EUROTOPIAEdición en españolNúmero 4

Los servicios públicos en Europade la privatización a la participación

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Contenidos

Europa, S.A. 2El fracaso de las privatizaciones en Gran Bretaña 6Asociaciones público-privadas en Europa 7Alternativas para la reforma del sector público en Europa 8Regreso al futuro 10Europa unida en defensa de los servicios públicos 13La revuelta contra la privatización de la sanidad 16

Créditos

Editorial: Vittorio Longhi, Hilary Wainwright, Gemma GaldonClavell, Oscar Reyes, Carla CasaliniTraducciones: Beatriz Martínez Ruiz, Kate Wilson, Ilaria PerliniDiseño: Zlatan PericIlustraciones: Phil Evans, Tim Sanders Imprenta: Imprenta Hija de J. Prats Bernadás

Sindicatos colaboradores: CGIL (Italia), CCOO (España ), EPSU(Europa), Sud-PTT (Francia), Unison North (Gran Bretaña), TUCNorth (Gran Bretaña), Ver.di (Alemania)

Socios colaboradores: Transnational Institute (Países Bajos),Aitec (Francia), European Services Strategy Unit (Gran Bretaña),Avgi (Grecia), Carta (Italia ), El Viejo Topo (España), Epohi(Grecia), Il Manifesto (Italia), MO* (Bélgica), Politis ( Francia),

Red Pepper (Gran Bretaña)

North

North

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Hasta el presidente de la autoridad italiana enmateria de competencia y mercado admite que, alfin y al cabo, puede que haya bienes públicos quedeban quedar al margen de la lógica mercantil.En febrero de este año, Antonio Catricalà decla-ró: ‘Lo cierto es que, algún día, deberemos distin-guir entre el mercado y los servicios universales.Hasta la fecha, todos los esfuerzos han resultadoinfructuosos, y hasta la valiente Inglaterra ha fra-casado en la liberalización de los ferrocarriles ydel sistema de transportes en general’.

Un comentario notable teniendo en cuenta queprocede de alguien que es un verdadero partida-rio de la competencia y el libre mercado, y se hadesecho en elogios sobre las propuestas de leypara la apertura de los servicios públicos al mer-cado. En esa misma audiencia sobre ‘reestructu-

ración de los servicios públicos’ ante el Senadoitaliano, Catricalà tuvo que admitir que, inclusoen el caso británico (siempre citado como unejemplo positivo de liberalización), ‘se han cons-tatado problemas desde el punto de vista del ser-vicio y quizá –dado que las autoridades británicashace años que no proporcionan datos sobre laseguridad– también en el campo de la seguridad’.

En toda Europa se está viviendo un intenso con-flicto sobre el futuro de los servicios públicos.Por un lado, están aquellos que opinan que la pri-vatización y la liberalización son instrumentosindispensables para cubrir las necesidades de losconsumidores, mejorar la eficiencia de las finan-zas públicas y crear un mercado europeo comúnque permita la libre circulación de empresas, pro-fesionales y trabajadores. Por el otro, están los

Europa, S.A.La privatización de los servicios públicos avanza de forma implacableen toda Europa. Este artículo analiza qué es lo que eso implica paraconsumidores, trabajadores, ciudadanos y la democracia en general.

En Italia, la privatización de las autopistas hizo aumentar los costes y la ineficiencia. Benetton compró la mayor par te de las acciones

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que hacen hincapié en el riesgo que entraña pri-vatizar servicios históricamente garantizados yprotegidos por el Estado, despojando así a lapoblación de un control democrático sobre laforma en que se gastan sus impuestos.

Vivimos tiempos difíciles. En Italia, la privatiza-ción empezó con las empresas industriales detitularidad estatal. Ahora, el Gobierno de Prodi laestá ampliando a servicios públicos locales bási-cos, es decir, a lo que consideramos como ‘bienescomunes’. Alemania sigue inmersa en el procesode venta de sus infraestructuras: energía, ferroca-rriles, telecomunicaciones, etc. En todos los paí-ses, las ideas que surgieron durante los años deThatcher y Reagan entre los partidos conservado-res se han convertido en consenso generalizadoentre los partidos de centro-izquierda, a pesar deque cada vez se hace más evidente el fracaso de laprivatización y de la liberalización desde el puntode vista de la satisfacción del consumidor y de laeficiencia de las finanzas públicas.

El Reino Unido es el país donde la privatizaciónha llegado más lejos. La liquidación de empresasindustriales como las del carbón y el acero formaya parte de la memoria histórica. Actualmente, elpaís está abriendo a la empresa privada losgobiernos municipales, la sanidad, la educación yparte del sistema de justicia penal. Los organis-mos públicos se van convirtiendo así en unidadesque adquieren servicios, por encargo, de entes delsector público, privado y del voluntariado.También se les está exigiendo que creen nuevosmercados de competencia para proveedores allídonde nos lo hay.

Teoría y práctica

Este proceso, no obstante, está plagado de contra-dicciones. Una de ellas se da entre las promesasde la liberalización y las consecuencias de la pri-vatización. Aunque en la práctica estos son dosfenómenos muy estrechamente relacionados (laliberalización suele allanar el terreno de la priva-tización), en teoría son distintos y, a menudo, seutilizan con distintos fines ideológicos y políti-cos. Al menos en teoría, los gobiernos afirmanque emplean la liberalización para estimular lacompetencia y evitar que instituciones con unmonopolio o un cuasi monopolio fijen los pre-cios. Por tanto, se dice que la liberalización de losservicios beneficia al consumidor. La privatiza-ción, en cambio, consiste en el traspaso parcial ototal de industrias públicas al sector privado.Margaret Thatcher la utilizó en su forma máspura –la venta directa de esas industrias– paraderrotar a los sindicatos y, desde entonces, se haampliado para incluir la sustitución del suminis-

tro público de servicios por el suministro privadoa través del proceso de competencia y mercantili-zación.

No obstante, a menudo las repercusiones de laprivatización chocan en la realidad con los argu-mentos teóricos de la liberalización, y los gobier-nos se ven obligados a poner en marcha progra-mas de liberalización con el objetivo de combatirlos privilegios de las empresas privadas monopo-lísticas.

Ejemplo de ello es la forma en que operan losservicios postales y las empresas telefónicas.Aunque Telecom Italia, por ejemplo, se ha priva-tizado y ahora compite con otras empresas priva-das en el mercado de la telefonía móvil, segúnestudios efectuados por Eurobarometer, un centrode investigación contratado por la ComisiónEuropea, los consumidores italianos registran losniveles de satisfacción más bajos de Europa, tantoen términos de servicio al cliente como de pre-cios. Las respuestas más positivas por parte de losconsumidores proceden en cambio de paísesdonde sigue prevaleciendo la propiedad públicade las empresas telefónicas. Otro ejemplo clásicode los defectos de la privatización en Italia semanifiesta en los altos costes y el mal funciona-miento de las autopistas públicas, privatizadas en1999.

La experiencia italiana ilustra muy bien uno detantos problemas inherentes a la privatización y ala liberalización que es común a toda Europa: elfin del monopolio de Estado no se ha traducidoen la creación de un mercado competitivo, sinoen oligarquías privadas y en grandes beneficiospara las empresas; pero no para las administra-ciones públicas, que no consiguen resolver losproblemas de falta de financiación y endeuda-miento. Las instituciones financieras han sido lasprincipales beneficiadas con la privatización deinfraestructuras en Europa. La historia se repiteen todo el continente: deterioro de los serviciosliberalizados, despido masivo de trabajadores ydebilitamiento de los sindicatos.

