¿DESPENALIZACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR?

Por: Estrella Cavero Malaver. Ex Abogada

asociada del Estudio Cunza, De la Torre,

Guerra & Solis. Defensora Pública

Especializada en delitos de Corrupción de

Funcionarios.

INTRODUCCIÓN.

Hemos señalado en trabajos anteriores, que en nuestro país hemos sido

testigos que muchas veces el poder legislativo emite leyes motivado por la

presión mediática o política ejercida en determinadas circunstancias. Basta

señalar como ejemplo, los continuos cambios normativos que ha sufrido el

delito de violación sexual de menor durante esta última década, producto de

una evidente influencia de contenido político y/o periodístico.

En el caso concreto, la propuesta de despenalización de los delitos contra el

honor no ha sido ajena a las circunstancias descritas, pues, el requerimiento

reiterado sobre el particular surgió con especial efusividad – principalmente en

el gremio periodístico – tras la detención de la conductora de televisión Magaly

Medina producida en el año 2009.

Sin embargo, no se trata de crear o de despenalizar un delito como medida

política para satisfacer intereses particulares, sino de evaluar la necesidad de

variar el status quo a la luz de los fines del proceso penal y de su objeto de

protección, en atención a un espacio, tiempo y realidad determinados.

Por ello, veremos a través del presente trabajo las distintas corrientes que

debaten la posibilidad o no de despenalizar en nuestro país los delitos contra el

honor; despenalización que, por anticipado y desde nuestra humilde opinión, no

compartimos por las razones que expondremos mas adelante.

GENERALIDADES.

Iniciaremos este breve trabajo con algunas nociones generales de política

criminal a fin de comprender por qué en nuestro país el atentado contra el

honor de las personas es considerado delito, y por ende, pasible de pena, a

diferencia de países en donde las trasgresiones al honor constituyen mas bien

infracciones que conllevan a reparaciones pecuniarias de carácter

estrictamente civil.

La mayoría de autores sostiene que la política criminal es el conjunto de

herramientas o mecanismos que emplea el Estado con el fin de prevenir y

reprimir la criminalidad o la delincuencia, y que en ella pueden distinguirse dos

niveles. El primer nivel, que se refiere a la política criminal en sentido estricto,

relacionado al ámbito de acción del sistema de justicia penal1 a través de la

legitimación para determinar los lineamientos de reproche y sanción a

determinados comportamientos; y el segundo nivel, que se refiere al sistema

de control social.

En este sentido, el Estado desarrolla una política tendiente a la prevención y/ o

solución por vías de disuasión de hechos o conductas que pueden alterar el

orden social (prevención general y prevención especial como fin de la pena

para nuestro sistema penal), a través de la tipificación de delitos y la

advertencia de pena que llevan consigo, así como también a través de la

imposición efectiva de la pena. En ese sentido, una de las manifestaciones de

mayor relevancia del diseño de la política criminal viene a ser la tipificación de

1 Carranza, Elías. Política Criminal y Humanismo en la Reforma de Justicia Penal. En:

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/carranza06.htm

los delitos en el texto punitivo, siendo, para el caso concreto, la tipificación que

ha hecho el legislador de los delitos contra el Honor en el Código Penal.

Ahora bien, planteado el tema conforme lo detallado, adquirió gran notoriedad

en nuestro país una posición que cuestionaba la existencia de los delitos contra

el honor en el texto punitivo, y, por ende, la efectividad de las penas privativas

de libertad consignadas en el Código Penal, a la luz de la detención de la

periodista Magaly Medina por la comisión del delito contra el honor en agravio

del futbolista Paolo Guerrero en el año 2008, sugiriéndose la posibilidad de

despenalizar (aunque algunos prefieren llamar descriminalizar, por referirse a

conductas humanas) los delitos contra el honor tipificados en el Título II del

Código Penal cometidos por medios de prensa, bajo el sustento de que la

imposición de una pena privativa de libertad atentaba contra el derecho a la

libertad de información y opinión, tanto más si se trataba de un error sobre la

información periodística propalada, en cuyo caso la efectividad de la pena

impuesta resultaba desproporcional2.

