Distribución funcional del ingreso Cecilia Lusnich

5/17/2018 Distribución funcional del ingreso Cecilia Lusnich - slidepdf.com

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1. Introducción

En Argentina aconteció, desde mediados de la década de los setenta, un proceso detransformación económica y social que se fue profundizado y culminó en los noventa con

la aplicación de un ambicioso plan basado en la apertura comercial y financiera, laprivatización de numerosas empresas, la flexibilización del mercado laboral y unareducción en la participación del Estado en el proceso económico. Los resultados de lainteracción de estas políticas1 tuvieron un profundo impacto en la economía, que mostrótasas de desocupación, pobreza e indigencia jamás registradas en nuestro país, siendo ladistribución del ingreso una de las variables más afectadas.

Las características y consecuencias de ese modelo confluyeron en un esquema recesivoa finales de 2001, provocando el fin de la Ley de Convertibilidad monetaria, conimportantes secuelas de crisis económica, política y social. Una de las más notables,luego de la corrida bancaria que desestabilizó al sistema financiero, fue la restricción a la

extracción de dinero en efectivo de fuentes bancarias (medida que se conoció comoCorralito). En 2002, y en parte por la devaluación que adoptó el país luego del default dela Deuda Externa (pública y privada), casi el 60% de la población pasó a ser pobre entérminos de sus ingresos económicos y el producto bruto interno a precios corrientes de268.697 millones de dólares en 2001 se redujo casi un 64% a fines de 2002. En el periodorecesivo y posterior crisis ( junio de 1998 a 2002 inclusive), éste sufrió una perdida del19,5% acumulada, registrándose el mayor descenso en el último año de la crisis con undecrecimiento del 10,9%.

Una de las principales secuelas que dejó la crisis del modelo fue el aumento de la

inequidad en la distribución de la riqueza en comparación con los demás países de América Latina, quedando al descubierto a través de los alarmantes datos estadísticosque “…explícita o implícitamente el nuevo modo de desarrollo utilizó como medios oinstrumentos intensificadores del trabajo, el disciplinamiento productivo de lostrabajadores, el control de los procesos de trabajo, la precarización del empleo y laintroducción de diversas modalidades de flexibilización. El resultado de estas políticas fueun desempleo y subempleo masivos, el incremento de la informalidad, la precarización delempleo junto con una mayor desigualdad entre los deciles de ingresos de los más ricos ylos más pobres y la reducción de los ingresos reales de los trabajadores, que en grancantidad quedaron por debajo de la línea de pobreza a pesar de trabajar (working poors)…” (Neffa, 2008:303)

1 Los programas de ajuste estructural comprendieron medidas estabilizadoras, que reducen la demanda ymedidas estructurales, que actúan sobre la oferta. Las políticas de estabilización procuraron corregir los

principales desequilibrios macroeconómicos, tales como el déficit fiscal, el déficit en la balanza de pagos y lainflación; esto mediante políticas restrictivas del gasto y la demanda interna. Por su parte, las políticas deajuste estructural buscaron generar condiciones para el crecimiento económico, mediante la promoción de lainiciativa privada y el sector externo de la economía. Las políticas de ajuste estructural también promovieronlos procesos de liberalización, privatización y desregulación de los mercados.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Convertibilidad

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La racionalidad política keynesiana caracterizada por: a. el empleo asalariado estable,regulado y remunerado, con capacidad de ahorro, b. los sistemas de protección socialentendidos como una extensión de la relación salarial (salario indirecto) y c. la unidadfamiliar como institución que vehiculizaba el acceso a bienes y servicios que provienentanto de la remuneración del empleo como de las prestaciones sociales, trocó hacia el

pasaje de una racionalidad política de orden neoliberal la cual introduce: a. cambiosradicales relacionados con el trabajo tanto a nivel tecnológico como en las formas decontratación; b. nuevas formas de gestión de los riesgos basadas en estrategias deresponsabilización individual; c. cambios en valores culturales y transformaciones en losmodelos de reproducción.

Estas profundas transformaciones acarrearían efectos de largo plazo en la configuraciónde lo social, de lo económico de lo político, de lo cultural, etc. Al respecto Wacquantdescribe incluso para el “primer mundo occidental” que: “… por debajo de la erosión de lacapacidad integradora de la relación salarial, cada uno de los elementos de seguridadestipulados por el contrato social fordista-keynesiano ha quedado erosionado o convertido

en objeto de ataques frontales: la seguridad del empleo…, la seguridad en los ingresos…y la seguridad del trabajo. En suma las raíces estructurales de la incertidumbre económicay de la precariedad social se han ramificado y extendido tanto en la superficie como en loprofundo” (2007: 272).

Más allá de las diferentes posturas e intensos debates a nivel académico, tanto en lasCiencias Sociales en general como en la reflexión sociológica y económica, se delineacierto consenso en nuestro país acerca de un conjunto de procesos y problemáticasvinculados al tema de este trabajo que podríamos resumir en tres grandes núcleos:

En primer lugar, la distribución del ingreso se ha vuelto más regresiva desde mediados dela década del setenta, pero su regresividad se ha profundizado en la última década. Eneste sentido, el coeficiente de Gini llegó al valor de 0.534 en Mayo de 2002, y la Argentinavidenciad dos fenómenos: hay cada vez más pobres y menos ricos; y estos últimos soncada vez más ricos mientras que los pobres son cada vez más pobres (Santarcángelo,2005; Lindenboim, 2005; Lindemboin et al, 2005; Lindemboin, 2008; Beccaria y Maurizio;2008). En segundo lugar, el gasto público parecería tener un efecto progresivo entérminos de ingresos, aunque su carácter pro-cíclico, su nivel de concentración, lapreponderancia de las instituciones de “seguro social” por sobre los sectores sociales, ylas eventuales ineficiencias del Estado agregan ciertas dudas sobre su “real” nivel deimpacto (Klisgberg, 2005; Lindemboin, 2005; Lindemboim, 2008; Barbeito y Lo Vuolo,

2002). Finalmente, es posible afirmar que la gravedad de la crisis argentina en materia dedistribución del ingreso, sumada al efecto regresivo que tienen los impuestos, resulta undesafío de proporciones para un gasto social que muestra fuertes contradicciones enmateria distributiva. El rol del Estado y de las políticas estatales quedan, desde este puntode vista, profundamente interrogados (Ramos, 2003; Lo Vuolo, Barbeito, Pautassi yRodríguez, 1999; Barbeito y Lo Vuolo, 2002; Neffa, 2008; Montero, 2004)



2. Principales aspectos conceptuales

Javier Lindenboim, en su libro El reparto de la torta (2005), inscribe la temática de ladistribución del ingreso a partir de una serie de postulados o elementos básicos: a) la

pobreza se vincula de forma indisoluble no solamente con el desempleo (la inexistenciade un ingreso laboral) sino con el nivel de ingresos de los ocupados; b) ocupación ydesocupación están determinadas tanto por las características de la oferta de fuerza detrabajo como de las características de la demanda; c) la manera en que se distribuye lariqueza y su destino no son aspectos posteriores a la producción sino un elementointrínseco de ésta. La tesis central que propone alude a que la desocupación y la pobrezaexpresan las dificultades o problemas que la población encuentra para participar de lacreación y de la apropiación de la riqueza; tales dificultades no son autónomas oindependientes ni naturales, son la consecuencia de la forma en que la sociedad organizasus relaciones en el plano económico, incluyendo la política económica.

Siguiendo a Lidenboim (2005), la distribución del ingreso se enmarca, así, en lacomplejidad del proceso productivo capitalista, complejidad que no solamente refiere a losaspectos de orden tecnológico sino, además, a los aspectos económicos y sociales, lasformas específicas de relaciones económicas y sociales que se dan bajo este modo deproducción. Tomando en cuenta las tres caras del proceso productivo capitalista(producción, gasto e ingreso) el autor propone una mirada integral en función de la cual“…más allá del uso o aplicación de aquello que se produjo, es su valor lo que puede`repartirse´ entre los factores de producción, esto es, esencialmente, entre el capital y eltrabajo. Este reparto es lo que se denomina distribución funcional del ingreso . En lo quehace al factor trabajo, su percepción depende del número de trabajadores y de su

remuneración media. El proceso económico es el que determina - en primer término – laposibilidad o no de formar parte del mundo productivo, básicamente a través del mercadode trabajo. Al mismo tiempo, es el que regula la forma en que ese producto social esdistribuido hacia el interior de la sociedad que lo generó… La acción estatal puede y debecontrolar tal proceso de creación de bienes y el respectivo mercado de trabajo. Y puedehacerlo en beneficio de los integrantes más débiles o no. Lo que resulta claro es que nadaes fortuito, nada es natural ”. (Lindenboim, 2005:33)

Por otra parte, las investigaciones y avances teóricos y metodológicos desarrollados por el CEPED en los últimos años han tenido como uno de sus objetivos principales dar elpaso inicial para la recuperación del estudio y debate sobre la distribución funcional del

ingreso2, en tanto ésta permite dar cuenta de ciertos aspectos que a la distribuciónpersonal le son absolutamente ajenos, si bien la relación planteada entre uno y otro

2 “… en nuestro país el análisis de la distribución del ingreso se ha concentrado crecientemente, desdemediados de la década del setenta, en la denominada distribución personal, desplazando así a la, por entoncesmás usual, distribución funcional del ingreso, esto es, aquella asociada a los servicios de los factores

productivos o, dicho en otros términos, a la propiedad de la fuerza de trabajo, por un lado, y de los medios de producción, por el otro” (Graña, Kennedy y Pissaco; 2005: 4).



indicador de la distribución del ingreso es de estricta complementariedad y no deexclusión (Lindemboim et al, 2005; Graña, Kennedy, Lindenboim y Pissaco, 2005)

Uno de los núcleos de los debates actuales acerca de la temática reside,consecuentemente, en la definición o visión acerca del proceso productivo de la cual se

parte y, en contrapunto con las visiones neoclásicas tradicionales, tener en cuenta que setrata de la “distribución” en un proceso de producción capitalista que, por definición, esintrínseca y estructuralmente inequitativa o desigual: “…es en cierto sentido cuestionableque la distribución funcional del ingreso tenga como objetivo, en sí misma, ser una medidade la equidad distributiva. ¿Para qué sirve, entonces, dicha distribución? Para comenzar aresponder, creemos necesario destacar que, más allá de la forma de organización delproceso productivo, en toda sociedad la distribución del ingreso está íntimamenterelacionada con la forma en la cual los hombres se insertan en aquel proceso. En suforma más general, en las sociedades capitalistas (en tanto forma particular deorganización de la producción y el consumo) una parte de la población es poseedora delfactor capital (o medios de producción), en tanto que el resto, separado de éste último,posee únicamente el factor trabajo (o fuerza de trabajo), de modo que la formacaracterística de la distribución del ingreso se verifica entre patrones y trabajadores. Estono niega, de ningún modo, la presencia tanto de los cuentapropistas (como forma especialde inserción en el proceso productivo) como del Estado, en su rol de garante delfuncionamiento del capitalismo y redistribuidor del ingreso generado en la producción(esto es, la distribución secundaria del ingreso, diferente de la primaria, que indica ladistribución previa a dicha redistribución).” (Graña y Kennedy, 2006: 5)

