Diez amenazas ponen en peligro las Areas protegidas de Bolivia

Una bala en el cuerpo segó la vida de Mario Huarachi Mamani, pastor del Parque Nacional Sajama, una joya ecológica ubicada en Oruro y con 100.200 hectáreas cercanas a la frontera con Chile. El hecho sucedió el 29 de marzo de este año, relata Antonio Huarachi Marca, sobrino de la víctima y guardabosque del Sajama. Se acusó del asesinato ante la Policía a Andrés M. I., de quien se halló en el lugar del crimen una de sus abarcas, una vicuña muerta y restos de cuero y vellón o fibra de este animal.

Las pesquisas determinaron que jornadas antes, Andrés había sido descubierto cazando una vicuña, luego de haber atrapado a otras 10. Actualmente, el acusado guarda detención en Oruro, “no por la muerte de Mario, sino por violar la norma que prohíbe la caza en el reservorio ecológico”. Los cazadores de vicuñas merodean el sitio en búsqueda de su preciada lana, ya que, según estimaciones oficiales, allí viven unos cinco mil animales de esta raza, con 45 mil alpacas y miles de llamas y ovejas. Una actividad que ha logrado ser contrarrestada con el control de los pobladores, que ahora apuestan por la comercialización y exportación de la fibra de camélidos hasta fines de año.

Ésta es una de las 10 amenazas que rondan por las 22 principales reservas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (detalladas en la infografía de las páginas 4 y 5), administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Las otras tienen que ver con la extracción ilegal de árboles, los incendios de los bosques, asentamientos humanos no planificados, la ampliación de la frontera agraria incluso para cultivos de coca destinada al narcotráfico, la explotación en hidrocarburos y en minería, el turismo desordenado, la apertura de carreteras, megaproyectos estatales e industriales y el aumento de temperaturas causado por los cambios climáticos en el mundo.

Domingo elaboró este listado con base en documentos del Sernap y charlas con autoridades nacionales, directores y guardaparques de estos reservorios que, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 1333 del Medio Ambiente, son definidos como los “espacios naturales con o sin intervención humana, declarados bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural del país”. Los entrevistados no ocultan su preocupación por el avance de los

riesgos. Aquí, los datos y testimonios de la vigencia de éstos.

1. Cacería de fauna

El atentado contra la especie animal también lo padece el Parque Nacional Carrasco —situado en Cochabamba y con 622.600 hectáreas—, donde las especies victimadas con el empleo de armas de fuego, trampas y perros son el anta (mamífero rumiante), el jochi (chancho silvestre) y el venado. El Sernap, los directores y celadores departamentales entrevistados ratifican que esta práctica se reproduce en las otras áreas protegidas, y es aplicada por cazadores externos con intereses comerciales, deportivos y, también, por habitantes rurales, generalmente, con fines de subsistencia.

A ello se suma, complementan las fuentes, la pesca con dinamita de pacú y surubí en varios reservorios, y la caza de aves y especies silvestres que son extraídas de su hábitat natural como las parabas, loros, monos... y son sumergidas en las ciudades para su venta, la que tiene casi un nulo control estatal. De esta depredación no se libran los huevos de suri (avestruz andina) en el Sajama, y los de tortuga, en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi de Pando, con 747 mil hectáreas en su haber.

Un panorama más alentador vive el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) —compartido por Cochabamba y Beni, y con más de un millón de hectáreas—, donde los estancieros extraían ilegalmente cuatro mil cueros de lagarto al año, lo que fue frenado con la fiscalización de las comarcas locales, que actualmente pretenden impulsar el aprovechamiento sostenible de este recurso, que tiene abiertas las puertas de mercados internacionales y que busca instalarse en el ámbito interno. “De cuatro mil cueros que se decomisaban, se bajó a sólo 10”, afirma el encargado del Tipnis, Vladimir Orsolini.

2. incendios “verdes”

Los reportes de la Superintendencia Agraria hasta fines de julio registraron 1.073 “focos de calor”, entre quemas y chaqueos, en 129.883 hectáreas de tierra en el país, actividades tradicionales a fin de habilitar predios para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. De este total, 451 correspondieron a la ignición de pastizales; 27 en tierras comunitarias de origen (TCO) y 99 en las áreas protegidas. En tanto que el resto (496) implicaría a chaqueos para implementar desmontes (tala de árboles).