Hemos visto, por ejemplo, que en los Estados Unidos de Norte América el

atentado contra el honor de las personas encuentra una vía de solución exitosa

en la jurisdicción civil (por ejemplo, a través de la acción civil por injurias),

2 La Asociación Nacional de Periodistas del Perú manifestó en aquella oportunidad, sobre el caso en

referencia, su preocupación por el futuro de la labor periodística en el país, pues, se consideró que la condena

impuesta a la conductora de televisión afectaba la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la

información, sugiriéndose que los llamados "delitos de prensa" debían resolverse con la recomendación de

la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la

Organización de Estados Americanos (OEA), que implica la despenalización de estos hechos y su

sustitución por sanciones monetarias. De igual opinión ha sido el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), que

se mostró en contra de que en el Perú existan sanciones penales en temas de expresión.

existiendo además en el derecho occidental la vía alterna que se presenta a

través de los procesos constitucionales para tutelar derechos fundamentales.

En ese sentido, al someter a debate el tema objeto de este trabajo en las aulas

universitarias de pre y post grado, existió un alto porcentaje que se inclina por

la despenalización de los delitos contra el honor, en atención al principio de

mínima intervención del derecho penal3. Sin embargo, esta posibilidad se ve

lejana en nuestro país, por las razones que veremos a continuación.

¿ES POSIBLE DESPENALIZAR LOS DELITOS CONTRA EL HONOR EN

NUESTRO PAÍS?.

Desde el punto de vista normativo, la despenalización de los delitos contra el

honor parecería no tener ningún inconveniente en atención a las instituciones

de la derogación o subrogación, sin embargo, analicemos si desde la

perspectiva político-criminal y de tutela de bienes jurídicos, ello es pertinente.

Desde una óptica de la libertad de expresión, pensamiento y opinión, pareciera

resultar conveniente la exclusión de los delitos contra el honor del ámbito

punitivo penal ya que los principalmente involucrados por estos delitos serían

quienes hacen particular uso de la libertad de expresión y opinión como son los

periodistas y comunicadores sociales. Esto sería así de cierto, que cuando

3 Al respecto, Santiago Mir nos dice que en un Estado Social y Democrático de derecho , el Derecho

Penal debe aparecer siempre como última ratio legis, encontrarse siempre en último lugar y entrar en juego tan sólo cuando resulta indispensable para el mantenimiento del orden jurídico y la paz ciudadana. Por la dureza de sus sanciones, que afectan a los bienes mas preciados de la persona y son las más drásticas del ordenamiento jurídico, - continúa- el Derecho Penal debe intervenir tan sólo cuando resulten insuficientes e ineficaces otros remedios menos gravosos. Se habla a este respecto del principio de intervención mínima. Intervención mínima en un doble sentido: se deben penar tan sólo aquellos hechos que necesitan ser penados y, para el castigo de tales hechos, preferir las penas que , sin dejar de ser adecuadas e ineficaces , resultan menos onerosas. En: La Reforma del Derecho Penal. Editorial de la Universidad Autónoma de Barcelona. España 1980. Pg. 168, 169.

Javier Valle Riestra disertó en el año 2009 sobre su proyecto de ley que

buscaba precisamente la despenalización de los delitos del título II del Código

Penal, hizo referencia a la cantidad de periodistas y comunicadores sociales

que han sido y vienen siendo procesados por delitos de injuria, calumnia y

difamación, incluso agravada.

En efecto, esta posición tomó particular fuerza en el gremio periodístico a partir

de entonces, despertando opiniones favorables de un número importante de

periodistas. Asimismo, el indicado proyecto establecía que la vía procedimental

para las infracciones contra el derecho al honor deberá ser materia de una

demanda en la vía del proceso sumarísimo ante el juez especializado en lo

civil. También se propuso regular el procedimiento que deberá seguirse ante

una demanda por atentado contra el honor, en el que se establece como

sanción, en caso de que se declarase fundada la demanda, el pago de una

reparación civil y la publicación de la sentencia en un diario de circulación

nacional a costo del infractor. Los autores de esta iniciativa recalcaron que la

propuesta buscó proteger y consolidar la libertad de información, expresión,

opinión y difusión de ideas, así como el derecho al honor y la buena reputación,

proponiendo mecanismos que repriman el abuso de cualquiera de esos

derechos, evitando las diferencias en la sanción que se aplica en el caso de

infracciones contra el honor en detrimento de las libertades antes señaladas.

