como única motivación. Su nombre es Joaquín Gambín alias El Grillo y aunque procesado como los otros, lo será en rebeldía, ya que no ha sido detenido como los demás.

Pero antes de continuar con el relato de los hechos conviene que nos detengamos en analizar a este personaje, clave sin duda en esta historia. La primera noticia que tenemos de Gambín es en el año 1977 en la cárcel Modelo de Barcelona. Allí -según declararía él mismo más tarde-2 fue reclutado por los Servicios Secretos de la Policía como confidente y colaborador, a cambio de librarse de los muchos años de condena que tenía por delante. Mediante una manipulación de su expediente judicial realizada a instancias de esos Servicios Secretos que le relacionan con un grupo de detenidos de la Federación Anarquista Ibérica,3 Gambín por arte de magia o por razones de Estado pasa de ser un vulgar chorizo a convertirse en un preso político, gracias a lo cual se beneficia del decreto de amnistía que se promulga ese mismo año y queda en libertad.

De esta manera Gambín, ya libre, empieza a trabajar para la policía a cambio de un sueldo de cuarenta y cinco mil pesetas al mes, más las cantidades que recibía a cambio de las informaciones que facilitaba o de las operaciones en las que participaba. Sus primeros trabajos consistirían en infiltrarse en grupos de orientación anarquista. Hay que recordar que por aquella época el Ministerio del Interior dedicaba buena parte de su tiempo a combatir al Movimiento Libertario; el ministro titular Martín Villa llegó a decir que le preocupaba más el activismo libertario que el terrorismo de la ETA o del GRAPO,4 lo que no dejaba de ser curioso, teniendo en cuenta la larguísima lista de víctimas -algunas de ellas pertenecientes a las más altas jerarquías del Estado y del Ejército- que esas organizaciones tenían en su haber, mientras que entre las víctimas del activismo libertario no había más que algún autobús,

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algunos contenedores de basuras y algunas cosas más por el estilo que suelen ser las víctimas habituales de los manifestantes excesivamente fogosos.

Poco después de salir de la cárcel, Gambín se infiltra en un grupo de trabajadores de la SEAT de Barcelona que se hacían llamar nada menos que Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores (ERAT).5 Después de perpetrar algunos atracos de cierta importancia, la policía desarticula el grupo y detiene a todos sus miembros, con la obvia excepción de Gambín que desaparece oportunamente.

Más tarde aparece otra vez en la cárcel Modelo de Barcelona donde se relaciona con uno de los acusados del caso Scala, con el que entabla amistad y, a través de él, con los demás acusados una vez que ambos salen en libertad. En esta época el delincuente habitual apodado El Grillo adquiere una nueva dignidad revolucionaria y pasa a apodarse el viejo anarquista. Con esta nueva imagen, Gambín se integra en el grupo con el que colabora hasta el día en que se produce el atentado. Ese mismo día, tan oportunamente como otras veces, desaparece sin dejar rastro.

El proceso

Tendremos que seguir inevitablemente hablando de Gambín, pero volvamos al proceso judicial que tuvo un comienzo polémico debido a la disparidad de criterios sobre quién debía hacerse cargo de él. La Audiencia Provincial de Barcelona lo traspasa a la Audiencia Nacional y ésta se declara no competente por lo que devuelve la pelota a Barcelona, donde finalmente se desarrolló el proceso. Esta discrepancia no se debía a cuestiones de simple técnica procesal, sino que tenía su origen en la calificación misma de los hechos que debían juzgarse, por lo que el asunto tuvo cierta importancia.

Las pruebas aportadas por la policía eran de lo más inverosímiles: una pistola de plástico y una lata de gasolina. Si a esto sumamos el que ninguno de los testigos presenciales llegaron nunca a reconocer a ninguno de los acusados, y que el personaje clave de la trama -Gambín- estaba ausente, podemos entender perfectamente las palabras del fiscal Alejandro del Toro cuando dijo "MI problema fundamental era no cubrir el de ridículo mi carrera".6

Otro de los aspectos curiosos es que sin que se sepa por qué, el gobernador Civil de Barcelona, sin arte ni parte en el asunto, remite a los hermanos Riba, dueños de la Sala de Fiestas, un certificado en el que se establecía el carácter político del atentado. Por qué un Gobernador Civil se metía en un asunto que no le concernía y aseguraba el carácter político de un hecho que aún no había sido juzgado es algo insólito y, sin duda, una pieza a tener en cuenta a la hora de montar el rompecabezas.

Pero el problema fundamental -al menos para los acusados y su defensa- consistía en que el juicio iba a celebrarse sin la presencia de Gambín, lo que impediría que se pudieran esclarecer los hechos de manera absoluta, y que se supiera si había o no una trama oculta tal como sostenía la CNT y como sospechaban muchos. Sin embargo, el 27 de octubre de 1979, cuando todo el mundo supone que la policía de todo el País está buscando a Gambín por el caso Scala, resulta que éste es detenido en Elche, pero no por la acusación de haber participado en el atentado contra la sala de fiestas, sino por un delito de estafa al parecer relacionada con cheques falsos.

Unas semanas después, el 24 de enero de 1980, el fiscal del caso solicita la apertura del juicio oral para Luis Muñoz, José Cuevas, Francisco Javier Cañadas, Arturo Palma, María Rosa López y María Pilar Alvarez y libertad sin cargos para Maite Fabrés quien, después de pasar casi dos años en prisión, es puesta en libertad sin ningún cargo y sin ninguna indemnización por los dos años de presidio que sufrió, al parecer por un error de la justicia. A los tres restantes acusados se les juzga en rebeldía. De ellos dos -Jesús y Carlos- efectivamente están fuera del alcance de la justicia, pero el caso del tercero -Gambín- es algo más difícil de comprender, ya que no estaba fuera del alcance de la justicia, sino en la

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prisión de Elche adonde había sido conducido tras su detención. ¿Por qué no se le juzga con los demás acusados?

Existía una poderosa razón para semejante disparate, aunque no se conocería hasta más tarde, en noviembre cuando estalló la noticia: Gambín ya no está en la cárcel. ¿Por qué? Otra pregunta sin respuesta. Primero se habla de fuga, después de puesta en libertad debido a un error judicial ocasionado por un incendio que, por lo visto, hubo en la prisión y en el que debió perderse algún papel trascendental que dio origen al error. En la vida carcelaria de Gambín ya se podían contar dos errores judiciales y, por suerte para él, los dos le habían permitido salir tan fresco de su celda. Tal vez ese error fue de la misma naturaleza que aquel otro que le permitió salir amnistiado en 1977 como un preso político más. Así son los errores judiciales, a algunos como es el caso de Maite Fabrés, los mete en la cárcel por error ya otros los deja en la calle.

Pero la ausencia de Gambín no sería el único revés que sufriría la defensa. Su pretensión de que compareciera en el juicio como testigo del ministro Martín Villa fue desestimada por el Tribunal. De esta manera, cualquier rastro que condujera al gobierno o a los servicios de la Seguridad del Estado quedaba borrado para siempre.

Se abre la vista

El I de diciembre de 1980 se inicia la vista oral, y se hace en medio de un gigantesco despliegue de seguridad. La vigilancia policial en los alrededores de los juzgados es abrumadora y no deja resquicios. Pero la demostración de fuerza se corresponde con la tensión que reina en la ciudad. Miles de pasquines por todas las calles proclaman la inocencia de los acusados, exigen su libertad y denuncian el montaje policial que se esconde detrás del caso. Pese al despliegue policial, delante de los juzgados se produce una numerosa manifestación que de inmediato se convierte en batalla campal. Los enfrentamientos entre libertarios y policías duran hasta bien entrada la noche y dejan un saldo de una treintena de detenidos. Pero no acaban ahí las cosas, durante todos los días que dura el juicio se suceden las manifestaciones por toda la ciudad y la propaganda en contra del proceso. Sin embargo, los elementos que podían dar luz sobre el caso ya estaban fuera de alcance, y de nada iban a servir ni los gritos de manifestantes, ni los panfletos que recorrían la ciudad de mano en mano, ni los carteles que llenaban las paredes.

Las acciones de protesta fueron numerosas y variadas: un joven que se colgó de una estructura metálica en pleno Paralelo de Barcelona, tres militantes de la CNT que se encerraron en el Consulado de Francia en Málaga o los miembros de la Federación Local también de Málaga que se colaron en la Diputación provincial y se encadenaron, un grupo de unas cincuenta mujeres de Ateneos Libertarios de Barcelona que hicieron una sentada en la Puerta del Ángel de Barcelona y un sinfín de casos más7 que dan fe de la vitalidad que aún conservaba el Movimiento Libertario en aquel entonces, pese a sus divisiones internas que habían dado lugar a la ruptura de la CNT en dos organizaciones. El Movimiento Libertario había perdido buena parte de su fuerza, pero aún era capaz de batirse con vigor.

La campaña de la CNT sostiene la inocencia de los acusados y centra su denuncia en la idea de un montaje policial organizado por las máximas instancias del Ministerio del interior para acabar con la organización. En estos momentos se publican las declaraciones del Secretario del Comité Nacional de la CNT, José Bondía8 en las que proporciona todos los detalles del paradero de Gambín, quien oficialmente se encontraba en busca y captura. La información de Bondía -cierta o falsa- no despierta la más mínima atención por parte de la policía.

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Pero las declaraciones de Bondía no acaban ahí, denuncia una supuesta operación organizada años antes por Martín Villa en convivencia, no se sabe si consciente o inconsciente, con un histórico de la CNT. Según Bondía el gobierno inmediatamente después de la muerte de Franco estaba seriamente preocupado por el posible desarrollo de un sindicalismo fuerte organizado alrededor de CC OO y, por tanto, bajo la hegemonía comunista, lo que les llevó a la idea de promover una organización rival que tuviera el necesario prestigio entre los trabajadores, pero que no pusiera en peligro el sistema: la CNT. Los detalles de la supuesta operación no despejaban dudas de si se trataba de crear una CNT sumisa al poder, o si sólo se buscaba la desunión de los trabajadores pensando que dos sindicatos serían menos peligrosos que uno solo. El resultado -siempre según las declaraciones de Bondía- fue que la operación no resultó del agrado del gobierno, bien porque la rivalidad entre la CNT y CC OO no había dado los resultados apetecidos, o porque la CNT no sólo no se había ajustado a los planes que le tenía reservado el gobierno, sino que además había crecido demasiado hasta poner en peligro los fines de pacto social que estaba fraguando el gobierno. Ante ese fracaso el Ministerio del Interior elaboraría un plan para lograr acabar con la CNT que se materializaría en el caso Scala.9

Sobre el paradero de Gambín existe otro dato sumamente interesante. Parece ser que Gambín ofreció a la CNT, a través de dos militantes de la misma con los que al parecer tenía contacto, su disponibilidad a realizar una declaración ante notario en la que se autoinculparía del atentado como único responsable y exculparía al resto de los acusados ya la CNT como organización. A cambio pedía un pasaporte falso y que se le facilitara la salida del país. Este ofrecimiento se hizo en una reunión que tuvo lugar entre los dos militantes que portaban la oferta y algunos miembros del Comité Nacional de la CNT, quienes rechazaron el ofrecimiento por dos razones: en primer lugar porque una declaración hecha ante notario por un fugado de la justicia no tenía ninguna validez ante el Tribunal, y en segundo lugar porque ya bastante descrédito tenía la CNT, como para aparecer mezclada ante la opinión pública con un confidente de la policía, y autor además de un atentado criminal. El ofrecimiento fue rechazado y sólo quedó la duda de qué relación había entre Gambín y aquellos militantes que habían transmitido su oferta en lugar de utilizar la información que tenían de su paradero para procurar ponerlo en manos del Tribunal.

