Diciembre 2010

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DICIEMBRE 2010 Número 87 $40.00 Álvaro Uribe Vélez MÉXICO RUMBO A LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS ASPECTOS GEOPOLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Juan José Mateos Santillán LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAOS AL DERECHO Juventino Castro y Castro

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LA SEGURIDAD ES UN VALOR DEMOCRÀTICO DE UNA FUENTE DE RECURSOS: Àlvaro Uribe Vèlez

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  • DICI

    EMBR

    E 201

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    Nmero 87 $40.00lvaro Uribe Vlez

    MXICO RUMBO A LA COLEGIACIN OBLIGATORIADE LOS ABOGADOS

    ASPECTOS GEOPOLTICOS DE LA REVOLUCIN MEXICANAJuan Jos Mateos Santilln

    LA APLICACIN DE LA TEORA DEL CAOS

    AL DERECHOJuventino Castro y Castro

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    S U M A R I O

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    No. 87 diciembre 2010

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    PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2009

    ENTREVISTA: LVARO URIBE VLEZ

    KEDITORIAL

    Dr. Elias Huerta Psihas

    Lic. Janet Huerta Estefan

    LA SEGURIDAD ES UN VALOR DEMOCRTICO Y UNA FUENTE DE INGRESOS

    Jos Carlos Muiz Montiel

    EL GENERAL OSCAR NARANJOEL MEJOR POLICA DEL MUNDO

    Dr. Juan Jos Mateos Santilln

    ASPECTOS GEOPOLITICOS DE LA REVOLUCIN MEXICANA

    XV CONGRESO NACIONAL SOBRE MENORES INFRACTORES

    LA ESPECIALIZACIN EN LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS MENORES QUE INFRINGEN LA LEY Dra. Ruth Villanueva Castilleja

    IMPARTEN EN LA UNAM UN FORO SOBRE LA FUNCIN JURISDICCIONAL EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO"

    LA APLICACIN DE LA TEORA DEL CAOS AL DERECHODr. Juventino V. Castro y Castro

    ES PRIORITARIO COMBATIR SERIAMENTE LA CORRUPCIN

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    DIRECTOR GENERALDr. Elas Huerta Psihas

    DIRECTOR EDITORIALDr. Ruperto Patio Manffer

    DIRECTORA DE DIFUSINLic. Jackeline Huerta Estefan

    CONSEJO EDITORIALDr. Sergio Garca RamrezDr. Ral Carranc y Rivas

    Dr. Juan Gonzlez AlcntaraDr. Carlos Quintana Roldn

    Dr. Ricardo Ojeda BohorquezDr. Carlos Arellano Garca

    Dra. Mireille Roccatti VelzquezDr. Francisco Bravo Ramrez

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    Dra. Bertha Beatrz Martnez GarzaDr. Sergio E. Casanueva Reguart

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    COORDINACIN EDITORIALJanet Huerta Estefan

    [email protected] Hugo Martnez [email protected]

    DISEO EDITORIALArturo Jimnez Garca

    [email protected] Gilda Alcivia

    Tatiana Ramrez ChanonaVanessa Ballesteros

    COORDINACIN DE DISTRIBUCIN Antonio Estevez Celestino

    FOTOGRAFACarlos Gamboa Garca

    e-mail: [email protected] Cuartoscuro

    FORO JURDICO, rgano oficial de la Asociacin Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Direccin General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Ttulo, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, nmero ISSN 1870-1183 transformado al nmero EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del ttulo no. 13058 expediente 1/43205/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisin Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretara de Gobernacin. Certificado de Licitud de Contenido Nm. 10631, expediente 1-432 05 - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisin Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretara de Gobernacin. Redaccin: Platn 429 Col. Palmitas CP 11560 Mxico D.F. Tels. 5281-0822. Diseo Editorial: Look & Feel Design. Mrida 170 126 Col. Roma. [email protected] Tl: 5574-8543. Impresa en Grupo CAZ, S.A. de C.V. Marcos Carrillo 157 Col. Asturias. Tel.: 5741-2629 Distribucin: Platn 429 Colonia Palmitas. Asesora Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrn Valle. Tel. 3330-1625. CITEM Foro Jurdico No. 87, diciembre 2010.

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    FORO JURDICO 3

    LIBROS EN

    D I R E C T O R I OK

    Mtro. Jess Armando Liogon Beltrn

    N I M S N I M E N O S

    T I E M P O D E S A B E R

    Dr. Carlos Arellano Garca

    Mtro. Jorge Antonio Alfaro

    R E F L E X I O N E S J U R D I C A S

    Robespierre

    CADALSOLA ESPECIALIZACIN EN LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS MENORES QUE INFRINGEN LA LEY

    Dr. Eliseo Rangel Gaspar

    LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPBLICA

    COMERCIO INTERNACIONAL. RGIMEN JURDICO ECONMICOLibro del Dr. Juan M. Saldaa Prez presentado en la ELD

    Vctor Hugo Martnez Barrera

    XXIX CONSEJO NACIONALDE SEGURIDAD PBLICA

    Dr. Rubn Delgado Moya

    DERECHO DEL TRABAJO BUROCRTICO Y DERECHO SOCIAL

    CARACTERES Y DEFINICIN DE LA SOBERANA

    PREVENCIN: NI DROGAS, NI VIOLENCIA

    CAMBIO CLIMTICO Y COP 16 EN CANCN

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    KEDITORIAL

    Una buena dosis de la inseguridad e impunidad que nos aqueja tiene su origen en los alarmantes ndices de corrupcin que existe en todo el pas y en todos los mbitos de la vida social, tanto en el sector pblico, como en el privado, como lo corrobora la reciente encuesta mundial dada a conocer por Transparencia Internacional que reprob a Mxico con una calificacin de 3.1 en una escala de 10 a 0, colocndonos en el lugar 98 de 198 pases considerados, por debajo de Chile, Uruguay, Colombia, Per, inclusive de Jamaica y Guatemala.

    Los bochornosos acontecimientos recientes del IMSS, de la ALDF y de la CFE, son un indicador de lo generalizado que tenemos este negativo fenmeno. Las millonarias licitaciones de medicamentos arregladas del Seguro Social, las compras super infladas y con adjudicacin directa de la Oficial Mayor de la ALDF y los recibos disminuidos de luz de funcionarios importantes y otras prcticas corruptas de la CFE y de la extinta Luz y Fuerza del Centro, son apenas la punta del iceberg de la corrupcin generalizada que tanto nos daa.

    Hechos como estos -que no nos alarman porque sabemos que es el pan nuestro de cada da-, deben ser considerados si verdaderamente el gobierno federal y los locales quieren combatir a la delincuencia organizada y de paso a todos los

    vicios de un sistema de justicia penal desacreditado y en crisis, con niveles de impunidad del 95%.

    Esto debe ser considerado seriamente en el cambio de estrategia que en esta lucha ha anunciado el Presidente de la Repblica. Es prioritario dar un serio y profundo combate a la corrupcin en todas sus modalidades, comenzando con las reas del Ejecutivo, incluidos los Pinos y Palacio Nacional.

    Para lograrlo se requieren nuevas leyes con sanciones severas y efectivas en todos los casos de corrupcin pblica y contra los privados cuando se coludan. Urgen tambin intensas campaas de concientizacin y de cultura de la legalidad ms que gastos desproporcionados en imagen de gobernadores que poco interesan sus obras, mas all de sus paisanos. Igualmente se necesita retomar la idea de construir un verdadero servicio civil de carrera en toda la administracin pblica, particularmente en las oficialas mayores, gerencias de compras, de obras, etc, que sospechosamente recaen en los ntimos de los jefazos, encargados de hacer los cochinitos o de cobrar el tan comn diezmo.

    Poco avanzaremos en esta lucha contra el crimen si no se incorpora una verdadera estrategia anticorrupcin que deje atrs prcticas comunes como el que no tranza no avanza o no me des, ponme donde hay K

    ES PRIORITARIO COMBATIR SERIAMENTE LA CORRUPCIN

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    Dr. Elias Huerta PsihasK

    E N T R E V I S T A

    ES UN VALOR DEMOCRTICO Y UNA FUENTE DE INGRESOS

    LA SEGURIDAD

    De paso por Mxico para participar en la Octava Cumbre de Negocios celebrada

    en la Ciudad de Toluca, Estado de Mxico, y recibir el Doctorado Honoris Causa

    de la Universidad Autnoma de Guadalajara y la Presea Por la Defensa del

    Estado de Derecho, de la Asociacin Nacional de Doctores en Derecho, el ex

    Presidente de Colombia, lvaro Uribe Vlez, concedi en exclusiva, una entrevista

    a Foro Jurdico en la que aborda algunos de los puntos relevantes de su poltica

    de Seguridad Democrtica que produjo exitosos resultados en materia de

    seguridad y justicia en ese pas, refirindose en especial a la importancia de

    contar con una polica nica para un eficaz combate a la criminalidad organizada

    y las ventajas que acarrea para la economa la Seguridad.

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    LVARO URIBE VLEZ

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    firma lvaro Uribe que para remontar el fenmeno delincuencial agudo que imperaba en Colombia en el 2002, cuando fue electo por primera

    ocasin Presidente, asumi el mando directo de todas las acciones para combatir el secuestro e inici semanalmente, por todo el pas, Consejos Comunales y Consejos de Seguridad, -que realiz permanentemente durante los 8 aos que fungi como Presidente de la Repblica de Colombia-, evaluando permanentemente acciones y resultados de las diferentes estrategias del combate contra la delincuencia, involucrando desde el principio, activa y prioritariamente a la sociedad civil.

    Destaca Uribe la importancia que en estas labores ha tenido la Polica Nacional de Colombia con mando nico en todo el pas y la colaboracin de la ciudadana en labores de denuncia e informacin a travs de instrumentos de comunicacin de uso masivo como los celulares. Presentamos a nuestros lectores la parte sustancial de esta interesante entrevista con quien ha sido considerado por los gobiernos de Estados Unidos y de algunos pases Europeos como el mandatario ms popular de la poca contempornea en Amrica Latina.

    QUE OPINA DE LA RECIENTE PROPUESTA DEL PRESIDENTE

    FELIPE CALDERN PARA UNIFICAR LAS POLICAS?

    Yo no puedo opinar sobre la propuesta del gobierno de Mxico, tengo que ser absolutamente respetuoso. Lo que s le puedo contar es la experiencia de Colombia en este tema. Colombia, hasta los aos 50s, tuvo policas departamentales -que aqu seran estatales-, de ingrata recordacin, porque obedecieron a manejos de gatilleros locales, mucho ms que al inters superior de la localidad ciudadana. Hoy en da en Colombia, contar con una sola polica nacional es una gran ventaja para enfrentar a la criminalidad organizada. Tenemos un comando unificado cuya autoridad recae en un comandante de la polica que hoy es un prestigiado polica, el General Oscar Naranjo. En la lnea jerrquica hacia arriba sigue el Ministro de la Defensa y el Presidente de la Repblica, entonces para

    simplificar, el comandante supremo de toda la polica colombiana es el Presidente de la Repblica.