Sin embargo, es preciso señalar que esta propuesta no ha tenido frutos hasta

la fecha.

Vemos, de otro lado, que no obstante la posición a favor de esta propuesta de

despenalización, en donde incluso se afirma que la tendencia actual es la de

privatizar el tratamiento del daño al honor, nuestro país refleja una realidad

ciertamente distinta, lejana aún a la posibilidad de despenalizar los delitos

contra el honor.

Inicialmente, para asumir una posición sobre la propuesta, se realizó

previamente un breve estudio de campo a través de encuestas realizadas a

una veintena de personas entre abogados y estudiantes de derecho, y diez

ciudadanos ajenos al quehacer del derecho. Los resultados, ciertamente no

llamaron nuestra atención porque reflejaron lo que desde ya se conocía: una

necesidad por parte de la sociedad, de que las conductas que causan daño y

que tienen incidencia negativa en aquélla, deben ser sancionadas por el

derecho penal. En ese sentido, el 75% de los encuestados señaló no estar de

acuerdo con la despenalización, y sólo el 15% refirió estar a favor.

Así, por razones que veremos más adelante, nuestra sociedad aún es del

criterio mayoritario que el honor merece protección por parte del Estado a

través del ius puniendi, en atención estricta a lo que prescribe nuestra

constitución en el numeral 7º del artículo 2, cuando reconoce que toda persona

tiene derecho: al honor y la buena reputación (…), acorde a instrumentos

internacionales de protección de derechos humanos, como la Declaración

Universal de Derechos Humanos que en su artículo 12° prescribe “nadie será

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, así

como la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 11°

prescribe “Protección de la honra y la dignidad: 1.- toda persona tiene derecho

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad (…)”. 4

EL HONOR COMO BIEN JURÍDICO Y NECESIDAD DE PROTECCIÓN.

Se ha dicho que la finalidad del Derecho penal no es únicamente la sanción,

sino también la protección bajo amenaza de sanción de los bienes jurídicos,

que tienen por fundamento normas de carácter moral, de ahí que se afirme que

el derecho penal procura mantener un determinado equilibrio del sistema

social, amenazando y castigando5.

No obstante, la ley penal (y el derecho penal en su conjunto) no puede

constituir un instrumento de absoluta protección de la moral (particular o

colectiva), de hecho, si seguimos la Teoría Tridimensional del Derecho, el

hecho, valor y la norma son los elementos que se integran para conformar el

derecho6.

4 Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos. En:

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. 5 Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1989. Pg. 2.

6 Para la autora Milagros Otero Parga, Esta teoría afirma la naturaleza esencialmente triádica del

Derecho que lo identifica con el hecho, valor y norma. Sólo existe conducta jurídica en la medida que ésta se revela fáctico – axiológico – normativamente, no siendo lícito ni adecuado, separar o preferir ninguno de estos tres elementos. Por ello, concluye la autora, El Derecho no es puro hecho, ni pura norma, sino un hecho social al cual se le da una forma racionalmente promulgada por una autoridad competente, siguiendo para ello un orden de valores. En: Valores Constitucionales: Introducción a la Filosofía del Derecho: Axiología Jurídica. Publicación de la Universidad Santiago de Compostela. España, 2004. Pg. 17, 18.

Asimismo, en cuanto a la protección de bienes jurídicos, debe tenerse en

cuenta sólo aquellas acciones que representan cuanto menos un peligro

objetivo de lesión de bienes jurídicos.

Así las cosas, y partiendo de que el derecho penal protege la vulneración o

amenaza de bienes jurídicos, conviene señalar qué son bienes jurídicos y

porqué la importancia de su protección.

Frank Von Liszt – considerado el padre del derecho penal moderno -, citado por

Bustos Ramírez, dice sobre el bien jurídico que “Todos los bienes jurídicos son

intereses vitales, interés del individuo o de la comunidad. No es el

ordenamiento jurídico lo que genera el interés, sino la vida; pero la protección

jurídica eleva el interés vital a bien jurídico"7. Según Bustos Ramírez, con ello

Von Liszt logra centrar el problema en la justa medida, puesto que traslada el

contenido del concepto al plano fáctico.

