Edición especialSe indignaron las reservas

Los Oficiales en Retiro de las FF.MM. no podemos permanecer impasibles ante la Reforma Constitucional que con el nombre de Marco Jurídico para la Paz se aprobó en el Congreso de la República.

No se entendería nuestra posición, si omitiéramos el hecho de la guerra jurídica y política que se desató cuando estábamos a punto de concluir la guerra que libramos contra las organizaciones terroristas.

La paz es un anhelo nacional y quienes más la quieren son precisamente los militares, por ser los más afectados en el conflicto que vive Colombia. Ellos son los que ponen los muertos en defensa del país y sus instituciones.

El país ya se ha equivocado varias veces. Las negociaciones de los últimos gobiernos han sido un fracaso y solo han favorecido a los terroristas, los cuales en ambos casos, resultaron fortalecidos.

No importa que el proceso sea secreto ni tampoco quien lo haga. Lo importante es saber que se está entregando a cambio. La impresión que se tiene, es que se está dando mucho más de lo que se recibe. Tal vez demasiado.

El marco jurídicopara la pazSenador Juan Carlos Velez UribePartido de la U

Se ha venido discutiendo con mucho entusiasmo la posibilidad de que nuestro país comience con los grupos terroristas un proceso de paz que pueda dar por terminado una confrontación ar-mada que lleva ya más de 40 años.

Las FFMM tienen al enemigo hablando de paz: SantosPero ¿A que precio, Presidente?

“… Algunos militares retirados han criticado la actitud del Presidente de la República de ofrecer la posibilidad de la paz. Yo les digo: no le ten-gan miedo, señores oficiales retirados, a la paz, porque, señores oficiales, suboficiales y solda-dos: la paz es la victoria, la paz es la victoria; no se les olvide nunca.

Carta AbiertaLos oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina pertenecientes a la Reserva Activa re-chazan enfáticamente lo expresado por el Señor Presidente en su intervención del día 12 de los corrientes en la Escuela Militar de Cadetes ge-neral José María Córdova, al afirmar categórica-mente que “algunos militares retirados han criti-cado su actitud de ofrecer la posibilidad de paz”, a la cual, supuestamente y bajo ninguna circuns-tancia, “se le debe tener miedo”./Pág. 5 /Pág. 2 /Pág. 3

2 EDICIÓN ESPECIAL

Las Fuerzas Militares tienen al enemigo hablando de paz: Presidente“Estamos en este momento haciendo una inversión sin precedentes: más de 1.2 billones de pesos para el bienestar de nuestras Fuerzas”.

A continuación relaciona-mos algunos apartes de las Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la ceremo-nia de graduación de 163 oficiales del Ejército Nacio-nal, el pasado 12 de junio, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en especial cuando se refiere a la posición de la Reserva Activa frente al Marco Jurídi-co para la Paz.

Y ustedes, ustedes los nue-vos suboficiales, los oficiales que han venido luchando, los suboficiales, los soldados, us-tedes por su labor, por su con-tundencia, tienen al enemigo hablando de paz; tienen al enemigo diciendo que están dispuestos a sentarse a bus-car un camino diferente.

Ese solo hecho nos de-muestra que hemos sido efectivos. No de otra forma, si ellos pensaran que podían obtener el poder por la vía de las armas, estarían hablando de paz. Es por el esfuerzo y la contundencia de nuestras Fuerzas Militares; los tienen hablando de paz.

Y yo he dicho, y lo he di-cho en forma muy clara: este Gobierno, este Presidente, al mismo tiempo que estamos haciendo todo el esfuerzo militar y ejerciendo toda la presión, no cerramos la puerta para un diálogo que le dé una salida a este con-flicto.

Pero solamente cuando estemos absolutamente con-vencidos de que las circuns-tancias son las apropiadas y que ese diálogo se hará en nuestras condiciones y bajo nuestro dominio, ahí pen-saremos en abrir ese diálogo.

Esas circunstancias no se han dado. Si se dan el país lo conocerá. Pero mientras tanto la presión militar tiene que ser toda. Por eso la pala-bra perseverancia tiene que ser la consigna.

Algunos militares retira-dos han criticado la actitud del Presidente de la Repúbli-ca de ofrecer la posibilidad de la paz. Yo les digo: no le ten-gan miedo, señores oficiales retirados, a la paz, porque, señores oficiales, suboficiales y soldados: la paz es la victo-ria, la paz es la victoria; no se les olvide nunca.

Cualquier oficial en cual-quier lugar del mundo lo que quiere es la paz. Y cuando se va a la guerra es para lograr, en últimas, la paz.

Y si esos bandidos quieren hablar de paz y las circuns-tancias se dan, es porque ob-

tuvieron ustedes, señores ofi-ciales, suboficiales y soldados, porque obtuvieron la victoria.

La paz repito, es la victoria. Pero eso sólo se logra con con-tundencia y perseverancia en el lado militar.

Y a ustedes, apreciados sub-tenientes que hoy se gradúan, les va a tocar –ojala- ese úl-timo coletazo del fin de este conflicto. Porque ya se ve la luz al final del túnel. Este conflicto no puede seguir eternamente.

Por las buenas o por las malas estamos viendo el fin del conflicto. Y dependerá de esa contundencia y de esa per-severancia.

Generalmente en estas campañas lo último es lo más difícil. Por eso a ustedes de pronto les va a tocar lo más difícil pero no vayan a bajar la guardia. Y la historia se lo va a reconocer.

Esa es la consigna. Y yo, como comandante supremo, lo que les puedo decir es que siempre estarán protegidos, siempre velaré por su bie-nestar, siempre tendré en mente su salud, su condición, la condición de sus familias. Así lo he hecho desde que fui Ministro de Defensa, así lo hice desde que fui Ministro de Hacienda. El general (Jorge Enrique) Mora (ex coman-dante de las Fuerzas Milita-res), aquí presente, es testigo. Con él iniciamos el proceso del fortalecimiento de las Fuerzas Militares, que no ha sido sola-

mente un fortalecimiento en dotación, en equipos, sino que ha sido también un fortaleci-miento en las condiciones de vida de nuestras Fuerzas, en su bienestar.

Cuando fui Ministro de Defensa, una de mis primeras acciones fue crear en el Mi-nisterio la Dirección de Bie-nestar para que se dedicara exclusivamente a buscar las mejores formas para mejo-rar el bienestar de nuestras Fuerzas en materia de salud, en materia de educación, en materia salarial.

Estamos en este momento haciendo una inversión sin precedentes: más de 1.2 bi-llones de pesos para el bienes-tar de nuestras Fuerzas.

Y estamos buscando las fórmulas para poder arreglar unos litigios pensionales para mejorar la situación pension-al de muchos de los miembros de nuestras Fuerzas.

Ahí el Ministro de De-fensa y su equipo han estado permanentemente encima de este tipo de problemas y buscándoles soluciones, so-luciones viables. Está en el Congreso de la República en su cuarto debate un proyec-to para proteger mejor a nuestras Fuerzas a través de un fortalecimiento del fuero y de la Justicia Penal Militar.

