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La intervención de políticos, ‘lobbies’ o cárteles perturba el desarrollo normal de la vida económica en España. ¿Será posible que despeguemos poniendo tantos obstáculos?

L a tarde previa a la aprobación de la salida a Bolsa de Aena en el Con-sejo de Ministros, en julio de 2014, fue una de las más tensas vividas

hasta ahora en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-. El or-ganismo había elaborado un duro informe en el que avisaba de los peligros de la opera-ción. La duda era si había que darlo a conocer antes de anunciar la privatización del ente aeroportuario, con la que tantas esperanzas tiene el Gobierno de generar ingresos.

Así se hizo y, como consecuencia, al pare-cer, se oyeron los lamentos de la ministra de

Fomento en los pasillos de sus dependencias. Pero, si se creó este organismo hace apenas año y medio para que velara por la limpieza en el mercado español, ¿qué sentido tiene po-nerle piedras en el camino?

El Ejecutivo hubiera sido feliz si el infor-me se hubiera hecho público un mes después del anuncio de la salida a Bolsa. La informa-ción no habría frenado a los potenciales in-versores. ¿Pero debe entrometerse el Estado en las entidades independientes que regulan la vida económica del país? La existencia de este tipo de instituciones no debería depen-der de si sus resoluciones gustan o no.

La falsificación del mercado

Jordi Benítez

La libertad de mercado permite que las empresas compitan y ofrezcan mejores pre-cios a los ciudadanos. Se ha visto de manera muy clara con los taxis y el alquiler de habi-taciones. En el primer caso, el uso de la apli-cación tecnológica Uber combatía aberracio-nes como que el trayecto en Madrid hasta el aeropuerto tenga que costar 30 euros. El acuerdo entre sus conductores sin licencia de taxista y los pasajeros se traducía en un aho-rro en la tarifa. En cuanto al alquiler de habi-taciones, webs como Airbnb reducen a años luz el coste de alojamiento de los viajeros. El precio de un cuarto particular es mucho me-nor que el de un hotel. Los usuarios ahorran y los propietarios ganan un dinero adicional.

El problema es que a los tradicionales em-presarios del ramo no les gustan estas solucio-nes, porque les perjudican. Uber, que funciona en 70 ciudades de todo el mundo, ha tenido que irse de nuestro país por una sentencia judicial. Y los alojamientos particulares se han visto abrumados en algunos lugares por una colec-ción de obligaciones legales -visados que han de ser elaborados por arquitectos, canon de actividad económica, requisitos de higiene...- que hacen la actividad inviable para los arren-dadores.

Detrás de estos obstáculos para una normal vida económica, que favorezca la iniciativa y la creación de empleo y de riqueza, está la le-gislación del Gobierno, la comunidad autóno-ma o el ayuntamiento. Esas leyes están moti-vadas en ocasiones por la recaudación de un dinero para las arcas públicas, pero sobre todo por el ahorro de una serie de problemas ante los grupos de presión y la opinión pública. Ima-gínense el drama político de una manifestación de taxistas antes de las elecciones.

La pregunta es si la aparición de estos nue-vos servicios, que favorecen a los ciudadanos, deben quedar lastrados por la presión legisla-tiva forzada por los lobbies. “En Reino Unido han abierto las puertas a la economía colabo-rativa, representada por empresas como Uber. Su esperanza es que llegue a tener tanto peso en el PIB como el sistema financiero”, apuntan desde la CNMC.

Si hay libertad en el mercado, los negocios se desarrollan. Pero si los agentes ya estableci-dos no se lo permiten, no tienen modo de ha-cerlo. Lo que hay que preguntarse es por qué hay negocios como la música o la prensa que se están viendo forzados a adaptarse a los cam-bios propiciados por la nueva economía digital y colaborativa, y sectores como los taxis o los hoteles no han de hacerlo. Incluso los sectores que han iniciado la transformación se tapan los ojos si no les gusta lo que oyen. Poco antes de ponerse en marcha la tasa Google, que ha acabado con el enlace de noticias al popular buscador, se pidió un informe a la CNMC. Se incluyó en el dictamen final del Ministerio como una pequeña enmienda. En él expusieron

el caso de Associated Press, que se arruinó tras dejar de tener sus informaciones conectadas al buscador, y el de Francia, donde se ha dado a los medios un periodo de adaptación. “Los medios dijeron que Google nos pagó por decir eso”, lamentan desde la CNMC.

