Derechos Posnacionales

8/17/2019 Derechos Posnacionales

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Pertenecer a Europa: ciudadanía y derechos posnacionales

Jacqueline Bhabha1

Cada vez se cuestiona más la posición central del Estado nación como garante de los derechos

de los ciudadanos. Varios paradigmas importantes de fines del siglo XX destacan la erosión de la

autonomía nacional y ponen énfasis en cambio en la importancia de las fuerzas transnacionales y

en la relación profundamente nueva entre Estado, territorio y personas. Entre estos paradigmas, el

más significativo es tal vez la mundialización. Aunque el término abarca procesos múltiples y aun

contradictorios,1 tiende a hacer hincapié en fenómenos como el crecimiento exponencial y la

dimensión mundial de empresas transnacionales que han debilitado el poder regulador de los

Estados individuales y el poder de negociación de los movimientos sindicales nacionales; las

políticas económicas de liberalización que han provocado una amplia privatización de los sectores

de la salud y la educación y una reducción de las políticas estatales de asistencia social; la rápida

expansión de la tecnología de la información, la interconexión instantánea por los medios de

información y las comunicaciones electrónicas de regiones antes remotas, con el consiguiente

cuestionamiento de la información producida o controlada por el Estado, la desaparición de las

fronteras territoriales y la difusión de productos culturales uniformes a millones de personas en el

mundo; y la escalada masiva de la circulación transfronteriza de bienes, capitales, ideas y

personas, poniendo en entredicho los conceptos tradicionales de afiliación y pertenencia nacional(Featherstone, Lash, Robertson, 1990). Si bien no llegamos a sostener, como algunos teóricos de

la mundialización, que el Estado nación se encuentra en su fase terminal, suponemos en cambio

que en esta era de la mundialización se han debilitado irrevocablemente los vínculos entre los

Estados y sus ciudadanos. El fenómeno de la creciente integración regional, en Europa, Africa

Meridional, Asia, América del Norte y América del Sur, puede verse como un aspecto de este

proceso, en que las diferencias entre Estados vecinos van perdiendo terreno con respecto a los

vínculos y puntos en común entre ellos.

Otro paradigma importante y conexo es el de los derechos humanos. El paradigma de la

mundialización tiende a hacer hincapié en los sistemas transnacionales de explotación y

dominación que socavan la intervención potencialmente protectora del Estado nación, mientras

que el paradigma de los derechos humanos destaca las posibilidades de habilitación en el ámbito

1Jacqueline Bhabha, que antes ejercía en Londres como abogada especializada en derechos humanos, es ahoraDirectora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago (Center for International Studies,

University of Chicago, 5828 South University Avenue, Chicago IL 60637, USA, email: j-bhabha&uchicago.edu). Haescrito varios libros y artículos sobre cuestiones de migración y asilo en Europa. Entre sus más recientes publicaciones

cabe citar su coautoría en el libro Women's Movement: Women Under Immigration, Nationality and Refugee Law (1994).


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internacional. Los preceptos universales y las normas mínimas aplicables consignadas en los

convenios internacionales constituyen mecanismos que permiten refrenar el poder del Estado,

trascender los particularismos de nacionalidad y lugar, ejercer presión sobre las estructuras

estatales para la aplicación de derechos internacionalmente vinculantes. Estas presiones se

evidencian cada vez más en las estrategias de la política exterior de los Estados y en la actividad

de miembros de la sociedad civil. De hecho, el interfaz entre la mundialización y los derechos

humanos es lo que más fuertemente cuestiona la autonomía del Estado, pues ofrece mecanismos

para una movilización mundial efectiva y el ejercicio de los derechos. Así, por ejemplo, algunas

empresas transnacionales, preocupadas por su imagen ante consumidores conscientes de sus

derechos, han adoptado normas mínimas internacionales, como los códigos empresariales sobre

los derechos de los trabajadores y la seguridad en el lugar de trabajo. La tecnología mundial, ya

sea a través de enlaces de correo electrónico o de teleconferencias internacionales, ha ofrecido a

diversos movimientos sociales nuevas posibilidades de intercambio de información, de creación

de redes y de organización. En consecuencia, en el escenario internacional han aparecido nuevos

actores, como los ecologistas o los abogados defensores de los refugiados, que incorporan

precedentes y estrategias transnacionales en su práctica política y jurídica; los organismos

filantrópicos internacionales y las comunicaciones mundiales introducen nuevos protagonistas

importantes, como las organizaciones feministas y los defensores de los derechos de los niños

(incluidos los propios niños).

Entre estos dos paradigmas hay toda una serie de fuerzas dispares que afectan a todas luces laautonomía de los Estados naciones. Se trata de las organizaciones internacionales y los sistemas

de tratados de alcance mundial, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial, el sistema de las Naciones Unidas y la Organización Internacional

del Trabajo. Pero hay también entre ellas una gran variedad de sistemas, tratados y agrupaciones

regionales. La integración regional adopta múltiples formas con consecuencias bastante distintas

para la autonomía del Estado nación, desde las alianzas estratégicas o acuerdos comerciales

centrados en ventajas comerciales con escaso impacto en la estructuras de los Estados

soberanos, hasta las nuevas formas complejas de unión y colaboración constitucional que afectancríticamente dicha soberanía estatal. En un extremo del espectro la colaboración regional sólo

incide en los aranceles y los derechos aduaneros, mientras que en el otro quedan comprometidos

la promulgación de leyes nacionales, el control de las fronteras y otros aspectos centrales de las

prerrogativas soberanas del Estado nación.

El fenómeno que se acaba de exponer en sus grandes líneas -mundialización, generalización de

las normas internacionales relativas a los derechos humanos, integración regional- apunta

ciertamente a una nueva configuración y en algunos casos a una reducción de la autonomía del

Estado nación. Pero al mismo tiempo resulta evidente un proceso contemporáneo contrastante


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que destaca la pertenencia al Estado nación: la importancia creciente de la ciudadanía como

interrelación entre los individuos y la colectividad. Es notable el gran interés que suscita la

cuestión de saber quién forma parte de la colectividad, cuáles deberían ser los criterios de

pertenencia o de exclusión, cuáles son las ventajas y los deberes que debe entrañar la ciudadanía

(Gardner, 1994; Neuman, 1996; Soysal, 1994; Spiro, 1997). Esta preocupación se refleja en los

acalorados debates públicos en varios países, entre ellos Alemania, Francia y los Estados Unidos

de América, sobre los criterios de adquisición de la ciudadanía por nacimiento, ascendencia o

naturalización. Se evidencia también en el aumento de las nacionalidades dobles o múltiples

(Fritz, 1998) y la reaparición de la xenofobia virulenta, la división étnica y el "chovinismo de los

derechos". Se puede afirmar que ser ciudadano es ahora un requisito importante para poder

disfrutar de derechos. El postulado establecido desde Aristóteles hasta la fecha de que la

ciudadanía establece una relación recíproca de derechos y deberes entre el individuo y la

comunidad política, parece haber cobrado una renovada importancia en un momento en que los

vínculos nacionales de lealtad, afiliación, pertenencia y derecho han dejado de ser

unidireccionales o indiscutidos. ¿Es esto paradójico?

