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Derechos Humanos en el Campo Latino-Americano: Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay

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Índice

Brasil

GuatemalaInformación General

El problema de la tierra en GuatemalaLos acuerdos de paz y la cuestión de la tie-rraAcceso de la mujer rural a la tierra

Principales violaciones a los derechoscampesinosAspecto generalCriminalización campesina

Ejemplo de CasosAsesinato de dirigente campesino y sus hi-jos en ZacapaMasacre de campesinos y campesinasDesalojo violento contra 25 familias enCobánInvasión del Ejército en contra de la comu-nidad de retornados de Ixtahuacán ChiquitoDesalojo de familias campesinas e indígenasAlcalde de San José Poaquil embarga 50Caballerias de tierras comunalesLucha campesina e indígena contra las mi-neríasRepresión a luchadores en contra del Trata-do de Libre ComercioAllanamiento a organizaciones campesinas ya defensores de los derechos humanosViolencia contra las mujeres en GuatemalaViolación al Acuerdo de Identidad y Derechode los Pueblos Indígenas

AnálisisEl agronegocio y la industria de la cañaPolíticas agrarias

Actos de violencia contra campesinosImpunidad en los casos de violencia contratrabajadores ruralesTrabajo esclavo y degradanteIndígenasAfectados por represasDestrucción ambiental (deforestación en laAmazonía y transposición del Río São Fran-cisco)

Casos ejemplaresHermana Dorothy Mae StangMasacre de FelisburgoMasacre de Eldorado dos CarajásQuilombolas

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Información General

Tenencia de la tierra y pobreza en Hon-duras

El problema de la tierra en HondurasAcceso de la mujer rural a la tierra

Principais violaciones a los derechoscampesinosAspecto generalCriminalización campesina

Ejemplo de casosAsesinato de dirigente campesino: EdicksonLemus, secretario general de la CNTC regio-nal El ProgresoDesalojos y asesinatos de campesinos: Em-presa Asociativa Campesina “Primero deoctubre”Lucha de comunidades (hombres y muje-res) por el acceso a la tierra: EmpresaAsociativa Campesina “Unidos Venceremos”Conflicto de tierra con las Fuerzas Arma-das: Grupo Campesino “Las Posas”Conflictos de tierra con terratenientes:Campesinos del sector de “La Asomada”Represión privada por medio de gruposparamilitares

Historial del paísSituación sociopolítica de 2001 a 2006

Principales actos de violencia contracampesinos

Principales fuerzas represivas  Los ejercicios militares del Ejército delos Estados Unidos 

Casos ejemplaresComisión Vecinal de Campesinos Sin TierraTetaguá GuaraníAsentamiento campesino Primero de MayoColonia “María Antonia Arroyito”Niño Silvino Talavera (muerto por intoxica-ción con agrotóxicos)Comunidad Indígena “Paraje Pukú”Coordinadora Distrital de Sectores Socialesdel distrito de YryvukuáTekojojá

Honduras P-40

Paraguay P-52

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Derechos Humanos en el Campo Latino-Americano:Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay

ElaboraciónRed de Acción e Investigación sobre la Tierra(Land Research Action Network-LRAN)Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)Vía CampesinaRed Social de Justicia y Derechos Humanos

OrganizaciónEvanize Sydow y Ramiro Tellez Maradiaga

TraducciónCelina Lagrutta

Proyecto gráfico y diagramaciónCarlos Vasconcelos Pitombo

Fotos de tapaArchivo Brasil de FatoJoão Roberto RipperSean Hawkey/Creative Commons

Asesoría AdministrativaMarta Soares y Sidnéia Soares

ApoyoActionAid

Entidades Colaboradoras / Fuentes de InvestigaciónCampaña Global por la Reforma AgrariaCampaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA)Comisión Pastoral de la TierraFIANServicio Paz y Justicia (Serpaj) - ParaguayVía Campesina - Centroamérica

Red Social de Justicia y Derechos HumanosRua Castro Alves, 945

São Paulo, SP, Brasil, Cep: 01532-001Tel (11) 3271-1237 Fax (11) 3271-4878

E-mail: [email protected] - www.social.org.br

Abril, 2007

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El informe Derechos Humanos en el Campo Latino-americano: Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguayrefleja un panorama de los derechos humanos en elmedio rural en cuatro países: Guatemala, Honduras,Brasil y Paraguay. El documento aborda violaciones dederechos civiles, políticos, económicos, sociales, cultu-rales y ambientales.

Producido conjuntamente con organizaciones de defensade derechos humanos y movimientos sociales rurales, estedocumento tiene el objetivo de trazar un perfil de las prin-cipales violaciones contra campesinos en países latinoa-mericanos. El informe fue elaborado a partir de la sistema-tización de estudios existentes en los cuatro países.

En el caso de Brasil, se hace un análisis sobre elagronegocio y la industria de la caña de azúcar, ade-más del retrato de algunos de los principales actos deviolencias contra campesinos, indígenas y afectadospor represas.

Los acuerdos de paz y la cuestión de la tierra y el accesode la mujer rural a la tierra son algunos de los temas pre-sentes en el capítulo sobre Guatemala.

Varios ejemplos de casos de violaciones contra trabajado-res rurales son retratados en las páginas sobre Hondurasy Paraguay, como los asesinatos, desalojos, conflictos detierra con fuerzas armadas y los ejercicios militares de losEstados Unidos en Paraguay.

Los principales objetivos de la publicación del informe sonejercer impacto en el medio jurídico, político, intelectual,universitario, de formadores de opinión, de los movimientossociales, entre periodistas, organizaciones no gubernamen-tales y órganos del gobierno, además de la función educati-va, sirviendo como fuente de información y presión por polí-ticas públicas de defensa de los derechos humanos.

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BrasilBrasilBrasilBrasil

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ANÁLISISAGRONEGOCIO, AGROCOMBUSTIBLES YLA INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Estudios recientes sobre los impactos cau-sados por los combustibles fósiles han contri-buido para poner el tema de losagrocombustibles al orden del día. Actualmen-te, la matriz energética está compuesta de pe-tróleo (35%), carbón (23%) y gas natural (21%).Y la aceleración del calentamiento global es unhecho que pone en riesgo la vida del planeta.

Sin embargo, aprovechándose de la legíti-ma preocupación de la opinión pública inter-nacional con el calentamiento global, gran-des empresas agrícolas, de biotecnología, pe-troleras y automotoras se dan cuenta que losagrocombustibles representan una fuente im-portante de ganancia.

En necesario desmistificar la propagandasobre los supuestos beneficios de losagrocombustibles. El concepto de energía“limpia” y “renovable” debe ser discutido des-de una visión más amplia, que considere tam-bién los efectos negativos de estas fuentes.En el caso del etanol, el cultivo y el procesa-miento de la caña de azúcar contaminan elsuelo y las fuentes de agua potable, pues uti-lizan gran cantidad de productos químicos.Cada litro de etanol producido consume cer-

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ca de 12 litros de agua, lo que repre-senta un riesgo de mayor escasez defuentes naturales y acuíferos.

El proceso de destilación del etanolproduce un residuo llamado vinaza. Acada litro de etanol producido, songenerados de 10 a 13 litros de vinaza.Una parte de este residuo puede serutilizado como fertilizante. No obstan-te, estudiosos advierten que esta sus-tancia contamina ríos y fuentes deagua subterráneas. Si la producciónanual de etanol en Brasil es de 17 milmillones de litros, eso significa que porlo menos 170 mil millones de litros devinaza se depositan en las regiones decañaverales.

La quema de la caña de azúcar sirvepara facilitar la cosecha, pero esta prác-tica destruye gran parte de losmicroorganismos del suelo, contaminael aire y causa enfermedades respira-torias. El procesamiento de la caña enlos ingenios también contamina el airea través de la quema del bagazo, queproduce hollín y humo. El InstitutoNacional de Investigaciones Espacia-les ha decretado estado de alerta en laregión de los cañaverales en São Paulo(mayor productor de caña de azúcar delpaís) porque las quemas han llevado ala humedad del aire a niveles extrema-damente bajos, entre 13% y 15%.

En el caso de la soja, las estimativasmás optimistas indican que el saldode energía renovable producido paracada unidad de energía fósildispendiada en el cultivo es de 0,4 uni-dades. Ello se debe al alto consumo

de petróleo utilizado en fertilizantes yen máquinas agrícolas. Además, laexpansión de la soja ha causado unaenorme devastación de las selvas y dela vegetación de cerrado de Brasil.

Aun así, la soja ha sido presentadapor el gobierno brasileño como el prin-cipal cultivo para el agrodiesel, por elhecho de que Brasil es uno de losmayores productores del mundo. “Lacultura de la soja puntea como la joyade la corona del agronegocio brasile-ño. La soja se puede considerar lacuña que permitirá la apertura demercados de biocombustibles”, afir-man investigadores de EMBRAPA –Empresa Brasileña de InvestigaciónAgropecuaria.

El gobierno calcula que más de 90millones de hectáreas de tierras bra-sileñas podrían ser utilizadas paraproducir agrocombustibles. Solamenteen la Amazonía, la propuesta es de cul-tivar 70 millones de hectáreas condendê (aceite de palma). Este produc-to se conoce como el “diesel de ladeforestación”. Su producción ha cau-sado la devastación de grandes exten-siones de selvas en Colombia, Ecua-dor e Indonesia. En Malasia, el mayorproductor mundial de aceite de pal-ma, el 87% de las selvas han sido de-vastadas.

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Pero, además de la destrucción detierras agrícolas y de selvas, hay otrosefectos contaminantes en este proce-so, tales como la construcción de in-fraestructura de transportes y alma-cenamiento, que demandan gran can-tidad de energía. Sería necesario tam-bién aumentar el uso de máquinasagrícolas, de insumos (fertilizantes yagrotóxicos) y de irrigación para ga-rantizar el aumento de la producción.En el caso del aceite de palma, cadatonelada producida representa 33 to-neladas en emisiones de dióxido decarbono. Por lo tanto, este combusti-ble vegetal contamina 10 veces másque el diesel común.

La expansión de la producción deagroenergía es de gran interés paraempresas de organismosgenéticamente modificados, comoMonsanto, Syngenta, Dupont, Dow,Basf y Bayer, que esperan obtener unamayor aceptación del público si difun-den los productos transgénicos comofuentes de energía “limpia”. En Bra-sil, la empresa Votorantin ha desarro-llado tecnología para la producción decaña transgénica para la producciónde etanol. Muchas de estas empresaspasaron a desarrollar tipos de culti-vos no comestibles, solamente para laproducción de agroenergía. Como no

hay medios para evitar la contamina-ción de los transgénicos en camposcultivos nativos, esta práctica pone enriesgo la producción de alimentos.

EL PAPEL DE BRASILLa industria de la caña de azúcar

fue el sector del agronegocio que máscreció en Brasil en 2005. Mientras laproducción de soja (uno de los princi-pales productos agrícolas exportadospor Brasil) creció un 1,3%, la produc-ción de derivados de la caña de azú-car creció un 26,7% en aquel año. En2006, se produjeron más de 425 mi-llones de toneladas de caña de azúcaren seis millones de hectáreas de tie-rra. Para 2007, el Ministerio de Agri-cultura prevé un aumento de un 10%en la safra de caña de azúcar. Estatendencia de crecimiento debe seguir.Brasil es actualmente el mayor pro-ductor mundial de etanol y alcanzó unrécord de 17,4 mil millones de litrosen 2006. Se estima que hasta 2012 laproducción anual de etanol en Brasilsea de 35 mil millones de litros.

Las regiones del país que histórica-mente han cultivado la caña en granescala son el Nordeste y el estado deSão Paulo. Más recientemente, la in-dustria se ha expandido en el nortedel estado de Río de Janeiro, en Mi-nas Gerais, Espírito Santo, norte deParaná y estados del estado del Cen-tro Oeste.

Algunas grandes empresas extran-jeras han adquirido ingenios de cañaen Brasil, entre ellas Bunge, Noble

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Group, ADM y Dreyfus, además demegaempresarios como George Sorosy Bill Gates.

La expansión de monocultivos parala producción de agrocombustiblesdebe ampliar la posesión irregular –la llamada grilagem – de tierras pú-blicas por parte de las empresas pro-ductoras de soja, además de “legali-zar” las irregularidades ya existentes.El ciclo de la grilagem en Brasil sueleempezar con la deforestación, utili-zando trabajo esclavo; después vienela ganadería y la producción de soja.Actualmente, con la expansión de laproducción de etanol, este ciclo secompleta con el monocultivo de lacaña de azúcar. Estas tierras podríanser utilizadas en la reforma agraria,para la producción de alimentos ypara atender a la demanda históricade cerca de cinco millones de fami-lias sin tierra.

