EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS CONSTITUCIONES

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EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS CONSTITUCIONES AUTORES: TORSTEN PERSSON Y GUIDO TABELLINI Desde los 90’s las reformas constitucionales han dado lugar a grandes debates en muchas democracias que han permitido un número importante de reformas. Entre los países industriales, Italia abandonó su antigua dependencia en la representación total proporcional (PR), introduciendo un sistema past – the – post para 75% de los puestos en la asamblea nacional. Nueva Zelanda introdujo un sistema de pluralidad PR combinado, pero desde un punto de vista opuesto de salida: el sistema británico tradicional de nombramiento de todos los representantes a la cámara y senadores por regla plural en constituciones de un miembro. Japón también renunció a su forma especial de voto plural a favor de un sistema mixto. En Latinoamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela se comprometieron con una reforma electoral a gran escala en los 90’s, como también Fiji en Filipinas. En el Reino Unido las discusiones sobre el cambio a un sistema combinado o electoral proporcional ha resurgido recientemente. En Italia, los líderes políticos clave están considerando propuestas para traer elementos del presidencialismo o semi-presidencialismo en el actual régimen parlamentario; en Francia a algunos comentaristas les gustaría ir en otra perspectiva, más hacia el parlamentarismo. Las ideas alternativas de cómo dirigir la formulación de decisiones ineficientes y el “déficit democrático” en la Unión Europea implica reformas constitucionales introduciendo claros principios de democracias parlamentarias o presidenciales al nivel Europeo. Estos debates sobre reformas constitucionales a

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EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS CONSTITUCIONES

AUTORES:TORSTEN PERSSON Y GUIDO TABELLINI

Desde los 90’s las reformas constitucionales han dado lugar a grandes debates en muchas democracias que han permitido un número importante de reformas. Entre los países industriales, Italia abandonó su antigua dependencia en la representación total proporcional (PR), introduciendo un sistema past – the – post para 75% de los puestos en la asamblea nacional. Nueva Zelanda introdujo un sistema de pluralidad PR combinado, pero desde un punto de vista opuesto de salida: el sistema británico tradicional de nombramiento de todos los representantes a la cámara y senadores por regla plural en constituciones de un miembro. Japón también renunció a su forma especial de voto plural a favor de un sistema mixto. En Latinoamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela se comprometieron con una reforma electoral a gran escala en los 90’s, como también Fiji en Filipinas. En el Reino Unido las discusiones sobre el cambio a un sistema combinado o electoral proporcional ha resurgido recientemente. En Italia, los líderes políticos clave están considerando propuestas para traer elementos del presidencialismo o semi-presidencialismo en el actual régimen parlamentario; en Francia a algunos comentaristas les gustaría ir en otra perspectiva, más hacia el parlamentarismo. Las ideas alternativas de cómo dirigir la formulación de decisiones ineficientes y el “déficit democrático” en la Unión Europea implica reformas constitucionales introduciendo claros principios de democracias parlamentarias o presidenciales al nivel Europeo. Estos debates sobre reformas constitucionales a menudo se refieren a los supuestos efectos de tales reformas sobre la política económica y el comportamiento económico.

Constituciones y política: un eslabón perdido

Los científicos sociales hasta recientemente, no han dirigido el asunto de los efectos constitucionales sobre la política económica y el comportamiento económico. Algunos observadores incluso han considerado imposible de predecir las consecuencias de una reforma constitucional para la economía de un país, lo que es una posición extrema. Analizando los efectos de las alternativas constitucionales han sido durante mucho tiempo un tópico principal en la investigación de la ciencia política, sin embargo se conoce poco sobre los efectos económicos de las constituciones alternativas. Para entender por qué, se explica el proceso de formulación política democrática donde los ciudadanos y los grupos en un país tienen preferencias de conflicto sobre la economía

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política. Las instituciones políticas agregan estas preferencias en unos resultados políticos específicos, y estas a su vez inducen decisiones políticas públicas en el dominio económico (flechas a la derecha en la figura). Las políticas públicas interactúan con los mercados e influencias los precios de diferentes bienes, empleo, y remuneraciones en diferentes sectores de la economía y esos resultados de mercado facilitan las preferencias políticas (las flechas a la izquierda). En esta visión las reglas formales de la constitución de un país influencian las decisiones políticas sobre su política económica, dada una distribución de preferencias (primitivas) sobre los resultados económicos en la población. Nuestro objetivo es aprender sobre los efectos de estas reglas constitucionales formales sobre las políticas económicas específicas.

La figura 1.1 es el dominio de la política comparativa tradicional. Esta investigación se centra en: cómo los diferentes sistemas electorales afectan el número de partidos o la incidencia de los gobiernos de coalición, cómo diferentes formas de gobierno afectan la frecuencia de la crisis gubernamental y la inestabilidad política y así. Teniendo en cuenta la figura, la investigación de la ciencia política sobre las constituciones ha permanecido dentro de los confines de la caja a la derecha, trata con el vínculo entre reglas constitucionales y resultados políticos. Esta investigación se encamina hacia una investigación de consecuencias políticas sistemáticas que resultan de la aplicación de reglas constitucionales. Pocos científicos políticos se han preguntado empíricamente “entonces qué”, cómo las reglas constitucionales influencian la política económica. Ampliamente basados en correlaciones simples en un conjunto de datos relativamente pequeño de democracias desarrolladas, sin tener una evidencia clara de mapeo de reglas electorales, o formas de gobierno para los resultados políticos. No se puede decir completamente que toda la investigación en la ciencia política ha permanecido dentro de la caja a la derecha de la figura. Otra literatura de la ciencia política relaciona la economía política a los resultados políticos, tales como estructura de partido o inestabilidad política. Estos resultados políticos son tomados típicamente como el punto de partido del análisis, y no son explícitamente vinculados a las características constitucionales específicas. Puede ser conceptualizada como un estudio de la flecha de “resultados políticos” hacia “decisiones políticas” en la figura 1.1.

La caja a la izquierda de la figura 1.1 es el dominio de las economías tradicionales. Los economistas en el campo de la economía política han tratado de escapar de esta caja, prestando su atención a otros asuntos ilustrados en la figura 1.1. Ellos se han preguntado cómo la política económica interactúa con los mercados para conformar las preferencias políticas de individuos específicos y grupos y cómo la distribución de estas preferencias a su vez, induce los resultados de la política económica y el comportamiento. La literatura sobre economía política se ha centrado principalmente

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en las partes restantes de la figura 1.1 mientras que el tratamiento de la caja al lado derecho es oscuro. Por lo que esta investigación también ha generado pocas predicciones empíricas sobre cómo las características constitucionales influencian los resultados de la política económica.

¿Cuáles reglas y políticas constitucionales?El tema general de los efectos constitucionales sobre las políticas económicas está aún muy lejos para un solo libro. Nosotros lo reducimos solo considerando unas pocas características constitucionales y áreas de la política enfocándonos casi exclusivamente en evidencia empírica en vez de modelación teórica. Nos limitamos a dos aspectos amplios de constituciones: 1) las reglas para elecciones y 2) la forma de gobierno. Sobre el aspecto político, consideramos diferentes aspectos de la política fiscal, las rentas políticas toman la forma de corrupción y abuso de poder, y las estructuras políticas fomentan el desarrollo económico. Nos centramos exclusivamente en el vínculo directo (o forma reducida) entre las constituciones y políticas, los efectos causales intermedios de las constituciones sobre los resultados políticos y de ellos, sobre las políticas económicas.