De esta manera, la distribución funcional del ingreso y la personal (conjuntamente con laasociada a los grupos económicos) centran su mirada en distintos momentos del proceso

de apropiación; en términos distributivos, mientras que la mirada unilateral sobre ladistribución funcional del ingreso poco diría respecto de las grandes heterogeneidades alinterior de los asalariados y del rol del Estado como redistribuidor, al considerar en igualescondiciones a la distribución personal nos encontramos simplemente con una distribuciónde frecuencias desprovistas de un contenido concreto en cuanto a su génesis y, por lotanto, de su determinación principal.3

En otras palabras, uno de los principales aportes del esquema tanto teórico comoempírico que propone el CEPED radica en pensar a la distribución funcional del ingresointentando captar como se distribuye lo generado en la producción entre los individuosdependiendo de cual sea su posición en aquel proceso social. Esta apreciación es tan

general a la naturaleza del hombre que la propia vida humana no sería concebible sin laproducción de valores de uso y, por tanto, sin el despliegue de actividades productivas

3 La especificidad histórica de la distribución funcional implica que la distribución personal no lo es. Es decir aquella que estudia que porcentaje de la riqueza social se apropia cada individuo u hogar es genérica en tantono reconoce la forma particular de la producción social actual puede aplicarse a cualquier sociedad sea del

pasado, del presente o del futuro.



sobre la naturaleza. Es, por lo tanto, totalmente independiente de toda forma social deorganización. Sin embargo, en la sociedad capitalista, el trabajo total de la sociedad tienela forma concreta de trabajos privados independientes, esto es, la producción de aquellosvalores de uso se da en unidades en las cuáles la decisión de qué, cómo y cuántoproducir es tomada “libremente”. Así, el producto resultado de ese proceso solo cuenta

como tal si es producto para otros. En este sentido, sólo se presenta como riqueza adistribuir aquella que puede obtenerse mediante la compra, o sea aquellos productos a losque se les reconoce socialmente el trabajo realizado privadamente; la riqueza a distribuir es únicamente la que toma la forma de mercancías y éstas son, en esta forma social deorganización, producidas por el trabajador contratado por el capitalista (Lindemboim,2005; Lindemboim 2008; Graña, 2007).

Sin embargo, los factores productivos no serían nada en sí mismos si no se los pone en elmarco de la relación social en la cual se insertan. En la teoría económica marxista, entanto una cara de la producción es la obtención de valores de uso, las fuerzas productivascumplen una función material. Sin embargo, estos interesan en esta sociedad como

portadores de plusvalor, por ende los factores productivos cumplen en el proceso devalorización una función que va más allá de aquélla. Una parte del capital se materializaen medios de producción (capital y tierra -o materias primas- para la teoría neoclásica),cuyo valor es conservado y transferido al producto. La otra parte del capital se materializaen fuerza de trabajo, la cual crea nuevo valor, en un cantidad superior a la que ella mismaencierra, constituyendo así la fuente de la valorización. Para lograr esta valorización elcapital debe desembolsarse en objetos materiales diferentes, del cual sólo uno de ellostiene la capacidad de crecer cuantitativamente y así valorizar al capital en su conjunto. Sise considera únicamente el aspecto material de la producción, no se podrá ver más queel despliegue de una determinada actividad física e intelectual destinada a un fin, la

actividad misma del obrero en la fábrica, de modo que no se podrá plantear otra cosa queno sea que el salario paga lo correspondiente por este “servicio”.

“En resumidas cuentas, en el capitalismo la producción de valores de uso se realiza bajola forma concreta del proceso de valorización, de modo que su objetivo no es la abstractasatisfacción de necesidades humanas sino la generación de plusvalía. En este proceso,los objetos materiales del proceso de trabajo cumplen funciones específicas: mientras quela parte del capital desembolsado en medios de producción (medios de trabajo, tierra ymaterias primas) es conservada y transferida al valor del producto (capital constante), laparte materializada en fuerza de trabajo crea nuevo valor (capital variable), que valoriza alcapital en su conjunto. Así las cosas, aquí no hay ningún “aporte de los factores

productivos” ni, por tanto, “productividad total de los factores”, sino que los elementosmateriales se ponen en relación para incrementar la productividad del trabajo. De estaforma, la distribución funcional del ingreso no expresa otra cosa que la proporción que deltotal del valor creado corresponde al valor de la fuerza de trabajo (la masa salarial) y a laplusvalía.” (Graña y Kennedy, 2006: 7)



Para lograr la valorización del capital, la forma más acabada de la producción de plusvalíase logra mediante el aumento de productividad, el cual no tiene otro sentido que lareducción del tiempo de trabajo necesario para la producción de las mercancías. Si éstasforman parte directa o indirecta del consumo de los trabajadores, el valor de la fuerza detrabajo se reduce (manteniéndose su salario real). Desde este punto de vista no existe

otra productividad que no sea la del trabajo, a la vez que nunca puede ser ésta la basepara los incrementos salariales, en tanto su contenido es su reducción.

Siguiendo el excelente relato elaborado por Graña (2007) en lo que hace a lainvestigación oficial sobre la distribución funcional del ingreso, ésta se inició en nuestropaís con un trabajo de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) publicado en el año1955 bajo el título: “Producto e Ingreso de la República Argentina en el período 1935-54” .Continuando esta línea, la siguiente investigación integral al respecto fue resultado de lasinvestigaciones generadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que,en 1975, publicó el “Sistema de Cuentas del Producto e Ingreso de la Argentina” ,cubriendo el período 1950 – 1973.

Una iniciativa conjunta de la CONADE y la CEPAL derivaron en la publicación, hacia1965, del trabajo “Distribución del Ingreso y Cuentas Nacionales en la Argentina” quepresentaba parte de los resultados después englobados en el trabajo del BCRA. Conposterioridad, la información oficial al respecto se volvió extremadamente escasa. Conposterioridad a 1975 existen únicamente tres estudios oficiales que intentaron suministrar datos con diverso éxito. En primer lugar, el BCRA y la Oficina Buenos Aires de la CEPALintentaron actualizar la metodología de las estimaciones de cuentas nacionalesajustándolas a las recomendaciones internacionales y aplicarla al período 1980–1987para continuar con los cálculos de allí en adelante, pero sus resultados no fueron

publicados de manera oficial y no se continuó su estimación.

En los años noventa, el Ministerio de Economía elaboró una actualización, si bienparcial, que incorporó parte de aquellos avances. Se contó así con datos para elquinquenio 1993-1997, pero no articulados como sistema (como sí había ocurrido con lapublicación del BCRA de 1975) ni tampoco comparables con las series preexistentes.Recientemente, la Dirección de Cuentas Nacionales volvió a presentar aquellos datos,ligeramente modificados en sus valores, incorporando una estimación hasta 2005, con lapromesa de actualizarlos de manera anual, nuevamente sin articulación ni posibilidadesde comparabilidad.

En cuanto a las investigaciones académicas o independientes, entre los mencionados por dicho autor, los trabajos más relevantes acerca de la temática han sido, entre otros, loselaborados por Orsatti (1982 y 1983) que analiza la distribución en el largo plazo, por laFundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE, 1983), por Beccaria y Orsatti paralos años 1970-1990 (Beccaria, 1991) y por Altimir y Beccaria (1999) para algunos añosde las décadas del ochenta y del noventa.



No obstante las dificultades que significa la ausencia de trabajos oficiales sistemáticos ysostenidos en el tiempo, en los últimos años el debate acerca de la distribución funcionaldel ingreso comenzó nuevamente a “aparecer en escena”. El Banco Central (BCRA,2004) ha realizado una estimación para el período 1994–2003 que ha sido recogida por laprensa y distintos funcionarios gubernamentales han referido en diversas oportunidades a

la necesidad y la intención de mejorar la participación del salario en el ingreso.Paralelamente, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizó sus propiasestimaciones para el período 2001-2005 (CTA, 2006) mientras que el Plan Fénix de laFacultad de Ciencias Económicas ha realizado y publicado sus proyecciones.

3. El coeficiente Gini y la desigualdad en Argentina

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad elaborada por el estadístico italiano Corrado Gini. Usualmente se lo utiliza para medir la desigualdad en los ingresos,pero también puede ser utilizado para medir cualquier forma de distribución desigual. Elcoeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfectaigualdad o equidad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfectadesigualdad o inequidad absoluta (una persona tiene todos los ingresos y los demásninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual alcoeficiente de Gini multiplicado por 100. Aunque el coeficiente de Gini se utiliza

específicamente para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse paramedir la desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una riquezaneta negativa (Medina, 2001)

El coeficiente de Gini se calcula como una razón de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz es A, y elárea por debajo de la curva de Lorenz es B, entonces el coeficiente de Gini es A/(A+B).Esta razón se expresa como porcentaje o como equivalente numérico de ese porcentaje,que es siempre un número entre 0 y 1 (Medina, 2001; Calva y Ahumada Lobo, 2007)

Los datos disponibles para Argentina indican que en los primeros años de la década del

cincuenta la pobreza involucraba en este período a no más del 3% de los hogaresurbanos. Entre 1953 y 1961, con la economía creciendo por encima de 2% anual por habitante, la desigualdad a nivel nacional aumentó moderadamente (alrededor de 5% delGini), pero algo más (10%) para los hogares no agrícolas. Las mediciones posteriores dela distribución del ingreso –sólo de cobertura urbana o metropolitana– trazan unpanorama de la desigualdad aproximadamente constante durante los años sesenta,época de un crecimiento económico significativo. Hacia 1970, la pobreza absoluta

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http://es.wikipedia.org/wiki/Italia

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abarcaba entre el 3 y el 4% de los hogares urbanos. Durante los años setenta ladesigualdad se amplió (aproximadamente 15% del Gini), especialmente en la segundamitad de la década, signada por la estabilización ortodoxa y reformas liberalizadoras(Altimir, 1986).

Durante décadas, nuestro país se diferenció del resto de los países latinoamericanos,entre otros aspectos, por una distribución menos inequitativa de la riqueza generadaanualmente. Los profundos procesos de polarización que se inician en los años 70 paraculminar a principios del siglo XXI en una radical transformación de la estructura social,ubican en la actualidad a la Argentina en una situación comparable a la de aquellospaíses que presentan la mayor concentración relativa del ingreso.