En muchas regiones del país, el in-cremento de la producción de etanolha causado la expulsión de campesi-nos de sus tierras y ha generado ladependencia de la llamada “economíade la caña”, en la que existen solamen-te empleos precarios en los cañavera-les. El monopolio de la tierra por par-te de los dueños de ingenio generadesempleo en otros sectores económi-cos, estimulando la migración y lasumisión de trabajadores a condicio-nes degradantes.

Pese a su propaganda de “eficien-cia”, la industria de la agroenergía sebasa en la explotación de mano de

obra barata e inclusive esclava. Lostrabajadores son remunerados porcantidad de caña cortada y no porhoras trabajadas. En el estado de SãoPaulo, el mayor productor del país, lameta de cada trabajador es cortar en-tre 10 y 15 toneladas al día.

En el estado de São Paulo, los tra-bajadores perciben R$ 2,44 por tone-lada de caña cortada y apilada. Parapercibir R$ 413 al mes, los trabajado-res tienen que cortar un promedio de10 toneladas de caña por día. Para ello,son necesarios 30 golpes de machetepor minuto, durante ocho horas detrabajo por día.

Según el profesor Pedro Ramos, dela Unicamp – Universidad deCampinas, en los años 80, los traba-jadores cortaban alrededor de 4 tone-ladas y sacaban lo equivalente a R$9,09 por día. Actualmente, para sacarR$ 6,88 por día, es necesario cortar15 toneladas. Nuevas investigacionescon caña de azúcar transgénica, másliviana y con mayor nivel de sacarosa,significan más ganancias para los due-ños de ingenios y más explotación paralos trabajadores. Según un estudio delMinisterio del Trabajo y Empleo (MTE),“antes 100 m² de caña sumaban 10toneladas, hoy son necesarios 300 m²para alcanzar las 10 toneladas”.

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Este patrón de explotación ha cau-sado serios problemas de salud y has-ta la muerte de los trabajadores. En-tre 2005 y 2006, fueron registradas17 muertes por agotamiento en el cortede caña. “El azúcar y el alcohol enBrasil están bañados de sangre, su-dor y muerte”, afirma la investigadoraMaria Cristina Gonzaga, deFundacentro, un órgano del Ministe-rio del Trabajo.

En 2005, otras 450 muertes de tra-bajadores fueron registradas por leMTE en los ingenios de São Paulo. Lascausas de estas muertes son asesina-tos, accidentes en el precario trans-porte hacia los ingenios, en conse-cuencia de enfermedades tales comoparo cardíaco y cáncer, además decasos de trabajadores carbonizadosdurante las quemas. Maria CristinaGonzaga estima que 1.383 trabajado-res de la caña han muerto en situa-ción similar en los últimos cinco años.

El trabajo esclavo también es comúnes este sector. Los trabajadores songeneralmente migrantes del Nordesteo de Vale do Jequitinhonha, en MinasGerais, seducidos y embaucados porintermediarios o “gatos”, que seleccio-nan mano de obra para los ingenios.En 2006, la Fiscalía del MinisterioPúblico inspeccionó 74 ingenios en el

estado de São Paulo y todos fueronprocesados. En marzo de 2007, fisca-les del MTE rescataron a 288 trabaja-dores en situación de esclavitud enseis ingenios de São Paulo. En otraoperación realizada en marzo, el Gru-po de Fiscalización de la ComisaríaRegional del Trabajo en Mato Grossodo Sul rescató a 409 trabajadores enel cañaveral del ingenio de alcoholCentro Oeste Iguatemi. Entre ellos,había un grupo de 150 indígenas.

Todos los años, cientos de trabaja-dores son encontrados en condicionessemejantes en los cañaverales: traba-jando en negro, sin equipamiento deprotección, sin agua o alimentaciónadecuada, sin acceso a baños y conviviendas precarias. Muchas veces, lostrabajadores necesitan pagar por ins-trumentos como botas y machetes. Enel caso de los accidentes de trabajo,no reciben el tratamiento adecuado.*

POLÍTICAS AGRARIASEl primer mandato de Lula fue mar-

cado por el vaciamiento de la propues-ta y de la concepción de la reformaagraria. El examen del contenido delos principales documentos sobre eltema muestra que las pretensiones deimplantar un proceso de cambio en elcampo se han consumido, esfumado.Estudios muestran que las metas delprograma de reforma agraria no hansido alcanzadas y que los datos de fa-milias asentadas han sido divulgadosde forma, como mínimo, engañosa. Losdocumentos informan que los

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asentamientos ocurrieron principal-mente en tierras públicas en laAmazonía. La política agraria puestaen práctica no ha molestado al lati-fundio y ha llegado incluso a benefi-ciar al agronegocio.

El 6 de marzo de 2006, en la ciudadde Porto Alegre, seis organizacionesvinculadas a las luchas de los campe-sinos por la reforma agraria1 - MPA,MST, MAB, MMC, CPT y ABRA – emi-tieron el texto “Balance de las medi-das del Gobierno Lula (2002-2006) enRelación a la Agricultura Campesinay Reforma Agraria en Brasil”. El do-cumento señala la falta de medidasque no hace más que mostrar la debi-lidad de la política agraria vigente: lano atención al compromiso de asen-tar prioritariamente a las familiasacampadas; la no utilización de losíndices usados para evaluar la produc-tividad de las propiedades para efec-tos de expropiación; el mantenimien-to de la política orientada por el Ban-co Mundial – programas Banco de laTierra o crédito agrario, fundamentode la llamada “reforma agraria de mer-cado”; la no movilización del bloqueoficialista en el parlamento para apro-bar la ley que expropia las haciendasque usan trabajo esclavo; la falta demovilización del mismo bloque parla-mentar para impedir la CPMI (Comi-sión Parlamentar Mixta de Investiga-ción) de la tierra y la derrota del docu-mento del relator, con la consecuenteaprobación de otro informe que atien-de exclusivamente a los intereses de

la bancada ruralista – entre otros ab-surdos, este informe considera la ocu-pación de tierras como acto terroristay crimen hediondo –; la falta de empe-ño para presionar el poder judicial encuanto al juicio y castigo de los res-ponsables por las distintas masacresdel campo, como Corumbiara (1995),Carajás (1996) y Felisburgo (2004); laliberación del plantío ycomercialización de la soja transgénica;la falta de iniciativa gubernamental,parlamentar y administrativa para re-mover leyes y medidas de gobiernosanteriores que traban y perjudican elproceso de reforma agraria; la iniciati-va gubernamental de proponer una leyque permite el arrendamiento de sel-vas nacionales – en áreas públicas –para la explotación por parte de em-presas madereras; la “noimplementación de un amplio progra-ma de reforma agraria, que, de hecho,represente un ataque a la concentra-ción de la propiedad de la tierra y laatención a miles de familias sin tierra”.2

Sumado a estas demandas pendien-tes, estuvo el problema de la violenciaen el campo. Datos parciales de laCPT, de enero a agosto de 2006, apun-tan un mantenimiento de la tenden-cia de disminución de las acciones delos movimientos sociales y de los nú-

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meros de la violencia. El número deasesinatos hasta fines de agosto eraun 18,37% menor que en igual perío-do de 2005, cuando fueron asesina-das 29 personas. El número de fami-lias expulsadas bajó de 2.339, de ene-ro a agosto de 2005, a 927 en igualperíodo de 2006, un 60,37% menos.La acción del poder judicial fue me-nos intensa. Hubo un 31,41% menosde personas desalojadas de enero aagosto de 2006 y 11.065 familias, con-tra 16.131 en 2005. Ya en lo que con-cierne a trabajadores detenidos, se dioun salto significativo. De enero a agos-to de 2006, fueron arrestadas 746personas, un 351,20% más que enigual período de 2005, 166 más queel total de los años anteriores. Estesalto se debe sobre todo a la prisiónde los militantes del MLST (Movimien-to de Liberación de los Sin Tierra),cuando de la ocupación del predio dela Cámara de Diputados.

Otra forma de violencia que enfren-tan los trabajadores y los movimien-tos sociales es la violencia simbólica.Se puede decir que las acciones de losmovimientos y de los trabajadores sonvistas por los grandes medios de co-municación social, por buena parte delas autoridades y de los que ocupanposiciones de destaque, desde la ópti-

ca de la discriminación. Las activida-des de las empresas son siempre pre-sentadas como promotoras del desa-rrollo y del progreso. Aunque haya al-guna acción menos correcta, o algúntipo de violencia, este es visto como elcosto necesario para que el desarrolloy el progreso se puedan realizar. Nose analiza si las actividades son per-judiciales al medio ambiente o si afec-tan a grupos humanos.

Por otro lado, ya de antemano, lamayoría de los órganos de comunica-ción trata las acciones de los trabaja-dores, de alguna manera, como actosque atentan contra el orden público ycausan trastornos a la colectividad.

Dos casos ocurridos en 2006 mues-tran bien la postura adoptada en ac-ciones de los movimientos y la acciónde los propietarios de tierra.

Las mujeres de la Vía Campesina,el día 8 de marzo de 2006, destruye-ron viveros de plantines de eucaliptosy el laboratorio de Aracruz Celulosa,en Barra do Ribeiro, Rio Grande doSul, uno de los símbolos delagronegocio. Era una protesta contrael avance del “desierto verde” y contrael monocultivo destructor del medioambiente. Nadie sufrió cualquier tipode violencia. No obstante, esta acciónocupó, durante muchos días, los titu-lares de los principales medios de co-municación del país. Las mujeres fue-ron condenadas inmediatamente portodos los órganos de la gran prensa ypor todos los niveles de las autorida-des públicas. Fueron estigmatizadas

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como violentas, acusadas de practicaractos de vandalismo, entre otras co-sas. Las organizaciones de las muje-res, sobre todo el MMC (Movimientode Mujeres Campesinas) fueron inves-tigadas, tuvieron sus oficinas invadi-das y sus bienes aprendidos. Las mu-jeres identificadas como participantesde la acción están hoy respondiendoa diversos procesos en la justicia.

El 19 de mayo de 2006, en el muni-cipio de Vargem Grande, Maranhão,una comunidad entera, la comunidadde São Malaquias, formada por rema-nentes de quilombos y que vivían en elárea desde hacía más de 100 años, fueviolentamente desalojada, en una ac-ción llena de ilegalidades. El supues-to propietario, Antonio Rodrigues Dias,portando varios documentos que lo in-dicaban como propietario del área,cada uno presentando límites diferen-tes y confusos, consiguió de la Juezade la Comarca, Janaina de Araújo deCarvalho, la expedición de un man-dato de interdicto prohibitorio. Estemandato fue transformado, en la prác-tica, en una acción de reintegraciónde posesión con desalojo. La acciónse refería a 10 familias, pero el des-alojo alcanzó a 30 familias. Las casas,los cultivos y los bienes de los traba-jadores fueron destruidos. En conse-cuencia, las familias con niños, jóve-nes y ancianos sufrieron las mayoresprivaciones y sufrimientos. Y hastauno de los habitantes, que había fa-llecido el día 19 y estaba siendo vela-do en su casa, fue desalojado. Los

parientes del muerto tuvieron quetransferir el cuerpo del trabajador ru-ral, que siguió siendo velado en otracomunidad. Mientras se trasladaba elcuerpo, su casa fue demolida y que-mada.3

ACTOS DE VIOLENCIA CONTRACAMPESINOS

Impunidad en los casos de violen-cia contra trabajadores rurales

El gran problema de los crímenescontra trabajadores y líderes ruraleses la traba que representa el poderjudicial en los juicios de estos críme-nes, muy especialmente en el estadode Pará. En este estado, durante losúltimos 33 años, se registraron 772asesinatos de trabajadores rurales yde personas que los apoyaban. Sola-mente en tres casos hubo enjuicia-miento de los mandantes de los crí-menes – los casos de Expedito Ribeiro,de João Canuto e de Eldorado dosCarajás. Estos juicios solo fueron po-sibles gracias a la lucha y presión, condenuncias constantes, de entidades dederechos humanos, tanto nacionalescomo internacionales. E incluso enestos tres casos, los mandantes seencuentran en libertad. En el de Ex-pedito Ribeiro, el condenado,

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Jerônimo Alves de Amorim, cumple lasentencia de prisión domiciliaria en sulujosa residencia de Goiânia. Losmandantes del asesinato de JoãoCanuto, a pesar de condenados, des-de hace dos años responden a los re-cursos en libertad y el proceso toda-vía sigue en la presidencia del Tribu-nal. En el caso de Eldorado dosCarajás, en el cual sólo dos coman-dantes de la operación fueron conde-nados, el Coronel Pantoja y el MayorOliveira, el primero consiguió del Su-premos Tribunal Federal (STF) el ha-beas corpus para responder a la ape-lación en libertad.

