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Dictamen en relación con la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género. Sentido positivo

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

DICTAMEN EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DISTRITO FEDERAL A CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la Honorable

Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen

correspondiente la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta

a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas

y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los

servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de

perspectiva de género.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45,

numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 86, 157, 162, y 182 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta

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Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 13 de octubre de 2010, la Diputada Gallegos

Camarena Lucila del Carmen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que se

exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades

federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a

capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de

las mujeres y de perspectiva de género.

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la

Comisión de Equidad y Género, de la Cámara de Diputados para su

análisis y dictamen.

C O N T E N I D O D E L A P R O P O S I C I Ó N

Expone la Diputada proponente que la perspectiva de género es un

enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de

género y responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica

y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones

económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social.

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Tal enfoque, aduce, visualiza a hombres y mujeres en tanto sujetos

históricos, construidos socialmente, producto de una organización social

determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las

relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en

las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género, para el análisis de la sociedad y

la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad, está

estrechamente vinculada con la idea de construir una democracia más

integral y progresista.

En abundancia, destaca que el ámbito internacional las conferencias

mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi,

1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado

objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una

concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la perspectiva

de la transversalización de género.

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la

perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los

Estados es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual enuncia, en forma

jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente

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sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica de prohibir todas

las formas de discriminación contra la mujer.

Entre las obligaciones que emanan de la CEDAW, afirma, se encuentran

las establecidas en sus artículos 2 y 3, que a la letra versan:

Artículo 2 Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. Artículo 3 Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Para la proponente, los compromisos adquiridos internacionalmente no

sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo

y Judicial en los tres niveles de gobierno, es decir, los tres poderes de la

federación, estados y municipios deben observar estas disposiciones.

Lamenta que, aun cuando nuestro país forma parte de la CEDAW y ha

participado y sido sede de las conferencias antes citadas, México aún

enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los

planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el

reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre ellos,

destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de

iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de

exclusión o discriminación.

Estas limitaciones han sido del conocimiento del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de

seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del

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sexto informe periódico de México, quien emitió sus observaciones finales,

entre las que destacan las siguientes:

8. El Comité observa con preocupación que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la convención. El comité lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento. 9. El comité insta al Estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al Estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización. Recomienda que el Estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el Poder Judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

En tanto, precisa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en México elaboró un diagnóstico sobre la

situación de los derechos humanos en México en el cual se identificaron

los escollos existentes en materia de los derechos humanos de las

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mujeres y a partir de esta identificación se formularon propuestas que

tienen en cuenta las recomendaciones emitidas por los comités de

seguimiento de la CEDAW y de los pactos de derechos humanos, así

como las que surgen de las conferencias internacionales de población y de

la mujer, entre éstas se encuentran las siguientes:

1. Promover la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW y Belém do Pará) en la legislación nacional y estatal y su debido cumplimiento. 2. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, los programas, los presupuestos y la gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano. 4. Promover la eliminación de estereotipos de género y realizar campañas de sensibilización e información. 7. Adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales. 8. Asegurar a las mujeres igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. 9. Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. 10. Promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la vida de las familias.

Por ello, la promovente señala que la proposición tiene como uno de sus

objetivos primordiales impulsar la transversalización de la perspectiva de

género en todas las acciones, programas y legislación de los 31 estados

que conforman el territorio nacional y del Distrito Federal, para lo cual

resulta indispensable que los encargados de su diseño cuenten con los

elementos conceptuales necesarios, razón por la que la capacitación de

los servidores públicos es otro elemento de esta proposición.

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En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Cámara de

Diputados, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes

del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de

derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en

el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su

trabajo cotidiano.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación central

de la proponente cuando señala que la capacitación de los servidores

públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión

es una tarea imprescindible para la protección de los derechos humanos

de las mujeres, previstos en los instrumentos internacionales ratificados

por el Estado mexicano. De igual manera, es de llamar la atención que en

dicha capacitación se incluyan las garantías establecidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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En ese tenor, para esta Comisión Dictaminadora resulta relevante

examinar que disponen, en materia de capacitación las leyes de orden

federal vigentes, ello con el fin de contrastarlas con la propuesta de la

Diputada proponente.