Cabe resaltar que si bien la desigualdad en la distribución del ingreso promedio (Índice deGini) muestra una disminución paulatina desde mayo de 2003, los valores actuales seequiparan con los registrados en el año 1993 o en el período 1995-1997, y que el quintoquintil (el 20% más rico) comienza luego del 2003 a perder participación. Sin embargo,

observando el Cuadro Nº 1 (Ver Anexo), la participación en el ingreso del primer quintil (el20% más pobre) persiste en niveles muy bajos y con una recuperación mucho más lentaque los quintiles correspondientes a los sectores medios. En pocas palabras, en uncontexto de recuperación económica y de mejoramiento de los indicadoresmacroeconómicos y sociales, los grupos poblacionales más pobres no han logrado salir de su situación de pobreza y/o indigencia.

4. La evolución de los salarios reales en Argentina

Por salario real se entiende, en la teoría económica, al salario expresado en medios devida y servicios de que dispone el trabajador; indica la cantidad de artículos de consumo yde servicios que puede comprar un trabajador con su salario nominal (en dinero). Lamagnitud del salario real es determinada por la dimensión del salario nominal y tambiénpor el nivel de los precios de los artículos de consumo y servicios. Por otra parte, el

salario nominal es el salario expresado en dinero, suma de dinero que percibe eltrabajador por la labor realizada. El salario nominal no proporciona una idea completa delnivel real del salario. Su verdadera magnitud depende del nivel de los precioscorrespondientes a los objetos de consumo personal, del valor de los servicioscomunales, del volumen de los impuestos, etc.

A nivel nacional la pobreza alcanzó, a comienzos del año 2002, al 57,5% de la población,la indigencia al 27,5% y la desocupación al 21,5%, todos niveles récord para el país. A



mediados de 2002 se comenzaron a vislumbrar signos de reactivación económica y desde2003 a 2007, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaronen torno al 9% (8,8% en 2003, 9% en 2004, 9,2% en 2005, 8,5% en 2006 y 8,7% en2007), en parte debido a una política económica de dólar alto destinada a favorecer lasustitución de importaciones, que ha incrementado la competitividad de la industria

argentina.

Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina y del INDEC, en 2007 el producto bruto interno en valor nominal fue de 812.072 millones de pesos a precioscorrientes equivalente a 260.578 millones de dólares, con un PBI per cápita nominal de6.621 dólares. En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económicade América Latina, superada por Brasil y México. Por otra parte y de acuerdo con losúltimos datos estimativos del FMI para 2007, si al PBI se lo considerara en paridad de poder adquisitivo alcanzó los 523.739 millones de dólares, en tanto que el PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de USD 13.308, es el segundo más alto de la

región detrás de Chile (CEPAL, 2008) .

El informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008” dela CEPAL destacó que, mientras en 2003 el 17,8 por ciento de la PoblaciónEconómicamente Activa argentina (personas que tienen entre 18 y 65 años) buscabatrabajo en forma persistente, en 2008 este porcentaje se redujo al 8 por ciento. Cabeaclarar que este indicador no incluye a la población rural ni a la porción de la PEA que nobusca trabajo porque piensa que no lo va a conseguir, pero que, en un escenario máspositivo estaría dispuesta a hacerlo (desempleo oculto)

Retomando las comparaciones regionales, Panamá fue el país latinoamericano que logró

el mayor éxito en materia de reducción de desempleo, al pasar de un nivel inicial del 17por ciento hasta uno final de sólo 6,5 por ciento. En términos porcentuales, el desempleoen el país centroamericano cayó un 59,1 por ciento entre 2003 y 2008. Por su parte,Venezuela fue el segundo país de la región con mejores logros en la lucha contra ladesocupación. Pasó de tener una tasa de desempleo del 18 por ciento en 2003 a otra de7,4 por ciento en 2008, totalizando una contracción del 58,9 por ciento durante esteperíodo. Contrariamente a los casos anteriores, México fue el único país latinoamericanoque experimentó un aumento de la desocupación en estos seis años, aunque siempre lamantuvo en niveles relativamente bajos. La tasa de desempleo mexicana ascendió de 4,6a 4,9 por ciento en el período 2003-2008. (CEPAL, 2008)

Sin embargo, el crecimiento real de los salarios no ha reflejado el desempeño económico.El análisis sobre la "Evolución de los salarios en América Latina, 1995-2006" de la OIT,plantea que tras estudiar las variaciones en el salario promedio real en 11 países de laregión para los cuales existen datos disponibles, se obtiene "un resultado bastanteinsatisfactorio".

Con respecto a la inflación, el mencionado estudio destaca que cuando es baja, losaumentos nominales de los salarios resultan en aumentos reales, pero cuando comienza









http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina

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a subir esos mismos salarios sufren "importantes pérdidas en su poder de compra". Trasun período de baja inflación a fines de los 90, hubo un resurgimiento en años recientes,principalmente por el aumento de precios en los mercados internacionales. El aumento enla oferta laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva, son considerados tambiéncomo elementos que han contribuido al desempeño insatisfactorio de los salarios reales y

el aumento de la desigualdad.

Como lo indica el Gráfico Nº 1, al final del período el salario promedio real en 11 paísesmuestra un resultado bastante insatisfactorio. Cinco países registran una pérdida real,siendo las más significativas las de Paraguay, Brasil y Uruguay, en ese orden, mientrasque Argentina y Panamá presentan pérdidas de menor magnitud. El caso de Costa Ricase podría considerar como de mantenimiento del nivel del salario promedio, ya queapenas creció 2% en 12 años. En Chile, México, Perú y Venezuela, el incremento real delsalario promedio rondó apenas el 1% al año. De los 11 países analizados, sólo en el casode Honduras se puede hablar de un incremento importante del salario promedio real, yaque fue del 2.9% al año.

A grandes rasgos son muy pocos los países de la región que experimentaron uncrecimiento económico sostenido durante todo el período (por ejemplo, Chile y Hondurasentrarían en este grupo, si bien a fines de los años 90 tuvieron un año de caída en elproducto). Son bastante más numerosos los países que registraron importantes crisis enla segunda mitad de los años 90 (México, Brasil, por ejemplo) y a comienzos de los años2000 (Argentina, Uruguay, por ejemplo). Sin embargo, la última parte de los años 2000 deeste período fueron sumamente favorables para la región en su conjunto, producto delaumento en los precios de los productos básicos que se producen en los distintos paísesde América Latina. Otra característica que habría sido relativamente favorable, desde el

punto de vista macro, es que la inflación se mantuvo en rangos bajos durante la mayor parte del período, aunque con una importante suba generalizada sobre el final del mismo.

Por lo tanto, desde el punto de vista macroeconómico, lo que parece haber sido decisivoen la evolución de los salarios durante este período es la ocurrencia de períodosrecesivos en la economía. Durante la recesión las empresas ajustan el empleo y lossalarios en forma bastante inmediata y simultánea, dentro de los márgenes de flexibilidadque presenta cada economía. La salida de la crisis, sin embargo, por lo general sigue unasecuencia en la cual primero se debe afianzar el crecimiento económico, seguido con unrezago por la recuperación del empleo y, finalmente, por un incremento de los salarioscuando la tasa de desempleo es más baja. La evolución de los salarios promedio en

América Latina muestra la dificultad que enfrentan los asalariados para recuperar susniveles de ingreso luego de una crisis.

El mencionado informe de la OIT además sostiene que durante el período 1995-2006 lospaíses de la región habían revalorizado el instrumento del salario mínimo, a partir de losincrementos registrados en su poder adquisitivo real. Si bien ésta es una medida de lavoluntad política de los distintos países para fortalecer los salarios de los trabajadores demenores ingresos, para saber si la misma fue efectiva es necesario contrastarla con



indicadores que reflejen su consistencia con el desarrollo de la economía, su relación conlas necesidades de los trabajadores y sus familias y con su cumplimiento. Aunque espositivo que el poder adquisitivo de un salario mínimo se incremente y que, de tal forma,cubra mejor las necesidades de un trabajador y de su familia, tal incremento no sería tanpositivo si fuera inconsistente con el desarrollo sostenido del país y si tal incremento

resultara en un incremento significativo del incumplimiento.

Un indicador posible de satisfacción de las necesidades básicas consiste la comparaciónentre el salario mínimo y la línea de pobreza por persona. En varios países el salariomínimo se encuentra bordeando la línea de la pobreza por persona. Tal es el caso deBolivia, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Uruguay. En el extremosuperior, el salario mínimo de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, y Paraguay seríasuficiente para una familia de 4 miembros con dos perceptores del salario mínimo. Quedaen claro, además, que ningún país de la región cuenta con un salario mínimo que asegureque una familia de 4 miembros supere el nivel de la pobreza con un solo perceptor delmismo. Por lo tanto, parece evidente que aún es necesario hacer esfuerzos sostenidos

para mejorar los niveles de los salarios mínimos en la región de forma que alcancen asuperar el piso básico de la línea de pobreza (Gráfico Nº 2).

Otro indicador relevante para evaluar la consistencia de una política de salario mínimo escontrastar su nivel con el de los salarios promedios en la economía. Si bien no es posibleestablecer una relación óptima entre el salario mínimo y el medio, no hay que perder devista que el salario mínimo debería cumplir el papel de piso de la escala salarial. Por lotanto, si el salario mínimo es muy bajo, será irrelevante en la determinación de los salariosen las empresas. Por otro lado, si es muy alto será de muy difícil cumplimiento y perderíael rol de piso para pasar a ser el salario efectivo en el mejor de los casos.

El Gráfico Nº 3 presenta la situación en 12 países de la región a mediados de los años 90y a mediados de los años 2000. Los cuatro países que a mediados de los 90 presentabanuna relación SM/Salario medio baja (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), a mediados delos años 2000 habían incrementado la relación a partir de políticas activas de salariomínimo. Entre los países donde la relación entre el salario mínimo y los salarios mediossuperaba el 50%, llama la atención el caso de Paraguay. A pesar que en este país lapolítica de salario mínimo seguida durante todo el período podría ser caracterizada comoneutra (básicamente compensando la inflación pasada), la relación SM/Salario medioregistró un importante aumento, producto del deterioro en los salarios en general en unperíodo de crecimiento económico bajo. Los otros países que muestran relaciones

SM/Salarios medios superiores al 50% son Ecuador, Panamá y Venezuela.

En el caso particular de Argentina, los salarios reales de los trabajadores registraron unaprofunda disminución en el primer semestre de 2002. En un marco de la profundarecesión y aumento de precios provocado por la brusca devaluación del peso, lossalarios se mantuvieron con muy pocas variaciones nominales. A partir del segundosemestre de 2002 el Nivel General de los salarios reales interrumpe su caída y se iniciaun ciclo de aumento en los salarios que se prolonga hasta el inicio del 2007. A partir de



ese momento la tendencia creciente de los salarios reales se revierte como consecuenciadel proceso inflacionario que comienza a erosionar el valor real de las remuneraciones delos trabajadores.