Sabemos que hay preocu-paciones en ese frente. Y por eso desde que fui Ministro de la Defensa ha sido una

preocupación. Y tengan la seguridad que como Presi-dente ustedes estarán pro-tegidos de cualquier acción que trate de perjudicarlos, que sea injusta. Ustedes son los primeros que piden que cuando existan razones, que la justicia opere. Pero que no los pongan, ni los expongan a situaciones injustas.

Y en eso tengan la seguri-dad de que este comandante supremo, este Presidente de la República, estará siempre al lado de ustedes.

Como lo está el Ministro, como lo están los señores comandantes, porque es-tos temas los discutimos y los analizamos en forma permanente. Pero ustedes pueden también sentir el orgullo de estar en este mo-mento histórico para la Pa-tria y para las Fuerzas, sir-viéndole al país y portando el uniforme.

La historia irá a decir el día de mañana que en estos tiempos donde las Fuerzas obtuvieron tan buenos resul-tados se logró –ojalá– llegar a finalizar el conflicto y que ya no tengamos que decir que vamos a obtener la paz por las buenas o por las malas, sino que vamos a mantener la paz, ojalá para bien de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan realizar. Tienen todo mi apoyo, tienen todo mi agradecimiento, el agradecimiento del pueblo colombiano.

Ustedes, que además se han convertido en la insti-tución más apreciada de to-dos los colombianos, lo ven en las encuestas todos los días. ¿Cuál es la institución más apreciada, que tiene una opinión más favorable? Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Militares.

A donde va uno ¿qué le piden? Más presencia de nuestras Fuerzas, más sol-dados, más policías; eso dice mucho. Por eso deben sen-tirse ustedes muy orgullosos, señores subtenientes, el día de hoy, cuando comienzan esa carrera como oficiales de nuestro glorioso Ejército de Colombia.

Les deseo lo mejor. Como les dije, la vida militar es una vida llena de sacrificios, pero llena de satisfacciones. No hay mayor satisfacción que servirle a la Patria y ustedes están haciendo esto: sirvién-dole a la Patria.

Por eso, a nombre de los 46 millones de colombianos, a ustedes y a sus familias, mu-chas gracias. Y que Dios los bendiga”.

Censurable y ofensivo mensaje:"Algunos militares retirados han criticado su actitud de ofrecer la posibilidad de paz”, a la cual, supuestamente y bajo ninguna circunstancia, “se le debe tener miedo”.

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Pronunciamiento de las Reservas Activas de las Fuerzas Militares al pueblo colombiano

Carta AbiertaSeñor Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FF.MMCiudad Los oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina pertenecien-tes al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, a la Asociación Co-lombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), a la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro (Acolsure) y a la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesiona-les en Retiro (Acosipar), rechazan enfáticamente lo expresado por el Señor Presidente de la República en su intervención del día 12 de los corrientes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, al afir-mar categóricamente que “algunos militares retirados han criticado su actitud de ofrecer la posibilidad de paz”, a la cual, supuestamente y bajo ninguna circunstancia, “se le debe tener miedo”.

Esta afirmación, hecha a las tropas en una importante ceremonia militar, particularmente, por quien funge como Comandante en Jefe, constituye una aseveración temeraria, sorprendente e inadmisible, al querer disociar a las reservas activas con quienes en el momento ac-tual portan las armas de la República para su defensa. En tal circuns-tancia, vemos con preocupación y profundo malestar la inexplicable actitud, de quien nunca imaginamos fuera capaz de enviar tan censu-rable y ofensivo mensaje.

Bajo ninguna circunstancia se ha criticado su actitud. Lo que nos preocupa, Señor Presidente, al igual que a muchos sectores de la socie-dad colombiana, son algunos de los proyectos de reforma constitucio-nal que se vienen debatiendo en el Congreso de la República.

Por una parte, el llamado Marco Jurídico para la paz, impulsado por su gobierno y aprobado recientemente en el Congreso de la República, con el cual se favorece excesiva y generosamente a las organizaciones terroristas, para llevar a cabo una eventual negociación de paz, que supuestamente ya se realiza o se piensa realizar.

Sobra repetir todo lo que inexplicablemente se ofrece dentro de este marco legal, en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas, les permitirá ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de repa-ración, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror a los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas se les es-taría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran al-canzado, a través de su lucha armada.

Si esto llegara a ocurrir, no sería extraño que nuestras tropas, como defensoras legítimas del país y de sus instituciones, pudieran terminar en las cárceles, respondiendo injustamente por actuaciones derivadas del cumplimiento de su deber constitucional.

Señor Presidente, a la paz, tampoco “le tenemos miedo”. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar. En ninguna parte de este proyecto, se habla de desmovilización y desarme. Tampoco de suspensión de actividades relacionadas con el narcotráfico. En otros términos, es lo que haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada.

Señor Presidente, tenga la certeza que este no es el caso colombiano.Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente

capacitadas para derrotar esta amenaza, siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación anti terrorista adecuada.

Colombia es el único país del mundo que enfrenta un conflicto ar-mado de grandes proporciones con legislación de paz y sin Fuero Mili-tar para proteger a sus combatientes.

Independientemente de lo anterior, el otro proyecto de acto legis-lativo sobre Fuero Militar que cursa igualmente en el Congreso de la República, tampoco constituye plena garantía para nuestros comba-tientes. No es suficientemente confiable por las modificaciones adver-sas que pueda tener en su trámite, no solo por la duración de este pro-ceso, sino también por el resultado final de la revisión y aprobación constitucional, al cual deberá ser sometido.

En tales condiciones, la mejor solución en este momento, Señor Presidente, es buscar la revocatoria inmediata del convenio suscrito hace algunos años entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nacion, mediante el cual se suspendió temporalmente y en forma irregular, el Fuero Militar contemplado en la Constitución Nacional. De no poderse revocar, existe también la posibilidad de in-terponer los recursos legales necesarios para que por razones de ur-gencia y de seguridad nacional, se agilice el fallo por parte del Consejo de Estado, de la demanda existente por inconstitucionalidad, que lleva más de tres años en espera de un fallo definitivo.

Finalmente, Señor Presidente, queremos a través de este pronun-ciamiento, dejar constancia ante nuestros conciudadanos, que como miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia, hemos hecho una clara y oportuna advertencia, de las graves con-secuencias que puede traer para el país estas medidas que se están proyectando. Por otra parte, queremos reafirmar que lo que aquí expresamos, no puede interpretarse, tal como usted lo dice, como una crítica a las “posibilidades de paz que su gobierno ofrece” al pueblo colombiano.

Señor Presidente, tenga usted también la plena seguridad de que las Reservas Activas de las Fuerzas Militares “no le tememos a la paz”, y que nuestra gran y única preocupación, como ya se ha dicho, radica ex-clusivamente en la forma como se podría negociar este delicado proceso. Del Señor Presidente,

General Héctor Fabio Velasco ChávezPresidente

Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro.

Brigadier General Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM. (ACORE)

Sargento Mayor Luis Enrique VillalobosPresidente Nacional Acolsure

Soldado Profesional Germán Hernández Cáceres Presidente Nacional Acosipar

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2012

EDICIÓN ESPECIAL

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Cuarto Conversatorio sobre Fuero Militar y Marco Jurídico para la Paz

¿Para qué combatir a los criminales si después el Estado los libera sin importar la naturaleza de sus crímenes?