SEGUNDA. La Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de

Violencia establece que el Programa Integral para Prevenir, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (artículo 38)

contendrá las acciones con perspectiva de género para no solamente

impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos

de las mujeres, sino para educar y capacitar en materia de derechos

humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y

demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención,

sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, para

educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al

personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de

instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género.

En el mismo sentido, el artículo 44 establece que corresponde a la

Secretaría de Seguridad Pública capacitar al personal de las diferentes

instancias policiales para atender los casos de violencia contra las

mujeres.

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Por su parte, el artículo 45 de la citada Ley estipula que corresponde a la

Secretaría de Educación Pública definir en las políticas educativas los

principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y

hombres y el respeto pleno a los derechos humanos, así como capacitar al

personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Igualmente, el artículo 46 dispone que a la Secretaría de Salud le

corresponde crear programas de capacitación para el personal del sector

salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la

atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas

vigentes en la materia, y capacitar al personal del sector salud, con la

finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

En tanto, la Ley General de Acceso dispone que a las entidades

federativas y al Distrito Federal les concierna la promoción, en

coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención,

educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos

de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa Integral.

Por último, el artículo 50 precisa que a los municipios les corresponde, de

conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la

perspectiva de género, promover, en coordinación con las entidades

federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a

víctimas, entre otras tareas.

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TERCERA. En tanto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres contempla en su artículo 25 que a la Junta de Gobierno del

Instituto Nacional de las Mujeres le corresponderá apoyar la coordinación

entre las instituciones de la Administración Pública Federal para formar y

capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres.

La misma Ley dispone en los artículos 39 y 40, que la política nacional

orientada a promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y

hombres tendrá como objetivos evaluar la legislación en materia de

igualdad entre mujeres y hombres, promover los derechos específicos de

las mujeres como derechos humanos universales, y erradicar las distintas

modalidades de violencia de género, por lo que, entre otras acciones, las

autoridades correspondientes impulsarán la capacitación del personal

encargado de la procuración y administración de justicia en materia de

igualdad entre mujeres y hombres.

CUARTA. Por lo que toca a la capacitación en materia de no

discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,

establece en el artículo 14 que los órganos públicos y las autoridades

federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras

medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de

oportunidades para la población indígena, crear programas permanentes

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de capacitación y actualización para los funcionarios públicos sobre la

diversidad cultural.

Además, en el artículo 20 se establece que al Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación tiene como facultades las de verificar la

adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la

discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas,

así como expedir los reconocimientos respectivos.

También, desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas

discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural, así

como divulgar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia, y

promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno.

QUINTA. De suyo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres lo mandata,

en el artículo 6, a promover, proteger y difundir los derechos de las

mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por

México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de

las mujeres.

A promover la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las

mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la

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democracia, así como a promover y monitorear el cumplimiento de los

tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente, lo faculta para llevar a cabo la ejecución de programas de

difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance

nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres,

procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre

el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no

gubernamentales y privados para la equidad de género.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tiene como atribución,

artículo 7, la de impulsar la incorporación de la perspectiva de género

en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto

de egresos de la federación, y actuar como órgano de consulta,

capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, así como de las autoridades

estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia

de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las

mujeres, cuando así lo requieran.

SEXTA. La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dispone

que el gobierno federal organice una Comisión Intersecretarial, ello en el

artículo 10, como un ente coordinador que elabore y ejecute Programa

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Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual tendrá

como facultades la de informar y capacitar con perspectiva de género, de

derechos humanos y conforme al interés superior de la infancia, sobre los

conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas y de

los instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de

la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo

(artículo 12)

El artículo 13 establece que la Comisión Intersecretarial, en la formulación

del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,

contemplará, entre otros rubros, el de fomentar el diseño, evaluación y

actualización de los planes y programas de capacitación y formación de

servidores públicos, principalmente de las instituciones del gobierno

federal vinculadas a la seguridad pública, procuración, impartición de

justicia y migración.