Es importante reseñar que el fiscal tal como él mismo reconoció posteriormente, ante la evidente insuficiencia de pruebas (una pistola de plástico y una lata de gasolina), la falta absoluta de testigos y la ausencia bochornosa de Gambín, al que supuestamente buscaba toda la policía del País mientras se dedicaba tranquilamente a conceder entrevistas a la prensa, y las dudas que existían sobre cómo unos cócteles molotov habían podido destruir un edificio como aquel, sin que se hubiera realizado una seria investigación sobre las medidas de seguridad del local, no tuvo más remedio que rebajar considerablemente la petición inicial de penas pasando de los trescientos años que se solicitaban en un principio a las penas siguientes:

·A José, Francisco Javier y Arturo a 3, 3 y 2 años de prisión menor respectivamente, por fabricación de explosivos. ·A José, Francisco Javier y Arturo a3 años por participar con armas en una manifestación.·A José, Francisco Javier y Arturo a 7 años por estragos.·A Luis a 6 meses de arresto mayor.·A Rosa como encubridora a 6 meses de arresto mayor·A José, Arturo y Francisco Javier a 2 años de prisión como autores de homicidio involuntario.·A Luis como cómplice de homicidio, a cuatro penas de 6 meses de arresto.·Asimismo a Rosa se le pedían cuatro penas de multa.

Algunos llegaron a realizar insinuaciones sobre posibles simpatías del fiscal hacia los acusados o hacia el anarquismo, pero incluso aquellas penas sensiblemente reducidas, resultaban absurdas y desproporcionadas si tenemos en cuenta la entidad real de las pruebas aportadas y de las circunstancias extrañas que rodeaban al caso.

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Contra escándalos y protestas el juicio continúa sus trabajos y el 8 de diciembre se hace pública la sentencia. El Tribunal presidido por el juez Alonso Hernández y asistido por los magistrados Xavier O’Callaghan y Ángel de Prada, calificó los hechos como un delito de imprudencia con resultado de cuatro muertes. Las penas impuestas fueron las siguientes:

·17 años de prisión mayor a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma.·5 meses para Rosa López·2 años y seis meses para Luis Muñoz.

Además de las penas carcelarias, se les impuso la obligación de indemnizar a los dueños de la sala de fiestas con doscientos ochenta y ocho millones de pesetas, ya las familias de víctimas con cinco millones. Siempre resulta curioso el criterio que aplica la justicia para valorar la propiedad y la vida.

La CNT protestó enérgicamente contra la sentencia. Enrique Marcos, secretario de la CNT de Cataluña cuando ocurrieron los sucesos escribió lo siguiente:

“La ley, la mayor parte de las veces legislada y promulgada sin aprobación de la mayoría de aquellos a quienes luego habrá de afectar, necesita cuando menos, bajo estas premisas, claridad y credibilidad. Condiciones ambas que no se han demostrado suficientemente y que me obligan a pronunciarme de forma decidida contra una sentencia basada exclusivamente en las pruebas policiales de primera hora, sin aceptar las posteriores implicaciones que han asomado durante la vista de la causa. Me atrevo a asegurar la existencia de una intencionalidad manifiesta, la de cubrir precipitadamente, lo que contrasta con los tres largos años de inactividad judicial, con una sentencia benévola, el riesgo de un proceso exhaustivo que pusiera de relieve cosas y cosillas quizás más comprometedoras que el propio peón Gambín”.

Y a quien tampoco parece que satisfizo fue a la extrema derecha, quien intensificó su campaña de atentados y asaltos en toda España, como el que destruyó el local de la CNT en Valladolid.

Sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados existe desde siempre división de opiniones. Para muchos la certeza de que existió una trama policial que estaba en el origen del suceso, y la sospecha de que era imposible que unos cócteles molotov pudieran causar semejantes estragos, hacía secundaria la cuestión de quién o quiénes fueron los autores materiales del atentado.

Sin embargo algún día el Movimiento Libertario debería hacer una autocrítica de aquellos años y entre las muchas cuestiones que deberían plantearse, sin duda habría que hacer hincapié en aquel culto a la violencia que se puso de moda por

aquel entonces, y que acabó convirtiendo el cóctel molotov en una suerte de fetiche casi religioso, la clandestinidad en una fascinante aventura y las estancias en comisaría en medallas que se lucían con orgullo. Todo ello acabó generando un círculo vicioso sin sentido en el que el activismo servía para ganar méritos de guerra, y daba igual un autobús, un contenedor de basura o una sala de fiestas. Lo importante era la acción por la acción, los objetivos carecían de importancia y la estrategia era una pérdida de tiempo. Y si las masas no entendían nada de aquello, no importaba, porque la explicación de que estaban dormidas y embrutecidas era suficiente para despejar cualquier inquietud.

El propio Javier Cañadas,10 quien rechazaba al igual que sus compañeros su participación en el atentado, reconoce que él y sus amigos se dirigieron hacia la sala con esa intención, y en respuesta a una sugerencia que les había hecho Gambín, y que sólo el casual encuentro por el camino con unos compañeros de Rubí, que les mostraron lo absurdo y disparatado de su plan, les hizo desistir de su propósito. Este era el ambiente que se respiraba en el Movimiento Libertario. Un ambiente en el que podía ocurrir algo cómo lo que cuenta Cañadas, cuando relata como Gambín les decía que si no pasa

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nada en la manifestación podéis tirar los cócteles en la Scala y les recriminaba sus titubeos con frases como sois unos maricones, ¡Vaya anarquistas!

Eran muchos los que conocían esta situación y callaban o incluso criticaban o calificaban de reformistas a los que la denunciaban. Hoy resulta evidente que Gambín fue un provocador al servicio de la policía y el caso Scala un montaje para acabar con la CNT, pero algún día habrá que reconocer que muchos libertarios inconscientemente, por error u omisión, por comodidad o irresponsabilidad facilitaron enormemente la labor de la policía. El caso Scala no debería seguir siendo la gran coartada para explicar el fracaso histórico de una organización que no supo superar sus contradicciones y estar a la altura de las circunstancias. Resulta lamentable que aún hoy, después de tantos años, se sigan oyendo voces de acusación y reproche hacia talo cual persona en lugar de analizar en profundidad y con capacidad de autocrítica un pasado que aún pesa como una losa. Para muchos libertarios sigue siendo una asignatura pendiente saber identificar a los reales enemigos exteriores y dejar de cazar brujas dentro de casa.

Hay que recordar que los sucesos relativos al caso Scala se producen en un contexto de fuerte tensión interna en la CNT dividida en dos sectores en pugna, y que el mismo caso Scala se convierte en motivo de enfrentamiento entre esos sectores. Por un lado se enfrentan en cuanto a la actitud que hay que tomar frente a la acusación policial. Para unos la defensa dependía de la inocencia o no de los acusados, para otros la culpabilidad o inocencia de los acusados carecía de importancia. En el momento del juicio también hubo enfrentamientos y mientras para un sector lo importante era lograr establecer la inocencia de los acusados y de la CNT, para otros tenía más importancia convertir el proceso en un juicio político contra el Estado.

En este sentido cabe recordar las críticas que uno de los acusados -Xavier Cañadas- realizó contra la organización a la que acusó de abandonar su defensa, llegando incluso a intentar sustituir al abogado que se le había asignado la organización por Solé Barberá, entonces diputado del PSUC quien no quiso saber nada del caso.

El canto del Grillo

El Tribunal terminó su labor, pero el caso siguió abierto. El 15 de diciembre, pocos días después de hacerse pública la sentencia, Cambio 16 publica una entrevista a Gambín. Después se sabría que la entrevista fue realizada tiempo atrás y que su publicación se había retrasado hasta que finalizara el juicio. En la entrevista Gambín no aclara nada, sino que busca simplemente quitarse el muerto de encima. Tendría que pasar un año más hasta que se decidiera a hablar más claro. En la entrevista reconoce que se afilió a la CNT poco antes del atentado, al coincidir en la cárcel Modelo con uno de los acusados -el mismo con el que compartiría piso al salir de la prisión-; dice haber estado en la manifestación que se desarrolló poco antes del atentado, pero niega que preparase todo y afirma que se enteró de lo sucedido aquella misma noche al volver a casa y reunirse con algunos de los acusados, quienes le confesaron que habían realizado el atentado contra la Scala; rechaza la acusación de ser un confidente de la policía y achaca su extraña puesta en libertad en noviembre de 1980 a un simple error burocrático sin ninguna significación. Con estas declaraciones Gambín no hacía otra cosa que ratificar la justeza de la sentencia judicial que se acaba de producir y certificar la culpabilidad de los acusados. En definitiva, algo que como acusado podría haber hecho durante el juicio en el que debería haber estado presente, pero en el juicio no hubiera podido evitar las indagaciones de la defensa sobre su posible relación con los servicios policiales.

Sin embargo su suerte cambió un año después cuando en diciembre de 1981 es detenido por la policía en Valencia. Trasladado a Barcelona, es interrogado por el fiscal del caso Alejandro del Toro11 ante el que aclara -ahora sí- algunos puntos claves del caso. Según su versión, la supuesta detención no había

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existido nunca, sino que él voluntariamente se había entregado a la policía como única salida, dado lo apurado de la situación en que se encontraba. Al parecer el fracaso de una operación contra ETA en la que había participado y cuyo desarrollo había tenido lugar mientras se producía el juicio del caso Scala, le había acarreado la pérdida la protección de los Servicios Secretos de la que gozaba y en tal situación no había visto mejor salida que la de intentar resolver su situación entregándose a la policía. Junto con su persona entregó también varias pistolas y documentos falsos que le habían sido proporcionados por los servicios para los que trabajaba.