Conflictos de interés

Otra de las consecuencias a escala europea de laprivatización y la liberalización se hace patenteen los tremendos conflictos de interés entre lasprincipales redes de telefonía, medios, electrici-dad y gas del continente. La Comisión Europea,por ejemplo, desea separar la propiedad de lasempresas productoras de energía de la propiedadde las empresas que administran las redes desuministro; una división que también busca en elsector de las telecomunicaciones.

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Precisamente en relación a éste último, surgióhace poco un conflicto entre la comisaria euro-pea para la Sociedad de la Información y losMedios de Comunicación, Viviane Reding, y elGobierno alemán. El problema en este caso atañea Deutsche Telekom, que está realizando grandesinversiones en fibra óptica y no tiene ningunaintención de permitir a posibles competidoresque accedan a estas redes. De momento, la cues-tión está bloqueada, pero este tipo de conflictoses cada vez más habitual y confirma cómo eldebilitamiento del sector público sólo favorecelos intereses de las elites económicas.

El paso de lo público a lo privado que ha tenidolugar en Europa ha puesto también de relieve elvínculo entre privatización (de industrias,infraestructuras y empresas públicas) y la cre-ciente influencia de los mercados financieros enla dirección de la economía y la sociedad. Enmuchos países europeos, la privatización ha esta-do directamente relacionada con el ‘accionariadodifuso’ y con el ‘capitalismo popular’, aunque lasempresas aseguradoras y los fondos de pensiones,y nos los ciudadanos de a pie, son los mayorescompradores.

En Francia, por ejemplo, el Gobierno ha optadopor la vía del accionariado público y por la entra-da en nuevos mercados. ‘Siempre con el pretextode controlar el sector público, los gobiernos deizquierda y derecha nos han llevado a una pro-funda transformación de las empresas públicasen multinacionales industriales, con una crecien-te cuota de capital privado’, comenta NicolaGalepides, del principal sindicato francés de lastelecomunicaciones. ‘Las industrias estatalescomo France Telecom y EDF-GDF han ido com-prando cada vez más empresas públicas en paísesemergentes’, explica Galepides, y su actividad aescala mundial se incrementará con la privatiza-ción. Parece que el próximo objetivo de los priva-tizadores será el servicio postal, con el sector de

la mensajería internacional en primera línea detiro. ‘Dado que no es un mercado en expansión’,dice Galepides, ‘lo que empeorará serán los dere-chos de los trabajadores y la calidad de los servi-cios para los ciudadanos’.

También el Gobierno español se ha volcado en elsector privado. Aquí, la privatización empezócuando se privatizaron los sectores industrial yde los servicios públicos en 1986. El INI(Instituto Nacional de Industria) vendió Seat yPuralator a empresas extranjeras privadas, mien-tras que el 38 y el 98%, respectivamente, de dosimportantes empresas energéticas estatales, Gesay Endesa, se vendieron en el mercado financiero.En las últimas oleadas de privatización, tambiénhan entrado en escena bancos y empresas de pro-ducción de alimentos, forestales y tabacaleras.

Este proceso de mercantilización de lo que anteseran servicios estatales está provocando, entreotras cosas, que el ciudadano se convierta enconsumidor y en pequeño accionista. Las impli-caciones políticas de esta cuestión se deberíandiscutir muy seriamente, ya que subyacen amuchas de las contradicciones de las políticas delos partidos de izquierda. Sólo hay algo que expli-que la predilección de esos antiguos partidos dela izquierda por la privatización: la voluntad deestablecer pactos con los nuevos peces gordos delas finanzas.

Democracia y servicios públicos

Hay dos cuestiones estratégicas recurrentes. Laprimera es cómo definir en términos jurídicos‘servicios de interés general’ y ‘servicios de interéseconómico general’; la segunda es la cuestión dela democracia participativa.

La literatura sobre el primer punto es amplia,pero aún no existe acuerdo a escala comunitaria.Según un reciente estudio italiano realizado porla federación sindical CGIL, la Rete NuovoMunicipio, Attac Italia y Arci, el derecho comu-nitario ‘no reconoce la noción de servicio públi-co’, sino la de ‘servicio de interés económicogeneral’. Por tanto, una de las tareas políticas másapremiantes para los detractores de la privatiza-ción en Europa pasaría por garantizar una direc-tiva clara y definitiva sobre los servicios de inte-rés general.Otro problema fundamental que hay que abordares el de la democracia. La privatización ha ido dela mano de ideologías políticas ‘individualistas’ yautoritarias. La UE está experimentando unadesastrosa falta de participación cívica en suspolíticas, tal como destaca una investigación efec-tuada por la Unidad Internacional de

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EL FRACASO DE LAS PRIVATIZACIONES EN GRAN BRETAÑA

FerrocarrilesEl sistema ferroviario nacional se desmanteló para privatizarlo. La empresa RailtrackPLC se hizo cargo de las vías y de la señalización, y los servicios ferroviarios se adjudi-caron en régimen de concesión a operadoras que alquilan el material ferroviario atres empresas de arrendamiento del sector. El mantenimiento, los almacenes y losservicios de carga también se privatizaron y se entregaron a otras compañías.Railtrack perdió la gestión el 7 de octubre de 2001 y fue sustituida por Network Rail,una empresa sin ánimo de lucro que posee y mantiene las vías, las señales, lospuentes y 2.500 estaciones. Network Rail dejó de subcontratar los servicios de man-tenimiento y traspasó 16.000 empleados de mantenimiento, más de 5.000 vehículosde carretera, 600 almacenes y 11 centros de formación a la administración interna. Laconcesión del servicio en el sudeste del país se rescindió en 2003, tras años de malfuncionamiento, y la empresa que operaba la concesión del tramo Londres-Edimburgo se declaró en suspensión de pagos en 2006. El mal funcionamiento y lacongestión siguen afectando a muchos servicios a pesar de los importantes subsidiospúblicos.

Limpieza en hospitalesEl programa piloto de contratación externa del NHS se tradujo en una serie deincumplimientos contractuales y en la reducción de los estándares de limpiezadurante el período 1983-2000. En 2002, en torno a un 52% de los contratos para servi-cios domésticos se externalizaron, según un estudio no publicado del propio NHS, conun coste aproximado de 94 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el serviciohabía empeorado hasta tal punto que, en 2004, se invirtieron otros 68 millones delibras para mejorar los niveles de higiene, incrementar la frecuencia del servicio ymejorar las prácticas para controlar las infecciones, acabando así con los supuestos‘ahorros’ alcanzados.

ElectricidadEn 2002, el Gobierno tuvo que acudir al rescate económico de una central de energíanuclear privatizada, que generaba el 20% de la electricidad consumida en GranBretaña, con unos 410 millones de libras con las que cubrir las deudas de la empresa.Se pactó un acuerdo de reestructuración, por el que los acreedores de la empresaaceptaron una capitalización de la deuda, lo cual dejó a los accionistas con apenas un2,5% de las acciones. British Energy dejó de cotizar en la Bolsa de Londres.Autobuses, prisiones y ayuda socialLa desregulación y privatización de los servicios municipales de autobús, la construc-ción de nuevas prisiones mediante asociaciones público-privadas y el traspaso de laayuda social a empresas privadas y organizaciones de voluntarios se consideraronoperaciones ‘de éxito’ porque todas ellas lograron ‘ahorros’. Sin embargo, los salariosse recortaron un 15-25% a cambio de más horas de trabajo y, muchas veces, sin dere-cho a pensión.