Sostengo que los dos procesos antes expuestos, la relación alterada entre el Estado y el

ciudadano y la primacía de los derechos de los ciudadanos son fenómenos coherentes y no

contradictorios. Aunque la relación entre el Estado y los ciudadanos individuales ha cambiado y

sigue cambiando en la era de la mundialización, el poder del Estado como garante del ejercicio de

los derechos individuales y como vía para el disfrute de derechos políticos, económicos o sociales,no tiene rival todavía. Por consiguiente, la capacidad de una persona de disfrutar de derechos en

el Estado en que vive afecta de modo crucial su situación jurídica. Cuando existe una multiplicidad

de situaciones jurídicas, aumentan también las complejidades en las relaciones entre obligación

estatal y derechos individuales. En algunos casos, la residencia puede ser el factor principal; en

otros, la ciudadanía, la ascendencia, la necesidad, la ocupación, la edad o la situación

matrimonial. Aunque todos residan de modo permanente y sientan que "pertenecen" al territorio,

los ciudadanos, los inmigrantes ilícitos, los refugiados, las personas extranjeras dependientes de

ciudadanos, los nacionales de Estados asociados, los no ciudadanos con residencia indefinidatienen derechos radicalmente distintos. La mera presencia en el mismo espacio geográfico no es

criterio suficiente para poder disfrutar de ellos. Diferentes aspectos de sus situaciones pueden

tener distintas incidencias jurídicas y pueden intervenir factores como sexo, raza y clase,

cualquiera que sea la situación jurídica. En vista del aumento de las migraciones, las relaciones

transnacionales, las dobles adhesiones y las asociaciones regionales, la relación entre el Estado

nación y los derechos de los ciudadanos estriba tanto en saber quién está incluido en la noción de

ciudadanía y quién no lo está, como en los "distintivos" o atributos de la ciudadanía misma. De

hecho, sostengo que la exclusión de la ciudadanía es un aspecto central del propio proyecto de

construcción de la ciudadanía.


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La integración regional cuestiona la suposición de que existe una situación privilegiada entre el

Estado y sus nacionales. La integración regional efectiva depende de que se compartan derechos

y obligaciones, no haya discriminación entre asociados regionales y las interacciones

interregionales se rijan por mecanismos uniformes. Según el grado de integración regional, es

previsible que algunos de los privilegios de la ciudadanía nacional se extiendan a todos los

ciudadanos de la región y que algunos aspectos de la función especial del Estado nación como

otorgador de derechos ciudadanos se transfieran a órganos supranacionales. La integración

regional ofrece un buen contexto para examinar la función del Estado con respecto a otras

entidades como garantes del disfrute de derechos por parte de los ciudadanos. La Unión Europea

(UE) es un ejemplo particularmente interesante para este examen, pues los dos procesos

mencionados están bien articulados: la UE ha establecido claramente un nuevo orden político,

económico y jurídico que afecta la relación entre los Estados Miembros de la Unión Europea y

cada uno de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, las cuestiones de ciudadanía han sido

últimamente motivo de muchos debates y actividades, que culminaron en la creación de la

ciudadanía de la Unión Europea con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1° de

noviembre de 1993. Como señala un comentarista, en los años noventa "la ciudadanía se

convirtió en una 'palabra de moda' entre los pensadores de todas las sensibilidades del espectro

político" (Heater, 1990, citado en Wiener, 1997, pág. 254).

Es indiscutible que la creación de las Comunidades Europeas y, más recientemente, de la UniónEuropea2 ha afectado la autonomía de cada uno de sus Estados Miembros. Si bien las razones

de la creación, después de la guerra, de las primeras comunidades europeas, la ECSC,

EURATOM y la CEE en el decenio de 1950, siguen siendo motivo de controversia histórica

(Mildward, 1995), es innegable que el resultado de la Unión Europea ha sido una reestructuración

radical de la vida económica y social de sus Estados Miembros: los Estados de la UE ya no

controlan sus propias economías y la unión monetaria acelerará aún más el ritmo de la integración

económica; la cooperación en la esfera de la justicia y los asuntos internos ha debilitado los

tradicionales bastiones de la soberanía estatal, a saber el control de la inmigración, los serviciosde policía y de información, como reflejo de la comprensión renuente de que la

internacionalización de la migración y la delincuencia exige la internacionalización de los servicios

policiales; las consideraciones tecnológicas y presupuestarias han obligado a los Estados

Miembros a cooperar en asuntos de defensa, en particular desde que el final de la guerra fría ha

reestructurado las prioridades de defensa de los Estados Unidos de América; y, por último, y esto

es muy importante, la supremacía de las leyes de la Comunidad Europea con respecto a las leyes

nacionales ha introducido un cambio constitucional radical en los Estados Miembros, ya que los

parlamentos y los poderes judiciales nacionales han tenido que aceptar que el derecho

comunitario es superior al derecho nacional en todas las esferas de competencia comunitaria.


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Todas estas esferas de actividad resultantes de la integración europea han tenido repercusiones

en los derechos de los ciudadanos. En un fallo de gran resonancia, el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, órgano que supervisa la aplicación de la ley europea y que es el árbitro

final en cuanto a la aplicación y la interpretación de los tratados de la UE, declaró que el nuevo

orden jurídico no sólo era un mecanismo de colaboración interestatal, sino que creaba derechos

directamente efectivos para todos los ciudadanos, que éstos podían ejercer contra la voluntad de

sus propios Estados Miembros sin la intervención de ningún órgano supranacional:

"la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de derecho internacional en cuyo provecho los

Estados han limitado sus derechos soberanos, aunque en esferas limitadas, y cuyos sujetos son

no sólo los Estados Miembros sino también sus nacionales. Por consiguiente, independientemente

de la legislación de los Estados Miembros, la ley no sólo impone obligaciones a los individuos sino

que les confiere derechos que pasan a formar parte de su patrimonio jurídico".3

Esta creación de un nuevo orden jurídico de derechos para los ciudadanos es sobre todo evidente

en materia de libre circulación. Muchos acuerdos regionales, entre ellos el TLC y MERCOSUR,

ofrecen mayor movilidad y reducciones arancelarias para la circulación transfronteriza de bienes y

capitales, pero lo que es verdaderamente revolucionario es la libre circulación de personas, ya que

da la impresión de un espacio común europeo y la desaparición de barreras nacionales. La

voluntad de crear un mercado único sin fronteras, principio central de integración económica ysocial, ha sido el motor que ha impulsado la creación de una Europa unificada. El objetivo está

consignado en el Artículo 7 a) del Tratado de la Comunidad Europea, que estipula que "el

mercado interno comprenderá una zona sin fronteras internas en el que se garantiza la libre

circulación de bienes, personas, servicios y capitales...". La libre circulación sólo podrá convertirse

en realidad si los nacionales de la UE no son discriminados en relación con los nacionales del

Estado anfitrión cuando intenten ejercer los derechos que les confiere el tratado. Por ejemplo, la

libre circulación de un español se verá obstaculizada si éste no puede conseguir un empleo de

operario en Alemania porque existen requisitos de lengua arbitrarios, o porque el consejo local nofacilitará alojamiento, o porque su esposa marroquí quedará excluida, o porque tiene que pagar

onerosos documentos de visado.

