“Doctrina Jurisprudencial en materia de Debido proceso y

motivación de las Resoluciones Judiciales”

Dr. Giancarlo Cresci VassalloAsesor jurisdiccional del Tribunal

Constitucional

El debido proceso está concebido como el cumplimientode todas las garantías, requisitos y normas de orden públicoque deben observarse en las instancias procesales de todoslos procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de quelas personas estén en condiciones de defenderadecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estadoque pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación uomisión de los órganos estatales dentro de un proceso, seaéste administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debidoproceso legal.

Derecho al Debido Proceso

Como ya lo ha precisado este Tribunal enjurisprudencia, el derecho al debido procesocomprende, a su vez, un haz de derechos queforman parte de su estándar mínimo. Entre estosderechos constitucionales, especial relevanciaadquiere el derecho a la motivación de lasresoluciones

Derecho al Debido Proceso

El Tribunal ha establecido que el derecho reconocido en elinciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene unadimensión, por así decirlo, "judicial", sino también una"administrativa" y, en general, como la Corte Interamericana deDerechos Humanos lo ha sostenido, se extiende a "cualquierórgano del Estado que ejerza funciones de caráctermaterialmente jurisdiccional, (la que) tiene la obligación deadoptar resoluciones apegadas a las garantías del debidoproceso legal, en los términos del artículo 8° de la ConvenciónAmericana." (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo71).

Derecho al Debido Proceso

Es así como también la Corte Interamericana sostiene –endoctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentenciacorrespondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC–que "si bienel artículo 8° de la Convención Americana se titula´Garantías Judiciales´, su aplicación no se limita a losrecursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto derequisitos que deben observarse en las instanciasprocesales, a efectos de que las personas puedandefenderse adecuadamente ante cualquier tipo de actoemanado del Estado que pueda afectar susderechos."(párrafo 69).

Derecho al Debido Proceso

"(...) Cuando la Convención se refiere al derecho detoda persona a ser oída por un ‘juez o tribunalcompetente’ para la ‘determinación de susderechos’, esta expresión se refiere a cualquierautoridad pública, sea administrativa, legislativa ojudicial, que a través de sus resoluciones determinederechos y obligaciones de las personas. (Párrafo71) [La Corte ha insistido en estos postulados en losCasos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001(Párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 defebrero de 2001 (Párrafo 105)]”.

Derecho al Debido Proceso

Derecho al Debido Proceso en Sede Administrativa

Exp. 4289-2004/TC (fundamentos 3 y 4)

El derecho al debido proceso, y los derechos que contieneson invocables, y, por tanto, están garantizados, no soloen el seno de un proceso judicial, sino también en elámbito del procedimiento administrativo. Así, el debidoproceso administrativo supone, en toda circunstancia, elrespeto –por parte de la administración pública o privada–de todos los principios y derechos normalmenteinvocables en el ámbito de la jurisdicción común oespecializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de laConstitución (juez natural, juez imparcial e independiente,derecho de defensa, etc.).

El fundamento principal por el que se habla deun debido proceso administrativo, encuentrasustento en el hecho de que tanto laadministración como la jurisdicción estánindiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna,de modo que si la administración resuelve sobreasuntos de interés del administrado, y lo hacemediante procedimientos internos, no existerazón alguna para desconocer las categoríasinvocables ante el órgano jurisdiccional.

Derecho al Debido Proceso en Sede Administrativa

El debido proceso también se aplica a lasrelaciones inter privatos, dado que las personasjurídicas de derecho privado, entre ellas, lasasociaciones, se encuentran sujetas a losprincipios, valores y disposiciones constitucionales,como cualquier ciudadano o institución (pública oprivada) que tiene la obligación de respetarlas,más aún cuando éstas ejercen la potestaddisciplinaria sancionadora.

Derecho al Debido Proceso entre privados

Por tanto, las asociaciones se encuentranobligadas a observar una serie de garantías,formales y materiales, de muy distinta naturaleza,cuyo cumplimiento garantiza que el procedimientoo proceso en el cual se encuentra comprendidauna persona pueda ser considerado como justo,tales como las manifestaciones de derecho dedefensa, doble instancia, motivación resolutoria uotro atributo fundamental, debiéndolo incorporar ala naturaleza especial de los procesos particularesque hubieran establecido.