    Otro tema importante en esta materia fue que en 1994 se introdujeron poderes discrecionales al comandante de la polica para remover integrantes de sta, es decir, para desvincularlos por razones de buen servicio. Entonces se introdujo lo que yo llamo una flexibilidad para el despido, que es crucial. La Corte Constitucional Colombiana ha venido recortando ese poder, pero todava es manejable, porque es imposible administrar la lucha contra la criminalidad cuando se exige probar la causal de buena conducta de un agente de orden pblico como es un polica. En estos casos hay que confiar en la buena fe, en el buen criterio, en la verdad sabida por parte del comandante de la polica al investirlo de esas autorizaciones. Considero que esas son algunas de las ventajas que tiene el manejo de polica nica en Colombia.

    CMO INTERVIENEN EN ESTE PROCESO LOS GOBERNADORES

    y LOS ALCALDES?

    En Colombia ambos son elegidos popularmente, por voto popular directo y la Constitucin colombiana dice que ellos son representantes del Presidente de la Repblica en su Departamento -Estado, o municipio-, por ello tienen la facultad de coordinar a la polica en sus localidades, pueden apoyarla y orientarla para que intervengan contra la criminalidad. No obstante que es una polica nacional, cuando uno lee bien la Constitucin, encuentra que los gobernadores y los alcaldes, y lo digo por mi experiencia de gobernador, tienen toda la competencia para coordinar a esa polica con las otras fuerzas, no obstante que el mando se mantiene en cabeza del Presidente de la Repblica. En resumen los gobernadores y alcaldes pueden coordinar y apoyar los esfuerzos de la polica ms no pueden nombrar ni desvincular ya que el mando lo mantiene el Presidente de la Repblica. En mi pas, las ciudades ms importantes apoyan a la polica con recursos, con vehculos, con combustible, con equipo de comunicacin. Adems contamos con un impuesto que ha ayudado mucho, el 5% del valor de cada contrato de obra pblica se

    E N T R E V I S T A

    LA POLICA NICA REPRESENTA UNA

    GRAN VENTAJA PARA ENFRENTAR A LA CRIMINALIDAD

    ORGANIZADA

    DI SEGUIMIENTO PERSONAL A TODOS

    LOS SECUESTROS PARA LOGRAR

    SU REDUCCIN

    LA FUERZA PBLICA SIN APOYO

    CIUDADANO NO ES EFICAZ

    SI NO HAY SEGURIDAD NO HAY

    INVERSIN

    A

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    destina a un fondo de seguridad para apoyar la polica, y por ende a apoyar la seguridad.

    EN SU ExPERIENCIA hA SIDO POSITIVO EL MANDO UNIFICADO

    DE LA POLICA?

    No hay duda. Adems del mando unificado parte del xito es que ese mando tenga una especie de poder discrecional para la desvinculacin del polica de dudosa actuacin. Esa combinacin ha dado buenos resultados. Algo que le falta a Colombia en esta materia es ms compromiso de algunos gobernadores y de algunos alcaldes para cumplir la tarea de coordinacin y apoyo a la fuerza pblica. Yo creo que los que se encuentren en situaciones de orden pblico delicadas deberan de reunirse diariamente con la polica, y con las otras fuerzas relacionadas con la justicia, para evaluar cmo est la actividad de todos, para coordinarlos y por supuesto apoyarlos. El ao entrante hay elecciones de gobernadores y alcaldes en Colombia, y esta es una propuesta que me permitir hacer a los candidatos que quieran aceptarla; que adquieran el compromiso con la comunidad de una coordinacin diaria de las policas y las otras fuerzas. Existe una gran necesidad de involucrar todas las fuerzas en la lucha contra la criminalidad ya que cuando alguna fuerza se siente excluida de ese deber, la lleva a no sentirse responsable y no ocuparse de esos criminales. Posteriormente esto puede derivar en una colusin con ellos, lo que facilita que esos criminales penetren en el orden pblico.

    QU PAPEL JUG LA SOCIEDAD CIVIL EN SU

    ExITOSA POLTICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA?

    En un inicio en Colombia haba mucho temor a proponer un proyecto de seguridad democrtica. Siempre los vaticinios eran adversos, los analistas de la poltica decan que un proyecto de seguridad jams triunfara en Colombia. De hecho cuando mi candidatura empezaba y ganaba algunos puntos en las encuestas decan que ya haba tocado techo. Ningn analista crey que esa propuesta pudiera ganar. Haba un temor a una reaccin popular adversa, teniendo en

    cuenta lo que haba sido la doctrina de seguridad nacional en Amrica Latina, en nombre de la cual se impulsaron dictaduras y se suprimieron libertades. En esos discursos polticos siempre se habl de lo social, pero se olvid que lo social necesita recursos para resolverlo y que esos recursos vienen de la inversin, y que sin esa seguridad no hay inversin.

    Otro factor importente es que en la clase poltica formada mayoritariamente por abogados-, hay una interpretacin exagerada de la teora positiva del derecho penal, de la creencia del origen social de todo delito. Los hechos fueron demostrando que a ms criminalidad menos inversin, ms pobreza, ms desempleo y ms inequidad. Por eso, lo que primero hicimos fue apelar al pueblo, lo que llamo la coalicin popular. Si yo hubiera empezado proponindole esto a los polticos, no hubiera triunfado por su temor. Ms que una resistencia exista un miedo a plantear un tema de seguridad. Entonces yo le hice el planteamiento al pueblo colombiano, y fue hasta que tuvimos la aceptacin por parte de la ciudadana que los polticos se empezaron a convencer. Es muy importante destacar esa sucesin de eventos: primero la ciudadana, luego la clase poltica.

    Para lograr la aceptacin ciudadana combinamos dos cosas: la teora y el examen de los hechos. Para la primera, propusimos un proyecto de seguridad democrtica e hicimos una profunda

    LVARO URIBE VLEZ y extensa pedagoga en todo el pas para explicar que un proyecto de seguridad democrtica significaba seguridad para todos los ciudadanos, independientemente de su cercana o su oposicin al gobierno. Haba que difundir que era un proyecto con libertades democrticas, con legislacin ordinaria, sin legislacin de estado de sitio. Un proyecto con un pas totalmente abierto a la vigilancia internacional y con respeto social a los medios de comunicacin. Nos basamos en la concepcin democrtica de la seguridad y en una realidad, en la realidad de un pueblo muy sufrido que empez a despertar, lo cual ayud nuestro discurso. La violencia que vivan los colombianos generaba desconfianza, adems de que creaba una especie de xodo de colombianos, y de desarraigo frente a la patria ya que lo nico que haba trado era muertos, viudas, pobreza e injusticia. Esos factores empezaron a crear el clima que finalmente permiti la victoria. Algunos sectores radicales de la oposicin nunca aceptaron esta tesis, pero como s se beneficiaron de la poltica, han inventado otras formas de criticarme ya que encontraron que la poltica tena un slido respaldo popular.

    CMO LOGR ABATIR EL SECUESTRO

    y DE QU FORMA AyUDA LA POLICA UNIFICADA

    EN ESTE PROCESO?

    En este terreno tuvimos logros importantes. Cuando asum el poder la cifra anual de secuestros se aproximaba a tres mil. Al concluir no llegaba a los 200. En Colombia tenemos grupos especiales anti-extorsin y anti-secuestro que estn en la polica y en el ejrcito y cuentan con la colaboracin del cuerpos de investigacin de la Fiscala General de la Nacin. Estos grupos se han venido entrenando muy bien, y han sido muy efectivos. Adems de esa estructura debo confesar que yo estuve ocho aos pendiente de cualquier caso de secuestro y le haca seguimiento personal desde el momento en que llegara la denuncia hasta que se resolviera, siempre buscando que lo liberaran. En estos casos es vital que exista una gran cercana entre la fuerza pblica y la familia del secuestrado y que la fuerza pblica haga todo lo posible por ganarse la confianza de la familia.

  • 10 FORO JURDICO

    E N T R E V I S T A

    La decisin nuestra en todo caso fue rescatarlos y en la medida en la que nosotros tombamos decisiones fuertes y actubamos, la delincuencia empez a entender que el secuestro ya no era negocio. Mirndolo en retrospectiva, creo que en 2002, cuando empec el gobierno, si hubiera aceptado las grandes presiones para negociar con las FARC la liberacin de los secuestrados a cualquier precio, habra sido un mal principio, que nos hubiera llevado a tener muchos ms secuestros en lugar de reducirlos. Entonces tambin la poltica firme de nuestra parte, demostr que el secuestro no pagaba, y se constituy en un paso fundamental para empezar a reducirlo.

    No cabe duda de que este proceso necesita de una visin y administracin diaria del Presidente. La seguridad no puede quedarse en el discurso, yo pas ocho aos da y noche administrando la seguridad. En Colombia haba un secuestro y me llamaban a m, explotaba una granada y me despertaban a m a cualquier hora de la noche. Muchas veces, antes que los altos mandos militares, yo como presidente conoca los hechos de violencia, porque tena un telfono abierto al pueblo colombiano. A m me llegaban mensajes en la madrugada avisndome de carros bomba y de secuestros. Cuando le entregu la presidencia al Presidente Santos, le dije; yo ya pas en vela las noches de ocho aos, ahora es su turno seor Presidente.

    CMO INVOLUCRAR A LA CIUDADANIA EN LAS TAREAS DE

    SEGURIDAD?

    Hubo dos cosas muy importantes para hacer el acercamiento con las comunidades. En primer lugar estn las reuniones peridicas que hacamos con la comunidad y en segundo la red de informantes que creamos. Dichas reuniones las llamamos los Consejos Semanales de Seguridad, la comunidad acuda a hacer sus denuncias publicamente. Al principio la comunidad era muy temerosa, sin embargo, poco a poco fuimos ganando su confianza. Los temas que se abordaban en estos consejos eran diversos. Haba consejos comunales los sbados sobre temas de seguridad, infraestructura, sociales, econmicos, consejos de microempresarios

    para analizar el tema de su crdito, de licencias, permisos y hasta consejos de exportadores, entre otros.

