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EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTASGUACHENÉ (CAUCA)

19 DE NOVIEMBRE DE 2015

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EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS

MINISTERIO DE JUSTICIAY DEL DERECHO, 2015

www.minjusticia.gov.co

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GUACHENÉ (CAUCA)

CONTENIDO

• Viceministerio de promoción de la justicia

• Justicia más cercana al ciudadano

• Justicia al servicio de la convivencia pacifica

• Acceso a la justicia con enfoque diferencial

• Justicia transparente y de calidad

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VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

Se encarga de asesorar y trazar directrices en la formulación de políticas que orienten el sis-tema judicial y el ordenamiento jurídico. También promueve acciones en materia de justicia y del derecho que involucren a la comunidad en la resolución pacífica de conflictos, mediante la utilización de los mecanismos formales y alternativos de justicia. Asiste al Ministro en lo que concierne a la iniciativa legislativa, la investigación y análisis de las materias relacionadas con los objetivos, la misión y las funciones del Ministerio y del sector justicia. Lo anterior, con el fin de materializar los derechos de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

El Viceministerio de Promoción de la Justicia cuenta con tres direcciones: la Dirección de Desa-rrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional y la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Los resultados obtenidos durante el último año son:

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JUSTICIA MÁS CERCANA AL CIUDADANO

LegalApp

En marzo de 2015 el Ministerio lanzó de manera oficial el sitio web www.legalapp.gov.co, de consulta gratuita a nivel nacional, disponible en teléfonos móviles con acceso a internet, mediante un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los usuarios, en el que se ofrece información y orientación sobre trámites, procedimientos o “rutas de justicia” para resolver un conflicto, indicando las entidades a las cuales acudir, a través de un directorio de autoridades y señalando su ubicación exacta en el municipio de interés del usuario. A la fecha, el sitio Web cuenta con ciento veintitrés (123) trámites o temas de justicia, orientados a distintos públicos, esperando alcanzar los 150 temas al final de 2015. En materia de directorios, Legalapp cen-traliza en un solo sitio información de 20.000 autoridades, entre juzgados, fiscalías, casas de justicia, comisarías de familia, conciliadores, entre muchos otros.

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Tan solo siete meses después del lanzamiento el sitio web cuenta con más de 360.000 visitas, logrando un incremento de un 241% en el número de visitantes mensuales. Las preguntas más frecuentes formuladas por los ciudadanos tienen que ver con temas relacionados con la custo-dia o los alimentos de menores de edad o de adultos mayores, arrendamientos de inmuebles, deudas, acción de tutela, unión marital de hecho, presentación de denuncias penales, convi-vencia vecinal, prestaciones sociales, servicio de salud y violencia intrafamiliar, entre otros.

LegalApp no solamente cuenta con visitas desde Colombia, sino que ha sido consultada en diferentes países, además de un amplio movimiento en redes sociales y la articulación con otras entidades y programas como Urna de Cristal, Puntos Vive Digital, SíVirtual, DNP, Universida-des, entre otros.

Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana

Las Casas de Justicia son centros interinstitucionales de información, orienta-ción, referencia y prestación de servicios de acceso a la justicia y resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con las Casas de Justicia se pretende acercar la justicia al ciudada-no orientándolo sobre sus derechos, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto se realiza articulando la oferta de acceso a la justicia de diferentes entidades del orden nacional y local.

Actualmente, el Programa cuenta con ciento cuatro (104) Casas de Justicia en operación, ubicadas en veintiocho (28) departamentos y ochenta y ocho (88)

municipios del territorio nacional. Del año 2014 al año 2015, han entrado en operación die-cinueve (19) Casas de Justicia, de las cuales doce (12) están en el departamento de Antioquia y fueron financiadas por el ente territorial. Este es el periodo durante el cual se ha puesto en funcionamiento el mayor número de casas durante la operación del programa

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• ANTIOQUIA: Amalfi, Anorí, Ebéjico, El Carmen de Viboral, Frontino, La Ceja, Rione-gro, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo-Medellín, Veinte de Julio-Medellín, Yaru-mal, y Yondó.

• BOGOTÁ D.C.: Fontibón, San Cristóbal Sur.

• BOYACÁ: Villa de Leyva.

• CALDAS: Supía.

