HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VISION DEL PAÍS Aporte de la Cámara de Comercio de Valencia al documento que presentará

Consecomercio en la Asamblea Anual de Fedecámaras.

I. LA LIBERTAD COMO PRINCIPO

El hombre es un ser creado libre debe permanecer libre. Él es libre para

escoger su destino y de que manera satisfacer sus necesidades, físicas y

espirituales. Está dotado de inteligencia que le permite discernir lo que le

conviene y lo que no. Quiere su bienestar y está dotado por la razón para

conseguirla. Nadie puede obligarlo a buscar la felicidad por los caminos que

el no desee.

Pero la libertad trae consigo la responsabilidad. Somos responsables de

nuestros actos puesto que los asumimos como consecuencias del uso de

nuestra libertad.

Tomar decisiones implica asumir riesgo, saber que puede equivocarse en sus

decisiones y sobrellevar sus resultados, buenos o malos. Pero la

responsabilidad que conlleva la libertad es preferible a la irresponsabilidad

que sean otros quienes tomen las decisiones por nosotros. La sociedad ha

madurado lo suficiente, como para permitir que alguien asuma el control de

nuestras vidas, tomando decisiones por nosotros, sobre lo que debemos

producir y debemos consumir.

La libertad responsable impone límites. El uso de la libertad no es para limitar

el derecho de los demás a ejercer su voluntad. O dicho de una manera

conocida, nuestros derechos terminan, donde comienzan los derechos de los

demás. Solo cada persona sabe que lo hace feliz.

II. LA PROPIEDAD COMO DERECHO INALIENABLE

El hombre tiene derecho a la posesión de bienes. La propiedad de esos

bienes es un derecho inalienable, así como la posibilidad de disponer de ellos

de la manera que mejor considere. El acceso y la propiedad de bienes le

pueden ofrecer la seguridad y una vida más cómoda y satisfactoria.

La posesión de bienes es una garantía de seguridad para el futuro. Nada, ni

nadie está en el derecho de evitar que los hombres se provean de una vida

digna para su vejez.

De la misma manera, es perfectamente legítimo que los hombres adquieran

las herramientas que utilizan para su trabajo. La posesión de bienes de

capital, es una herramienta fundamental para su desarrollo.

El progreso del hombre esta determinado por la posibilidad de cada persona

de progresar, a partir del uso de sus conocimientos, imaginación y el

desarrollo de plena de sus capacidades.

III. EL TRABAJO COMO FUENTE DE DIGNIDAD

Igual es legítimo que quienes no posean herramientas, ofrezcan su fuerza de

trabajo (sus conocimientos y su fuerza física) a quienes la posean. Esta

relación debe estar dada en condiciones que garanticen la dignidad de la

persona, con salarios que le permita al menos unos estándares mínimos de

vida y seguridad para el futuro.

El trabajo y la actividad creativa y empresarial son maneras decorosas de

garantizarse el sustento para la vida y la satisfacción de las necesidades

materiales y espirituales que requiere la existencia.

Está demostrado que el empleo formal y estable garantiza mayor bienestar a

los trabajadores que el empleo informal, así que solo a través de la

promoción de la libre empresa y el acceso al mercado de trabajo es que se

puede garantizar un mayor bienestar a la población.

IV. EL MERCADO COMO PRINCIPAL MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

La mejor manera de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de

productos es el mercado. Cualquier intromisión indebida, en lugar de mejorar

la asignación de bienes en la economía produce distorsiones que se traducen

en desabastecimiento. Los controles de precios o de adquisición de divisas,

se traducen en ineficiencia y deterioro del aparato productivo.

Los beneficios en las economías nacionales se incrementan, con la apertura

comercial a los otros países y con la participación en la corriente de la

globalización.

V. EL PAPEL DEL ESTADO

El Estado nace como consecuencia de la libertad del hombre. Es la garantía

que las personas no abusen de la su libre albedrío en perjuicio de los demás.

Para ello se le otorga la capacidad coercitiva para regular la conducta de los

hombres y mujeres y castigar su incumplimiento. Pero como resultado del

acuerdo entre las personas pertenecientes a una sociedad, este poder tiene

una función y unos límites claros.

El Estado debe tener tres tareas principalísimas:

1.1. Provisión de bienes públicos y corrección de fallas de mercado

1.1.1. Provisión de bienes públicos (entre ellos la seguridad y la

defensa nacional)

1.1.2. Legislación antimonopólica y contra los mecanismos de

alteración a la libre competencia.

1.1.3. Reducir asimetrías de información

1.1.4. Control de economías externas

1.2. Promover políticas activas de desarrollo, que garanticen el aumento

de la productividad y la inclusión a través del desarrollo de las

capacidades de las personas.

1.3. Garantizar un nivel mínimo de asistencia y de atención para los

sectores menos desfavorecidos socialmente.

Cualquier otra intervención, se debe considerar como una extralimitación en

sus funciones y un atentado contra la libertad humana.