    En las primeras cuatro horas de los consejos de la comunidad, escuchbamos a los ciudadanos, al principio no hablaban, pero despus a medida que fueron tomando confianza, empezaban a comunicar sus problemas. En las segundas dos horas, los altos mandos militares, el Ministro de la Defensa y yo mismo, en compaa de los mandos regionales, del gobernador, el alcalde y el fiscal, ajustbamos la poltica en esa regin. El verdadero xito de esto comenz una vez que las comunidades nos tuvieron confianza ya que denunciaban lo que no apareca muchas veces en informes de la fuerza pblica. Es decir que la fuerza pblica presentaba informes ms optimistas y la comunidad hablaba con ms realismo y denunciaba desde el robo de una gallina, hasta el mayor secuestro. As, mi persistencia en el tema cre en la fuerza pblica la obligacin de estar muy cerca de la comunidad.

    Posteriormente creamos redes de ciudadanos con ms de cuatro millones de cooperantes.

    Sostengo la tesis de que en el combate a la criminalidad se necesita un trpode: constitucin, fuerza pblica y ciudadana. La fuerza pblica sola sin apoyo ciudadano no alcanza a ser eficaz. Por ello nos dimos a la tarea de integrar a la ciudadana con la fuerza pblica a travs de las redes de informantes que fue el segundo elemento usado para lograr el acercamiento con las comunidades. A los cuatro millones de cooperantes que mencion, los armamos con un celular que es una poderosa arma para la denuncia. Hay un estudio de la Universidad de los Andes que demuestra que a medida que se fue ampliando la cobertura de celular en el territorio colombiano fue disminuyendo la

    violencia y la inseguridad con lo que vemos que hubo una gran contribucin por parte de estos instrumentos de comunicacin.

    Bsicamente la interaccin entre la fuerza pblica y la ciudadana es una cooperacin para mandar informacin. Para esto se requiere de una ciudadana muy comprometida y solidaria, y de una fuerza pblica muy responsable y receptiva. En esos ocho aos se le pidi a la fuerza pblica que estuviera atenta permanentemente a cualquier queja ciudadana y a la comunicacin con los ciudadanos, accin que fue sumamente til.

    El Presidente lvaro Uribe durante la entrevista que realiz el Dr. Elias Huerta Psihas, Director de Foro Jurdico

    Esas son las tres etapas que seguimos con xito en el proceso de involucraiento del ciudadano. Primero la coalicin ciudadana que permiti nuestro triunfo, despus los consejos de seguridad con la ciudadana en las regiones, y finalmente la creacin de la figura de los cooperantes.

    QU EFECTOS TIENE LA SEGURIDAD EN LA ECONOMIA?

    Una de las cosas que yo le dije a los colombianos es: la seguridad es una fuente de recursos y un valor democrtico, y expliqu el porqu. Entonces construimos ese trpode basado en seguridad, inversin y poltica social. El discurso poltico colombiano, siempre hablaba de poltica social, pero nunca hablaba de seguridad, y

  • nunca hablaba de inversin. Nuestro discurso introdujo esos dos elementos. Definitivamente aplaudimos lo social, pero lo social necesita recursos, y los recursos vienen de la inversin, y una inversin tiene que tener un pas que la fomente y que crea en ella, contando con buena macroeconoma y fundamentalmente seguridad. Si no hay seguridad no hay inversin. Divid a la seguridad frente a la inversin en tres categoras: la seguridad fsica, que se refiera a la lucha contra la criminalidad. Que los empresarios sientan que es un pas que los est protegiendo contra el secuestro y la extorsin; la seguridad jurdica; en este rubro obtuvimos una ley que le permite al gobierno hacer pactos de estabilidad en materia tributaria con los inversionistas y: la seguridad poltica, que es dar un mensaje a los inversionistas de que el Estado los protege y cree en la inversin.

    Hoy en da Amrica Latina necesita mucha seguridad poltica ya que vemos tantos gobiernos radicalmente opuestos a la inversin privada, en lo que llamaramos el nuevo comunismo. La seguridad poltica tambin contempla una relacin institucional del gobierno con la inversin, por oposicin una relacin personal en dnde el gobierno ayuda a empresas que son sus amigas y si la considera adversaria puede inclusive expropiarla. Este tipo de relaciones personales dan a los empresarios una inseguridad poltica tremenda. Como vemos es un importantsimo factor que la relacin colombiana con el sector de inversin se ha mantenido institucional e impersonal.

    As pues, se comunic a inversionistas que sin una poltica social no se validara la seguridad ni la inversin proponiendo entonces la seguridad y la inversin como presupuestos para la poltica social, y la poltica social como validadora de la seguridad y de la inversin. El pas en esos aos dobl su tasa de inversin y el producto colombiano per cpita pas de $2,000 a $6,200 dlares sin incluir la capacidad de compra.

    Yo dira que avanzamos mucho en lo social, en educacin y en salud, rubro en el cual Colombia est logrando plena cobertura. Es esencial en este proceso medir todos los indicadores de seguridad, de inversin, y todos los indicadores

    FORO JURDICO 11

    LVARO URIBE VLEZ

    Naci el 4 de julio de 1952 en la Ciudad de Medelln, capital de Antioquia, uno de los 32 Departamentos de Colombia, localizado en la zona noroccidental del pas.

    ESTUDIOS REALIZADOS

    Se gradu de Licenciado en Derecho en 1977 en la Universidad de Antioquia. En 1993 obtuvo diploma en Administracin y Finanzas y en Negociacin de Conflictos en la Escuela de Extensin de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos de Norte Amica. En 1998 y 1999 estudi en el Saint Antonys College de la Universidad de Oxford en Inglaterra.

    TRAyECTORIA POLTICA

    A los 28 aos fue nombrado Director de la Aeronutica Civil del Gobierno central. Entre 1982 y 1983 fue Alcalde de Medelln. Fue electo Concejal de Medelln para el periodo 1984-1986. Fue senador de la Repblica en los perodos 1986-1990 y 1990-1994. Debido al desempeo realizado durante su primer mandato obtuvo las distinciones de Senador Estrella en 1990 y la de Senador de Mejores Iniciativas, mrito escogido por los medios de comunicacin y sus colegas del Senado. Tambin fue resaltado como Mejor Senador en 1993. Ocup la presidencia de Colombia durante ocho aos, en el periodo presidencial 2002-2006 y 2006-2010. Sus principales objetivos durante su gestin presidencial fueron la lucha armada y econmica contra el narcotrfico, y los grupos insurgentes de su pas, as como el mejoramiento en el Sistema de Justicia Penal, realizar un trabajo conjunto con la sociedad y el Estado para brindar seguridad a la poblacin y, abrir la economa colombiana al capital extranjero.

    S E M B L A N Z A

    El proceso de recuperacin de la seguridad requiere una visin y administracin

    diaria del Presidente

    sociales. Por ejemplo como indicador de inversin medamos; tasa de inversin y los avances en ndices de competitividad tanto del Banco Mundial, como el del Foro Econmico Mundial. En los indicadores sociales permanentemente medamos el ndice de oportunidades del Banco Mundial donde tuvimos un gran mejoramiento, el ndice multidimensional de pobreza de Oxford donde tuvimos un gran mejoramiento ya que en nuestro gobierno 6 millones de colombianos salieron de la pobreza, y tambin medamos el ndice de desarrollo de las Naciones Unidas, el

    ao pasado dijo la ONU que despus de Chile y China, Colombia y Per son los pases que ms rpido estn avanzando en el ndice de desarrollo humano.

    A Colombia no la dej en un paraso, pero si con unas buenas semillas con las que creo yo que, de continuar las tendencias, puede producirse una buena germinacin. Los visitantes a Colombia se triplicaron en la ltima parte de su mi administracin y somos hoy un pas bien mirado por los inversionistas locales y extranjeros K

  • 12 FORO JURDICO

    Jos Carlos Muiz MontielK

    DIRECTOR DE LA POLICA NACIONAL DE COLOMBIAFUE RECONOCIDO COMO

    EL MEJOR POLICA DEL MUNDO

    EL GENERAL OSCAR NARANJO

    La Asociacin Internacional de Jefes de Polica (IACP) en su 117 Asamblea otorg al Mayor General Oscar Naranjo Trujillo, Director

    General de la Polica Nacional de Colombia, el reconocimiento de Mejor Polica del Mundo, tomando en cuenta sus exitosas acciones

    en el combate a la criminalidad organizada en ese pas, particularmente al narcotrfico.

  • FORO JURDICO 13

    E n la conferencia anual de la IACP celebrada el pasado mes de noviembre en Orlando, Florida, USA, ante ms de 14 mil directores de servicios policiales de todo el mundo, el Gral. Oscar Naranjo recibi el galardn, reconociendo su trayectoria de 32 aos en las tareas policiales que han contribuido a consolidar en su pas los avances en materia de seguridad pblica.

    En el mismo acto se dio a conocer que la Agencia de Combate de Drogas de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en ingls como DEA, otorg igualmente un reconocimiento al Gral. Oscar Naranjo como Agente Especial Honorario de esa organizacin, por su destacada gestin al frente de la Polica Nacional colombiana, dando testimonio de su fama y el buen nombre de que goza entre los colombianos y entre muchos colegas de la regin.

    La conferencia anual de la IACP es organizada desde su fundacin en el ao de 1893 y constituye un valioso espacio donde los altos mandos y jefes policiales de prcticamente todo el mundo comparten sus experiencias e intercambian conocimientos sobre nuevas tcticas en la lucha contra el crimen.

    Durante el evento, al que asisti con la representacin de Mxico el Secretario de Seguridad Pblica Federal Genaro Garca Luna, se entregaron tambin distinciones a policas que se han destacado en el mundo por su herosmo y efectividad en la lucha contra la delincuencia y en las tareas de prevencin del delito y del mantenimiento de la paz. En ese contexto se premi a la Polica Montada de Canad, al ser considerada la mejor de Amrica, reconociendo sus excelentes estndares que los hacen ejemplos para la comunidad policial, as como por su dedicacin a la calidad de vida de sus comunidades.

    Durante la conferencia se organizaron ms de 150 talleres y sesiones de formacin sobre todo tipo de temas entre los que se incluyeron: estrategias para dirigir cambios en la cultura policial; cmo reaccionar a la prdida de la confianza de la opinin pblica; estrategias para liderar el cambio en la cultura de la polica, el aprendizaje en lnea y el apoyo operacional, la aplicacin de la ley pblica y la colaboracin de la seguridad privada, y el uso de la fuerza, as como estrategias de combate a crmenes violentos y medidas contra el terrorismo internacional.

    En el evento participaron tambin ms de 800 empresas de todo el mundo que mostraron las tecnologas ms avanzadas en la lucha contra la criminalidad, exhibieron productos diseados para el uso polica, incluidos vehculos, accesorios, armas de fuego y equipo de proteccin y tctica, entre otros.La IACP es la asociacin de policas ms antigua del mundo y cuenta con ms de 20.000 miembros.