Gambín aprovecha la ocasión para contarle su vida al fiscal. La parte que nos ocupa empieza en 1977, estando preso con largas condenas pendientes. Es aquí donde es reclutado por los Servicios Secretos para realizar una labor de confidente y colaborador. Su nuevo trabajo es lo que da origen a aquel primer error judicial que le permite salir amnistiado como preso político. Reconoce su participación en el grupo ERAT y el haberlos entregado a la policía después de realizar algunos sustanciosos atracos. En relación al caso Scala reconoce que su trabajo con los acusados tenía como objeto incitarles a cometer actos de carácter violento para luego entregarlos a la policía. Según él se trataba con ello de desactivar a potenciales elementos terroristas. Parece ser que alguien creyó ver en los acusados a un potencial grupo terrorista y pensó que lo mejor era incitar y guiar su desarrollo, bien para destruirlo después o para que cometiese algún acto que pudiera ser beneficioso para los intereses de la seguridad del Estado.

Gambín negó haber incitado a los acusados a atentar contra la sala de fiestas, se mantuvo en su versión anterior según la cual se enteró de lo sucedido por la noche del mismo domingo 15 de enero, y que inmediatamente se apresuró a llamar a la policía, a los servicios para los que trabajaba para proporcionarles los nombres de los participantes. Esas podría ser una buena explicación para la rápida y brillante operación policial que resolvió el caso en cuarenta y ocho horas. Joaquín Gambín alias el viejo anarquista en los últimos tiempos vuelve a la cárcel, esta vez con su antiguo alias de el Grillo. El 5 de febrero de 1982 el fiscal presenta la acusación provisional contra Gambín, que consistía en haber enseñado a los acusados a fabricar explosivos y en haber fabricado él mismo los seis cócteles molotov que se utilizaron para atentar contra la sala de fiestas. El fiscal le exculpa de haber participado en el atentado. Gambín fue procesado con una petición fiscal de dieciséis años de prisión, pero el juicio tardaría aún dos años en producirse, exactamente hasta el15 de diciembre de 1983.

Durante el juicio Gambín no duda de manifestar su condición de confidente y colaborador de la policía. De hecho meses antes, el 8 de agosto, estando en la cárcel, envió una carta al presidente de la Sala Tercera para pedirle la libertad provisional en justa correspondencia por los servicios prestados a la seguridad del Estado. Su petición no fue considerada. A Gambín no le servirían de nada los servicios prestados, al menos por esta vez.

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Memoria e Historia cnt n°351 diciembre 2008 Sí, porque, si miserabilísimo fue el azote de la maldición franquista, miserables siguen siendo los tiempos de esta fementida “democracia transicionista”, heredera de aquél y mercadera de conciencias y silencios vergonzantes. El Scala, 30 años de miseria José Luis García Rúa* Estaba, pues, escrito que tal régimen “nuevo” habría de seguir persiguiendo, con saña y malvistíéndose de hipócritas ropajes, a la única organización que había hecho una auténtica tarea revolucionaria en favor del pueblo y que seguía demostrando ser inmune a cualquier forma de lisonja, floreo u ofrecimiento, con que se la pretendiera desviar de la coherencia de su lucha y esfuerzo por la total renovación cualitativa del mundo social en que los hombres viven. Una sañuda persecución, en la que, los “transicionistas”, como reales herederos del franquismo, habrían de seguir los pasos de aquel refinado y sanguinario coronel Eymar, que, muy consciente de quién era el real enemigo, en el acto de su nombramiento, al comienzo del período franquista, como juez del Tribunal de Espionaje, Comunismo, Bandidaje y Terrorismo, dio principio a su carnicera gestión con su lapidaria frase anunciadora de todos sus crímenes: “Acabaremos con la CNT”. Una frase que, muy al comienzo del proceso de relanzamiento de la CNT y después de comprobar que había fracasado su maniobra de intento de instrumentalización de nuestra Organización por medio de Abad de Santillán, el fascista Martín Villa, en el ejercicio de su ministerio de la Gobernación, remedaría con aquella otra preñada de graves amenazas: “No me preocupa ETA, quienes, de verdad, me preocupan son la CNT y el Movimiento Libertario”. Y tenía razón para, desde su ominosa conciencia de falangista, decirlo, pues, no sólo y él y los de su campo, sino también aquellos que, en la “izquierda”, se decían sus contrarios, pero que, sin empacho alguno, bebían con ellos en el mismo vaso, contemplaban con verdadero susto la vertiginosa afloración de la CNT que, tras su presentación pública, el 20 de febrero de 1977, entre marzo y julio de ese año y en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes y en la de Valencia o en la explanada de Montjuich, en Barcelona, había congregado, en su conjunto, a más de 400.000 personas que, como bien dice Xavier Cañadas Gascón (El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más, Virus, 2008), suponen más del doble de lo que hayan conseguido CCOO y UGT juntos en toda la historia del sindicalismo español. O se habían estremecido ante los actos populares organizados como Jornadas Libertarias por la CNT, durante toda una semana en el Parque Güell de Barcelona, con bastante más de medio millón de asistentes, o ante la ingente labor cultural que, en esas Jornadas, en el Saló Diana y en otros similares, puestos a la disposición de CNT por la “Asamblea de los Trabajadores de Teatro,” de la ciudad, había desarrollado 80 horas de debates teóricos, en 32 actos públicos seguidos por miles de personas, 40 horas de proyecciones de cine, video y diapositivas, 17 representaciones teatrales, actuación de 64 grupos musicales y edición de cuatro diarios, profusamente distribuidos (Ver Proceso político a la CNT, pág. 14, publicación interna). Todo ello en una semana. Se habrían, igualmente, estremecido ante la fuerza laboral de la CNT mostrando su pujanza en la orientación de la huelga de los 4.500 trabajadores de Roca en Gavá y en la covocatoria por nuestra organización confederal de la huelga general de solidaridad con esos trabajadores en toda la industria del Bajo Llobregat, o volviendo a demostrarla en la primera huelga de gasolineras en Barcelona, que la CNT convoca en solitario en septiembre de 1977, seguida de nutridas manifestaciones por las calles de la ciudad y en otros lugares de España, una huelga paralizante de tráfico que, durante cinco días, mantuvo en vilo a todas las instancias oficiales y para-oficiales.

A lo largo de toda España, se hacen actos masivos de las organizaciones locales de la CNT, que también proceden a la convocatoria o radicalización de huelgas, imprimiendo en éstas

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el carácter asambleario de funcionamiento que deja fuera del poder de decisión a CCOO, a UGT o a USO. La huelga de construcción de Asturias, conducida de esta manera, deja, en su duración de tres meses, estupefactos y a la vez temerosos a las fuerzas del gobierno, a la politiquería pro-parlamentaria y a los sindicaleros de los “sindicatos correa”. Se contabilizan ya, para la CNT, más de 500 sindicatos confederales a lo largo de España. Sólo en Cataluña, 140.000 trabajadores son portadores del carnet de la CNT, y, en toda la nación, más 300.000 obreros pueblan nuestra Organización. Se procede a la ocupación de los AISS, las oficinas sindicales del gobierno, y, en Barcelona, se ocupan los locales de Solidaridad Nacional, el periódico franquista que, por requisa del gobierno fascista, beneficiaba de la sede de la confederal e histórica Solidaridad Obrera.

Estamos en septiembre de 1977 y tal es el desbordante brío de la CNT. El proletariado español, dispuesto a la lucha, está multiplicando la inclinación a la actividad que ya había venido demostrando desde los diez años anteriores a la muerte del dictador. Es el campo propio de la CNT. El gobierno está desconcertado y el empresariado, que ya venía pactando con los partidos en la Plataforma, la Junta y la Platajunta “democráticas”, empieza a pedir cuentas a sus “cofrades” de Plataforma: “¿de qué nos sirve nuestra alianza con vosotros que os decís “partidos obreros”, si no sois capaces de controlar a la clase obrera”. Y ahora vienen las “invenciones”: una especie de Central única, a la que dan su anuencia CCOO, UGT, STV y el SOC catalán y a la que denominan COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales), junto con el proyecto de una Comisión que negociará con la OIT su ingreso en la misma.

Como reafirmación de su creación, la COS convoca, para el 12 y 13 de noviembre de 1976, unas

jornadas de movilización, con la finalidad de la puesta en pie de esa pretendida “Central Sindical Única” que actuaría como plataforma de acción sindical unitaria en pro de las necesidades de desarrollo del capitalismo de la transición, lo que ya, por sí sólo, era argumento suficiente para el rechazo por la CNT. Volcada, en las fechas, en Barcelona la CNT catalana y el Movimiento Libertario dieron al traste con el “salvífico” proyecto del Empresariado. Las Centrales Sindicales convocantes se retiraron del campo y la COS desaparece. En cuanto al proyecto OIT, la CNT da, por dos veces, su negativa de invitación a de la Mata Gorostizada, Ministro de Relaciones Sindicales, con una argumentación tajante: “la OIT, por ser proyección y criatura de los gobiernos nacionales, favorece la integración plena de los trabajadores en el sistema capitalista”. Nadie, en ella, puede representar a los trabajadores como clase (Ver Gómez Casas, Relanzamiento de la CNT 1975-1979, pág. 66).

El Estado, perdidas ya del todo las esperanzas de sus pretensiones de involucrar a la CNT en su

proyecto de “Reforma pactada” decide ir a por ella con todos los medios. Necesita, para ello la connivencia de Partidos y Sindicatos-correa, lo que, para estos, es una verdadera golosina: serían, en todo, partenaires del Estado que correría con sus gastos y cubriría todas sus necesidades, y, sobre todo además, los libraría de su más grande y peligroso competidor. No hizo falta ninguna clase de presión ni argumento especial para que, de inmediato, se lanzasen de cabeza a la piscina . Librarse de la CNT, ¡qué gran regalo! Hagan, hagan ustedes lo que a bien les venga, recortes drásticos de salarios, y plantillas, jornadas de muerte, limitaciones abusivas, o incluso anulaciones de derechos, lo que ustedes digan, ¡faltaría más! Maniaten sólo en adecuada forma a confederales y libertarios y tendrán ustedes lo que quieran del mundo del trabajo. Así nace este paraíso de lobies, que es este transicionista régimen que unos padecen y otros disfrutan, y que nace, en octubre de 1977, augurado por los Pactos de la Moncloa. Carrillo y sus huestes fueron sus principales valedores, ansiosos de un gobierno de concertación nacional fuerte y duradero. Ellos (PCE y Comisiones), que, con pompa y boato, siempre se habían llamado partido y sindicato de clase, actúan, ahora, lanzados de hoz y coz a la amigable coyunda interclasista, en aras de la “salvación” del capitalismo, que, por otro lado y en huelga de inversión, se había dado buena prisa en dejar a buen recaudo sus ganancias, depositándolas en bancos suizos. Ellos fueron los pioneros acelerados del pastiche, siguiéndolos, con algún mohín pero no a mucha distancia, socialistas y ugeteros. Así y para la oficialidad, ganaron CCOO y UGT el “derecho” de “representar” a los trabajadores, que inmediatamente, se vería reflejado en el lamentable “Estatuto de los Trabajadores” y en los no menos lamentables sucesivos “pactos sociales” (AMI, ANE, AIS, AI), que, a los ya muy menguados haberes

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de los obreros, añadieron más de un 30% de pérdida de poder adquisitivo y una cuota de desempleo que pronto alcanzaría los tres millones de personas, junto a una persistente economía sumergida donde la superexplotación se multiplicaba.