Tecnología de la información Desde 2003, los proyectos relacionados con las tecnologías de la información no recur-ren a la fórmula de la asociación público-privada, tras una serie de sonados fracasos ydespués de que un centenar de contratos públicos fueran externalizados y sufrieranlargos retrasos, exceso de costes y fallos de sistema.

Investigación de los Servicios Públicos de laUniversidad de Greenwich (véase www.psiru.org)por encargo de la Federación Europea deSindicatos de Servicios Públicos (FSESP), que semuestra muy crítica con el informe oficial de laComisión Europea sobre servicios y liberalizacio-nes. Los investigadores destacan que el informede la Comisión –que, al fin y al cabo, trata temasde vital importancia para todos los ciudadanoseuropeos– sólo se publicó en inglés y fue redacta-do por un círculo muy reducido de personas queno sólo no implicaron mínimamente a las asocia-ciones de la sociedad civil, sino tampoco a otrosrepresentantes institucionales de la propiaComisión. En el informe Evaluating NetworkServices in Europe: a critique of the EC evaluationof the performance of network industries (disponi-ble, en inglés, en www.psiru.org/reports/2006-03-EU-EPNIcrit.doc), el autor, David Hall, hace hin-capié en ‘la necesidad de un proceso indepen-diente, participativo y democrático: la ComisiónEuropea no debería actuar como defensa, juradoy juez de sus propias políticas’.

Bolkestein y el futuro

Uno de los retos importantes a los que se enfren-ta Europa en estos momentos es la directivaBolkestein sobre la liberalización de servicios,una de las últimas de toda una serie relacionadacon el mercado único europeo. Las directivasanteriores estaban dirigidas a sectores concretos– telecomunicaciones, energía, transporte ferro-viario, residuos y servicios postales– y exigíanque todos los Estados miembro se comprometie-ran con un calendario de desregulación queabriera las redes públicas a operadores privados.

Bolkestein, en cambio, persigue la completa libe-ralización de las industrias de servicios, creandoun mercado europeo común. La formulación deltexto original suponía un ataque directo contralos derechos de los trabajadores, ya que permitíaa cualquier empresa de un país comunitario con-tratar a trabajadores en otros países de la Uniónen virtud de la legislación laboral más laxa de su‘país de origen’.

Las protestas que se sucedieron por toda Europadesembocaron finalmente en un compromiso porel que se excluyó la cláusula del país de origen yse protegieron ciertos servicios de la apertura almercado. ¿Pero cuánto tiempo durará ese com-promiso? ¿Quién puede descartar que, en el futu-ro, una empresa extranjera consiga ejercer la sufi-ciente presión como para hacerse con serviciosen ámbitos que ahora están protegidos? ¿Quésectores quedarán excluidos de la liberalizaciónen el mercado interno de la Unión? Todos los

servicios, vinculados a todo tipo de interés gene-ral, podrían quedar finalmente liberalizados paradejar al Estado la mera responsabilidad de asistira los sectores más vulnerables.

Una de las próximas líneas de batalla de la libera-lización y privatización estará muy probablemen-te relacionada con la sanidad. En este sentido,cabe destacar que el actual comisario europeo deSanidad es el chipriota Markos Kyprianou. YChipre, en caso de que alguien no lo supiera, esun país que carece de sistema sanitario público.

Asociaciones público-privadas en Europa

Las asociaciones público-privadas (APP, en que el sector pri-vado elabora, busca la financiación y gestiona los proyectos)se han extendido rápidamente en Gran Bretaña desde 1992,país donde funcionan 800 proyectos por un valor capital quesupera los 50 billones de libras y un coste total de inversión ygestión de instalaciones que sobrepasa los 200 billones delibras.Los primeros proyectos desarrollados en Gran Bretaña medi-ante la fórmula de APP se centraron en transporte, prisionesy hospitales, pero ahora abarcan también la infraestructurade bienestar del Estado (educación, sanidad, ayuda social,vivienda, servicios culturales), además del sector de los resid-uos y del sistema de justicia penal.Aunque actualmente los proyectos APP representan un por-centaje muy modesto de las inversiones europeas eninfraestructuras, en la mayoría de países se están extendien-do en número y alcance. Prácticamente todos los Estadoseuropeos cuentan con un marco legislativo para proyectosAPP y han establecido unidades especializadas en elGobierno central para promover y gestionar este tipo deproyectos. Además de Gran Bretaña, la mayor parte deproyectos APP se encuentran en España, Portugal, Francia,Italia, Alemania e Irlanda. En Alemania, por ejemplo, seaprobaron 18 proyectos APP entre 2003-05, y hay otros 80 enpreparación. Los proyectos APP más habituales se desarrollan en el sectorde las autopistas, el agua y la eliminación de residuos (espe-cialmente en Francia, España, Portugal, Italia, Grecia,Irlanda y Gran Bretaña), seguidos de escuelas y hospitales.En Europa del Este, hay también toda una serie de proyectosAPP en diversas fases de elaboración y ejecución. El BancoEuropeo de Inversiones (BEI) es financiador primario o secun-dario de muchos de este tipo de proyectos.Empresas APP y constructoras europeas como Skanska(Suecia), Ferrovial (España), Hochtief (Alemania) y Vinci,Bouygues y SITA (Francia) tienen muchos proyectos en GranBretaña, mientras que las constructoras y los consultoresfinancieros, legales y técnicos británicos se están expandien-do por toda Europa.

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‘Estábamos rotundamente en contra de la privati-zación’, recuerda el sindicalista noruego RolvHanssen.‘Entonces alguien nos preguntó: “yasabemos en contra de qué estáis, ¿pero que pro-ponéis?”’. Esa es la gran pregunta que se estáplanteando la izquierda de toda Europa mientrasintenta tomar aliento en plena embestida neolibe-ral. ‘Defender’ y ‘luchar contra’ se han convertidoen dos constantes del léxico de la izquierdadurante los últimos 20 años. Faltaba ‘transfor-mar’. Pero sindicatos, municipios y movimientosde todo el continente, víctimas de una socialde-mocracia que desertó para abrazar la causa de lamercantilización, han empezado a experimentarcon nuevos modelos de gestión de los serviciospúblicos como elemento fundamental para evitarque cambien de manos. En ese intento por arran-car a la derecha la agenda social, se ha contadocon la participación de trabajadores y ciudada-nos, y la movilización de la sociedad civil. Y, conello, la inexorable marcha de los privatizadores seha ralentizado y, en algunos lugares, se ha deteni-do por completo.

‘Trondheim es lo que nos inspira’, declaró el líderlaborista noruego Jens Stoltenberg tras la victoriade su partido y sus socios de centro-izquierda en

las elecciones nacionales de 2005. Según losobservadores, el programa del nuevo Gobierno–que se compromete, entre otras cosas, a acabarcon todas las privatizaciones y a adoptar un papelmás activo en la gestión de empresas como laferroviaria, en la que el Estado es socio mayorita-rio– es seguramente el más radical que haya pre-sentado cualquier país miembro de la OCDE enmuchos años. Y eso sin olvidar que Stoltenbergera considerado como la versión noruega deTony Blair cuando asumió la dirigencia del parti-do. Fue la experiencia de Trondheim, la terceramayor ciudad del país, donde una coalición desindicatos y organizaciones de la sociedad civilimpulsó una plataforma de izquierda para poneren marcha un ‘programa radical para revindicarel sector público’, lo que obligó al PartidoLaborista a cambiar de rumbo. Así, el partido hapasado de ser un firme defensor de las privatiza-ciones a mostrarse contrario a ellas.