Primero las reglas electorales y las legislativas asociadas con formas diferentes de gobierno son las reglas constitucionales más fundamentales en las democracias representativas modernas. Los votantes delegan la elección política a representantes políticos en elecciones generales, pero qué tan bien sus preferencias políticas están representadas y si cómo se las arreglan para sacar a los ladrones en las reglas para la elección así como también las reglas para aprobar y ejecutar la legislación. Los políticos hacen elecciones políticas, pero sus iniciativas electorales específicas y poderes de perseguir, modifican, vetan y promulgan políticas económicas que giran sobre las reglas de elección, legislación y ejecución. Las reglas electorales y las formas de gobernar son también características constitucionales que han atraído la mayor atención de los investigadores en política comparativa. Tenemos de esta manera un cuerpo sólido de trabajo para confiar en cuando bien a medir e identificar los aspectos críticos de estas instituciones políticas en las democracias existentes.

Segundo, nuestras áreas de elección de política y comportamiento exponen un gran acuerdo de variación en resultados observados. Si miramos a través de los países a finales de los 90’s, observamos que el gasto gubernamental como fracción del PIB estuvo alrededor del 60% en Suecia y también bien sobre 50% en muchos países de Europa continental, pero alrededor del 35% en Japón, Suiza, y Estados Unidos. También vemos variaciones sorprendentes entre países en la composición del gasto: las transferencias son altas en Europa, pero bajas en Latinoamérica; entre los 15 miembros

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de la unión europea, el gasto en desempleo en los 90’s iban del 2% del gasto total (Italia) a 17% (Irlanda). Las percepciones de corrupción e inefectividad en la provisión de servicios gubernamentales son generalmente altas en África y Latinoamérica que en los países de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollos (OECD) pero aún difiere un gran trato entre países a niveles comparables de economías desarrolladas. La producción por trabajador y el factor de productividad total varía enormemente entre países, reflejando amplias brechas en los estándares de vida no solo en el mundo sino también dentro de los mismos continentes.

Durante los últimos 40 años vemos algunos patrones comunes en los datos. En un grupo grande de países el promedio de gastos de gobierno creció por cerca de 10% del PIB desde principios de los 60’s a mediados de los 80’s, estabilizando un nuevo alto nivel hacia finales del siglo. Los déficits presupuestarios en estos países estuvieron en promedio, por debajo del 2% del PIB a principios de los 60’s y a finales de los 90’s, pero alcanzaron el 5% del PIB a principios de los 80’s. A pesar de tales tendencias comunes, sin embargo, observamos diferencias sustanciales en el tiempo de diferentes países.

Como veremos más adelante, las diferencias políticas entre países permanecen, incluso si tomamos en cuenta el nivel de desarrollo, estructura de la población, y muchas otras características observables. Es importantes explorar si alguna variación que permanece después de tomar ciertas características en cuenta, pueden atribuirse a diferentes sistemas políticos, que es lo que hacemos en el resto del libro. Pero nuestro objetivo principal acá es dibujar conclusiones sobre los efectos causales de las constituciones en resultados políticos específicos. Nos gustaría formular preguntas como: si el Reino Unido estuviera influenciado para cambiar sus reglas electorales de mayoritarias a proporcionales, cómo afectaría esto el tamaño del estado de bienestar o su déficit presupuestario? Si Argentina abandonara su régimen presidencial a favor de una forma de gobierno parlamentaria, facilitaría la adopción de políticas hacia el desarrollo económico?. Esto implica inferencias sobre efectos causales a través comparaciones entre países lo que es un ejercicio teórico, y gran parte de este libro resuelve la pregunta de cómo dibujar inferencias robustas sobre la causación de patrones observados en los datos, este libro trae muchas técnicas econométricas a la política comparativa para descubrir algunos efectos económicos de las constituciones políticas.

CAPÍTULO 2Qué dice la Teoría La formulación de política económica genera conflictos en diferentes dimensiones: entre diferentes grupos de votantes, diferentes grupos de políticos, entre votantes y políticos. La idea básica del capítulo es que la resolución de estos conflictos – y por

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tanto los resultados políticos que observamos – depende de las instituciones políticas, idea que es familiar para los economistas y que tiene una analogía en la teoría de la microeconomía. Los mercados generan conflictos de interés entre consumidores y productores sobre el precio y la calidad del producto y entre diferentes productores sobre la ganancia. Cómo son resueltos depende de las instituciones del mercado. Los precios de equilibrio, calidades, y ganancias dependen de las regulaciones que determinan las barreras de entrada y la extensión de la competencia entre los productores. También dependen de la legislación determinando cómo los consumidores pueden mantener fácilmente a los productores responsables por la mala calidad del producto o el comportamiento de colusión en los precios. La literatura sobre instituciones políticas y política económica ofrece una idea similar.

Las instituciones políticas son una etiqueta que estado unida a un amplio rango de diferentes fenómenos: constituciones escritas, a través de organizaciones como partidos políticos o acuerdos comerciales, todos el camino para normas sociales existentes. En este libro, investigamos solo las reglas formales, como establecidas por provisiones explicitas en las constituciones (u otras leyes). Como decimos en el capítulo 1 nos concentramos en dos aspectos fundamentales de las constituciones: reglas electorales y formas de gobierno. La primera determina como las preferencias de los votantes son agregadas y cómo los poderes de tomar decisiones sobre política económica son adquiridos por los representantes políticos; la segunda determina cómo esos poderes pueden ser ejercidos una vez y cómo se pueden resolver los conflictos entre los representantes elegidos. Tres líneas distintas pero relacionadas de investigación han comparado reglas electorales alternativas y formas de gobierno y sus consecuencias. La más vieja y la tradición más establecida es la política comparativa, uno de los campos principales en la ciencia política. Los investigadores de la ciencia política comparativa se han focalizado en las consecuencias políticas de las constituciones alternativas (por ejemplo, el número de partidos, la emergencia de extremismo político, y la frecuencia de crisis políticas). Una visión básica de esta línea de investigación es que las características de las constituciones alternativas implican diferentes combinaciones de dos atributos deseables de un sistema político: responsabilidad y representatividad. Si un sistema político es dicho a tener responsabilidad, significa que es posible bajo ese sistema para los votantes identificar quién es responsable por las decisiones políticas y derrocar a los representantes que encuentran que actuaron deficientemente. Si un sistema político es dicho a tener representatividad, significa que las decisiones políticas bajo ese sistema reflejan las preferencias de un grande espectro de votantes. El equilibrio entre responsabilidad y representatividad es muy rígido en el caso de reglas electorales: la regla de pluralidad está orientada hacia mantener la responsabilidad de los políticos, y PR hacia la

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representación de diferentes votantes en el proceso legislativo. Pero un equilibrio similar también surge en la evaluación de formas alternativas de gobierno incluso aunque las distinciones sean más sutiles. Un régimen presidencial se inclina hacia la responsabilidad, porque concentra los poderes del ejecutivo en una sola oficina responsable directamente para los votantes y proporciona la vigilancia y los balances a través de una clara separación de las prerrogativas legislativas y ejecutivas. Un régimen parlamentario en vez de eso, se inclina hacia la representatividad, desde donde el gobierno representa y debe mantener junta la posible heterogeneidad de la coalición en la legislatura.