Otros procesos que juzgan crímenesque también tuvieron repercusión si-guen paralizados. Son los casos delasesinato del abogado GabrielPimenta, en Marabá – hace 24 años;de la masacre de ocho trabajadores enla Hacienda Ubá, en São João doAraguaia – hace 20 años; de la ma-sacre de cinco trabajadores en la Ha-cienda Princesa, en Marabá – hace 19años; del asesinato del sindicalistaArnaldo Delcídio, en Eldorado – hace12 años; del asesinato de OnalícioBarros y Valentim Serra, enParauapebas – hace 7 años.

Pero la impunidad y lentitud de lajusticia, sobre todo cuando se trata de

crímenes cometidos contra los traba-jadores, no son exclusividad del esta-do de Pará.

En 2004, dos masacres en el estadode Minas Gerais ocuparon los titula-res de los grandes medios de comuni-cación del país. La masacre de Unaí,con el asesinado de tres auditores fis-cales del Ministerio del Trabajo y unchofer; y la masacre de Felisburgo, conla muerte de cinco trabajadores sintierra, vinculados al Movimiento de losTrabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

En el caso de Unaí, siete personasfueron arrestadas por implicación enlas muertes, además de los dos acu-sados de ser los mandantes, los her-manos Antério y Norberto Mânica, quetambién fueron detenidos. AntérioMânica, aun estando preso, terminósiendo electo alcalde de la ciudad deUnaí. Le fue concedido el habeas cor-pus. Volvió a ser arrestado debido aun mandato judicial expedido por la9ª Jurisdicción de Justicia Federal deBelo Horizonte. Pero el 1º TribunalRegional Federal de Brasilia le conce-dió nuevo habeas corpus. Se encuen-tra hoy en pleno ejercicio de su man-dato.

Su hermano Norberto, por su par-te, luego de poco más de un año pre-so, consiguió habeas corpus concedi-do por el STF. El relator del pedido,Sepúlveda Pertence, en su voto favo-rable a la concesión del habeas cor-pus, dijo que la prisión preventiva nose puede prestar a la aplicación anti-cipada de la pena. “La prisión preven-

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tiva en defensa del orden público obien es algo diverso a la anticipaciónde la pena que se quisiera aplicar auna imputación a ser juzgada, o bienes inconstitucional, lo cual represen-ta claramente la anticipación de unapena sin que el proceso llegue a tér-mino.” Han pasado ya tres años y loshacendados Norberto y AntérioMânica, acusados de ser losmandantes del crimen, aguardan eljuicio en libertad.4

TRABAJO ESCLAVO Y DEGRADANTEDe acuerdo con Ricardo Rezende,

cura, profesor de la Pontificia Univer-sidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y miembro del Grupo de Investi-gación sobre Trabajo Esclavo Contem-poráneo de la Universidad Federal deRío de Janeiro, la impunidad y la in-definición para juzgar los aspectos cri-minales en los casos de trabajo escla-vo en Brasil son algunos de los viejosimpasses que persisten. “Faltan me-didas preventivas osadas, de genera-ción de renta para la población másvulnerable a la seducciónembaucadora y de implementación demedidas eficaces de reforma agraria”,afirma.

Los números del Ministerio del Tra-bajo (MTE) muestran que el númerode trabajadores encontrados en situa-ción análoga a la de esclavos fue cer-ca de 27% menor en 2006 en compa-ración con el año de 2005. Tambiénsegún el MTE, el número de fiscaliza-ciones en 2006 fue el mayor desde

1995, cuando se creó el Grupo Espe-cial de Fiscalización Móvil. Fueron 100operaciones, que resultaron en el pagode cerca de R$ 6 millones enindemnizaciones laborales. Desde lacreación del Grupo Móvil, 21.538 per-sonas mantenidas en régimen de es-clavitud han sido rescatadas. En 2006,fueron 3.187 libertados; en 2003, fue-ron 5.223, y en 2005, 4.348 personaslibertadas.5

INDÍGENASLos índices de violencia contra los

pueblos indígenas en Brasil en 2006siguen altos, como todos los de losaños anteriores. Como en un tristecalidoscopio, cada año se pueden cam-biar números o énfasis, pero la matrizde la tragedia sigue la misma, produ-ciendo siempre los mismos dolores,que afectan a comunidades enteras,pueblos enteros. La raíz principal re-posa en la absoluta falta de prioridadque tiene la cuestión étnica para elgobierno de Luiz Inácio Lula da Silva,tal como lo fue para todos los gobier-nos anteriores. Esta raíz principal sedesdobla en dos otras importantes:

- Ausencia de recursos para la de-marcación de territorios y para lasdemás políticas referentes a lo pue-blos indígenas;

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- Desmantelamiento del órganoindigenista – Funai (Fundación Nacio-nal del Indio) – y demás institucionesgubernamentales responsables por lacuestión indígena.

Es motivo de preocupación la ocu-rrencia, hasta los días de hoy, de acti-tudes criminales y violentas por partede la Policía Militar, asesinando, agre-diendo y humillando a indígenas. Pre-ocupa, todavía más, el encubrimientoy la impunidad de todos estos actosde la autoridad policial, aun con lasdenuncias debidamente encaminadasal Ministerio Público. Este contexto sevuelve todavía más preocupante cuan-do tenemos la información de que, en-tre los años 2005 y 2006, más de 80indígenas fueron procesados criminal-mente, de manera injusta e ilegal, enconsecuencia de conflictos relativos ala lucha por la tierra. Además de es-tos, nada más en la cárcel de Dourados,en Mato Grosso do Sul, están presoscerca de 70 indígenas, condenados porlos más variados delitos. Todo indicaque ha habido un recrudecimiento delprejuicio, de la criminalización, del odioétnico y del absoluto atropello a los de-rechos indígenas, para que tal escena-rio descrito se haya constituido,involucrando incluso el sistema judi-cial y el poder policial.

Hasta octubre de 2006, fueron re-portados 27 casos de asesinatos de in-dígenas, totalizando 31 víctimas. Enestos registros, llama la atención el nú-mero de asesinatos de indígenas cu-yos autores son también indígenas(17). Entre estos, en casi la totalidadde los casos (16), el motivo se definecomo “conflicto interno” y “consumode bebida alcohólica y drogas”. Cator-ce víctimas del total, casi la mitad, sondel estado de Mato Grosso do Sul, to-das del pueblo Guarani-Kaiowá.

Estos datos muestran que las ten-siones externas vividas por las comu-nidades indígenas vienen siendotransferidas a su interior, causandodesequilibrios en las relaciones entrelas personas, propiciando peleas, fa-cilitando el consumo de alcohol y dro-gas, llevando al surgimiento de asesi-natos dentro de la propia comunidad.Este origen externo de los conflictos ymuertes es fácilmente visualizado enel estado de Mato Grosso do Sul, re-gión donde las demarcaciones no ocu-rren debido al compromiso del poderpúblico estadual con el latifundio y elagronegocio y donde, en consecuen-cia, las comunidades indígenas vivenconfinadas en tierras exiguas y some-tidas a toda suerte de violencia porparte de invasores.6

E el cómputo general de las tierrasindígenas, se tiene hoy la siguientesituación: tierras indígenas registra-das como patrimonio de la Unión:37,21%; demarcaciones homologadas:6,66%; tierras con ordenanzas decla-

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ratorias del Ministro de la Justicia:6,06%; tierras identificadas como in-dígenas por la Funai: 4,60%; tierras“a identificar”: 20,60% y tierras “sinProvidencias”: 21,81%.7

AFECTADOS POR REPRESASToda la acción del gobierno federal

referente a la cuestión energética hasido en el sentido de crear las mejorescondiciones y remover todos los obs-táculos para las inversiones del grancapital en el sector, garantizando a lasempresas la posibilidad de gananciasastronómicas con la producción y ven-ta de energía eléctrica en Brasil.8

La Comisión Mundial de Represas(World Comisión On Dams – WCD/2000) estimó que 1 millón de perso-nas fueron desalojadas de sus tie-rras debido a “la construcción de re-presas en Brasil. Esto correspondea 300 mil familias. Ochenta millonesde personas ya han sido afectadasen el mundo. Datos del Movimientode Afectados por Represas (MAB)muestran que de cada 100 familiasdesplazadas, 70 no reciben ningúntipo de indemnización.9

Actualmente, la descaracterizaciónde la organización frente a la opiniónpública ha sido una de las tácticasutilizadas por los grandes grupos eco-nómicos contra el MAB, a partir delmomento en que el movimiento pasóa denunciar el modelo energético bra-sileño, en el cual el consumidor resi-dencial paga siete veces más caro elprecio del KWH (kilowat/hora) que las

grandes empresas 10 . Lacriminalización aumentó después queel MAB pasó a denunciar los aumen-tos abusivos de los precios de la ener-gía (más del 40% en los últimos 10años) y que la población brasileña ylos afectados por represas han paga-do la cuenta de los impactos socialesy ambientales de las hidroeléctricasque se están construyendo para be-neficiar a grandes empresas energo-intensivas11 .12

DESTRUCCIÓN AMBIENTAL(DEFORESTACIÓN EN LAAMAZONÍA Y TRANSPOSICIÓN DELRÍO SÃO FRANCISCO)

Unos de los principales aconteci-mientos que vienen pautando a laAmazonía en el ámbito nacional e in-ternacional es el crecimiento de ladeforestación. En un período de 470años de colonización de la Amazoníabrasileña, tan sólo el 1% del área fuedeforestada. Con el avance de las fuer-zas del capital en la región en los últi-mos 35 años – 1970 a 2005 – sedeforestó el 17% de la Amazonía. Lascausas principales de la deforestaciónen la Amazonía son actividades vin-culadas a la explotación de los recur-sos naturales en distintos niveles, perosiempre articuladas. Por ello, es fun-

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damental comprender que ladeforestación proviene de todas lasformas de intervención privada y es-tatal tales como: los incentivos fisca-les, políticas de colonización en el pa-sado, el avance de la explotación de lamadera, de la ganadería, de lascarbonerías y del agronegocio de gra-nos, además de la garantía de infra-estructura para los grandes proyectos,como pavimentación y apertura decarreteras.13

Expertos dicen que ningún grancentro del Nordeste necesita las aguasdel Río São Francisco para abastecera su población. Lo cierto es que el 70%de las aguas a ser transpuestas se des-tinarán a la irrigación, la industria y acriaderos de camarones. Supongamosque el proyecto abastecerá a doce mi-llones de personas del medio urbano.Lo que los defensores de la transposi-ción no dicen es que en el Nordestebrasileño existen 2,2 millones de fa-milias desperdigadas por lascaatingas, la llamada población difu-sa, sumando aproximadamente tam-bién 12 millones de personas. Esa esla población que vive en permanenteinseguridad hídrica, tanto desde elpunto de vista cuantitativo como cua-litativo, como también de la regulari-dad en el acceso al agua. Esto pasa

porque dicha población no tiene la in-fraestructura mínima para almacenarel agua en los tiempos de lluvia y aho-rrarla para los tiempos normalmentesin lluvia. Por eso está expuesta acualquier variación de la naturaleza.Y estas personas mantienen su dere-cho humano al agua permanentemen-te violado, ya que la transposición nolas beneficiará. La sequía, el camióntanque, las migraciones, el hambre yla sed van a seguir como antes paraestas familias.14

CASOS EJEMPLARES

Hermana Dorothy Mae StangEl día 12 de febrero de 2005, la mi-

sionera Dorothy Mae Stang, norteame-ricana de nacimiento, naturalizada bra-sileña, de la congregación de las her-manas de Notre Dame de Namur, fueasesinada a tiros en la localidad deAnapu, en el estado de Pará, región enla que era conocida como líder en ladefensa de las causas ambientales,agrarias y de derechos humanos. Elasesinato de la Hermana Dorothy fueun capítulo más de las historias de vio-lencia, asesinatos, grilagem de tierras,trabajo esclavo y destrucción quedesuelan a la Amazonía. Dos años pa-sados, los mandantes de su asesinatosiguen aguardando juicio, uno de ellosen libertad.

Dorothy Stang fue asesinada mien-tras caminaba por las selvas del PDS(Proyecto de Desarrollo Sustentable).

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El crimen ocurrió en día 12 de febrerode 2005. Ella fue blanqueada porRaifran das Neves Sales, alias Fogoió,con seis tiros de arma de fuego cali-bre 38. Clodoaldo Batista estaba allado de Raifran y asintió a toda la eje-cución. Los dos fueron los primeros aser enjuiciados, siendo sentenciadosa cumplir, respectivamente, 27 y 17años de reclusión en régimen cerra-do. Ellos están detenidos en una pe-nitenciaría de la Región Metropolita-na de Belém. En razón de la pena a laque fue condenado, Raifran debe sersometido a un nuevo juicio por el Tri-bunal del Jurado.