El proceso comenzó en Trondheim en 2002,cuando la confederación de sindicatos de la ciu-dad, previa consulta con sus delegaciones, des-arrolló un programa político de 19 puntos paralas elecciones municipales de 2003. El programase centraba en toda una serie medidas con las

Alternativas para la reformadel sector público en EuropaCon unas privatizaciones que no consiguen suministrar ser-vicios públicos de calidad, ¿qué alternativas hay al célebre‘no hay alternativa’? Desde las iniciativas sindicales enNoruega y Gran Bretaña a los presupuestos participativosen Italia y España, Mathew Little parte en busca de nove-dosas reformas en el sector público de toda Europa.

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que contrarrestar la política del gobierno de dere-chas en materia de licitación competitiva para losservicios públicos. Las demandas del sindicato sepresentaron a todos los partidos políticos, la con-federación de sindicatos clasificó las respuestas y,posteriormente, difundió su análisis entre los afi-liados y los vecinos. Los partidos que habíandado apoyo a gran parte de las demandas sindi-cales –el Partido Laborista, la Izquierda Socialistay la Alianza Electoral Roja– obtuvieron la mayo-ría en el consistorio. Según los sondeos a pie deurna, el 70 por ciento de los afiliados sindicalesvotó por la izquierda, frente al 54 por ciento delas elecciones anteriores.

Esta nueva mayoría de izquierda en el ayunta-miento se embarcó casi de inmediato en unapolítica de remunicipalización de los serviciospúblicos, abriendo negociaciones para recuperarla titularidad de la empresa municipal de autobu-ses y revocando una decisión que pretendía pri-vatizar los cines de la ciudad. Tampoco se renovóuna serie de contratos con empresas privadaspara la provisión de asistencia a los ancianos y sepuso en marcha un ambicioso programa deinversiones en las escuelas públicas. De estaforma, Trondheim, en contra de las tendenciasnacionales, incrementó la ayuda social destinadaa todos aquellos que no participan en el mercadolaboral, como las madres solteras.

‘Con la mirada puesta en Trondheim’ se convirtióen el lema de la izquierda y del movimiento sin-dical en Noruega, que repitió la campaña deTrondheim para las elecciones nacionales de2005. Promovida por Attac y los sindicatos, lacampaña organizada en Oslo en 2005 instaba a laclase política a aceptar demandas como el fin delas privatizaciones y de las rebajas de impuestos.Unas 4.000 personas asistieron a una manifesta-ción celebrada con tal fin en la capital. Tras laselecciones, los partidos de centro e izquierdarecibieron la visita de grupos activistas y delmovimiento sindical. Cuando se formó la nuevacoalición, integrada por el Partido Laborista, elPartido de Centro e Izquierda Socialista, el pro-ceso de privatización se detuvo.

Pero la victoria no se alcanzó gracias a un únicofrente. Mientras los sindicatos intentaban prote-ger los servicios públicos a través de su campañapolítica, también estaban luchando por cambiar-los desde dentro. Desde fines de los años noven-ta, el mayor sindicato del país, el Sindicato deEmpleados Municipales y Generales(Fagforbundet), ha estado fomentando una polí-tica de participación de los trabajadores del sec-tor público para mejorar la calidad de los servi-cios. Esta estrategia, conocida como ‘proyecto

por un nuevo municipio’, es un intento por supe-rar la amenaza de la privatización acabando conla excusa de que los servicios están mal gestiona-dos. ‘Sabemos que los empleados del sectorpúblico quieren hacer un buen trabajo. Duranteel almuerzo, en el comedor, discuten temas detrabajo’, comenta Rolv Hanssen, ex asesor deFagforbundent. ‘La idea es utilizar sus conoci-mientos y escucharles’. Se iniciaron así proyectospiloto en municipios pequeños, en que se cele-braron reuniones entre empleados y usuarios delos servicios; se animó a los trabajadores a pre-sentar sus ideas para mejorar los servicios, secompartieron conocimientos. Todos los cambiosse realizaron partiendo de la base de que, tras elproceso, no se perdería ningún puesto de trabajo.El Gobierno de centro-izquierda de Noruega haadoptado ahora esta política, que se ampliará a100 municipios este mismo año.

El sindicato de los servicios públicos Kommunalde Suecia ha puesto en marcha un experimentoparecido, conocido como ‘Come On’, por el quese insta a los trabajadores a identificar las áreassusceptibles de mejora y a encontrar nuevas for-mas de trabajar; de nuevo, con la garantía de quelos cambios no se adoptarán a expensas de suspropios puestos. En palabras del vicepresidentede Kommunal, Lars-Ake Almqvist, ‘frente a lasdemandas de los empresarios, que defendíanrecortes en los servicios públicos o su privatiza-ción, Kommunal se dio cuenta de que limitarse arechazar los cambios no es muy constructivo,sobre todo porque algunas de las acusacionessobre la ineficiencia de los servicios públicos eranciertas. Así que empezamos a desarrollar unmodelo para construir organizaciones más efi-cientes, no jerárquicas, que involucraran a losempleados, con el objetivo de ahorrar fondos sindespedir a la gente’. Ahora son 60 los municipiosque siguen este modelo en ámbitos como el cui-dado de los ancianos y los servicios de agua.

Los sindicatos británicos también se han enfren-tado al sector privado en su propio campo – laslicitaciones competitivas– y han ganado. EnNewcastle, el sindicato del sector público Unisonconsiguió en 2002 un contrato de 250 millonesde libras para el suministro de los servicios infor-máticos y afines del ayuntamiento durante 10años. Esta opción ‘interna’ ganó a otra propuestapresentada por la multinacional de las telecomu-nicaciones BT. Al igual que en Trondheim, eltriunfo sindical se alcanzó mediante una ampliacampaña política caracterizada, entre otras cosas,por la formación de una Alianza de los ServiciosPúblicos contra las privatizaciones, integrada porconcejales que apoyaban la iniciativa y gruposcomunitarios, y la publicación de un manifiesto

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de los servicios públicos. En opinión del investiga-dor Dexter Whitfield, que ayudó a preparar la lici-tación, ‘nadie podría haber acusado al sindicatoen ningún momento de estar meramente preocu-pado por los estrechos intereses económicos desus miembros. Este énfasis en la política públicafue muy importante. Los afiliados estaban igual deinteresados en el contenido de sus trabajos, el ser-vicio suministrado, el proceso mediante el queproporcionaban los servicios y a quién debíanrendir cuentas’. La confianza que generó esta lici-tación interna animó a Unison a revisar toda suestrategia sobre contrataciones públicas y, desdeentonces, ha conseguido importantes contratospara la gestión de comedores escolares y serviciosde tecnología en varios centros educativos.También se ha reelaborado la estrategia de contra-taciones públicas del ayuntamiento con el fin depromover las licitaciones internas y evaluarlas conla misma lupa que las del sector privado. ‘Antes,había que arrastrar al ayuntamiento a la mesa denegociaciones para presentar una propuesta inter-na’, explica Whitfield. ‘Ahora la piden directamen-te’. Y cree además que el resto del movimiento sin-dical británico debería tomar buena nota de loque se ha conseguido en Newcastle. ‘Se trata dedecir “puedo hacer esto” y tener las narices deponerse a hacerlo’.