Una segunda línea de investigación de la política comparativa ha explotado las visiones de una tradición comparativa para preguntar cómo las reglas electorales y las formas de gobierno forman los resultados de la política económica. Si las características constitucionales alternativas tienen implicaciones relevantes para responsabilidad y representatividad, es probablemente reflejada en las decisiones de política económica que emanan del proceso político (por ejemplo en la extensión de la corrupción política y abuso del poder, en el tamaño y extensión de los programas de redistribución). Esta línea de investigación utiliza herramientas de economía y modelos formales de procesos políticos como un juego de delegación entre votantes y políticos. Pregunta cómo las reglas alternativas del juego integradas en características constitucionales alternativas conforman las iniciativas de los jugadores racionales y ultimadamente el equilibrio del resultado político. El objetivo principal de este capítulo es resumir las principales predicciones de esta línea teórica sobre el efecto causal de las constituciones en la política económica.

Una aproximación comúnLas instituciones políticas agregan intereses de conflicto dentro de las políticas públicas, estamos interesados en conflictos con origen económico, por lo que nos centramos en la descripción general sobre la política económica en general, más específicamente en las aplicaciones en la literatura que trata con el gasto de gobierno. Es importante distinguir entre 3 tipos de política económica sobre la base de los beneficiarios. La política económica puede proporcionar beneficios para: 1) muchos ciudadanos; 2) un grupo estrecho de ciudadanos; o 3) virtualmente no ciudadanos, pero un grupo específico de políticos. Cada uno de estos tipos de política induce a una clase de conflicto económico específico. Amplios programas en la forma de bienes públicos generales como defensa o amplios programas redistributivos como seguridad social o pensiones son ejemplos de la política 1, la cual proporciona beneficios a muchos individuos. A casusa de su amplia naturaleza y diseño universal, estos programas no pueden ser fácilmente medidos para demandas específicas de grupos

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bien definidos de ciudadanos. Así, grandes grupos de beneficiarios los evalúan similarmente. Muchos de estos programas son típicos del modero estado del bienestar. Los bienes públicos locales o programas redistributivos específicos, como soporte agrícola o transferencia a empresas del gobierno, son ejemplos de política de tipo 2, benefician solo a pequeños grupos de ciudadanos. El gasto involucrado en esta clase de programas se refiere a “los fondos públicos asignados a fines electorales” y a menudo, aunque no siempre, reflejan decisiones políticas discrecionales. Tales programas pequeños pueden más fácilmente ser dirigidos a grupos en áreas geográficas específicas que los programas de tipo amplio 1.

El tercer tipo de política económica genera rentas a los políticos. Estas rentas pueden tomar varias formas: literalmente, son salarios para trabajadores públicos o la financiación de partidos políticos. Menos literalmente, uno puede considerar varias formas de corrupción y despilfarro como última provisión de rentas para políticos. Mientras que ampliamente o estrechamente los programas dirigidos inducen a conflictos entre los votantes, las rentas para los políticos están en el núcleo de los problemas de agencia en la política, enfrentando a los votantes contra los políticos (u otros trabajadores del gobierno). Los votantes son unánimes en su deseo de limitar las rentas extractadas por los políticos pero pueden carecer de medios necesarios para lograr este objetivo. La cantidad de recursos apropiador como rentas es quizás pequeña en la mayoría de las democracias modernas, comparadas con el tamaño total de ingresos por impuestos. Pero ya que ellos benefician directamente a los agentes a cargo de las decisiones políticas, la lucha política para apropiar tales “porciones” puede no obstante influenciar fuertemente otras decisiones políticas. Más aún, en democracias desarrolladas, particularmente aquellas con bajos niveles de desarrollo, la extracción directa de recursos por los líderes del poder político puede ser cuantitativamente significativa, como revelan los ejemplos de África, Asia y América Latina.

La discusión presentada acá sugiere una aproximación general a la modelación de los resultados de la formulación de las políticas. Cómo estos tres tipos de conflicto son resueltos u así que política económica que observamos en un país determinado depende de sus reglas constitucionales. En este sentido la política económica es el resultado de equilibrio de un juego de delegación en el cual la interacción entre votantes y políticos es modelado formalmente como un juego en forma extensiva. Los votantes (múltiples principales) eligen representantes políticos (agentes), quienes a su vez, establecen una política para promover sus propios objetivos. Los principales tienen cierto margen de maniobra sobre los agentes porque pueden ofrecerles premios de elección o reelección. Pero estos premios son mayormente implícitos, no explícitos, por

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lo que la constitución se convierte en un “contrato incompleto”, dejando a los políticos algo de poder en forma de derechos de control residual. Los aspectos cruciales de las constituciones son aquellos que promueven las reglas de este juego de delegación, principalmente, las reglas electorales y las reglas para la formación y disolución del gobierno.

Reglas electoralesTodos los estudios sobre reglas alternativas para la elección de legisladores se centran en diferentes aspectos de la política fiscal (y en particular, sobre gasto del gobierno) pero la idea principal generaliza a otras políticas económicas. La literatura de la ciencia política discute las dimensiones de las elecciones legislativas, en detalle enfatizando en tres de ellas: magnitud del distrito (determina el número de legisladores dado el tamaño de la legislatura, adquiriendo un lugar en un distrito por voto); fórmula electoral (determina como los votos son trasladados a puestos, bajo el rol de pluralidad, solo aquellos que ganan el más alto voto forman parte de los puestos dados en el distrito, mientras que PR otorga puestos en proporción al voto obtenido) y estructura de la papeleta (determina cómo los ciudadanos emiten su voto, eligiendo entre diferentes candidatos o diferentes listas de partido).

Magnitud del distritoMuchos escritos de política comparada predicen que la magnitud del distrito influencia la composición y distribución del gasto prometido durante la campaña electora. Persson y Tabellini utilizan un modelo de votación probabilístico en el cual el resultado de una elección es incierto antes que el de las elecciones, cuando los dos partidos diseñan sus plataformas electorales. Los resultados de la política económica son determinados por los compromisos de los partidos en estas plataformas. En grandes distritos se difunde la competencia electora, induciendo a los partidos a buscar soporte de amplias coaliciones en la población (y del total de la población en el caso extremo cuando toda la legislatura es elegida en un solo distrito). En distritos más pequeños, en vez de dirigir la competencia electoral más estrechamente hacia circunscripciones geográficas, las cuales son en consecuencia los beneficiarios primarios de las promesas electorales de ambos candidatos. Cuando los distritos son pequeños y no totalmente homogéneos en la composición de sus votantes, cada partido es típicamente un cierto ganador en algún distrito “seguro”, y la competencia electoral llega a estar concentrada en los distritos fundamentales restantes. Ambos candidatos tienen así fuertes iniciativas para dirigir sus políticas hacia los votantes en estos distritos. Claramente, los amplios programas son más efectivos en la búsqueda de un amplio soporte y programas dirigidos de soportes estrechos. Las elecciones implican que los amplios distritos deberían estar más parcializados hacia programas no dirigidos, tales como

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bienes públicos generales o programas de transferencia. En un examen sobre el colegio electora en EE.UU. Strömberg (2002) estudia una versión más general de la misma clase de modelo. Se enfoca en la distribución del gasto de la campaña electoral, predice que ambos candidatos en una elección presidencial deberían gastar más en los distritos electorales fundamentales, lo cual es consistente con los datos de las recientes elecciones de los EE.UU.