• CUNDINAMARCA: Tocancipá.

• HUILA: La Plata.

• TOLIMA: Rovira.

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Los Centros de Convivencia Ciudadana son un espacio donde se pro-mueve la convivencia ciudadana a través de la articulación de entidades prioritariamente de orden local (Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Oficinas de Desarrollo Comunitario, etc.), que desarrollan pro-gramas psicosociales y de acceso a la justicia, a través de mecanismos formales y alternativos, relacionados con la prevención, la atención y la solución de conflictos, con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social en las comunidades. En los Centros de Convivencia, se

hace más énfasis en la prevención del conflicto que en la atención de casos, y se cuenta con programas para acercar a los estudiantes de los colegios y a la población infantil, a través de espacios como la ludoteca, y la biblioteca en sus instalaciones. Actualmente, el Programa cuenta con treinta y tres (33) Centros de Convivencia Ciudadana en operación, ubicadas en dieciocho (18) departamentos y (33) municipios del territorio nacional. Del año 2014 al año 2015, han entrado en operación cuatro (4) Centros de Convivencia Ciudadana:

• CAUCA: Caloto, Guachené.

• PUTUMAYO: Puerto Caicedo.

• CÓRDOBA: Ciénaga de Oro.

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Durante el periodo comprendido entre el año 2014 y el mes de noviembre de 2015, las Ca-sas de Justicia que reportan al Ministerio, a través del Sistema de Información, registraron un total de 508.289 personas atendidas, de las cuales 258.947 correspondieron al año 2014 y 249.342 a la vigencia actual 2015. Durante el mismo periodo se registró un total de 795.642 solicitudes en las Casas de Justicia.

Comité Nacional de Casas de Justicia.

Se reunió el pasado 1 de octubre, luego de 10 años de su última sesión. Las instituciones han coincidido en la importancia que tienen estos espacios en la articulación, la respuesta concreta al conflicto y la atención de las necesidades en los territorios, ya que están diseñadas para atender la demanda de justicia específica que sirve para llegar a las poblaciones más vulnera-bles y constituye una herramienta para llevar la institucionalidad donde no ha tenido presencia.

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En el Comité celebrado se tuvieron las siguientes conclusiones principales:

• Se han establecido dos niveles de trabajo: uno, el Comité Nacional que se reúne por lo menos una vez al año y el otro, la Mesa Técnica integrada por los enlaces técnicos designados y altamente calificados con criterio misional que representan a cada en-tidad vinculada al Programa y que se reunirá por lo menos tres (3) veces en el año.

• Se van a trabajar algunos temas a través de pilotajes para validar debidamente las acciones que se van a implementar.

• Las Federaciones de Municipios y de Departamentos, brindarán el apoyo en sus res-pectivas organizaciones para que alcaldes y gobernadores se comprometan conse-cuentemente con el Programa de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana.

• El Comité Nacional del Programa de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana se reunirá dentro de seis (6) meses, para tomar decisiones con base en el trabajo de la Mesas Técnica y de los casos de fortalecimiento de Casas de Justicia en Chaparral, Buenaventura y El Bagre, pilotos que se están adelantando.

• Se aprobó la integración al Comité de la Policía Nacional, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas - UARIV, la Agencia Colom-biana para la Reintegración – ACR y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT.

Fortalecimiento del Modelo de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana

El Ministerio de Justicia y del Derecho se propuso realizar un ajuste al modelo de gestión de las Casas de Justicia, para lo cual se están desarrollando las siguientes actividades en Buena-ventura, El Bagre y Chaparral:

1. Diagnóstico de las CJ y de la conflictividad de su zona de influencia.

2. Propuesta de ajuste al modelo de CJ y diseño de prueba piloto.

3. Implementación de la prueba piloto.

4. Monitoreo del piloto y propuesta de réplica en otros municipios del país.

Como parte del proceso, se identificaron los aspectos críticos del Programa Nacional, recono-cidos a través de diagnósticos y evaluaciones parciales realizadas por distintas entidades del orden local y nacional y se consolidaron las propuestas para mejorar el modelo de gestión. Los hallazgos dan cuenta de los siguientes aspectos:

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Como beneficios identificados en distintas investigaciones realizadas desde su puesta en mar-cha, una Casa de Justicia:

• Facilita la prestación descentralizada de servicios de justicia por parte de entidades del orden nacional, local, representantes de las comunidades y universidades presen-tes en la zona, orientados a evitar el escalamiento de los conflictos y la generación de mayores niveles de violencia.