Y mientras los sindicatos han ido ganando enimaginación y ambición para articular su defensade los servicios públicos, se ha abierto otro cami-no en la lucha contra las privatizaciones desde unfrente totalmente distinto: el del movimiento paracapacitar a los consumidores de servicios. En losúltimos años, el concepto de ‘presupesto partici-pativo’ –‘la apropiación de los servicios públicospor parte de los ciudadanos de a pie’, en palabrasde uno de sus defensores– ha salido de su cuna enBrasil para difundirse por toda Europa. EnEspaña., el 5,2 por ciento de la población vive enmunicipios que practican el presupuesto partici-pativo, adoptado por ciudades como Córdoba,Sevilla, Getafe y Albacete. En Sevilla, una coali-ción formada por el Partido Socialista e IzquierdaUnida empezó a ceder parte de su poder sobre lasarcas municipales a 21 asambleas vecinales detoda la ciudad en 2004. Los departamentos deobras públicas, deportes, juventud, educación, cul-tura, medio ambiente y sanidad someten una cifrade hasta 30 millones de euros de su presupuestototal a la deliberación ciudadana. El proceso se hatraducido en proyectos de inversión pública comola construcción de piscinas y centros deportivos,programas de regeneración urbana en zonas des-favorecidas y rehabilitación de escuelas públicas.

Según Javier Navascués, director de la Fundaciónde Investigaciones Marxistas, el presupuesto parti-cipativo propone una alternativa a la simple

Cuando se vacían los cubos de basura en la ciu-dad alemana de Bergkamen, situada enRenania del Norte-Westfalia, su contenido vaa parar a unos vehículos decorados con el logonegriazul de la “Entidad gestora de residuosde Bergkamen” (EBB), la empresa públicaencargada de los servicios de eliminación deresiduos de la ciudad desde julio de 2006,cuando la autoridades municipales deci-dieron rescindir el contrato privado exis-tente desde años atrás.

La cuestión financiera fue uno de los fac-tores clave para que la alcaldía decidieravolver a municipalizar estos servicios,comenta Hans-Joachim Peters, admin-istrador de EBB. Según los asesores con-tratados por el ayuntamiento, la empre-sa ha reducido los costes un 30% a pesarde haber comprado seis vehículosnuevos y haber mantenido los nivelessalariales de todos sus empleados.‘Conseguimos ahorrar más de lo quepreveíamos en un principio’, recuerdaPeters. Hace tres años, el municipiodecidió reorganizar los servicios deeliminación de residuos, y, tras unproceso de estudio de diferentesalternativas, se acordó que el mod-elo público sería el más eficiente.

Desde entonces, las tarifas de losusuarios han disminuido un 7,4% ,

(sigue en página 12)

defensa del control verticalista del Estado sobrelos servicios públicos y a las privatizaciones osubcontrataciones. En lugar de una continuidaddel statu quo, representa una nueva democrati-zación de la esfera pública. ‘Las luchas contra lasprivatizaciones en España rara vez han propues-to una alternativa a la gestión pública burocráti-ca tradicional’, comenta Navascués. ‘La genteestá adquiriendo capacidades, aprendiendocómo luchar por sus proyectos y sueños sin per-derse por los laberintos del aparato estatal. Esuna experiencia verdaderamente gratificante vercómo los ciudadanos de a pie cuestionan a loscargos públicos’.

En Italia, muchas localidades se han unido para

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Regreso al futurola remunicipalización en BergkamenLa remunicipalización de la gestión de los residuos enBergkamen ha beneficiado a los ciudadanos de esta ciudad ale-mana, argumenta Heike Langenberg

y los servicios para los 52.000 habitantes de laciudad han mejorado y se han ampliadoostensiblemente. Norbert Henter, jefe de per-sonal del ayuntamiento, se felicita por ladecisión de remunicipalizar: ‘Nos alegra quecada vez haya más gente que recupere los ser-vicios públicos’.

La decisión ha despertado un gran interés enotras localidades. ‘Hay varios casos de remu-nicipalización’, explica Erich Mendroch, encar-gado de la sección nacional de este sector enel sindicato alemán Ver.di. Según afirma, laexperiencia demuestra que las empresas pri-vadas, en contra de sus promesas, no siempreofrecen servicios más económicos. Mendrochconsidera que se debería exigir a las empresasprivadas que respeten los convenios salarialescolectivos de la industria al presentarse a laslicitaciones públicas, de forma que no sean lostrabajadores los que tengan que llevar lacarga de la reducción de costes. Este sindical-ista afirma también que es evidente que laresistencia ciudadana a las propuestas de pri-

vatización está aumentando, comoes el caso de Luebeck y Leipzig.

‘Hay otros ejemplos de remunicipal-ización de servicios que ya sehabían privatizado’, dice BirgitLadwig, de la oficina nacional depolítica y planificación de Ver.di.La ciudad de Hannover, por ejem-plo, prevé reintegrar a los inge-nieros de inspección estructural ala administración municipalporque es la solución másrentable. Argumentos muyparecidos se están utilizandopara justificar el control públicosobre los servicios de limpiezade edificios de Freiburg, unosservicios que muy pronto sevan a remunicipalizar enDortmund. El distrito rural deSoltau-Fallinbostal tambiénha recuperado la gestiónpública de los servicios deeliminación de residuos.

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formar la Rete del Nuovo Municipio, una redcomprometida con una globalización ‘desdeabajo’ y la protección de la diversidad local, queestá experimentando con formas participativaspara el gobierno municipal. En los últimos 10años, son muchos los municipios –desde lospequeños pueblos de Grottammare y PieveEmanuele hasta barrios enteros de Roma– quehan adoptado formas de administración y plani-ficación participativas. La red, cuyos principiosde democracia participativa se están propagandoa gobiernos provinciales y regionales, sobre todoen la Toscana, está planteando una alternativa ala venta de los servicios hídricos de propiedadmunicipal al sector privado. El modelo se basa enla ‘gestión compartida’, por la que los usuarios delrecurso están representados en una junta gestoray las zonas vecinas tienen su propia voz a travésde una junta ‘de transacciones’, con lo que segarantiza que no se impongan intereses egoístas yautárquicos. La legislación italiana no permiteaún la existencia del modelo ‘público-local’, yministros del centro-izquierda están inclusointentando frenar los experimentos en pequeñosmunicipios. La nueva ley en esta materia fomen-ta, de hecho, las simples privatizaciones, pero lared está trabajando con la izquierda en elGobierno para intentar modificarla.

Todas estas iniciativas se caracterizan por ciertosentimiento de apremio por aprovechar el impul-so de los cambios. Pero eso no significa que sean

homogéneas ni exentas de conflictos entre usua-rios y proveedores de servicios. En Trondheim,donde el ‘nuevo modelo municipal’ de aprove-chamiento de los conocimientos de los trabajado-res fue iniciado por un gobierno de izquierda,respaldado por una alianza de sindicatos y orga-nizaciones de la sociedad civil, la democraciaparticipativa de los ciudadanos ‘es un tema quenunca ha estado sobre la mesa’, en palabras delinvestigador Einar Braathen. En cambio, enSevilla, las iniciativas para involucrar a los usua-rios en el suministro de los servicios como partede una estrategia más general hacia la participa-ción ciudadana se han topado con la renuenciade los sindicatos.