Para garantizar la igualdad de trato de los nacionales de la UE que circulan de un Estado de la UE

a otro, se han aplicado de modo enérgico disposiciones antidiscriminatorias. La discriminación

basada en la nacionalidad está prohibida entre nacionales de la UE, como lo están también toda

una serie de otras restricciones que podrían coartar la capacidad de un nacional de la UE de

circular libremente. Entre tales obstáculos posibles cabe destacar las restricciones migratorias a la

agrupación familiar en el Estado anfitrión para los familiares no pertenecientes a la UE, las


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disposiciones discriminatorias sobre la seguridad social, las formalidades fronterizas y de visado

restrictivas, los requisitos de lengua, acento, residencia o competencia profesional arbitrarios y

restrictivos. La generosidad de las disposiciones de la UE en estas esferas, que reflejan el objetivo

de expansión tras la integración europea, contrastan de modo agudo con el alcance restrictivo de

las disposiciones equivalentes aplicables a los extranjeros o, como se los suele denominar, los

nacionales de países terceros (NPT). Por ejemplo, las disposiciones de la UE sobre la agrupación

familiar permiten a un trabajador de la UE traer al Estado anfitrión a sus hijos de hasta 21 años de

edad o más si siguen estando bajo su dependencia. En cambio, las propuestas de la UE para las

reglas armonizadas de agrupación familiar para los NPT fijan la edad máxima de los hijos entre 16

y 18 años, según la preferencia del Estado Miembro, y excluyen dentro de este límite de edad a

aquéllos que están casados o que "llevan una vida independiente". Existen otras diferencias

igualmente severas para la entrada de las esposas y otros parientes.

La voluntad de la UE de garantizar la libre circulación nació inicialmente de un interés económico

(trabajadores, prestadores y destinatarios de servicios y trabajadores independientes) hasta

abarcar a todos los nacionales de la UE, salvo aquéllos dependientes de la seguridad social a

largo plazo o excluibles por razones de seguridad pública, política pública o salud pública. Así

pues, están cubiertos todos los estudiantes, las personas con medios independientes, las

personas en busca de empleo y los jubilados. Además, la enérgica defensa por parte del Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas de los derechos fundamentales de libre circulación ha

desembocado en la refrescante insistencia en prestar atención a las actividades o relacionespresentadas y no a las posibles motivaciones que se disimulan detrás de ellas, como los poderes

judiciales nacionales han tendido a hacer con frecuencia: así, aun el trabajo que es muy parcial o

por debajo del nivel de los pagos mínimos de la seguridad social da derecho a una persona a ser

un trabajador protegido (aun si la única razón de aceptar el empleo es tener derecho a protección

como trabajador de la UE); y una esposa extranjera queda protegida de la deportación como

miembro de la familia del trabajador de la UE aun si los cónyuges ya no viven juntos. Las

disposiciones del derecho comunitario sobre igualdad de trato con respecto a la igualdad entre

hombres y mujeres han incidido también de modo considerable en la justicia entre hombres ymujeres, contribuyendo a introducir cambios radicales en los derechos de empleo, seguridad

social y maternidad. Un aspecto en que la intervención de la UE ha sido deficiente es el de la

discriminación racial, que no se contempló en los tratados y sigue siendo un problema

fundamental en muchos Estados Miembros. En vista del recrudecimiento de la xenofobia y el

racismo en Europa, se ha presionado para hacer frente a este problema4 y, en el momento de

redactar este artículo, está previsto presentar propuestas en 1999 para promulgar una legislación

antidiscriminatoria y formular un plan de acción contra el racismo.5

Los nacionales de la UE y sus familiares (nacionales o no) no son los únicos en haberse


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beneficiado de esta tendencia a la extensión de los derechos que acabamos de exponer. Otras

categorías de personas para las cuales han mejorado los derechos de entrada, trabajo y

residencia son los nacionales de Estados pertenecientes a la Zona Económica Europea (ZEE),6

que disfrutan de las disposiciones sobre libre circulación del Tratado de la Comunidad Europea,

los empleados de empresas de la UE que trabajan en un Estado anfitrión de la UE (por ejemplo,

los nacionales de Bangladesh que trabajan en Francia para una empresa de construcción

portuguesa) y los nacionales de Estados con los que la UE ha concertado acuerdos de asociación

o cooperación (entre ellos Turquía, los Estados del Magreb y los Estados de Europa Central y

Oriental, estos últimos cubiertos por los llamados "Acuerdos europeos"). Aunque no equivalen a

los derechos de libre circulación de la UE y no son los mismos según los distintos países y las

distintas categorías de aspirantes, estos acuerdos representan lo que podría calificarse de

estratificación de derechos dentro del orden jurídico de la Comunidad. Introducen una categoría

intermedia de migrantes nacionales entre los ciudadanos de la UE y los simples NPT y son un

reconocimiento de los vínculos estrechos entre la UE y los Estados interesados (Handoll, 1995).

Aunque, como hemos visto, la consolidación de los derechos individuales ha sido desde el

principio un aspecto central del proyecto europeo, éstos estaban vinculados inicialmente a las

aspiraciones económicas y comerciales de la comunidad. La libre circulación era un medio

fundamental de lograr un mercado interno único y los derechos individuales eran necesarios para

contrarrestar las restricciones de los Estados Miembros a la expansión del nuevo orden

económico. El propio caso histórico Van Gend en Loos, que reconoció el lugar del ciudadanoindividual como titular de derechos dentro del orden jurídico europeo, se refería a derechos

comerciales en el contexto de la supresión de los derechos aduaneros. Pero en los cuatro

decenios que han transcurrido desde su creación, en consonancia con la evolución más general

del derecho internacional, la UE ha puesto cada vez más énfasis en la importancia de los

derechos humanos fundamentales. Así, aunque el tratado fundador por el que se creó en 1957 la

Comunidad Económica Europea no contiene ninguna declaración de derechos, el subsiguiente

Tratado Único Europeo de 1987 estipula que los Estados Miembros han de colaborar para

fomentar la democracia basándose en los derechos humanos fundamentales,7 lo cual introduceun cambio importante en la autoconcepción de la comunidad como algo más que un mero