• Familiariza a la comunidad con el uso de métodos alternativos en la solución de con-flictos.

• Orienta al usuario sobre sus derechos y deberes e integra a la comunidad en torno a la defensa de los derechos humanos.

CATEGORÍA ¿QUÉ PROBLEMA SE DEBE RESOLVER? ¿QUÉ SE REQUIERE?

Servicio de calidad

Falta de privacidad de las oficinas Mobiliario en mal estado Hacinamiento/falta de oficinas Instalaciones deterioradas

Espacios amigables Infraestructura adecuada

Desconocimiento de las Casas de Justicia (54%1)

Contaminación visual

Información clara para usuarios

Competencias cruzadas o replicadas Migración de los usuarios entre oficinas

Protocolos y rutas de atención

Rotación de personal Capacitación esporádica al personal

Funcionarios capacitados y estables laboralmente

Capacidad diferenciada de las Casas para desarrollar actividades de prevención

Actividades de prevención de la violencia

Evaluación continua

Desarrollo de las casas extremadamente desigual

Información incompleta, inoportuna, imprecisa

Aseguramiento de disponibilidad de información externa e interna de calidad

Medición de la satisfacción

Evaluación de impacto

Operación eficiente

Papel disperso del Ministerio de Justicia Baja presencia institucional del orden nacional Desarticulación institucional Descoordinación Inestabilidad laboral Sistema de coordinación nacional y local

inoperante

Refuerzo del Gobierno nacional y local

Definición de modelo de financiación sostenible

1 Análisis de impacto de la Universidad Nacional

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• Previene la violencia intrafamiliar.

• Fortalece la presencia y legitimidad del Estado en sectores y áreas poblacionales ex-cluidas y marginadas.

• Une a la comunidad y al Estado generando confianza y el sentido de pertenencia, en cuanto la comunidad se siente beneficiada por la oferta de servicios que allí encuentra.

• Fomenta la construcción de tejido social.

• Es un modelo cooperativo e interagencial.

Uno de los primeros aspectos a reconocer es que la Casa de Justicia es un sistema articulado de servicios de justicia formal y no formal, que se presta en una infraestructura física en la que convergen entidades locales y nacionales, para resolver a la mayor brevedad, conflictos (pequeñas causas) de la comunidad, con el propósito de promover la convivencia pacífica, disminuir la violencia y aumentar la legitimidad del Estado en todo el territorio nacional.

De acuerdo con este contexto, se propone un fortalecimiento del modelo de gestión de Casas de Justicia, con el propósito de consolidar la oferta institucional de justicia, la goberna-bilidad frente al Programa, los mecanismos de coordinación y generar sostenibilidad financiera para su mantenimiento y operación, de manera que se mejore su eficiencia y calidad.

De otro lado, se llevaron a cabo en 2015 jornadas de casas de justicia móvil en Cáceres, Vega-chí, Turbo y El Bragre (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Istmina (Chocó), Barranquilla (Atlántico), Girardot (Cundinamarca), Tuluá y Buenaventura (Valle del Cauca) y Mocoa (Putumayo).

Menos normas y más claras

En relación con la depuración del ordenamiento jurídico, para simplificar el ordenamiento legal se ha avanzado en la metodología para reducir el volumen de normas, de manera que en el sector administrativo de Justicia han sido identificadas 652 normas depurables, de 1.065. Esta metodología representa la base para coordinar el Proyecto Interinstitucional de Armonización Normativa, el cual tiene como finalidad: i) determinar el universo de normas jurídicas con fuer-za de ley que actualmente se encuentran vigentes y ii) depurar del universo de normas jurídicas con fuerza de ley vigentes, aquéllas que los sectores de la administración pública consideren jurídicamente obsoletas, inútiles o en desuso (caducas por vencimiento de plazo o por cumpli-miento de su objeto), con el fin de fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica.

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En aras de contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, en la dirección electrónica www.suin-juriscol.gov.co se encuentra la base de datos con normas desde 1991 hasta la fecha, con la información jurídica contenida en los sistemas SUIN (administrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho) y JURISCOL (administrada anteriormente por el Banco de la República), hoy llamado sistema SUIN-JURISCOL, donde la ciudadanía puede consultar de manera gratuita información normativa colombiana.