Derecho al Debido Proceso entre privados

De ahí que el Tribunal Constitucional hayaestablecido que el debido proceso y losderechos que lo conforman rigen la actividadinstitucional de cualquier persona jurídica,entendido desde su dimensión o vertientefundamentalmente sustantiva, que exigerazonabilidad en la toma de decisiones yproscripción de todo comportamiento quedenote arbitrariedad.

Derecho al Debido Proceso entre privados

El debido proceso, como tal, presenta dosexpresiones: la formal y la sustantiva; en la decarácter formal, los principios y reglas que lointegran tiene que ver con las formalidadesestatuidas, tales como las que establecen el jueznatural, el procedimiento preestablecido, elderecho de defensa y la motivación; y en suexpresión sustantiva, están relacionados losestándares de razonabilidad y proporcionalidadque toda decisión debe suponer.

Derecho al Debido Proceso entre privados

Derecho de Defensa

Exp. Nº 0090-2004-AA/TC

Protege el derecho a no quedar en estado deindefensión en cualquier etapa del procesojudicial o del procedimiento administrativosancionatorio, que no sólo es evidente cuando seatribuye la comisión de un acto u omisiónantijurídica y la persona pueda ser oída o formularsus descargos; sino que se encuentra presenteen todas las etapas del proceso.

El debido proceso y los derechos que lo conforman,entre ellos, el derecho de defensa, resultanaplicables al interior de la actividad institucional decualquier persona jurídica, más aún si ha previsto laposibilidad de imponer una sanción tan drásticacomo la expulsión. Por tanto, si una entidad privadaconsidera que el demandante cometió alguna falta,se le debe comunicar por escrito los cargosimputados y otorgarle un plazo a efectos que puedaejercer cabalmente su derecho de defensa.

Derecho de Defensa

Exp. Nº 2192-2004-AA/TC

Puede establecerse, prima facie una similitud entre losprincipios de proporcionalidad y razonabilidad, en lamedida que una decisión que no se dicta sin respetar elprincipio de proporcionalidad no será razonable. En esesentido, el principio de razonabilidad sugiere unavaloración del resultado del razonamiento del juzgadorexpresado en su decisión, para llegar a dicho resultadoes necesaria la aplicación del principio deproporcionalidad con sus tres sub principios, adecuación,necesidad y proporcionalidad en sentido estricto oponderación.

Principio de Proporcionalidad

Por ello, cuando el Tribunal Constitucional seencuentra ante un conflicto de dos principiosconstitucionales, no sólo debe realizarse unejercicio argumentativo enjuiciando lasdisposiciones constitucionales en conflicto(ponderación) sino también debe evaluarselas cuestiones fácticas.

Principio de Proporcionalidad

El Decreto Legislativo Nº 276, en su artículo27º, establece que: “los grados de sancióncorresponde a la magnitud de las faltas, segúnsu menor o mayor gravedad (…) debiendocontemplarse en cada caso, no sólo lanaturaleza de la infracción sino también losantecedentes del servidor(…)”.

Principio de Proporcionalidad

Ello implica que la administración, almomento de aplicar una sanciónadministrativa, debe no solo realizaruna aplicación mecánica de normas,sino apreciar razonablemente loshechos en relación a quien los hubiesecometido.

Principio de Proporcionalidad

Una decisión en estos casos comprende:

A. Elección adecuada de las normas aplicables al caso y sucorrecta interpretación

B. Comprensión objetiva y razonable de los hechos querodean al caso, teniendo en cuenta la relación con susprotagonistas, confrontándolo con los antecedentes delservidor (conforme a la ley).

C. Una vez establecida la necesidad de la sanción, debetenerse en cuenta si la medida es la más idónea y de menorafectación posible a los derechos de los implicados.