El problema de la falta de competencia au-menta cuando la protección de un sector o un gremio está bien vista por el propio Gobierno. Un caso curioso en este sentido fue el que ocu-rrió con el mosto y la uva de jerez. Los produc-tores quisieron formar un cártel -algo que es ilegal- y pactaron las cuotas anuales del vino de jerez, pero a José María Ruiz Mateos le ba-jaron la cuota y él lo denunció ante la entonces Comisión Nacional de la Competencia -CNC-. “En la mesa del cártel estaba la consejera de Agricultura, que ahora es eurodiputada. Si el poder político está implicado o favorece el cár-tel -como en este caso-, es más difícil sancio-narlo”, señala Francisco Marcos, profesor de IE Business School y ex director del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. El problema es que los cárteles en España surgen como setas. Y ya saben lo que hacen: los que lo componen, fijan unos precios que les favorecen a ellos y perjudican a los con-sumidores o a los productores que están fuera del grupo que controla el negocio.

Hay intromisiones indebidas del Estado en órganos independientes

El ‘cártel de la basura’ ha sido multado por la CNMC con 98,2 millones de euros. Liderado por ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, se repartía contratos de ayuntamientos en toda España.

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Para evitar estas injusticias, se crearon instituciones como la CNMC, a la que hay que ver si se deja trabajar. Sus Direcciones de ins-trucción -Competencia, Energía, Telecomu-nicaciones y Audiovisual y Transportes y Sector Postal- y el Departamento de Promo-ción estudian a fondo los mercados. A partir de ahí, elaboran unos informes, que son so-metidos a la revisión de las dos Salas en que se organiza la actividad ordinaria del Conse-jo: la de Competencia, presidida por el presi-dente, José María Marín Quemada, y la de Supervisión Regulatoria, presidida por la vi-cepresidenta, María Fernández, persona de confianza de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa.

El problema es que las votaciones en estas dos Salas, cuyos diez miembros también for-man el Consejo y elaboran las resoluciones, se han convertido en una guerra de trincheras. Desde octubre de 2013 hasta mayo de 2014, las resoluciones estuvieron elaboradas por dos consejeros propuestos por el PP. Como eran ininteligibles y habitualmente favorables a las empresas, Marín Quemada tomó cartas en el asunto y pasó a encargarlas a otros miembros de la sala. La actitud entorpecedora es emitida ahora por estos consejeros a través de votos particulares, una especie de enmiendas que

cualquiera de los miembros puede emitir cuan-do llega a sus manos el informe final sobre los asuntos trabajados por las Direcciones de ins-trucción. Pero el cambio de papeles permite que el trabajo salga adelante, aunque sea con dificultades. No obstante, estas tensiones se perciben desde fuera de la institución. “Parece que en el Consejo hay personas que no quieren trabajar”, lamenta Francisco Marcos. Y a este experto no dejan de preocuparle los votos par-ticulares. “Siempre hay dos votos negativos procedentes de los mismos miembros -los dos del PP-. Uno de ellos siempre dice que los ex-pedientes están caducados, son nulos y que las multas son excesivas. También insulta a los miembros de las Direcciones diciendo que no tienen ni idea. Hace años tiró por tierra una resolución contra Mapfre y otras aseguradoras por valor de 160 millones. Aunque el asunto está recurrido ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional siguió su tesis para anular la resolución de la CNC -predecesora de la CN-MC-”, explica Marcos.

Este especialista ha estudiado los votos particulares desde 1990. Para él, “lo peor del trabajo de la CNMC es que se nota falta de preparación en el Consejo. El trabajo de las direcciones de Instrucción sigue siendo ex-cepcional, como ocurría con la CNC. Pero las resoluciones emitidas por el Consejo no se entienden”. Un perjuicio claro para la libertad de mercado, porque la enturbia. Sin embargo, tras el cambio en los que elaboran las resolu-ciones, desde junio hasta ahora, la calidad de éstas ha mejorado.

Viendo la importancia de la CNMC para que en España haya competencia, algunos no comprenden que este mal ambiente no termine. Más aún con la reconocida fama de independencia del presidente de la entidad. “No entiendo cómo Marín Quemada no los expulsa. Podría hablar con Luis De Guindos y hacerlo”, señala Marcos. Ya se ve que no debe de ser tan fácil.

Este tipo de tensiones y el escaso tiempo transcurrido desde la creación del organismo parece estar traduciéndose en una menor producción de resoluciones. Un vistazo a la

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El regulador de la competencia está tratando de volver a su mejor nivel

web de la CNMC permite ver que se produ-ce, pero menos que antes. La Fundación Ciu-dadanía y Valores -Funciva- ha criticado en un informe que la CNMC emite menor nú-mero de resoluciones que el organismo an-terior -CNC-. Y no son los únicos que lo di-cen. “El pistón de la actividad ha bajado. Hay menos inspecciones y menos agresividad”, señala Álvaro Pascual, presidente de la sec-ción de Derecho de la Competencia del Co-legio de Abogados. “Cuando existía la CNC nos quejábamos de que hacía demasiadas inspecciones. Ahora la echamos de menos. La CNMC es menos activa. No trabaja tan bien y tiene problemas organizativos”, añade. ¿Estamos sufriendo un déficit de libertad en el mercado?