Llevado a juicio a fines de abril de2006, Amair Feijoli da Cunha, aliasTato, hacendado responsable de inter-mediar el asesinato, fue condenado alcumplimiento de una pena de 18 añosde prisión por haber sido consideradoculpable de la muerte de la monjaDorothy Mae Stang.

Además de ellos, también respon-den por el crimen los hacendadosVitalmiro Bastos Moura, alias Bida,y Reginaldo Pereira Galvão. El prime-ro se mantiene bajo custodia en elComplejo Penitenciario de America-no, y el segundo aguarda, en liber-tad, beneficiado por una decisión delSupremo Tribuna Federal, el análi-sis de los innúmeros recursos inter-puestos para evitar el juicio oral ypúblico. En cuanto a Vitalmino Bas-tos Moura, éste ya tiene cita con laJusticia, puesto que el juicio oral ypúblico por el Tribunal del Jurado de

Belém fue designado para los días 14y 15 de mayo próximos.

La Hermana Dorothy trabajó paraque se estructuraran los PDS. El PDScombina el desarrollo de actividadesproductivas, como el cultivo de cacao,café, pimienta en grano y urucú, conel asentamiento humano de poblacio-nes tradicionales o no en áreas de in-terés ambiental, promoviendo el de-sarrollo sustentable.

A través de la ordenanza 39 delIncra, de 13 de noviembre de 2003,fueron creados cuatro PDS en Anapu,con el compromiso de asentar, de in-mediato, a 600 familias. El Incraacompañaría este proceso por mediodel Plan de Desarrollo del Asenta-miento (PDA), que contemplaba asis-tencia técnica, financiamientos e in-fraestructura.

Un estudio de la situación fue pro-ducido y firmado por la HermanaDorothy, junto con representantes delSindicato de los Trabajadores Rura-les de Anapu, de los PDS y de la Alcal-día de Anapu. Allí, ella cuenta quépasó después de publicada la orde-nanza del Incra. “Ocurre que en lamisma época la SUDAM –Superintendencia de Desarrollo de laAmazonía – ofreció la posibilidad demuchos proyectos en el municipio, los

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cuales sumaban cerca de cien millo-nes de reales. Esto atrajo a nuevosinteresados en las tierras de Anapu yel área del PDS empezó a sufrir inva-siones.”

Estas invasiones son relatadas, casopor caso, en el documento, que tam-bién trae un historial sobre las tierrasde Anapu.

El territorio que hoy compone elmunicipio de Anapu es originaria-mente de propiedad de la Unión yestá dividido en glebas de 3 mil hec-táreas, las cuales en la década de 70fueron objeto de Contratos de Alie-nación de Tierras Públicas celebra-dos con el Incra y particulares, porel período de cinco años, cuyo obje-tivo era establecer empresas ruralesvolviendo a la tierra productiva. Enel caso de que no fuera alcanzado talobjetivo, el contrato se extinguiría yla tierra sería revertida hacia el pa-trimonio de la Unión para ser desti-nada a la reforma agraria.

De esta manera, las tierras del mu-nicipio jamás se desmembraron defi-nitivamente del dominio de la Unión,a pesar de que los contratantes ini-ciales hayan vendido a terceros sin de-tener la propiedad, originando allí unaserie de grilagens y dilapidación delpatrimonio público que perduran has-

ta hoy. Por eso, las tierras de Anapu,calificadas por los hacendados comopropiedad privada son, en realidad,tierras públicas griladas.

MASACRE DE FELISBURGOPasados más de dos años de la ma-

sacre de trabajadores rurales enFleisburgo, Minas Gerais, sin que nin-guno de los asesinos haya sido punido,la Primera Cámara Criminal del Tri-bunal de Justicia de Minas Gerais, porunanimidad de votos, decidió negar elrecurso presentado por AdrianoChafic, hacendado mandante del cri-men.

El día 20 de noviembre de 2004, cin-co trabajadores rurales sin tierra fue-ron cruelmente asesinados y otros 12fueron gravemente heridos a bala porun grupo de más de una decena depistoleros, comandados por el hacen-dado Adrinano Chafic Luedy, en laHacienda Nova Alegria, ubicada en elmunicipio de Felisburgo, estado deMinas Gerais, en el denominado cam-pamento Tierra Prometida.

Adriano Chafic Luedy, mandante yautor directo de los crímenes, tuvo laprisión decretada dos veces, y dos ve-ces, incluso ante la presencia de loselementos caracterizadores de la ne-cesidad del mantenimiento de su pri-sión, el Superior Tribunal de Justiciase decidió por su liberación, encon-trándose el reo actualmente en liber-tad, lo que causa la indignación de lasociedad, que quiere y desea que sehaga justicia.

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En el segundo semestre de 2005, fueproferida la sentencia de pronuncia con-tra los reos Adriano Chafic, WashingtonAgostinho, Francisco, Amilton yAdmilson, determinando que fueran juz-gados por el Tribunal del Jurado en ra-zón de haber practicado 5 homicidios y12 tentativas de homicidio.

En contra de la sentencia de pronun-cia, el 23 de noviembre de 2005, los reosAdriano Chafic Luedy y WashingtonAgostinho da Silva presentaron un Re-curso en Sentido Estricto al Tribunal deJusticia de Minas Gerais, pretendiendoeximirlos de ser juzgados por el Tribu-nal del Jurado.

Los reos Francisco, Amilton yAdmilson tuvieron la libertad conce-dida por la jueza de comarca el díamismo en que fueron interrogados enel proceso. Curiosamente, la jueza en-tendió que no estaban presentes losrequisitos de la prisión preventiva y,espontáneamente, se decidió por la li-beración de los mismos.

EL REO WASHINGTON SIGUE PRESO.La Hacienda Nova Alegría, sitio don-

de ocurrieron los hechos y donde lasfamilias permanecen acampadas, es unárea de cerca de 2.400 hectáreas, sien-do que 568 hectáreas fueron conside-radas de tierras restituidas, pertene-cientes al estado de Minas Gerais.

Las familias están todavía en estemomento muy perturbadas en funciónde los hechos ocurridos. Antes y en se-guida después de la masacre, las fami-lias recibieron muchas amenazas del

hacendado y sus matones.Luego de la masacre, la policía de

Felisburgo se comprometió a garantizarla seguridad de las familias, cosa que noviene ocurriendo en los hechos.

Actualmente, cuando hay algún tipode amenaza (velada o directa) las fami-lias siguen haciendo las denuncias a lapolicía, pero relatan que en la comisaríade Felisburgo, cuando no hay negligen-cia total, las denuncias de redactan deforma diferente a lo que ellos relatan.

MASACRE DE ELDORADO DOSCARAJÁS

El año 2006 marcó los diez años de lamasacre de Eldorado dos Carajás, enPará, cuando 19 trabajadores rurales sintierra fueron asesinados por la PolicíaMilitar, en la llamada Curva do S, de laruta PA-150, y otros 69 fueron heridos.

El Movimiento de Trabajadores Rura-les Sin Tierra (MST), junto a diversasentidades de derechos humanos y orga-nizaciones sociales, realizó manifestacio-nes en todo el país, además de haberserealizado actos en Francia e Italia. Enuna de estas manifestaciones, un actopolítico en el lugar de la masacre, parti-cipó el secretario especial de derechoshumanos, Paulo Vanucchi.

El objetivo de las manifestaciones, ade-más de homenajear a los trabajadores,

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fue recordar la impunidad en el caso, yaque ninguno de los 155 policías que par-ticiparon del hecho está preso. En unanota, el MST muestra que, de los 144incriminados, sólo 2 fueron condenadosy 7 están en libertad. Son el Coronel MárioCollares Pantoja y el mayor José MariaPereira de Oliveira, condenados a 228 y158 años de prisión, respectivamente. Losresponsables políticos – el gobernadorAlmir Gabriel y el secretario de Seguri-dad Pública, Paulo Sette Câmara, no fue-ron procesados.

Entre 1996 y 2006 – en estos 10 añosdespués de la masacre de Eldorado dosCarajás – , cerca de 170 líderes fueronasesinados en Pará, siendo que en 1996fueron 33 trabajadores asesinados en elestado15 . La violencia en el campo es unatriste marca del territorio paraense. Esallí en dónde se encuentra el mayor nú-mero de casos de utilización de mano deobra esclava. Fue allí que hacendadosmandaron asesinar a la misioneraDorothy Mae Stang en febrero de 2005.Incluso con la presencia del Ejército y dela Policía Federal en Anapu, ciudad don-de vivía la monja, los trabajadores rura-les permanecen inseguros y sufren ame-nazas veladas. Los grandes propietariosde tierras del estado, en su mayoría, cuen-tan con milicias armadas. Según la CPT,en Pará, en los últimos 34 años, hubo

más de 770 asesinatos de trabajadoresrurales y de personas que los apoyaban.Sólo en tres casos hubo juicio a los queordenaron el crimen.

La masacre de Eldorado dos Carajássuscitó el Día internacional de la LuchaCampesina de la Vía Campesina – el fatí-dico 17 de abril de 1996. Es un momentopara recordar y no dejar olvidar hechoscomo la matanza de Felisburgo, en Mi-nas Gerais, cuando, hace dos años, ungrupo de pistoleros armados, entre ellosel latifundista Adriano Chafik Luedy, in-vadió el campamento Terra Prometida, enla Hacienda Nova Esperança, región deVale do Jequitinhonha, y asesinó a cincotrabajadores sin tierra. También son pun-tos del Día Internacional de la LuchaCampesina la connivencia del Poder Ju-dicial en relación a la violencia contra tra-bajadores del campo y de la ciudad, laviolencia policial, la violencia contra ni-ños y adolescentes que están en laFEBEM, el exterminio de gente que viveen la calle, las muertes por extenuaciónen el cosecha de la caña del agronegocio,entre otros casos de violación de los de-rechos fundamentales.

QUILOMBOLAS

Alcântara – comunidades remanen-tes de quilombos de Alcântara, enMaranhão, y el Centro de Lanza-miento de Cohetes instalado en elmunicipio16

Desde 1982, las familias que vivenen la región del litoral de Alcántara,municipio localizado a 22 kilómetros

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de São Luís do Maranhão, están ame-nazadas. El motivo es laimplementación de la Base Espacialde Alcântara, que tiene como finali-dad actividades de lanzamiento decohetes. La mayoría de los habitantesde la región son descendientes dequilombos e indígenas.

Entre los principales problemas en-frentados por las comunidades estánel éxodo rural, la formación de favelas,irrisorias indemnizaciones para lasfamilias relocalizadas, agotamiento delos recursos naturales y destrucciónambiental. Además, se les viene pro-hibiendo pescar a las comunidades –una de las principales actividades eco-nómicas por ellas desarrolladas – y loscasos de prostitución y embarazos enla adolescencia aumentaron muchodesde la implementación de la Base.

Datos de la Compañía de Coloniza-ción del Noreste (COLONE) muestranque, entre los años 1982 y 1985, 312familias de 30 poblaciones fueronrelocalizadas en “agro-villas”. Las mis-mas fueron forzadas a salir para quela primera fase del Centro de Lanza-miento fuera iniciada.

Las “agro-villas” son complejoshabitacionales construidos para elremanejamiento de las comunidadestradicionales seculares que vivían ytrabajaban en las poblaciones próxi-mas a la Base. Hijos de muchas fami-lias de Alcântara se están yendo a SãoLuís porque no tienen tierras para tra-bajar. En las agro-villas las tierras sonsemi áridas e improductivas. Cuando

trabajan en la Base, las familias notienen vínculo formal de trabajo. Ade-más, existen muchos problemas desalud por falta de asistencia médicaen la región – el municipio posee sóloun hospital –, las condiciones de edu-cación son precarias y Alcântara tie-ne uno de los más altos niveles deanalfabetismo del Estado.

En abril de 2000 fue firmado unacuerdo entre los gobiernos de Brasily de los Estados Unidos. El documen-to permitiría el uso comercial de lasinstalaciones del Centro de Lanza-miento de Alcântara, que seria explo-rado especialmente por el sector pri-vado. La concesión de la Base tam-bién podía significar la expansión delcontrol militar de los Estados Unidosen la región amazónica.