    Naci en 1956 en Bogot Colombia. Es hijo del General Francisco Jos Naranjo, quien tambin fue Director General de la Polica Nacional. Se gradu de Bachiller en el Colegio Calasanz Bogot. Es Administrador Policial con Postgrado en Seguridad Integral. Ha tomado el Diplomado de Direccin General para la Polica Nacional en el Instituto de Alta Direccin Empresarial (INALDE) de la Universidad de la Sabana.

    Trabaj en el comando de la Polica del Departamento de Bolvar, en el Comando de Operaciones Especiales, la Direccin de Inteligencia y Contrainteligencia Policial y la Polica de la Ciudad de Cali.

    Ha dirigido mltiples acciones policiales exitosas contra la criminalidad organizada, destacando la Operacin Apocalipsis en la que muri al narcotraficante Gonzalo Rodrguez Gacha, miembro del Crtel de Medelln, la operacin de inteligencia que culmin con el desmembramiento del grupo delictivo que comandaba el narcotraficante Pablo Escobar y con su muerte en un enfrentamiento con los agentes del orden.

    El General Naranjo es miembro de la International Drug Enforcement Association filial de la DEA estadounidense, la Asociacin Internacional de Jefes de Polica y el Crculo de Historia de la Polica Nacional.

    CONDECORACIONES

    Entre las principales condecoraciones destacan las siguientes:

    Estrella de la Polica Grado Gran Oficial Cruz al Mrito PolicialMencin Miembro Honorario de la DEA Asociacin Internacional Mencin Reconocimiento de los Estados Unidos de Amrica Medalla Escuela Militar de Cadetes Categora nicaOrden de la Democracia Grado Comendador Orden de la Cmara de Representantes de Colombia Cruz al Mrito Carabineros de Chile Condecoracin al Mrito (Ecuador) Orden del Mrito categora A Primera Vez (Per) Cruz de las Fuerzas Armadas de Cooperacin de las Fuerzas Armadas de Venezuela Mejor Polica del Mundo K

    S E M B L A N Z A

  • 14 FORO JURDICO

    Dr. Juan Jos Mateos Santilln*K

    ASPECTOS GEOPOLITICOS DE LA REVOLUCIN MEXICANA

  • FORO JURDICO 15

    DE LA GUERRA DE LOS CALIFORNIOS A

    LA REVOLUCIN MEXICANALos abuelos de mi generacin fueron revolucionarios, a nosotros nos toc estudiar en escuelas nacionalistas con un claro legado cultural de la Revolucin mexicana, hoy, en el centenario de la gesta armada, los festejos parecen dbiles imitaciones de las fastuosas ferias de cualquier ranchera en nuestro pas. Sin embargo la Revolucin mexicana es mucho ms de aquellas viejas lecciones que exaltaban en nuestra imaginacin la figura de hroes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe ngeles y engrandecan el fervor patrio.

    La Revolucin mexicana es mucho ms que el patrimonio de un partido o un movimiento armado, es la expresin de un pueblo frente a la concentracin de la riqueza, es una herencia que debemos valorar ms all de nuestras tendencias ideolgicas como leccin magistral que nos permita entender la real dimensin de nuestra historia, y no una realidad ciega que quiere llevarnos por senderos que ya transitamos pero que han quedado borrados de nuestra memoria.

    EL ATAQUE A LOS CALIFORNIOS Y A LOS

    PUEBLOS INDIOS DE NUEVO MXICO: UN VERDADERO

    GENOCIDIOLos mexicanos prcticamente olvidamos que cuando los Estados Unidos desmembraron Mxico y se quedaron con casi dos terceras partes de nuestro territorio, firmaron un tratado en el que se comprometan a respetar los derechos de propiedad de los mexicanos que habitaban en aquellas latitudes. Los pueblos originarios que vivan en los estados de California, Nuevo Mxico, Nevada, Arizona, Utah, Texas y parte de Colorado eran dueos indiscutidos de aquellas tierras desde tiempos inmemoriales anteriores a la llegada de los espaoles, franceses e ingleses a estas tierras americanas. Aquellas inmensas tierras que estuvieron bajo la bandera mexicana eran propiedad de las comunidades originarias, salvo pequeas cantidades de tierras propiedad de algunos espaoles. De pronto pasaron por guerra de conquista a quedar bajo la bandera de las barras y las estrellas.

    Tal vez hemos borrado aquella parte de nuestros anales de la historia por la vergenza de narrar la lucha heroica de aquellos mexicanos abandonados a su suerte frente al ejrcito de los Estados Unidos, pelearon con valor indmito, me refiero a la guerra de los Californios y a la resistencia de los pueblos indios de Nuevo Mxico, que pelearon despus de que Mxico se rindi para defender sus derechos sobre la tierra en la que nacieron y de la que fueron dueos desde siempre hasta la conquista de Mxico en 1848.

    Es fcil entender el mecanismo por el cual los norteamericanos despojaron a los mexicanos de las tierras que prometieron respetar con un tratado, les pidieron sus escrituras y sus ttulos de propiedad. Como es de conocimiento general, los ttulos de propiedad derivan de una tradicin romano germnica que no era conocida por las culturas anteriores a la llegada de los espaoles.De esta forma los mexicanos agrupados en comunidades conocidas como Apaches, Yaquis, Mayos, Rarmuris, Pames, Cheroquis etc. eran dueos desde siempre pero no tenan papeles que acreditaran su propiedad en el sentido romnico de la palabra.

    Cuando los norteamericanos decidieron ocupar los territorios que recientemente haban conquistado a Mxico, encontraron el formalismo jurdico para expulsar a las comunidades originarias de mexicanos, de sus tierras, simplemente les pedan que acreditaran sus propiedades con ttulos de propiedad expedidos conforme a la tradicin romana, como esto era un requisito de imposible realizacin, lanzaron a sus ejrcitos en una guerra genocida contra los pueblos indios, conocidos como pieles rojas.

    Para colmo de los males mexicanos, los mormones, que haban sido perseguidos por todo Estados Unidos en razn de que por sus costumbres constituan una verdadera teocracia tomaron posesin de los territorios mexicanos correspondientes al Estado de Utah. Cuando los mormones se asentaron en esas tierras iniciaron una cacera de mexicanos, a esas fechas extranjeros en las tierras donde nacieron.

    Los diarios mexicanos narraban aquellos hechos de la siguiente forma: Un nuevo Insulto los mexicanos. Con el mayor sentimiento notamos que las autoridades de los Estados Unidos no cesan en su sistema de agravios y vejmenes nuestro pas, y de persecuciones a nuestros compatriotas. Bien conocido es el modo vandlico como en el Condado de Calaveras (California) fueron expulsados todos los mexicanos de su pas natal y perseguidos cual si fueran fieras del bosque: despus, todo el mundo sabe cul ha sido la conducta que las autoridades americanas han observado en Nuevo Mxico, y la que el General Lane observ en el Valle de la Mesilla, por lo cual no sabemos se le haya aplicado castigo alguno. ltimamente los peridicos de los Estados Unidos nos traen la noticia de otro atentado cometido por el Gobernador americano del territorio de Utah

  • 16 FORO JURDICO16 FORO JURDICO

    mandando poner presos a todos los mexicanos que residen en l, con una excusa ftil que lleva su refutacin en s misma. 1

    La gravedad de los hechos trasciende la inaccin de los gobiernos mexicanos frente a la desgracia, persecucin y aniquilamiento de nuestros hermanos sobre la base de formalismos jurdicos norteamericanos diseados para legitimar el despojo y masacres que realizaron. El problema fundamental estriba en que los excesos norteamericanos sirvieron de lecciones magistrales a los polticos mexicanos para aplicar las mismas acciones en nuestro pas.

    EL EJEMPLO NORTEAMERICANO

    EN MXICO

    La Revolucin mexicana debe explicarse como un problema multicausal y multifactorial que requiere espacios muy amplios para aproximarse a una explicacin, para efectos de este trabajo nos concretaremos a abordar el problema de la tenencia y concentracin de la tierra en unas cuantas manos.

    Ms all de las causas sociales tradicionalmente expuestas en los libros de historia, el origen de la Revolucin Mexicana debemos ubicarlo en los esquemas neocoloniales de dependencia que ataron los proyectos econmicos mexicanos a Estados Unidos.

    Dentro de las causas ms importantes para entender la revolucin, debemos estudiar la llamada Ley Lerdo o Ley de desamortizacin de bienes civiles y religiosos del 25 de junio de 1856 que imit la estrategia norteamericana para expulsar a las comunidades originarias de sus propiedades. Nuestros libros de texto recogen la

    desmembracin de Mxico simplemente como la invasin norteamericana y la desvinculan de los procesos neocoloniales que se derivan de aquellas derrotas pero la realidad es mucho ms compleja.

    De la Ley Lerdo tambin nos lleg un conjunto de distorsiones, nos dijeron que esa ley de desamortizacin fue dirigida en contra del clero, pero su ttulo y su articulado son por dems claros, el objetivo directo eran los bienes civiles de las comunidades originarias o pueblos indios, los bienes de los municipios y tambin de los Estados. Podemos aclarar cualquier duda con la lectura del artculo 1de la Ley de Desamortizacin de Bienes que sostiene:

    Artculo 1o. Todas las fincas rsticas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesisticas de la Repblica, se adjudicarn en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rdito al seis por ciento anual.

    Como podemos apreciar se menciona en primera instancia a las corporaciones civiles que a las religiosas, los efectos de la medida fueron vistos de antemano, el clero, bien asesorado jurdicamente, acudi a todo tipo de simulaciones y defensas jurdicas para conservar sus bienes. Desamortizar significa quitar de las manos muertas y son manos muertas las sociedades y corporaciones civiles o mercantiles, pero las manos muertas civiles, eran mucho ms vulnerables que las del clero.

    Con la ley Lerdo se despojara de sus bienes y tierras a todas aquellas personas morales que tuvieran tierras, entre las cuales destacaban por su vulnerabilidad e incapacidad para defenderse jurdicamente los pueblos indios o como los conocemos el da de hoy, las comunidades originarias y en general todas las etnias herederas de los hombres que habitaron estas tierras antes de la llegada de los espaoles. La ley de desamortizacin fue un golpe directo de efecto retardado para los dueos inmemoriales

    de estas tierras, pues debi Constitucionalizarse en el artculo 27 de la Constitucin de 1857 y posteriormente complementarse con las leyes de poblacin, colonizacin y las compaas deslindadoras norteamericanas, que por medir el territorio nacional cobraron una tercera parte de todo lo que midieron. De esta forma, a partir del esquema liberal clsico, se despoj a los pueblos indios de sus tierras.

    A los municipios les sucedi lo mismo, desde tiempos de la dominacin espaola, los monarcas dotaron a los municipios de tierras muy amplias para su subsistencia, todos los municipios creados por los espaoles en poca de la colonia contaban con terrenos comunales aledaos llamados ejidos, destinados a la recreacin y al paso del ganado, dehesas terrenos comunales de pastoreo y propios terrenos para ser explotados en beneficio del ayuntamiento el conjunto de los bienes municipales era considerable.