SUIN – JURISCOL es el Sistema Único de Información Normativa del Estado Colombiano, que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto, actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, así como sus respectivas concordancias y afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.

Pasamos de tener detectadas novecien-tos treinta y siete (937) normas, en el año 2014...

... a diez mil doscientos treinta y cuatro (10.234) normas de rango legal identificadas.

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JUSTICIA AL SERVICIO DE LA CONVIVENCIA PACIFICAFORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Justicia en Equidad

El conciliador en equidad es una persona con reconocimiento comunitario y un alto compromiso social que administra justicia de manera gratuita, motivando a que las personas involucradas en un conflicto construyan por sí mismas, a través de un mutuo acuerdo, la solución al mismo. El conciliador en equidad no decide la solución del problema; actúa de manera neutral y mo-tiva a las partes para que lo solucionen ellas mismas, con base en el sentido de igualdad, la justicia natural y el beneficio común. Esa solución queda consignada en un documento deno-minado Acta de Conciliación en Equidad, la cual tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

En la actualidad se desarrolla la fase 3 (evaluación documental del Ministerio para el aval correspondiente) de la implementación de la conciliación en equidad en los municipios de Miranda y Caloto, en los cuales hay 54 y 42 postulados respectivamente para ser designados como conciliadores en equidad. Así mismo, se lleva a cabo una actividad de fortalecimiento a través de un diplomado de actualización a los conciliadores en equidad en Popayán, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.

Noventa (91) Municipios

fortalecidos con Conciliadores en

Equidad(2010-2015)

En la actualidad el país cuenta con ocho

mil trescientos veintinueve (8.329)

Conciliadores en Equidad

Los Conciliadores en Equidad atendieron noventa y cuatro mil

doscientos diez y nueve (94.219)

motivos con corte a julio de 2015

Con corte a julio de 2015, se

suscribieron catorce mil doscientas dos (14.202) actas de

conciliación en equidad, trámites que evitaron que este número de

procesos llegaran a los despachos

judiciales

en veintinueve (29)

departamentos

ubicados en doscientos

cuarenta y dos (242) municipiios

16.907 motivos relacionados con

arriendos

13.147 de asuntos

económicos

10.527 de tipo familiar

5.328 de alimentos

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Formación en Conciliación en Insolvencia de Persona Natural No Comerciante

Con la Universidad de Medellín se adelanta un diplomado dirigido a capacitar a abogados, conciliadores en derecho, funcionarios públicos y directores de los Centros de Conciliación, en el tema de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Este procedimiento, contemplado en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) permite que cualquier persona natural, que no haya podido cumplir con sus obligaciones financieras, pueda realizar acuerdos con sus acreedores, que le permitan recuperar su buen nombre comercial, y su vida crediticia, en una especie de salvavidas financiero. El Ministerio de Justicia, desde el año 2014 y en lo que va corrido el presente año 2015, ha proferido 19 autorizaciones a Centros de Conciliación, para conocer de los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. En ese mismo periodo, se profirieron 11 actos de otorgamiento de aval para capacitar abogados en este procedimiento especial, también a centros de conciliación.

La actividad anterior ha permitido capacitar a más de 100 personas entre abogados del Mi-nisterio de Justicia, de la Superintendencia de Sociedades, de la Procuraduría General de Na-ción, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a Abogados Conciliadores y Directores de Centros de Conciliación. El énfasis se ha dado en las ciudades de Bogotá y Cali, donde está aumentando la demanda de casos, en el tema de insolvencia de persona natural no comercian-te, y cada vez más está requiriendo la cualificación, tanto de operadores de la conciliación, como de abogados litigantes, en este tipo de procedimientos. Todo lo anterior, para asegurar la garantía de los derechos de las partes (deudores y acreedores), en un ambiente de conviven-cia pacífica, y de mejoramiento de las relaciones sociales.