La menor producción se explica en buena medida por el tortuoso camino que ha tenido que recorrer la institución. Desde octubre de 2013 a junio de 2014 ha estado inmersa en un difícil proceso de fusión que ha incluido una reducción del techo de gasto, con las consiguientes quejas de los profesionales afectados. Esta circunstancia, y los obstácu-los creados por unos consejeros supuesta-mente independientes, han ralentizado la toma de decisiones.

En octubre habrá ocasión de renovar el or-ganismo. Finaliza entonces el contrato de tres consejeros -entre los que por desgracia no es-tán incluidas las ovejas negras- y se podría incluir a miembros propuestos por el PSOE e independientes. En la actualidad no los hay por una decisión de Rubalcaba de la que él mismo se arrepiente. El contrapeso en el voto de las

¿Qué es la CNMC?La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia. Es independiente del Gobierno y está sometida al control parlamentario. Entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013. Su origen hay que buscarlo en el Tribunal de Defensa de la Competencia, que estuvo muy vinculado al Gobierno. En 1992 se independizó y adaptó su estructura a la que existía en Europa, convirtiéndose en uno de los organismos con mayor prestigio de la UE.En 1995 se creó la Comisión Nacional de Energía y en 1996 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La pluralidad de instituciones obedece a la liberalización de la industria de red, el fin de los monopolios estatales y la necesidad de adaptarla a la normativa europea.En 2010 aparecen tres nuevas agencias (servicio postal, industria audiovisual y transporte ferroviario).En 2013 se decide unificar todos los organismos reguladores y de defensa de la competencia con el objetivo de garantizar la su independencia, incrementar la seguridad jurídica y aumentar su transparencia en beneficio de los consumidores y usuarios para garantizar una competencia dinámica y una regulación eficiente.

Un informe de la CNMC ha sido clave para bajar el canon que se

cobrará a los competidores de Renfe por el uso de las vías del

corredor del AVE a Levante.

distintas ideologías dentro del Consejo, efec-tuado a partir del estudio imparcial de las Di-recciones de instrucción, puede servir para que la institución sea más plural, algo que sería deseable para que los distintos mercados de la economía española sean más competitivos, con productos atractivos a precios más justos. Ha-brá que ver si eso sucede.

Mientras tanto, una consecuencia de la situación que se ha vivido ha sido el descen-so en la cuantía de las sanciones impuestas a las empresas. En una reciente conferencia, el ex presidente de la CNC, Luis Berenguer, recordaba cómo un cliente le había pedido que calculara la multa que podían imponer-le por una sentencia que había tenido en contra. Según los criterios de su época, esti-mó que podía ser de 3 millones. Pero le apli-caron un pago de 80.000 euros.

Durante su etapa, Competencia era temi-da. Entre 1989 y 2009, la CNC destapó 10 cár-teles. De enero de 2010 hasta ahora se han deshecho 28. En la última fase de la CNC destacó la multa de 119 millones de euros im-puesta a Telefónica Móviles, Vodafone y Orange por poner precios excesivos en los servicios mayoristas de SMS y MMS. Tam-bién los 88,5 millones que recayeron en las

trece navieras que cubrían la ruta marítima con Marruecos. Las multas de Competencia sumaron 454,10 millones en el año 2012-2013. En sus ocho primeros meses, la CNMC solo impuso multas en cuatro expedientes, por un valor de 14,5 millones. Pero la cuantía está volviendo a subir. Se ha visto en la multa de 98 millones impuesta al cártel de la basura y parece que seguirán surgiendo sanciones de este estilo. Es la tendencia desde junio.

La rebaja de las sanciones se ha debido a la interpretación de la Audiencia Nacional sobre la Ley de Defensa de la Competencia. Dice que la multa debe ser del 10% de los be-neficios de la empresa infractora en el año anterior. La Audiencia Nacional interpretó que debían ser el 10% del mercado afectado. Con penas de 3.000 euros como se han im-puesto, el efecto disuasorio es nulo o casi nu-lo. A la compañía afectada puede merecerle más la pena pagar la multa incluso que con-tratar un abogado y defenderse. Pero es que, además, “tiene truco, porque si una empresa está diversificada”, dice Marcos, “puede sa-lirse de ese sector y el coste de la multa es cero”. Muchas de estas sentencias están re-curridas ante el Supremo.

La cuestión es si el mercado ha de vivir su-jeto jerárquicamente al poder político o puede cobrar iniciativa creativa y espontaneidad sin miedos a oscuros manejos. Por lo que se está viendo, en esto no hay gran diferencia entre unos y otros. Es un hábito generalizado: se fal-sea. ¿La relación del mercado con el Gobierno es jerárquica o prudencial? ¿Hay libertad de mercado, o más bien se ahoga el mercado?

La plataforma tecnológica de transporte de viajeros Uber ha dejado España por la presión de los taxistas, pese a que el servicio interesaba a los ciudadanos.

Dos consejeros propuestos por el PP entorpecen el trabajo de la CNMC

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