Bajo el supuesto de que el ganador se lo lleva todo y la rol de pluralidad, la magnitud del distrito tiene un segundo efecto que refuerza la anterior predicción. Los votos para un partido no obteniendo pluralidad son perdidos completamente, y la magnitud de distritos pequeños reduce la coalición mínima de los votantes requerida para ganar la elección. Con distritos de un solo miembro y pluralidad, por ejemplo el partido necesita solo 25% del voto nacional para ganar (50% en 50% de los distritos). Con un solo distrito nacional, en contraste, necesita 50% del voto nacional. Los políticos son inducidos a internalizar la política que beneficia a un gran segmento de la población, el cual les da iniciativas más fuertes bajo PR que bajo la regla de pluralidad para elegir los programas políticos con beneficios amplios. Lizzeri y Persico (2001) realizan este punto en un modelo de competencia electoral en el cual los votantes están revisando el panorama futuro y dos candidatos políticos se comprometen con promesas electorales de cómo dividir un presupuesto dado entre bienes públicos nacionales y transferencias que pueden ser dirigidas a cualquier coalición de votantes. El equilibrio tiene más provisión de bienes públicos bajo un solo distrito nacional que bajo distritos con muchos miembros. Persson y Tabellini (2000 a) alcanzan la misma conclusión en un modelo en el cual las elecciones política en vez de estar comprometidas con elecciones anteriores como en el modelo de Lizzeri y Persico, son hechas por beneficiado una vez está en su cargo. Los votantes siguen una estrategia retrospectiva, reeligiendo titulares para quienes las elecciones políticas les dan una alta utilidad para superar un nivel de reserva. Una vez más, el equilibrio tiene más provisión de bienes públicos con un solo distrito nacional.

Milesi-Ferretti, Perotti y Rostagno (2002) obtienen un resultado similar en un modelo en el cual la política es decidida después de elecciones en la negociación entre los políticos elegidos para la legislatura. Los votantes entienden el trabajo de la legislatura postelección negocian y eligen sus representantes estratégicamente. Como resultado los legisladores representan principalmente grupos socioeconómicos cuando los distritos son grandes, mientras que representan principalmente grupos en localidades geográficas específicas cuando los distritos son pequeños. Distritos más pequeños de nuevo llegan a estar asociados con decisiones de grupos geográficos pequeños, mientras que distritos más grandes llegan a estar asociados con amplios programas que

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benefician a los votantes a través de muchos distritos. Los autores también obtienen el resultado que distritos grandes están asociados con grandes gastos totales, mientras que Persson y Tabellini encuentran el efecto del tamaño del distrito sobre el gasto total que es ambiguo.

La magnitud del distrito probablemente influencia la extracción de renta, con distritos grandes que reducen las rentas extraídas por políticos. Uno de los mecanismos a través del cual puede ocurrir es el analizado por Myerson (1993). En este modelo los partidos (o equivalentemente, candidatos) difieren entre dos dimensiones: su honestidad intrínseca y su ideología. Los votantes prefieren candidatos honestos pero no están de acuerdo con ideología. Beneficiarios deshonestos pueden sin embargo aferrarse al poder si los votantes comparten las mismas preferencias ideológicas no pueden encontrar un candidato sustituto honesto. Con grandes distritos un candidato honesto está dispuesto para todas las posiciones ideológicas y en equilibrio. Los candidatos deshonestos no tienen opción de ser elegidos. En el modelo del autor la conducta es endógena para la regla electora, mientras que la deshonestidad es una característica exógena de los candidatos. Ferejohn (1986) endogeniza la conducta de los beneficiarios permitiéndoles escoger un nivel de esfuerzo, dado que los votantes mantienen a los beneficiarios responsables de su comportamiento a través de una regla de voto retrospectivo. Este modelo puede ser reformulado como extracción de renta. Fórmula electoral Las fórmulas electorales alternativas influencian la composición del gasto del gobierno según Lizzeri y Persico (2001), la regla electoral proporcional es una en la cual ambos candidatos maximizan el compartir voto. La regla de pluralidad está asociada con el supuesto del ganador se lo lleva todo (el botín va directamente al ganador) en este modelo resulta ambiguo: proporcionalmente es asociado con más bienes públicos y menos redistribución dirigida, comparada con la regla de la pluralidad, solo si el bien público es muy deseables para los votantes, de otra manera puede ocurrir lo contrario. La intuición es que si el bien público es muy deseable, su reducción implica una gran caída en la cuota de voto de los votantes no esenciales, bajo la regla de pluralidad los candidatos desprecian este costo, pero si les importa la cuota de voto, internalizan el voto, el cual les permite proporcionar más bienes público al gasto de redistribución dirigida. Austen-Smith (2000) sugiere otro mecanismo por el cual la fórmula electoral puede conformar en nivel total de contribución y de gasto. Su modelo toma la estructura del partido como exógena pero hace el supuesto empíricamente plausible que menos partidos están representados bajo la regla de pluralidad (dos partidos) que bajo PR (tres partidos). La política, en la forma de redistribución de los impuestos, es decidida en la negociación poselectoral. Bajo la regla de pluralidad, el supuesto del ganador se

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lo lleva todo resulta en el partido que domina una mayoría, pero bajo PR, ningún partido domina una mayoría, y más de un partido debe formar una coalición para establecer una política.

Estructura de la papeletaMientras los votantes emiten su papeleta entre candidatos individuales bajo la regla de pluralidad, ellos la emiten entre las listas de partido bajo PR. Persson y Tabellini examinan las consecuencias políticas de esta diferencia entre regla de pluralidad y PR en un modelo donde los políticos individuales pueden extraer rentas personales en un proceso político, aquí los políticos tienen preocupaciones sobre su carrera política, sin embargo, pueden mejorar sus carreras (por ejemplo, mejorar sus opciones de reelección) a través de la construcción de una reputación para la competencia entre votantes informados imperfectamente. Los políticos entonces enfrentan iniciativas compensatorias: la actual extracción de renta tiene un beneficio directo, al costo de una disminución de reputación. En este modelo la votación por listas de partido está asociada con más extracción de rentas que en la votación por un individuo, porque la preocupación por la carrera política (reelección) llegar a ser más débil en contrapeso a la extracción de renta por los políticos cuando ellos son responsables colectivamente en vez de individualmente. Cuando los votantes eligen entre listas de partido, las iniciativas de los políticos son diluidas por dos efectos: primero; hay un problema de free-rider entre los políticos de la misma lista. La razón es que bajo PR el número de puestos depende de los votas coleccionadas por el total de la lista en vez de que dependan de un solo candidato del partido. Segundo, si la lista es cerrada y los votantes no pueden escoger su candidato preferido, las opciones individuales de reelección dependen de su clasificación en la lista, no de su comportamiento individual. Si las listas son elaboradas por los líderes del partido (como es común), la clasificación probablemente refleja criterios no relacionados con la competencia en la provisión de beneficios para los votantes, tal es la lealtad del partido o esfuerzo entre el partido. Luego las iniciativas individuales para comportarse bien son muy débiles. Este modelo predice que las rentas políticas y la corrupción son mayores de la baja proporción de las representatividades elegidas a través de las asignadas individualmente en vez de la listas de los partidos. Es más, las rentas Deneb ser más altas si la lista es cerrada (por ejemplo, los votantes no tienen elección en la clasificación de un candidato en la lista) que si es abierta.