El acuerdo establecía diversas obli-gaciones para Brasil. Entre las deter-minaciones estaban: qué países podríanusar el Centro de Lanzamiento; la deli-mitación de áreas restringidas, siendoque el acceso a ellas sería controladopor personas autorizadas por el gobier-no de los Estados Unidos; libre accesoa funcionarios del gobierno norteame-ricano; que el gobierno brasileño ten-dría prohibido inspeccionar el conteni-do de los containers lacrados recibidoso enviados por los Estados Unidos.

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Por otro lado, el acuerdo no preveíaun diagnóstico que permitiera la eva-luación del impacto ambiental, econó-mico y cultural, ignorando la protec-ción de las poblaciones tradicionalesde Alcântara, así como la calidad devida de esas familias, que poseen prác-ticas agrícolas y actividades económi-cas basadas en la utilización colectivade la tierra. El acuerdo tampoco men-cionaba que a cada familia le habíasido garantizado un lote de apenas 15hectáreas para producir, lejos de loslugares de pesca y con tierras no pro-pias para la agricultura de subsisten-cia. Antes, estas familias participabande la agricultura tradicional, explotan-do de forma equilibrada los recursosnaturales.

Hoy, las comunidades se encuen-tran distribuidas en tres categorías. Laprimera es la de amenazados de des-plazamiento, o sea, comunidades quepueden ser obligadas a dejar sus tie-rras en cualquier momento. Despuésvienen las amenazadas dedesestructuración. Son aquellas querecibirán en su área a las familias pro-venientes de las comunidades amena-zadas de desplazamiento. Esto gene-ra desestructuración de la cultura, laproducción y de los recursos natura-les. La tercera categoría es la de las

comunidades desplazadas. Son lasfamilias que fueron forzadas a dejarsus tierras y fueron desplazadas ha-cia las agro-villas.

Alcântara es uno de los más gran-des conjuntos arquitectónicos delpaís. Tal es su riqueza histórica ycultural que la región fue considera-da patrimonio cultural brasileño en1948. Casi el 80% de su poblaciónvive en la zona rural y sobrevive de lapesca, la agricultura y delextractivismo, practicados de formaartesanal y tradicional. Enclavada enla gran área de Protección Ambientalde las Reentrancias Maranhenses y enlos límites de la Amazonía Legal, laregión es rica en biodiversidad y re-cursos naturales.

El Centro de Lanzamiento deAlcântara fue creado a través del De-creto Federal número 88.136, del 1de marzo de 1983. El emprendimientofue ideado a partir de la década del70 por la Comisión Brasileña de Ac-tividades Espaciales. Para viabilizarel proyecto, en 1980, el gobierno deMaranhão sancionó el Decreto núme-ro 7.820 y declaró como de “utilidadpública, para fines de desapropiación,al área de tierra necesaria para la im-plantación, por el Ministerio de Aero-náutica, de un Centro Espacial, en elmunicipio de Alcântara”. Se tratabade un área de 52 mil hectáreas, queafectaba a cerca de 2 mil familias. En1991, el presidente Collor aumentó a62 mil hectáreas el área destinada alcentro de lanzamiento de Alcântara.

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En 2000, el Congreso Nacional exi-gió que el Acuerdo de concesión de labase a los Estados Unidos pasara porsu aprobación. A partir de una granarticulación iniciada por la Red Socialde Justicia y Derechos Humanos, latramitación del acuerdo está paraliza-da en la Cámara de Diputados. De estaforma, fue posible evitar nuevos des-plazamientos de comunidadesquilombolas y dar visibilidad a los pro-blemas enfrentados por los pueblos deAlcântara. Así, las organizaciones lo-cales ganaron fuerza para reivindicarsus derechos.

Actualmente, el Congreso Nacionalanaliza un acuerdo entre Brasil yUcrania para la utilización de la base.Este acuerdo representa un nuevopeligro para las comunidadesquilombolas, más allá de contener lasmismas restricciones que los EstadosUnidos buscaban imponer. En la ac-tual propuesta, no existe ningún me-canismo para garantizar que el gobier-no brasileño tenga acceso a tecnolo-gía, a áreas restringidas y a la inspec-ción de materiales en la base.

En febrero y marzo de 2007, el juezJosé Carlos, de Vale Madeira, de la 5ªJurisdicción Federal de Maranhão,concedió mandato de seguridad, con-firmando la decisión liminar de sep-tiembre de 2006, desautorizando al di-rector general del Centro de Lanza-miento de Alcântara (CLA) en su in-tención de impedir que un grupo de47 integrantes de comunidades rema-nentes de quilombos trabajaran la tie-

rra en sus áreas tradicionales, de don-de fueron desalojados en la década del80 para la instalación de la baseaeroespacial.

Estas fueron las primeras decisio-nes obtenidas de la Justicia Federalreconociendo la aplicabilidad de laconvención 169 de la OIT (Organiza-ción Internacional del Trabajo) comogarante de los derechos de lasquilombolas – en su artículo 14 laConvención dispone, refiriéndose alas comunidades remanentes dequilombos que “deberán ser recono-cidos los derechos de propiedad y po-sesión de los pueblos en cuestión so-bre las tierras que tradicionalmenteocupan”.

Una de las víctimas fue el quilombolaRaimundo Petronilio Marins Costa, delpueblo quilombola de Trajano, cuyosembrado de sandias fue destruido,fue conducido a la CLA y, posterior-mente, a la Comisaría de Alcântara, yen ambas reparticiones sufrió amena-zas y humillaciones.

Los abogados Roberto Rainha, de laRed Social de Justicia y DerechosHumanos, y Eduardo Alexandre Co-rrea, de la Red Nacional de Abogadosy Abogadas Populares, presentaroncinco mandatos de seguridad, porquese les impidió a los quilombolas cose-

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char los plantíos que hicieron duran-te el año pasado y preparar los culti-vos en las áreas que tradicionalmenteusan para plantar y que actualmenteestán siendo tomadas por la CLA.

El magistrado entendió que:“no puede el Estado ignorar la pro-

tección constitucionalmente electacomo uno de los objetivos fundamen-tales de la República Federativa delBrasil, cual es, ‘promover el bien detodo, sin prejuicios de origen, raza,sexo, edad y cualquier otra forma dediscriminación’ (CF/88, art. 3, IV), in-cluyendo, así, las comunidades rema-nentes de quilombos (...)”

“conforme lo destacado por el ilus-tre Representante Ministerial en suParecer, por el Estado Brasileño estoyconfirmando su entendimiento en es-tablecer políticas públicas volcadas alcombate a la discriminación de los mo-dos de vida tradicionales de los pue-blos indígenas y tribales, en la edicióndel Decreto Legislativo n° 143/2002,ratificando la Convención n° 169 dela OIT, que dispone en su artículo 14que ‘deberán ser reconocidos los dere-chos de propiedad y posesión de lospueblos en cuestión sobre las tierrasque tradicionalmente ocupan’.”

“no obstante la implantación delCentro de Lanzamiento de Alcântaray el desarrollo regular de sus activi-dades, no pueden los demandantesverse victimados por ese hecho de laadministración, cuando el propiomodo de vida tradicional de las co-munidades quilombolas determinóformas de producción, que fueron es-tablecidas históricamente con vistasa su subsistencia”.

1 Organizaciones que firman el documento: Movimiento de los PequeñosAgricultores – MPA; Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST; Movimiento de los Afectaos por Represas – MAB; Movimiento de lasMujeres Campesinas – MMC; Comisión Pastoral de la Tierra – CPT; Aso-ciación Brasileña de Reforma Agraria – ABRA.2 FILHO, José Juliano de Carvalho. Política Agrária no Governo Lula:esvaziamento da Reforma Agrária. In: Relatório Direitos Humanos noBrasil 2006. São Paulo: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 20063 CANUTO, Antônio. Violência x Ações dos Movimentos Sociais do Cam-po. In: Relatório Direitos Humanos no Brasil 2006. São Paulo: Rede So-cial de Justiça e Direitos Humanos, 20064 CANUTO, Antonio. Cortina de fumaça – A respeito das medidas anun-ciadas após os assassinatos e massacres de lutadores do povo. In: RelatórioDireitos Humanos no Brasil 2005. São Paulo: Rede Social de Justiça eDireitos Humanos, 20055 THENÓRIO, Iberê. Fiscalização aumenta e número de trabalhadoreslibertados cai. Disponible em http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=863. Aceso en 2/4/2007.6 MALDOS, Paulo. O caleidoscópio da violência contra os povos indíge-nas. In: Relatório Direitos Humanos no Brasil 2006. São Paulo: RedeSocial de Justiça e Direitos Humanos, 20067 LACERDA, Rosane. Povos indígenas – a maior das dívidas. In: RelatórioDireitos Humanos no Brasil 2004. São Paulo: Rede Social de Justiça eDireitos Humanos, 20048 ZEN, Eduardo Luiz. Ditadura na barranca dos rios brasileiros:perseguição e criminalização de militantes da luta contra as barragens.In: Relatório Direitos Humanos no Brasil 2005. São Paulo: Rede Social deJustiça e Direitos Humanos, 20059 TRIERVEILER, Marco Antonio; CERVINSKI, Gilberto; COSTA, Luiz Dalla;ZEN, Eduardo. Energia a serviço da exploração capitalista. In: RelatórioDireitos Humanos no Brasil 2004. São Paulo: Rede Social de Justiça eDireitos Humanos, 200410 En el último remate de energía eléctrica (remate A5 – octubre de2006) el Megawat/hora (MWh – equivalente a 1000 KW) fue vendido a lasdistribuidoras por un precio medio de R$ 120,86 – para ser entregado en2011, mientras que el consumidor residencial paga en promedio R$ 500,00el MWh.11 Fábricas de aluminio, celulosa y acero que, solas, consumen el 30 %da energía eléctrica producida en Brasil, y tienen su producción volcadaa la exportación.12 SCALABRIN, Leandro Gaspar. ONU confirma denúncias do Movimentodos Atingidos por Barragens. In: Relatório Direitos Humanos no Brasil2006. São Paulo: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 200613 SILVA, Lindomar. Dilemas amazônicos e o Governo Lula. In: RelatórioDireitos Humanos no Brasil 2006. São Paulo: Rede Social de Justiça eDireitos Humanos, 200614 MALVEZZI, Roberto. Transposição x Direito Humano à Água. In:Relatório Direitos Humanos no Brasil 2005. São Paulo: Rede Social deJustiça e Direitos Humanos, 200515 BASTOS, Alessandra. Agentes da reforma agrária avaliam o que mudoudez anos depois do Massacre dos Carajás. Disponible en:www.radiobras.gov.br. Acceso en 14/11/200616 Estratégias para o Trabalho de Defesa dos Direitos Humanos. RedeSocial de Justiça e Direitos Humanos, 2005 * MENDONÇA, Maria Luisa e MELO, Marluce. Colonialismo eAgroenergia. Revista América Latina em Movimiento. Abril, 2007

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INFORMACIÓN GENERALLa República de Guatemala se localiza en

América Central, limita al norte y occidente conMéxico, al nororiente con Belice y el Mar delCaribe, al sur con el Océano Pacífico y al surorientecon Honduras y El Salvador.

Tiene un territorio de 108.889 kilómetroscuadrados. Guatemala es conocida como un país“eminentemente” agrícola, sin embargo, sólo el26% del suelo es de esa vocación agrícola – endonde básicamente se cultiva maíz, fríjol, café,algodón, ajonjolí, tabaco, caña de azúcar,plátano, madera, arroz – y el 70% posee vocaciónforestal. Se estima en 10,8 millones de hectáreasla producción agropecuaria, pero apenas 2,8millones son cultivados y otros 2,4 millonesestán improductivas o subaprovechadas.

Tiene una población de 12,6 millones dehabitantes, la población más grande deCentroamérica. Guatemala se destaca porque el55% de su población está formado pordescendientes de las naciones indígenas mayas.Es un país predominantemente rural: más del 60%de la población vive en el área rural. Tan elevadaruralidad no hace sino confirmar la enormetrascendencia que históricamente han tenido lasactividades agropecuarias en la economíaguatemalteca, aunque éstas vienen sufriendo unaprogresiva disminución de su importancia relativacomo componente principal del Producto InternoBruto. Este sector de la economía sólo contribuyecon algo más del 20% del PIB.

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EL PROBLEMA DE LA TIERRA ENGUATEMALA:

Desde la conquista del territorio que hoyforma parte de la República de Guatemala,la lucha por la tierra ha sido uno de losprincipales conflictos que caracterizan a lasociedad guatemalteca. La Reforma Agrariade 1952 fue un primer intento prometedorpara llevar a la práctica un proceso deredistribución de la tierra con el objetivo demodernizar la sociedad y la economíaguatemalteca, que fracasó por la resistenciaque provocó en los grupos antidemocráticosde poder económico y fue revertido en losaños posteriores. El despojo sistemático ala población indígena y campesina de sustierras y su subordinación en un sistemade discriminación económica, social,cultural y política durante la época colonial,a finales del siglo XIX y durante el siglo XXes una de las causas principales de la maladistribución de la tierra en Guatemala y lafalta de desarrollo en el campo.

