¿Educar o penalizar?

por Adolfo Flórez Garzón

El pasado 16 de septiembre publiqué mi columna: Lo mejor, para nuestros menores; allí expuse someramente algunos aspectos adversos de la modificación del “libro segundo, Título I, del código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006” que impulsa Gilma Jiménez y el cual procura que los menores criminales sean castigados con mayor severidad por la justicia colombiana.

Pues bien, he leído con detenimiento la ‘exposición de motivos’ del proyecto que hace la senadora Jiménez en su sitio web www.gilmajimenez.com y debo reconocer que la precisión de las ideas y casos es completo; veamos algunos apartes interesantes: “Es vital que el Estado y la sociedad inviertan todos sus esfuerzos económicos, políticos y jurídicos en la obligación de crear un medio social sano desde todo punto de vista, que garantice el desarrollo armónico e integral de nuestros niñ@s, así como el pleno ejercicio y goce de sus derechos.”

Perfecto, ¿pero no es contradictorio que la Sra. Jiménez, quien ganó su curul al senado como protectora de los derechos de la niñez, sea precisamente la promotora del susodicho proyecto, en vez de, -como miembro del Partido Verde, cuyo enfoque social propende por la cultura ciudadana y la pedagogía- promover un proyecto de ley que contemple planes de inversión social para crear ése ambiente social sano que promulga en el anterior texto citado y así prevenir que los tres millones de jóvenes que están en alto riesgo de cometer actos delictivos, empiecen a delinquir?

Conozcamos ahora las razones a las que recurre la senadora como los motivos para tal modificación: “Con la misma contundencia con la que defendemos los derechos de los niñ@s y adolescentes, debemos defender el cumplimiento de los deberes de esta población; esa es la mejor forma de protegerlos y educarlos como corresponde a una sociedad que se precie de ser responsable, justa y civilizada. Por eso es profundamente equivocado castigar los delitos graves de nuestros adolescentes solo en función de su edad, se deben castigar además en función de la gravedad del delito cometido y del daño para las víctimas.”

¿Será que una sociedad justa y civilizada como la colombiana, crea que la mejor forma de proteger y educar a los menores criminales sea penalizándolos, privándolos de su libertad? Eso veremos. Lo que no veo conveniente es gastar ingentes sumas de dinero del erario de la Nación en la adecuación de lugares especiales para su reclusión en vez de invertir dichos recursos en programas de prevención, educación y deporte. ¿No nos sale más barato invertir en proyectos sociales, que mantener hacinados a miles de menores en centros de reclusión, -que al final y casi siempre-, terminan reincidiendo en el crimen?

Y no es que esté en total desacuerdo con el susodicho proyecto, pues entiendo las razones de la Sra. Jiménez y la de miles de colombianos que claman justicia y que están cansados de las atrocidades cometidas por los adolescentes calaveras. Porque es inconcebible que un joven cometa un crimen tan atroz como el que cometió el 14 de septiembre de 2008 el adolescente de 15 años en San Pedro de los Milagros, Antioquia.

Según información de la prensa, el susodicho adolescente violó y golpeó brutalmente a la pequeña Karen Manuela González Avendaño, de tan sólo 2 años y medio de edad; la bebé fue encontrada, aún con vida, al día siguiente y falleció poco después en un hospital local a cusa de las graves heridas; dos días después fue capturado el joven asesino y condenado -por ser menor de edad- a tres años de cárcel.

En casos como éstos y muchos otros más que no alcanzan a ser de dominio público, es razonable, que se quiera para el menor infractor, una pena ejemplar y severa; sin embargo, es importante considerar que el instinto de violencia y maldad del ser humano no conoce límites ni de rangos de edad -aunque sigamos siendo los adultos los del mal ejemplo-, de ahí que sea más conveniente prevenir que penalizar.

En consecuencia, debemos sopesar los pro y los contra que manifiesta el proyecto, para que después no nos toque, como ciudadanos contribuyentes, tapar un enorme hueco fiscal y evitarle a nuestros venales gobernantes, el verse obligados a desviar recursos estatales destinados a otros propósitos de interés social.

¿Educar o penalizar? Quizá sea de nuevo hora de atender al viejo adagio popular: “educad al niño y no castigareis al hombre”.