Como se puede apreciar, los intereses vitales a los que se refiere Von Liszt

“deben ser fundamentales para la convivencia comunitaria, luego de lo cual y

como consecuencia de ello serán protegidos normativamente bajo juicios de

valor positivo”8, por lo que podemos afirmar, en palabras de Eduardo Novoa

Monreal, que "el ordenamiento jurídico (…) capta y recoge ese interés (…)

reconociéndolo como bien jurídico le asigna su protección"9.

7 Citando a Von Liszt: Bustos Ramírez, Juan. & Valenzuela Bejas, Manuel. Derecho Penal

Latinoamericano Comparado- Parte General, Tomo I. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1981.pág. 130-131 8 Bustos Ramírez, Juan. & Valenzuela Bejas, Manuel. Ob. cit.

9 Novoa Monreal, Eduardo. Causalismo y Finalismo en Derecho Penal. Editorial Themis.

Bogotá, 1982. pág. 96.

Por lo tanto, podemos concluir que el derecho penal entra a tallar cuando una

conducta, atentando contra la convivencia comunitaria, afecta o pone en peligro

bienes jurídicos. No se trata, por ello, que la intervención del derecho penal

afecte al principio de intervención mínima, pues no significa que deba

permanecer indiferente ante los nuevos intereses sociales, ya que la mínima

intervención, como indica Caro Coria "se sustenta en un conjunto de procesos

de entrada y salida, de criminalización y desincriminación, de acuerdo con los

baremos que proporcionan los principios de merecimiento y necesidad de pena

en el modelo de Estado social y democrático de Derecho10", de allí que se

encuentre perfectamente justificada la intervención penal cuando existe una

conducta reiterada en perjuicio de la convivencia pacífica de los miembros de

una sociedad.

En nuestro país, a pesar de que el honor ha sido reconocido como bien jurídico

al considerarse en nuestra Constitución y al tipificarse conductas punibles

desde los primeros Códigos Penales, advertimos que es recién en estas

últimas décadas donde adquiere – por decirlo de alguna manera - mayor

vigencia, y por ende importancia para la sociedad, tan es así que este

“reconocimiento” se ha plasmado no sólo en sendas resoluciones judiciales

recaídas, especialmente, sobre procesos contra la conductora Magaly Medina,

sino también se ha plasmado en resoluciones emitidas por el Tribunal

Constitucional, donde se reconoce al honor como un derecho estrechamente

vinculado a la dignidad humana11; por lo que, considerando que la Constitución

10 Caro Coria, Dino Carlos. Sociedades De Riesgo», Bienes Jurídicos Colectivos Y Reglas

Concursales Para La Determinación De La Pena En Los Delitos De Peligro Con Verificación De Resultado Lesivo. En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/Bjc-concurso.pdf . Pg. 8. Citando a Portilla Contreras. 11

“En ese sentido, el honor forma parte de la imagen del ser humano, ínsita en la dignidad de la que se encuentra investida, garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más

regula este derecho en el numeral 7 de su artículo 2º “(…), su objeto es

proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante si o ante

los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión

o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso

puede resultar injuriosa o despectiva” (STC 2790-2002-AA/TC, fundamento 3).

12

En ese sentido, resulta innegable que en estos tiempos, ante los reiterados

ataques al honor de las personas, principalmente por parte de quienes hacen

ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, se hace necesaria la

continuidad de protección del honor por parte del derecho penal.

NORMATIVA INTERNACIONAL QUE PROTEGE EL HONOR.