Principio de Proporcionalidad

Derecho a un Juez Natural

Exp. Nº 1937-2006-HC/TC (Fundamento 2)El derecho del juez natural o juez predeterminado por ley,comporta dos exigencias:

1. Que quien juzgue sea un juez o un órgano que tengapotestad jurisdiccional:Así se garantiza la interdicción de ser enjuiciado por un juezexcepcional, o por una comisión especial creada ex profesopara desempeñar funciones jurisdiccionales, o que dichojuzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, oque cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse alconocimiento de un asunto que deba ser ventilado ante unórgano jurisdiccional.

2. Que la jurisdicción y competencia del juez seanpredeterminadas por la ley:

La asignación de competencia judicialnecesariamente debe haberse establecido conanterioridad al inicio del proceso, garantizándoseasí que nadie pueda ser juzgado por un juez expost facto o por un juez ad hoc.

Derecho a un Juez Natural

Exp. Nº 00981-2006-HC/TC (Fundamento 15)

Este derecho implica que quien juzgue sea unjuez o un órgano que tenga potestadjurisdiccional. De esta manera, se estágarantizando la interdicción de ser enjuiciado porun juez excepcional, o por una comisión especialcreada ex profesamente para desarrollarfunciones jurisdiccionales, o que dichojuzgamiento pueda realizarse por comisión odelegación.

Derecho a un Juez Natural

Con ello, se impide que cualquiera de lospoderes públicos pueda avocarse elconocimiento de asuntos que deban serventilados ante el Poder Judicial o antecualquiera de los órganos jurisdiccionalesespecializados que la Constitución haestablecido

Derecho a un Juez Natural

Derecho a un Juez Imparcial

Exp. Nº 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC (Fundamentos 48-65)

El derecho a ser juzgado por jueces imparciales nose encuentra reconocido expresamente en laConstitución. Ello, sin embargo, no ha impedido alTribunal reconocer en él un derecho implícito queforma parte de un derecho expreso. A saber, delderecho al debido proceso, reconocido en el inciso3) del artículo 139 de la Constitución.

Derecho a un Juez Imparcial

El contenido constitucionalmente protegido del referidoderecho está relacionado con aquello que el Tribunal haidentificado como las dos vertientes de la imparcialidad: lasubjetiva y la objetiva. La imparcialidad objetiva está referida a la influencia

negativa que puede tener en el juez la estructura delsistema normativo y/o institucional, restándoleimparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientesgarantías para desterrar cualquier duda razonable,encontrándose esencialmente vinculada al principio deindependencia funcional, que encuentra expresa menciónen el artículo 139, inciso 2) de la Constitución.

Exp. N.º 1480-2006-AA/TC (Fundamento 2)

Importa que los jueces expresen las razones objetivas quelos llevan a tomar una determinada decisión, éstas debenprovenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente yaplicable al caso, sino de los propios hechos debidamenteacreditados en el trámite del proceso.

Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de lasresoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretextopara someter a un nuevo examen las cuestiones de fondoya decididas por los jueces ordinarios.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

El análisis de si en una determinada resoluciónjudicial se ha violado o no el derecho a la debidamotivación debe realizarse a partir de los propiosfundamentos expuestos en la resolucióncuestionada, de modo que los demás mediosprobatorios del proceso en cuestión sólo puedenser evaluados para contrastar las razonesexpuestas, mas no pueden ser objeto de unanueva evaluación o análisis.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

Al juez constitucional no le incumbe el mérito dela causa, sino el análisis externo de la resolución,a efectos de constatar si ésta es el resultado deun juicio racional y objetivo donde se ha puestoen evidencia su independencia e imparcialidad enla solución de un determinado conflicto, sin caerni en arbitrariedad en la interpretación y aplicacióndel derecho, ni en subjetividades oinconsistencias en la valoración de los hechos.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

El derecho a la debida motivación de lasresoluciones judiciales es una garantía deljusticiable frente a la arbitrariedad judicial ygarantiza que las resoluciones no seencuentren justificadas en el mero caprichode los magistrados, sino en datos objetivosque proporciona el ordenamiento jurídico olos que se derivan del caso.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

Exp. N.° 05601-2006-PA/TC. FJ 3

“La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad”

El derecho a la motivación debida constituye una garantíafundamental en los supuestos en que con la decisiónemitida se afecta de manera negativa la situación jurídicade las personas. Toda decisión que carezca de unamotivación adecuada, suficiente y congruente, constituiráuna decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

El dictado de una sentencia condenatoria per se no vulneraderechos fundamentales, pero sí lo hace cuando dichafacultad se ejerce de manera arbitraria, es decir, cuando nose motivan debidamente las decisiones adoptadas y/o no seobservan los procedimientos constitucionales y legalesestablecidos para su adopción.