VI. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS LÍMITES AL PODER DEL ESTADO

La garantía que el estado no se sobrepase en sus acciones se encuentra en la

fórmula ya propuesta por John Locke y el Barón de Montesquieu de la

división de los poderes. Implica un verdadero ejercicio independiente de los

representantes de los poderes públicos que garanticen el contra peso

institucional. En ese punto, resulta medular detenerse en analizar la función

meta que cumple el sistema de administración de justicia como factor de

interdicción y control del resto de los poderes públicos.

Hablar de seguridad jurídica requiere mirar el aspecto “institucional”,

reforzar un trabajo de legislación que armonice el sistema. Lograr un sistema

legislativo coherente y moderno; que aborde con seriedad y tecnicismo las

nuevas realidades que impone el mundo en aras de aprovechar la capacidad

creativa del ser humano. En aras de darle confianza al ciudadano en su lucha

por su progreso, hay que atender áreas como la promoción a la tecnología y

garantizar el libre acceso a la información, fomentar la iniciativa privada a

través de la desregulación del mercado y el fomento a la libre competencia,

proteger la propiedad en sentido amplio, legitimación de capitales, entre

otros, son los temas que deben abordarse para dar cabida a un proyecto

económico sustentable que permita la incorporación de nuestro país en un

modelo de desarrollo y crecimiento.

VII. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE LAS

LEYES

El ciudadano actual reclama y merece participación en los asuntos públicos.

El mundo actual requiere un equilibrio entre los mecanismos tradicionales de

la democracia representativa, con la imperiosa necesidad de participación de

la gente y su involucramiento en los asuntos públicos. Si bien existe una

constitución que permite la participación ciudadana, estos mecanismo son

manejados de acuerdo a los intereses de los grupos en el poder, y usado

instrumentalmente para sus fines políticos.

Si el estado nace como consecuencia de la decisión de los seres que viven en

una sociedad, el rol que debe jugar el estado debe ser un asunto de la gente.

Una democracia que de verdad No es viable un sistema protagónico, social

de derecho y justicia sin que coercitivamente se impongan los canales de

participación políticos, sociales y económicos para que necesariamente

legitimen, legalicen y puedan dar validez a las decisiones gubernamentales,

macroeconómicas, políticas y sociales. El gobierno debe estar en lo obligación

de consultar las medidas que piensa tomar a la nación. Es menester de los

ciudadanos, por ejemplo el estar en asociaciones tales como la CAN o el

Mercosur.

VIII. ENTRE DOS AGUAS

Precisamente nuestra visión ataca dos de los grandes riesgos de la república. La anarquía como forma de acción del individuo, donde priva el interés egoísta sin menoscabo de las normas sociales elementales, irrespeto a la vida y a la propiedad ajena. Es el mundo del “yo hago lo que me da la gana”.

Pero ante esa conducta, existe el polo opuesto, el control total de la sociedad. El totalitarismo que inspira la ideología del actual élite gobernante, que se traduce en la sencilla fórmula “ustedes hacen lo que a mi me da la gana”.

Ante estas dos posiciones se pretende colocar promover una sociedad donde el hombre libre y responsable que elige y se conduce en un marco de reglas claras, dirigidas por un Estado que sirve al ciudadano y no que se sirve del ciudadano.

Esto significa, por una parte elevar la conciencia ciudadana, en donde exista un equilibrio entre los derechos y los deberes y por otra parte un estado celoso de hacer cumplir las leyes, de manera estricta y sin favoritismos de ninguna especie.

IX. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LA PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO

Conscientes de la delicada situación social por la que atraviesa el país, no se puede dejar solo al Estado la conducción de las políticas de Desarrollo. El sector privado, la empresa debe garantizar los principios de su responsabilidad social. Creemos que debemos promover un gran pacto contra la pobreza, que incluya acciones desde la empresa, el estado y la sociedad civil, que busque la inclusión social, a través de empleos dignos y de calidad y el compromiso con que los venezolanos puedan mejorar sus habilidades para el trabajo productivo. Donde se pueda cumplir con el

principio de Igualdad de oportunidades para todos.

X. LA BUSQUEDA DE UN CONSENSO NACIONAL

Estas son solo algunas ideas que hay que considerar y que deben formar parte de un gran consenso nacional. La crisis nacional es muy honda y las decisiones que habrá que tomar para enderezar el rumbo pueden ser muy severas, en el corto plazo. Enrumbar al país, solo será posible, si se deponen los egoísmos individuales o sectoriales, y se toma en cuenta que cada quien debe aportar su grano de arena para salir de la crisis. Cierto es algunos son

más responsables que otros, pero todos tienen alguna cuota de responsabilidad y eso se debe asumir.

Esto implica mucho diálogo, al interior de las diversas organizaciones que conforman la sociedad venezolana y entre ellas. Todas son necesarias y todas deben participar en el Gran Acuerdo Nacional.

Valencia Junio de 2011.

La Junta Directiva.

“Libre iniciativa, fundamento del desarrollo del ser Humano”.