El catalizador más inmediato para muchos deestos experimentos ha sido la amenaza externa dela privatización. Pero eso no significa que esecontexto se vaya a repetir siempre. Los ejemplosde participación de los trabajadores en Noruega ySuecia, por ejemplo, se han convertido en campa-ñas independientes por la adopción de reformas,aunque se originaran como una reacción dedefensa ante la amenaza de ruptura del sectorpúblico. Al menos 55 ciudades de Europa practi-can actualmente alguna modalidad de presupues-to participativo. Estas ‘alternativas a la privatiza-ción’ se están convirtiendo en auténticas alterna-tivas por su valor intrínseco y siguen su propiocamino, ajenas a la amenaza contra la que se cre-aron.

Presupuestos participativos en SevillaSiguiendo el ejemplo de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la coalición formada por el Partido Socialista e IzquierdaUnida en la alcaldía de Sevilla adoptó los presupuestos participativos en 2004.

La ciudad, de 700.000 habitantes, está dividida en 21 asambleas, que, en 2006, contaron con la asistencia de unas9.000 personas. Las asambleas disponen de un autorreglamento que fue elaborado por una comisión de delegadoselegidos por las asambleas. Cada año, la alcaldía decide qué cantidad designarán las asambleas, aunque éstas con-trolan al menos el 50% del presupuesto municipal destinado a los diversos distritos. Actualmente, funcionan con estesistema los departamentos de obras públicas, deporte, juventud, educación, cultura, sanidad y género.

Las asambleas eligen delegados que supervisan la ejecución de las políticas; delegados que rinden cuentas a susrespectivas asambleas. A raíz de los presupuestos participativos, se ha construido una red de carriles bicicleta portoda la ciudad, así como varias piscinas y campos de deportes. También se han emprendido programas de renovaciónurbana, que han entrañado, entre otras cosa, la construcción de nuevas aceras y alcantarillas en los barrios máspobres, y se han fijado prioridades para la rehabilitación de escuelas. Para fines de este año, se prevé que empiece aemitir una radio comunitaria.

Los partidos de derecha de la alcaldía, al igual que los diarios locales, se muestran contrarios a los presupuestos par-ticipativos. También los sindicatos del sector público se han mostrado reacios a la participación de los usuarios en losservicios. Pero según Javier Navascués, director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ‘mucha gente que alprincipio desconfiaba del proceso se ha sumado a él y se muestra bastante entusiasta (...) Hay todo un núcleo de per-sonas, de contextos políticos y sociales muy distintos, que está construyendo una nueva concepción común de la ciu-dad desde el pragmatismo’.

En España, los presupuestos participativos funcionan en 20 pueblos y ciudades, introducidos en todos los casos por elPartido Socialista o Izquierda Unida.

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Europa unida en defensade los servicios públicosGiulio Marcon y Duccio Zola repasan la resistencia a las privatizaciones enEuropa, destacando el papel de las iniciativas sindicales paneuropeas y deuna creciente alianza entre movimientos sociales y sindicatos.

Una petición popular de un millón de firmas paraproteger a los servicios públicos; una campaña poruna normativa marco que no deje espacio a lasambigüedades en la definición de lo que es interéspúblico e interés general; numerosas movilizacio-nes que reivindican una Europa social basada enlos derechos de la ciudadanía, en el acceso a losservicios, en los bienes comunes y en la custodiadel bienestar universal. Todas estas iniciativas ilus-tran cómo movimientos sociales y sindicales sonhoy actores clave en la defensa de los serviciospúblicos en Europa. El reto consiste en salvaguar-dar lo que queda del modelo social europeo,defendiendo el papel del sector público en la orga-nización de los servicios y en la planificación de laeconomía, y una ciudadanía social realmenteinclusiva.

La petición de la Confederación Europea deSindicatos (CES), la campaña por una normativamarco presentada por la Federación SindicalEuropea de Servicios Públicos (FSESP/EPSU) y lasmuchas iniciativas de movimientos de todo elcontinente forman parte de un proceso de luchapor una Unión Europa más social. Su objetivo esreimpulsar una política más intervencionista yorientada al público, después de que, durantedécadas, los numerosos pactos y tratados de la UE,desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento deMaastricht, hayan ido erosionando paulatinamen-te el papel del sector público. Y una pieza clave detodas estas campañas es el reconocimiento de loimportante que es construir alianzas entre sindi-catos, movimientos sociales y comunidades loca-les.

Un buen ejemplo de ello se encontraría enAlemania, donde el sindicato del sector de los ser-vicios Ver.di encabeza una movilización nacionalcontra la rebaja de los subsidios energéticos anun-ciada por el Gobierno, una medida con que se pre-pararía el terreno de la privatización. El suminis-tro energético en Alemania depende de 1.400empresas municipales que no podrían sostener losrecortes previstos sin recurrir al despido masivode trabajadores.

‘La medida beneficiaría a las grandes multinacio-nales privadas de la energía e iría en detrimento deunas importantes entradas en las arcas municipa-les que se destinan a servicios básicos como eltrasporte público o el cuidado de niños y ancia-nos’, explica Herman Schmid, sindicalista deVer.di. El pasado 7 de febrero, 25.000 personas semanifestaron en Berlín contra la privatización.

En el país vecino, Francia, ha nacido laConvergence Nationale des Collectifs de Défenseet de Développement des Services Publics, quereúne a sindicatos, asociaciones de consumidoresy organizaciones políticas que abogan por ladefensa y la democratización de los serviciospúblicos a escala nacional.

En España e Italia, se están adoptando nuevosenfoques en el ámbito de la participación y lademocracia local. En regiones como Toscana y engrandes ciudades como Sevilla, así como enmuchos pequeños municipios, se están difundien-do cada vez más los presupuestos participativos yotras herramientas democráticas en un intentopor devolver a manos de los ciudadanos el controly las decisiones sobre el suministro de los serviciospúblicos. De este modo, se promueve la defensa deestos servicios y se fortalece la resistencia a la pri-vatización.

En Italia, ha sido el agua la protagonista de unalucha contra la privatización que ha cosechado ungran éxito. El Foro por el Agua Pública, en queconfluyen unos 70 grupos activistas, sindicatos ymás de 700 municipios, presentó recientementeuna campaña nacional para acabar con la privati-zación de las empresas de agua locales y recuperarla gestión pública de servicios regionales y localesya privatizados. Mientras la Asamblea Mundialdel Agua se reunía en Bruselas y declaraba que elagua era un bien público y un derecho humanouniversal, el Foro italiano organizaba una mani-festación multitudinaria en Palermo, donde elgobierno regional de centro-derecha estaba tras-pasando la gestión del agua –un recurso especial-mente vital en Sicilia, región que padece una cons-

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tante escasez de agua– a empresas privadas.

‘Curiosamente, la privatización del agua se consi-dera algo moderno e innovador’, comenta MarcoBersani, de Attac Italia. ‘Pero la propiedad y lagestión privadas del agua no son ninguna nove-dad. Fue sólo a principios del siglo pasado cuan-do los gobiernos, enfrentados a graves epidemias,se dieron cuenta de la necesidad de disponer deun servicio público de agua, accesible a todo elmundo.’ La campaña del Foro ya ha recogido100.000 firmas.