El ex presidente Uribe se refirió a la mala interpretación del convenio Ospina-Iguarán (Ministerio de Defensa-Fiscalía) e instó a ACORE para solicitar al gobierno actual que este sea revocado ya que como consecuencia de su indebida aplicación muchos procesos se han trasladado a la justicia ordinaria.

Al hacer la instalación del cuarto conversatorio sobre Fuero Militar y Marco Jurídi-co para la Paz, organizado por ACORE, el presidente Nacional, general Jaime Ruiz Barrera, fue enfático al ad-vertir que los oficiales de la Reserva están exigiendo que se restituyan los derechos adquiridos en la Constitución de 1991 que fueron descono-cidos tras la aplicación del convenio Ministerio de De-fensa/Fiscalía. Resaltó igual-mente que el tema del Fuero Militar es problema de la nación entera y hace parte de las garantías que deben tener los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

El Conversatorio se rea-lizó el pasado 7 de junio en la Sede Nacional de ACORE, en el cual participaron, además de oficiales de la Reserva Activa, el ex presidente Ál-varo Uribe, el senador Juan Carlos Vélez Uribe, el aboga-do José Obdulio Gaviria y el periodista Ricardo Puentes Melo.

En su intervención, a través de una videoconferen-cia interactiva, el ex presiden-

te señaló que el Fuero Mili-tar debe ser prioridad para el Gobierno Nacional y que en primera instancia quien debe juzgar a los miembros de la Fuerza Pública debe ser la Justicia Penal Militar, de-rivada de la presunción cons-titucional que cobija el Ar-tículo 221 de la Constitución.

Se refirió a la mala in-terpretación del convenio Ospina-Iguarán (Ministerio de Defensa-Fiscalía) e instó a ACORE para solicitar al go-bierno actual que este sea revocado, ya que como con-secuencia de su indebida aplicación muchos procesos se han trasladado a la justicia ordinaria.

Con relación al Marco Ju-rídico para la Paz, dijo que no es posible que en este marco se pueda dar acceso a los miembros desmoviliza-dos de las Farc para que pue-dan actuar en las esferas del poder público, y señaló que dentro de este marco se debe establecer que además de los delitos de lesa humanidad se introduzca también el delito de narcotráfico.

Por su parte, el senador Juan Carlos Vélez (partido de la U) resaltó el debilitamiento del cual es objeto la Justicia Penal Militar en nuestro siste-ma jurídico y abogó porque

esta figura sea sólida, fuerte y capacitada para que tenga la competencia de conocer de las acciones que se cometen con ocasión del servicio.

Resaltó, igualmente, que su trabajo en el Congreso de la República es lograr el for-talecimiento de la Justicia Penal Militar porque en este momento, en las Fuerzas Mi-litares, existe una confusión jurídica que tiene a muchos con los brazos cruzados con temor de adelantar acciones militares contra los terroris-tas por las consecuencias que pueden tener sus acciones.

El problema de aplicación del Artículo 221 de la Consti-tución y el convenio Ministe-rio de Defensa/Fiscalía radi-ca en su interpretación. Sería de vital importancia que el Gobierno Nacional demostra-ra su voluntad política y un esfuerzo de carácter jurídico a través de un decreto pueda en-contrar una solución jurídica el acuerdo celebrado.

El abogado y ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria enfocó su interven-ción al Marco Jurídico para la Paz resaltando que hay tres palabras básicas dentro de un conflicto; enemigo, trai-ción y cobardía, las dos últi-mas son delitos consagrados en toda la normatividad de

ReflexionesA manera de conclusión del conversatorio, más que respuestas, quedaron en el ambiente de la Reserva Activa muchos interrogantes:¿Para qué combatir a los criminales si después el Estado los libera sin importar la naturaleza de sus crímenes?¿Para qué jugarse la vida por un Estado que después premiará a sus enemigos?El Marco Jurídico para la Paz impulsa a los terroristas a seguir delinquiendo y, al mismo tiempo, descorazona a quienes nos defienden.

Vía cerradaMIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZRepresentante a la Cámararepresentante@miguelgomezmartinez.com

El mayor triunfo de la gue-rrilla es haber convencido al estamento político y a la prensa que la guerra en Co-lombia no puede ser ganada. Hay un consenso muy amplio en nuestro país de que la so-lución al mal llamado conflic-to tiene que ser negociada. Muy pocos están dispuestos a aceptar que lo que sucede es que nuestra democracia está hoy atacada por fuerzas terroristas ilegítimas y con-denadas por la comunidad internacional.

El Marco Jurídico para la Paz parte de un diagnóstico

equivocado de la realidad. La guerrilla no quiere la paz, quiere el poder y ha sido históricamente consistente en el logro de ese objetivo. Nada indica que para ellos la paz sea hoy un buen negocio y en la medida que el gobier-no siga enviando señales de querer negociar a cualquier costo lo único que logra es incentivar a los alzados en armas a aumentar la presión por la vía de la violencia. Es un error creer que en las guerras hay tablas. Las gue-rras se ganan o se pierden y, como vamos, es evidente que

la estamos perdiendo no en los campos de batalla sino en los titulares de prensa.

La negociación no es po-sible mientras no tengamos una clara definición en mate-ria estratégica. Todo aquello que diluya la posición del Es-tado disminuye la capacidad de negociación en un futuro proceso de paz. Por ello es tan grave el debilitamiento del Fuero Militar que pone a nuestras Fuerzas Armadas en una condición de minusvalía institucional. El riesgo judi-cial es más alto que el riesgo sobre la vida de nuestros sol-dados y policías. Al debilitar su capacidad operacional, se fortalece automáticamente la de la guerrilla de cara a un eventual diálogo.

Otro de los errores que el gobierno está cometien-do es creer que existe un dilema entre paz y justicia. Según los promotores del

Marco Jurídico para la Paz, la suspensión de la acción penal para quienes han co-metido crímenes contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hu-manitario es indispensa-ble para lograr la paz. Este Gobierno, que convirtió la bandera de las víctimas en una campaña política per-manente, ahora quiere darle garantías a los más crueles de los victimarios. Esa inco-herencia no facilitará la paz pues sólo generará un pro-ceso de impunidad similar al experimentado con los paramilitares. Deberíamos entender que ninguna paz es posible sin que previamente exista justicia. Sin justicia real y eficaz, la violencia se-guirá siendo la característica de las relaciones sociales en Colombia. La paz pasa por un sistema judicial que castigue a los que violan las leyes y

exonere a los inocentes.El Marco Jurídico para la

Paz es un grave error porque entrega, en forma de costosa cuota inicial, temas muy sen-sibles que deberían ser parte central de la discusión. La posibilidad de que terroris-tas puedan ser elegidos a los órganos del poder legislativo es un asunto muy delicado. Es peligroso que quienes du-rante años han amenazado, extorsionado y asesinado a la ciudadanía puedan, de la noche a la mañana, aspirar a representar a quienes domi-naron por el miedo.

El Marco Jurídico para la Paz es un callejón sin salida que nos llevará a una nueva frustración. Constituye un nuevo manifiesto que refleja la crisis de valores de nuestra sociedad. Seguimos insistien-do en premiar a aquellos que rompen las reglas y descono-cen el orden social.

la guerra, el elementos sus-tancial para actuar en un conflicto ya sea entre estado o interno armado es la defi-nición de enemigo.