Un año negro en este campo fue 2005, cuando las brasas provocaron la pérdida de 150 hectáreas en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (inserto en

La Paz y con 40 mil hectáreas); 500 en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba (La Paz, 483.743 hectáreas); 450 en el Parque Nacional Carrasco (Cochabamba); y 1.200 en la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama (Tarija, con 108.500 hectáreas).

Pero, uno de los más perjudicados por este problema es el Parque Nacional Tunari de Cochabamba (300 mil hectáreas), que entre 2000 y 2002 soportó 200 incendios en sus bosques. El mayor se presentó en 2006, informa el jefe del Proyecto de Reforestación —plan impulsado por la Prefectura cochabambina ante la falta de un encargado del Sernap en el reservorio—, David Mejía, cuando se quemaron 140 hectáreas de pinos que tardaron 11 años en crecer. Los miles de arbustos afectados, hasta ahora, no pueden ser evacuados ni aprovechados por los comunarios del Tunari hasta que se nombre al director de éste.

Y no hay que olvidar que entre el domingo 26 y el lunes 27 de agosto, el Tunari, según las investigaciones preliminares, sufrió otro incendio provocado por el chaqueo agrícola en la serranía de Kuchillani (Cercado). El siniestro ocasionó la pérdida de aproximadamente 20 hectáreas de pajonales, especies nativas y árboles como pinos y eucaliptos. Incluso una semana antes el fuego en la parte este (Quillacollo) se consumió una hectárea de eucaliptos y pinos, otras tres de qewiñas (arbustos de más de un siglo de vida), y 120 de pajonales, a pesar de la intervención de 70 personas, entre guardabosques, miembros del grupo SAR-Bolivia y bomberos.

Los estudios oficiales revelan que 90 por ciento de estos casos son ocasionados por la quema y el chaqueo, por las malas técnicas preventivas suministradas en la realización de estas prácticas. En cuanto al Tunari, Mejía acusa a los jóvenes que recorren el lugar como los principales causantes de los incendios, porque prenden fogatas o botan sus cigarrillos sin apagarlos; y los habitantes igual tienen parte de culpa por no poder controlar la combustión de sus pastizales. Estos inconvenientes, comenta el experto, restan el hábitat natural de las especies animales y vegetales, perjudican el aprovechamiento forestal sostenible y ponen en peligro constante a las comarcas cercanas a la reserva.

Para Mejía, una posible salida a este contratiempo es que el Sernap se haga cargo de manera inmediata de la reserva de biodiversidad y que se elabore un plan de manejo para que los pobladores se beneficien de sus recursos naturales. Sin embargo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas no cuenta con suficiente presupuesto para contratar funcionarios administrativos para el Tunari, algo similar acontece en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe de Tarija, con una superficie de 108.307 hectáreas.

Otro hecho nefasto en la historia ocurrió el 17 de agosto de 2002, en la Reserva de la Coordillera de Sama. El incendio devoró unas 30 mil hectáreas de queñua, thola, pino de montaña (especie propia del lugar) y árboles de hasta un siglo de antigüedad; y la muerte de ejemplares de venados andinos y zorros. Sólo una lluvia pudo controlar el zafarrancho cinco días después. Además, la contaminación del aire y los ríos afectó directamente a las poblaciones aledañas y el casco urbano. El director Aníbal Alfaro asegura que, a partir de entonces, los villorios agropecuarios de la zona tomaron conciencia de la importancia de conservar el bosque, por ello, “los siniestros bajaron de forma significativa”.

3. Deforestación ilegal

Desde 1970 a 2005, la tala de bosques en Bolivia creció de 140 mil a 281.283 hectáreas, concentrándose el 76 por ciento de las dificultades en Santa Cruz. La deforestación alcanzó a extensas zonas de Beni, Pando y el norte de La Paz, incluyendo sus áreas protegidas (Apolobamba, Cotapata, Isiboro Sécure, Manuripi, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi). Los involucrados en el desmonte seleccionan las especies que serán comercializadas mediante el contrabando, lo que ha provocado la casi extinción de la madera mara en el norte amazónico, indican los reportes del extinto Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Manuripi, en Pando, fue uno de los reservorios más afectados. Hasta 2004 se maneja que dos mil troncos de mara y cedro eran extraídos anualmente de forma ilícita. Por ello, las comunidades del municipio local de Filadelfia instalaron un juicio contra el ex director del depósito de biodiversidad. Mientras tanto, los decomisos marcan el trajín diario en el Isiboro Sécure, declara su encargado, Vladimir Orsolini. Uno de los más recientes operativos en el área produjo la recuperación de 40 pies de mara, cedro y roble.