    Esos inmensos territorios que tenan los municipios, lo mismo que las tierras de los pueblos, comunidades y congregaciones indios, se consideraron en manos de una corporacin civil, es decir, en manos muertas y quedaron al mejor postor para su venta.

    Por si queda alguna duda para ver la verdadera direccin del golpe es necesario recordar el artculo 3 de la Ley Lerdo que sostena:

    Sebastin Lerdo de Tejada

    Constitucin Federal de los EstadosUnidos Mexicanos sancionada y votada por el Congreso general Constituyente

    el 5 de febrero de 1857.

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    Artculo 3o. Bajo el nombre de corporaciones religiosas de ambos sexos, cofradas y archicofradas, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todo establecimiento o fundacin que tenga el carcter de duracin perpetua o indefinida.

    El trmino ayuntamiento nos aclara lo relativo a los terrenos comunales municipales de que estaban dotados todos los pueblos desde la poca colonial y el trmino congregacin puede entenderse en el sentido de grupo religioso o de reduccin o congregacin de indios. No es difcil imaginar a los curas planeando la simulacin para proteger las tierras que posean, siempre menores a las de los municipios y a la de los pueblos y congregaciones de indios, de esta forma eludieron en gran medida el impacto de la ley Lerdo, esto se hace evidente si consideramos que aos despus el 12 de julio de 1859, Jurez tuvo que expedir la Ley de Nacionalizacin de Bienes Eclesisticos.

    El 20 de julio de 1863 se expidi la Ley reglamentaria del artculo 72, fraccin XXIV de la constitucin del 57 dictada por el presidente Jurez, llamada Ley de Ocupacin y Enajenacin de Terrenos Baldos, mediante la cual se defini como baldos todos los terrenos de la Repblica que no hayan sido destinados a un uso pblico por la autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidos por la misma a ttulo oneroso o lucrativo a individuo o corporacin autorizada para adquirirlos. El 31 de mayo de 1875 se expidi un decreto sobre colonizacin mediante el cual se autoriz al ejecutivo para que provisionalmente, en tanto se expidiera la nueva ley de la materia, iniciase la colonizacin por medio de compaas deslindadoras, compaas de capital privado. Si atendemos la letra de dicho decreto, es claro que los mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX intentaban poblar Mxico con el sistema que siglos antes dio tantos frutos en Norteamrica, donde empresas como la Compaa de Virginia o la de la baha de Massachusetts colonizaron y formaron verdaderas colonias en la poca anterior a la Independencia, y cuyo xito fue tal, que sirvi de base para la subsecuente expansin norteamericana.

    VI. La de que por habilitar un terreno baldo, con los requisitos que exige la faccin anterior, obtenga el que llene estos requisitos, la tercera parte de dicho terreno o de su valor, siempre que lo haga con la debida autorizacin.

    Benito Jurez expidi la Ley de Nacionalizacin de Bienes Eclesisticos

    El problema central de las compaas deslindadoras radic en la forma de pago que se encontraba en el mismo Artculo 1 del decreto que nos ocupa en su fraccin VI que sealaba:

    La historia oficial ha esparcido dos ideas vagas que distorsionan la realidad de aquellos tiempos, la primera que la ley de desamortizacin golpe al clero, pues en realidad fue el momento en que los antiguos pueblos indios perdieron sus tierras y sus derechos pues posean las tierras en forma comunal y eso significaba que eran manos muertas por tanto pasaban de generacin a generacin sin salir jams de sus manos, lo mismo les sucedi a los municipios.

    Segundo, que los espaoles despojaron a los pueblos indios de sus tierras, esta es una verdad relativa, pues los reyes espaoles impulsaron un

    sistema protector de los derechos que se refleja en la llamada Legislacin indiana o Leyes de Indias y aplicaron las figuras de la encomienda y el repartimiento para la explotacin de las tierras y el cobro de impuestos.

    La encomienda y el repartimiento no despojaban a los indios de sus propiedades, pues concedan a los espaoles el derecho de cobrar impuestos o recibir mano de obra para sus tierras y minas respetando en lo general los inmensos territorios de Norteamrica a favor de las comunidades indgenas.

    El gran asalto a las tierras que le quedaron a Mxico despus de la guerra de conquista de Estados Unidos fue encabezado por los liberales de aquellos tiempos, entendidos como los hombres con pensamiento de corte liberal clsico, que existan en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. No podemos omitir que personajes como el mismo Emperador Maximiliano de Habsburgo tenan por pensamiento una estructura liberal clsica que era la concepcin poltico econmica dominante en aquellos tiempos. De forma paralela, tampoco debemos olvidar el alineamiento de los grupos liberales a la logia yorquina desde tiempos de la independencia y la importancia cada da mayor que los Estados Unidos fueron adquiriendo al paso de los aos y en la medida que se consolidaba el neocolonialismo en nuestro pas.

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    LA IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA GUERRA DE REFORMA

    La finalidad de la Ley Lerdo o de la desamortizacin de bienes, no la buscaremos en las mil justificaciones que se escribieron desde el momento de su publicacin y que se siguen repitiendo hasta la fecha, recurriremos a la opinin de un distinguido liberal juarista, que lleg a ser Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Jurez, Don Manuel Mara de Zamacona quien nos ilustra sobre el tema cuando afirm por la va diplomtica dirigindose al encargado de negocios de Mxico en Washington en 1861: A propsito de este asunto debo recomendar a Usted, que con toda la discrecin posible tome informes y los transmita a este ministerio sobre los trminos que sera practicable negociar con los banqueros y capitalistas de los Estados Unidos, un emprstito desde uno hasta diez millones sobre la garanta de terrenos baldos, o el derecho del gobierno en la empresa de Tehuantepec, o de los valores procedentes de la nacionalizacin...

    La palabra de Zamacona es esclarecedora, la desamortizacin de bienes de 1856 y la nacionalizacin del 59 tuvieron por finalidad adquirir garantas para contratar emprstitos con el extranjero, la desamortizacin signific adicionalmente recursos para pagar las deudas contratadas con motivo de la revolucin de Ayutla, para pagar la deuda interna y muchas otras poderosas razones. La desamortizacin de bienes vista como una medida en la que los arrendatarios tuvieran acceso a los bienes

    que trabajaban bien pudiera ser considerada una medida revolucionaria, semejante a la perspectiva zapatista de la tierra es para quien la trabaja, sin embargo, en las condiciones del Mxico de 1856 la medida tiene exactamente el efecto contrario.

    Los indios trabajaban sus tierras comunalmente y los pueblos hacan lo mismo con las tierras municipales, no obstante continuaban constituyendo corporaciones civiles que no podan mantener sus propiedades y un aspecto an ms importante, la pobreza de las grandes masas mexicanas les impeda acceder a las posibilidades de comprar bienes inmuebles; de esta forma la medida se encamin a favorecer a los extranjeros y a la oligarqua mexicana que tuviese capitales para invertir. El artculo 5o. es categrico para solucionar el problema de los terrenos de las comunidades indgenas y de los municipios:

    Artculo 5o. Tanto las urbanas, como las rsticas que no estn arrendadas a la fecha de la publicacin de esta ley, se adjudicarn al mejor postor, en almoneda que se celebrar ante la primera autoridad poltica del partido.

    Por el Artculo 5o. se podan vender todos los bienes indgenas y municipales al mejor postor, principio liberal que en una sociedad agraria como la mexicana de mediados del siglo XIX necesariamente iba a conducir a una inexorable concentracin de la riqueza en manos de unos cuantos, acumulaciones de terrenos ya no en comunidades, sino en individuos, acumulaciones llamadas latifundios.

    Las excepciones del Artculo 8 fueron las siguientes:

    Manuel Mara de Zamacona

    Artculo 8o. Slo se exceptan de la enajenacin que queda prevenida, los edificios destinados, inmediatamente y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se

    arriende alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios, hospitales, hospicios, mercados, casas de correccin, y de beneficencia. Como parte de cada uno de dichos edificios podr comprenderse en esta excepcin una casa que est unida a ellos, y la habiten por razn de oficio, los que sirven al objeto de la institucin, como las casas de los prrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptuarn tambin los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio pblico de las poblaciones a que pertenezcan.

    Por ejido espaol se entendan las vas de paso de ganado y los lugares de recreo segn referimos con anterioridad, en 1853 no se tena el mismo concepto que en la actualidad sobre los servicios pblicos por lo que el impacto de la Ley Lerdo en el patrimonio municipal fue considerable, lo mismo que en el patrimonio indgena.

    El impacto de la Ley Lerdo fue terrible, la gran mayora del pueblo de Mxico no tena recursos para invertir, los bienes de las comunidades indgenas y municipales quedaron a merced de los capitalistas interesados en perjuicio de las grandes mayoras nacionales, para mayor gravedad, el Artculo 11 del Reglamento de la Ley de Desamortizacin incluy a las comunidades y parcialidades indgenas como sociedades civiles que no podan poseer tierras, lo que signific un verdadero crimen legal con el que las comunidades indgenas perdieron su personalidad para poseer sus tierras, pues nunca reclamaron individualmente lo que les corresponda comunalmente, ni tuvieron la capacidad de defender sus derechos legalmente por lo que fueron despojadas y ante su resistencia aniquiladas. Los excesos de la Ley Lerdo llevaron a que el 17 de septiembre de 1856, se indicara que los bienes nacionales no estaban incluidos en los bienes desamortizables.

  • FORO JURDICO 19

    De las leyes de colonizacin y de las compaas deslindadoras se ha escrito lo suficiente para comprender que sirvieron para concentrar la tierra en unas cuantas manos y para dar paso a un sistema que bas su economa en el latifundio, pero que con el tiempo transit al llamado latifundio improductivo a favor de una pequea oligarqua mexicana, pero fundamentalmente al servicio de los intereses econmicos norteamericanos y de algunos europeos.

    Sin embargo, la confrontacin de proyectos que nos llev a la llamada Guerra de Reforma debe estudiarse en el marco de los proyectos geoestratgicos de Europa y de los Estados Unidos, pues, los conflictos internos de nuestro pas simplemente reflejaron la lucha por la redistribucin del mundo que se dio a partir del nacimiento de una nueva potencia econmica y militar en el mundo, que inici su proyecto expansivo hacia el sur y evadi enfrentar a los ingleses en el Canad. La mano norteamericana es evidente en varias de las acciones militares de la Guerra de tres aos

    El impacto de la Ley Lerdo fue terrible, la gran mayora del pueblo de Mxico no tena recursos para invertir, los bienes de las comunidades indgenas y municipales quedaron a merced de los capitalistas interesados en perjuicio de las grandes mayoras nacionales

    Sin intentar regatear mritos a los liberales de la Reforma, bien pudiramos atribuir el xito final de la contienda a la accin directa e indirecta de los norteamericanos para preservar sus intereses, toda vez que Jurez se encontr sitiado en Veracruz entre las tropas del General Miguel Miramn y los Buques Marqus y Miramn de filiacin conservadora pero la intervencin de la armada norteamericana el 6 de marzo de 1860, en el fondeadero de Antn Lizardo decidi la suerte de la guerra de Reforma, consideracin aceptada por la mayora de los historiadores contemporneos.