Resalto la traición y la co-bardía como palabras y con-ceptos claves para el Marco Jurídico para la Paz prepara-do por el Gobierno Nacional haciendo referencia a un documento de la Fundación Ideas para la Paz, denomi-nada “Lineamientos para una paz negociada” liderada por Sergio Jaramillo, Alto Consejero de Seguridad del gobierno.

Recalco que el Presidente Juan Manuel Santos busca pasar a la historia negocian-do un proceso de paz pero a cambio de traicionar a miles de colombianos y es un ries-go para toda la Nación.

Finalmente, el periodis-

ta independiente Ricardo Puentes dijo que el ver-dadero peligro del Marco Jurídico para la Paz es que la violencia narcoterrorista ar-recie al momento de la dis-cusión de la ley para tratar de que ésta le resulte más favorable. Quedará todavía pendiente la negociación de los acuerdos de paz, para los que la guerrilla no tiene ur-gencia, como en cambio sí la tiene Santos.

Dijo que dentro del texto del Marco Jurídico para la Paz se encuentra un artículo que establece que “a la ter-minación del conflicto arma-do se establezca una comis-ión de la verdad“, comisiones que nunca van a demostrar la verdad y nunca van a re-flejar la verdadera memoria histórica de la situación de nuestro país, aseguro.

EDICIÓN ESPECIAL

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El marco jurídico para la paz

Justo y necesario pronunciamientoEl Marco jurídico para la Paz es el remate de todas las equivocaciones y la causa de nuestra mayor indignación.

Centro Colombiano de Pensamiento Político y Militar

Los Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares no pode-mos permanecer impasibles ante la Reforma Constitu-cional que con el nombre de Marco Jurídico para la Paz se aprobó en el Congreso de la República.

No se entendería nuestra posición, si omitiéramos el hecho capital de la guerra ju-rídica y política que se desató en contra nuestra cuando es-tábamos a punto de concluir la guerra que libramos con-tra las Farc y otras guerrillas.

El país recordará que fuimos arrojados del orden constitucional que nos daba fuero especial para ser inves-tigados y juzgados por tribu-nales especializados, como en todo el mundo se estila. Bastó una carta cruzada entre el mi-nistro de Defensa de la época, Camilo Ospina y el fiscal Ma-rio Iguarán, para que se en-tendiera reformada la Carta y nos pusieran en las manos de fiscales y jueces enemigos que nos han perseguido sin clemencia y contra los más elementales postulados de la justicia. Los testigos protegi-dos, no han sido otra cosa que las máscaras que utilizaron los investigadores para encu-brir su afán de condenarnos.

Hasta los cursos de com-bate de nuestros hombres, y sus medallas al valor, han sido interpretadas como in-dicios de culpabilidad en su contra.

Con la gloriosa excepción de nuestra Fuerza Aérea, que aplaudimos y celebramos, las Fuerzas no están combatien-do. No saben cómo operar, no enfrentan al enemigo. Si pierden, la batalla les cuesta la vida. Si la ganan, se las pre-mian con 40 años de cárcel. Esa es la verdad. Bien sabe-mos que seremos corregidos por el Presidente y por el Ministro de Defensa, y ¡Oh dolor! por nuestros coman-dantes activos. Pero ellos sa-ben que tenemos la razón.

Al amparo de esta iniqui-dad, y con el apoyo mani-fiesto que se les entrega de Venezuela, y por supuesto con los recursos gigantescos que les otorga la cocaína, las Farc se han fortalecido en grande escala. Ha regresado la extorsión a los campos; han vuelto los ataques terro-ristas a los pueblos; se han multiplicado los asaltos a la Policía y al propio Ejército y

ya los tenemos sembrando el terror en las ciudades. La in-fraestructura productiva está siendo víctima de crueles atentados y ya son muchas las carreteras, otra vez, por donde la gente no se atreve sin enorme desconfianza.

Cuando este es el cuadro general de La Nación, que es ese aunque se quieran utili-zar estadísticas acomodadas para arbitrar el tema, he aquí que surge el Marco jurídico para la Paz, que es el remate de todas las equivocaciones y la causa de nuestra mayor indignación.

En el Marco Jurídico para la Paz, ese farragoso texto cuya mala concepción corre pareja con la barbaridad que contiene, Colombia se torna en una Patria claudicante que le suplica a los bandidos que se acerquen a una mesa de ne-gociaciones, ya bien dispuesta aunque también se diga otra cosa, de la que saldrán im-punes y además autorizados para hacer alta política. No es la primera vez en la historia, ni siquiera en la de Colombia, en la que se quiere apaciguar la fiera con una rendición más o menos disimulada. Los resultados han sido siempre los mismos. La fiera acepta el perdón y viene después por el resto.

Nos parece increíble que el señor Presidente insista en que ese no es un marco de impunidad para los ver-dugos de la Patria. Basta leer ese impotable texto para en-tenderlo sin dificultad algu-na. El Presidente y el Fiscal ‘priorizarán’ los temas que quieran que se juzgue, para seleccionar a los que reci-birán juicio y rematarán con la suspensión de la pena, co-rona de esta claudicación ig-nominiosa. Lo que no quede priorizado ni seleccionado permanecerá impune. Y lo que deba castigarse se sus-pende, para que los benefi-ciarios salten de la selva a la arena política sin la menor dificultad.

No hay una sola palabra en el texto de esa parrafada que exija como condición para la paz la entrega de las armas. Las Farc han dicho mil veces que no las entregarán y el Presidente les quiere dejar abierta la puerta para que las conserven. Y no hay una sola referencia en ese texto al trá-fico de drogas, que alimenta

la subversión y calma sus apetitos de enriquecimiento.

Nada se ha dicho de la sede de las conversaciones, ni lo que pasará mientras se adelantan. Las Farc han advertido sin fatiga que no habrá paz mientras no se negocien condiciones que impidan las injusticias y restablezcan los derechos del pueblo. Todo entendido a su manera, por supuesto. ¿Quié-nes y dónde van a discutir esos pequeños detalles? El Marco Jurídico para la Paz lo calla. Lo que significa, porque el silencio suele ser en estos temas más elocuente que las palabras, que pronto estare-

mos metidos en un remedo de Asamblea Constituyente, integrada por el Gobierno, las Farc, sus asesores y unas cuantas ONG que terminen invitadas al aquelarre.

Mientras palos van y vie-nen, las Fuerza Militares es-tarán paralizadas, para lo que ya hicieron curso inten-sivo en el caso de Langlois, y las Farc seguirán tomándose la Nación. Para rematar, pro-bablemente, en un acuerdo que concluya en una reduc-ción del Ejército a la cuarta o quinta parte de sus efecti-vos actuales y en una milicia popular, las Farc mismas, que respondan por la seguridad

de los colombianos. Y es que bien vistas las cosas, ¿para qué Ejército, para qué Fuer-zas Militares en un país que goce de paz tan deliciosa?

Estas verdades amargas vienen dichas con toda la sinceridad de nuestros cora-zones, encendidos hoy en el amor a la Patria que juramos ante la bandera sagrada hace tantos años. Asumimos los riesgos de esta declaración, con entereza y con fe. Con fe en una causa que estamos viendo abandonada, humi-llada y traicionada en la pro-pia Constitución política a cuya defensa consagramos nuestras vidas.

