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INFANCIA, ESCUELA PRIMARIA Y TIC - MATERIAL AMPLIATORIO – CLASE 2

Infancia, Escuela Primaria y TIC

El pasado de la escuela primaria argentina

Material ampliatorio

Las primeras primarias

La primera escuela fundada en territorio argentino data de 1565: se trataba

de una escuela conventual, establecida en la provincia de Tucumán

(Puiggrós, 2006). Hasta el siglo XVIII, solo existían escuelas elementales y

universidades. Estas últimas otorgaban títulos de bachiller, siendo la escuela

secundaria una creación posterior. Las llamadas “primeras letras” eran

enseñadas junto con la religión en escuelas dependientes de los

ayuntamientos o de congregaciones religiosas. En las misiones jesuíticas,

además, se formaban artesanos y agricultores. Con la ascensión de los

Borbones a la corona de España se crea el Virreynato del Río de la Plata y los jesuitas son

expulsados. En los años que siguen surgen diferentes tipos de escuelas:

“Escuelas pías: gratuitas y elementales, dependientes de las parroquias, dirigidas a la

población indígena y mestiza.

Escuelas de los conventos: daban una enseñanza más avanzada que preparaba para

ingresar a las universidades.

Escuelas de los ayuntamientos: dirigidas a la población pobre de los poblados y ciudades.

Escuelas del rey: eran las antiguas escuelas de los jesuitas, que a partir de su expulsión

fueron costeadas por los cabildos y los padres.

Escuelas particulares: maestros que enseñaban en su casa con autorización del Cabildo,

generalmente a hijos de comerciantes y gente acomodada de las ciudades.” (Puiggrós,

2006).

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A partir de 1810 comenzará a estructurarse el sistema educativo, sobre la base de las antiguas

escuelas coloniales. A la educación religiosa se le sumará la educación patriótica. La Asamblea de

1813 decreta la abolición de los castigos corporales, pero en la práctica estos seguirán presentes en la

escuela hasta entrado el siglo XX. Durante el siglo XIX el sistema escolar se desarrollará lentamente.

Adriana Puiggrós reseña en la obra de referencia las contribuciones de caudillos como Estanislao

López, José Gervasio Artigas, Justo José de Urquiza y Juan Bautista Bustos, que expandieron el

sistema escolar en sus territorios y configuraron una educación federalista popular con elementos

liberales. En Buenos Aires, Bernardino Rivadavia estableció la obligatoriedad escolar, desde una

concepción ligada al modelo napoleónico de centralización y control. La autora inscribe esta tendencia

en lo que denomina Pedagogía liberal oligárquica. Un ejemplo sugerente de las diferencias entre estas

dos concepciones es que, para Rivadavia, las escuelas debían depender de la universidad (durante su

gestión se fundó la Universidad de Buenos Aires), que se convertiría en institución rectora. En el

interior, en cambio, los caudillos promovieron las Juntas Protectoras de la Educación, que a nivel local

y provincial contaban con la participación de los vecinos.

Se organiza el país, se organiza el nivel

En 1853 el país emprende su período de organización al dictarse la Constitución Nacional. Allí se

establece, en el artículo 5º, que las provincias debían dictar para sí constituciones provinciales y que

estas debían asegurar “la educación primaria gratuita1”.

El artículo 5º de la Constitución en su versión manuscrita original

Sin embargo, el desarrollo del sistema educativo era muy incipiente. Hacia 1860, algunos informes

daban cuenta de la existencia de provincias con una sola escuela, y expresaban preocupación porque

1 En la reforma de 1860 se suprime la palabra gratuita. La Constitución vigente mantiene la enmienda de 1860 en el artículo 5°, pero establece el principio de gratuidad de la educación pública estatal en el artículo 19. La versión consultada es la publicada conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional en ocasión del Bicentenario. Contiene versiones originales (manuscritas en el caso de las más antiguas) de todos los textos constitucionales sancionados y sus enmiendas. (CSJ, BC y BN, 2010).

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no aumentaba la matrícula. Por eso, a partir de los años 60 del siglo XIX, el Estado nacional

comenzará a aportar fondos para el desarrollo de la educación primaria, situación que se formalizó al

dictarse la Ley Orgánica de Subvenciones en 1871, durante la presidencia de Sarmiento (MEN, 2012).