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ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

1. Correcciones del Nombre en el Registro Civil de la Población de Comunida-des Indígenas

Ante la inconformidad expresada, por miembros de diferentes comunidades indígenas del país, relacionadas con las dificultades para realizar el trámite de cambio de nombre en sus registros civiles, y documentos de identificación, se expidió el Decreto 1797 de 2015 “Por el cual se adiciona un literal al artículo 2.2.6.13.2.9.1.de la Subsección 9 de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

En la comunidad wayuu por ejemplo, las dificultades para realizar el cambio de nombre, se derivaban, según lo manifestaban, en tratos discriminatorios hacía un significativo número de miembros de esta etnia. Esto debido a que estos miembros, figuraban, con nombres que no obedecían a sus usos y costumbres, sino que por el contrario, en muchas ocasiones generaba una serie de burlas y faltas de respeto, hacia estas personas. Este decreto, materializa las posi-bilidades contempladas en los artículos 91, 93 y 94 del Decreto Ley 1260 de 1970 modificado por el Decreto 999 de 1988, es decir, efectuar correcciones en el registro del estado civil de las personas y el cambio de nombre, incluyendo aquellas que hacen parte de comunidades indígenas. Además contempla la exención de derechos notariales para dicho trámite.

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2. Red de Discapacidad

2.1 Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

2.2 Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia

El Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolló con la Universidad de los Andes, un programa académico, con el objetivo de ofrecer insumos académicos y técnicos para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad en los servicios de acceso a la ad-ministración de justicia; el cual está siendo cursado por cien (100) personas de veintidós (22) municipios. La guía de estudio construida en el marco de esta iniciativa, será distribuida a los operadores de justicia y a todas las facultades de Derecho del país, para su difusión interna.

2.3 Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Red busca aunar esfuerzos para el acceso oportuno y efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, generar una transformación de la comunidad jurídica en torno a la discapa-cidad y optimizar el impacto social de la labor de las Universidades. Actualmente hacen parte de la Red 41 universidades con Facultad de Derecho, de Bogotá D.C, y los Departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico, Santander, Risaralda, Tolima, Nariño, Sucre, Boyacá, Bolívar, Cau-ca, Norte de Santander y Caldas.

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2.4 Elaboración de Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia

Ofrece a los operadores de justicia herramientas para asegurar que su actuar posibilite el ple-no disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Adicionalmente, brinda a esta población, sus familias y redes de apoyo, información acerca de qué esperar de la atención por parte del sistema de justicia.

3 Fortalecimiento de las Comisarías de Familia para atender la violencia contra las mujeres

Las Comisarías de Familia son entidades administrativas municipales, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia. Dentro de sus fun-ciones principales se encuentran la adopción de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra las mujeres, el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes y la conciliación de temas relacionados con alimentos y visitas.

Estas entidades son una importante puerta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar: 71 de cada 100 casos reportados de violencia contra la mujer son atendidos por las comisarías de familia. 7 de cada 10 personas que acuden a las comisarías de familia son mujeres. (PGN, 2012). En el año 2010, el 80.1% de las Comisarías de Familia del país informaron que durante el año conocieron un total de 108.778 casos de violencia al interior de la familia y se profirieron un total de 171.094 medidas de protección. (PGN, 2012).El propósito del proyecto del Viceministerio, es fortalecer la capacidad institucional de las Comisarías de Familia, para atención de las violencias basadas en género y demás asuntos relacionados con la familia, a través de la identificación, desarrollo e implementación de he-rramientas de TIC que faciliten la gestión interna de estas entidades, y su interacción con los ciudadanos.

Lo anterior, y con ocasión de lo dispuesto en el Decreto 2897 de 2011 y el Decreto 4799 de 2011, al MJD le corresponde ““Definir lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la violencia basada en género por parte de las Comisarías de Familia y otras autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales”.

En cumplimiento de esta obligación, el Ministerio ha desarrollado las siguientes acciones:

1. Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el abordaje de la violencia intra-familiar con enfoque de género.

Con el fin de llevar a cabo la difusión y capacitación de la cartilla guía pedagógica sobre el procedimiento para abordar la violencia intrafamiliar con enfoque de género, se lleva-ron a cabo entre el 10 de diciembre al 19 de diciembre de 2014, la totalidad de treinta (30) jornadas en veintitrés (23) ciudades de Colombia, con duración de cinco (5) horas cada una, contando con un total de 1053 asistentes.