SenadorJuan Carlos Velez UribePartido de la U

Se ha venido discutiendo con mucho entu-siasmo la posibilidad de que nuestro país comience con las guerrillas un proceso de paz que pueda dar por terminado una con-frontación bélica entre diferentes actores de izquierda o derecha que lleva ya más de 40 años.

Una ilusión que surge de tanto en tanto en Colombia, que los medios de comuni-cación difunden intensamente con el fin de que la opinión pública se sintonice con la expectativa de poder vivir en un mejor país; y cuidado con quién opine diferente, porque será declarado como enemigo de la paz, guerrerista y en algunos casos será tildado como representante de la ultra o extrema derecha.

Con la reciente aprobación en el Se-nado del Marco Jurídico para la Paz, que establece principalmente la posibilidad de que producto de un proceso de paz, para nuestro caso con las guerrillas de las Farc y el Eln, quienes de alguna manera han teni-do que ver con la comandancia de dichos grupos, se les pueda aplicar una condena que a su vez pueda ser suspendida, por lo tanto quedar en libertad y no pisar una de nuestras cárceles y que quienes no sean considerados “máximos responsables” de esos grupos armados al margen de la ley, se les puedan suspender los procesos que se adelanten en su contra, y de esta manera, ser elegidos a cargos de elección popular.

En diferentes debates y escenarios de discusión en el Senado de la República me opuse rotundamente a la posibilidad de

que en Colombia existiera una norma cons-titucional de este tipo pues no comulgo con la propuesta de darle la posibilidad a un colombiano responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad, como el haber ordenado homicidios de menores de edad, abortos a las guerrilleras no consentidos por ellas, reclutado menores de 12, 13 ó 14 años, abusado sexualmente de mujeres indefen-sas y ocasionado el desplazamiento forzado de cientos o miles de personas, etc, de ser perdonado por la comisión de este tipo de conductas en aras de lograr una cesación del “conflicto”.

Finalmente, se logró que al Artículo 3 se le agregara un inciso que indica que no podrán ser considerados conexos al delito político, los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática, y en con-secuencia no podrán participar en política, ni ser elegidos quienes hayan sido condena-dos y seleccionados por estos delitos.

Sin embargo a la posibilidad de concre-tar un proceso de paz con las guerrillas, le queda el problema de los múltiples procesos que en los Estados Unidos se adelantan con-tra los comandantes de esas organizaciones por su vinculación al negocio del tráfico de drogas. Es evidente y notorio que estos gru-pos subversivos hoy se financian con recur-sos provenientes de este tipo de negocios ilícitos y que la posibilidad de ser solicitados en extradición siempre estará rondando. Igualmente habría que decirle al mundo que estos señores ya no deberían ser considera-dos terroristas para poder sacarlos de los listados que maneja la Interpol, donde ellos figuran como los más buscados entre los te-rrorista internacionales.

EDICIÓN ESPECIAL

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El marco para la paz, una señal de incertidumbreÀLVARO URIBE VÉLEZ El colombiano, 9 de junio de 2012

No podría oponerme a que se facilite la desmovilización de personas que han estado vinculadas a grupos violen-tos, en nuestro Gobierno se desmovilizaron más de 52 mil. He creído que la democ-racia debe desarticular estos grupos con autoridad se-vera) reinserción generosa y sin impunidad, y política so-cial para que los jóvenes no sigan siendo reclutados por las organizaciones crimina-les. La Ley 975 se constituyó en la primera ley de paz que exige justicia y reparación a las víctimas. Pero el nuevo Marco Legal para la Paz abre caminos de impunidad y deja al país en una incertidumbre

que dependerá de las cir-cunstancias en que se expida una ley estatutaria.

El primer riesgo de im-punidad surge al ordenar la investigación selectiva sobre máximos responsables de atrocidades que dejaría por fuera a otros responsables, no máximos, de estos deli-tos. En Colombia, el terroris-mo generalmente actúa con crímenes de lesa humanidad, si esta es la regla, y solamente se investiga a algunos de sus autores, los demás quedarán sin acción penal.

Pero aún más preocu-pante, a renglón seguido, después de ordenar la inves-tigación y condena de máxi-

mos responsables, también se autoriza la suspensión total de la ejecución de la pena, lo cual excede el bene-ficio de excarcelación o de disminución del tiempo car-celario, y equivale a amnistía o indulto, prohibidos frente a estas atrocidades.

Con respecto a la elegibi-lidad política se modifica la Constitución y se crea una incertidumbre grave para la ciudadanía, las Fuerzas Ar-madas y la inversión. Hasta ahora la Constitución per-mitía la elegibilidad en el caso de delitos políticos, pero el Marco la extiende a sus conexos, que los definirá una ley estatutaria.

El Gobierno no permitió

¿Se están negociando las FF.MM en aras de concretar un embeleco de paz?Coronel LUIS ALBERTO VILLAMARÍN

que esta nueva disposición excluyera de elegibilidad, y por supuesto de conexidad con los delitos políticos, a los delitos de lesa humani-dad, a las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al narcotrá-fico. Mientras el discurso del Presidente afirmaba que ‘Timochenko’ no podría ser elegido, el asesor Presiden-cial, Sergio Jaramillo, or-denaba a los congresistas no incluir estas salvaguardias. La verdad es que la ley es-tatutaria podrá decir si ‘Ti-mochenko’ y sus compinches son elegibles. Y mientras tanto preocupación e incer-tidumbre.

Está bien que se quieran

solucionar injusticias que afectan a integrantes de las Fuerzas Armadas, lo grave es nivelarlos con los te-rroristas.

Algunos congresistas y comentaristas han afirmado que la impunidad es el cos-to de la paz, pero dijeron lo contrario en el pasado con la desmovilización de los para-militares. Deberían recordar que al suplantar la autoridad por la impunidad no se con-sigue la paz, pero si más san-gre de soldados y de colom-bianos inocentes.

Esta apuesta a la atrac-ción del terrorismo le ge-nera a Colombia el costo enorme de volver a ser im-predecible.

Mientras el presidente Juan Manuel Santos y su escudero el congresista Roy Barreras defienden a capa y espada el poco claro y no muy convin-cente proyecto denominado Marco Jurídico para la Paz, Colombia entera está desin-formada y por ende carece de certeza en torno de los alcances de este proyecto de ley, de la intención personal de Santos, de cuál es la lec-tura que dan las Farc a esta oferta gubernamental, y de que es lo que de manera es-pecífica negociará Santos para alcanzar su objetivo.

Por obvias razones, los miembros de todos los gra-dos de las instituciones ar-

Todo lo que tiene relación con este tema, es muy preocupante. La falta de claridad sobre lo que esta ocurriendo, genera un estado de incertidumbre, conjeturas y suposiciones de todo tipo, que pueden ser muy peligrosas. El analisis de esta situación, por parte del señor Coronel Villamarin, nos muestra otra cara de la moneda. Vale la pena leer detenidamente. El inexplicable manejo que se le ha venido dando al fuero militar por parte del gobierno, cuyo demoroso tramite pone en franca desventaja a nuestros combatientes, permite especular que también podría ser parte de esta negociación con los terroristas. Como van las cosas, todo esto es muy posible.