La CNT había venido desempeñando, desde la muerte del dictador, un papel de primera fila en todos los conflictos obreros, pero las nuevas condiciones de contratación colectiva o convenios, que privilegiaban de forma total a los sindicatos oficialmente reconocidos como “representantes”, acabarían llevando, por necesidad, a la CNT a la marginación. Esa era la finalidad estratégica de unos y de otros. Con la coyunda “gobierno-empresarios-sindicatos amarillos” enfrente, era extraordinariamente difícil para la CNT imponerse en los conflictos: el gobierno para coartar y reprimir, la solidaridad empresarial para subvenir con las aportaciones dinerarias que hicieran falta, y CCOO y UGT para esquirolear, calumniar y difamar ante indecisos o confusos, sumado todo ello al silencio público, en que los acuerdos a tres se tomaban, representaban elementos de oposición casi imposibles de sortear por la Confederación.

Esto fue lo que sucedió. Para prevenirlo, y ante la inminencia de la firma del Pacto cuando todavía no estaban apagados los ecos de la huelga de gasolineras, la CNT inicia una fuerte movilización, en la que, contra las resistencias de las ejecutivas de CCOO y UGT, consigue arrastrar a sus bases a una manifestación que, en el mismo mes de octubre de 1977, concentra en las calles de Barcelona a más de 300.000 trabajadores.

Tras la firma y consolidación del Pacto, la Confederación seguirá, en solitario, una lucha denodada contra el mismo y sus consecuencias. La fuerza que, todavía entonces, poseía la CNT y su poderosa influencia en la constitución de un clima abstencionista eran un elemento sobradamente peligroso para poner al Pacto en evidencia, en las inmediatas elecciones sindicales en las empresas, para las que ya se legislaba a finales de 1977. Y éste es el momento, en el que, abiertamente, aparece en escena la segunda parte de la operación de acoso y derribo a la CNT, que no se movería ya sólo en la compra y pago de conciencias de los enemigos de ella, sino que recurriría, sin cortarse un pelo, a crímenes abyectos y al más sanguinario terrorismo de Estado.

Esta operación había tenido ya, en realidad, un primer episodio, cuando el 30 de enero de ese mismo año, siendo Martín Villa ministro de la Gobernación (el Interior actual) y con la excusa de impedir la “reorganización clandestina de una organización ilegal” se apresa a 54 libertarios reunidos en la casa de un compañero que es mecánico dentista y que tiene en casa, como su oficio requiere, un paquete de 25 kilos del material plástico empleado en la confección de dentaduras y que la policía requisa en calidad de “goma 2”, como prueba inculpatoria. Todavía no es un ataque directo contra CNT, pero sí tiene que ver directamente con la misma, pues forma parte del plan martinvillista de involucrar a la Confederación en la Reforma pactada, o, al menos, de lograr para ella un “neutralismo sindical puramente tradeunionista” que permitiera al Régimen de Transición desenvolverse sin traba alguna. Contaba, para ello, con el tic anti-FAI que la minoría de elementos politizantes de la Organización había multiplicado en sí, sobre todo después de la guerra civil, y que era especial e insistentemente fomentado por los círculos políticos de diversa laya que, desde el comienzo de la “transición”, se habían infiltrado en la CNT con intenciones recuperatorias. Todos ellos constituían, conscientes o no, el material, con que el Estado, entonces a través del instrumento Martín Villa, pero siempre, aspira a la eliminación del factor anarco del anarco-sindicalismo.

Como no cuajaba que los 25 kilos de pasta para dentaduras, requisados en la operación de Barcelona fueran “Goma2”, había que reconvertir la operación de “asalto a la reorganización de la FAI” completándola, cinco días después, con un “brillante servicio de política antiterrorista” consistente en el descubrimiento, en Murcia, de un “grupo FAI”, pertrechado de un “arsenal de armas y explosivos”. El método, como se dice en el trabajo citado de la Editorial Virus, consistía en infiltrar al confidente Joaquín Gambín Hernández en un “Grupo de la FAI” de Murcia , en cuyos domicilios aparecen dos maletas, una de explosivos y otra de armas, ambas

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facilitadas a Gambín por la policía, y parte de ellas, quizá, procedentes del asalto a la armería, comentado más abajo.

El protagonista externo va a ser, ahora, un malhechor, de nombre Joaquín Gambín Hernández y apodado El Grillo, El Rubio o El Legionario, que confiesa al fiscal Alejandro del Toro Marzal, en 1981, que había sido reclutado como confidente por la Brigada Político Social, en el mes de junio de 1977, durante su estancia en la cárcel Modelo de Barcelona, a cambio de sus largas deudas carcelarias y tras el “arreglo” en los papeles del juzgado, por el que se cambia su estatuto de preso común por el de preso político, para poder salir en libertad acogiéndose a la amnistía política del momento y disfrutar, además, de un prestigio de ácrata que le permitiera actuar con naturalidad dentro de los medios libertarios. Los datos son, sin embargo, inexactos, y, seguramente ya pillado como inculpado en el caso Scala, expuestos de aquel modo para aligerar su bagaje de delitos ante el fiscal del caso. En realidad, los actos de ese calibre empiezan para Gambín en su tierra, Murcia, donde, en relación con otro confidente e infiltrado policial apellidado García Nieto, ya merodea en el Movimiento Libertario y participa en el asalto a una armería, todavía en 1976.

Antes de su traslado a Barcelona, ya el 2 de enero de 1977 recibe su primera “provisión de fondos” librada por la Brigada Central de Información desde Madrid, y llega a la ciudad condal respondiendo a una orden perentoria impartida por Manuel Gómez Sandoval, jefe de la Brigada Operativa de Madrid. El agente de conexión de Gambín con la Brigada es, de nombre, José María Escudero y, de ámbito de acción, lo que se dio en llamar “cuadra de Conesa”, el torturador; a él, al Escudero, se le tiene como el verdadero perpetrador de los sucesos del Scala (ver artículo sobre el caso en la revista Ubi sunt?), y, en efecto, se constata el contacto de Gambín con su agente de conexión, José María Escudero, 24 horas antes del incendio y el desplazamiento de éste de Madrid a Barcelona, el mismo día de los hechos, indicio bastante evidente de que la “operación Scala” era supervisada desde Madrid por el “supercomisario” Roberto Conesa (Ver el extracto, en la Editorial Virus, El caso Scala, punto de inflexión. Xavier Cañadas Gascón). Una de sus labores principales fue, como agente provocador, la constitución, en SEAT, del ERAT, el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajador, al que consiguió atraer a algunos incautos, e, inmediatamente, después de algunos atracos, levantar la liebre, mandarlos a la cárcel y, a la vez, dar a los medios de comunicación la especie de un trabajo de violencia armada de la CNT. Por esta operación de provocador activo y otros trabajos infiltración, Gambín tenía un sueldo de 45.000 pesetas. y 100.000 supletorias por la delación del caso Scala.

De cara a la operación que la Brigada Central estaba montando, Gambín, que había procurado allegarse a los jóvenes libertarios y cenetistas Cuevas y Palma, y a Cañadas, que lo conoce el día antes del suceso, les propone que a la manifestación que, contra las consecuencias del Pacto de la Moncloa, la CNT tiene convocada, el 15 de enero, por el Paralelo barcelonés, vayan provistos de cócteles Molotov, en prevención de ataques de grupos fascistas o de la policía. La manifestación es un éxito de convocatoria que congrega a más de 10.000 personas. Ya en ella, Gambín propone a aquellos jóvenes que, al finalizar la movilización, que va a acabar sobre la una del mediodía, vayan a arrojar los cócteles a la Sala de fiestas Scala, lo que encuentra resistencia por parte de los jóvenes, a los que Gambín, entonces, en plan bruto, chantajea ideológicamente (“vaya unos anarquistas de mierda”). Ante ello, los jóvenes ceden con grandes reticencias. Gambín los lleva en su coche hasta la Plaza de España y desaparece. Camino del Scala, los jóvenes encuentran a compañeros de Rubí que les disuaden de la comisión del acto. Prosiguen, decididos a no hacerlo y, en el trayecto, ya ven columnas de humo saliendo de la parte trasera de aquel edificio de siete plantas, donde la Sala se encuentra, y, ya ante la puerta cerrada de la misma, oyen el estruendo de dos potentes bombas, se deshacen del material en forma inexplosiva y se van. Las columnas de humo, desde varios sitios del edificio, siguieron aumentando hasta hacerse visible la deflagración completa que habría de acabar con las siete plantas de aquella edificación, acabando también con la vida de cuatro trabajadores, Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro. Dos de estos trabajadores estaban afiliados a la CNT, como el 70% de los empleados del local. Hasta aquí los hechos.

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Gambín comunica, ipso facto, a Madrid, telefónicamente, los nombres de los portadores de los cócteles, y, desde allí, la Brigada Central de Información, sólo tras breves horas, los transmite a la policía de Barcelona, de forma que, apenas 24 horas después de producido el incendio, son detenidos como causantes del mismo. Lo que, evidentemente, no podía acabar ahí, dado que la operación del Estado no estaba montada contra personas concretas, sino contra la CNT, en especial, y contra el Movimiento Libertario en general. Se trataba de acabar con la CNT y el golpe tenía que ser público y sonado. En los días siguientes, fueron arrestados indiscriminadamente 150 compañeros con la única finalidad de amedrentarlos y sembrar pánico en la Organización. Miles de trabajadores que se identificaban con la línea sindical de la CNT, pero que no estaban dispuestos a enfrentar una represión policial de tal magnitud fueron ahuyentados de ella en sólo unos pocos días. Había que deteriorar, ensuciar y envilecer la imagen de la organización anarcosindicalista y los medios de comunicación atronaron machaconamente las mentes de la ciudadanía en general y del mundo trabajador en particular, respondiendo a la llamada de una circular reservada del ministerio de la Gobernación, presidido por Martín Villa, y dirigida, personalmente, a los directores de los medios, al objeto de orquestar una campaña contra la CNT, y el propio Ministro, Martín Villa, se desata en declaraciones institucionales, acusatorias contra la CNT, aun antes de que hubieran empezado las diligencias judiciales. Por otro lado, tan sólo tres días después del incendio, el Gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig hace pública la declaración de que se trataba de un “atentado político”, al objeto de que los propietarios del local, los hermanos Riba, pudieran, rápidamente, cobrar del Estado lo que el seguro no cubría, es decir, todo. Por cierto que tales hermanos habían comprado la Sala de fiestas Scala y la adjunta Discoteca 2001 sólo unos meses antes del suceso, y no se explica por qué tal hecho haya sido expresamente encubierto tanto por el Estado como por los medios de comunicación.