El mismo artículo precisa que la capacitación y formación incluirán los

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, trata de

personas y derechos de los refugiados, y la legislación nacional, con

especial referencia a la atención y protección de los derechos de niñas,

niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores de sesenta años, de los

indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender el significado

del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad.

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SÉPTIMA. Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la

Tortura, establece que los órganos dependientes del Ejecutivo Federal

relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo

programas permanentes y establecerán procedimientos para

capacitar a su personal en materia del respeto de los derechos

humanos, para la profesionalización de sus cuerpos policiales y de

los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de

toda persona sometida a arresto, detención o prisión (artículo 2)

OCTAVA. De las acciones prácticas —, derivadas del ejercicio

presupuestal, al término del primer semestre del presente año, Informes

Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,

Primer Trimestre de 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público— se

da cuenta de algunas de ellas:

Dentro del programa Promover la prevención y atención de la violencia

contra las mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres (Conavim) tenemos:

En el mes de marzo, la CONAVIM y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, organizaron el Foro Regional de Capacitación 2011 “Reinserción Social y Perspectiva de Género en el Sistema Acusatorio”, donde se capacitaron a 75 jueces, magistrados y secretarios de acuerdo de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; 48 mujeres y 27 hombres (anexo 2 del avance de

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programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de género)

En la Defensa Nacional, dentro del programa Capacitación y

sensibilización para efectivos en perspectiva de género, tenemos:

Las Jornadas de Capacitación y Vinculación Ciudadana es un proyecto tiene como objetivo capacitar y sensibilizar a los mandos superiores militares, para establecer criterios que promuevan la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, asimismo fortalecer la vinculación cívico militar con actores de la sociedad que contribuyan al cumplimiento de las misiones asignadas al Instituto Armado, por lo que para registrar el avance del indicador, las actividades a realizarse como parte de la Jornada de Capacitación y Vinculación Ciudadana, consiste en doce Jornadas, una por cada Región Militar donde de acuerdo a la disponibilidad de personal se realizarán talleres de capacitación y sensibilización para 90 generales y 90 coroneles en perspectiva de género y derechos humanos; reuniones con líderes y formadores de opinión en cada Región Militar, participando 120 personas entre civiles y militares, y reuniones con organizaciones de la sociedad civil, participando 120 personas entre civiles y militares (anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de género)

En el Poder Judicial de la Federación, dos actividades dan muestra

fehaciente del compromiso para sensibilizar, capacitar y formar al

personal:

“Seminario taller Herramientas para incorporar la perspectiva de género en el clima institucional de las salas regionales”, cuyo objetivo fundamental fue la sensibilización en materia de género del

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personal de la Sala Regional, en su desarrollo participaron 20 servidores públicos de mando medio y superior.

Cátedra Virtual: “La Mujer en la Administración de la Justicia”, con el objetivo de dar a conocer las experiencias y buenas prácticas que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.

Cabe destacar que en el mismo Poder Judicial se institucionalizó la

perspectiva de género (PEG), como lo consigna el documento 7º y 8º

Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW:

47. Institucionalización de la Perspectiva de Género (PEG) en el Poder Judicial de la Federación (PJF). De 2008 a 2010 se asignó al PJF presupuesto etiquetado con el fin de realizar acciones para sensibilizar, capacitar y formar a funcionarias y funcionarios públicos en PEG. Como resultado, se creó la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del PJF y se integraron tres direcciones de equidad de género: en la SCJN, en el CJF y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, se creó un Comité Interinstitucional de Equidad de Género del PJF, institución rectora de la política en materia de equidad de género en el PJF.

Lo anterior, sin detallar las acciones de capacitación en el ámbito de la

Secretaría de Turismo, del Instituto Federal Electoral, de la Secretaría de

Seguridad Pública Federal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública,

Secretaría de Educación Pública, en el sector salud, etcétera.