La arbitrariedad en tanto es irrazonable implicainconstitucionalidad. Toda sentencia que esté más próximaa la voluntad que a la justicia o a la razón; será obviamenteuna sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto,inconstitucional.

Derecho a la Motivación de las Resoluciones Judiciales

Los artículos 3º y 43º de la Constitución Política

presentan un doble significado:

a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparececomo el reverso de la justicia y el derecho.

b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparececomo lo carente de fundamentación objetiva; como loincongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir debase a toda decisión. Constituye deber primordial del Estadoperuano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechosfundamentales, interdictando o prohibiendo cualquier forma dearbitrariedad (artículo 44º, de la Norma Fundamental).

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

Exp. N.º 3943-2006-PA/TC

Se ha precisado que el contenido constitucionalmentegarantizado de este derecho queda delimitado en los siguientessupuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.

Se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuandola motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, yaque no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisióno de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, oporque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

b) Falta de motivación interna del razonamiento.

Se presenta en una doble dimensión:

1. Cuando existe invalidez de una inferencia a partir de laspremisas que establece previamente el Juez en su decisión

2. Cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre sepresenta como un discurso absolutamente confuso incapazde transmitir, de modo coherente, las razones en las quese apoya la decisión.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

Se trata, en ambos casos, de identificar elámbito constitucional de la debida motivaciónmediante el control de los argumentosutilizados en la decisión asumida por el Juez oTribunal; sea desde la perspectiva de sucorrección lógica o desde su coherencianarrativa.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.

El control de la motivación también puede autorizar laactuación del juez constitucional cuando las premisas delas que parte no han sido confrontadas o analizadasrespecto de su validez fáctica o jurídica.

La motivación se presenta en este caso como unagarantía para validar las premisas de las que parte elJuez o Tribunal en sus decisiones.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

d) La motivación insuficiente.

Se refiere al mínimo de motivación exigible atendiendoa las razones de hecho o de derecho indispensables paraasumir que la decisión está debidamente motivada. Sibien, no se trata de dar respuestas a cada una de laspretensiones planteadas, la insuficiencia sólo resultarárelevante desde una perspectiva constitucional si es quela ausencia de argumentos o la “insuficiencia” defundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que ensustancia se está decidiendo.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

e) La motivación sustancialmente incongruente.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones obligaa los órganos judiciales a resolver las pretensiones de laspartes de manera congruente con los términos en que venganplanteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones quesupongan modificación o alteración del debate procesal(incongruencia activa). El incumplimiento total de dichaobligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, odesviar la decisión del marco del debate judicial generandoindefensión, constituye vulneración del derecho a la tutelajudicial y también del derecho a la motivación de la sentencia(incongruencia omisiva).

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

Partiendo de una concepción democratizadora delproceso como la que se expresa en nuestro textofundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta unimperativo constitucional que los justiciablesobtengan de los órganos judiciales una respuestarazonada, motivada y congruente de las pretensionesefectuadas.

El principio de congruencia procesal exige que eljuez no omita, altere o se exceda en las peticionesante él formuladas.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad

f) Motivaciones cualificadas

Conforme lo ha destacado el Tribunal Constitucional, resultaindispensable una especial justificación para el caso dedecisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como productode la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentalescomo el de la libertad. En estos casos, la motivación de lasentencia opera como un doble mandato, referido a:

1. El propio derecho a la justificación de la decisión.

2. El derecho que está siendo objeto de restricción por parte delJuez o Tribunal.

Principio de interdicción o Prohibición de la arbitrariedad