No obstante, la Amazonia (Beni, La Paz y Pando) sigue siendo el sitio preferido por los traficantes de madera. Allí se inserta la mayor diversidad biológica del mundo, con amplia cantidad de aves raras, mamíferos y especies de árboles. El director del Madidi (con más de 1,8 millones de hectáreas), Miguel Escóbar, señala que los guardaparques se las ingenian para vigilar y confiscar los leños de los camiones que transitan por la zona, en coordinación con la Superintendencia Forestal; “aunque lamentablemente ésta no tiene personal suficiente” para las inspecciones en la región.

Uno de los cuidadores del Madidi, Marcos Uzquinano, cuenta que los taladores amenazan de muerte a las personas que los sorprenden en plena faena, incluso a él y sus compañeros les han intentado asesinar al requisar el terreno, o atropellar con los vehículos al pretender realizar los decomisos de madera. “Se iniciaron procesos judiciales por ello, pero aún no concluyeron”. Eso no es todo, los “cuartoneros” (encargados de este tráfico y contratados para ello por empresas madereras) también atentan contra la vida de los guardabosques del Parque Carrasco, dice el administrador Marcelino Jancko, “con las motosierras con las que trozan los arbustos y armas de fuego. Así evitan que se los fiscalice”.

4. Asentamientos en la mira

Los grupos de colonos que intentan sobrepasar los límites de las áreas protegidas, y las comunidades de sus alrededores, conforman la cuarta amenaza. Los campesinos son atraídos por los recursos naturales que contienen los reservorios o buscan acceder a tierras vacantes para el cultivo de alimentos o el pastoreo. Generalmente, éstos ingresan en el sitio, permanecen un tiempo y son removidos por las autoridades, pero, posteriormente, vuelven a actuar de la misma forma.

Según cálculos del Sernap, en las 22 reservas nacionales viven y producen de manera

“legal” unas 200 mil personas, reunidas en más de 800 comunidades que pertenecen a, por lo menos, 100 municipios (que cuentan con más de dos millones de habitantes) y 10 mancomunidades ediles. A la par, colindan con 14 TCO.

Una de las más acosadas por los colonizadores es el Madidi, donde el amedrentamiento proviene de los estantes de Apolo. En mayo de este año, ellos tomaron el área para exigir al Gobierno de Evo Morales, la Prefectura paceña y al Instituto Nacional de Reforma Agraria la dotación de tierras mediante títulos de propiedad. Al final se llegó a un acuerdo para acelerar el proceso de saneamiento.

El parque Tunari es un caso singular. Los asentamientos llegaron a su zona por el crecimiento poblacional de la urbe de Cochabamba. En los últimos 20 años, indican los reportes oficiales, sus fronteras fueron sobrepasadas a “un ritmo casi incontrolable” en los municipios de Sacaba, Cercado y Tiquipaya. Es así que ya estarían ocupadas más de 380 hectáreas por encima de la cota 2.750 (hito que marca su límite). Desde allí hasta el empiezo del cerro Tunari se ha perdido cerca del 60 por ciento de bosques y predios por la llegada de 43 urbanizaciones. Las recientes tres arribaron en 2001, y desde esa fecha, afirma el jefe del Proyecto de Reforestación del reservorio, David Mejía, no se permitieron otras.

En estos lugares se calcula que habitan 15 mil familias (unas 60 mil personas), que, en su mayoría, ocupan los inmuebles de forma ilegal, empero, casi la plenitud cuenta con la provisión de servicios básicos. Hay desde lujosas mansiones hasta pequeños cuartos. Uno de los vecinos del Tunari, que pidió reserva en su nombre, lamenta que “la mayor parte de estos problemas se resuelva por la vía política y no por la judicial. Sólo así se explica que sea díficil remover del sitio a los avasalladores”. Una situación que inicia la cadena destructiva del entorno silvestre del reservorio, que hace más difícil su gestión sostenible.5. Coca y narcotráfico

En julio, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, informó de un desalojo pacífico en el Tipnis. El operativo contó con la participación de cerca de dos centenares de policías y militares, y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). La acción estuvo dirigida a un grupo asentado de manera antijurídica, relacionado con el narcotráfico, y que logró ser trasladado a San Miguelito y San Benito, de la provincia Chapare de Cochabamba. La intervención incluyó la erradicación de cultivos excedentarios de coca; la incineración de chozas abandonadas, una fábrica de cocaína, dos pozas de maceración, un chiquero (donde se pisa la hoja), además de almácigos (lugares de siembra), precursores y otros elementos con los que se elabora la cocaína.