"mercado común". Este proceso avanzó aún más con dos disposiciones introducidas en el Tratado

de la Unión Europea (TUE) firmado en Maastricht en 1992: el compromiso explícito de respetar los

derechos humanos8 y la creación de la ciudadanía de la Unión Europea para todos los nacionales

de los Estados Miembros.9

La preocupación acerca de los derechos fundamentales en general y la ciudadanía europea en

particular refleja dos inquietudes conexas sobre el desarrollo de la Unión. En primer lugar, denota

un deseo de crear una "identidad europea", por encima y más allá de las ventajas utilitarias


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asociadas con el desarrollo de la UE, un sentido de "pertenencia" a una nueva entidad

democrática y preocupada por los derechos. Esta aspiración, aún lejos de concretarse, se expresó

primero después de la guerra en las declaraciones idealistas de los arquitectos de la Unión

Europea y se está materializando en esos símbolos cada vez más importantes del Estado que son

la bandera de la Unión Europea y el pasaporte común granate de la UE. En segundo lugar, la

preocupación por los derechos de los ciudadanos denota un afán por enjugar el "déficit

democrático" en el modo de gobierno de la Unión Europea -la opinión generalizada de que la UE

es una entidad remota, no responsable, burocrática, opinión que ha dado lugar a la crisis de

legitimidad que experimentó la UE durante los años ochenta, hasta la aprobación del tratado de

Maastricht.

No está demostrado aún que la creación de la ciudadanía de la Unión Europea haya resuelto

ninguno de estos problemas o mejorado la situación de los nacionales de la UE, aunque es

demasiado temprano para formular un juicio definitivo (O'Leary, 1996). La base de la ciudadanía

de la UE está establecida en el Artículo 8 del Tratado de la CE que estipula que: "Toda persona

que tenga la nacionalidad de un Estado Miembro será ciudadano de la Unión". Por consiguiente,

sólo los nacionales de los Estados Miembros son ciudadanos de la UE y la cuestión de saber

quiénes son nacionales se deja por completo al criterio de cada Estado Miembro. Los derechos

específicos concedidos a los ciudadanos de la UE son el derecho de voto y el de presentarse

como candidato en las elecciones europeas y municipales, los derechos de libre circulación y

residencia, el derecho a la protección diplomática y consular por cualquier Estado Miembro si elpropio Estado Miembro del nacional no está representado en un territorio particular, el derecho de

elevar una petición al Parlamento Europeo y el derecho de apelar al Defensor del pueblo europeo.

Los extranjeros sólo disponen de los dos últimos derechos (Kingston, 1997).

Al decidir conceder la ciudadanía de la UE según el criterio de la nacionalidad del Estado Miembro

y no según la residencia o alguna otra forma de afiliación permanente en Europa, los Estados

Miembros supeditaron la tradicional prerrogativa de soberanía a cuestiones de ciudadanía, pero

no sentaron una base inclusiva para pertenecer a Europa. En vista de los criterios divergentes ycomplejos aplicados por cada Estado Miembro para determinar los requisitos para la nacionalidad

-nacimiento, ascendencia, residencia, cumplir una serie de condiciones lingüísticas, culturales o

de otro tipo-, la definición de la UE establece una base unitaria para la exclusión en lugar de un

conjunto coherente de criterios de inclusión (O'Leary, 1996; O'Keefe, 1993). De ello se

desprenden dos consecuencias importantes. En primer lugar, el concepto de ciudadanía no tiene

un significado uniforme en toda Europa (del mismo modo que el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas ha elaborado una noción común para toda la comunidad de "trabajador" o

"esposa", como antes se indica). En consecuencia, lo que determina quién puede convertirse en

ciudadano de la UE son las diferencias que establecen los Estados Miembros en cuestiones de


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requisitos para la nacionalidad, la naturalización y la doble ciudadanía y no una noción clara del

derecho individual.10 Así, por ejemplo, en Alemania el parentesco (la "sangre") o la etnicidad son

la base para la adquisición de la nacionalidad alemana, por lo que los turcos de la tercera

generación nacidos y criados en Alemania son extranjeros, mientras que los "alemanes" étnicos

que pueden no hablar el idioma ni estar familiarizados con el país son automáticamente

ciudadanos. Los británicos persisten en sus tres niveles racialmente correlacionados de

ciudadanía (con la concesión de plenos derechos tan sólo a uno de ellos) y Francia se sigue

basando en códigos culturalmente estrechos de sociabilidad e integración en la sociedad laica

francesa para perpetuar una interpretación monocultural de la ciudadanía francesa. Si algún

sentido de "identidad europea" dimana de esta definición de la ciudadanía, éste se basa

principalmente en entendimientos nacionales, descendencia étnica o condición cívica, y no en el

reconocimiento del carácter global de la nueva base demográfica de Europa.

En segundo lugar, a pesar de que en el Tratado de Maastricht se establece una estrecha relación

entre la ciudadanía europea y el establecimiento de un régimen de derechos humanos europeos,

los nacionales de la UE no parecen haberse beneficiado con esta ciudadanía recién creada en

cuanto al disfrute de sus derechos fundamentales. Como señala el Abogado General Jacobs, del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: "Una persona sometida a la aplicación del

derecho comunitario debe tener el derecho de decir "civis europeus sum" y de aducir esa calidad

para oponerse a toda violación de sus derechos fundamentales".11 Pero ésta no ha sido la

postura adoptada por el Tribunal hasta ahora. En un caso reciente, un tribunal desestimó elargumento de la que la ciudadanía europea concedía un derecho a la agrupación familiar capaz

de prevalecer sobre los controles de inmigración nacionales.12 Se trataba, en este caso, de un

ciudadano británico casado con una ciudadana de la India que, en el momento de su matrimonio,

era objeto de una orden de deportación (por su situación migratoria irregular en Gran Bretaña). La

pareja tenía un hijo (británico por nacimiento) y apelaba al gobierno británico para que anulara la

orden de deportación y concediera a la esposa india la autorización de permanecer en el país

como esposa de un ciudadano británico. Cuando esto les fue negado, la pareja entabló diligencias

judiciales para impedir la deportación. Puesto que la ley nacional británica no ofrecía soluciónalguna, intentaron ampararse en la ciudadanía europea del marido y los derechos fundamentales

que ésta otorga. Adujeron el derecho fundamental de respeto a la vida familiar13 y alegaron que

un ciudadano europeo tenía derecho a residir libremente con su familia en cualquiera de los

Estados Miembros de la Unión, incluido el Estado de que es nacional. Puesto que los esposos

hubieran podido vivir en cualquier Estado Miembro de la UE, fuera de Gran Bretaña, alegaron,

amparándose en las leyes europeas sobre la libre circulación, que se les debía ofrecer la misma

posibilidad en el Estado donde residían, como ventaja resultante de la ciudadanía europea.