En el Reino Unido, la defensa de los serviciospúblicos se ha centrado especialmente en la sani-dad. Decenas de miles de personas se han mani-festado y firmado peticiones contra los recortes yla privatización del Servicio Nacional de Sanidad(NHS). La protesta cuenta con el apoyo demuchos diputados, tanto laboristas como demó-crata-liberales y, aunque las iniciativas locales sonfuertes, hasta la fecha, las movilizaciones han sidolimitadas debido a la falta de un marco unitario.Ahora se está desplegando una campaña nacionalen la que participan más de 30 organizaciones detodo el país y que cuenta con el respaldo del sindi-cato de los servicios Unison y otros organismosnacionales. Su objetivo es fomentar la acción y lacoordinación comunes en la defensa de una sani-dad pública y accesible.

Como éstos, podrían citarse muchos otros ejem-plos de iniciativas, ya que están surgiendo todotipo de alianzas locales y nacionales entre gruposlocales, comités espontáneos, movimientos socia-les y organizaciones sindicales.

Campañas sindicales paneuropeas

A escala europea, los sindicatos están desarrollan-do, principalmente, dos campañas que persiguen,por un lado, defender los servicios públicos y, porel otro, mejorar su accesibilidad y calidad.

La primera de estas campañas, que aboga por unmarco jurídico comunitario sobre los serviciospúblicos, está encabezada por la FederaciónSindical Europea de Servicios Públicos(FSESP/EPSU) y se puso en marcha en mayo de2006. La segunda es la promovida por laConfederación Europea de Sindicatos (CES)desde noviembre de 2006, que consiste en unapetición por ‘unos servicios públicos de calidad yaccesibles a todos’.

La CES parte de la idea de que ‘los servicios públi-cos son esenciales para la cohesión social, econó-mica y regional de Europa. Estos servicios debenser de gran calidad y accesibles para todos(as)

los(as) ciudadanos(as). Hasta ahora, las privatiza-ciones o las liberalizaciones han sido las únicasalternativas propuestas y aplicadas’. La CES y susmiembros han realizado un esfuerzo organizativosin precedentes para alcanzar el objetivo de unmillón de firmas, cifra que garantizaría un debateen el seno del Parlamento Europeo. La petición,concretamente, solicita una intervención legislati-va que garantice los derechos de los ciudadanos enmateria de servicios públicos clave.

El Partido Socialista Europeo se ha manifestadorecientemente a favor de la petición a través delcoordinador de los eurodiputados socialistas,Martin Shultz. Además, el Centro de EstudiosEuropeos de Estrasburgo (CEES) y el CentroEuropeo de Empresas con Participación Pública yde Empresas de Interés Económico General(CEEP) han emitido una declaración conjunta conel fin de respaldar la petición y de hacer llegar alParlamento Europeo y a la Comisión la exigenciacomún de proteger jurídicamente los servicios deinterés general. El mayor sindicato británico delsector público, Unison, es uno de tantos sindicatosnacionales que promueven la iniciativa en sus res-pectivos países. En palabras de su secretario gene-ral, Dave Prentis: ‘Los servicios públicos enEuropa son víctimas de un asalto y, por ello,Unison respalda la petición de una normativa jurí-dica europea que proteja a los servicios públicosde los ataques ideológicos de los defensores dellibre mercado’.

La movilización de la FSESP, estrechamente vin-culada con la petición de la CES, reivindica ‘ladefinición de un espacio protegido para los servi-cios públicos’. ‘Pedimos una dimensión de protec-ción jurídica inaccesible a la mercantilización enque se reafirmen los principios comunes del servi-cio público partiendo de la base legal de la preva-lencia del interés general sobre las reglas de lacompetencia del mercado’, explica Brian Synnott,responsable de comunicación y campañas de laFederación. Synott, además, subraya la necesidadde garantizar el control local sobre la gestión deservicios básicos, a través, entre otras cosas, de lainstauración de un Observatorio de los ServiciosPúblicos que realice un seguimiento del impactode las liberalizaciones.

La Federación persigue, de hecho, una reglamen-tación jurídica sobre los servicios públicos a tra-vés de una normativa marco europea que aclaredefinitivamente qué sectores pertenecen a esteámbito, y acabar con la incertidumbre terminoló-gica y jurídica a que han sido condenados los ser-vicios públicos por la ambigüedad de las actualesdisposiciones de la UE. Los principios guía parala definición de ese marco europeo deberían

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comprender la igualdad de acceso, prohibiendocualquier forma de discriminación contra losusuarios; la universalidad, mediante el suminis-tro de servicios a todos los ciudadanos; y la acce-sibilidad, con el control de los precios y las tari-fas.

A estos principios básicos se añadirían los de pro-tección del ciudadano-usuario (derecho a infor-mación e indemnización, respeto de la intimidad)y de concertación, a fin de garantizar el respeto delos derechos de trabajadoras y trabajadores, de losprocedimientos contractuales y de las relacionessindicales. Se trata, pues, de una campaña por elcontrol democrático, con nuevas formas de parti-cipación de usuarios y trabajadores, y normasconcretas para la transparencia y la imparcialidad.El objetivo es asegurar un equilibrio entre losdiversos grupos de interés y proteger a los másvulnerables.

La campaña está políticamente muy activa en laUE, preparando estrategias de cabildeo en elmarco del Parlamento Europeo y de la Comisión,y de órganos institucionales como el ComitéEconómico y Social y el Comité de las Regiones.La iniciativa debería finalizar en junio de 2007,mes en que se presentará una primera propuestapara un marco jurídico europeo sobre los serviciospúblicos.

Los foros sociales

Lo novedoso de las actuales campañas es la apari-ción de una trayectoria común entre sindicatos ymovimientos sociales. El Foro Social Europeo(FSE), desde aquella primera edición florentina denoviembre de 2002, ha ofrecido un lugar deencuentro extraordinario para sindicatos y movi-mientos sociales. En el marco de aquel primerforo, se organizaron tres jornadas de seminariosen torno a ‘Servicios públicos y privatizaciones’,impulsados por grupos franceses, austriacos, ita-lianos y suizos de Attac, Espace Marx, CollectifServices Publiques, World DevelopmentMovement, Globalise Resistance, y por grupossindicales como Funzione Pubblica de la CGIL yCOBAS (Comités de Base).

En el siguiente FSE, celebrado en París en octubrede 2003, se organizó un seminario parecido entremovimientos sociales y sindicatos a escala euro-pea. De él surgió el compromiso, suscrito por laAsamblea de Movimientos Sociales, de aunar lasiniciativas de los movimientos en torno a los ser-vicios públicos con la labor de los sindicatos. Estaacción debía entenderse en el contexto de unaoposición más general a la constitución europea,entonces en vías de aprobación.

Este encuentro adquiere un perfil de auténticaconfluencia durante el tercer FSE, que tiene lugaren Londres en octubre de 2004, en que arranca eldebate sobre la directiva Bolkestein y se tratan deforma específica los temas de la educación, la sani-dad, la energía y el agua.