Los encausados, Luis Muñoz, José Cuevas, Francisco José Cañadas, Arturo Palma, María Rosa López, y María del Pilar Álvarez son sometidos a toda clase de viles torturas y vejaciones, a pesar de lo cual, siempre se declararon inocentes de la comisión de los hechos. Una última, Maite Fabrés, como “detenida por error judicial”, es puesta en libertad sin cargos y sin ninguna clase de indemnización ni reconocimiento moral, después de haber sufrido dos años de infame prisión y tortura. Las condenas fueron de 17 años de prisión para José Cuevas, Arturo Palma y Xavi Cañadas; un año para Luis Muñoz, que ya llevaba tres; cinco meses para Pilar Álvarez y absolución para Rosa María López.

La defensa de los acusados siempre pidió la búsqueda y comparecencia de Joaquín Gambín, considerado como parte indispensable de la trama y del montaje policial, pero la policía siempre declaraba que era “infructuosamente buscado”, y el fiscal Alejandro del Toro, que insistentemente solicitó esa búsqueda y comparecencia, estuvo a punto de ser retirado del caso. Se sabía dónde estaba, pero era inútil. Incluso, habiendo sido detenido, en 1979, por otro de sus acostumbrados delitos de maleante, es puesto en libertad, a pesar de encontrarse en busca y captura. En 1981, Gambín declara, ante el fiscal Alejandro del Toro, que se había entregado a la Guardia Civil porque se encontraba en una situación de apuro, ya que había participado en una acción contra ETA (caso GAL) que había salido mal. Tras ella, había perdido la protección de los Servicios Secretos, que previamente le había proporcionado varias pistolas y documentos falsos, que él entrega al fiscal. Éste presenta, contra Gambín, una leve acusación de participación en hechos con los encausados del Scala y no en el atentado. El juicio, se realizará en 1983, durará apenas tres horas. El Tribunal no se interesó por su relación con los Servicios Secretos, se le condenó a siete años de prisión, en la que estuvo poco tiempo y, a la calle, de nuevo a malear.

La defensa pidió la comparecencia para declaración de Martín Villa y de otros elementos policiales ninguno compareció. Por otro lado, ninguno de los testigos presentados reconocieron a los inculpados como presentes en el lugar y día de autos. Más aún, el kioskero del kiosco enfrente del Scala a quienes dice que vio entrar, esa mañana, fue a unos señores bien trajeados y de corbata que portaban maletas. Un guardia civil, que también declaró en ese sentido, fue luego anónimamente liquidado de un tiro en la cabeza por detrás. Un hombre de la vecindad de enfrente que, desde un piso alto, había tomado fotografías de merodeadores y de

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las varias columnas de humo que, por distintos sitios, salían del edificio, en los momentos iniciales del incendio, recibió una visita que le compró las fotografías con sus clichés. Antes de la compra, algunas de estas fotografías habían sido publicadas en diarios barceloneses. Después de la compra, esas fotografías desaparecieron como por ensalmo, a pesar de que, en el juicio, se aludió a ellas y se pidió que se presentasen.

Normalmente, en Europa y en el mundo civilizado, cuando ocurre un hecho semejante, no se permite ninguna actuación que pueda alterar el escenario del cuerpo de delito hasta tanto se haga y se dé por terminada una investigación que averigüe las causas materiales y el proceso y desarrollo del hecho. Muy al contrario, el Gobernador civil de Barcelona ordenó y permitió, de forma inmediata la demolición de los restos del local, sin la obtención de la más mínima prueba pericial, y, al cabo de un par de semanas los escombros fueron retirados por camiones en sacos precintados. Si es que se realizó alguna prueba pericial oficial, ésta nunca se hizo pública. En cambio, los resultados de otro informe pericial que llega a la comprobación de la existencia de fósforo en las ruinas del Scala desaparecen, en un acto de “destrucción de pruebas”. La razón de esa desaparición es clara: el fósforo es un material de uso exclusivo del ejército y utilizado por éste en la fabricación de bombas NAPALM. Junto a esta sistemática destrucción de pruebas, se da, también, la significativa negativa a una petición de investigación sobre la existencia de varios focos simultáneos como causas iniciales del incendio, lo permitiría el acceso a la constatación de que el incendio del Scala había sido el producto de una meditada y cuidadosa operación que iba mucho más allá del incendio material mismo, una operación aniquilatoria, de alcance destructivo total, de tierra quemada para el enemigo, y realizada con unos medios y aparato de los que sólo el Estado dispone.

Como bien había dicho Belloch Puig, el entonces Gobernador de Barcelona, el “caso Scala” fue un “atentado político”, un acto despiadado y cruel, en cuanto a daños personales, y un acto rastrero y de una injusticia sin nombre en sus efectos políticos, pero un acto, y él bien lo sabía, en el que aquellos a los que él apuntaba como agentes fueron, trágicamente, sus míseras y desventuradas víctimas.

Han transcurrido 30 años desde aquel horrendo y político crimen. El régimen de Transición, agente del mismo en todas sus dimensiones, sigue, un tanto más refinado en los modos, estando ahí y discurriendo por las mismas vías que andaba. El asalto a CNT que, entonces, inició, en alto grado, con el caso Scala prosiguió y prosigue de diversos modos, en forma de asedios variables y de intentos de mediatización y condicionamiento del régimen interior de la Organización. Se dieron cuenta, a base de experiencia, de que las raíces profundas del anarcosindicalismo son muy difíciles de destruir. Nos conocen bien, y, a cada intento fallido por parte de ellos, buscan siempre métodos nuevos que puedan tener algún rasgo de semejanza con lo nuestro, que les permita enturbiar conciencias y, desde la turbiedad y turbación, volver a nuevos asaltos, intentando promover “conspiraciones desde arriba” o “conspiraciones desde abajo” con la finalidad de dominar a la CNT, sin romper, de momento, sus estructuras. Así es como procedió la UCD con la primera escisión de los años 79-80 del siglo pasado, y el PSOE con la segunda de 1984. Todo será vano por parte de ellos, si la conciencia confederal sigue estando alerta, como hasta ahora lo estuvo, distinguiendo con claridad entre lo real y la amañada imitación que busca parecidos con que dar el pego. * José Luis García Rúa, ex-Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad de Granada, ha sido Secretario General de la CNT y Director del periódico cnt.

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Conversación con Luis Krauel, abogado en el Caso Scala En una de las carpetas del Archivo Q, en honor a Quico Rivas (cnt 348, 349, 350), se encontraba transcrita esta entrevista inédita realizada en marzo de 2003 por el compañero fallecido en junio. Este documento forma parte de una serie de materiales que habrían de convertirse en un especial que lanzara luz sobre aquel oscuro intento de desprestigiar a la CNT incluso a costa de los cadáveres de inocentes obreros. Quico Rivas Q. ¿Cuándo te licenciaste en Derecho? K. En el 71, en Barcelona y me gustaba el derecho penal lo que más, quizá porque es un poco trastienda de la vida y es lo que más te gusta. Durante toda la carrera, desde primero, estuve trabajando todas las tardes en diferentes despachos, administrativistas, penalistas... Hasta que conecté con laboralistas, en el último año de carrera. Empecé a ir a algunas reuniones y a trabajar en un despacho con Luis Salvadores, un despacho del PSUC. La relación era constante con Albert Fina, Monserrat Aguilés, Marc Palmés, Solé Barberá... Entre los que éramos socios fundadores del despacho, en según qué épocas, dos o tres estaban en la cárcel. En aquella época, desgraciadamente, lo normal es que te pasaran cosas así. Nos dedicábamos fundamentalmente al derecho laboral -defensa de trabajadores- y a los juicios de orden público derivados normalmente de los conflictos laborales y universitarios: Tribunal de Orden Público (TOP), consejos de guerra... Así hasta que se legalizaron los partidos y los sindicatos, entonces Pot (¿?) y yo dejamos el despacho como despacho laboralista. Salvadores continuó como un despacho de Comisiones Obreras. Nuestra pretensión profesional era abrirnos a otras cosas, a otras opciones políticas y sindicales, y no limitarnos tan sólo a ser el despacho de un sindicato concreto. Q. En ese momento muchos abogados laboralistas pasaron a ser funcionarios de los sindicatos mayoritarios... K. Hubo algunos despachos que se mantuvieron más o menos independientes, como el de Albert Fina y Monserrat Aguilés, o el de Gallisá (¿?) y de Gas (¿?). Nosotros, como no encontrábamos el hueco, decidimos montar un despacho más bien penalista... Q. Los cuatro abogados que asumen la defensa de los acusados del Caso Scala -Loperene, Seguí, Palmés y tú no pertenecíais a un mismo despacho... K. No, a distintos bufetes que asumieron la defensa. Cuando nos llegó el Caso Scala yo compartía despacho con José Pó (¿?) y Mateo Seguí. Cuando el proceso de Txiqui todavía estaba en el despacho de Luis Salvadores. Q. El proceso y posterior ejecución de Txiqui fue emblemático por muchas razones... K. Entre otras porque fue el primer caso que se terminó juzgando por la que se llamó la nueva Ley Antiterrorista. Empezó como un consejo de guerra sumarísimo, como antes la mayoría de estos casos, pasó luego a sumario, al TOP, pero al principio todo eran consejos de guerra, todos. Fue después, cuando se hizo la reforma del TOP, que los delitos de asociación, propaganda, manifestación ilegal, es decir, las pecatas minutas, pasaron al TOP. Antes te aplicaban la Ley de Bandidaje y Terrorismo y se acabó. Cuando todavía estaba en el despacho Salvadores, llevamos algún caso de los primeros de ETA poli-mili, como el de Wilson, que fue uno de los artífices de la voladura de Carrero Blanco, o el de Ruíz de Apodaca, que llevé yo. Te hablo de 1975. Esa caída de ETA en Madrid, donde cayó Mujica Arregui, y en Barcelona fue debido a un infiltrado llamado Gorka, “El Lobo”. Descubrieron un preparativo de fuga en helicóptero de la Modelo de Barcelona.