En Guatemala, cerca de 1,5 millones depersonas están empleadas en el sectoractividades agropecuarias. Sin embargo, esnotable la inequidad en la distribución dela tierra, muy relacionada a la concentraciónde los ingresos. Existen grandes áreas detierra acaparadas en latifundios con pocainversión de capital, o con grandesextensiones de tierra ociosa. En el año 2003,el 93% de las fincas de menos de 7 hectáreascomprendían el 21.8% de la tierra, mientrasque el 1.9% de la fincas mayores que 45hectáreas ocupaban el 56.6% de lasuperficie. Según información de la Cámarade Agro (sector terrateniente), del total detierras cultivables del país, el 78.7% es tierraociosa, o sea, que no está siendo trabajada.Existen 47 fincas de 3.700 hectáreas o más,mientras que el 90% de los productoressobreviven con un promedio de una hectárea

y la tendencia de incremento del númerode fincas sin un aumento proporcional desu superficie es otra de las evidencias de laatomización cada vez mayor de la propiedadagropecuaria, lo que crea una realidadminifundista frecuentemente incapaz dereproducir materialmente a sus explotantes.Esta situación es particularmente aguda enlos departamentos con poblaciónpredominantemente indígena.

Un problema de relevancia especial paralos pueblos indígenas es la indefinición legalde las tierras comunales. La Constituciónde Guatemala de 1985 dedica cinco artículos(del 66 al 70) a las comunidades indígenas,a sus tierras y costumbres; pero las normaspara su reglamentación nunca fueronestablecidas. La posesión de las tierrascomunales por ocupación histórica o dehecho no es reconocida por la legislaciónactual y el proceso de despojo de las tierrassigue. Las tierras comunales no sonreconocidas como un bien común y sulegalización se da por medio de otrasconstrucciones jurídicas del derecho civil,no están exentas de impuestos territoriales,no son inembargables e imprescriptibles yse mantiene la posición oficial de convertirlasen “propiedad privada”. El Convenio 169 dela Organización Internacional del Trabajo(OIT) fue ratificado en 1996 y define laterritorialidad como un derecho de lospueblos indígenas. Esta normativainternacional, sin embargo, permaneceexcluida del debate público y raras veces esreclamada por las organizaciones indígenaspara incidir en su cumplimiento.

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En el período que va de 1979 a 2000ocurrieron grandes cambios sociales ypolíticos en el país. Al principio, se intensificóla guerra y, como un corolario de la políticade genocidio del Ejército, cientos de milesde campesinos e indígenas debieronabandonar sus tierras, saliendo al exilio odesplazándose dentro del mismo país.Muchas de las tierras abandonadas fuerondespojadas por latifundios contiguos y otrasfueron entregadas por el Ejército apatrulleros de la autodefensa civil(paramilitares). Con la firma de los acuerdosde paz en 1996 regresaron muchos exiliadospero no a todos se le ha resuelto el problemade devolución de sus tierras.

Los acuerdos de paz y la cuestión de latierra.

“La distribución desigual de las tierrasproductivas se reconoce ampliamente comouna de las causas que estuvieron a la raízdel conflicto armado de 36 años enGuatemala. Los acuerdos de paz firmadosentre 1994 y 1996 codificaron compromisospara abordar este problema estructuralmediante una serie de reformas legales einstitucionales, en el marco de la economíade mercado” (FONTIERRAS, El ajusteestructural y el acceso a la tierra enGuatemala).

La firma, en 1996, de los acuerdos de pazentre el Gobierno de Guatemala y la UnidadRevolucionaria Nacional Guatemaltecaconstituye un evento de importanciahistórica, que pone fin a un sangrientoconflicto interno de más de tres décadas, yabre las puertas para la búsqueda de

soluciones a la difícil situación del país. Losacuerdos de paz reconocen que el problemade la tierra constituye una de las causasestructurales de las contradicciones queprovocaron el enfrentamiento armado.Varios acuerdos contienen elementosrelacionados con la tierra.

Los acuerdos reconocen la identidad delos pueblos indígenas y sus derechos,insistiendo en la necesidad de eliminar ladiscriminación de la cual han sido víctimas.Abren la puerta para avanzar en elreconocimiento de sus normas de regulaciónsocial y de su derecho consuetudinario.

El Acuerdo sobre identidad y derechos delos pueblos indígenas reconoce laimportancia especial del tema de la tierra, yaporta elementos novedosos, aunque nosiempre de manera muy clara. Esta faltade claridad es manifiesta en lo que conciernela restitución de tierras comunales y lacompensación de derechos, que necesitaríaun análisis legal más detenido.

El Acuerdo sobre aspectossocioeconómicos y situación agrariaestablece c laramente en suintroducción la necesidad de «unaestrategia integral que facilite el accesode los campesinos a la tierra y otrosrecursos productivos, que brindeseguridad jurídica y que favorezca laresolución de confl ictos» y laresponsabi l idad del gobierno deconstruir una Guatemala que permitauna vida digna para el conjunto de supoblación. Insiste sobre la necesidadde la participación de todos los sectoresen la definición de las políticas, y sobrela importancia de la descentralizaciónde la decisión socioeconómica, contransferencia real de recursoseconómicos gubernamentales a nivellocal.

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ACCESO DE LA MUJER RURAL A LATIERRA:

En Guatemala, las mujeres tienen muyescasas oportunidades de poseer tierra enforma directa o indirecta. Además, para lasmujeres el acceso a la tierra no es sólolimitado, sino también discriminatorio. Esaproblemática asume características muyespecíficas si se toma en cuenta que, aunen los casos en que la mujer posee tierra,las condiciones de tenencia y lasposibilidades de aprovechamientoproductivo varían significativamenterespecto a las de los hombres, aunque paralas mujeres indígenas de Guatemala la tierrano sólo constituye un factor de supervivenciamaterial, si no también de reproducciónétnico-cultural e integración familiar.

De acuerdo al PNUD (2002), de lasmujeres indígenas, 80% están ligadas a latierra y a la agricultura por diversas formas.Sin embargo, las mujeres sólo representanel 6,5% entre los propietarios de la tierra.

Después de la firma de paz, se hanimplementado diversos programas para elacceso a la tierra, e igualmente las mujereshan sido descriminadas. El artículo 20 dela ley de FONTIERRAS (programa de accesoa la tiera a través del mercado) se obliga aregistrar el titulo de propiedad a nombre dela pareja (aun sin estar casados), pero aunasí sólo el 11% de los beneficiarios directosson mujeres. En el programa dearrendamiento, del mismo FONTIERRAS, delos 20.000 beneficiados, sólo el 22% sonmujeres casadas.

Un estrato mayoritario de campesinas eindígenas minifundistas o sin tierra implicauna reserva abundante de fuerza de trabajoque puede ser utilizada estacionalmente(épocas de cosecha) en las grandes fincas,sin que la presión salarial sea demasiadofuerte. En otras palabras, la funcionalidad

del sistema agrícola guatemalteco dependeen gran medida de la disponibilidad detrabajadores y trabajadoras y sus familiares,que actúan como mano de obra «flotante».Sólo un 28% de las 99.000 mujeresregistradas como agricultoras tiene trabajocomo asalariadas permanentes. El resto(72.000 mujeres) son minifundistas(19.000), empleadas temporales (17.000), otrabajadoras familiares no remuneradas(35.000). Debido a la precariedad de suscondiciones de vida, la mayoría de esas72.000 mujeres rurales busca empleoocasional en las grandes plantaciones ymuestran, por tanto, altos índices demigración PRINCIPALES VIOLACIONES ALOS DERECHOS CAMPESINOS:

ASPECTO GENERAL:Pobreza: Entre los campesinos, la pobreza

rural es el resultado de la carencia de tierrasy la degradación de las pocas tierrascultivables en las áreas donde loscampesinos e indígenas fueron confinadosdespués de ser desalojados de las tierrasmás fértiles. Guatemala sufre de altosniveles de desigualdad, tanto entre sushabitantes urbanos y rurales como entre lapoblación indígena y no indígena. En el año2000, 3 de cada 4 personas (75%) que vivíanen el área rural se encontraban en situaciónde pobreza, comparada con 1 de cada 4(25%) en el caso de la población urbana.Esto significa que, de los aproximadamente6 millones de pobres que había enGuatemala ese año, casi 5 millonescorrespondían a pobres ubicados en el área

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rural. En el caso de la población en situaciónde pobreza extrema en el campo, se registróal 24% de la población, mientras que en elárea urbana tan sólo al 3%. Esto significaque, de los casi 2 millones de personas ensituación de extrema pobreza, más de 1,5millones se ubicaban en el campo en el año2000 y, para 2002, alcanzó los 2 millones.

Inseguridad alimentaria: en Guatemala,la disponibilidad de alimentos ha sidohistóricamente menor que en otros paísesde América Latina, representando las trescuartas partes del promedio regional. En2000, la mitad de la población rural seencontraba en situación de desnutrición, encontraste con una de de cada tres personasen área urbana. Además, la desnutriciónera aun mayor entre indígenas (57%) queentre no indígenas (32%). La inseguridadalimentaria es una de las manifestacionesdel despojo y, consecuentemente, unacaracterística de la pobreza de los indígenasy campesinos de Guatemala. Un ejemplode ello es la hambruna ocurrida entre losCho’rti’ de Chiquimula en 2001, cuandomurieron más de 50 personas de hambre,precisamente porque las comunidadeshabían perdido sus tierras comunales y nodisponían de parcelas familiares propiaspara los cultivos de subsistencias.

Migración campo-ciudad: la falta deacceso a suficiente tierra también deriva enmigraciones hacia la ciudad y el extranjero,donde los campesinos e indígenas seintegran desigualmente a las sociedadesurbanas y mantienen su marginaciónsecular bajo condiciones distintas, talvez

mejor remuneradas que en zonas ruralespero cultural y socialmente excluyentes. Ladimensión de la migración se da de lasiguiente manera: hacia la costa sur del país(migración rural-rural y es temporal, ocurreun flujo migratorio de más de 500.000personas); hacia los centros urbanos (rural-urbana y es temporal o definitiva, el 67% dela población urbana tuvo su origen en elárea rural), hacia las selvas peteneras(migración rural-rural y es definitiva) y lamigración internacional (migración rural-rural que va hacia el sur de México demanera temporal, hay un flujo de unas300.000 personas por año y la migraciónhacia los Estados Unidos, que es temporalo definitiva, y se calcula en más de 1,5millones de guatemaltecos en los EstadosUnidos).

Impunidad y corrupción: A pesar de lasdenuncias de las organizaciones campesinase indígenas ante las autoridadescorrespondientes y las medidas de presiónrealizadas por las comunidades ante losasesinatos y desalojos extrajudiciales, hastala fecha, las diferentes autoridades no hanhecho nada por esclarecer los crímenes ydetener a los asesinos, quienes gozan deplena libertada. La Policía Nacional Civil haestado directamente vinculada a losasesinatos de los dirigentes campesinos eindígenas, como responsables directos oencubriendo y dando protección a losasesinos.

Plan de combate al narcotráfico ymilitarización del campo: El plan combateal narcotráfico que está impulsando elgobierno de Guatemala se está convirtiendoen incursiones militares a las zonas Reina eIxtahuacán Chiquito, Ixcán, el Quiche y enlos municipios de Tacaná, Tajumulco,Tejutla, Concepción Tutuapa e Ixchiguán enel departamento de San Marcos. Con este

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plan, vuelve a la militarización de lasdistintas comunidades mayas del país, locual viene a profundizar la violación a losderechos humanos y los derechos colectivosde los pueblos indígenas, sumado a laintimidación de las personas ycomunidades, en especial a mujeres y niños,cuando son allanadas sus viviendas.

Conflictos agrarios: la conflictividadagraria ha estado presente por muchosaños. Hasta principios del 2006 secontabilizaban en CONTIERRAS más de milcien casos en proceso, 755 en disputa dederechos, 249 de regularización de tierras,33 de límites territoriales y más de 320 casosde intervención finalizada (casos resueltos,concluidos y cancelados). Sólo en el año2005, se documentaron 35 casos dedesalojos.

Campesinos e indígenas sin tierra: No sehan encontrado datos exactos de loscampesinos e indígenas sin tierra enGuatemala, pero algunos estudios afirmanque se necesitaría distribuir unos 5,4millones de hectáreas de tierra (más de lamitad del territorio guatemalteco y mástierra de las registradas en las fincas) paraproveer a todos los trabajadores sin tierra ypequeños propietarios con siete hectáreasde tierra para su subsistencia.