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NOVENA. Por lo que toca a las entidades federativas, de los 7º y 8º

Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW, se

desprende lo siguiente:

45. Institucionalización de la perspectiva de género (PEG) en la Administración Pública Estatal y Municipal. El Fondo de Fomento para la Transversalidad de la PEG, fue creado en 2008 para el desarrollo de proyectos en coordinación con las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF). En 2009 se fusionó con el Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ese año se tuvo incidencia en 1,300 municipios. En 2010, el Fondo se estructuró como Programa de Fortalecimiento para la Transversalidad de la PEG, sujeto a reglas de operación. Con fines similares, desde 2006 el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) opera el Programa de Apoyo para las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para apoyar acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

El mismo documento, refiere la actuación del INMUJERES trabajando

coordinadamente con las entidades federativas:

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES): El 24 de Diciembre de 2009, se crea el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (antes Fondo de Fomento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género), cuyo objetivo es contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Este programa opera en las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para que lleven a cabo

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acciones específicas de Transversalidad de la Perspectiva de Género en la administración pública estatal y municipal. Las instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas han generado, desde la creación del Fondo, ahora Programa de Transversalidad, diversas acciones de coordinación intersectorial e interinstitucional con organismos estatales con el fin de instrumentar actividades conjuntas que permiten dar respuesta a las Leyes Generales de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La acciones de coordinación son entre otras: sistemas de igualdad, mesas interinstitucionales, o intersectoriales; acciones de procesamiento de información y de difusión. Asimismo se han realizado, 220 diagnósticos, aproximadamente, 1,700 actividades de formación y profesionalización para el desarrollo de capacidades, en materia de género, del personal de la Administración Pública Estatal y Municipal, además de 112 propuestas de armonización en materia igualdad, de derechos humanos y violencia de género.

DÉCIMA. En suma, la incorporación de la perspectiva de género y las

tareas de capacitación de funcionarios de los tres poderes y los tres

órdenes de gobierno, ya se encuentran establecidas en las leyes

federales, y de ello dan cuenta los documentos denominados Avance de

programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la

igualdad de género, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los

Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW.

DÉCIMA PRIMERA. Pese a ello, recientemente, las y los integrantes de la

Comisión de Equidad expresamos públicamente nuestra más profunda

preocupación y rechazo a las cada vez más frecuentes acciones

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discriminatorias, agresivas y retrógradas contra las mujeres de nuestro

país, lo que constituye una muestra de violaciones flagrantes a sus

derechos humanos y libertades plenas que deben gozar. En abundancia,

expresamos que dichas acciones resultan doblemente preocupantes

cuando son expresadas por servidores públicos, quienes están obligados

por ley a promover y dar cumplimiento irrestricto a los diversos

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que establecen la

igualdad de trato entre hombres y mujeres, la no discriminación y la no

violencia contra las mujeres.

Al respecto, dimos cuenta de diversos casos, entre ellos el del jefe de

departamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Santa María

Huatulco, Oaxaca, que dispuso aplicar prohibiciones al personal femenino

en lo relativo a su vestimenta; el del subdirector de cultura del

ayuntamiento de Mérida y coordinador del Museo de la Ciudad quien uso

un lenguaje soez y discriminatorio contra un investigadora; el del munícipe

de la capital queretana, quien al pretender reconocer el trabajo de una

delegada señaló que puede hacer bien las cosas aunque sea mujer. Otro

más, fue el del secretario de Seguridad Pública de Guerrero quien afirmó

que integraría una policía turística de Acapulco con mujeres de preferencia

guapas.

En este tenor, considerando de manera inequívoca que los servidores

públicos, de todos los ámbitos, deben ser ejemplo de la observancia de las

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Dictamen en relación con la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género. Sentido positivo

leyes en materia de no discriminación y promotores de una cultura de

respeto de la dignidad de las mujeres, esta Comisión Dictaminadora

retoma la inquietud de la Diputada proponente con el fin de exhortar a los

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a

las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los

servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de

perspectiva de género.

El reforzamiento de las tareas de capacitación permanente de los

servidores públicos cobran especial relevancia a la luz de las reformas

constitucionales en materia de derechos humanos con las cuales se

estableció que las y los mexicanos gozarán de los derechos consagrados

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y de las

garantías para su protección.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género

somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el

siguiente

ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes

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Dictamen en relación con la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género. Sentido positivo

del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de

derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en

el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su

trabajo cotidiano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de julio de 2011