Otra de las batallas libradas por algunas de las 22 principales reservas de biodiversidad del país involucra al narcotráfico, con la penetración de campesinos a las zonas para cosechar coca destinada a este negocio ilícito, previo chaqueo y desmonte de los terrenos. Esto ha desembocado en la presencia de clanes armados. En 2004, Julio Efraín Villafuerte (18), soldado de la Fuerza Naval, murió cuando, junto a su brigada de erradicación de plantíos, cruzaba un arroyo en la población de Ayopaya, inmersa en el Parque Isiboro Sécure. Un “cazabobos” (bomba casera) lo victimó e hirió a siete de sus camaradas. El director del

Tipnis reflexiona que a pesar “del trabajo de erradicación, es difícil para los guardaparques vigilar las nuevas plantaciones de coca, porque se encuentran en regiones poco accesibles”.

Esta amenaza también afecta al Parque Nacional Carrasco, lo que preocupa sobremanera a su administrador, Marcelino Jancko. El año pasado, a finales de septiembre, la incursión de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fuerza de Tarea Conjunta a la zona de Pampa Amarilla, colindante con la localidad de Yungas de Vandiola, resultó en un fuego cruzado que causó la muerte de dos campesinos y dejó tres heridos. Los datos oficiales señalan que en esta frontera radican más de 1.750 colonos, quienes destinan su producción cocalera al narcotráfico, por lo que incluso han invadido los predios del Carrasco. Se estima que hay más de 400 hectáreas de cosechas ilegales repartidas entre la reserva ecológica y Yungas de Vandiola. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene a este sitio como un epicentro conflictivo tras su anuncio de aplicar la política “coca cero” en las áreas protegidas.

6. Hidrocarburos y minería

En el Carrasco hay cuatro pozos de extracción de hidrocarburos sobrepuestos en el sector noreste. De éstos, el único campo petrolero en funcionamiento es Bulo Bulo. Eso sí, en la zona de influencia del reservorio cochabambino, específicamente en el villorio de Entre Ríos, se halla el depósito más importante de la empresa petrolera Chaco S.A. (filial de Amoco), igualmente llamado Carrasco, donde se han perforado otros 15 pozos. Los impactos ambientales y sociales generados por esta actividad extractiva han sido “notorios”, rezan las denuncias de las federaciones rurales de la zona, por la “contaminación de sus cultivos por rebalses de las fosas de lodos, la irrupción de abortos en el ganado y la degradación irreversible de suelos”. No obstante, la compañía, según datos hemerográficos, afirma haber cumplido las medidas de mitigación requeridas; pero los activistas consultados aclaran que la legislación boliviana tiene serias deficiencias en cuanto a los estudios de impacto ambiental, más todavía sobre aquellos proyectos que se implementan en áreas protegidas, debido a su reglamentación especial.

La explotación energética no se libra de ser imputada de causar otros efectos colaterales dañinos. En el Parque Nacional Aguaragüe del chaco tarijeño, rodeado por millones de metros cúbicos de gas bajo tierra, esta práctica ha originado que varios ductos pasen por sus terrenos, los cuales son empleados como senderos por los pobladores externos y saqueadores que entran en el Aguaragüe para extraer sus recursos naturales. A pesar de que este reservorio aún no es administrado por el Sernap, este ente, declara el director de Planificación, Edwin Camacho, aprueba las fichas ambientales de las petroleras que operan en su circunscripción. Lo mismo sucede en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía del mismo departamento, con una superficie de 246.870 hectáreas.

El Madidi apunta a engrosar el listado de extensiones ecológicas relacionadas con la extracción de hidrocarburos, luego de que el Gobierno declarara como una política de prioridad el rastreo de petróleo en esa zona del norte paceño en el lapso de dos años, con el apoyo económico de Petróleos de Venezuela, tras el nacimiento de la compañía binacional Petroandina. No obstante, el director Miguel Escóbar no está en desacuerdo con esta posible tarea, “siempre y cuando” se realicen los estudios correspondientes para aplacar los impactos a la biodiversidad en la búsqueda de recursos naturales, y, si es posible, “dejar al

Madidi como está ahora”.