CRIMINALIZACIÓN CAMPESINA:Asesinatos y represión: A consecuencia

de la lucha de los campesinos e indígenaspor la tierra, terratenientes y paramilitareshan desatado una fuerte represión. Muchosde estos asesinatos son ejecutados porparamilitares armados por los terratenientesy gozan de la complicidad de las autoridades;también en estos actos repudiables hanparticipado miembros del Ejército y de laPolicía Nacional. Las políticas de represión,que incluyen desalojos, amenazas,

matanzas, intimidaciones, asesinatosextrajudiciales y linchamientos, cegaron lavida de varios dirigentes campesinos eindígenas en fincas y en manifestacionespopulares. Estas políticas han sidoorquestadas desde despachos deempresarios que ocupan altos cargos en elgobierno, haciendo valer el poder económicoy político sobre la vida de la poblaciónmayoritaria.EJEMPLO DE CASOS:

En Guatemala, durante los últimos tresaños, se han producido más de 100desalojos en diferentes departamentos delpaís, la mayoría de ellos de forma violenta.Muchos son los hombres y mujeres que handado su vida en aras de lograr un pedazode tierra, en la mayoría de los casos ha sidopor recuperar las tierras que sus ancestrostrabajaron y que han sido usurpadas porlos terratenientes en complicidad con losgobiernos de turno.

En este mismo periodo, se han desatadovarias masacres con la participación demiembros del Ejército y de la Policía NacionalCivil. Varios dirigentes han sidosecuestrados y muchas familias han sidodesalojadas de manera extrajudicial con lacomplicidad de las autoridadesgubernamentales, actos en los que les handestruido sus viviendas, sus cultivos yrobado sus pertenencias. Muchos son losdirigentes que han sido amedrentados,perseguidos, golpeados y encarcelados

Dado que son muchos los casos deviolaciones a los derechos campesinos eindígenas de Guatemala, tan sólo sepresenta a continuación una síntesis de

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algunos de estos casos para hacer visible lacriminalización del movimiento campesinoe indígena de Guatemala.

ASESINATO DE DIRIGENTE CAMPESINOY SUS HIJOS EN ZACAPA:

El día 6 de febrero de 2007, fueasesinado vilmente el compañero IsraelCarias Ortiz, así como sus dos hijos quelo acompañaban, Robin Aroldo Ramírez,de 11 años, y Luswin Alexis Ramírez, de 9años. También perdió la vida la señoraMely Ortiz, mamá de Israel Carias, aconsecuencia de un shock nervioso. Elcompañero y sus dos hijos fueronasesinados cuando se trasladaban deZacapa a su comunidad, en los Achiotes.Esta masacre se da en el marco de la luchapor la tierra, ya que dicha comunidad havenido luchando desde hace años por larecuperación de la finca los Achiotes,ubicada en la cabecera de Zacapa delmismo departamento. Estas tierras sonnacionales y varios terratenientes de esaregión se han apropiando de las mismas,sin que las autoridades correspondienteshagan algo para detener estos hechos.

Este hecho lamentable se da enmomentos en que se están realizando lostrámites para la medición de dichas tierras,que a más tardar en tres meses podrían serentregadas, siendo un total de 18caballerías. También se da en momentosen que la represión se ha incrementadocontra las comunidades que luchan por ladefensa de nuestros territorios y nuestrosrecursos naturales.

MASACRE DE CAMPESINOS YCAMPESINAS:

El 8 de julio de 2006, guardias privadosde seguridad y paramilitares contratados ypagados por los supuestos dueños de lasfincas San José Moccá y Cabañas, Robertoy William Hempfpead Smith, desalojaron, asangre y fuego, por tercera vez en el año, alas familias de campesinos y campesinasque reclaman el pago de prestaciones y larestitución de su derecho a la tierra. Laacción represiva dio como resultado uncompañero muerto, Miguel Chen, más decuarenta heridos y varios desaparecidos.

Las fincas San José Moccá y Cabañastienen una extensión de 85 caballerías y lefueron arrebatadas con engaños ymaniobras legales a sus legítimos dueños,la población qeqchi´, que ocupaba elterritorio desde tiempos inmemoriales. Porgeneraciones, las y los campesinos se vieronobligados a trabajar para los finquerosdejando su sudor y sufrimiento en dichasfincas. Después de explotar a las familiasdurante generaciones, los supuestos dueñosdespidieron, sin el pago de sus prestaciones,a quienes trabajaban para la finca, por loque las familias se vieron obligadas a ocuparla finca en demanda del pago de susprestaciones pero también por la restituciónde sus derechos históricos. La respuesta delos finqueros fue desalojarlos en febrero ynuevamente en abril del presente año. Enesta última fecha, los finqueros contratarona guardias privados de seguridad y a varioscientos de personas de la región, quienes,ante la pobreza y miseria que se vive,aceptaron el pago de los finqueros. Estafuerza paramilitar de guardias de seguridady personas individuales fue armada por lossupuestos dueños de la finca con latolerancia cómplice del Ministerio Público,quien tenía conocimiento de las acciones de

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los finqueros, lo que evidencia que la justiciasólo se aplica cuando es en contra de lospobres, mientras que a los ricachones,militares y ex militares se les permite todotipo de arbitrariedades y el uso de maniobraslegales para impedir que se aplique lajusticia.

DESALOJO VIOLENTO CONTRA 25FAMILIAS EN COBÁN:

El 7 de febrero de 2007, soldados delEjército y elementos de la policía nacionalpenetraron en la finca El Ixloc en elmunicipio de Cobán Ata Verapaz, la cualera ocupada por 25 familias miembros delComité de Desarrollo Campesino (CODECA)que demandan ese terreno baldío, quemuchas generaciones atrás fue habitado porsus ancestros y es hoy injustamentereclamada por un poderoso empresario dela región, que con el respaldo de las fuerzasde seguridad del Estado y el poder del dineroha comprado a jueces y fiscales delMinisterio Público para registrar esapropiedad en la que por más de un año hanestado asentados y produciendo las familiascampesinas.

Las 25 familias fueron desalojadas conlujo de fuerza, empleando gaseslacrimógenos, golpes y amenazas. Lasfamilias, que incluyen a niños y mujeresembarazadas, fueron brutalmente echadasde la comunidad con destino incierto.Durante el desalojo les fueron quemadassus pertenencias, dañados sus cultivos yles robaron sus animales de corrales yenceres domésticos.

INVASIÓN DEL EJÉRCITO EN CONTRADE LA COMUNIDAD DE RETORNADOSDE IXTAHUACÁN CHIQUITO:

El 21 de agosto de 2006,aproximadamente a las 11:00 de la mañana,

siete helicópteros y tres aviones militaresaterrizaron en el centro de IxtahuacánChiquito y desembarcaron miembros delejército fuertemente armados y con la carapintada de negro. Seguidamente, ocuparonel campo de fútbol y rodearon la escuela,impidiendo la salida de los niños y niñasque se encontraban en clases. Miembros delEjército, de manera violenta, ingresaron ahumildes viviendas, encañonaron a lasmujeres y se apoderaron de herramientasde trabajo. Acto seguido, iniciaron, con estasherramientas, excavaciones en un centroarqueológico ubicado cerca del área de estacomunidad, supuestamente en busca dearmas. Hasta las tres de la tarde, aviones yhelicópteros del Ejército sobrevolaron lascomunidades del fronterizo 10 de Mayo, LosÁngeles y Cuarto Pueblo, colindantes con elestado de Chiapas, México.

DESALOJO DE FAMILIAS CAMPESINASE INDÍGENAS:

El 7 de septiembre de 2006, 78 familiasde la comunidad Chiquí Guaxcax, Tamahú,Alta Verapaz, fueron desalojadas por uncontingente policíaco y militar que rodeó elinmueble para negociar un desalojo pacífico.Sin embargo, los campesinos se opusieron,argumentando que las familias nacieron allí.El contingente policíaco y militar obligó alos campesinos a desmantelar sus humildesviviendas y a colocar láminas y madera aorilla de la carretera para buscar otraubicación, así como a dejar el fruto de sussiembras que tenían en las 45 caballeríasde extensión y que son tierras nacionales.

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Los agentes policíacos estaban armados congases lacrimógenos, bastones, y armas defuego de diverso calibre, situación quegeneró temor entre los indígenas, quienesinmediatamente solicitaron la presencia dedelegados de la Procuraduría de losDerechos Humanos.

ALCALDE DE SAN JOSÉ POAQUILEMBARGA 50 CABALLERIAS DETIERRAS COMUNALES:

El 8 de agosto de 2006, más de 45comunidades de San José Poaquil,departamento de Chimaltenango,aproximadamente de 20 mil familias mayasKakchiqueles, han sido afectadas por el robode sus tierra de parte del alcalde municipal,Manuel de Jesús Tarton, quien no harespetado el derecho comunal de lascomunidades sobre el terreno denominadoEl Astillero. Estas tierras tienen unaextensión de más de 50 caballerías, divididasen dos lotes: 1) Chiraxaj, ubicado en SantaApolonia. y 2) Ajcojom, de un caballería.Estas tierras han sido embargadas por elalcalde sin consultar a nadie.

La Iglesia católica ha administrado estastierras por más de 225 años y nunca hantenido problemas de esta naturaleza. Loscomunitarios están sumamentepreocupados, porque es un despojo detierras comunales a los pueblos indígenas.La comunidad se ampara en el artículo 67de la Constitución Política de la Repúblicade Guatemala, en lo que se refiere a laPROTECCIÓN A LAS TIERRAS Y LASCOOPERATIVAS AGRÍCOLAS INDÍGENAS.

Además el Acuerdo Sobre AspectoSocioeconómicos y Situación Agraria, comoel Acuerdo sobre Identidad y Derechos delos Pueblos Indígenas, principalmente en elcapítulo de derechos civiles, políticos,sociales y económicos del inciso “F”: Derechorelativo a al tierra de los Pueblos Indígenas.

En los terrenos hay nacimientos de agua.Por eso, el alcalde quiere venderlos a otrascomunidades sin consultar a nadie. Sinembargo, las 45 comunidades afectadastienen necesidad de este vital líquido. Laventa de este recurso natural a espaldas delas comunidades no beneficia en nada a lasmismas, sino sólo al interés personal delalcalde.

LUCHA CAMPESINA E INDÍGENACONTRA LAS MINERÍAS:

El día jueves 8 febrero de 2007, en lascomunidades del Caserío Tuisquizal y AldeaT-xejoj, del municipio de San SebastiánHuehuetenango, el señor Juan PabloHernández, trabajador de la empresaminera (manejada por la familia Díaz Alva),disparó con un arma al señor Calixto SalesFabián, que se oponía al paso de lamaquinaria y transportes de la empresaminera en sus terrenos, ya que la poblaciónnunca fue consultada para la ampliaciónde una carretera que conduce hacia laoperación minera, ni tampoco se consultóesta explotación a las comunidades.

REPRESIÓN A LUCHADORES ENCONTRA DEL TRATADO DE LIBRECOMERCIO:

El 14 de marzo de 2005, fuerzas deseguridad pública reprimieronmanifestaciones campesinas y civiles. Unode los manifestantes, Juan López Velásquez,fue asesinado, decenas de personasquedaron heridas. Distintos movimientos

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sociales guatemaltecos habían convocado ycelebrado manifestaciones a lo largo del paíscomo mecanismo de protesta ante laratificación reciente del CAFTA (tratado delibre comercio entre los EEUU, AméricaCentral y la República Dominicana) por partedel Congreso, convocando un paro nacional.Contra dos de los líderes principalescampesinos e indígenas del país, DanielPascual y Carlos Arreaga, se anunciaronórdenes de captura. Los sucesos del 14 y 15de marzo se suman a un crecimientopreocupante de violencia contra movimientossociales, sobe todo campesinos y a defensoresde los derechos humanos.

ALLANAMIENTO A ORGANIZACIONESCAMPESINAS Y A DEFENSORES DE LOSDERECHOS HUMANOS:

Durante el mes de mayo de 2005, seefectuaron varios ataques contraorganizaciones campesinas y defensores delos derechos humanos en Guatemala. El 8de mayo, fueron allanadas, por desconocidos,las oficinas de la Coordinadora Nacional deOrganizaciones Campesinas (CNOC). El 11de mayo, fue allanada la casa de ChristinaBuczko, la Coordinadora del Proyecto deAcompañamiento de Austria, y Byron Garoz,miembro de CONGCOOP. En ambos casos,la intención principal de los allanamientosobviamente no era robar cosas de valor, sinollevarse información importante y dejarhuellas con el objetivo de intimidar a lasvíctimas.VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENGUATEMALA:

Durante el año 2005 y según informes deprensa, la Policía Nacional registró más de527 asesinatos de mujeres en Guatemala,un incremento considerable en relación con2003. Muchas de las mujeres que perdieronla vida, principalmente las que provenían de

los sectores más pobres de la sociedad, fueronvioladas antes de morir. Algunas tambiénsufrieron mutilaciones.