    Cuando el Wave, el Indianola y el Saratoga detienen a los barcos conservadores, capturan a su tripulacin y la envan a Nuevo Orleans, los conservadores pelearon y perdieron ante las tropas norteamericanas. El apoyo indirecto consisti en recursos econmicos y pertrechos de guerra para cambiar definitivamente el rumbo de la historia de Mxico. La posicin norteamericana se inclin por la causa de los liberales quienes tcitamente aceptaron las pretensiones del

    Ilustracin de La guerra de tres aos

    realizada por Guadalupe Posada para la Biblioteca

    del nio mexicano.

    1 El Universal 12 de julio de 1853.2 Margadant S Guillermo Floris Introduccin a la Historia del Derecho Mexicano Ed. Esfinge 5 reimpresin Mxico 1982 p. 713 Zamacona Manuel Mara de La labor diplomtica de D. Manuel Maria Zamacona, Mxico Archivo Histrico Diplomtico de la Secretara de Relaciones Exteriores 1928 p 154.4 National Archives, Washington. Record group 59 D:I:M: 21 rat 66, si se prefiere puede consultarse Cosio Villegas Daniel Historia Moderna de Mxico. El Porfiriato. La vida poltica exterior. Ed. Hermes Mxico 1963 vol. 5 p. 45 Madison J. El Federalista X El Federalista FCE Quinta reimpresin Mxico 1994 p 37

  • 20 FORO JURDICO

    Presidente Buchanan. Desde 1858, por conducto de los cabildeos logrados por Jos Mara Mata, hasta 1859, se discutieron los llamados tratados Mc Lane-Ocampo mismos que se firmaron el 14 de diciembre de este ltimo ao.

    La suerte y los conflictos internos que provoc el reparto de los territorios conquistados a Mxico generaron la guerra de secesin de Estados Unidos con lo que se evit la ratificacin norteamericana de aquellos oprobiosos tratados que transformaban a Mxico en un condominio norteamericano.

    Los europeos no se quedaron atrs en sus intentos de controlar Mxico, o al menos obtener grandes ventajas econmicas como las que se derivaban de los intereses generados por el Tratado Mont-Almonte.

    La expresin ms clara del expansionismo europeo en nuestro pas durante el siglo XIX es la Invasin francesa y la intencin de imponer en nuestras tierras un Imperio cercano a Europa a travs de la figura de Maximiliano de Habsburgo sobre el apoyo que brindaron las tropas francesas a los conservadores mexicanos. De esta forma se confrontaron los grandes intereses geopolticos de aquellos tiempos y se ubicaron detrs de los grupos polticos mexicanos, los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Francia.

    Para redondear el panorama habr que sealar que en relacin a los factores externos diremos que la simple observacin del mapa de Mxico en 1864-65 nos demuestra el dominio casi absoluto

    de las armas conservadoras sobre las liberales y que resulta prcticamente incomprensible el hecho de que el gobierno trashumante de Jurez revirtiera la situacin en un slo ao, cuando haba sido obligado a salir del pas por la precariedad de sus armas.

    En este punto se hace relevante el triunfo de las armas del Norte sobre las del Sur en la guerra de secesin de EE UU, pues ambos contendientes sostenan proyectos expansivos diferentes. No obstante, la vigencia de la doctrina Monroe es indiscutible en ese momento y en consecuencia, la intervencin norteamericana en Mxico es inmediata. Simultneamente Francia se encuentra en una etapa difcil en sus relaciones con otros pases europeos que habrn de desembocar en la guerra Franco-prusiana, en este contexto se generan dos cuestiones que determinarn el final del segundo Imperio mexicano: a.- Francia se obliga ante los Estados Unidos a retirar sus tropas de Mxico b.- Jurez recibe todo el apoyo de los Estados Unidos para destruir a sus enemigos conservadores.

    La estrategia norteamericana no presenta ninguna actitud novedosa, simplemente ratifican su derecho de intervencin en Mxico contenido en su Doctrina Monroe y paralelamente aprovechan las circunstancias para reactivar su debilitada economa con uno de sus mejores negocios; la venta de armas.

    Mucho se ha especulado sobre si el apoyo norteamericano se extendi hasta el extremo de la intervencin de tropas norteamericanas en la

    destruccin del ejrcito conservador, para efectos de nuestro trabajo nos concretaremos a sealar que dicho factor no implica ninguna variable al cuadro final: La expulsin de las tropas francesas se debi al apoyo de los Estados Unidos y la derrota de los conservadores se logr con las armas e intromisin norteamericanas.

    Es claro que el partido Conservador significaba un problema constante para los Estados Unidos y en 1867 se finiquita la cuestin con la muerte de sus principales lderes. A partir de la ruptura de los contrapesos que signific la destruccin del Partido Conservador, los liberales se confrontaron entre s hasta la consolidacin de Porfirio Daz en la Presidencia de Mxico. A lo largo del porfirismo y de los gobiernos de Sebastin Lerdo de Tejada y Manuel Gonzlez se fueron creando las condiciones para concentrar la tierra de todo el pas en unas cuantas manos, en detrimento de las grandes masas de indgenas y campesinos.

    Si entendemos aquella sociedad agraria que fue el Mxico de mediados del siglo XIX y principios del XX entenderemos que la riqueza nacional se encontraba en la propiedad de las tierras y que los propietarios originarios haban sufrido el despojo ms claro de todos a partir de la aplicacin extra lgica del sistema norteamericano.

    La semilla de la Ley Lerdo creci y fue la simiente del latifundismo porfirista, demostrando que una medida con efectos positivos para EE UU no necesariamente tiene los mismos resultados en nuestro pas. Es indiscutible que el liberalismo ha sido la teora sobre la que los EE UU han desarrollado su proyecto de nacin, pero siempre sobre la advertencia de uno de sus padres fundadores: Sin embargo, la fuente de discordia ms comn y persistente es la desigualdad en la distribucin de las Propiedades.

    La Revolucin mexicana en uno de sus ngulos puede estudiarse como un movimiento de redistribucin de la riqueza frente a un modelo econmico liberal clsico, que no tuvo los contrapesos sociales, polticos o econmicos que le dieran racionalidad y lo hicieran funcional. Tal vez esa sea la explicacin que nos permita entender la opacidad y el silencio que han rodeado las conmemoraciones del centenario de la iniciacin de la Revolucin mexicana o tal vez sea que la lucha por intentar aplicar los modelos neoliberales derivados de las inercias regionales norteamericanas hagan subversivos o inopererantes los pensamientos redistributivos de la Revolucin mexicana.

    Presidente norteamericano James Buchanan

    * Doctor en Derecho. Catedrtico de la Facultad de Derecho de la UNAM

    Maximiliano de Habsburgo

  • 22 FORO JURDICO

    La organizacin del evento estuvo a cargo de la Asociacin Nacional de Funcionarios y Ex funcionarios para la atencin de Menores Infractores (ANFEAMI), del Instituto Mexicano de Prevencin al Delito e Investigacin Penitenciaria (IMPIP), el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Sociedad Mexicana de Criminologa, la Federacin de Abogados de Chihuahua, la Asociacin Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas y el Claustro Universitario de Chihuahua, dictando las conferencias centrales del congresos los siguientes juristas: Sergio Garca Ramrez, Luis Rodrguez Manzanera, Ruth Villanueva Castilleja, Roberto Ramos Cullar, Nancy Ivonne Daniells, Jos Luis Armendriz Gonzlez, Felipe de Jess lvarez, Jorge Valladares, Amelia Iruretagoyena y Rubn Prez Snchez entre otros.

    Dentro de las actividades los congresistas presenciaron audiencias de juicio oral y realizaron un recorrido por el centro especializado para la atencin de menores en esta ciudad capital del Estado de Chihuahua y tuvieron la oportunidad de conocer las condiciones en las que actualmente se encuentran los menores de edad que infringen la ley penal y reciben tratamiento en internacin. Tambin se rindi un homenaje al Maestro Jorge Correra Fuentes, por ms de treinta aos de invaluable trabajo en beneficio del infractor de la ley penal, obteniendo grandes logros gracias a su sensibilidad, compromiso y profesionalismo. Igualmente se entregaron reconocimientos al Dr. Sergio Garca Ramrez, al Dr. Luis Rodrguez Manzanera al Maestro Rubn Prez Snchez al Licenciado Alfredo Fierro y la Dra. Ruth Villanueva.

    Durante los das 23, 24 y 25 de septiembre, se llev a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chih., el XV Congreso Nacional sobre Menores Infractores Jorge Correa Fuentes con la participacin de especialistas de 26 entidades federativas y con la presencia de representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de diversas organizaciones civiles representados, entre otros, por el Mtro. Francisco Castellanos de Reintegra, Magda Licet Labastida y Alma Lorena Delgadillo Prado.

    XV CONGRESO NACIONAL SOBRE MENORES INFRACTORES

  • FORO JURDICO 23

    El sistema integral ha venido operando con una dogmtica penal, ello es un error, por lo que debe crearse una dogmtica especializada que responda los principios del sistema: Inters superior del nio, especificidad y proteccin.

    Es necesario diferenciar perfectamente entre penas y medidas de seguridad para no confundir el sistema especializado de los menores de edad con el sistema penal de los adultos.

    Es importante respetar los lineamientos de Naciones Unidas en cuanto a una decisin justa de la autoridad procesal, tomando en consideracin siempre la opinin de las reas tcnicas.

    Es importante el trabajo con los menores que presentan conductas de riesgo a travs del sistema de proteccin social.

    La prevencin con base en la educacin es una asignatura pendiente a la cual se le debe de atender de manera prioritaria.

    Actualmente existen fricciones normativas frente a una realidad lacerante, por lo que operadores y estudiosos de la materia deben realizar un esfuerzo por armonizar norma y realidad en beneficio del sistema integral de justicia de menores y de la sociedad en general.

    Los instrumentos y la jurisprudencia internacional deben ser difundidos por ser la base de un Derecho de Menores especializado.

    Es necesaria la continuidad de un registro nacional que permita conocer la informacin verdica sobre los menores infractores, en virtud de que se perdi toda la existente al respecto.