Otro problema latente para estos centros ecológicos es la labor metalúrgica. Algo palpable ocurre en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa —inscrita en Potosí y con 714.745 hectáreas—. Allí, la presión de la actividad de las empresas mineras se dirige a la explotación del bórax (compuesto del boro destinado a la fabricación de detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes, pesticidas...), para lo cual queman enormes cantidades de yareta (planta verde) o queñua (árbol) en hornos, logrando así el secado del químico. A la par, el área del Apolobamba es impactada por la faena aurífera de compañías y cooperativistas del ramo que contaminan sus suelos y el agua que pasa por su territorio.

7. Turismo desordenado

Uno de los mayores flujos de turistas se registra en el Parque Eduardo Avaroa. Recibe anualmente más de 59 mil visitantes, generalmente europeos. El encargado del lugar, Víctor Laguna Callisaya, calcula que esta gestión superará en 20 por ciento la anterior cifra porque la reserva ya tuvo 60 mil excursionistas. No obstante, si bien esto es una ventaja que conlleva beneficios económicos para la población local, reflexiona el funcionario del Sernap, el “desorden y la vulneración de la normativa del rubro por parte de las agencias de viajes se han convertido en una gran amenaza para el ecosistema”.

Primero, enumera Laguna, los transportistas de estas firmas quiebran el recorrido establecido por el circuito turístico del Eduardo Avaroa, por lo que abren sendas que impactan con los asentamientos humanos, y provocan polvo y pisoteo de plantas, y la perturbación de los animales. “Los operadores trabajan de manera arbitraria. Aparte, sus choferes no llegan a la hora en que mejor se aprecian las maravillas del lugar, por ejemplo, el cambio de color de la laguna (entre rojo, verde, celeste). Y como quieren ganar tiempo y retornar inmediatamente, tienen una actitud descomedida con los visitantes, que no llegan a ver todas las ofertas, como las fumarolas (vapores evacuados por los géisers), que sólo se manifiestan entre las cinco y siete la mañana”. Eso se traduce en la insatisfacción de expectativas en los paseantes y la consiguiente pérdida de clientes e ingresos.

Por ello, Laguna adelanta que se prepara la aprobación de una normativa más rígida al respecto, la que, informa el delegado del Sernap, ya ha encontrado resistencia en las 65 agencias turísticas que operan en la zona. A pesar de ello, “el Comité de Gestión de ésta decidió dar vigencia a esta determinación a partir de este mes y ese sector tendrá que acatar las nuevas determinaciones del Reglamento General de Turismo que rige en las áreas protegidas”.

En todos los bosques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas se presenta este “turismo desordenado”, que se intensifica por la precariedad de los accesos a los reservorios naturales. El director del Parque Nacional Noel Kempff Mercado —situado entre Beni y Santa Cruz y con una extensión de más de millón y medio de hectáreas—, Jorge Landívar Cabruja, considera que en algunos casos hay demasiados ingresos a las áreas protegidas, lo que tampoco permite el control del impacto negativo que generan sus visitantes; y aconseja que se deben mejorar sus condiciones trabajando de manera conjunta con los operadores de viajes. Una política necesaria más aún porque los circuitos turísticos son una de las

apuestas fuertes que se implantarán en un futuro cercano por el Sernap.

8. Carreteras y tráfico

Lo anterior hace referencia a otro peligro que ronda por los 22 reservorios naturales del país: la apertura informal de caminos y la construcción de carreteras, debido a que, según los entrevistados, junto con esto sobrevienen los asentamientos humanos que, posteriormente, ejercen presión por tierras en las zonas. Esto intranquiliza al encargado del Madidi, Miguel Escóbar, especialmente tras el retorno en la agenda del Plan de Desarrollo prefectural de La Paz de la construcción de una carretera en el norte paceño que forme parte de un corredor bioceánico y que pase por el área protegida.

Anteriormente, el gobierno departamental logró una senda de 10 kilómetros en la región, trabajo que fue paralizado por no contar con la aprobación de la ficha ambiental del Sernap. Aún la Prefectura espera el arribo de financiamiento para reimpulsar este proyecto, incluso se ha llegado a barajar el uso de fondos de la Cuenta del Milenio proveniente de la chequera de Estados Unidos para países del denominado “tercer mundo”.

En el Pilón Lajas, La Paz, el director Juan Carlos Miranda recalca que los guardaparques y los más de 1.500 habitantes del reservorio —que se han convertido en sus vigilantes por ser además una tierra comunitaria de origen— no pueden atender las ramificaciones viales conectadas con sus 150 kilómetros de camino poblado. Miranda declara que esto genera un mayor acceso al sitio y, por ende, más asentamientos. “Es un costo alto el que se paga por tener una carretera”. Una dificultad, proyectan los entrevistados, a la que no escapará el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis —situado en Santa Cruz y con una superficie de más de un millón de hectáreas— con la pronta activación de la explotación del hierro en las vetas del Mutún, Puerto Suárez, que precisará de rutas para la comercialización de la producción.