‘Rechazamos la privatización de servicios públicosy de bienes comunes como el agua’, recitaba ladeclaración de la Asamblea de MovimientosSociales con que se clausuró el foro. ‘Apoyamos lamovilización del 11 de noviembre de 2004 contrala directiva Bolkestein.’ Y más adelante: ‘Pedimosmovilizaciones nacionales en todos los paíseseuropeos. Pedimos una manifestación central enBruselas el 19 de marzo [de 2005] contra la guerra,contra el racismo, contra la Europa neoliberal,contra la privatización, contra el proyecto deBolkestein y contra los ataques sobre la jornada detrabajo (...) Llamamos a todos los movimientossociales y sindicales europeos a tomar las callesdurante este día’.

La primera de las manifestaciones, la del 11 denoviembre de 2004, apenas reúne a unos miles depersonas en Bruselas. En cambio, en marzo de2005 marchan por la capital belga, coincidiendocon una reunión de ministros europeos de políti-cas sociales y con el segundo aniversario del iniciode la guerra en Iraq, 150 mil personas convocadasconjuntamente por el FSE y la CES.

La alianza entre movimientos sociales y sindicatosse materializa sobre un terreno común de rechazoal vínculo entre neoliberalismo, guerra, ataque alos servicios públicos y erosión de los derechos entoda Europa. La campaña europea Stop Bolkesteinfue de una extraordinaria importancia en cuanto ala unión de colectivos, ya que, en un breve espaciode tiempo, consiguió la adhesión de centenares deorganizaciones, desde sindicatos y ONG interna-cionales a redes transnacionales, pasando por par-tidos de izquierda, y movimientos de base localesy nacionales.

Otro de los hitos de la movilización fue la mani-festación del 14 de febrero de 2006, a la que asis-tieron más de 50 mil personas, convocadas por laCES en Estrasburgo con motivo de la votación enel Parlamento Europeo de la directiva Bolkesteinsobre servicios en el mercado interno de la UE.Aquella movilización logró introducir cambiosimportantes en el texto final de la directiva, comoque se eliminaran elementos especialmente peli-grosos para la protección de los servicios públicosy que se excluyeran cuestiones en materia de dere-cho laboral y sanidad.

Aquello resarció en parte los esfuerzos de movi-

mientos y sindicatos, aunque éstos distaran deestar satisfechos. Las críticas se centraron en laprofunda ambigüedad del texto, que sigue sinaclarar qué servicios se deben proteger de la inva-sión de la lógica del lucro.

La Red Europea por los Servicios Públicos

El gran salto cualitativo en la organización paneu-ropea que representa la campaña Stop Bolkesteinse consolida en la cuarta edición del FSE, celebra-da en mayo de 2006 en Atenas. En la capital grie-ga se presenta la primera ‘Red Europea por losServicios Públicos’ y 40 organizaciones sindicalesy movimientos suscriben la ‘Declaración deAtenas. Otra Europa con servicios públicos paratodos’. Cabe destacar, en este sentido, la participa-ción de numerosos entes de gobiernos locales,algunos de los cuales trabajan mediante laConvention Européenne des Autorités Localespour la Promotion des Services Publiques.

La red comparte el principio de que asegurar unosservicios públicos de calidad para todos y todas esindispensable para garantizar el respeto de aque-llos derechos fundamentales de ciudadanía quedeberían caracterizar al modelo social europeo. Elobjetivo de la red es dar seguimiento a las movili-

zaciones en torno a la Bolkestein y ofrecer unacoordinación estable entre las diversas organiza-ciones que trabajan sobre la cuestión, incluidosmovimientos sociales y sindicales, y entes locales.

La red espera que, con el intercambio de experien-cias e información, estimulará y coordinará unaacción que determinará ‘tanto a escala europeacomo nacional, las condiciones necesarias paradefinir y regular aquellos servicios confiados a laresponsabilidad del poder público y preservarlosde la lógica de liberalización, de privatización y/ode captación privada de las rentas’. Además, consi-dera que, mediante la acción a escala continental,aumentará la presión sobre las instituciones esta-tales.

‘A través de las redes, deberíamos alcanzar unauténtico replanteamiento de las políticas libera-les, tanto en los respectivos gobiernos como en laComisión Europea’, comenta Rosa Pavanelli,secretaria nacional de Funzione Pubblica de laCGIL. ‘Es algo fundamental no sólo respecto a lasdirectivas sobre diversos servicios públicos, comolos sociales y los sanitarios, sino también con res-pecto a los contenidos que se deberán compartircon todos los ciudadanos cuando se retome el pro-ceso del tratado constitucional europeo’

La revuelta contra la privatización de la sanidad

Los recortes y la privatización de la sanidad están provocando manifestaciones multitudinarias en Gran Bretaña, explica Alex Nunns.

El Gobierno británico ha decidido transformar el Servicio Nacional de Sanidad (NHS), hasta ahora un proveedor integral y equitativo de atenciónsanitaria, en una especie de aseguradora financiada con los impuestos de los ciudadanos que opera en un sistema mercantil. A los organismos delNHS se les está transmitiendo el mensaje de que deben actuar operadores comerciales, y recortar servicios y personal. ¿El resultado? Una crisis quese está traduciendo en la pérdida de empleos, y en el cierre de unidades, departamentos e incluso hospitales enteros. El proceso va acompañadode una ‘privatización a retazos’, por la que el NHS se va dividiendo en pequeñas piezas que después se entregan, una a una, al control privado.

Muchos servicios de urgencias y unidades de maternidad corren el riesgo de desaparecer, y numerosos centros hospitalarios locales están cerrandoa lo largo y ancho del país. La situación ha generado campañas locales a gran escala, y ha llevado a varios miles de personas a manifestarse y amuchos miles más a firmar peticiones. Además, estas campañas han atraído algunos apoyos insospechados, como el de varios diputados conser-vadores y laboristas que se han añadido a las protestas. Incluso 11 ministros del Gobierno se han sumado a campañas locales, en contra de los cam-bios que se derivan de sus propias políticas.

Esta fuerte oposición ha logrado algunas victorias destacables. Los importantes recortes en Gloucestershire, por ejemplo, se detuvieron despuésde que 3.000 personas se manifestaran en Stroud y otras 5.000 se concentraran en el Bosque de Dean. También algunos consejos locales han esta-do presionando para defender los servicios públicos; el consejo del condado de Surrey ordenó que se pusiera fin a los devastadores recortes en elhospital de Epsom and St Hillier. Según el consejo, una decisión tan relevante se debía consultar con los habitantes. En el norte de Londres, segarantizó un proceso de consulta sobre ciertos planes para reducir las enfermeras de distrito y las enfermeras escolares gracias a la tremenda pre-sión de la campaña Keep Our NHS Public en Waltham Forest. En el área metropolitana de Manchester, una antigua enfermera, Pat Morris, arriesgótodos sus ahorros para emprender acciones legales contra el cierre de dos unidades hospitalarias.

Pero con este tipo de victorias no basta. Puede que la oposición local consiga frenar algunas embestidas, pero la amenaza que se cierne sobre elNHS viene dictada por las políticas del Gobierno central. El principal desafío consiste en canalizar toda esta energía local hacia un movimientopolítico nacional. Keep Our NHS Public, una campaña que cuenta con la participación de más de 30 grupos de todo el país, está intentando hacerlocentrando su atención en la agenda de las privatizaciones y vinculando ésta con los recortes y el déficit presupuestario. Los principales sindicatosde la sanidad están fomentando un mensaje muy parecido y organizando acciones en defensa del NHS.

Para más información, véase www.keepournhspublic.com