    Se requiere de polticas pblicas que permitan la transversalidad de acciones preventivas en el sistema educativo de salud, de desarrollo social y desarrollo urbano entre otros.

    Es equvoco pensar en un sistema penal modalizado, responsabilidad penal, imposicin de penas tratndose de menores de edad.

    El mbito federal requiere de un sistema jurdico que d respuesta a la sociedad y se sustente sobre el inters superior del nio, por lo que se requiere analizar la necesidad de un sistema federal o si debe establecerse el relativo de conformidad con el art. 500 del CFPP por ser el ptimo en las circunstancias econmicas, jurdicas, criminolgicas y minoriles.

    No deben permitirse retrocesos que conlleven a experiencias negativas tales como, que menores de edad que infringen la ley penal, se ubiquen en el Penal de Islas Maras, por ir en contra del inters superior del nio.

    Es necesario fortalecer la especializacin y el compromiso del personal con un enfoque que privilegie a la persona del menor de edad.

    Para la formacin del menor se deben reconocer tres bases principales: afecto, disciplina, y oportunidades, las cuales dan estructura a su personalidad para prevenir el delito, por lo cual stas se pueden y deben institucionalizar.

    Las experiencias exitosas como la de Baja California con la creacin en la Procuradura General de Justicia, de la Direccin de Atencin a Nios, Nias y Adolecentes en Riesgo Delictivo y Violencia Familiar, que fortalezca al Ministerio Pblico de Proteccin; la de Veracruz con el Monitoreo Electrnico; la de Yucatn con la Investigacin Cientfica; la de Zacatecas con el Espacio de Contencin Restaurativa, con base en un Programa de Desarrollo Humano; y la de Quintana Roo con la aplicacin de un Sistema Especializado en la Justicia Cvica; las de Durango y Morelos, con la creacin de un Tribunal Especializado para menores de edad que infringen la ley penal, deben de difundirse, procurando su multiplicacin para llegar a un Sistema de Buenas Prcticas.

    Debe de replantearse el tema de la proporcionalidad de conformidad con los criterios de Naciones Unidas, la normatividad existente y la especializacin de la materia, para no aplicarla con un enfoque penal que trastoca al sistema.

    Es necesario difundir y respetar los derechos humanos de esta poblacin, en todos los subsistemas por los que transita K

    Las conclusiones a las que llegaron los operadores del sistema, as como los expertos, estudiosos y especialistas fueron las siguientes:

    123456

    789

    10

    11

    12131415

    1617

    C O N C L U S I O N E S

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    LA ESPECIALIZACIN EN LAS MEDIDAS APLICABLES

    A LOS MENORES DE EDAD QUE INFRINGEN LA LEY PENAL

    Dra. Ruth Villanueva Castilleja*.K

    La Reforma Constitucional del ao 2005, en el punto relativo a las medidas que se aplicarn a las personas que infrinjan la ley penal y que tengan entre 12 y 18 aos se ubican dentro de la especializacin del Sistema de Justicia Integral que se establece en el artculo 18 constitucional vigente, reconocindose a ste como el Conjunto de instituciones, tribunales y autoridades especializadas, interrelacionadas para la atencin de los menores infractores en materia de prevencin, procuracin e imparticin de Justicia, as como en la ejecucin de las medidas y el seguimiento de las mismas, las cuales conforman una unidad con plena independencia entre ellas pero con el mismo fin comn 1, sobre los tres principios sustantivos, del inters superior del nio, la especificidad de la materia y la proteccin.

  • FORO JURDICO 25

    n esa reforma, tambin se precisan puntos importantes tales como la especializacin de las autoridades, instituciones y tribunales; las formas

    alternativas de justica; la garanta del debido proceso legal; la proporcionalidad de la conducta realizada teniendo como fin la reintegracin social y familiar del adolescente, as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades; el internamiento como medida extrema y por el tiempo ms breve que proceda y la aplicacin de las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento atendiendo a la proteccin integral y al inters superior del adolescente.

    Por lo que hace a las medidas aplicables a las personas menores de edad que han infringido la ley penal, que es nuestro tema, ste cobra gran importancia en virtud de que en la reforma constitucional citada, se incorporaron tres consideraciones que a casi cinco aos de sta, todava no han sido implementadas de conformidad tanto con la Convencin sobre los Derechos del Nio, como con los instrumentos internacionales y el propio espritu de la mencionada reforma.

    Lo anterior, porque no obstante que el texto constitucional seala que las medidas aplicables a los menores de edad sern las de orientacin, proteccin y tratamiento, se presenta a la fecha una primera confusin al considerarse en general y en muchas entidades, al tratamiento como

    sinnimo de internamiento, error fundamental porque aqul debe contemplar tanto el internamiento como la externacin. Por otra parte, no definir en qu consisten las medidas en general y el tratamiento en particular, ocasiona de inicio, que el discurso parta del hecho de que medida, sancin y pena son sinnimos y que por consiguiente, es necesario tambin, el aumento de penalidades dentro de un sistema penal modalizado, como ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin 2.

    Por ello, es conveniente primero diferenciar la imposicin de medidas con la de penas, para evitar

    E contaminar el sistema con estas confusiones, hablar de stas, conlleva la ubicacin de un sistema propio para los adultos, en donde se comprenden en el sentido de afliccin que las distinguen de cualquier otra medida, dentro de las que se incorporan, por ejemplo, en el nuevo texto constitucional sealado, en cuanto a menores de edad que han infringido la ley penal, las del orientacin, proteccin y tratamiento.

    Diversos juristas en este sentido, (diferenciar puntualmente pena, medida y sancin) as lo han expresado, por ejemplo Enrique Cceres ha sealado al respecto A pesar de que normalmente asociamos la idea de sancin, a la pena del derecho penal, las sanciones no nicamente tienen lugar en esta rama del derecho, tambin la ejecucin de los bienes resultante de un embargo, constituye una sancin, slo que en este caso corresponde al mbito del derecho civil; de igual manera puede hablarse de sanciones en otros mbitos como el administrativo, el fiscal, etc. 3

    Bajo este contexto, las medidas que se conciben para los menores de edad que han infringido la ley penal, pertenecen a la clasificacin de medidas y de ninguna manera deben confundirse con penas, aqullas tienen un fin correctivo y educativo, debiendo reconocerse como especializadas privilegiando el inters superior del nio . 4

    1 VILLANUEVA Castilleja, Ruth. et al. La Justicia de Menores Infractores en la Reforma al Artculo 18 Constitucional. Ed. Porra. Mxico 2006. p. 58

    2 SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUS NOTAS ESENCIALES Y MARCO NORMATIVO. El sistema de justicia juvenil establecido con motivo de la reforma y adicin al artculo 18 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es aplicable a quienes tengan entre 12 aos cumplidos y menos de 18 aos de edad, en lo relativo a la comisin de conductas delictuosas, segn sean definidas en las leyes penales, se distingue por las siguientes notas esenciales: 1) se basa en una concepcin del adolescente como sujeto de responsabilidad; 2) el adolescente goza a plenitud de derechos y garantas que le asisten, al estar sujeto a proceso por conductas delictuosas (el sistema es garantista); 3) el sistema es de naturaleza penal, aunque especial o modalizada, en razn del sujeto activo de las conductas ilcitas; y, 4) en lo que atae al aspecto jurisdiccional procedimental, es de corte preponderantemente acusatorio. Por otra parte, este sistema especializado de justicia encuentra sustento constitucional en los numerales 4o. y 18 de la Carta Magna, pues el primero de ellos prev los postulados de proteccin integral de derechos fundamentales, mientras que el segundo establece, propiamente, las bases del sistema de justicia para adolescentes, a nivel federal, estatal y del Distrito Federal. Adems, el indicado modelo tambin se sustenta en la doctrina de la proteccin integral de la infancia, postulada por la Organizacin de las Naciones Unidas y formalmente acogida por Mxico con la ratificacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio.Accin de inconstitucionalidad 37/2006. Comisin Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potos. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Gitrn; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernndez. Secretarios: Jos Antonio Abel Aguilar Snchez, Rosala Argumosa Lpez, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, Mara Amparo Hernndez Chong Cuy, Miguel Enrique Snchez Fras y Laura Garca Velasco.El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprob, con el nmero 68/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. Mxico, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

    3 Cceres Nieto, Enrique. Lenguaje y Derecho. Las normas jurdicas como sistemas de enunciados. UNAM, Mxico, 2000. p 62

    4 Formas de reaccin jurdica Las ramas como derecho de menor, derecho laboral o derecho agrario nos indican formas de reaccin en estos campos y la especializacin se va haciendo ms abundante conforme la sociedad evoluciona y de acuerdo a la complejidad social y variedad de grupos sociales, lo que implica una mayor cantidad de formas de reaccin que son necesarias reglamentar y estudiar Rodrguez Manzanera, Luis. Penologa. Editorial Porra, p. 54.

  • 26 FORO JURDICO

    MEDIDAS DE ORIENTACINOrientar significa colocar algo en determinada direccin, determinar el rumbo que se ha de seguir, dirigir a una persona, cosa o accin hacia un fin determinado. Partiendo de lo anterior, la medida de orientacin debe considerarse como el conjunto de acciones, mtodos o disposiciones tendientes a la formacin del menor de edad, permitindole por medio de stas transitar favorablemente en su desarrollo.

    En la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Comn y para toda la Repblica en Materia Federal5, legislacin vigente en materia federal, la puntualizacin ha sido clara al sealar del artculo 96 al 102 estas medidas de orientacin (amonestacin, apercibimiento, terapia ocupacional, formacin tica, educativa y cultural, y la recreacin y el deporte). Actualmente esta precisin no se da como se observa en algunas legislaciones, de lo que se desprende la necesidad de abundar en este punto.

    MEDIDAS DE PROTECCINProteger significa resguardar, apoyar y defender, de lo que se infiere que las medidas de proteccin justo a esto debieran encaminarse con posibilidades tales como las de arraigo familiar, traslado al lugar donde se encuentra el domicilio familiar, la induccin para asistir a

    instituciones especializadas, la prohibicin de asistir a determinados lugares, la de conducir vehculos, entre otras. En ellas debe observarse efectivamente el auxilio y el resguardo para el menor de edad entendiendo que en cada caso, la supervisin del personal especializado para tal fin resulta indispensable y sumamente relevante.

    Como se seal la Ley Federal vigente as lo contempla en sus artculos del 103 al 108 (arraigo familiar; traslado al lugar donde se encuentre

    el domicilio familiar; induccin para asistir a instituciones especializadas; prohibicin de asistir a determinados lugares y de conducir vehculos y aplicacin de los instrumentos objeto y producto de la infraccin).