Los trayectos en el interior de los parques son aprovechados, de igual forma, por narcotraficantes y contrabandistas. En el primer caso, son casos paradigmáticos el Carrasco y el Isiboro Sécure. En lo otro, una muestra es lo que acontece en el Sajama, según refieren su director, Franz Guzmán Soliz, y su jefe de Conservación, Félix Mamani, porque la pista principal que se conecta con la frontera chilena, desde Charaña, es utilizada para el tráfico ilegal de mercadería por “sus escasos pobladores y control”.

9. Proyectos de cuidado

“Yo le tengo miedo a los megaproyectos”, confiesa el biólogo Mario Baudoin, director del Instituto de Ecología y gestor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El experto explica que por lo que involucran estas inversiones millonarias, abren un espacio para “coimas” del mismo tipo, y por ello, los funcionarios públicos se despreocupan sobre la generación de un impacto negativo en las regiones que albergan la biodiversidad. Los activistas, por ejemplo, criticaron la construcción de la represa de El Bala en el norte paceño, la que estuvo estancada por varios años y que el actual Gobierno ha puesto de nuevo en sus planes. El director del Madidi, Miguel Escóbar, adelanta que el Sernap analiza los pros y contras de esta edificación. “Hay comunidades que viven en ese sector, habría que consultarles a ellas sobre el proyecto”.

A comienzos de siglo se produjo resistencia de varias instituciones ambientales a esta intención inicial para la generación de energía eléctrica por “el gran lago que se formaría en el río Beni”, y alegaron que ello provocaría una inundación hacia el Madidi, uno de los bosques con mayor reserva de biodiversidad en el mundo. El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo especificó que el planteamiento dejaría a más de mil personas sin hogar, entre ellas, un 80 por ciento formado por indígenas de las culturas mosetén, tacana y tsimán; además, la vía para llegar a la presa facilitaría el ingreso de cazadores, madereros y agricultores que dañarían la forestación. Argumentos similares objetan el levantamiento de dos represas brasileñas en el río Madera, situado en el Beni.

Otro “megaproyecto” industrial es observado por la encargada del parque Otuquis, Guadalupe Montenegro: la puesta en marcha de la explotación e industrialización de hierro en el Mutún. Los efectos de esta actividad metalúrgica pueden ser negativos en el área natural, por lo que “habrá que examinar su programa de mitigación”. Aparte, en criterio de Montenegro, esta apuesta generará una ola de asentamientos tras la llegada de trabajadores, comerciantes, entre otros, que pueden atentar contra el Otuquis.

10. Cambios climáticos

La organización internacional conservacionista WWF, en el Quinto Congreso Mundial de Parques, advirtió que el excesivo calor, las sequías, los incendios forestales y otros eventos climáticos extremos que están sucediendo en los últimos años en el orbe son condiciones ambientales que afectarán nocivamente a las áreas protegidas existentes, así como a otros valiosos hábitats, a menos que se reduzcan drásticamente los gases de efecto invernadero en la atmósfera producidos por el uso de combustibles en las actividades industriales y el transporte. Problemas que obligarán a las especies animales y las comunidades humanas a emigrar a otras tierras donde haya condiciones que pueden ser nocivas para su salud.

En el caso de Bolivia, un estudio realizado por el Sernap de “análisis de vacíos” establece que 12 parques nacionales son vulnerables a los cambios climáticos. Éstos se hallan en varios sectores de la cordillera oriental, los valles secos del área subandina, parte de la franja precámbrica boliviana y una parte del sur del país (Potosí y Tarija). En estas regiones se encuentran diversas zonas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró (Santa Cruz, 637.600 hectáreas), y los de Apolobamba, Carrasco, Cotapata, El Palmar (Sucre, 59.484 hectáreas), Iñao, Isiboro Sécure, Madidi, Iñao (Santa Cruz y Sucre), Noel Kempff Mercado, Sajama, Tariquía (Tarija, 246.870 hectáreas) y Aguaragüe.

Esta última amenaza aún debe ser discutida en el interior del Sernap, admite su director nacional, Adrián Nogales, quien anticipó que en la institución comenzará un programa de capacitación al respecto dirigido a personal.

Fuente: Miriam Telma Jemio - Revista Domingo de La Prensa