Presentaron el argumento del modo siguiente: "así como un ciudadano de un Estado Miembro

puede, según la legislación nacional, residir en cualquier parte de dicho Estado, ese mismo


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ciudadano puede, desde la creación de la ciudadanía de la Unión Europea, residir en cualquier

parte de la Unión, cualquiera que sea el Estado Miembro de que sea también ciudadano".14 El

tribunal británico rechazó este argumento por considerar que la ley europea sobre la libre

circulación y, por lo tanto, las ventajas de la ciudadanía europea, no podían aplicarse a

situaciones "puramente internas" como aquélla, en que no se había efectuado ningún viaje de un

Estado Miembro de la UE a otro.

En otro caso, un nacional de la UE que vivía de prestaciones sociales no logró hacer valer un

derecho de residencia basado en su ciudadanía europea. Adujo que el derecho de libre

circulación y residencia conferido por el derecho europeo y considerado uno de los atributos de la

ciudadanía europea no se podía restringir debido a la dependencia prolongada de las

prestaciones sociales o a las medidas nacionales de deportación basadas en tal dependencia.

Pero él tampoco tuvo éxito: como observa el tribunal "el TUE no parece haber añadido nada al

derecho de libre circulación y residencia en el derecho comunitario existente",15 opinión

compartida por la Comisión Europea. Así pues, la ciudadanía de la Unión Europea no ha aportado

hasta ahora ningún sentido claro de identidad europea, ni un mecanismo más fuerte para la

aplicación de los derechos.

Si bien la ciudadanía de la Unión no ha ofrecido hasta ahora ventajas concretas a los nacionales

de sus Estados Miembros, sus efectos en los derechos y la situación jurídica de los nacionales de

países terceros que residen de modo permanente en la UE han sido aún más decepcionantes.Estos residentes de larga duración de la UE, que comprenden a 3 de cada 100 trabajadores

"europeos",16 están excluidos de la ciudadanía de la Unión por no ser nacionales de sus Estados

Miembros; por lo tanto, no ganan nada en cuanto a movilidad o derechos de voto. Su exclusión

perpetúa el déficit democrático que esta nueva calidad europea debía enjugar, da coherencia al

concepto de ciudadano europeo simplemente identificándolo con respecto a su contrario, el "no

europeo". Esta exclusión coincide con una interpretación conservadora y reduccionista de lo que

es Europa. Un destacado portavoz de la construcción de una "Europa" culturalmente homogénea,

Samuel Huntingdon, especialista en ciencias políticas de Harvard, define lo que es europeomediante un simple paradigma de civilización: "Europa termina allí donde termina la cristiandad

occidental y principia el Islam y la iglesia ortodoxa" (Huntingdon, 1996). Sin embargo, esta

tentativa de contención geográfica y social se contradice con una realidad mucho más compleja y

matizada, en que las fronteras territoriales se ponen en tela de juicio tan rápidamente como los

estereotipos demográficos, sociales y culturales. Así, según un reciente artículo periodístico

titulado "los holandeses transforman las iglesias en tiendas y mezquitas",17 va en aumento el

número de iglesias rematadas a las comunidades musulmanas conforme declina el cristianismo

institucionalizado y aumenta la audiencia y el poder adquisitivo del Islam organizado en los Países

Bajos. Este fenómeno no se limita a este país. En el distrito Muelheim de Colonia, llamado


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"pequeña Estambul" y hogar de una comunidad turca de unas 90.000 personas, prácticamente

cada tienda es turca, desde los carniceros de animales faenados según la ley musulmana hasta

los puestos de brochetas, y el grito lanzado desde los minaretes de las mezquitas invita a los

musulmanes a la plegaria. Situaciones semejantes existen en muchas ciudades europeas, desde

Bradford en Inglaterra hasta Marsella en Francia. A principios de 1993 había aproximadamente 12

millones de nacionales de países no europeos residentes legalmente en los 15 Estados Miembros

de la UE18 (la escala de la diversidad étnica es mucho mayor si se incluyen los ciudadanos no

blancos). A todas luces, conforme la segunda y tercera generación de poblaciones inmigradas se

establecen paulatinamente en Europa, la apariencia y el habla de los "europeos" va cambiando.

Sin embargo, la categoría jurídica establecida para crear una identidad europea inclusiva, la

ciudadanía de la UE, no tiene esto en cuenta y de hecho va en el sentido opuesto.

Hay quien sostiene que, a pesar de estas diferencias de nacionalidad y derechos de ciudadanía,

la situación de los nacionales de países terceros que residen de modo permanente en la UE es

notablemente similar a la de los nacionales de la UE, por lo que cabe hablar de un régimen de

"derechos posnacionales". Yasemin Soysal, por ejemplo, afirma que la adopción de normas

universales basadas en los derechos humanos ha producido una forma de ciudadanía inclusiva

"posnacional" que ha dado lugar a "nociones desterritorializadas de derechos personales;... la

ciudadanía nacional o una nacionalidad oficial ha dejado de ser un criterio determinante para la

concesión de determinados derechos y privilegios, como demuestra la situación de inmigrantes

después de la guerra... Los residentes permanentes en los países europeos disfrutan de plenosderechos civiles y tienen acceso a una serie de servicios sociales y de derechos económicos casi

idénticos a los de los ciudadanos nacionales" (Soysal, 1996). La única diferencia importante desde

este punto de vista entre ciudadanos y extranjeros asentados de modo permanente, es la

posibilidad de ejercer el derecho de voto. De otro modo, los nacionales de países terceros que

residen en Europa gozan de los derechos a la educación, la asistencia social y los servicios

sanitarios que solían estar reservados exclusivamente a los nacionales.

Sin embargo, numerosas pruebas contradicen este análisis positivo de la situación actual de losextranjeros en Europa. El hostigamiento racial y la violencia persisten en los Estados Miembros de

la UE, el comportamiento discriminatorio de la policía y la patente marginación caracterizan las

ciudades metropolitanas europeas. El racismo imperante en el empleo y la prestación de servicios

públicos son cuestiones que suscitan una gran preocupación en la UE, como se refleja en

numerosos informes oficiales. Para los nacionales de países terceros no residentes, esto es, los

migrantes que tratan de entrar o permanecer en los Estados Miembros de la Unión Europea, las

condiciones se han vuelto cada vez más difíciles. La creación de un espacio único europeo ha

reforzado la frontera exterior: la libre circulación en el interior de ese espacio presupone una

circulación restringida desde el exterior. La coordinación y la armonización europeas han tenido


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por lo general como resultado la imposición de la disposición más restrictiva o el mínimo común

denominador. Los Estados han establecido listas de categorías o nacionalidades excluibles para

responder a cada una de sus preocupaciones y obtener un acuerdo sobre el delicado tema del

control de la inmigración y el asilo político. Esto es válido tanto para las restricciones de visado,

impuestas colectivamente a una serie de países, como para los criterios de agrupación familiar,

empleo o entrada para visita o estudio. La voluntad de limitar la entrada ha tenido consecuencias

cualitativas y cuantitativas: no ha sido una mera cuestión de control estricto del número de

personas admitidas. Desde el primer Acuerdo de Schengen de 1985, hasta las Convenciones de