    MEDIDAS DE TRATAMIENTO

    Tratar significa proceder de determinada manera. Tratamiento es el modo de tratar, el procedimiento empleado en una experiencia, la aplicacin sistemtica de un conjunto de conocimientos o de procesos. En el campo tcnico, por tratamiento se entiende la aplicacin de sistemas o de mtodos especializados, con la aportacin de diversas ciencias tcnicas y disciplinas a partir de la

    observacin y de un diagnstico, para lograr un fin determinado.

    Esta medida as se comprende como un modelo de intervencin para con el menor de edad que infringe la ley penal, existiendo tambin en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores federal multicitada, consideraciones puntuales al respecto. 6

    Por otra parte, las Reglas Mnimas de Naciones Unidas para la Administracin de Justicia de Menores, contemplan especficamente lo relativo al tratamiento tanto fuera como dentro de establecimientos y para mayor abundamiento, remiten a las Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas en su Art. 27, donde sealan que stas sern aplicables en la medida pertinente al tratamiento de los menores.

    En este mismo ordenamiento, se sealan dos captulos; uno especfico para el tratamiento fuera de los establecimientos y otro para cuando ste se lleve a cabo dentro de estos centros. Esta clasificacin aclara ante cualquier situacin, el hecho de confundir el tratamiento con el internamiento, y permite adems entender la importancia de considerar las etapas de observacin, de clasificacin, y de diagnstico, previo al sealamiento en cuanto al tratamiento que debe de ser considerado con base al personal tcnico (psiclogos, pedagogos, socilogos, trabajadores sociales, profesores, mdicos, criminlogos, etc.)

    No se puede entender al tratamiento sin tomar en cuenta estas consideraciones. Al hacerse la remisin a las Reglas para el Tratamiento de los Reclusos, ya citadas, debe observarse lo que en este sentido se seala, 7 ya que se hace una clara puntualizacin al respecto, que debe de valorarse en cuanto a la interpretacin del significado tcnico del tratamiento para los menores de edad que infringen la ley penal.

    Tratamiento as, implica tambin llevar a cabo un programa grupal, individual y familiar, lo uno no excluye a lo otro, as, no obstante que la programacin es sumamente importante, es insuficiente y por ello es necesario revalorar el significado del tratamiento, tanto en internamiento como en externacin, ya que esto es parte de los derechos de los menores de edad que han infringido la ley penal, el de recibir una respuesta por parte del Estado que les permita a ellos modificar sus circunstancias negativas, para propiciar su sano desarrollo, con base en una atencin integral que incida en todos los aspectos que conforman su desarrollo biopsicosocial, con la participacin de las diversas disciplinas de las ciencias de la conducta, atendiendo primordialmente al inters superior del nio.

    Por todo lo anterior, este tema es de suma importancia, sobre todo partiendo de la base de que el tratamiento como una de las medidas especializadas, debe tener como fin la reintegracin social y familiar del menor, as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, diferenciando, siempre que stas no son penas y que en su naturaleza y finalidad, se marcan notorias diferencias que hacen insalvable la consecucin del fin si no se atienden.

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    5 Publicada en el Diario Oficial de la Federacign el 24 de diciembre de 1991.

    6 Art. 111 El tratamiento deber ser integral, secuencial, interdisciplinario y dirigido al menor con el apoyo de su familia y tendr por objeto: I Lograr su autoestima a travs del desarrollo de sus potencialidades y de autodisciplina necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida individual, familiar y colectiva; II Modificar los factores negativos de su estructura biopsicosocial para propiciar un desarrollo armnico, til y sano; III Promover y propiciar la estructuracin de valores y la formacin de hbitos que contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad; IV Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales y legales y de los valores que stas tutelan; as como llevarlo al conocimiento de los posibles daos y perjuicios que pueda producirle su inobservancia y V Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, social, Nacional y humana.

    7 Art. 61 En el tratamiento no se deber recalcar el hecho de exclusin de la sociedad. Art. 62 Los servicios mdicosdebern aplicar cualquier tratamiento mdico, quirrgico y psiquitrico que se juzgue necesario Art. 63 Estos principios exigen la individualizacin del tratamiento, que a su vez, requiere un sistema flexible de clasificacin por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos, donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario Art. 65 Dicho tratamiento estar encaminado a fomentar el respeto en si mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad Art. 67 Los fines de la clasificacin deben ser Repartir a los internos en grupos a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptacin social Art. 69 Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida y despus de un estudio de su personalidad, se establecer un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

    8 Dictamen de Segunda Lectura Marzo 31, 2005. Acuerdos: PRIMERO: SEGUNDO: Nuestras propuestas de modificacin al decreto son distintas a las contenidas en el dictamen que hoy se publica y que se explican a travs de las consideraciones que a continuacin se exponen: Es necesario suprimir el calificativo penal a fin de evitar cualquier confusin con las instituciones y procedimientos relativos a la justicia para adultos. En efecto, en el mbito jurdico la idea de lo penal implica la imposicin de penas

    9 Senador Rutilio Cruz Escandn en el debate discusin y aprobacin del dictamen de la segunda lectura del proyecto de decreto por el que se reforma el prrafo cuarto y se adiciona los prrafos quinto, sexto y sptimo del artculo 18 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta necesario la participacin del personal capacitado en aspectos legales, mdicos, sociolgicos, familiares y, en general de todos aquellos aspectos que puedan ayudar a que los adolescentes que hubieren cometido alguna conducta tipificada como delito puedan realmente reintegrarse a su entorno social, familiar y productivo, brindndoles la oportunidad de disfrutar de una vida digna y con oportunidades de desarrollo dichas instancias deben actuar de conformidad con el inters superior y la proteccin integral del menor; lo cual. Nos da la certeza de que es la persona, el ser humano, lo ms importante en este proyecto. Villanueva Castilleja, Ruth. et al. Op cit, p. 119

    * Doctora en Derecho por la UNAM. Miembro de nmero de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Rectora del Centro Jurdico Universitario.

    Estas consideraciones son importantes diferenciarlas en su justa dimensin, en virtud del giro que tuvo la propuesta inicial de la reforma con la aprobacin de la misma, en donde textualmente se manifiesta en el dictamen de la segunda lectura de fecha de 31 marzo de 2005 en el acuerdo segundo, que la modificacin del decreto, es distinta a la propuesta inicial presentada. La situacin final en el proceso legislativo as, fue la modificacin en esencia del planteamiento inicial. De ah la importancia de este proceso, en donde el anlisis de casi dos aos, concluy en el texto vigente

    Por otra parte, en la reforma citada se introduce la proporcionalidad en virtud de que desde el proyecto de 2003 as se haba propuesto, sin embargo y despus del proceso legislativo en donde el resultado fue no considerarlo sistema penal, porque no lo era 8, su inclusin resulta forzada, si no es que se interpreta a la luz de una justicia especializada y de conformidad con los instrumentos internacionales, especficamente con las Reglas Mnimas para la Administracin de Justicia de Menores (artculo 5).

    De igual manera, el tema relativo al tratamiento en internamiento por el tiempo ms breve que proceda, llama la atencin por el enfoque que ltimamente se le da al considerar, como se ha sealado, al tratamiento como pena, situacin tcnicamente errnea. La reforma constitucional fue muy clara, al respecto el Dr. Sergio Garca Ramrez expresa se quiso construir un sistema de justicia penal, pero se lleg a la conclusin de tener un sistema diferente para los menores de edad, lo cual se tendr que tomar cuenta para que no sean tribunales penales, responsabilidades penales ni procesos penales. Si alguien no est de acuerdo sera pertinente reintegrar el concepto penal y no hacer la reforma de la reforma en la legislacin secundaria, lo que no se puede hacer es escamotear al constituyente en sus reformas.

    Actualmente, 1 estado tiene veinte aos como lmite para tratamiento interno, 2, quince; 5, diez; 3, ocho; 10, siete; 7, cinco; 1, seis; y 2 los remite al mnimo de la penalidad del Cdigo Penal, y por lo que hace a la definicin de tratamiento, en 17 estados se le seala, como: los distintos grados de privacin del derecho a la libertad personal y de trnsito.

    As pues, estas medidas de tratamiento interno que deben de reconocerse como se seala en la Constitucin por el tiempo ms breve que procede, no pueden aceptarse para menores de edad, de 20, 15 10 aos, sin convertirse en un sin sentido, como est sucediendo hoy en da. Cuando se habla de penar al menor de edad y de aumentar penalidades, sin respetar la Constitucin, que seala puntualmente que el internamiento se utilizar como medida extrema y por el tiempo ms breve que proceda, se niegan los postulados rectores de un sistema especializado para ellos, convirtindolo en un adulto precoz, as lo seala tambin Palacios Pmanes, cuando expresa que una ley represiva slo se entiende concibiendo al menor de edad como adulto, lo que con todo encono pretende evitarse con una dogmtica minoril. Bajo esta perspectiva, lo importante del tema debe ser la interpretacin armnica por lo que hace a las medidas y su importancia, para que el menor de edad, que infringe la ley penal, alcance la plenitud en su desarrollo, con un enfoque de inclusin societaria que no le signifique obligaciones ni consideraciones de los adultos, sino un quehacer orientado en polticas tendientes a privilegiar el inters superior del nio, su proteccin y su especificidad, con el fin de alcanzar el objetivo del

    sistema, consistente en su reintegracin social y familiar y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades, como se ha mencionado.

    Existe la gran tendencia de trabajar con el menor de edad que infringe la ley penal bajo un criterio penal y de imposicin de penas. As, de conformidad con los momentos actuales, de endurecimiento de las mismas, aumento de ellas y castigo al delincuente.

    El menor de edad como centro de atencin en general, pas a un segundo plano, privilegindose nicamente lo relativo a las garantas procesales, de un proceso penal modalizado. El respeto por las garantas, de ninguna manera debe de ser menospreciado, ni encontrarse en contraposicin, con la persona del menor de edad 9, nada ms, pero nada menos. En esto consiste la cristalizacin de un Sistema Integral de Justicia para Menores de Edad que Infringen la Ley Penal con un enfoque especializado, humanista y por supuesto garantizador de derechos, porque no existe razn alguna para contraponerse con ello K

    * Trabajo presentado en el XV Congreso Nacional sobre Menores Infractores.

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    IMPARTEN EN LA UNAM UN FORO SOBRE LA FUNCIN JURISDICCIONAL EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO

    Dr. Elias Huerta Psihas, Lic. Felipe Borrego Estrada, Dr. Ruperto Patio Manffer, Consejero Oscar Vzquez Marn y Mgdo. Raul Ayala Casillas

    28 FORO JURDICO

    Lic. Janet Huerta EstefanK

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    IMPARTEN EN LA UNAM UN FORO SOBRE LA FUNCIN JURISDICCIONAL EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO

    El pasado mes de octubre se llev a cabo en el Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM, un importante Foro sobre el papel de los juec