Un análisis más detallado de la evolución de los salarios reales revela diferencias

significativas entre los distintos segmentos del mercado de trabajo. El sector másbeneficiado durante el período fue el de los trabajadores formales del sector privado querecibieron inicialmente los sucesivos aumentos de suma fija y más adelante losincrementos establecidos en las negociaciones colectivas.4

El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) elaborado por el INDEC, muestra que entrediciembre de 2001 y marzo de 2008, los salarios del sector privado registrado habríanacumulado un aumento del 179,6%; los del sector privado no registrado, un 116,6%, y losdel sector público, un 93,4% (Gráfico Nº. De esta manera, se produjo un incrementopromedio del 141,3%. Mientras tanto, la evolución de los salarios nominales y para elmismo período, fue de un incremento del 279% para el sector privado registrado, del

216% para el sector no registrado, con un nivel general del241% (Gráfico Nº5)

Se evidencia, así, que la expansión del salario fue acompañada por incrementos en elcosto de vida. Considerando estimaciones propias de los índices de inflación de tresconsultoras privadas5 , los salarios reales de los trabajadores privados registrados seencontrarían más de un 14% por encima del nivel que alcanzaban hacia fines de 2001. Noobstante, tanto los empleados del sector público como los del sector privado no registradose ubicarían un 21% y un 11,5%, respectivamente, por debajo de los niveles previos a ladevaluación.

Si bien de acuerdo a las cifras elaboradas por el INDEC y el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social la remuneración bruta promedio del sector privado registrado ascendió a$ 2.539 en marzo, los niveles salariales interprovinciales mantienen una pronunciadaheterogeneidad.

En el Gráfico Nº 6 se observa que en marzo de 2008, las remuneraciones más altascorresponden a la región Patagónica ($ 3.291 en promedio). Las provincias quecomponen la región NOA (Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta y LaRioja), presentarían los salarios más bajos ($ 1.820 en promedio), donde Santiago delEstero es la provincia de menor remuneración con $1.708.

De este modo, entre diciembre de 2001 y marzo de 2008, se observa que los aumentossalariales son mayores que la inflación en las regiones de Cuyo, NEA, NOA, Patagonia yCentro, y por ende, se verifica un aumento del poder adquisitivo del ingreso medio

4 La caída sustancial en la tasa de desocupación y la relativa escasez de mano de obra, particularmente paraciertas calificaciones, fortaleció el poder de negociación de los trabajadores y sus organizaciones gremiales.

5 Se ha tomado, a efectos de realizar un contrapunto con los datos oficiales, especialmente los de INDEC, lasestimaciones elaboradas por las siguientes consultoras privadas: Ecolatina, Equis y Selconsultores.



asalariado, que alcanza un 19,3%, un 10,5%, un 9,4%, un 3% y un 1,8%,respectivamente. Por el contrario, la suba de precios en la región Pampeana supera alincremento salarial, generando una leve pérdida de poder de compra para lostrabajadores de Buenos Aires y la CABA, cercanos al -0,5 % (Gráfico Nº 7).

Las estimaciones y estudios privados plantean que la contracción del salario real setraduce como el ajuste automático que ejecuta el modelo para lidiar con las presionesinflacionarias y la inelasticidad de oferta, y dado que el consumo interno es el motor delcrecimiento, una reducción del salario real impactaría directamente en el nivel deconsumo privado doméstico, y luego, en el crecimiento económico.

“… ¿en qué sentido una variable como el salario real interesa en la produccióncapitalista? Además de las importantísimas cuestiones de moral y ética, resulta evidenteque la acumulación de capital gira en torno a la producción en tiempo y forma de unamercancía: la fuerza de trabajo. Ausente esta, ausente el objeto de la acumulación: laplusvalía. Se encuentra entre las necesidades del capital social reproducir a la mano de

obra con determinados atributos productivos, características que sólo pueden obtenerse-y conservarse en el tiempo- en base a un salario acorde con sus necesidades.Claramente la Argentina, dado el bajísimo nivel de salario real actual, continúa en laactualidad socavando la producción de una fuerza de trabajo calificada, lo cual abre elinterrogante sobre la situación futura de la clase obrera argentina. En este sentido, larecuperación de los ya históricamente deprimidos niveles de 2001 es una necesidadimperiosa (siendo que a fines de 2006 aún no se han podido ni siquiera recuperar talesniveles) pero que entra en contradicción con la forma concreta que toma actualmente elproceso de crecimiento argentino y que, además, no presenta dinámicas que escapen deesa lógica. Lejos de esas posturas sostenemos que el aumento salarial es una

herramienta central para forzar a los capitales individuales al crecimiento de la escala deproducción (como forma concreta del desarrollo de las fuerzas productivas). En esteproceso, la planificación estatal es absolutamente necesaria y, sin embargo, se muestra

-como evidente continuidad con el pasado- ausente.” (Graña y Kennedy, 2006: 11)

5. La distribución funcional del ingreso en Argentina

Como ya hemos señalado en el punto 2 de este trabajo, el abandono de la investigaciónen torno a la distribución funcional del ingreso y la falta de disponibilidad de informaciónoficial (inexistencia de un Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) articulado e integral), sealimentaron recíprocamente. El único trabajo que presenta tales características es el“Sistema de Cuentas del Producto e Ingreso de la Argentina” (BCRA, 1975), para elperíodo 1950–1973. Sin la forma de un SCN, con posterioridad, dos estudios



suministraron información al respecto: el trabajo conjunto entre el BCRA y la Oficina deBuenos Aires de la CEPAL, para el período 1980–1987 (CEPAL, 1991) y una publicacióndel Ministerio de Economía, para el lapso 1993– 1997 (MECON, 1999), completada por larecientemente aparecida “Cuenta Generación del Ingreso e Insumo mano de obra”,completando la serie hasta 2005 (MECON, 2006). Frente a esta ausencia desinformación

se han desarrollado a lo largo de los últimos años todo un conjunto de investigacionesindependientes.

En este contexto, en Lindenboim et al, (2005) se ha intentado reunir la información oficialy no oficial existente sobre participación salarial en el ingreso a lo largo del último mediosiglo, incluyendo las estimaciones propias del CEPED para el período 1993 – 2004, serieextendida hasta 2006. Si bien los autores destacan que las series no son comparablesentre sí, la tendencia de la participación asalariada en el ingreso desde mediados del siglopasado es claramente descendente, en tanto en cada una de aquellas la participaciónfinal es siempre inferior a la inicial. 6

Más allá de todas las dificultades de orden metodológico y comparabilidad de lainformación disponible, como bien advierte Javier Lindenboim en sus diversos escritosrecientes7, en primer lugar es posible destacar que si bien muchos de los indicadores hantenido históricamente un empeoramiento hasta llegar a las cifras (y realidad) alarmante delos años 2001 y 2002, la distribución personal del ingreso en Argentina nunca fueequitativa ni igualitaria.

La serie oficial para el período 1950-1973 es la que presenta la distribución más favorablea los asalariados, con un porcentaje promedio de apropiación que superó el 44 %. Dentrode la serie se observa que la crisis económica iniciada en 1951 determinó la caída en la

participación pero ésta fue compensada con una recuperación que superó el 50% en1954.Luego, y con las medidas adoptadas por la Revolución Libertadora y más tarde por Frondizi, la década del 50 termina con una disminución de 12pp (puntos porcentuales)entre extremos. Posteriormente y durante la gestión del Ministro de Economía A.

Alzogaray, la participación se mantuvo en un 38% hasta 1964 mostrando una granrecuperación durante el gobierno de A. Illia. En 1973 la participación salarial alcanzó un47%.

En la serie de la FIDE, se observa que a partir de 1975 y con el “Rodrigazo” y la políticaeconómica implementada durante el Proceso de reorganización Nacional, se inicia una

6 Lo que se observa es que la caída de la participación asalariada en el ingreso se explica no sólo por losincrementos de productividad no transferidos a salarios sino también por la reducción del CLUH, esto es, por la caída de su poder adquisitivo. El CLUH surge de deflactar el salario horario promedio por un índice de

precios representativo de la producción, esto es, el IPI. (Graña y Kennedy, 2008)

7 “El análisis de la evolución de largo plazo de la distribución funcional del ingreso a largo plazo requieredisponer de una serie homogénea que abarque el período en cuestión, por ejemplo el último medio siglo. Dadasu inexistencia, sólo pueden observarse las distintas series, oficiales e independientes, de las que disponemos,cuidando de expresarlas lo más homogéneamente posible de modo de permitir la comparación” (Lindenboim,2005 a: 40)



redistribución regresiva de la participación del trabajo sin antecedentes. La primera caída,en 1975, fue de 5 pp; las medidas de congelamiento salarial, contexto inflacionario yrepresión del accionar sindical derivaron en la reducción de la participación de otros 15pp.

La serie elaborada conjuntamente por el Banco Central y la CEPAL muestra que la

disminución en el bienio inicial de los años 80 fue de 10pp. Para el período 1987-1992, deprofundos deterioros económicos e institucionales y una etapa de hiperinflación sostenida,lamentablemente no existen datos que permitan llegar a conclusión alguna respecto de ladistribución funcional del ingreso.

La serie oficial de 1993-1997 muestra un marcado aumento respecto de la del BancoCentral-CEPAL, con una participación que habría sido del 40%. Sin embargo, este datofue disminuyendo progresivamente hacia el final de la serie.

Finamente, en la serie elaborada por el CEPED se puede observar una recuperación del35 al 38 % entre 1996 y 1999, una caída moderada en los años 2000 y 2001 y el

derrumbe en 2002 y 2003. Luego del 2001, la recuperación reciente es leve encomparación con la caída sufrida; de los 10pp que perdieron los asalariados entre 1993 y2003 hasta el 2006 habrían podido recuperar la mitad, llegando a una participacióncercana al 33%.