Schengen y de Dublín de 1990, la armonización europea ha tratado las cuestiones de inmigración

y asilo como una subcategoría de las actividades delictivas, catalogadas administrativamente junto

con el terrorismo y el tráfico de drogas como una forma de delincuencia internacional, y

controladas por medio de la vigilancia policial y la tecnología electrónica de la información,

además de las formas más tradicionales de control fronterizo. Las convenciones antes

mencionadas establecen marcos para limitar la entrada y distribuir entre los Estados Miembros la

responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo y otras peticiones presentadas por

extranjeros. Las restricciones de visados y las severas sanciones financieras contra los

transportadores de migrantes ilícitos forman parte de esta política de exclusión. Además de las

convenciones, una serie de acuerdos intergubernamentales entre Estados Miembros completan la

política restrictiva de acceso a la UE por motivos de empleo, estudio, agrupación familiar o asilo.

Estas disposiciones reglamentarias, aunque no son vinculantes para los Estados Miembros

individuales sino meramente indicativas, han sentado de hecho las bases de la política y laevolución legislativa en cada Estado Miembro, de tal modo que la armonización se está llevando a

cabo de hecho tal como estaba previsto en las recomendaciones de la UE. En efecto, el número

de solicitantes de asilo admitidos en los Estados Miembros de la UE sigue disminuyendo desde el

máximo alcanzado en 1992 (ACNUR, 1997). En este contexto, revisten especial importancia las

nuevas disposiciones que refuerzan los poderes de los Estados para denegar el asilo a los

solicitantes de buena fe, por motivos de procedimiento, sin siquiera examinar la validez de sus

peticiones. Estas disposiciones comprenden poderes draconianos que permiten excluir a los

solicitantes de asilo que presentan "solicitudes de asilo manifiestamente infundadas", que hantransitado por "países terceros seguros" antes de llegar al país anfitrión, o que provienen de una

lista convenida de "países de origen seguros", entre ellos Nigeria, India y otros países no muy

evidentemente seguros.

Las disposiciones reglamentarias ordenan la exclusión de una proporción creciente de solicitantes

de asilo, que son devueltos directamente a su país de origen o pasan de un país a otro mediante

procedimientos expeditivos, a menudo después de un examen somero y contradictorio de sus

casos. De este modo, un creciente número de solicitantes de asilo son expulsados de los Estados

Miembros de la UE a fin de que sus solicitudes sean examinadas en el primer país "seguro" por el


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que transitaron, nuevo mecanismo de exclusión que carece de bases en el derecho internacional

sobre refugiados. Si no hay tal país no europeo, los solicitantes de asilo son devueltos al primer

Estado de la UE al que entraron ("el país tercero seguro"), aun si no tienen ninguna garantía de no

ser expulsados hacia su país de origen (Amnistía Internacional, 1995). Tras los cambios recientes

introducidos en la constitución o "ley básica", todos los países que tienen frontera con Alemania

son definidos como "países terceros seguros", lo que justifica el rechazo y la expulsión de los

solicitantes de asilo que han entrado por tierra. Además, después de la controversia política

suscitada por el hecho de que Bélgica concediera asilo a terroristas vascos de la ETA y

defensores de la libertad de España, la UE decidió que todos sus Estados Miembros eran países

de origen seguros a efectos de asilo, a fin de que ningún nacional de un Estado Miembro de la UE

pudiera presentar una solicitud válida en otro Estado Miembro. La búsqueda de asilo en Europa

se ha convertido en una carrera de obstáculos logística y financiera, en que los intermediarios sin

escrúpulos, los documentos falsos y los pagos de grandes cantidades de dinero en efectivo

desempeñan una función central.

Los nacionales de países terceros que residen de modo permanente en los Estados Miembros de

la UE, llamados también a veces "denizens" (moradores) (Hammar, 1990), no suelen

experimentar las dificultades de inmigración de los extranjeros no residentes, aunque se ven

indirectamente afectados por ellas debido a las repercusiones que tienen en sus familiares y

socios y debido al racismo inherente que a veces convierte a todos los "extranjeros" en objetos de

sospecha y de examen riguroso. Sin embargo, los residentes permanentes se han visto tambiénafectados negativamente por la Unión Europea.

A pesar de que tienen derecho a una amplia gama de prestaciones sociales, los extranjeros

residentes en Europa no disfrutan en la práctica de los plenos derechos civiles a que tiene acceso

la población "indígena". Esta diferencia de situaciones se manifiesta en la categoría de ciudadano

de la Unión Europea que supone una base única para pertenecer o no a Europa. La exclusión se

aplica no sólo a la libre circulación y a los derechos de voto, sino también a la construcción más

inmaterial pero no menos poderosa del "demos" europeo (Weiler, 1997), que puede llegar a sertan poderosa como es actualmente incoherente. Puesto que la ciudadanía de la Unión Europea

depende de la posesión de la nacionalidad de un Estado Miembro y puesto que los criterios para

esto difieren entre Estados y están bajo su control, no existe ningún mecanismo global, válido en

toda Europa, para la adquisición de la ciudadanía de la UE. Por consiguiente, esta categoría es en

cierto sentido incoherente y ampliamente discrepante: no se basa en una plataforma común de

criterios de pertenencia. Por ejemplo, nada obliga a los Estados Miembros a facilitar la

naturalización de los nacionales de países terceros residentes estableciendo un requisito de

residencia máxima o una norma de "asimilación cultural", condiciones que podrían facilitar la

adopción de criterios uniformes para la pertenencia y la inclusión en la categoría. Por otra parte, si


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la ciudadanía de la UE se hubiese basado en la residencia legal prolongada, se habría creado una

relación posnacional no mediatizada entre la nueva Europa y su base demográfica, circunstancia

que habría evitado las dicotomías de etnicidad o situación cívica. Si bien esto habría complicado la

postura constitucional de la UE, al crear una forma de sistema de gobierno y de ciudadanía ajena

a la estructura de cada Estado Miembro, habría concretado la voluntad de crear una Europa

basada en los derechos fundamentales.

Un ejemplo particularmente elocuente de la diferencia de situación entre los residentes

permanentes legales y los ciudadanos de la UE en Europa, completamente ignorada por la

abundante documentación sobre este tema, es la vulnerabilidad de los primeros a la deportación.