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Hubo una movida muy rara. Los defensores fuimos Palmes, José Cobos, Salvadores, yo y alguno otro. Fueron los primeros juicios de ETA en Barcelona. Cayeron en un edificio de la calle Rosal, por Sarria. Q. A tu juicio ¿Cuál fue el papel de Martín Villa durante estos años? Siempre se le ha considerado último responsable del Caso Scala y de la guerra sucio contra la Confederación. En principio era un hombre de los sindicatos verticales, lo que entonces se llamaba un “azul”. Su implicación por el “orden público” se forjó durante su etapa de Gobernador Civil de Barcelona. Se dice, incluso, que su padre había sido cenetista y que el sentía, en un principio, cierta fascinación por la CNT. Que su primera idea, o delirio, fue el de traspasar buena parte del patrimonio sindical verticalista a la vieja CNT, y así neutralizar la influencia comunista sobre el movimiento obrero a través de Comisiones Obreras. K. Yo comparto un poco esa visión. Tengo la impresión de que, de alguna manera, el régimen se daba cuenta de que los sindicatos iban a cambiar, y que la estructura vertical no funcionaba, que los nuevos sindicatos iban a ser de clase. Yo imagino que hubo un intento de domesticación de la CNT, de atraerse a la CNT del exilio. Q. Desgraciadamente no sería la primera vez. No olvidemos a los cincopuntistas. K. En el falangismo de José Antonio siempre hubo resabios ceneteros. Y de alguna manera, tengo la impresión de que ese resabio aún se mantenía, pero la operación se les escapa de las manos, ven a la CNT demasiado loca... Q. O demasiado radical. No olvides que el incendio del Scala se produce, precisamente, al finalizar la gran manifestación de la CNT contra los Pactos de la Moncloa, que fueron el auténtico marco político que propició todo el entramado legal y constitucional de la Transición. Una CNT fuerte, al margen de ese acuerdo interclasista, contranatura, era un verdadero peligro para la emergente democracia parlamentaria. K. Me da la sensación de que se asustaron de la pujanza de la CNT que actuaba como un sindicato no domesticado... Q. Capaz de encabezar huelgas muy duras, como la de Roca, la de gasolineras... K. Los sindicatos, Comisiones y UGT, dijeran lo que dijeran, actuaban como correas de transmisión de sus partidos. La influencia del PSUC en Comisiones y de los socialistas en la UGT era evidente, al menos en Cataluña. Q. Los sindicatos incluso fueron más lejos que sus partidos a la hora de adecuarse a las nuevas circunstancias y transformarse en una estructura de servicios. K. Sin duda. La CNT, en cambio, era un sindicato independiente, que no pactaba con nadie y por eso daba miedo. Los demás estaban dispuestos a pactar con lo que fuera. Yo no sé y me costaría mucho decir si realmente Gambín fue un agente provocador infiltrado para conseguir deteriorar la imagen de la CNT. Tanto como eso no sé si me atrevería a asegurarlo. Q. En el segundo juicio del Caso Scala, el de Gambín, se le condena a siente años por consurrencia a manifestación con armas y preparación de explosivos. ¿No crees que las extrañas circunstancias que son aclaradas en el proceso de Gambín introducen nuevos datos objetivos en el conjunto el proceso Scala como para estudiar la posibilidad de reabrir el mismo a la vista de estas nuevas evidencias? Pero empecemos por el principio ¿cómo os llegó al despacho el encargo de asumir la defensa de algunos de los procesados? K. No me acuerdo exactamente cómo vino la historia, recuerdo que un día yo estaba en el despacho y Mateo Seguí, que era mi socio y mi amigo, me dijo que le había caído el Caso Scala y que si lo llevábamos. Yo le dije que naturalmente. Supongo que el aviso llegaría de alguna manera a través de la CNT. En aquel momento todavía estaba vigente la pena de muerte, todavía no se había aprobado la Constitución, y cuando nos cae este paquete nos quedamos absolutamente acojonados. En el incendio había muerto varios trabajadores del Scala y había que ver la utilización política que estaban haciendo diariamente los medios de ese hecho. Y, curiosamente, a las pocas horas de los acontecimientos la policía tenía sobre la mesa la lista de implicados

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con nombres y apellidos. Bajo mi punto de vista, la cosa fue muy sencilla. Yo no creo que Gambín fuera un agente policíaco infiltrado en el movimiento libertario, yo creo que es un individuo que se hace confidente policial para su seguridad personal, era un chorizo... Q. Uno de esos individuos que proliferaron mucho en aquella época, cuando la lucha de los presos sociales por la amnistía, la COPEL, que se movían entre la delincuencia común y la subversión política... K. Yo creo que Gambín, que era un chorizo, para obtener algún tipo de beneficio personal y protección personal se arropó con la bandera cenetista y libertaria. No olvides que Gambín ya aparece cuando la detención en Murcia de Bondía y varios miembros de la FAI. En Barcelona también hubo una detención de unos cincuenta de la FAI, en un bar de la calle Rosellón, y en esa detención también cayó Gambín, que era de Murcia. A partir de ahí se introdujo en los medios en los medios cenetistas de Barcelona. Yo no puedo saber si él actuó como delator en esa caída de la FAI. A él le iba muy bien su cobertura para la asistencia jurídica, pago de fianzas, etc. Es más, mi compañero de despacho, José Poch (¿?) fue, inicialmente el abogado de Gambín. Yo lo fui de las dos mujeres, a Rosa López, que era la mujer de otro de los acusados, José Cuevas, y a Pilar. Era un grupo de chavales, algunos menores de veinte años, que se encontraron con un pelotón delante y un acojono impresionante, una historia con varios muertos y la posibilidad de pena de muerte, en la cárcel y encima mal vistos y madecidos... Imagínate el paquete. Q. Abandonados incluso por una buena parte de la CNT. K. Yo estoy convencido de que esos cócteles se elaboraron y se tiraron. Yo no sé si inducidos por Gambín o de motu propio, al acabar la manifestación arrojaron unos cócteles que habían fabricado con Gambín, pero sin prever en ningún momento las consecuencias. Y entre los que tiraron los cócteles o dieron cobertura a los que los tiraron, estaba Joaquín Gambín. Eso es evidente, y eso se le fue de las manos. Lo que yo pienso es que, a la vista de los acontecimientos, Gambín se asustó, fue a la policía y dijo, a cambio de mi libertad han sido este, este y este. Q. El que Gambín estuviera conchabado con la policía antes o después de los hechos supone un matiz importante. K. Yo creo que se conchabó después, sobre la marcha. A lo mejor ya había prestado servivios a la policía anteriormente. El que animó a hacer los cócteles fue Gambín, y puedes pensar que instrumentalizado de alguna manera por la policía que le decía que propiciara actos violentos para volverlos en contra de la CNT. Esto es otra lectura que se puede hacer. En aquel momento, al menos, esa era mi percepción. Y también es evidente que al margen de los cócteles que pudieran tirar esta gente, el local carecía de las mínimas medidas de seguridad. Q. Parece que hubo un polémico informe pericial de los bomberos que, creo, no fue admitido como prueba y también están las famosas fotos el incendio donde se observan las grandes llamas en la parte trasera del edificio cuando los cócteles fueron arrojados en la puerta delantera. K. Ese fue uno de nuestros argumentos. En los locales con aforos de ese tipo tiene que haber cortinas de acero que separan los espacios. Y no los había. El informe de los bomberos decía que no funcionaba los springer (¿?), esos chorros de agua que, a determinadas temperaturas, salen del techo. Había un montón de fallos de medidas de seguridad impresionantes. Q. El hecho de que hubiera dos juicios, y toda la extraña trama en torno a Gambín, ¿no introduce elementos nuevos o pruebas que permitan reabrir el sumario? K. No cambia el contenido de los hechos probados. Si la primera sentencia de José Cuevas y los demás considera probados sentencia de José Cuevas y los demás considera probados unos hechos “realizados en compañía de otra persona no detenida todavía y que no está a disposición de este Tribunal”, la posterior detención y procesamiento de esta persona no afecta a la imputabilidad del resto de los condenados, eso es lo jodido, no da lugar a la revisión. Fíjate si fue escandaloso el caso que Gambín fue detenido después por otros

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motivos y le pusieron en libertad a sabiendas de que estaba reclamado por esta causa. No se le procesa hasta que es detenido una tercera vez. Yo creo que se asustó y denunció a gente. Y lo que es cierto es que hubo una inflexión tremenda a partir de ese momento. Lo aprovecharon bien, eso fue acabar con la CNT. Algo que, en el peor de los casos no dejó de ser sino una desgracia no prevista, fue tremendo como se utilizó mediáticamente por el poder para destrozar el movimiento libertario. Q. De alguna manera se podría pensar que a la CNT el caso le pilló grande, aún estaba muy verde, poco madura... K. Era todo voluntad, era gente muy voluntariosa y con bastante inexperiencia. Sobre todo voluntarismo y que entre los propios ceneteros no se ponían de acuerdo. Q. ¿No ves entonces ninguna base para pedir una revisión del juicio? K. Ya lo intentamos. Hablamos de eso cuando el asunto Gambín, dijimos: ya que está este detenido vamos a aprovechar para pedir una revisión del juicio y celebrar uno nuevo. Pero tal y como estaba redactada la sentencia no había base. Tampoco se consiguió la revisión del caso de Julián Grimau. El de Granado y Delgado es otra cosa desde el momento en que sale a la palestra el verdadero autor de la colocación de las bombas. Q. Otro punto polémico fue la actitud de la CNT en relación a los detenidos. K. Yo creo que la CNT no hizo mucho. Yo creo que se encontró desbordada por la situación. Aunque reprobara políticamente la acción, que fue un patinazo tremendo, el apoyo a los detenidos falló un poquito.

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La guerra sucia del estado español contra el anarcosindicalismo: El Caso Scala Federación Local de Sindicatos de Madrid Martes 15 de junio de 2010 Extraido de: Historia de la CNT La sala Scala en llamas El domingo 15 de enero de 1978 la CNT organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social y que era prueba evidente de la gran capacidad de convocatoria que tenia la CNT en aquellos momentos. A las 13:15 horas, terminada la manifestación, tuvo lugar un ataque con cócteles Molotov contra la sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala "Scala", situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los cuales eran afiliados de la propia CNT.

Arde la Sala Scala.

Por aquellos días podría decirse que los ciudadanos estaban en cierto modo acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella.

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La duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relacionó con la CNT. «Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala.»

Agencia Pyresa Efectivamente, los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en la manifestación. Al finalizar la manifestación -según la policía- los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador civil José María Belloch y del comisario Francisco Álvarez, empezaron las detenciones en los medios anarcosindicalistas.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza. Comienzo de la campaña orquestada contra el movimiento libertario Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más, al mismo tiempo que se desataba una imponente campaña de descrédito contra la organización confederal por medio de los medios de comunicación y de los aparatos represivos del estado, que vieron la ocasión de amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social que amenazaba la amplia operación de blanqueo de la dictadura franquista y de los propios franquistas. Dicha operación pasaba por los Pactos de la Moncloa -a los que ni asistieron ni fueron invitadas las fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas los aceptaran- destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo, a costa de fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el consumo y pérdida de derechos laborales y a la vez sentar las bases de los cambios políticos que deberían llevar a la Constitución de 1978, fruto de un gran pacto entre el franquismo y una nueva clase política emergente ávida de poder.