Dos grandes conclusiones se desprenden de este recorrido: 1) la tendencia de largo plazoen la distribución funcional del ingreso en nuestro país es evidentemente y profundamentedescendente, con algunos períodos sumamente desfavorables para la participación delsalario en el ingreso; 2) dentro de cada serie la situación final es peor que la inicial. Enpalabras de Lindenboin: “…mirando un lapso tan prolongado, no parece haber dudas

acerca de que los trabajadores en relación de dependencia han ido percibiendo unaproporción cada vez menor de la `torta´…Si bien hubo períodos de crecimientoeconómico, como el decenio de mediados de la década del sesenta hasta mediados delos setenta en donde el mejoramiento del producto fue acompañado por una mejor distribución, otros - como en los noventa- mostraron que el primero podía crecer y elreparto ser cada vez más inequitativo” (Lindenboim, 2005: 46)

6. Pobreza e indigencia



Diversos han sido los aportes de las distintas ciencias al estudio de la pobreza. Sinembargo, es significativo el predominio de los criterios economistas en el tratamiento deltema. La sociología por su parte, ha contribuido con numerosos trabajos al estudio deeste problema social en los que muestra ante la comunidad científica enfoques y métodosque resaltan la importancia de un acercamiento al fenómeno como proceso que incluye

tanto causas como efectos. Esta perspectiva coloca en el centro del análisis un grupo devariables que afecta en cierta medida la generación de ingresos, como son los factoresculturales y psicológicos. Asimismo privilegia las cuestiones subjetivas y valorativas quedan sentido a los comportamientos de los actores sociales. A partir del análisis de lascausas de la pobreza y de la exposición de los principales métodos para la identificaciónde los grupos con condiciones de vida precaria, se introducen los postulados de laperspectiva metodológica cualitativa y sus resultados de aplicación como alternativa parauna mejor comprensión de las múltiples manifestaciones de la pobreza.

En el debate científico de los últimos años (Iriarte, 1998; Montero, 2004; Ramos, 2003; LoVoulo y Barbeito 1998) coexisten diversas interpretaciones en torno a la influencia de la

globalización del capital y sus efectos sociales y económicos en los países en desarrollo.Los enfoques estructuralistas, en particular, señalan que las relaciones de dependenciaeconómica históricamente condicionadas entre los países en vías de desarrollo y los másavanzados, permiten esclarecer las causas de perpetuidad de la pobreza en estasregiones. Esa dependencia se considera una "situación condicionante" para los países envías de desarrollo, pues sus estructuras económicas y estilos de vida son orientados por los modelos de desarrollo diseñados en las naciones centrales. Los empleos precarios y mal remunerados no ofrecen recursos materiales y socialessuficientes para la sobrevivencia, compatibles con los patrones de vida predominantes.

Por consiguiente los bajos ingresos suelen limitar seriamente el consumo de bienes yservicios. En el caso de los desempleados, muchas veces no encuentran alternativasrealistas que les permitan elaborar estrategias de vida o lograr un nivel de integraciónsocial a las comunidades que pertenecen; por ello se colocan en condición de excluidos.Esta situación puede ser moderada en dependencia del perfil de inserción socio-familiar de los trabajadores más vulnerables. En esa misma línea, las redes de solidaridad, deapoyo familiar y comunitario no bastan para contrarrestar los efectos sociales negativosde los procesos económicos con un patrón de vida elevado y aspiraciones generalizadasde movilidad social ascendente. Las posibilidades de autosuficiencia solamente sonfactibles en familias de la clase media, con bienes propios, bien integradas a unaestructura social estable. Por su parte las familias con bajos ingresos viven excluidas de

las formas modernas de provisión de bienes de consumo.

En el caso particular de América Latina y como hemos destacado previamente, en lasdécadas del 60 y 70 se registraron tendencias decrecientes de la incidencia de la pobrezacomo resultado de los cambios económicos y sociales que experimentó la región. Elproceso de urbanización y la introducción de nuevos modelos de desarrollo económico enesos años incidieron en la disminución de la pobreza de un 51% a un 35%. No obstante



en los anos 80 comienza a evidenciarse un aumento significativo del porcentaje depersonas bajo la línea de pobreza que en 1989 fue de un 43% para alcanzar en los 90 un46% del total. Las políticas de ajuste económico de corte neoliberal creadas paraenfrentar la crisis, implicaron un intenso proceso de empobrecimiento de la población quealcanzó hasta las clases medias. La cifra de personas bajo el umbral de pobreza

establecido fue de 80 millones. (CEPAL, 2008; Kliksberg, 2005)

En las zonas urbanas se apreció un aumento relativamente constante de la pobreza, conrelación a las zonas rurales consideradas históricamente espacios más vulnerables quelas ciudades; estos cambios de incidencia del fenómeno indican un marcado proceso deurbanización de la pobreza, generado por los continuos éxodos de la población rural hacialas zonas urbanas. Sin embargo, es de señalar que la severidad del fenómeno fue muchomayor en las áreas rurales que en las urbanas.

Una de las vías más regulares de generación de ingresos es el empleo; aquellos sectoresque se desempeñen en empleos precarios o poco productivos o se encuentren excluidos

del mercado del trabajo por determinadas razones, clasifican como grupos en riesgo depobreza y de exclusión social. Sobre la base de esa definición pueden establecersedistintas clasificaciones:

. Desempleados, o en busca de empleos que no han podido ejercer a pesar de tener condiciones para ello.. Niños, jóvenes, ancianos, los que dependen económicamente de la población activa.. Personas con discapacidades físicas y/o psíquicas quedan excluidas de los centros deproducción.. Grupos vulnerables estigmatizados por la sociedad entre los que se encuentran mujeres

y minorías étnicas.

Difícil tarea es pretender mostrar una definición completa del concepto pobreza, debido ala variedad de enfoques para su abordaje y a la ausencia del consenso entre losespecialistas.

En la comprensión de los criterios teóricos para la clasificación de los sectores pobres hanprevalecido dos enfoques principalmente: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Lapobreza relativa explica que el bienestar de un individuo o familia no depende de su nivelabsoluto de consumo o gasto, sino del retraso del bienestar obtenido con relación a otrosmiembros de la sociedad. Es la situación de insatisfacción de necesidades básicas de

acuerdo con el referente social. La pobreza absoluta está compuesta por aquellaspersonas carentes de acceso a un consumo y a un gasto mínimo establecido para unnivel de desarrollo.

En el Informe para el Desarrollo Humano (1997), se añade a dicho concepto laperspectiva de la capacidad, la cual expresa la carencia de ciertas capacidades básicas,



ya sean personales y/o impuestas por las instituciones sociales, que permiten a laspersonas oportunidades de alcanzar niveles mínimos aceptables.

Resulta imprescindible aclarar que las capacidades permiten el aprovechamiento de lasoportunidades siempre y cuando las primeras entren en funcionamiento, es decir, cuando

los individuos las pongan en práctica. No obstante, a la relatividad intrínseca del concepto,prestigiosas organizaciones internacionales han confeccionado definiciones operacionalesde pobreza. En conjunto mantienen un criterio común donde se asocia la pobreza a laprivación y/o insuficiencia en el nivel de vida de las personas respecto a un nivel dedesarrollo (PNUD, 1997).

La privación humana se ha definido como un "síndrome situacional" que puedeexpresarse en diversas modalidades: infraconsumo, desnutrición, precarias condicionesde la vivienda, bajos niveles educacionales, deficientes condiciones sanitarias, insercióndeficiente en las estructuras productivas, actitudes de anomia, conductas diferenciadas ono acatadas por el resto de la sociedad, y deficiente integración social.

En la actualidad, para identificar sectores de la población mundial en situación de pobrezase utilizan generalmente los métodos siguientes: necesidades básicas insatisfechas (NBI)o método directo, línea de pobreza, método integrado e índice de desarrollo humano. ELmétodo directo o de necesidades básicas consiste en verificar si la población objeto deestudio no satisface alguna necesidad básica de consumo y de bienes de servicios deacuerdo con las concepciones y normas establecidas en cada país. Son ejemplos denecesidades que siempre se verifican como necesidades básicas insatisfechas: lavivienda, el saneamiento, el abasto de agua potable, los servicios de salud y de educaciónentre otros componentes de la infraestructura básica de un país. En el Informe del PNUD

Argentina (2005) quedó establecido que aquellos hogares o personas con al menos unanecesidad básica insatisfecha bastaba para ser considerados en estado de pobreza.

El enfoque de las necesidades básicas manifiesta algunas limitaciones metodológicas quese expresan a continuación:

. La definición de los mínimos de bienestar encierra un alto grado de subjetividad.

. La clasificación de un hogar en estado de pobreza a partir de un indicador no permiteconocer la insatisfacción de otros indicadores.. No tiene en cuenta las diferencias culturales urbanas y rurales.. No permiten la localización de los hogares que experimentaron procesos de movilidad

social descendente y se convirtieron en nuevos pobres. Son estigmas de la nuevapobreza los hogares que cubren alguna necesidad básica y, sin embargo, presentannuevas carencias críticas.

Muchas de las limitaciones del método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)también residen en sus fuentes de información -los censos de población y de vivienda-;ellos sólo captan características de la población en un momento dado y restringen la



incorporación de otras cualidades que excedan el diseño original. Entre las ventajas mássignificativas que se le confiere a ese método se destaca la posibilidad de alcanceespacial en cuanto a localización de grupos en situación de pobreza en aquellas zonasmenos pobladas, permite la confección de los mapas de pobreza (Iriarte, 1998).

En el caso del método de la línea de pobreza o método indirecto se mide la pobreza apartir del cálculo de un ingreso mínimo per cápita para cubrir el costo de la canasta básicade consumo compuesta por una canasta alimentaria y otra de bienes y servicios. Loshogares que solo logran satisfacer la canasta alimentaria son clasificados en pobrezaextrema o indigencia. Al respecto, es necesario reconocer que los costos de la canastabásica han sido calculados sólo para las áreas urbanas teniendo en cuenta que en laszonas rurales esos productos se obtienen por la vía del autoconsumo. La canasta básicade alimentos se define como los requerimientos nutricionales mínimos de la poblacióncontemplando sus hábitos de consumo predominantes, disponibilidad de los alimentos enel mercado y los precios mínimos. En la misma línea se considera que la canasta debienes y servicios resulta necesaria para el desarrollo de los individuos en una sociedad.

En concordancia con lo planteado surgen algunas cuestiones fundamentales. Primero lasumatoria de los costos de ambas canastas determina la línea de pobreza, debajo de eselímite se concentra la población con ingresos insuficientes para la satisfacción de susnecesidades. También se puede determinar la línea de indigencia u hogares cuyosingresos son tan insuficientes que no le permiten satisfacer los requerimientosnutricionales mínimos.

Es posible sostener que el método de la línea de pobreza hace una medición coyunturalde las privaciones si se tiene en cuenta que la carencia de ingresos son generalmente

consecuencias de los movimientos económicos de corto plazo, no obstante cuando seprolonga esa situación, las personas son conducidas inexorablemente a la indigencia opobreza extrema.

Por esa razón tales medidas tradicionales se consideran complementarias para laidentificación de los sectores en situación de precariedad. Existen resultados (Montero,2004) donde se combinan ambos métodos y al que se le ha denominado métodointegrado de la pobreza en el que se conciben cuatro grupos.

. En estado de pobreza crónica se encuentran los pobres por ambos métodos.

. En pobreza reciente, se clasifican los hogares con ingresos por debajo de la línea y queestablecen o presentan dos o más necesidades básicas insatisfechas.

. Con pobreza inercial se encuentran los hogares con ingresos superiores a la línea perocon carencias severas en la satisfacción de las NBI.

. Los hogares no pobres están integrados a la sociedad.