En el ámbito internacional, el derecho al honor tiene sus antecedentes positivos

en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la cual

dispone en su artículo 5º el derecho a la protección a la honra, la reputación

personal y la vida privada y familiar, estableciendo específicamente: “Toda

persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a

su honra y a recibir protección de ella”.

característicos, propios e inmediatos. Este derecho forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva”. Fundamento N° 11 de la sentencia N° 249-2010-PA-TC de fecha 04 de noviembre de 2010, emitida por el Tribunal Constitucional sobre el proceso de amparo por Víctor Humberto Lazo Lainez Lozada. 12 Guarda estricta relación con la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, en el EXP. N.° 5637-2006-PA/TC, el 12 de abril de 2007, en el Recurso de agravio constitucional interpuesto por Roberto Woll Torres contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En la Declaración Universal de Derechos del Hombre, si bien no se refiere

específicamente al derecho al honor, se pronuncia sobre la dignidad de la

persona humana y los límites al ejercicio de cualquier derecho. En su artículo

primero, dispone que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos...” y en el artículo 29 establece que “En el ejercicio de sus

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás...”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual sí establece el

derecho a la honra al señalar en su artículo 17 Nº 1 que “Nadie será objeto de

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” y en su Nº 2,

“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o

esos ataques”.

Este derecho de toda persona se corresponde con la limitación establecida a

la libertad de expresión, y así se señala en el artículo 19 Nº 3 que el ejercicio

de este derecho “... entraña deberes y responsabilidades especiales. Por

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin

embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la

moral públicas”.

También en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se

establece la protección de la honra y de la dignidad en su artículo 11 Nº 1,

2 y 3, y que disponen que:

“1. Toda persona tiene derecho al respeto a su honra ...

2. Nadie puede ser objeto de (...) ataques ilegales a su honra o

reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas

injerencias o esos ataques”.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

Como mencionamos anteriormente, a fin de tener un elemento objetivo para la

elaboración de esta parte del trabajo decidimos realizar encuestas en un

universo de 20 personas relacionadas al quehacer jurídico: 17 abogados y 3

estudiantes de derecho. De los 17 abogados, 6 tienen especialidad en ciencias

penales y 11, especialidades distintas. De los 6 con especialidad en ciencias

penales, 4 se encuentran a favor de la despenalización y 2 en contra; en tanto

que los 11 abogados con especialidades distintas a la penal, se mostraron en

contra de la despenalización, al igual que los 3 estudiantes de derecho que

fueron encuestados.

Asimismo, se encuestó a 10 personas que no se encuentran relacionadas al

quehacer jurídico. Previamente, se les explicó la figura. Ante la interrogante,

respondieron en su totalidad mostrarse en contra de la despenalización de los

delitos contra el honor bajo el argumento de que ello podría generar caos y un

ánimo de impunidad en la sociedad.

Así también, sobre los primeros encuestados (abogados y estudiantes de

derecho), de los cuales 16 se mostraron en contra de la despenalización, sus

respuestas estuvieron dirigidas a que si se despenalizaban los delitos del título

II del Código Penal, en este país quien tendría dinero podría decir lo que

quisiera. A continuación los cuadros que explican los resultados de las

encuestas.

CUADRO I. Total de encuestados

CUADRO II. Especialidad de los abogados encuestados

abogados57%

estudiante10%

no relacionados

al derecho33%

Cuadro general de encuestas

Este cuadro nos muestra en porcentaje, la especialidad de los abogados

encuestados. De los 17 abogados, 6 tienen especialidad en materia penal

(35%) y 11 en otras especialidades (65%).

CUADRO III. Cuadro de opinión en abogados penalistas, acerca de la

despenalización

De los 6 abogados penalistas encuestados (100%), 4 respondieron estar a

favor (67%) y 2 en contra (33%). Las respuestas a favor fueron que la

tendencia actual del derecho penal moderno es de mínima intervención, y, que

además el derecho penal constituye última ratio. Los que se mostraron a favor,

35%

65%

Abogados penalistas Abogados en otras disciplinas

abogados penalistas a

favor67%

abogados penalistas en

contra33%

adujeron que el derecho penal incide en la sociedad cuando un bien es dañado

en forma reiterada, poniendo en peligro la convivencia pacífica de la sociedad.

CUADRO IV. Opinión sobre abogados con especialidades distintas a la penal,

sobre la despenalización de delitos contra el honor.

De los 11 abogados con distintas especialidades, la totalidad de ellos, el 100%,

se mostró en contra de la despenalización. La respuesta espontánea de 6 de

ellos fue que no se podía despenalizar los delitos contra el honor porque

generaría ante la sociedad una percepción de impunidad, en tanto que otros 5

señalaron que si eso ocurriría, quien tuviese dinero podría difamar, injuriar o

calumniar las veces que quisiera. Aquí el cuadro sobre sus respuestas.