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Rodolfo Martín Villa

Máximo responsable de la operación del Scala. Por entonces era ministro de Gobernación y presentó la detención de los supuestos responsables en apenas 24 horas como un triunfo. La policía andaba necesitada de éxitos, temerosa de que la transición conllevara una purga en el cuerpo. Anteriormente había estado vinculado con el Sindicato vertical en la época

franquista, ocupando diversos altos cargos a lo largo de los años de la dictadura. Este terrorista es en la actualidad el Presidente de Sogecable.

La CNT, reacia al conjunto de dichos pactos y reacia, sobretodo, a olvidar el pasado y a renunciar a exigir cuentas al franquismo depurando todo el aparato estatal, ya fuese político, policial, judicial e incluso cultural, se había convertido en el gran objetivo a batir. El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacernos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Como consecuencia, se fueron debilitando las filas cenetistas, abandonadas por muchos trabajadores. Ni que decir tiene que los Pactos de la Moncloa pasaron a un segundo plano. Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra una CNT de nuevo en auge -ya contaba con 100.000 afiliados sólo en Cataluña- en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala. El montaje policial sale a luz La vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa, compareciese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero. La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.

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¿Qué tienen que decir los servicios de información del estado sobre el incendio del "Scala"?

La presión sobre la policía por el asunto Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las exigencias, en aquel sentido, del indignado fiscal del caso, Alejandro del Toro, que desde instancias judiciales conservadores fue acusado de "simpatizar con los anarquistas". Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar, fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse. La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. Tras las cenizas del Scala El Caso Scala fue la punta de lanza de la gran represión que se abatió sobre el movimiento libertario, en momentos de cierta debilidad organizativa y estructural debido a las evidentes divisiones que se estaban ya gestando en el seno de la anarcosindical. Como posteriormente escribiría Xavier Cañadas Pérez, uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el Caso Scala: Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo magistrado, de un solo Ministerio. La intensificación de la persecución polical contra el movimiento libertario fue alarmante. El 13 de marzo de 1978 murió Agustín Rueda, preso en la cárcel de Carbanchel, a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de funcionarios de prisiones. Tres meses después Agutín Valiente falleció en Almeria mientras intentaba evitar una detención polical. En junio de 1979 el cenetista Valentín González murió por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía al reprimir la huega de los trabajadores del Mercado de Abastos de Valencia. Pero la represión no terminó aquí. Ante esta situación creció el número de compañeros que optaron por la violencia como respuesta a la denominada nueva represión democrática. En febrero de 1978 se detuvo en Barcelona, Valencia y Madrid a veintidós personas acusadas de pertenecer a los Grupos Autónomos, en abril cuatro trabajadores de la SEAT de Barcelona fueron detenidos acusados de formar el Ejército

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Revolucionario de Ayuda al Trabajadoar (ERAT), al mes siguinete cayeron una docena de compañeros en Valladolid y ese verano continuaron las detenciones. En febro de 1979 hubo once nuevos detenido, en mayo uno más en la Junquera y en junio hubo una amplia redada contra la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) en varias ciudades de la península, en agosto se produjeron cuatro nuevas detenciones en el movimeinto libertario barcelonés y en octubre otras tres en Madrid. En noviembre hubo dos heridos de bala en Valencia que pertencáin a los Grupos Autónomos Anarquistas, acusación que se repitió contra otros cuatro anarquistas detenidos en el mes de diciembre de 1979. La ofensiva de estos miltiantes libertarios alimentó la intoxicación de los medios de comunicación, que, por jemplo, asociaban a los Comado Autónomos Anticapitalistas con ETA, y aumentó el aislamiento de la CNT y del resto de organizaciones anarquistas. Ya no había base social para revolución alguna y el movimiento libertario se fue quedando solo en la lucha por una transformación social más profunda.

Elección del Secretario General de la CNT. 22 de abril de 1978.

El Caso Scala marcó el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su decadencia acelerada. Supuso el frenazo de una organización que crecía a ojos vista, el acentuamiento de sus divisiones y un descrédito que arrastró la organización confederal que quedó ampliamente desautorizada socialmente y prácticamente neutralizada: se consumó el gran Pacto de Estado de la Transición y de la nueva Democracia Española, sin oponentes. La monarquía democrática se consolidó con la Constitución, aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978. El acoso policial, la consolidación de la monarquia democrática y el reflujo de las luchas obreras llevaron a la CNT a una seria crisis. Cerrado el periodo de luchas revolucionarias del tardofranquismo, había llegado el momento de hacer balance del largo y complicado proceso de reconstrucción y adaptarse a la nueva realidad social y política de la España de los años ochenta. Así pues, a finales de 1979 la CNT organizaría su V Congreso y primero desde el Congreso de Zaragoza en 1936 y desde que la dictadura arrojara a la organzación a los círculos infernales de la clandestinidad y del exilio. Ya durante el periodo precongresual se hicieron evidentes las profundas divergencias que enfrentaban a los distintos grupos y tendencias que convivían en el seno de la organización. No había discrepancias en el diagnóstico de la situación por la que atravesaba la CNT y el conjunto del movimiento libertario, pero las diferencias eran muy agudas cuando se buscaban las causas y se proponían las soluciones. Según se iba profundizando en el debate, se fueron decantando dos grandes corrientes de opinión que confluirían al Congreso para generar la primera gran escisión de la CNT desde 1933.

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EL CASO SCALA Y LA CNT: TERRORISMO DE ESTADO Introducción. La reconstrucción de la CNT en el estado español, a los pocos meses de la muerte del dictador en 1975, habría que incluirlo dentro de la multitud de hechos políticos novedosos que se desarrollaron en el estado español durante el tiempo “transicional” y que afectó de forma importante al esquema organizativo en el que se movía la izquierda obrera y social de nuestro país.1 Situándonos históricamente, un poco antes de la muerte de Franco, deberíamos afirmar que la vida de la CNT tanto en el exilio como en el interior vivía momentos de debilidad y desunión organizativa, que no aventuraba imaginar la innegable fuerza obrera y social que luego desarrollaría esta organización anarcosindicalista en la fase post-franquista. Aun señalando la debilidad organizativa del “anarcosindicalismo histórico” en las postrimerías del franquismo, si que tenemos que poner de relieve, como elementos positivos de adecuación a la realidad social, los intentos por parte de algunos sectores del movimiento libertario ( FIJL) por “poner el reloj en hora” ante los nuevos fenómenos de contestación social que se iban desarrollando tanto en los países del capitalismo del “primer mundo” como en aquellos países del llamado “socialismo real” y que tuvieron su mayor punto de eclosión social critica en los diversos mayos de 1968.2 Ciertamente en nuestro país y en plena dictadura franquista, era muy difícil por razones obvias de represión sistemática, que las practicas discursivas del post-mayo global fueran a cuajar en movimientos sociales y obreros de cierta importancia. Sin embargo una buena parte del poso “teórico” antiautoritario que nos fue llegando de diversos países, caló progresivamente en una izquierda anticapitalista que hasta aquel momento se movía principalmente en los diversos contornos del marxismo leninismo3. La reorganización de la CNT tuvo a su favor esta variada labor critica de los nuevos grupos libertarios y antiautoritarios, que en las postrimerías del franquismo creyeron que la CNT podría captar buena parte del “capital simbólico” que seguía teniendo, como memoria histórica “idealizada”, y aunar a una nueva clase obrera, en un intento de actualizar el anarcosindicalismo en nuestro país. Nuevos enfoques autónomos sobre la lucha sindical y obrera, olvido de las luchas intestinas de los diversos grupos históricos exiliados que paralizaban los intentos de ensamblaje organizativo, y apertura tanto a los nuevos movimientos sociales como a las nuevas practicas discursivas antiautoritarias y libertarias.

1 Para un análisis histórico de mayor precisión sobre el proceso de reconstrucción de la CNT pueden ser útiles los siguientes libros: Pablo Carmona, “Transiciones – CNT (1976-1981)” (FAL, 2004); Joan Zambrana, “La alternativa libertaria” (Ed. Fet a Má, 2000) 2 De la evolución y de la actividad de algunos grupos anarquistas durante los últimos años del franquismo puede consultarse el libro de Octavio Alberola y Ariane Gransac, “El anarquismo español y la acción revolucionaria - 1961-1974” (Ed. Virus, 2006) 3 Para analizar la critica antiautoritaria al marxismo-leninismo en los últimos años del franquismo en nuestro país puede consultarse el libro de Antonio Sala y Eduardo Durán, “Critica de la izquierda autoritaria en Cataluña (1967-1974) (Ed. Ruedo Iberico, 1975)

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A grandes rasgos este seria el inicio de la “nueva” CNT, que los grupos históricos exiliados “dejaron hacer” y dieron asimismo su “plácet”. Tanto desde la “ortodoxia” confederal de Toulouse (S.I.), como desde los sectores renovadores de “Frente Libertario” , así como desde algunos residuos de militantes que habían estado trabajando en la CNS, dejaron que estos nuevos grupos libertarios desarrollaran un camino de convergencia organizativa que ellos nunca hubieran podido emprender debido a su anquilosamiento social y falta de empatía común. Un solo continente... para muchos contenidos. Desde los inicios de la reconstrucción de la CNT, a principios de 1976, se pudo apreciar rápidamente que el intento de poner en practica una nueva visión del anarcosindicalismo en nuestro país, no era una tarea fácil, ni tenia asimismo un hilo discursivo claro y coherente. Cegados por la “mitología” positiva” idealizada que la CNT podía desarrollar, una serie de grupos libertarios diversos se empeñaron en ir construyendo un nuevo amarre organizativo que los sacara de su marcada tendencia grupuscular. Los que hemos llamado nuevos “grupos libertarios” tenían influencias teórico / practicas muy diversas (anarquismos diversos, marxismos críticos, etc.) que hacían harto difícil llegar a consensos “mínimos” en diversas materias. No es este el lugar para analizar las diferentes polisemias discursivas que la izquierda antiautoritaria y libertaria había ido desarrollando con mayor o menor fortuna, pero si podemos afirmar su extensión y variedad, así como en muchos casos su sectarismo dogmático. Otro elemento a tener en cuenta, y creo que éste fue crucial en aquellos momentos, era la poca influencia obrera y social que el anarcosindicalismo tenía en las sociedades del capitalismo desarrollado, y más concretamente en Europa Occidental, donde la clase obrera estaba mayoritariamente organizada en sindicatos de orientación socialdemócrata o de influencia leninista. Por decirlo, en otras palabras, el anarcosindicalismo en Europa, hacia tiempo que no formaba parte de las practicas mayoritarias del movimiento obrero. Asimismo el anarquismo, cuando tenia presencia social, se situaba en un terreno claramente delimitado en lo que podrían llamarse los “nuevos sujetos sociales” (jóvenes, mujeres, homosexualidad, etc.) que se habían desarrollado posteriormente a la eclosión social del Mayo de 1968. En cierta forma el anarquismo “dominante” en Europa durante aquella época, no tenía como eje principal en su quehacer cotidiano ni la batalla sindical ni tampoco el discurso obrerista, pieza básica de cualquier articulación anarcosindicalista de la clase obrera. El reto que tenia desarrollar pues la nueva CNT era complejo y de posibles resultados negativos. Sé tenia que pasar de una practica de “grupúsculo” o de “grupo de afinidad” a otra que fuera capaz de vertebrar a buena parte de la clase obrera, con todas las limitaciones y dificultades que ello podría conllevar. Y también se tenia que generar/inventar una nueva praxis que fuera capaz de llevar al anarcosindicalismo a ser una fuerza operativa en nuestro país, en contra de unas