¿ Por que el gobierno se resiste a interponer los recursos necesarios para lograr la revocatoria del nefasto convenio Ospina-Iguaran, lo cual permitiría en un menor plazo restituir el fuero militar suspendido irregularmente?

madas miran con reservas esta situación. La realidad objetiva es preocupante. En los procesos de paz con gru-pos terroristas latinoameri-canos en El Salvador y Gua-temala, los respectivos go-biernos cedieron a todas las peticiones de los delincuen-tes frente a la reducción de las tropas, la responsabilidad penal de los militares y la ab-solución total de los integran-tes de los grupos delictivos.

Los hechos parecen indi-car que lo único negociable para los gobernantes ha sido la disminución de las tropas con impredecibles conse-cuencias jurídicas y de bie-nestar social, además de la orientación de las comisio-nes de la verdad por cruci-ficar a los militares y salvar todo tipo de responsabi-lidades de los terroristas. De remate, la inexplicable ex-periencia colombiana con el M-19, constituye un nefasto antecedente.

Ningún ciudadano hones-to, ni ningún militar o policía, podrán entender jamás ¿cómo es posible que mien-tras el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega se encuentran recluidos por haber salvado la República en una de sus horas más acia-

gas; terroristas como Petro, Navarro, Bustamante, Vera Grave, ex integrantes del gru-po criminal, ahora son hono-rables dirigentes políticos?

De seguir con esa tónica, las Farc y sus cómplices, cau-santes de aterradores actos de barbarie, narcoterrorismo y violencia sistemática, serán gobernantes, fiscales, emba-jadores, ministros, goberna-dores, alcaldes, mientras que quienes evitaron en los cam-pos de combate que triun-faran esos criminales, serán enjuiciados, vilipendiados y deshonrados. El mundo al revés.

A lo largo de la vida re-publicana, la dirigencia civil ha visto las Fuerzas Milita-res como un mal necesario, prueba de ello es que duran-te el siglo XIX hizo carrera el estribillo: “Colombia es un país de cosas singulares. La guerra la hacen los civiles y la paz los militares”.

Además, las crisis en las relaciones civiles-militares han demostrado que la diri-gencia política desconoce, ig-nora y se despreocupa de la fundamentación en la defen-sa nacional, al mismo tiempo que por doctrina interna, los militares desconocen y de repeso, no se preocupan por

conocer la política.Debido a esto, la población

civil colombiana es inducida a pensar que la guerra es un problema entre militares y terroristas, que la paz es un asunto del presidente con los cabecillas de las Farc o el Eln, y que el resto de colom-bianos son “personas civiles ajenas al conflicto”.

Ni el alto gobierno, ni los dirigentes regionales, ni las administraciones mu-nicipales, ni las cortes, ni el Congreso de la República, parecieran darse cuenta que hay en ciernes una agresión integral de las Farc, susten-tada en un plan estratégico con componentes políticos nacional e internacional, ac-tividades sociales con Ong, finanzas con el narcotráfico el secuestro, la extorsión; y nexos con los gobiernos ads-critos al socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y los nexos con organizaciones narcoterroristas como Eta, Al Qaeda e Ira.

No obstante esa realidad, la corta visión político-estra-tégica de sucesivos gobier-nos nacionales se ha refle-jado en la respuesta militar sin entender el plan estraté-gico de las Farc, ni desde lue-go articular una estrategia

política, jurídica, diplomáti-ca, sicológica y de desarrollo socioeconómico en las zonas donde operan las guerrillas.

A su manera, cada gobier-no ha anunciado con bom-bos y platillos, la inminente destrucción de las guerrillas comunistas. Como ministros de defensa, Pardo Rueda y Martha Ramírez les dieron 18 meses de vida; el general Padilla De León pronosticó la cercanía del fin del fin; el ex ministro Rodrigo Rivera predijo que la muerte de Jo-joy sería el fin de las Farc.

Y así sucesivamente, el triunfalismo que hoy encar-na Santos gracias al sacri-ficio de las tropas no a una estrategia nacional pues esta no exis-te, opaca la realidad de una guerra que desgarra al país, tiene bien a unos pocos, pero aleja cada día la posibilidad que las comu-nidades afectadas por la pre-sencia de bandas narcote-rroristas, tengan la oportuni-dad de incluirse en el esque-ma de desarrollo integral del país y la consecuente salida del atraso.

Para colmo de males, sin excepción los gobernantes de turno han demostrado que ellos están dispuestos a negociar la paz sin impor-tar el costo que tengan que pagar las Fuerzas Militares.

Costo materializado en abandono jurídico de quienes

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¿Miedo a la paz?La paz no se ordena, se construye

Mayor generalHERNANDO ALONSO ORTÍZ

Al escuchar las palabras del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en nuestro claus-tro sagrado de la Escuela Militar, lo hacemos con respeto y mucho interés, especialmente cuando afirma de “su actitud de ofrecer la Paz”, y acto se-guido nos dice “no le tengan miedo, señores ofi-ciales retirados, a la paz, porque señores oficiales, suboficiales y soldados: la paz es la victoria, la paz es la victoria; no se les olvide nunca”; y pro-sigue, “La paz, repito, es la victoria. Pero eso sólo se logra con contundencia y perseverancia en el lado militar”.

Nos propusimos entonces repasar lo que hici-mos la mayoría de los retirados, en actividad por 20, 30, 35 o 40 años y en ese recordar nos encon-tramos con viudas, huérfanos, mutilados, enfer-mos mentales, hogares destruidos, militares ino-centes en las cárceles, pérdida de la Justicia Penal Militar y una interminable lista de sacrificios que bien pudieran catalogarse como el precio por la paz.

Voluntariamente y desde muy jóvenes abraza-mos esta causa, también fuimos cadetes, como el señor Presidente, y con mucho orgullo escogimos la opción de la carrera de las armas con el único propósito de servir y amar la patria; fuimos pues a la guerra a obtener la victoria arriesgando la vida y persiguiendo la paz anhelada que por doscientos años la sociedad fue incapaz de alcanzar; en ese empeño de años, unas veces con éxito, otras con fracaso, pero siempre con sacrificio y voluntad de vencer, perseverando, los militares trabajamos con las herramientas que los gobernantes nos pro-

Apartes de la entrevista de Patricia Janiot, en el programa Panorama Mundial de CNN, con el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, el pasado 8 de junio.

Las últimas negociaciones de paz solo han favorecido a los terroristas“La paz es un anhelo nacional y quienes más la quieren son precisamente los militares, por ser los más afectados en el conflicto que vive Colom-bia. Ellos son los que ponen los muertos en defensa del país y sus instituciones.

Un proceso de paz ne-gociado es aceptable, siem-pre y cuando se haga en términos favorables para la nación. El país ya se ha equivocado varias veces. Las negociaciones de los últimos gobiernos (Betancur y Pas-trana) han sido un fracaso y solo han favorecido a los te-rroristas, los cuales en am-bos casos, resultaron signifi-cativamente fortalecidos.

No importa que el proceso sea secreto ni tampoco quien lo haga. Lo importante es sa-ber que se está entregando a cambio. La impresión que se tiene, es que se está dando mucho más de lo que se re-cibe. Tal vez demasiado. Esa

es la gran preocupación del pueblo colombiano.