100%

0%

abogados con otras especialidades a favor

abogados con otras especialidades en contra

generaría una ambiente de impunidad

55%

quien tiene dinero podría

difamar, calumniar o

injuriar45%

CUADRO V. Cuadro de opinión de estudiantes de derecho.

La totalidad de estudiantes de derecho encuestados, mostró encontrarse en

contra de la despenalización.

CUADRO V. Cuadro de opinión de personas no relacionadas al derecho.

Los encuestados fueron 3 policías, 2 profesoras, 2 periodistas, 1 sociólogo y 2

médicos. Todos ellos se mostraron en contra de la despenalización, incluso los

3 policías, el sociólogo, una profesora y un médico manifestaron su deseo de

que estos delitos merezcan una pena mayor. Los dos periodistas señalaron

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

en contra a favor

Series1

0

2

4

6

8

10

a favor en contra

Series1

que no se deben despenalizar los delitos contra el honor porque dejarían un

amplio espacio a los periodistas y medios de comunicación para dañar

impunemente el honor de las personas. Los demás encuestados dieron

respuestas subjetivas sobre el tema, como “el que delinque debe ir a la cárcel”

o “que no se puede despenalizar porque este país se convertiría en un caos y

los medios de comunicación harían lo que se les venga en gana”.

CUADRO VI. Cuadro de opinión general

De los 30 encuestados (entre abogados, estudiantes de derecho y personas

ajenas al quehacer jurídico), 26 de ellos se mostraron en contra conforme a los

cuadros anteriores, y 4 de ellos a favor de la despenalización. Esto nos trae

finalmente a una sola reflexión: de que nuestra sociedad no se encuentra

preparada para afrontar la despenalización de los delitos contra el honor por

diversos factores (sentimiento de impunidad frente a los atentados contra el

honor; sentimiento de desigualdad pues quien tendría dinero podría injuriar,

calumniar y difamar; sentimiento de falta de protección de derechos, etc.)

13%

87%

a favor

en contra

TENDENCIA NACIONAL EN CONTRA DE LA DESPENALIZACION DE LOS

DELITOS CONTRA EL HONOR.

El doctor Luis Lamas Puccio, emitió algún tiempo atrás un artículo en el diario

Gestión acerca de la despenalización de los delitos contra el honor, que hemos

decidido integrar al presente trabajo de manera total, para tomar en cuenta los

aspectos en él señalados sobre esta discusión.

“…Lo controvertido de la propuesta, es que la protección y salvaguarda del

honor en materia legal no solo implica el resarcimiento económico a favor de la

víctima por parte de aquel que ha producido el daño (siempre que se

demuestre).

Aunque todo ello no deja de ser importante, más trascendente y relevante en

materia social y moral es la defensa misma del honor de una persona como

bien jurídico objeto de protección legal, que no es otra cosa que la valoración

que otros hacen de la personalidad ético-social de un sujeto. Hablo de la

reputación de la que disfruta cada persona frente a los demás sujetos y su

entorno familiar, social y laboral, que es lo que en definitiva identifica a una

persona frente a su comunidad social.

Tanto es así, que es la misma Constitución Política la que en su artículo

segundo, inciso 7°, establece de manera clara y meridiana que toda persona

sin excepciones tiene derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad

personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia.

Sin embargo, el proyecto menoscaba desde todo punto de vista la valoración

ético-moral del honor (que tiene rango constitucional), y lo circunscribe como si

fuera una mercancía a una valoración económica la que se ciñe solo al pago de

una reparación civil, dependiendo en todo caso, del estatus del demandado y

de la subjetividad que pueda primar en la valoración del daño por parte de un

juez civil, entre otras razones, porque en el procedimiento propuesto en

proyecto se establece la existencia de una sola audiencia, y la posterior

sentencia emitida dentro del segundo día hábil después de realizada la citada

audiencia.

En otras palabras, es materialmente imposible que en tan corto plazo de

tiempo, una persona perjudicada con una noticia que afecta y menoscaba su

honor, pueda demostrar objetivamente la magnitud del daño económico del que

fue objeto, y menos un magistrado cuantificarlo en términos cuantitativos y

cualitativos, como si solo se tratara de meras apreciaciones y valoraciones que

se prestan a todo tipo de subjetividades.