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tradiciones y practicas que como hemos afirmado anteriormente no iban en esa misma longitud de onda. Y sin embargo (brevemente) pero funcionó. Si bien tendremos que señalar que los inicios fueron claramente dubitativos en cuanto a su potencialidad real, progresivamente la CNT fue cogiendo una fuerza sindical y social que no solo era el fruto de una historia idealizada sobre su pasado, sino que además se fue nutriendo de una practica sindical asamblearia que enlazaba con la memoria obrera de la lucha antifranquista más reciente. En este breve e intenso desarrollo espectacular de la CNT, tanto en su fuerza sindical real, como en su ligazón con el anarquismo y el antiautoritarismo, influyeron algunas condiciones políticas especificas que se dieron durante el proceso de la llamada “transición democrática” en nuestro país. En la gran movilización obrera y social que se produjo en este país durante la fase postfranquista, la CNT fue capaz de aunar buena parte de las corrientes autónomas que existían en la clase obrera y que se habían extendido de forma importante en los últimos años del franquismo. Unas practicas basadas en el asamblearismo y en la movilización obrera, que contenían un germen de potencialidad critica que distorsionaba la nueva configuración del poder político que se avecinaba. En este sentido la CNT, recogió la practica asamblearia como uno de los referentes principales de su filosofía de movilización sindical, planteando una batalla ideológica y practica con otros sindicatos que ya pensaban más en términos de monopolio sindical o de “apaciguamiento” de las practicas obreras. (me estoy refiriendo básicamente a CC.OO. que en aquellos tiempos era una de las fuerzas sindicales con mayor potencialidad numérica y organizativa). En cuanto a su discurso social, la CNT dio muestras de ser una de las organizaciones que más críticamente se posicionó en torno del proceso de “transición democrática”, criticando fuertemente las evidentes dejaciones que la misma generaba en el imaginario de la izquierda antifranquista y denunciando la nueva alianza que se estaba desarrollando entre el franquismo reformista y la llamada “izquierda templada” (PSOE, PCE). Para situar cronológicamente este proceso de avance de la CNT tendríamos que enmarcar este desarrollo acelerado desde él ultimo trimestre de 1976 hasta finales de 1977. La huelga de Roca Radiadores en Gava (Barcelona) que generó un fuerte enfrentamiento entre CC.OO. y CNT a finales de 1976 y principios de 1977 o la primera huelga de gasolineras de los trabajadores de Barcelona en este mismo año, apoyada básicamente por la CNT, son dos muestras distintas de la presencia sindical que la central libertaria estaba desarrollando. En cuanto a la amplificación de su potencialidad social diversa, tendríamos que destacar la presencia masiva de jóvenes y obreros en los mítines que la CNT dio a lo largo de 1977 en las principales ciudades españolas y sobretodo por su carácter original y de

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gran acogida social, las Jornadas Libertarias Internacionales celebradas en Barcelona a finales de julio de 1977, que unió debate y diversión, en un intento por amplificar la vitalidad del pensamiento libertario en el estado español. Para acabar, con este breve resumen episódico, de la gran fuerza sindical y social que la CNT iba desarrollando, apuntaremos la posición claramente contraria a los llamados “Pactos de la Moncloa” que se firmaron en septiembre de 1977 y que suponían claramente un frenazo a las reivindicaciones obreras y una apuesta por un pacto social dirigido por las elites políticas y económicas. Durante él ultimo tercio de 1977 la CNT fue construyendo una convergencia de las fuerzas sindicales y sociales que estuvieran contra el Pacto de la Moncloa y que en algunos momentos hizo dudar hasta las dinámicas sindicales de los aparatos y las cúpulas de CC.OO. y UGT. Así, como ejemplo de esta afirmación, se produjo en Barcelona en Octubre de 1977 una manifestación contra los Pactos de la Moncloa que logra reunir a unos 400.000 trabajadores, incluyendo a todas las opciones sindicales (CC.OO. y UGT también) y en las que la CNT había jugado un papel determinante tanto en su elaboración como en la concreción de la misma. Inmediatamente estos sindicatos se desmarcarían de esta lucha, quedando la CNT como el único gran sindicato que nucleaba un frente contra el pacto social y en el que se agrupaba buena parte de la izquierda radical, otros sindicatos de corte asambleario y algunos movimientos sociales. Y en esto llegó el “Caso Scala”. Fruto de esta persistencia en contra de los Pactos de la Moncloa, la CNT organizó una manifestación del 15 de enero de 1978 en Barcelona. En la misma se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a este pacto social y que era prueba evidente de la gran capacidad de convocatoria que todavía tenia la CNT en aquellos momentos. Una vez acabada la manifestación contra el pacto social, se produjo a las 13,15 h. el atentado con cócteles molotov contra la sala de fiestas Scala de Barcelona. Posteriormente la sala de fiestas se incendió y de resultas de este incendio fueron victimas mortales cuatro trabajadores que laboraban en aquellos momentos, algunos de ellos afiliados a la CNT de Barcelona. (Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro) A partir de este momento, el proceso de “criminalización” contra la CNT y el movimiento libertario se agudizó y amplificó, deteniendo y acusando a cinco afiliados de la CNT y señalando a la organización anarcosindicalista como la principal causante de este atentado. El conocimiento posterior que hemos tenido de los hechos ocurridos en lo que se ha venido en llamar “el Caso Scala”, y especialmente la aportación reciente del libro de Xavier Cañadas, uno de los acusados en este proceso, nos llevan a determinar que

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estamos ante lo que el autor considera como “terrorismo de Estado” dirigido en este caso contra la CNT y el movimiento libertario en general: “ (...) Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo magistrado, de un solo Ministerio. (...)“ 4 Este libro, que supone un importante valor testimonial, por venir de uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el Caso Scala, nos desvela los entresijos de como se fue gestando dicho proceso. En este sentido la participación del confidente policial, Joaquín Gambin Hernández, es crucial en la elaboración y ejecución del mismo. Se infiltró y agitó al grupo anarquista barcelonés para que una vez acabada la manifestación de la CNT contra los Pactos de la Moncloa, estos arrojaran unos cócteles molotov en la sala de fiestas Scala de Barcelona. Asimismo, el libro, nos describe las irregularidades jurídicas del juicio posterior en el que estuvieron encausados y condenados y asimismo y de forma precisa como se maquinó la destrucción de la sala de fiestas barcelonesa por parte de los servicios secretos del estado español. En este sentido, el libro de Xavier Cañadas es claro y nítido en su argumentación de cómo se fue tejiendo el llamada “Caso Scala” y como los condenados no dejaron de ser unos “victimas” útiles al servicia de una “gran bola” represiva de terrorismo de Estado. Cuestión aparte, con relación al libro, sobre lo que se podría entrar a debatir serian algunas afirmaciones de gran calado político que podrían ser objeto de debate o de un análisis posterior de mayor precisión. El Caso Scala a principios de 1978 como señala acertadamente el libro buscaba claramente unos objetivos perniciosos para la central libertaria. “con ese atentado y la represión posterior contra el conjunto del movimiento libertario, el Gobierno neo- franquista de UCD y el entonces ministro del Interior, Martín Villa perseguían erosionar la imagen publica de la CNT –y de todo el movimiento libertario- que por aquel entonces, con sus 100.000 afiliados sólo en Cataluña, constituía una seria amenaza para los pactos, consensos y tejemanejes de los que la izquierda institucional y la cúpula política y empresarial franquista fueron protagonistas durante la llamada Transición. El Caso Scala marcó el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su decadencia acelerada.” En síntesis estas palabras, resumirían lo que posteriormente ocurrió en el declinar progresivo pero inexorable de la influencia del anarcosindicalismo en nuestro país. Sin embargo también me gustaría afirmar que el Caso Scala, aun siendo una gran carga de profundidad desde el exterior de la CNT (y más en concreto de las poco conocidas “cloacas” del estado español) , azuzó la lucha intestina entre las diversas maneras de

4 Xavier Cañadas Perez, “El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más”. (Virus 2008) pp. 27.

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entender el anarcosindicalismo en aquellos momentos, generando una espiral de auto-destrucción que supuso el aminoramiento progresivo y acelerado de la CNT durante los años 1978 y de forma muy aguda durante el año 1979, año en el que se celebró el primer congreso de la CNT en el estado español, después de la muerte del dictador. Para acabar, esta breve crónica, creó que sería útil insertar unas notas escritas de Manuel Sacristán, uno de los pensadores marxistas con mayor renombre en aquellos momentos, con relación a la potencialidad del anarquismo obrero y al impacto negativo que el Caso Scala había producido en sus filas y que nos demuestra, por si alguien lo pudiera dudar a día de hoy, que la CNT era algo más que una fuerza social residual. “(...) De todos modos, ésa si que me parece empresa importante, por lo menos en España, donde el anarquismo obrero todavía existe de verdad. Una de las primeras condiciones posibilitadoras de la tarea que digo es la vitalidad del anarquismo obrero, y aquí, particularmente, de la CNT. Por lo tanto, hay que defender a la CNT contra el cerco en que el poder esta intentado encerrarla.“5 Siguiendo la afirmación que Salvador López Arnal, desarrolló en su reseña del libro de Xavier Cañadas, creo que estamos ante “otro agujero negro de la transición”, que se contrapone a la visión “idealizada” que las elites políticas y culturales dominantes nos han legado de este breve pero intenso periodo histórico. Joan Zambrana (Junio 2008)

5 La cita proviene de Manuel Sacristán /Joan Martinez Alier/ Daniel Lacalle: “Cinco cartas sobre marxismo, eurocomunismo y anarcosindicalismo”. (Materiales nº8 – Marzo-Abril de 1978 / pp. 127)

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