En el Congreso de la República, cursa en este momento un proyecto muy cuestionado por la ciudada-nía para reformar la Cons-titución Nacional, a fin de facilitar este proceso. Es el denominado Marco jurídico para la Paz, sobre el cual y de manera engañosa, se ha dado a conocer algo totalmente diferente a lo que verdadera-mente se propone. En otros términos, no es nada más que un monumento a la im-punidad que permitiría a los terroristas llegar al poder y a los militares que han defen-dido legalmente al pueblo colombiano, terminar en las cárceles cumpliendo altísi-mas condenas. Esta parte preocupante que no apa-rece en el proyecto, iría en una ley estatutaria que se desconoce y cuyo peor ins-trumento, es la terrible jus-

porcionaron y obviamente atendiendo su dirección.El haber vestido el uniforme y haber desempe-

ñado el noble oficio de defender la Patria por tan-tos años, nos habilita como ciudadanos para opinar, criticar o sugerir, aun sin que se nos pida, porque la paz no se ordena, se construye entre todos; además, la experiencia de hacer la guerra y conocer sus in-certidumbres y complejidades, nos permite aportar valioso capital para la toma de decisiones que no puede soslayarse pues solo persigue que no se co-metan los errores que en el pasado se cometieron y que hoy se traduce en más sangre.

Construir la paz no es negociar por debajo de la mesa, señor Presidente, con toda consideración Usted nos ha dicho que no había contactos en este momento, los rumores, que son tantos, nos llevan a dudar sobre la certeza de tal afirmación, quisiéra-mos estar seguros de la lealtad hacia nuestros solda-dos, que con la absoluta entrega pierden su vida en el campo de combate.

Los ensayos de paz de los diferentes gobiernos, han tenido un alto precio, Señor Presidente. Y gran parte los pagamos quienes hoy en el retiro y ayer en el servicio activo, somos invitados hoy a no tenerle miedo a su paz. No lo tuvimos en la guerra cuando nos correspondió afrontarla en la primera línea de combate, mucho menos hoy cuando otros nos relevan en el sacrificio. Su invitación de no tenerle miedo a la paz, no es cosa diferente que una demanda de sumisión a su caprichosa forma de entenderla, es una pretensión de silenciar nuestra opinión.

Ese es el tipo de preocupación que nos agobia, no es el miedo a la paz esquiva, es preocupación por el sobrecosto que los militares en particular habremos de seguir pagando para alcanzar la tan anhelada paz.

han defendido la erosionada democracia, pési-mos salarios, flagrante incumplimiento de las obligaciones salariales legales del Estado esta-blecidas para los militares desde 1992; inadec-uado e ineficiente servicio de sanidad militar, insuficiencia de casas fiscales, vulneración y politiquería con el fuero militar; ambigüedad con el régimen disciplina-rio y lo que es más grave, ausencia de claridad de los gobiernos para enfrentar al enemigo de Colombia, en to-dos los campos de su accionar subversivo.

Así el Gobierno Nacional y el Ministro de Defensa quieran negar la realidad o tapar el sol con un dedo, al sobreponer sus intereses políti-cos personales sobre los objetivos nacionales y la adecuada concepción de la seguridad nacio-nal; hay una palpitante realidad:

Circula una preocupante corriente de decep-ción y desconcierto entre los integrantes de las Fuerzas Militares ante la actitud ambigua, opor-tunista y politiquera de Santos, pues mientras en su descomunal ego, el mandatario cree que puede utilizar los éxitos de las tropas para sacar réditos reeleccionistas, e inclusive aumentar el tamaño de las tropas sin suficientes cuadros de mando, una ola de descontento e incertidum-bre busca nichos en las unidades, donde aterra la ausencia de fuero militar, pésimos salarios y manifiesta deslealtad de la dirigencia política.

Es un problema muy serio que demanda respuestas político-estratégicas, soluciones concretas a problemas sentidos de salud, sala-rios, defensa jurídica, Fuero Militar, régimen disciplinario, empoderamiento profesional en todas las áreas del quehacer militar, etc, a la par con soluciones sociales, económicas y políticas a los problemas de las comunidades afectadas por el complejo entorno estructural del narco-terrorismo.

No basta con el argumento de la estrategia militar de la Espada de Honor, cuyos resultados han sido óptimos, pues el problema no es sola-mente militar; además que los soldados nunca han fallado en cumplir su misión. El problema es además social, político, económico y cultural.

Por ende, su solución requiere acciones político-estratégicas conjuntas. No solo res-puestas militares con tropas mal representadas en el campo político, mal pagas, sin respaldo ju-rídico, y fuera de eso, sin confianza en un man-datario que un día habla de dar plomo a los ban-didos y al otro día da señas, de estar negociando con las Farc una enredada paz que además de afectar los intereses vitales de la instituciona-lidad, tendrá como premisa desarticular a las mismas Fuerzas Militares que lo llevaron y lo han protegido en el poder.

Es necesario actuar, antes que crezca el pro-blema y que sea demasiado tarde. Los militares no se pueden quedar solos en esta guerra, ni el establecimiento puede olvidar que es gracias a las tropas que subsiste la institucionalidad, ni el presidente Santos puede pensar que su gobier-no llegará a la paz sin estrategia integral, sin planes coherentes y sin el fortalecimiento en todos los órdenes tanto de las Fuerzas Milita-res como de los programas de desarrollo socio-económico en las zonas de operaciones contra el terrorismo, para evitar la incorporación de nuevos integrantes a las cuadrillas de las Farc, el Eln o los bandidos de las bacrim.

La solución al problema, nunca puede ser la negociación claudicante e inconsulta de las Fuerzas Militares, en ningún aspecto. Mucho menos en pensar que los bandidos que no en-tren a la repartija de la torta burocrática, se in-tegren a las tropas regulares. Tampoco es una etérea ley de paz al estilo de la impulsada por Barreras. El primer paso para la solución es dis-eñar una estrategia nacional coordinada y co-herente como Política de Estado a largo plazo.

ticia transicional. En la W, el periodista Julio Sánchez,

quien duda inexplicablemente de este proceso, preguntó insistente e irreve-rentemente sin saber porque, por la par-ticipación de un funcionario del gobier-no, Sergio Jaramillo, como el encargado de llevar a cabo las negociaciones de paz de que se ha venido hablando. Esta es una preocupante noticia que está circulando hace varios meses a través de distintas fuentes y sectores de la sociedad y so-bre la cual, algunos periodistas han dado varios detalles que ya son del dominio pú-blico. Para la mayoría de los colombianos, esto es ya un hecho, no obstante lo esté desmintiendo la Casa de Nariño.

Hay que entender que negociar con una organización no confiable y a través de un funcionario tampoco muy confiable, cons-tituye un gran riesgo que en últimas, puede descalificar o llevar al fracaso todo el pro-ceso. El señor Jaramillo, ampliamente con-ocido en el medio militar, ya que fue hace poco Viceministro de Defensa por varios años, es una persona repudiada por los militares, teniendo en cuenta sus extrañas relaciones y sus nefastas actuaciones como funcionario de este Ministerio”.

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embeleco...