Consideramos que la validez de una metodología u otra depende no sólo de laidentificación de la pobreza a partir de una variable u otra, sino que sugiere la necesidadde comprender los procesos de empobrecimiento en la población.

Otro de los intentos por comprender las causas y características de la pobreza aparecereflejado en el informe de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano de 1990 de dondese introdujo una nueva perspectiva metodológica que parte del concepto de desarrollohumano. En esta perspectiva se retoman los planteamientos de A. Sen (1995) paradeterminar la situación de pobreza de los individuos y de las familias, la tesis central deeste autor hace énfasis en la importancia de las capacidades básicas para funcionar quedependen en muchas ocasiones de las circunstancias personales y sociales que incluyenedad, género, medio ambiente, servicios públicos, entre otras. El funcionamiento de esascapacidades permite a los individuos alcanzar un nivel de vida digno y participar en la vidasocial. En la definición de Naciones Unidas aparece el desarrollo humano como unproceso de ampliación de las oportunidades de las personas haciendo énfasis en el

acceso masivo a cuestiones elementales para tener un nivel de vida tolerable. Entre lasmás importantes se encuentran: el acceso al conocimiento, vivir una vida larga ysaludable, tener acceso a un conjunto de recursos que permita alcanzar el bienestar. Seañaden a las anteriores las opciones de libertad política y la garantía de otros derechoshumanos. Con el propósito de operacionalizar el concepto de desarrollo humano, elPNUD propuso la evaluación del desarrollo a través del cálculo de un índice de desarrollohumano compuesto por tres variables: esperanza de vida, educación -promedio de añosde estudio-, y el ingreso per cápita (PIB per cápita). En coherencia con este índice, elinforme de 1997 presentó el índice de pobreza en el que se agrupan las diferentescaracterísticas de la privación de la calidad de vida y el grado de pobreza de una

comunidad. El informe reconoce otras formas en que se puede afectar la vida humanacomo son: la falta de libertad, la incapacidad para participar en la toma de decisiones y enla dinámica de una comunidad, la falta de seguridad personal y similares; no obstanteseñala que el Indice de Desarrollo Humano (IDH) como medida particular no abarca estasdimensiones.

En lo que respecta a la evolución de los indicadores de pobreza e indigencia en nuestropaís, la Canasta Básica de Alimentos que se calcula en base al IPC (Índice de Precios alConsumidor), sirve para establecer dicho índices, que en el primer semestre de 2007fueron del 23,4% y del 8,7% respectivamente, aunque debido a las cuestionadametodología aplicada por el instituto desde aquel año, tanto técnicos del INDEC8 como

8 Según datos del INDEC, la inflación alcanzada en 2007 fue del 8,5%, inferior a las registradas en 2005 y2006. Sin embargo debido a la polémica generada debido al recambio de autoridades dentro de esteorganismo en 2007, llegó a punto tal que los mismos técnicos del instituto denunciaron la manipulación dedatos del Índice de Precios al Consumidor por parte de las nuevas autoridades nombradas por el gobierno. Ladiscordia interna que se generó, creó una falta de confianza en los índices publicados, ya que consultoras

privadas argentinas sostuvieron que la inflación real en todo el año fue más del doble que la publicada (entre17% y 18% o incluso superior al 20%); además los mismos empleados del organismo en pugna con lasautoridades sostuvieron que en 2007, el índice llego al 26,2. Las causas de la actual inflación se traslucen en:el efecto indirecto de la suba de los precios de los productos argentinos exportables -básicamente, productos

http://es.wikipedia.org/wiki/IPC



http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n








http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n











consultoras privadas sostienen que estos guarismos serían superiores a los oficiales. Eldesempleo en el cuarto trimestre de 2007 se halló en un 7,5%, incluyéndose abeneficiarios de planes sociales como “empleados”. El índice se eleva al 8,1%,excluyendo a beneficiarios de planes sociales como “empleados”. El subempleo, en tanto,se situó en un 9,1%. Sin embargo, estos indicadores lograron reducirse en forma

sustancial desde 2002 con valores de pobreza cercanos al 60% y desempleo del 21,5%en el momento crítico de la crisis.

Los resultados de la incidencia de la pobreza y de la indigencia en hogares y personaspara el total de aglomerados urbanos, correspondientes al 1º semestre de 2007 reflejan,de acuerdo con la información que surge de la Encuesta Permanente de Hogares, lacontinuidad de la tendencia descendente de las tasas que se inicia en el 1º semestre de2003. En tanto en el año 2003 la pobreza alcanzaba al 22,3 % de los hogares y laindigencia al 20, 4%, en el año 2007 esos porcentajes se habrían reducido al 10,6% y5,7% respectivamente (Gráfico Nº 8 y Gráfico Nº 9). Medidas la pobreza y la indigenciaen personas, en el Gráfico Nº 10 se observa que la primera alcanzaba a poco más del

26% de la población de nuestro país y la indigencia a casi el 28% de las personas. Estosdatos, y siempre siguiendo la información oficial, sufrieron un mejoramiento drástico en ellapso de los cuatro años considerados. El Gráfico Nº 11 muestra que la incidencia de lapobreza en el año 2007 alcanzaba al 15,2% de la población mientras que en situación deindigencia se encontraban el 8,2% de las personas (Gráfico Nº 11)

Luego de casi un año y medio de intervención del INDEC se produce el anuncio de unnuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Durante este período, se avanzó en laafectación de uno de los principales indicadores producidos por tal instituto, el IPC-GBA ypor consiguiente de su versión nacional (IPCN). En este escenario, es importante hacer

un repaso de las consecuencias de lo ocurrido desde enero de 2007 hasta marzo de esteaño para mostrar el por qué del desprestigio de los actuales índices, lo que ensombrece elpanorama del anunciado reemplazo:

“Como se sabe, la variación acumulada de precios desde diciembre de 2006 hasta igualmes del año pasado mostrada por el IPC-GBA y el IPCN fue de un 8,5% y de un 10%respectivamente, cifras que no sólo están alejadas de la realidad sino también de los

commodities - que repercutió en el incremento en los precios de los alimentos; el aumento de salarios que provocó una explosión en el consumo interno, más un peso devaluado -eje de la política económicaimplantada en los últimos años-, sumado a la suba del gasto público que potenció la demanda privada,enmarcándose esto en un crecimiento del PBI ininterrumpido de más de cinco años a tasas de casi el 9%.

También hay factores estacionales como el faltante de frutas y verduras, debido a los cambios climáticosocurridos en el invierno de 2007 (nieve en Buenos Aires). Los expertos sostienen además, que el actualmodelo económico impulsa el consumo y que la inversión no llega a crecer al mismo nivel. Como paísexportador de alimentos se han intentado llevar a cabo medidas para frenar el proceso inflacionario como elaumento de impuestos a las exportaciones de productos alimenticios (retenciones móviles de acuerdo al

precio internacional de las commodities que generaron una disputa creciente entre el gobierno y las organizaciones agropecuarias que a la fecha no se ha zanjado), energéticos, así como acuerdos de precios(supermercados) y subsidios en varios productos y cadenas comercializadoras.

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo


http://es.wikipedia.org/wiki/Commodities

http://es.wikipedia.org/wiki/Cierre_patronal_agropecuario_en_Argentina_de_2008


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demás índices existentes. En este sentido, es interesante -como primer paso- analizar elIPCN. Según su metodología vemos que la canasta del GBA tiene una participación decasi el 60% en el total del índice, por lo que es relevante examinar otros sieteaglomerados que integran el citado indicador; cinco de ellos (Catamarca, Córdoba,Rosario, Santa Fe, Tucumán,) tuvieron una inflación anual que promedió el 12%; en tanto

que los dos restantes, San Luís y Mendoza registraron una variación considerablementesuperior, el primero sufrió una variación anual del 21,5% y en el segundo la misma fue del21,7%, esto si se toman los datos dados a conocer por la Dirección de Estadística eInvestigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza para los meses de agosto, septiembre yoctubre en lugar de los publicados por el INDEC…Durante 2008 la diferencia continuócreciendo y en marzo la brecha entre los dos índices fue de 65 p.p. … la inflaciónacumulada desde diciembre de 2006 hasta marzo del corriente año mostrada por el IPC-GBA y el IPCN fue de tan solo 11,2% y 13,6% en tanto que la registrada por el Índice dePrecios del Interior fue de 34,9%, y en los casos particulares de San Luís y Mendoza fuerespectivamente del 31,9% y del 25,9%.” (Lindemboim y Müller, 2008:4)

A efectos de ejemplificar las dificultades que implican las manipulaciones de lainformación, tomamos los indicadores elaborados por tres consultoras del ámbito privadoy de cuyo promedio surgen índices de pobreza e indigencia muy opuestos a los oficiales.En el Gráfico Nº 12 se observa que para el año 2003 las estimaciones privadas no sealejan de las oficiales. Contrariamente, para el año 2007 los índices privados distansignificativamente de los elaborados por el Indec: la población en situación de pobrezallega a casi el 21 % y las personas en situación de indigencia al 11,2% (Gráfico Nº 13).

Los efectos de las distorsiones que se han introducido en la representatividad de losprecios que se utilizan oficialmente para la estimación de la Canasta Básica y de la

Canasta Alimentaria se trasladan consecuentemente en forma directa a la estimación delos hogares y de las personas que se encuentran en situación de pobreza y de indigenciay, así, la posibilidad misma de un cabal abordaje de estas problemáticas en lo que refierea la política pública.

La cifra oficial anual del Índice de Precios al Consumidor para 2008 fue de 7,2 por ciento,mientras que consultoras privadas calculan una inflación real ronda el triple. Durante elúltimo trimestre de 2008, el desempleo bajó a un 7,3 por ciento, ya que se habrían creado250.000 nuevos puestos de trabajo, según las cifras oficiales. El INDEC sostiene queentre octubre y diciembre pasados, 165.000 personas se incorporaron al mercado laboral,otras 65.000 dejaron de ser desempleados y 15.000 beneficiarios de planes sociales

encontraron un empleo. Sin embargo, durante el trimestre de julio a diciembre del mismoaño, cuando aún no se había desatado la crisis, sólo se crearon 10.000 empleos. Encontrapaunto, las estimaciones de Selconsultores, a modo de ejemplo, sostienen que noparece claro que en el trimestre en que se desaceleró la actividad económica ycomenzaron a sentirse los efectos de la crisis global, la economía haya generado casi50% más empleos que el total acumulado en los nueve meses anteriores, y 25 veces másque en el trimestre previo. La misma consultora, además, destaca que los datos delINDEC son "inconsistentes" con otros informes del mismo organismo. Por ejemplo, un



reporte sobre Demanda Laboral Insatisfecha detectó que sólo el 34% de las empresasbuscaban personal a fines del año pasado, mientras que entre 2005 y 2007 lo hacía un43% de los empleadores.