El derecho a una residencia indefinida y sin restricciones es un atributo clave de la nacionalidad; a

la inversa, la vulnerabilidad a la exclusión o la expulsión es un significante muy claro de no

pertenencia. Aun dentro de la UE, donde la no discriminación en razón de la nacionalidad es un

principio fundamental del derecho comunitario, los Estados Miembros se han reservado el derecho

de excluir a los nacionales de otros Estados Miembros por motivos de política, salud o seguridad

pública, aunque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha velado por que las

medidas de expulsión se apliquen de modo restrictivo. Para los extranjeros, ninguna restricción

coarta el carácter discrecional y la discriminación nacional. El mero hecho de ser extranjeros

expone a los residentes legales permanentes de los Estados Miembros de la UE al riesgo de ser

deportados a pesar de la permanencia y la profundidad de sus lazos con un Estado particular de

la UE, que pueden remontarse a la infancia o aun al nacimiento.

El problema se plantea principalmente en el contexto de las actividades delictivas y la posibilidad

de expulsión después de una condena penal, cuando se somete a los extranjeros a la llamada

"doble pena", esto es, a la deportación tras haber cumplido su condena de cárcel. Esta práctica es

un claro ejemplo de "chovinismo de los derechos", pues expone a los residentes permanentes

extranjeros a un castigo suplementario radical además del ya impuesto al resto de los

delincuentes. Pone de relieve el sentido de no pertenencia y marginación de los residentes

permanentes extranjeros que se contrapone al sentido unitario de pertenencia que confiere laciudadanía europea.

El problema de la doble pena es importante por dos razones. En primer lugar, afecta a una

población cada vez más marginada por las actitudes xenófobas y racistas, el desempleo y el

deterioro urbano, una población cuya importancia es decisiva para una política inclusiva de

formación de la identidad europea. En segundo lugar, plantea con crudeza el problema de la

discriminación racial en el orden político europeo actual y pone en entredicho el postulado de que

los derechos humanos son la base común de la UE conforme avanza en el siglo venidero y en su

fase de expansión.


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Las víctimas de la doble pena suelen ser los nacionales de países terceros de la segunda

generación cuyos padres emigraron a un Estado Miembro siendo niños y que, a pesar de no ser

nacionales de la UE, pasaron la mayor parte de su vida en el Estado "anfitrión". Un gran parte de

esta población, marginada por el racismo y con frecuencia menos ansiosa de asimilarse que sus

padres, es portadora de una doble identidad, marcada no sólo cultural sino socioeconómicamente,

ya sean los jóvenes de Trinidad en Brixton, al sur de Londres, los argelinos de Belleville en París,

los marroquíes en Amsterdam o los curdos turcos en Hamburgo. Sufren también de modo

desproporcionado las consecuencias racializadas de la crisis económica posterior a la posguerra,

a saber un amplio desempleo y una baja del nivel de educación, vivienda y asistencia social.

Fuera de la pobreza y la violencia racista dirigida contra ellos, la exclusión social contemporánea

ha ocasionado también un importante consumo de drogas y actividades delictivas. Cuando los

miembros de estas comunidades cometen graves delitos, se exponen cada vez más a la

deportación, cualesquiera que sean sus vínculos con el Estado anfitrión, pues se considera que

han perdido el derecho a ser "recibidos" por su anfitrión y merecen ser expulsados a sus

respectivos "países de origen". Estas expulsiones forzadas niegan la realidad histórica y

psicológica del residente permanente y racializan la noción de pertenencia vinculando la

nacionalidad a la identidad étnica. Francia ha sido especialmente agresiva en su reciente

aplicación de la doble pena a delincuentes extranjeros. Aparentemente, la creciente popularidad

de la política de extrema derecha del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen ha influido en el

poder judicial de ese país, que se ha propuesto concretar el sentido de un identidad nacionalfrancesa racialmente homogénea. Así, por ejemplo, se adujeron incidentes triviales para justificar

la deportación de personas que residían en el país desde hacía mucho tiempo, como la expulsión

de un marroquí que había vivido y trabajado legalmente en Francia durante veinticinco años, por

haber guardado el equipaje de un inmigrante ilícito; o la deportación de un argelino nacido en

Francia y padre de tres hijos franceses, tras haber sido condenado por tráfico de drogas; o la

deportación de un marroquí que vivía en Francia desde los cinco años de edad, cuyos

antecedentes penales se remontaban a trece años antes de la orden de deportación.

Varias impugnaciones del chovinismo judicial manifestado en los casos antes expuestos

desembocaron en demandas ante las instituciones europeas de derechos humanos en

Estrasburgo. Estos litigios ponen de relieve la tensión entre las exigencias de la soberanía estatal

en el delicado tema de la seguridad y el control de los extranjeros, y los requisitos del Convenio

europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales con

respecto a la aplicación de derechos para los extranjeros, en particular el derecho al respeto a la

vida familiar y privada, consagrado en el Artículo 8 del Convenio. En los primeros casos relativos a

la doble pena zanjados a principios de los años noventa, se mantuvieron los derechos de los

nacionales de países terceros de permanecer en los Estados "anfitriones", donde tenían


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numerosos y antiguos vínculos familiares, a pesar de tener graves antecedentes penales. En uno

de esos casos, Djeroud,19 el solicitante argelino había sido condenado por una serie de delitos

graves en Francia y había reingresado tres veces a este país, en violación de las órdenes de

deportación expedidas. Sin embargo, la Comisión Europea de Derechos Humanos confirmó la

validez de su demanda y destacó su presencia en Francia desde la infancia, su ciudadanía árabe

y "de facto" francesa:

"Aunque es extranjero legalmente, el solicitante tiene sus vínculos familiares y sociales en

Francia y la nacionalidad que lo vincula a Argelia, si bien es una realidad jurídica, no refleja

su verdadera situación humana".20

Estos primeros casos impusieron a los Estados un difícil ejercicio de equilibrismo para conciliar la

protección de la vida familiar y la preservación del orden público. Constituyeron asimismo un claro

reconocimiento de la "verdadera situación humana" de los nacionales de países terceros

instalados desde hace tiempo en Europa. Varios otros casos más recientes indican que no se ha

mantenido esta postura y denotan una actitud más dividida e incierta sobre esta cuestión. En un

caso, se mantuvo la deportación de un tunecino que vivía en Francia desde los ocho años de

edad con toda su familia nuclear, a pesar de la falta de vínculos con Túnez fuera de la

nacionalidad y del hecho de que el solicitante se movía "en círculos tunecinos" en Francia.21 En

otro caso, un argelino residente en Francia desde los dos años de edad y padre de un hijo nacido

en Francia fue expulsado tras haber sido condenado por delitos graves siendo adolescente.Varios otros casos siguen la misma tendencia.

Al mismo tiempo, la situación no es uniforme. En todos los casos recientes de expulsión se han

consignado en los fallos discrepancias minoritarias en que se critica la imposición de la doble pena

a la segunda generación de inmigrantes residentes por ser discriminatoria y arbitraria. Además, en

un caso reciente en que la Comisión Europea de Derechos Humanos mantuvo en primera

instancia la deportación de un argelino nacido en Francia por graves condenas penales, esta

decisión fue revocada por juicio unánime de la Corte Europea de Derechos Humanos22 queinsistió en examinar las demandas relativas a las opciones de nacionalidad del solicitante y sus

vínculos con Africa del Norte más detenidamente de lo que se había hecho en primera instancia.