Predicciones empíricas Resultados políticos a partir de las exposiciones de arriba. En la composición del gasto, grandes distritos y PR se mueven en dirección de amplios programas, mientras que pequeños distritos y pluralidad se mueven en dirección de programas estrechamente

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dirigidos a circunscripciones pequeñas, esto refleja una fuerte correlación entre el tamaño del distrito y las fórmulas electorales a través del sistema electoral del mundo real en cuanto a votación de distritos con reglas de pluralidad. Distritos pequeños y reglas de pluralidad favorecen programas estrechos. Otras reglas electorales sonde decididamente proporcionales, combinando distritos electorales grandes con PR, que favorecen amplios programas. Algunos modelos (aunque no todos) predicen que los sistemas mayoritarios estarán asociados totalmente con un gasto de gobierno pequeño e impuestos. En Milesi-Ferretti, Perotti y Rostagno (2002), la razón para esta asociación es el tamaño pequeño de un distrito, mientras que en Austen-Smith (2000), la razón es a regla de pluralidad. Cuando se trata de rentas para políticos nuestras predicciones son más sutiles. Debido a que sus distritos pequeños, los sistemas mayoritarios presentan altas barreras para entrar que los sistemas proporcionales, lo cuales deberían permitir más extracción de rentas. Pero hay más responsabilidad directa debido a que los votantes eligen entre individuos (bajo la regla de pluralidad) en vez de entre partidos, lo cual debería restringir la extracción de rentas. El efecto total es ambiguo, depende de cuál de estas características es cuantitativamente más importante; algunas ideas discutidas anteriormente tienen incidencia en los ciclos electorales en gasto e impuestos. La responsabilidad es mayor en sistemas con elecciones mayoritarias, en particular, bajo la regla de pluralidad. Así, los funcionarios elegidos podrían tener fuertes iniciativas para pedir a sus votantes en la inminencia de elecciones bajo mayoría que bajo regla electoral proporcional. Los ciclos en gasto o impuestos son más pronunciados en sistemas mayoritarios (pluralidad y centro individual).

Formas de GobiernoLa teoría moderna ha dedicado poco esfuerzo a estudiar las reglas para la legislación que para las elecciones. Pero ha clarificado las consecuencias de dos aspectos del régimen legislativo inherente en diferentes formas de gobierno. Estas conciernen los poderes sobre la legislación: hacer, modificar o vetar las propuestas políticas. Una es la distribución de estos poderes a diferentes funciones: hay una separación efectiva de poderes a través de diferentes políticos y oficinas, o hay una sola oficina establecida con varios poderes diferentes? El otro aspecto es cómo estos poderes son mantenidos en el tiempo: en particular, el ejecutivo está sujeto a un requerimiento de confidencia de soporte continuo de una mayoría en la asamblea legislativa?, estos dos aspectos de las reglas legislativas pueden estar asociados con las dos formas predominantes de gobierno principalmente; democracias presidenciales y parlamentarias.

Separación de poderes

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Muchos regímenes presidenciales tienen una fuerte separación de poderes entre el presiente y la legislatura, y también entre comités legislativos que mantienen importantes poderes de propuesta en diferentes esferas de política que muchos regímenes parlamentarios en los cuales los poderes propuestos sobre la legislación están concentrados en las manos del gobierno. Este argumento refleja que la separación de poderes también difiere de un gran acuerdo detallado en acuerdos constitucionales. Pero, por qué la separación de poderes es importante para la política económica. Un argumento clásico formulado por James Madison hace más de 200 años, mantiene que la vigilancia y el balance entre las diferentes funciones públicas limitan los políticos de abusar de sus poderes. Persson, Roland y Tabellini (1997, 2000) demuestran que los políticos beneficiados establecen políticas bajo supuestas alternativas sobre negociación legislativa diseñada para capturar algunas distinciones básicas entre diferentes formas de gobierno. Los políticos se mantienen responsables por votantes retrospectivos. A causa de la mayor concentración de poderes en los regímenes parlamentarios, es más fácil para los políticos coludir con cada uno a expensas de los votantes, en equilibrio la responsabilidad electoral más débil resulta en altas rentas y altos impuestos que en los regímenes presidenciales, en los cuales una vigilancia más pronunciada y balances ayudan a los votantes a mantener a los políticos más responsables del abuso de poderes para desviar ingresos tributarios para su ganancia privada.

Requisito de Confidencia Una segunda distinción entre las democracias parlamentarias y presidenciales, es la presencia o ausencia de un requisito de confidencia. Los regímenes presidenciales carecen de tal requisito: una vez determinado (típicamente en una elección directa), el ejecutivo puede mantener sus poderes sin el soporte de una mayoría en la legislatura. De acuerdo con el principio de parlamentarismo, los gabinetes en los regímenes parlamentarios necesitan una continua confidencia de una mayoría en la legislatura para mantener sus poderes a través de un periodo de elección entero. La presencia o ausencia del requisito de confidencia es importante en términos de cómo trabaja el proceso legislativo. Los partidos que apoyan un ejecutivo parlamentario mantienen poderes valiosos que arriesgan en un gobierno con crisis. Por lo tanto, el requisito de confidencia crea fuertes iniciativas para mantener la disciplina partidaria. Pero como analizó en detalle Diermeier y Feddersen (1998), las iniciativas mantienen al legislativo con mayorías ejecutivas amplias de los miembros del mismo partido a las coaliciones de partidos. El requisito de confidencia crea “cohesión legislativa”, principalmente, las mayorías estables apoyan el gabinete y el voto sobre las propuestas políticas. La ausencia del requisito de confidencia, en contraste, fomenta coaliciones inestables y menos disciplina dentro de la mayoría. Persson, Roland y Tabellini (2000) hacen 2

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predicciones sobre la política fiscal en su modelo, donde los legisladores elegidos por votantes retrospectivos en diferentes distritos, establecen política en acuerdos alternativos para la negociación legislativa. En los acuerdos modelados sobre los regímenes parlamentarios, una mayoría estable de legisladores tiene a perseguir el interés conjunto de sus votantes. El gasto llega a ser dirigido hacia amplios programas que benefician una mayoría de votantes, tales como programas de transferencias sociales o bienes públicos generales. En regímenes presidenciales, la carencia (relativa) de tal mayoría tiende a oponer los intereses de diferentes minorías contra cada uno con respecto a diferentes cuestiones sobre la agenda legislativa. Como resultado, el modelo predice la distribución del gasto para dirigir el poder de las minorías entre las circunscripciones de los funcionarios que tienen el poder. Más aún en regímenes parlamentarios, la mayoría estable de los legisladores beneficiados, así como también la mayoría de votantes los apoyan, llegando a ser “acreedores residuales” sobre el ingreso adicional; ellos pueden mantener los beneficios de gastar dentro de la mayoría, poniendo parte de los costos en la minoría excluida. Ambas mayorías favorecen altos impuestos y alto gasto. En regímenes presidenciales, por otro lado, ninguno de tales acreedores residuales del ingreso existe, y la mayoría de los contribuyentes y legisladores por lo tanto resisten altos gastos. Por tal razón los autores predicen grandes gobiernos (altos impuestos y gasto total) en regímenes parlamentarios que en presidenciales.