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2. Lineamientos técnicos: i) marco normativo en torno a la violencia basada en el género; ii) lineamientos técnicos en violencias basadas en el género para las comisarías de familia.

Con el fin de llevar a cabo la socialización de los instrumentos, se llevaron a cabo 22 jornadas de capacitación a nivel nacional entre los meses de junio y noviembre de 2013, a 1.026 funcionarios integrantes de las comisarías de familia de la mayoría de los depar-tamentos del país. En estas jornadas se contó con la presencia principal de comisarios y comisarías de familia, secretarias, auxiliares administrativas de estos despachos e inte-grantes de los equipos interdisciplinarios, con énfasis en profesionales de la psicología y trabajo social.

3. Herramientas de Valoración, Seguimiento, Estándares de Calidad y Generación de Rutas.

a. Instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal por violen-cias de género al interior de la familia

b. Instrumento de seguimiento a la medida de protección impuesta por los comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia.

c. Instrumento de seguimiento a la medida de atención impuesta por los comisarios/as de familia por violencias de género al interior de la familia

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d. Estándares de calidad para la atención de las violencias de género en los comisarios de familia.

e. Rutas para el procedimiento de atención a víctimas por violencias de género al interior de la familia en las comisarías de familia.

Con el fin de socializar los instrumentos, el MJD llevó a cabo talleres sobre procedimiento para la atención de la violencia basada en género, realizados entre el 10 de diciembre al 19 de diciembre de 2014, con una totalidad de treinta (30) jornadas en veintitrés (23) ciudades de Colombia, con duración de cinco (5) horas cada uno, se llevó a cabo la difusión y capacita-ción del contenido de la Guía pedagógica para Comisarías de Familia, a un total de 1053 asistentes a las mismas, entre los cuales se encuentran comisarios y comisarias del país y otras entidades con competencia en la materia.

4 Enfoque étnico en programas

Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se está trabajando en la construcción conjunta con los funcionarios y operadores de las casas de justicia de Uribia (La Guajira), Chaparral (Tolima), Buenaventura (Valle del Cauca), El Bagre (Antioquia) e Ipiales (Nariño), al igual que con las autoridades indígenas, para lo cual se adelantan en la actualidad seminarios acerca de la Jurisdicción Especial Indígena.

JUSTICIA TRANSPARENTE Y DE CALIDAD

Reforma de Equilibrio de Poderes y a la Administración de Justicia

Luego de la aprobación por el Congreso de la República del Acto Legislativo No. 02 de 2015, “Por el cual se dicta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio realizó un proceso de consulta participativa y de recolección de insumos a nivel nacional, dirigido a la construcción de la Reforma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, cuyo proyecto fue radicado ante el órgano legislativo el pasado 30 de septiembre.

Con ese propósito, se viene liderando la realización de foros regionales en distintas ciudades del país como Ibagué, Manizales, Medellín, Pasto, Yopal, Barranquilla, Bogotá, Buga, Popayán, Rionegro, Cartagena, Riohacha, Florencia y Cali, los cuales han contado con la participación de empleados y funcionarios judiciales, miembros de la academia, centros de pensamiento, centros de investigación, estudiantes, abogados litigantes, colegios de abogados, organizacio-nes sindicales, expertos en administración de justicia y usuarios en general.

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Sistema de Estadísticas Judiciales

Se busca contar con información confiable y de calidad sobre las diversas temáticas que abarca el funcionamiento del sistema judicial, lo cual fundamental para el diseño de políticas públicas, para dimensionar las necesidades del sistema, para evaluar sus resultados y para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de justicia.

Desde 1996, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se le asignó al Consejo Superior de la Judicatura la responsabilidad de contar con un sistema de información sobre la gestión judicial, el cual aún no ha comenzado a funcionar. Por su parte, entidades guberna-mentales, ONG’s e instituciones multilaterales y académicas han desarrollado indicadores que monitorean la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en las instituciones. Sin embargo, estos indicadores se encuentran dispersos, lo que dificulta analizar de manera ágil y pronta el panorama global de la confianza ciudadana en la justicia.

Así pues, pese a los diferentes esfuerzos, la información relacionada con el funcionamiento del sistema judicial del país es incompleta, contradictoria y de difícil acceso, tanto para el Estado como para los ciudadanos.