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Una paz victoriosa, no claudicanteUna guerrilla marginal e ilegítima lleva a concluir que es absolutamente inconcebible e inaceptable pensar en una negociación en la que Estado y guerrilla se sienten a negociar en condiciones de igualdad una agenda de reformas

políticas, económicas, sociales, institucionales y militares.

ALFREDO RANGEL Director Centro Seguridad Democratica Universidad Sergio Arboleda

En toda democracia el uso de la violencia para lograr objetivos políticos es absolu-tamente ilegítimo e inacep-table. Como diría el filósofo Fernando Savater, en una democracia poner bombas y secuestrar no se puede con-siderar una actividad políti-ca, de la misma manera que asesinar herejes o blasfemos no se puede catalogar como una actividad religiosa. La deslegitimación de la vio-lencia con supuestos fines políticos es un consenso al que han llegado todos los países civilizados del mundo y un principio no transable de los Estados democráticos de derecho. Este principio lo está aplicando el Estado español para solucionar el problema de ETA, razón por la cual allá no habrá transac-ción política posible con los terroristas. Colombia debe mirar ese ejemplo.

En nuestro país la gue-rrilla tiene alguna simpa-tía solamente en el dos por ciento de la población y su fuerza armada es el 1.7 por ciento de la fuerza militar del Estado. Las instituciones democráticas tienen el res-paldo del 98 por ciento de la población, y este apoyo es re-frendado periódicamente de manera inapelable en las ur-nas. El Estado ha logrado una derrota estratégica de la gue-rrilla en el plano militar, de tal forma que es totalmente imposible que ella logre su objetivo de tomarse el poder por la vía de las armas; de igual manera, la sociedad colombia-na ha aislado y repudiado al terrorismo, y no le reconoce ninguna legitimidad política a los grupos irregulares. Por tanto, esta enorme asimetría entre un Estado legítimo y una guerrilla marginal e ile-gítima lleva a concluir que es absolutamente inconce-bible e inaceptable pensar en una negociación en la que Estado y guerrilla se sienten a negociar en condiciones de igualdad una agenda de reformas políticas, económi-cas, sociales, institucionales y militares.

Pero es precisamente a esto a lo que aspiran las Farc, grupo que concibe la solución

política al conflicto como “un replanteamiento del orden existente” que conduzca a “reconstruir las normas de la democracia” mediante el des-monte del “sistema multipar-tidista de elecciones periódi-cas”, según lo ha definido ‘Timochenko’ en una de sus recientes comunicaciones. La redefinición del modelo de desarrollo económico y el cambio de la doctrina militar, entre otros muchos temas, también están en su agenda. La pregunta es si está el país dispuesto a apoyar una nego-ciación en esos términos con una guerrilla sin legitimidad política ni representatividad social, y que en los últimos años ha sido reducida de manera sustancial en el te-rreno militar.

Aún cuando la guerrilla no está al borde de la extin-ción como aparato armado, el Estado colombiano es el que ha emergido como vencedor estratégico en el conflicto interno. Por tanto, es el Estado el que debe im-poner las condiciones de una negociación, tanto en lo que tiene que ver con los aspectos procedimentales, como en los sustanciales o de agenda. No es aceptable que sea la guerrilla, la parte derrotada estratégicamente en lo militar y en lo político, la que imponga sus condicio-nes en una negociación.

Por esta razón no se en-tiende muy bien por qué el Gobierno antes de iniciar ne-gociaciones formales y antes de cualquier acuerdo le con-cede a la guerrilla una Ley que le garantiza la impunidad incluso sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que procede en cualquier solución nego-ciada de un conflicto es que primero las partes se sientan a negociar, como resultado llegan a unos acuerdos y por último que se tramitan unas leyes determinadas para dar cumplimiento a esos acuer-dos, cuando así se requiera. Pero en este caso se ha hecho una enorme concesión le-gal que suponemos no ha sido resultado de una nego-ciación ni de ningún acuerdo, y, lo más grave, en un tema

muy sensible que debería ser guardado por el Estado como una carta clave para ser esgrimida en la mesa de negociación.

Sin embargo, es probable que el Gobierno haya pro-cedido así con la ilusión de que con la garantía de im-punidad la guerrilla se va a motivar para desmovilizarse y desarmarse. Craso error. La guerrilla ya despreció una amnistía en el pasado, la que le ofreció el gobierno de Belisario Betancur. Su objeti-vo principal no es el perdón, sino el poder. Pretende im-poner su agenda de nego-ciación en la cual el poder sea lo sustancial y el perdón judicial sea simplemente un tema derivado y colateral. La impunidad no motivará a la guerrilla a cesar la violencia, sino, por el contrario, a incre-mentarla pues ya tiene en su bolsillo el perdón a todos sus crímenes.

Así, la impunidad será un factor que prolongará el conflicto, pues la guerrilla entiende esa concesión como una señal de debilidad y de que el Gobierno tiene prisa por llegar a un acuerdo. In-tentará, en consecuencia, aprovechar esta circunstan-cia para tratar de recuperar el terreno perdido en lo mili-tar y en lo político. La incerti-dumbre jurídica que padecen las Fuerzas Militares, la im-punidad que le obsequia el Estado al terrorismo, y la ambigüedad y la urgencia que revela el Gobierno sobre el tema de la paz, tendrán como resultado un cambio en la percepción negativa que hasta ahora tenía la gue-rrilla sobre la evolución del conflicto. Muy seguramente la guerrilla está viendo que sus expectativas de éxito se están incrementando, pero para hacer realidad esas ex-pectativas necesitarán tiem-po. Para empezar, varios años. Si la guerrilla llegó a sentir cerca la posibilidad de su derrota definitiva en el pasado reciente, ahora estará viendo la posibilidad de re-cuperarse, para poder trans-formar su debilidad militar en un éxito político mediante unos diálogos de paz en sus

propias condiciones y con su propia agenda. La impuni-dad gratis es un primer logro que le abrirá el apetito hacia logros mayores.

Para acelerar el adveni-miento de la paz, a la gue-rrilla hay que reducirle –no incrementarle- sus expecta-tivas. Si la guerrilla busca una negociación política, es decir, una repartición del poder, y no tiene entre sus cuentas ni su desmovilización ni su de-sarme, entonces hay que de-jarle en claro de una vez por todas que el poder político, la democracia, y los asuntos económicos y sociales del país no están en cuestión, y que los diálogos versarán exclusivamente sobre las condiciones para su desmo-vilización, su reinserción y su desarme. Y que únicamente habrá diálogos cuando cese en forma definitiva todas sus

acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad, es decir, con una previa sus-pensión unilateral, incondi-cional y permanente de su acción armada. Este debe ser un prerrequisito inamovible y claro.

Pero a la guerrilla no se le convencerá de esta decisión nacional solamente con dis-cursos o con amenazas ver-bales, sino con hechos. Es decir, manteniendo e incre-mentando el esfuerzo en se-guridad, concitando la movi-lización ciudadana en contra del terrorismo, y respaldan-do en forma inequívoca y otorgándole garantías jurídi-cas a la acción de la Fuerza Pública en contra de los vio-lentos. Esta es el camino para llegar a una paz victoriosa y digna, no claudicante; es decir, la paz que deseamos todos.

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