Predicciones empíricasEn resumen, la mayoría de las predicciones resulta de la investigación teórica de cómo los resultados políticos están afectados por las reglas legislativas consagradas en diferentes formas de gobierno. De acuerdo con el argumento de separación de poderes, los regímenes presidenciales deberían estar asociados con menos extracción de renta y menor contribución que en los regímenes parlamentarios. De acuerdo con el requisito de confidencia, debería ser asociado con programas más dirigidos a expensas de programas de amplio gasto. Los regímenes parlamentarios tienen gobiernos más grandes que los presidenciales.

Ideas relacionadas Elecciones proporcionales implican distritos más grandes y una fórmula electora proporcional va de mano en mano con número más grande de partidos. Los regímenes parlamentarios con reglas electorales mayoritarias están mientras en coalición y los gobiernos minoritarios están más probablemente por dejado de PR. Los regímenes presidenciales están algunas veces asociados con un gobierno dividido, con presidente y mayorías del congreso provienen de diferentes partidos, mientras que esto es reglamentado en los regímenes parlamentarios. Lo anterior puede tener efectos

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sistemáticos sobre la formulación de política económica, creando por lo tanto un vínculo directo entre reglas constitucionales y resultados de la política económica de interés. La idea general que las estructuras de partido y los tipos de gobierno forman la reaparición de la política económica en muchos estudios. En particular algunos estudios del problema de fondo común en política fiscal sugieren que este problema es más generalizado bajo los gobiernos de coalición. Este problema se refiere a una situación donde los beneficios del gasto del gobierno están concentrados entre grupos relativamente pequeños de beneficiarios, mientras que los cotos involucrados en el aumento de los ingresos son compartidos entre los contribuyentes. Aquí todos los grupos tienen una iniciativa de empujar para más gasto del cual se benefician, desde que ellos internalizan solo una parte del costo. Un equilibrio de tal situación es probablemente resultado de un exceso de gasto agregado. Kontopoulos y Perotti (1999) argumentan que el gasto del gobierno podría incrementar en el número de partidos de coalición. Scartascini y Crain (2001) producen resultados empíricos similares, debido a que los gobiernos de coalición son más comunes bajo reglas electorales proporcionales que mayoritarias, por lo que se obtiene una asociación directa entre el tamaño del gobierno y las reglas electorales proporcionales. Huber y sus colegas argumentan que el presidencialismo, así como también las elecciones mayoritarias, produce poder político disperso y múltiples puntos de influencia sobre la política y que esto obstaculizará la expansión del estado de bienestar. Muestran que un índice constitucional incluyendo estos y ofreciendo características tiene una influencia negativa sobre los gastos del estado de bienestar, cuando un número de otras variables económicas y sociales se mantienen constantes, en el conjunto de datos que abarca 17 democracias desarrolladas en 30 más años. En su trabajo sobre trabajo extensivo en el déficit presupuestal del gobierno, Alesina y Perotti (1995), exponen sobre el trabajo de Velasco (1999) y argumentan que los gobiernos de coalición enfrentan una dinámica severa del problema de fondo común que los hace propensos a ejecutar déficits. Halleberg y Von Hagen (1998, 1999) vinculan la severidad del problema de fondo común a los sistemas electorales y formas de gobiernos y argumentan que las reformas apropiadas del proceso presupuestal difieren entre a través de reglas constitucionales, soportados por evidencia empírica de Europa y América Latina. Como los gobiernos de coalición tienen más jugadores de veto, tales gobiernos podrían estar sujetos a una mayor tendencia de status quo serios enfrentando los choques adversos. Las crisis del gobierno son una prioridad más probablemente y empíricamente más frecuente bajo elecciones proporcionales (debido a la mayor incidencia de la minoría y gobiernos de coalición en sistemas con elecciones proporcionales) tales crisis podrían permitir una mayor miopía política y déficits presupuestarios más grandes. Estas ideas están relacionadas con el estudio de Tsebelis en el cual un número más grande de jugadores de veto tiende a encerrar la

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política económica y su habilidad de manejar choques externos. Esta concepción de elecciones proporcionales a menudo permite multiplicar el veto de jugadores de partidos en el gobierno y así más miopía política, incluso aunque la regla electora no es primitiva. Amplios movimientos en las preferencias ideológicas de los gobiernos como resultado de elecciones son menos probables en los sistemas donde los gobiernos de coalición están en la norma. La mayoría de estudios sugiere que deberíamos esperar encontrar mayores déficits presupuestales bajo elecciones proporcionales que bajo mayoritarias (al menos entre regímenes parlamentarios), también se sugiere otra pregunta: los ajustes de gasto o impuestos son condicionales para los choques económicos en las reglas electorales? así como se pone en argumento el por qué los ciclos electorales podrían depender de la regla electoral. Ningún análisis formal ha tratado de comparar el tamaño del déficit presupuestal o la reacción de la política a choques económicos en regímenes presidenciales y parlamentarios. La comparación podría ir en dos caminos. Por un lado, la separación más efectiva de poderes baja regímenes presidenciales podría extender que incrementa el número de jugadores de veto más que en el régimen parlamentario, implica un sesgo del status quo mayor en la formulación de política. Por otro lado, en el término fijo de la función oficial y la mayor durabilidad del ejecutivo en regímenes presidenciales podría reducir la miopía política relativa para los regímenes parlamentarios. Pero si la fuerza de los ciclos electorales depende de la responsabilidad electoral, la separación de poderes más pronunciada, y la naturaleza individual del ejecutivo en regímenes presidenciales, la fuerza y la naturaleza de tales ciclos pueden ser asociadas con la forma de gobierno. Toda la discusión presentada se ha centrado en política fiscal, que incluye rentas para políticos, así como se puede pensar en otras áreas de la formulación de política económica, tales como política regulatoria o política comercial. Los mismo mecanismos dentro de regímenes presidenciales y bajo elecciones mayoritarias que influyen las decisiones políticas hacia programas de gasto dirigido a grupos estrechos puede dirigir las decisiones políticas a impulsar los ingresos de intereses geográficamente concentrados, es decir, proteccionismo tarifario o regulación de entrada. Por lo que es posible sacar la conjetura que tales políticas estructurales también difieren sistemáticamente entre sistemas políticos. No solo estamos interesados en las políticas del gobierno per se, sino también en su efecto total en las medidas de carácter económico fundamental y desempeño social.