Todos estamos de acuerdo en que un proceso judicial – tanto en la vía civil

como en la penal - puede demorar años hasta que se resuelva. Sin embargo,

una propuesta de esta naturaleza, no se circunscribe solo a la libertad de

pensamiento o expresión, al rol de los medios de comunicación y en todo caso

al ejercicio del periodismo en relación con la libertad de pensamiento y

expresión, como sesgadamente se sustenta en la expresión de motivos en el

proyecto analizado, en razón a que todos los ciudadanos, sin excepciones de

ninguna naturaleza, resultan iguales ante la ley, como de esa manera lo

reconoce nuestra Constitución.” 13

13

http://gestion.pe/impresa/noticia/despenalizacion-delitos-contra-honor/2009-09-16/9035

Otro reconocido penalista, Julio Rodríguez, también se ha mostrado en contra

de la despenalización de los delitos contra el honor. Él señaló que si lo que se

pretende es despenalizar los delitos contra el honor para que éstos sean

dilucidados en el fuero civil, tendríamos que el honor, en dicha sede, se

encontraría menos protegido. 14

Para el ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, es

viable despenalizar el delito de difamación, pero solamente en los casos en los

que no se haya afectado la vida privada de las personas. Así mismo, sostiene

que la tendencia internacional es despenalizar la difamación (tipificado en

Delitos Contra el Honor), es posible cuando se trata de personajes, funciones y

bienes públicos. Sin embargo, opinó, que cuando se afecta la vida privada de

las personas, sean públicas o privadas, debe haber una sanción penal, porque

se afecta el honor.15

CONCLUSIONES.

Consideramos que los instrumentos internacionales a los cuales el Perú se

encuentra suscrito, y nuestra Constitución, han colocado al honor como un

derecho fundamental de primera generación que constituye una de las aristas

del derecho a la dignidad. Por tanto, el Estado se encuentra no sólo en el

deber, sino en la obligación de garantizar su plena vigencia y respeto. En

segundo lugar, hemos dicho que si bien en la actualidad se viene dando una

tendencia al derecho penal de mínima intervención (o derecho penal

14

En: http://legalcomentario.blogspot.com/2009/06/el-honor-ahora-una-mercancia.html 15

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252695/Itemid,0/

minimalista), si consideramos que el derecho penal debe entrar a tallar ante el

ataque insistente a determinados bienes jurídicos, resultaría incompatible a

sus fines despenalizar una conducta que, al menos en nuestro país, ha tenido

gran incidencia en estas últimas décadas.

En tercer lugar, resulta oportuno decir que ante la posición de despenalizar los

delitos contra el honor para que éstos se diluciden en el fuero civil, cabría la

posibilidad de que ello generase una situación de desigualdad, pues quien

tiene dinero podría difamar, calumniar o injuriar a cambio de la reparación

económica a favor de la víctima.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que dada la sistematización de los

delitos en el Código Penal, el honor es un bien jurídico que por su importancia

se encuentra sólo por debajo – en términos de ponderación y sistematización -,

del bien jurídico vida, y por encima de los demás bienes jurídicos. Por dichas

consideraciones, somos de la opinión que los delitos contra el honor no pueden

ser despenalizados –por lo menos en estos tiempos – en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA.

Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1989. Bustos Ramírez, Juan. & Valenzuela Bejas, Manuel. Derecho Penal Latinoamericano Comparado- Parte General, Tomo I. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1981. Caro Coria, Dino Carlos. Sociedades De Riesgo, Bienes Jurídicos Colectivos Y Reglas Concursales Para La Determinación De La Pena En Los Delitos De Peligro Con Verificación De Resultado Lesivo. En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/Bjc-concurso.pdf . Carranza, Elías. Política Criminal y Humanismo en la Reforma de Justicia Penal. En: http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/carranza06.htm Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos. En: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html.

Enlace: http://gestion.pe/impresa/noticia/despenalizacion-delitos-contra-honor/2009-09-16/9035 Enlace: http://legalcomentario.blogspot.com/2009/06/el-honor-ahora-una-mercancia.html

Enlace://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252695/Itemid

,0/

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