Estas diferencias entre los más altos tribunales de derechos humanos de Europa sobre la

aceptabilidad de la doble pena como elemento estratégico de aplicación de la ley reflejan

divisiones más hondas en Europa sobre las cuestiones de identidad y pertenencia. Indican una

clara ruptura entre los criterios de inclusión en la nueva entidad regional basados en los derechos

y aquéllos basados en consideraciones étnicas, ruptura que se expresa en los debates sobre la

doble nacionalidad, los criterios de naturalización, los requisitos de lengua y vestido en las


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escuelas públicas y muchas otras cuestiones.

Aunque ahora se acepta el respeto de los derechos humanos fundamentales como un elemento

central de la construcción de una Europa democrática y unida, y como un componente importante

de la imagen propia de la UE como espacio de civilidad y modernidad, es también la línea de falla

que separa las fronteras interiores y exteriores de Europa. Las fronteras exteriores se han vuelto

cada vez más impenetrables y el acceso al territorio europeo se ha vuelto cada vez más difícil

para los solicitantes de asilo y los inmigrantes pobres de países terceros. Las fronteras interiores,

apenas perceptibles para los ciudadanos de la UE, siguen siendo importantes separadores para

las personas vulnerables a la política del país tercero seguro o a los controles de inmigración

internos. Los ciudadanos de los Estados Miembros de la UE disfrutan de un régimen ampliado de

derechos y libertades; la ciudadanía de la UE representa la tentativa de crear una identidad

europea basada en los derechos y las obligaciones cívicas. Pero en la actualidad la ciudadanía

"posnacional" de la UE funciona sobre todo como un factor de división interno, resaltando la

importante población de residentes permanentes en la UE que carecen de esta calidad y de su

manto protector y que no gozan de la libre circulación ni de los plenos derechos de voto de la

mayoría. En el edificio constitucional de la Unión Europea queda aún por manifestarse la

interpretación más matizada de la pertenencia regional y de la identidad europea construidas para

reflejar la trama compleja de la población permanente de Europa. Es necesario que se reconozca

que la pertenencia es tanto un resultado como una condición de la igualdad de trato. La

integración regional sólo puede producir un nuevo ciudadano, un ciudadano europeo, si seacompaña de un régimen regional efectivo e inclusivo que reemplace un concepto de pertenencia

basado en la nación por una noción posnacional de los derechos humanos. La ciudadanía se

transformará entonces en un medio de integración regional por la inclusión y no por la exclusión.

Traducido del inglés

Notas

1. El New York Times presentó hace poco en primera plana una descripción concisa: "El proceso

conocido torpemente como "mundialización" comprende muchas cosas. Es la sociedad de la

información. Es la erosión de la soberanía nacional. Son las empresas que invierten libremente allí

donde la mano de obra es más productiva. Es la creciente importancia de las aptitudes técnicas y

la situación cada vez más difícil de los trabajadores no calificados. Es también el paso diario por

las fronteras de más de un billón y medio de dólares, transferidos por inversionistas que tratan de

conseguir las ganancias máximas y los riesgos mínimos y que se mueven, en momentos de crisis,

con todo el discernimiento de un rebaño". New York Times , 6 de febrero de 1998, A1.


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2. La primera comunidad europea importante, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero

(CECA), fue creada en 1951 por un tratado firmado por los tres países del Benelux, Francia,

Alemania e Italia. Estos mismos seis países fundaron en 1957, por sendos tratados, la Comunidad

Económica Europea (CEE), cuyo nombre pasó a ser después Comunidad Europea (CE), y la

Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). La Unión Europea (UE) fue creada en

1991 por el Tratado de Maastricht de Unión Europea, que entró en vigor el 1° de noviembre de

1993. La Unión descansa sobre tres pilares: el primero consiste en las tres comunidades

originales, la CECA, la CE y EURATOM. El segundo pilar es la política extranjera y de seguridad

común. El tercero abarca la cooperación en materia de justicia y asuntos internos. Sólo el primer

pilar está sometido al control del Parlamento Europeo y al examen del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas. Los otros dos funcionan por medio de la cooperación

intergubernamental.

3. Van Gend en Loos contra Nederlandse Administratie der Belanstingen, 1963, Caso 26/62 ECR.

4. Comisión de las Comunidades Europeas, Communication from the Commission on racism,

xenophobia and anti-semitism y Proposal for a Council Decision designating 1997 as European

Year against Racism, COM(95) 653 final, 13 de diciembre de 1995.

5. Migration News Sheet, marzo de 1998, pág. 13.

6. Desde la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la UE en enero de 1995, las relaciones

entre los Estados Miembros de la UE y Noruega, Islandia y Liechtenstein se rigen por el acuerdo

sobre la ZEE.

7. Preámbulo, Acta Única Europea, 1987.

8. El Artículo F (2) del TUE estipula que: "La Unión respetará los derechos fundamentales

garantizados por el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de laslibertades fundamentales... Y en la medida en que dimanan de las tradiciones constitucionales

comunes de los Estados Miembros, como principios generales del derecho comunitario".

9. El Artículo 8 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE), enmendado el 1° de enero de 1995,

estipula lo siguiente:

"I. Se establece por el presente la ciudadanía de la Unión. Toda persona que posea la

nacionalidad de un Estado Miembro será ciudadano de la Unión.


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II. Los ciudadanos de la Unión gozarán de los derechos conferidos por este Tratado y estarán

sometidos a los deberes que éste les impone."

10. Para un examen atento de las alternativas a la postura actual, véase Baubock (1997).

11. Caso C-168/91, Konstantinidis (1993) ECR 1191, párr. 46.

12. R v Secretary of State for the Home Department ex parte Kulwinder Kaur Phul and others,

juicio no publicado del tribunal de apelación del Reino Unido del 17 de agosto de 1995, citado por

Kingston (1996), pág. 303.

13. Consagrado en el Artículo 8 (1) del Convenio europea para la protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales, que estipula: "Toda persona tiene derecho a que se

respete su vida privada y familiar, su hogar y su correspondencia".

14. Juicio, págs. 5-6.

15. R v Secretary of State for the Home Department ex parte Vitale, [1996] Common Market Law

Review 2, pág. 587.

16. Eurostat Rapid Reports 1994 - 1997.

17. New York Times, 10 de marzo de 1997, A1.

18. Eurostat, 1996, Statistics in Focus. Population and Social Conditions, n° 2,1.

19. Djeroud v France, European Human Rights Reports (1992) pág. 68.

20. Djeroud v France, págs. 78-79.

21. Boughanemi v France, European Human Rights Reports (1996) pág. 228.

22. Mehemi v France (85/1996/704/896) 26 de septiembre de 1997.

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