7. El ingreso ciudadano o ingreso social

Si bien el concepto de ingreso ciudadano se ha difundido en los últimos años, tanto en elámbito académico como en el de discusión de política pública, en muchos casos se lo haacotado y hasta tergiversado. Así, para algunos sectores, es una mera política de

atención coyuntural a la pobreza que puede asimilarse a los diversos programasasistenciales que proliferan en América Latina. De esto modo, se debilita el carácter transformador de la propuesta. Particularmente, su cuestionamiento a los principios deorganización de la sociedad con respecto a los méritos que distribuye un mercado deempleo desigual, fragmentado y falsamente meritocrático. También, con respecto a lanecesidad de cuestionar la relación de reciprocidad entre la ciudadanía y el Estado, elcontenido de la reivindicación de los derechos humanos, la importancia de la distribuciónde riqueza como sustento de una sociedad más igualitaria. Todas estas cuestiones no seexpresan del mismo modo en las diferentes sociedades, tanto por los variados niveles deriqueza como por las diversas formas de organización de los sistemas de protección

social y las herencias culturales.

No obstante, el desmantelamiento del sistema de protección social construido en laposguerra y los crecientes fenómenos de pobreza y exclusión social, proporcionan unmarco favorable al debate del ingreso ciudadano. El quiebre del paradigma del plenoempleo, el aumento de la precariedad laboral y la inseguridad del ingreso estimulanplanteos críticos de la visión dominante y promueven condiciones objetivas para el debatesobre nuevas instituciones que garanticen niveles básicos de protección social. Elcontexto económico y social posterior al estallido de la crisis final del plan deconvertibilidad se presenta todavía más favorable para la discusión acerca de la

implantación de redes alternativas de seguridad social (Lo Vuolo y Barbeito, 1998;Basualdo y Richards et al, 2007)

Siguiendo las definiciones y postulados de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, lanoción de “ingreso ciudadano” es tributaria de otros conceptos que designan a todasaquellas políticas públicas cuyos objetivos sean garantizar ciertas formas de ingreso

monetario incondicional a todas las personas. Esto es, un ingreso para cuyo acceso nose requiere ninguna otra condición personal que la de ser ciudadano. Por ejemplo, no se



requiere trabajar (como es el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), haber contribuido con una prima de seguro (jubilación ordinaria, obrassociales), demostrar que se está desocupado (seguro de desempleo) o ser pobre(programas asistenciales focalizados).

Las características de incondicionalidad , universalidad y beneficio monetario, son las que

identifican primordialmente a esta propuesta. El concepto de ingreso ciudadano reconocediversas acepciones en la literatura y en la experiencia internacional. Entre las másdifundidas merecen citarse: “ingreso básico (basic income); "subsidio universal" (universal

grant , allocation universelle); "dividendo social" (social dividend , social dividende); “salariodel ciudadano” (citizen's wage, bürgergehalt); “ingreso social” (social income, revenu

social); “renta básica”.

Una propuesta de este tipo se sostiene sobre un sistema de valores y sobre principios deorganización que difieren radicalmente de aquellos a los que estamos habituados ennuestras sociedades. Específicamente, la propuesta del ingreso ciudadano asume como

justificación de su existencia institucional, a las siguientes expectativas ciudadanas:

1) debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna personacaiga por debajo de ella, que sea de fácil acceso y que no estigmatice a losciudadanos/as;

2) esta red de seguridad debería ser un piso o una base desde donde las personaspuedan desarrollar libremente su capacidad para generar ingresos propios y no unmecanismo que genere dependencia con respecto a la asistencia del Estado;

3) no debería discriminar entre personas de distinto sexo, situación civil o arreglo familiar de vida.

En el contexto de América Latina, nuestro país fue pionero en el desarrollo de lasinstituciones centrales del Estado de Bienestar (Lo Vuolo y Barbeito, 1998). No obstante,el modelo adoptado presentó una serie de características que lo diferenciaron de losmodelos europeos: a) la ausencia de partidos competitivos durante gran parte de sudesarrollo; b) una configuración híbrida que combinó elementos de distintos regímenesvigentes en los países desarrollados; c) la ausencia de ciertas instituciones, como ser elseguro de desempleo que recién aparece hacia los años 90, cuando el modelo socio-económico entra en su fase de crisis.

En la conformación de este régimen híbrido se reconocen, por un lado, las políticasdistintivas de los modelos “institucionales-redistributivos” de inspiración “social-demócrata”, como las políticas de educación y salud públicas, de coberturapretendidamente universal y gratuita. Por otro lado, las políticas de seguro social propiasde los regímenes “corporativos” (previsión social, asignaciones familiares y seguros desalud bajo administración sindical conocidos como “obras sociales”). Por último, laspolíticas de carácter asistencial, propias de los regímenes “residuales” o “liberales”.



Las instituciones de protección social fueron afirmándose sobre la base de una amplia redde “seguridad laboral”: plena ocupación de la fuerza de trabajo, estabilidad en el empleo,fijación estatal de salarios mínimos, indemnizaciones por despido o por accidentes, yrepresentación de los intereses de los trabajadores.

El derecho al empleo y la ética del trabajo fueron siempre los valores dominantes en latradición de las políticas públicas de la Argentina. La pobreza se veía como una situacióntransitoria resultado, mayormente, de la falta temporal de empleo por parte del jefe dehogar, problema que por otro lado afectaba a una proporción baja de la población (LoVuolo, Barbeito, Pautassi y Rodríguez, 1999). En consecuencia, las políticas desostenimiento de ingresos para la atención de los “trabajadores pobres” no tuvieronentidad significativa, como tampoco los programas asistenciales de empleo ni laexistencia de un seguro para los desempleados. Los ingresos de la población sesostenían mediante la fijación de los salarios mínimos legales o los básicos de convenioen el mercado de empleo, y algunas escasas políticas asistenciales que distribuían bienesy servicios, pero no dinero.

En forma confluyente con el colapso del régimen de convertibilidad y sus consecuenciasrespecto de las situaciones de pobreza, desempleo, exclusión social, etc. que generaronlas políticas neoliberales en nuestro país, los primeros planteos sobre el IngresoCiudadano se relacionan con los trabajos del Centro Interdisciplinario para el Estudio dePolíticas Públicas (CIEPP).

Desde esta perspectiva, y considerando el mencionado contexto de desarticulación delempleo, y el aumento de la exclusión social y la pobreza, desde el CIEPP se asumencomo deseables los siguientes valores: a) que debería existir una red de seguridad en elingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ciertos mínimos; b) que

esta red debería conformar una base desde la cual las personas puedan competir enmejores condiciones en el mercado laboral y asistir (y permanecer) en el sistemaeducativo; c) que esta red de seguridad debería ser de fácil acceso, no estigmatizar nidiscriminar a los perceptores y evitar prácticas clientelistas; d) formar parte de un sistemade arreglos institucionales que favorezca el incremento de la demanda de fuerza detrabajo sin disminuir los estándares de vida de la gente; e) que el acceso a los beneficiosde la red sea independiente de la actividad o condición de ocupación.

Desde mediados de la década de los 90, los conceptos centrales de la propuesta delIngreso Ciudadano se empezaron a difundir en ámbitos académicos. Lentamente,

comenzaron a presentarse trabajos en cursos de especialización en políticas sociales y adebatirse en ámbitos académicos. Más lentamente, la idea del Ingreso Ciudadanotambién empezó a difundirse en el espacio político.

El incipiente debate que tuvo lugar en esos momentos derivó en la consideración de la“viabilidad”, especialmente en lo que hace al sustento político y a los límites que surgende la restricción fiscal en un país con alto endeudamiento, prolongada depresióneconómica y débil administración tributaria. Por estas razones, se presumía como



remotas las posibilidades de aplicación de un Ingreso Ciudadano pleno en el corto plazo,y el debate se orientó a considerar la aplicación de variantes de Ingreso Ciudadano dealcance parcial pero que, a la vez, tuviesen impactos inmediatos sobre los grupos másvulnerables. Los términos del debate se plantearon en base a una doble estrategia: por unlado, comenzar el proceso de implantación por vía de garantizar un ingreso ciudadano

universal para la infancia y, por otro lado, articular esta propuesta a una simultáneareforma del impuesto a las rentas de las personas físicas, dado que Argentina registra unade las recaudaciones más bajas en la comparación internacional, debido a un generoso einequitativo régimen de privilegios y exenciones.

Los argumentos centrales para defender como primer paso el Ingreso Ciudadano a lainfancia sostienen que, en Argentina y en América Latina, “la mayoría de los pobres sonniños y la mayoría de los niños son pobres”. Gran parte de la pobreza individual se explicapor el mayor tamaño de los hogares y por la mayor proporción de personaseconómicamente dependientes (menores, ancianos) en los mismos, situación queaumenta la presión sobre el ingreso de los miembros económicamente activos. La

ausencia de mínimas redes de seguridad social hace que la única salida que tienen estoshogares para mejorar sus ingresos sea lanzar a más miembros a la búsqueda de algunaactividad remunerada.

Posteriormente, el desarrollo de las investigaciones y el debate académico tuvieron ecoen algunos sectores políticos. La terminología y algunos conceptos propios del IngresoCiudadano comenzaron a manifestarse en el discurso político, a tomar alguna entidadvisible a través de propuestas concretas e iniciativas legislativas (Barbeito y Lo Vuolo,2002).

El principal antecedente que reconoce la idea de aplicar un ingreso de ciudadaníaintegrado a una reforma tributaria fue un proyecto de ley presentado en 1997 por ElisaCarca y Elisa Carrió, por entonces diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical(UCR). El proyecto disponía la creación de un “Ingreso Ciudadano para la Infancia”(INCINI), consistente en el pago directo y en dinero de un ingreso, en cabeza de la madre,a todos los menores desde el cuarto mes del embarazo y hasta los 18 años de edad.9

9 En términos prácticos, el INCINI significaba la extensión del beneficio pagado por el programa deasignaciones familiares a la totalidad de los niños del país, con independencia del estatus laboral y del ingresode los padres. Para su financiamiento, el proyecto planteaba la creación del Fondo del Ingreso Ciudadano parala Infancia (FINCINI) cuyos recursos provendrían de cuatro fuentes principales:1) el programa de

asignaciones familiares para lo cual se mantendría en vigencia la tasa contributiva que grava a los salarios; 2)la reforma del impuesto a las ganancias de las personas físicas, que contemplaba la eliminación de lasexenciones fiscales de determinadas rentas (principalmente, la inclusión como sujeto impositivo de las rentasfinancieras y los dividendos distribuidos por las sociedades de capital); 3) la eliminación de las deducciones

por cargas de familia del impuesto a las ganancias de las personas físicas; 4) el cofinanciamiento de las provincias atento a que, como resultado del INCINI, éstas verían disminuir las demandas asistenciales por parte de las familias. En los hechos, el aporte provincial consistiría en la aplicación parcial de transferenciasfiscales que el gobierno nacional les destinaba para atender situaciones de emergencia social.