Qué preguntas planteamos para los datos?Hay un vínculo de las reglas constitucionales y los resultados políticos?De acuerdo con la teoría los regímenes presidenciales deberían tener gobiernos más pequeños que en los regímenes parlamentarios y también menos gasto sobre los

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programas tan amplios del gobierno versus programas dirigidos. Los regímenes presidenciales están también predichos para tener menos extracción de renta que los regímenes parlamentarios. Bajo elecciones mayoritarias deberíamos observar menos gasto sobre amplios programas que bajo elecciones proporcionales asociadas con gobiernos más grandes. Dada la correlación entre tamaño de distrito y fórmula electoral discutida antes, las diferentes predicciones concernientes a las reglas electorales y gasto en la literatura refuerzan otra. En el caso de la extracción de renta, el tamaño del distrito y a estructura de la papeleta encontrado comúnmente en elecciones mayoritarias en direcciones opuestas: mientras los distritos sean más pequeños implica rentas más grandes, el voto sobre los individuos implica rentas más pequeñas. Todas estas predicciones se derivan de modelos teóricos estáticos. Si nos movemos debajo de la tabla encontramos el tema de las ideas relacionadas. Estamos interesados en el efecto de las dos provisiones constitucionales enumeradas al principio de la tabla sobre el balance presupuesta (superávit o déficit). Muchas teorías sugieren que las elecciones mayoritarias deberían estar asociadas con déficits más pequeños, el impacto prospectivo de las formas de gobierno sobre balances presupuestales es más incierto. A la luz de la discusión sobre las ideas relacionadas, nos debería interesar saber si la estructura de las políticas promueve el crecimiento económica y la eficiencia difiere sistemáticamente bajo reglas electorales alternativas o formas de gobierno. Se quiere explorar los diferentes sistemas políticos que implican diferencias sistemáticas en el comportamiento económico, pero no se tiene una hipótesis principal para guiar la exploración. Se tiene una conjetura plausible: iniciativas más fuertes para el comportamiento de los políticos deberían generar más ciclos electorales pronunciados bajo elecciones mayoritarias que bajo elecciones proporcionales.

CAPÍTULO 3Política Fiscal Tamaño del GobiernoAparecen dos medidas del tamaño del gobierno en el conjunto de datos. La primera medida es el gasto del gobierno central (incluso de seguridad social) como un porcentaje del PIB (CGEXP), también se consideran los ingresos como porcentaje del PIB (CGREV). (Fuente de las estadísticas FMI y la base de datos de estadísticas financieras estatales – IFS). Una pregunta natural es por qué examinamos los gobiernos centrales en vez de generales (el último incluye gobiernos locales y regionales) la principal razón es la disponibilidad de datos y la comparabilidad. La definición de entidades relevantes del gobierno o la definición precisa de desembolsos del gobierno e ingresos a menudo no es comparable entre países o tiempo. En países donde los datos sobre gobiernos

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generales están disponibles, el coeficiente de correlación entre el tamaño de gobiernos centrales y generales es muy alta (cerca de 0.9). Más aún, la centralización de gasto (medida como la razón de gasto entre gobierno central y general) no está correlacionada con variables constitucionales de interés (regla electoral y forma de gobierno). Sin embargo el enfoque en gobiernos centrales en vez de generales no influye nuestras inferencias, sin embargo se incluye una variable de indicador para estructuras políticas federales (llamada FEDERAL) en el análisis transversal de países. Muchas características básicas de países son probablemente correlacionadas de forma sistemática con el tamaño del gobierno. Una idea se origina con la ley de Wagner (1893) es que el gasto del gobierno aumenta con el ingreso. Las diferentes medidas en un nivel de desarrollo que utilizamos cada ingreso per cápita real del país (LYP). Otra característica relevante, dado nuestro interés sobre los efectos constitucionales, es la calidad de las instituciones democráticas. Esta característica la medimos utilizando un índice producido por la Casa de la Liberta (GASTIL) para 85 países de la sección transversal y variables similares compiladas por Eckstein y Gurr (1975) (POLICY_GT), ambas variables van de una escala de 1 a7, con valores más altos que indican instituciones democráticas más débiles. Muchos trabajos empíricos sobre el tamaño del gobierno encuentran fuertes correlaciones entre la composición demográfica de la población y el gasto gubernamental, poblaciones más viejas son asociadas con altos gastos. Trabajos anteriores empíricos, empiezan con Cameron (1978) que encontró que las economías más abiertas tienen gobiernos más grandes. Lo que podría reflejar incrementos en la demanda por seguridad social en economías más abiertas (y así, más riesgo) pero también podría reflejar bases de impuestos disponibles resultando de impuestos sobre la exportación e importación a menudo explotados en países desarrollados, aquí utilizamos la medida de apertura de países (TRADE), definida como exportaciones más importaciones sobre el PIB.

Variación entre paísesHay fuertes razones para creer que la geografía y la historia podrían estar correlacionadas sistemáticamente con el gasto del gobierno, la historia de la colonia puede ser particularmente importante. Alesina y Wacziarg (1998) han sugerido que el gasto del gobierno es quizás influenciado por el tamaño del país (lo cual determina la esfera de acción de las economías de escala o la heterogeneidad de las preferencias de los votantes) y no a través de la apertura al comercio internacional per se. Naturalmente el tamaño del país y la apertura están correlacionados negativamente y cuando ambas variables están incluidas en nuestras regresiones, no resultan ser estadísticamente significativas. En países con bajos niveles de desarrollo, los costos administrativos y fijos de impuestos podrían limitar el tamaño del gobierno. Pero un sector de minería grande

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podría proporcionar una fuente barata de ingresos gubernamentales, directamente o indirectamente a través del ingreso de las comparaciones que operan en el sector. Cuando el sector minero como fracción del PIB es adicionado a la regresión, su coeficiente estimado es positivo y estadísticamente significativo, pero la minería no está sistemáticamente correlacionada con variables constitucionales de interés, y su omisión o inclusión no tiene imparto en los resultados sobre influencia de la constitución en el tamaño del gobierno. Finalmente muchos modelos del votante medio sugieren que altos niveles de ingreso inequitativo aumentan el gasto del gobierno, para capturar este aspecto, utilizamos el coeficiente de Gini.

Variación a través del tiempoEn algunos países el sistema político no puede ser descrito como democrático, debido a las reglas de juntas militares u otras restricciones de derechos democráticos. Es importante tener en mente que el ingreso tiene una fuerte tendencia ascendente en muchos países sobre el periodo de tiempo, conformada por personas viejas y apertura. También hay una tendencia ascendente en promedio del tamaño del gobierno, por lo que el efecto estimado de estas variables podría ser espurio.

Composición del gobiernoCuando se discute sobre la composición del gasto del gobierno, nos enfocamos en los programas de estado de bienestar como un porcentaje del PIB. Medimos el tamaño de estos programas en un país utilizando el nivel de seguridad social y gasto en bienestar por el gobierno central (SSW), el cual incluye gasto dentro de programas tales como pensiones y seguridad al desempleo. En países industriales avanzados, los amplios programas de transferencia social como pensiones y seguro al desempleo ciertamente no pueden finalmente estar dirigidos hacia circunscripciones geográficas estrechas. Así SSW mide el tamaño de amplios programas redistributivos probablemente para beneficiar grupos grandes en la población, como opuestos a circunscripciones geográficas estrechas. Si la interpretación de esta variable también aplica a países desarrollados es menos evidente: en tales países, el tamaño de gasto en bienestar social es generalmente muy pequeño y a menudo dirigido a residentes urbanos. El tamaño del gobernó, el gasto de estado de bienestar varía mucho en el tiempo y lugar. En este apartado la calidad de la democracia es estimada para aumentar el gasto solo cuando los datos incluyen transiciones democráticas significativas en el caso examinado en este apartado.