Se podrá contar entonces, con una batería de indicadores que permita realizar el seguimiento y el diseño de políticas públicas para el sistema judicial en lo que corresponde a la Rama Ju-dicial y a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los indicadores se dividirían en las siguientes temáticas: acceso a la justicia, movimiento de procesos, política penitenciaria, política criminal, confianza en la justicia y variables presupuestales. En una segunda etapa, se pretende ampliar la cobertura de los indicadores a la justicia que administran autoridades administrativas y los particulares.

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Actores clave: Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Superinten-dencias, INPEC, Ministerio de Hacienda. Actividades:

1. Diagnóstico de las necesidades de in-formación y de los ejercicios previos de construcción de indicadores.

2. Diseño y alimentación de los indicado-res.

3. Diseño de un sistema en web que per-mita la consulta y divulgación de los indicadores.

4. Construcción de una solución tecno-lógica que permita cargar, procesar, analizar, obtener reportes, intercam-biar datos y facilitar el seguimiento de indicadores en justicia.

5. Actualización periódica de los indicadores.

GESPOL

Los fiscales, policías y jueces son un símbolo de autoridad en la sociedad, de ellos depende en buena medida la seguridad y la justicia de los demás ciudadanos. Por ello, pero además, por los riesgos implícitos al ejercicio de su función, es necesario que los atentados contra la vida de estas personas reciban una atención prioritaria por parte del Estado, no como una forma de discriminación respecto de la que reciben las demás víctimas, sino como una forma de ga-rantizar que los derechos de estas puedan materializarse.

Sin contar las muertes ocurridas en conflicto armado, cada año son asesinados más de 50 policías en el país, por su parte los homicidios de fiscales y jueces sumaron 10 en los últimos tres años. Las investigaciones por estos casos se encuentran dispersas en varias regiones del país y muchas de ellas no cuentan con avances significativos que permitan la identificación y sanción de los responsables. Esto ocurre en buena medida por la ausencia de una reacción oportuna al momento de ocurrencia de los hechos y por la falta de estrategias de investigación adecuadas para el trámite de los casos.

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Por esta razón se creó un Grupo Especializado (GESPOL) para investigar delitos de homicidios, cometidos contra jueces, fiscales, servidores en funciones permanentes de policía judicial y miembros de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas. Se exceptúan los miembros de la Policía Nacional abatidos por causa del conflicto armado.

Gespol será liderado por la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de la Nación, quien coordinará las actividades de investigación, frente a este tipo de homicidios.

Este grupo especializado, estará conformado por un Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, dos Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito, y tres asistentes de Fiscal y servidores pertenecientes al área de la policía judicial (CTI y Policía Na-cional). Gespol se articulará con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional, para obtener el apoyo necesario. Para este propósito, se crearán comités y mecanismos de colaboración y cooperación que se requieran. Actualmente cuenta con 15 casos, de los cuales 4 ya están cubiertos con medidas preventivas a los presun-tos responsables, en 3 se están tramitando, y 1 ya tiene preacuerdo.

REMJA

La Décima Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas, se llevó a cabo los pasados 14 y 15 de octubre, con el apoyo del Depar-tamento de Cooperación Jurídica de la OEA como Secretaría Técnica de las REMJA. A este encuentro participaron las delegaciones, encabezadas por su Ministro de Justicia, Procurador o Fiscal, de 22 de países miembros de la Organización de Estados Americanos: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Hai-tí, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Venezuela y por supuesto Colombia.

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GUACHENÉ (CAUCA)

Como fruto de las reuniones preparatorias y de la rica participación de los países de la región asistentes a la REMJA X, surgieron importantes recomendaciones que, como en ocasiones an-teriores, contribuirán a consolidar el Estado de Derecho en la Región a través de políticas para modernizar la justicia y fortalecer la cooperación jurídica internacional, propiciando para ello el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas y procesos de cooperación efectivos.

Cabe destacar la participación de la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, con quien dialogamos sobre sobre la cooperación que ese país le presta a Colombia en aspectos como el sistema penitenciario, persecución de delitos transnacionales como la ciberdelincuen-cia y lavado de activos. Bahamas, país que fue electo Vicepresidente junto con México para este encuentro, ofreció ser sede de la próxima REMJA en 2017.

EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS GUACHENÉ …. en... · coincidido en la importancia que tienen...

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