En 1884 el Congreso Nacional sanciona la ley 1420, que establece que la educación primaria será

obligatoria, gratuita y gradual. En aquel momento se discutió fuertemente si el congreso podía dictar

leyes de educación para todo el territorio, teniendo en cuenta que el nivel primario dependía de las

provincias. Se impuso el criterio restrictivo, por lo que la ley, a pesar de estar considerada fundante del

sistema educativo argentino, solo rigió para la Capital Federal, los territorios nacionales y las escuelas

dependientes de la nación, que en aquel momento eran solo las escuelas normales. El resto

correspondía a escuelas municipales, religiosas, particulares y dependientes de la beneficencia.

Según el primer censo escolar, realizado en 1885, las escuelas primarias del país atendían un total de

145.660 alumnos. Se contabilizaron 124.558 alfabetizados (Latzina, 1885).

En los años que siguieron, el financiamiento nacional a las escuelas primarias no estuvo exento de

dificultades: el economista de la educación Alejandro Morduchowicz (2008) explica que las provincias

no siempre utilizaban los fondos nacionales para su fin específico. A menudo se informaban salarios

más altos de los abonados, se pagaba a los maestros con bonos o se consignaban más

establecimientos de los realmente existentes. Así, en 1905 se sancionó la llamada Ley Láinez, que

autorizaba a la nación a crear escuelas primarias en las provincias que lo solicitaran (se las conoció

como Escuelas Láinez, o también como Escuelas del Consejo Nacional de Educación).

Los chicos crecen, la escuela también

Para 1936 ya había en el país 9.207 establecimientos primarios, de los cuales 5655 eran provinciales y

3552 nacionales (Pineau, 2005). En algunas provincias, como las del Noroeste argentino, el número de

escuelas nacionales superaba largamente al provincial.

Con el correr del siglo, y ya generalizado el acceso de la población a la escolaridad primaria, fue

instalándose la idea de que la nación debía reducir gastos. En 1962 se inicia un proceso gradual de

transferencia de escuelas nacionales a las provincias. La ley Láinez sería derogada en 1970, durante

la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Un hito importante para el nivel fue el pasaje de la formación de los maestros al nivel superior. Hasta

1968 la formación de los maestros se realizaba en las escuelas normales, en el nivel secundario. A

partir de 1969 la formación se impartirá en instituciones de nivel superior y durará 2 años y medio.

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En 1978, otra dictadura (presidencia de facto de Jorge. R. Videla), termina de concretar el pasaje de

escuelas nacionales a las provincias, sin transferencia de financiamiento. Esto perjudicó

principalmente a las provincias con menores recursos.

En 1984, con la democracia recientemente recuperada, el total de escuelas del nivel ascendía ya a

23.679 establecimientos, a los que concurrían 4.631.367 chicos y chicas.

Durante la presidencia de Carlos Menem se dicta, en 1993, la llamada Ley Federal de Educación

(24.195), que alteró la estructura del sistema educativo instalando 10 años de obligatoriedad escolar y

reemplazando al nivel primario por la Educación General Básica (EGB) de nueve años, y tres ciclos. El

tercero se asimilaría al nivel secundario. En rigor, esta es la primera ley orgánica que regula el

conjunto del sistema educativo. Sin embargo,

La no implementación plena de esta ley dio por resultado la “fragmentación” del

sistema educativo en una gran variedad de ‘modelos’ de acuerdo a la forma y el nivel

de cumplimiento de la mencionada norma, ya que se le dio la atribución a las

provincias de aplicar modelos diferentes de localización de las unidades educativas, y

diferentes estructuras. (Ministerio de Educación de la Nación, 2012).

La Ley Federal de Educación reconocía tres regímenes especiales, que comprendían la educación

especial, de adultos y artística. También se mencionaban otros regímenes especiales que aludían a

programas o acciones (sin estatuto institucional de subsistemas) destinados a la atención de talentos

especiales, la educación a distancia, la atención de niños hospitalizados y el fortalecimiento de las

lenguas y culturas indígenas. Esta situación, entre otras, llevará a la sanción de una nueva ley, en

2006, la Ley de Educación Nacional -actualmente vigente-, que recupera la identidad del nivel primario