Más tarde, en el año 2000, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA elaboró undocumento con propuestas para salir de la crisis económica y social. Dicho documentocontiene un conjunto amplio e integrado de reformas en diversos campos, como losreferidos al financiamiento del Estado, el tratamiento de la deuda externa y larecuperación del mercado interno y de la inversión en los sectores productivos. El

diagnóstico plantea como problema central del país a la desocupación, y propone comovía de salida un shock distributivo sobre la base de construir una amplia red de seguridaden los ingresos.

El documento de la CTA coloca como uno de los ejes articuladores del programa a lanecesidad de garantizar el derecho a un “ingreso básico de ciudadanía”. En la propuesta,este ingreso básico de ciudadanía se implementaría por medio de tres programasprincipales: a) el establecimiento de un subsidio universal a los niños entre 0 y 18 años; b)una asignación no contributiva para todas las personas mayores de 65 años que nohubieran logrado cumplir los requisitos exigidos por el régimen jubilatorio; c) un seguro deempleo y formación para los trabajadores jefes/as de hogar desocupados.10

En el año 2002 y como intento por moderar la conflictividad social, el gobierno puso enmarcha en nuestro país un programa masivo de transferencia de ingresos al que definiócomo “derecho familiar de inclusión social”. El llamado “Plan Jefes/as de Hogar Desocupados” (PJJHD) se basó en una lógica focalizadora, en este caso específico enlos hogares con hijos (de hasta 18 años) cuyos miembros se encuentraban desocupadosy carecían de ingresos. El beneficio consistió en el pago monetario mensual de $150, unasuma fija por beneficiario con independencia del número de integrantes del hogar quehabite. Las familias se comprometen a asegurar la asistencia escolar de los hijos asícomo el cumplimiento de determinadas acciones de atención de la salud (vacunas,

controles periódicos de la madre embarazada, control de peso y talla de los niños, etc.) yla realización de determinadas contraprestaciones laborales por parte del beneficiario.11

La aplicación de contraprestaciones laborales a los adultos resultaron un temacontrovertido y que está en el centro de los debates acerca del Ingreso Ciudadano. Enprimer lugar, esta exigencia y sus alcances no pueden tratarse con independencia delmonto del beneficio percibido por el titular o el grupo familiar. En segundo lugar, sucumplimiento efectivo requiere disponer de una infraestructura pública en condiciones deabsorber contingentes laborales en actividades que brinden alguna utilidad social;

10

Los recursos para el financiamiento provendrían de ingresos fiscales resultantes de los ahorros por eliminación o reducción operativa de otros programas asistenciales, el aumento de la recaudación tributariacomo resultado de la supresión de las exenciones contempladas en la normativa del impuesto a las gananciasde las personas físicas, el incremento de los aportes patronales a la seguridad social para las empresas deservicios y el incremento de la carga tributaria sobre determinados bienes de consumo considerados noesenciales.

11 Los autores consultados resaltan como una de las innovaciones más importante del PJJHD a su escalaoperativa, que para el año 2003 alcanzó a casi a 2 millones de subsidios mensuales, significando un gastoanual de $3.500 millones, algo más de 1% del PBI.



situación tanto más crítica cuando se trata de intervenciones masivas atento a los nivelesque alcanzan el desempleo y la pobreza. Tercero, contar con capacidad de gestiónadecuada para monitorear el cumplimiento de las contraprestaciones así como criterios ydisposición para sancionar las irregularidades detectadas.12

La cuestión del financiamiento constituye uno de los puntos centrales del debate acercadel Ingreso Ciudadano. Aún la adopción de una estrategia progresiva que comience conesquemas de Ingreso Ciudadano parcial (por cobertura o nivel del beneficio) significaríaque se aumente la presión tributaria media.

El punto es cómo se logra aumentar la recaudación impositiva y a qué finalidades seasignarían prioritariamente estos recursos fiscales adicionales. La presión tributaria mediade Argentina es relativamente baja, aún en el contexto latinoamericano, y el aumento dela misma debe ir de la mano de reformas destinadas a corregir sus componentes máscrudos de inequidad y regresividad (Veen, Groot y Lo Vuolo, 2002).

Una política de seguridad en los ingresos de las personas es un elemento imprescindiblede un sistema institucional que sea efectivo para controlar los problemas emergentes dela cuestión social y de la pobreza. Por supuesto, no constituye la solución única de estosproblemas, pero sí una condición necesaria para enfrentar las situaciones devulnerabilidad social derivadas, principalmente, de la precariedad laboral. Desde el Cieppse la considera como la forma más efectiva para avanzar en el sentido que reclama laactual metamorfosis de la cuestión social: esto es, para moderar la férrea relación que hoyexiste entre la situación de las personas en el mercado del empleo y el ejercicio de susderechos como ciudadanos. En particular, el derecho a disponer de un ingreso queofrezca una base mínima para funcionar socialmente con bajo riesgo de desarrollar una

trayectoria que lleve a la pobreza. El actual diseño de las diversas redes de seguridad en los ingresos muestra, más allá desus particularidades y diferencias, que no son eficaces para afrontar los problemasseñalados. Los requisitos exigidos para el acceso definen serios problemas de cobertura yreproducen modos estáticos de regulación de la pobreza. Esas experiencias iluminan lanecesidad de optar por estrategias que se sustenten en la idea de un cierto nivel de

12 El PJJHD expresa este tipo de conflictos, cuya no resolución se manifiesta como una disociación entre el plano formal y la realidad concreta. Así, mientras la normativa dice establecer un derecho universal de

inclusión social y fija la obligatoriedad de contraprestaciones laborales por parte de los beneficiarios; en loshechos, al focalizar en un determinado grupo vulnerable, opera con criterios de selección y “racionamiento”que promueven la intermediación política y el clientelismo. En el mismo sentido, las evidencias decontraprestación laboral efectiva son escasas como también son limitadas las posibilidades de control y desanción. Además, el acceso al programa fue posible sólo en un momento determinado del tiempo. Estocongela el plantel de potenciales beneficiarios, por lo que, aún dentro del propio criterio de focalización,excluye a los nuevos jefes de hogar desocupados y, al mismo tiempo, parece presuponer que los beneficiariosactuales continuarán desocupados.



ingreso garantizado a toda la población, para cuyo acceso se exija la menor cantidadposible de condiciones (Basualdo y Richards et al, 2007).

Son muchos y muy complejos los problemas involucrados en un diseño de redes deseguridad social en los ingresos. Entre otras cuestiones, abarcan aspectos vinculados al

mercado de trabajo, al ahorro, al consumo, a la organización de las empresas, laspolíticas de estabilización de la demanda efectiva, los arreglos familiares.

En la práctica, repartir incondicionalmente el Ingreso Ciudadano es más barato y segarantiza que lo reciban todos los que lo necesitan. Además, en un país como Argentina,“focalizar” a los necesitados siempre termina en una selección discriminatoria entre lospropios necesitados. Entregar periódicamente a todos un ingreso, previene que los queestán en “riesgo de pobreza”, caigan en ella. Pero necesariamente, el Ingreso Ciudadanodebe acompañarse de una reforma tributaria que “recupere” el ingreso que se otorga a losque no lo necesitan: lo que interesa saber es la posición fiscal “neta” de cada uno ycobrarle el impuesto a las ganancias por todos sus ingresos y no sólo por algunos como

es ahora.

Además de las divergencias acerca del financiamiento de un sistema de IngresoCiudadano, que en lo concreto derivaría o exigiría una profunda reforma tributaria, otroconjunto de dificultades que se plantean acerca de su aplicación son aquellas referidas aldesaliento al trabajo. En este segundo plano, los problemas que podrían generarsealuden a: a) que las personas no quieran trabajar, esto se daría ya que al contar con uningreso que les permita afrontar sus necesidades, las personas ya no tendrían lanecesidad de trabajar ; b) que sea una recompensa para los más pobres que instauraformas paternalistas de vinculación con el Estado, y 3) que dicho ingreso no sea tomado

como un ingreso base, sino como el ingreso del individuo, aspecto que se vincula con losdos anteriores: si los ciudadanos tienen un ingreso que les ayuda a subsistir en lo mínimo,entonces éstos podrían tomar la decisión de no trabajar.

8. A modo de cierre

Luego de realizar este recorrido, tanto acerca de los principales conceptos teóricos y losdebates en torno a ellos, como de los indicadores cuantitativos acerca de pobreza,indigencia, salarios, empleo, crecimiento económico, inflación, distribución del ingreso,etc. en las últimas décadas en Argentina, consideramos oportuno realizar algunas brevesreflexiones a modo de cierre.



Una mirada social de los datos cuantitativos requiere analizar las causalidades, loseslabonamientos, la evolución histórica, en términos de poder comprender su significadotendencial. Los incrementos evolutivos de la desigualdad, la inequidad y la vulnerabilidadsociolaboral en nuestro país, incrementos evolutivos que resultan independientes delcrecimiento económico, nos llevan casi en forma directa a la hipótesis negativa del

“derrame productivo”, o de una correlación inversa entre el crecimiento del producto y laequidad social en la distribución.

La realidad, la teoría, los datos, los discursos, hablan de la transición y de la consolidaciónde un nuevo modelo social, que se aleja de la sociedad industrial tradicional y de lasarticulaciones institucionales (en un sentido amplio) de la etapa taylorista-fordista. Laetapa actual del capitalismo expresa una contradicción referida al cambio de carácter deltrabajo y a la consecuente expansión del proceso de exclusión social y laboral.Opuestamente a la fase ascendente del desarrollo del capitalismo que trajo consigo unamasiva expansión del trabajo y especularmente del consumo como principales estrategiasde inclusión social, en la etapa actual se evidencia una mutación de la relación capital -

trabajo que ha alterado las condiciones y la calidad del empleo y abandonado el patrón depleno empleo. En esta nueva matriz, aquellos fenómenos que en etapas previas eranabordados o considerados como obstáculos, desvíos, anomalías, etc. se transforman eninherentes a la configuración de lo social, matriz que no solamente los potencia sino,además, los modela y configura de una manera específica y determinada.

El rol del Estado en este nuevo contexto, y como lo sugieren muchos de los autoresseleccionados, queda interrogado. Los instrumentos y acciones estatales, en estesentido, también merecen y deben ser profundamente debatidos, ya que de suredefinición depende el futuro y la eficacia de las políticas y su capacidad para dar

respuestas, aunque sea en parte, a las tendencias hacia el incremento de la inequidad yla desigualdad.9. Bibliografía

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11. Anexo Cuadros y gráficos

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Distribución funcional del ingreso Cecilia Lusnich

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