Superávit presupuestalEl resultado de la política fiscal final que examinamos aquí es el balance del presupuesto gubernamental, el cual medimos utilizando el tamaño del superávit

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presupuestal del gobierno central (SPL), una vez más como porcentaje del PIB. El análisis de este apartado sugiere que países más ricos tienen mejores balances fiscales que los pobres, lo mismo sucede con países más dependientes del comercio internacional, pero estos resultados solo aparecen en los datos de los 90’s y no en toda la muestra. Los países de África y América Latina parecen tener déficits más pequeños que los países que pertenecen a la OECD, aunque los coeficientes estimados no son estadísticamente diferentes de cero. Esto podría reflejar restricciones en los préstamos en los mercados financieros internacionales en vez de una propensión más baja a prestar. Las antiguas colonias británicas tienen peores resultados presupuestales que los países no colonizados, pero la diferencia es estadísticamente significativa solo en el largo plazo. Un país no puede mantenerse con déficits presupuestales grandes siempre sin llegar a ser insolventes. Si una teoría hace predicciones sobre tendencia hacia déficits presupuestales bajo sistemas políticos específicos, estas predicciones aplican al stock de débito del gobierno en el estado estable, no para el déficit presupuesta por sí mismo. Esto sugiere que en el estudio de determinantes de déficits presupuestales en la sección transversal de los países, debemos evitar centrarnos en periodos de tiempo muy cortos (particularmente si es un periodo de consolidación presupuestal como en los 90’s) por esta razón cuando estimamos el efecto constitucional sobre el balance presupuestal de variación entre países reportamos solo resultados de datos promedio sobre el total del periodo en el cao 196-1998.

Extracción de rentas Medidas de corrupciónDada la teoría revisada en el capítulo 2, una medida ideal se focalizaría en rentas políticas ilegales. Claramente los abusos del mundo real de una función política alta puede tomar la forma de corrupción absoluta y más generalmente, no gobernación. Utilizamos tres medidas distintas en el trabajo empírico, dos de las cuales se refieren a corrupción y la tercera a la efectividad en la provisión de los servicios del gobierno. Como Tanzi (1998) observa, es difícil definir corrupción en resumen. Sin embargo, como la corrupción generalmente es ilegal, lo violadores tratan de mantenerla en secreto. Las diferencias culturales y legales entre los países hace difícil investigar la corrupción dentro de unas características específicas del país. Buenas aproximaciones para la corrupción política debería ofrecer información fiable sobre abuso ilegal del poder político, así como también un fuerte nivel de comparabilidad entre los diferentes países. El índice de percepción de corrupción (CPI) va hacia el compromiso de estos requisitos. Este índice producido por transparencia internacional, organización que disemina y compila información sobre corrupción mundial, mide las “percepciones del grado de corrupción, como visto por los negociantes, analistas de riesgo y público en general”.

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Cada calificación del país en un año dado en un número de encuestas, evalúa el comportamiento del país, a partir de diferentes fuentes. Estas encuestas están altamente correlacionadas positivamente. Una alternativa para medir la corrupción está basada en una colección similar de encuestas aplicadas en 1997 y 1998 presentada y discutida en Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999). Las encuestas observadas resultan estar combinadas en diferentes grupos de indicadores de gobierno utilizando un procedimiento estadístico de componentes no observados. Utilizamos el sexto grupo llamado “Oficio”. De acuerdo con estos autores, este grupo particular captura el éxito de una sociedad en desarrollo un ambiente donde reglas justas y predecibles forman la base de las interacciones económicas y sociales, donde las percepciones de corrupción juegan un papel central. Aunque el grupo “oficio” está basado en el corto plazo se centra menos en la “elevada corrupción política”. Otro grupo de indicadores de gobierno presentado por los autores se centra en encuestas de efectividad del gobierno en el mismo periodo de tiempo. Cuyo propósito “la efectividad del gobierno” es combinar precepciones de calidad de la provisión de servicio público en un país particular, la calidad de su burocracia, la competencia de los servidores civiles y su independencia de las presiones políticas.

Determinantes de la corrupciónTrabajos anteriores basados en datos entre países identificaron un número de variables económicas, sociales, culturales, históricas y geográficas asociadas con la incidencia de la corrupción. Algunas de estas variables aparecieron en la discusión anterior sobre política fiscal. Los desarrollos económicos y políticos de un país están probablemente correlacionados con la extracción de rentas por los políticos. Como en el caso de la política fiscal, medimos estos aspectos utilizando el índice de democracia (GASTIL), el nivel de ingreso per cápita (LYP) y el indicador para los miembros de la OECD (OECD). Como trabajos anteriores han mostrado que la apertura al comercio y la estructura política descentralizada están negativamente correlacionadas con la corrupción, incluimos nuestra medida de apertura (TRADE) y nuestro indicador de federalismo (FEDERAL). Basados en la literatura existente se incluyen también otras características del país una de las cuales es el tamaño de la población, medido en millones y expresado en logaritmo natural (LPOP). Muchos de los recientes estudios han encontrado que una alta racionalización de la población de un país con respecto al lenguaje o etnia es un determinante significativo de mal gobierno. Utilizamos solo una amplia medida disponible para la racionalización lingüística y étnica (AVELF) compuesta en promedio por cinco diferentes índices. También es probable que una población más educada sufra menos de extracción de renta por los políticos. Utilizamos una medida comprensiva del nivel de educación del país (EDUGER), midiendo la inscripción a

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primaria y escuela secundaria como porcentaje de un grupo relevante de edad en la población. Muchos autores también han encontrado las creencias religiosas como significativas asociadas con el grado de corrupción, utilizamos las acciones de la población de un país con tradiciones religiosas protestantes o católicas (PROT y CATHO). Un aspecto alternativo de la historia constitucional concierne a la historia de sistemas legales nacionales. Para medir la influencia de los sistemas legales sobre la corrupción, utilizamos un conjunto de indicadores o variables de origen legal tomados de Porta et al 1998. Estos autores analizaron el impacto de estas variables en varias medidas de eficiencia del gobierno; Treisman (2000) estudió sus efectos sobre la corrupción, intentando separar el marco legal como tal de las influencias coloniales en la “cultura legal” de un país, las variables clasifican el origen de los sistemas legas en cinco categorías diferentes: Ley común Anglosajona, ley civil francesa, ley civil alemana, ley escandinava.

Productividad y política La última medida del éxito perdurable de una política económica en un país es su impacto en el desarrollo económico. Como se dijo en el capítulo 2, es natural preguntar si y cómo las diferentes reglas constitucionales influencian el desarrollo económico. Para estudiar el desarrollo económico es útil distinguir entre dos tipos diferentes de preguntas. Una concierte a la acumulación agregada de conocimiento que puede ser potencialmente aplicado al proceso de producción en cualquier momento dado. Qué determina los cambios en las fronteras del conocimiento en el tiempo? Esta pregunta es importante para entender por qué los EE.UU y otros países industrializados mantienen creciendo todo el tipo y por qué ellos son mucho más ricos ahora que hace 50 o 100 años. Un segundo tipo de pregunta concierne a cómo los diferentes países actualmente aplican el conocimiento disponible a su proceso de producción. Por qué algunos países solo aplican una fracción de tecnologías existentes a la producción de bienes y servicios? y por qué otros países son mucho más eficientes en explotar innovación e incorporar conocimiento a la frontera? Esta pregunta es importante para entender las diferencias internacionales en el ingreso. Recientes contribuciones por economistas han enfatizado que las instituciones y políticas económicas estructurales determinan las iniciativas de las firmas y los individuos para adoptar técnicas productivas eficientes y ser los factores principales que explican las diferencias en el nivel de desarrollo entre países.