La relatora especial de la ONU sobre laviolencia contra la mujer concluyó que elgobierno de Guatemala estabaincumpliendo sus obligacionesinternacionales en la esfera de la prevención,la investigación y el castigo efectivos de laviolencia contra las mujeres. En marzo secreó una unidad especial de la policíaencargada de investigar y prevenir delitoscontra las mujeres pero, según los informes,se la dotó de recursos insuficientes, teniendoen cuenta la envergadura del problema.VIOLACIÓN AL ACUERDO DE IDENTIDADY DERECHO DE LOS PUEBLOSINDÍGENAS:

En Petén: Hostigamiento, persecuciones,intimidaciones y amenazas de desalojos encontra de 37 distintas comunidades en tierrasde la Laguna del Tigre. Muchas de esasfamilias llevan más de 33 años instaladas enese lugar. Y ahora Berger sigue negociandocon empresas transnacionales mineras paravender ese territorio. Con el apoyo del ejércitoy del congreso, quieren desalojar a esasfamilias. Mienten cuando dicen que es parapreservar el parque nacional del Tigre.

En San Marcos: El gobierno de Berger nipor asomo ha querido cumplir las demandasy compromisos que asumió con el pueblomarquense en cuanto a su exploración yexplotación minera. Las empresas minerassiguen desarrollando destrucción ambientaly comunitaria como si estuviesen en el patiotrasero de su casa.

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San Antonio Las Pilas: Desde el día 10 defebrero de 2006, 50 familias han ocupadopacíficamente la finca San Antonio Las Pilas,en jurisdicción de Tecún Umán delDepartamento de San Marcos. Dichasfamilias están siendo objeto de amenazas,de intimidaciones, de desalojo violento, ysobre todo de capturas ilegales de parte delos supuestos dueños. Las personas quecomandan los mencionados actos violentosson: JAIME HUMBERTO, EMILSA ILIANA,IRMA YOLANDA, LILI ESTELA y ROSALINAtodos de apellido OROZCO JUACHIN. El día7 de marzo, estas personas pidieron elacompañamiento del inspector de la PolicíaNacional con dos agentes más y un delegadoauxiliar de la fiscalía llamado MARCOANTONIO LIMA IRIARTE de Tecún Umán,para revisar los linderos de la mencionadafinca.

En Huehuetengango: Agua Escondida:El8 de octubre del año 2005, más de 40 familiasde las aldeas de Santa Cecilia, El Porvenir,La Pimienta y La Esperanza, tomaron ladecisión de ocupar pacíficamente la tierrallamada Agua Escondida, anteriormentebaldía. Según documentos con fechas desde1903, los señores ANACLETO Y ALBERTOHERRERA declararon este inmueble comotierra baldía. Estos dos señores pidieronadjudicárselos a sus nombres el 30 denoviembre del mismo año por acuerdogubernativo. Así resultó el título publicadopor el presidente de la República y refrendadopor el notario del gobierno de Guatemala el4 de diciembre del mismo año.

En Chichicastenango: En 1973, lamunicipalidad de Chichicastenango entregóen donación por la cantidad de Q20,00 a laempresa GUATEL (ahora negocio mexicano)un terreno de la Alcaldía Indígena de aquellalocalidad sin el consentimiento de losmiembros de esta instancia legal maya,aduciendo que este terreno carecía de registrolegal, por lo que les pertenecía y por ello noles afectaba en nada dicha donación.

Todos los casos anteriores son actos dediscriminación, racismo, expropiación,violación a los derechos ajenos, violación alos derechos humanos, indiferencia,exclusión, favoritismo y todos actos violentosque atentan en contra de la dignidad de laspersonas, principalmente en contra de lapoblación maya, indígena y campesina deGuatemala.

BIBLIOGRAFIA

FONTIERRRAS: el modelo de mercado yel acceso a la tierra en Guatemala, Balancey Perspectiva. CONGCOOP, Propuesta deReforma Agraria Integral, CNOC, junio del2005.Tierras comunales y Estado en Guatemala.Georg Grunberg, agosto del 2004;Tierra y Territorio Indígena en Guatemala,FLACSO: Georg Grunberg, 2003. Mujerestoman el poder de la tierra, FIAN, marzo 2007.El acceso de la mujer a la tierra enGuatemala, Fundación Arias para la Pazy el Progreso Humano, Tierra viva, CostaRica, 1993.Documentos varios de posicionamientosobre el tema de la Coordinadora Nacionalde Organizaciones Campesina, CNOC;Comité de Unidad Campesina, CUC yCoordinadora Nacional Indígena yCampesina, CONIC.

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INFORMACIÓN GENERALLa República de Honduras se localiza en América

Central, limita al norte con el Mar del Caribe, al estecon el Mar del Caribe y Nicaragua, al oeste conGuatemala y al sur con El Salvador y Nicaragua.

Tiene una superficie terrestre de 11,2 millones dehectáreas, pero menos del 30% (3,1 millones dehectáreas) de la superficie terrestre hondureña esdedicada a actividades agropecuarias. La agriculturaes poco diversificada, ya que dedica una proporciónmuy grande de su territorio a cultivos que,tradicionalmente, cuentan con un valor de mercadomás bajo, como es el caso de los granos básicos. Noobstante, durante los últimos 25 años, los cultivos demayor valor agregado han aumentado su participaciónen el territorio cultivado.

Tiene una población de aproximadamente 6,7millones de habitantes (censo INE-2003). Es un paíseminentemente rural, el 55% de la población vive en elárea rural. Por consiguiente, el sector agropecuario esuna de las actividades económicas más importante delpaís, representando aproximadamente el 15% del PIB,casi el 60% de las exportaciones, el 33% de la fuerzade trabajo nacional y el 60% de la fuerza de trabajo enel área rural.

TENENCIA DE LA TIERRA Y POBREZA ENHONDURAS:

El Instituto Nacional Agrario (INA), instituciónencargada por la ley de dar conducción al proceso deReforma Agraria de acuerdo a las indicaciones del

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presidente de la República, definió ennoviembre de 1999 tres aspectos queresulta importante destacar: (1) lamala distribución de la tierra enHonduras sigue conspirando contraun proceso auténtico de desarrollo,(2) el acceso a la tierra es fundamentalpara construir una sociedaddesarrollada y para conducirexitosamente una estrategia paracombatir la pobreza y (3) mientras lasestructuras de tenencia de la tierrasean un obstáculo para combatir lapobreza rural, sigue siendo válida laidea de la Reforma Agraria.

En Honduras, la pobreza estáfuertemente concentrada en el árearural, ya que más del 70% de lapoblación pobre del país vive en elcampo. Dos factores explican estehecho: (1) la fuerte concentración dela población en el área rural y (2) elgrado de pobreza rural es mucho máselevado que el nacional. La pobrezarural en Honduras es superior a lapresentada por el patróncentroamericano y latinoamericano.Además, la pobreza rural aumentóentre 1998 y 2003.

Según el informe del PNUD(noviembre de 2006), en el que seutilizó como línea de pobreza el costode la canasta básica en el área rural(23 lempiras por persona al día o 689lempiras al mes), se obtuvo que 2,8millones de hondureños del área ruralviven con un nivel de ingreso inferiora la línea de pobreza. Este gruporepresenta más del 75% de lapoblación rural y más del 70% de lospobres de todo el país.

Si se hiciera una encuesta entre loshondureños sobre el problema de latierra y su relación con el desarrollosocial, probablemente, por lo menosun 90% respondería que esa relaciónno sólo es estrecha sino que expresauna vinculación de causa y efecto. Lasorganizaciones más representativasde Honduras sostienen una posicióncongruente con este pensamiento. LaIglesia actúa en función de lasúltimas encíclicas papales y de losdocumentos de las Conferencias delEpiscopado de Latinoamérica, queinstan a resolver el problema de latierra en términos de justicia, a partirde la opción preferencial por lospobres. Los partidos políticos, sinexcepción, plantean en susprogramas y en sus discursos unaacción muy vigorosa para enfrentarel problema de acceso a la tierra paralograr un desarrollo rural.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA ENHONDURAS:

El problema de la tierra enHonduras, como en todos los paísesde América Latina y el Caribe, tienesus raíces en su pasado colonial. ElRey de España recibió del PapaAlejandro VI, por derecho dedescubrimiento, el señorío de todaslas tierras e islas recién descubiertas.A partir de allí, se originaron los

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regímenes de tenencia, tanto privadoscomo municipales, comunales yreales, siendo estos últimos, despuésde la independencia, denominadosnacionales.

La distribución de la tierra enHonduras es extremadamenteconcentrada (según el PNUD -1996-,Honduras tiene el grado dedesigualdad en la distribución de latierra más alto de toda la regióncentroamericana y uno de los másaltos de América Latina). El tamañomedio de las propiedades hondureñases de 8 hectáreas y apenas el 5% delas propiedades tienen más de 20hectáreas; pero este 5% concentramás de la mitad de la tierra delconjunto de todas las propiedades.Por otro lado, sólo el 1 % de laspropiedades hondureñas posee másde 50 hectáreas, concentrando 1/3de la tierra disponible; mientras queel 90% de las propiedades tienen unasuperficie inferior a 10 hectáreas ycuentan con menos de 30% de lasuperficie disponible total.

Una hectárea de tierra es suficientepara que una familia viva, dijo, haceunos 15 años, una asociación deempresarios agrícolas. Criterios comoéste han estado influyendo en losúltimos veinte años para desarrollarpolíticas que hacen más difícil elacceso a la tierra de los campesinos

y esto constituye una de las áreasproblemáticas de mayor peso en elpaís.

Otro de los grandes problemas dela tierra lo constituyen los reclamosde los pueblos indígenas yafrodescendientes. El convenio 169de la Organización Internacional delTrabajo (OIT), ratificado porHonduras, obliga a emprenderacciones para restituir a estospueblos tierras que ellos consideransuyas por haber pertenecido a susabuelos.

No es fácil el acceso a la tierra enHonduras por parte de los pobres.Persiste la idea de que los campesinosya tienen suficiente tierra y que, si seles proporciona, ha de ser del fondode tierras nacionales y ejidales. Poreso, es necesario insistir en que el noacceso o el acceso limitado a la tierraconstituye una de las cuestiones másproblemáticas de la situaciónnacional.

Estimaciones, con base endocumentos oficiales, nos dicen quela mitad de los pobres rurales notienen tierra o la tienen en cantidadesinsuficiente (menos de 1 hectárea). Elproblema del acceso a la tierra paraestas familias es que, en el marco dela normativa agraria vigente, ya casino hay tierras con vocación agrícolasuficiente. La nueva tendencia deacceso a la tierra que se ha estadoimplementando se realiza a través delPrograma de Acceso a la Tierra(PACTA), que sigue la lógica del BancoMundial, o sea, se da a través demecanismos de mercado.

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ACCESO DE LA MUJER RURAL ALA TIERRA:

Las campesinas desempeñanactividades como trabajadorasindividuales, en la unidad agrícolafamiliar, realizando tareas para elautoconsumo o la subsistenciafamiliar y apoyando las laboresagrícolas del esposo o compañero(como ayudante famil iar noremunerado); como productoras,procesadoras y comercializadoras enpequeña escala y como proletariasrurales en trabajos estacionales.Aunque la mayor parte de lasmujeres rurales juegan un rolfundamental en la esfera productivay reproductiva, su contribución aldesarrollo agro-socioeconómico delpaís no se refleja mínimante en losdatos.

A pesar de lo antes señalado,tradicionalmente, las campesinashondureñas no han sido reconocidasni como productoras y aún menoscomo propietarias de la tierra. Apartir de los años 60, a raíz de lapromulgación de la Ley de ReformaAgraria de 1962, ellas comienzan aparticipar activamente en lasmovilizaciones campesinas quemiran a reivindicar los derechos porla tierra. No obstante, la reformaagraria poco favoreció a la mujerrural, dejándola en una situación deabandono y de marcada desigualdadfrente al hombre con relación alacceso a los recursos productivos. Seconsidera que sólo el 3,8% de losbeneficiarios de la reforma agrariason mujeres.

PRINCIPALES VIOLACIONES A LOSDERECHOS CAMPESINOS:

Aspecto general:Desempleo: durante los últimos

cinco años, la tasa de desempleoabierto en áreas rurales aumentómucho menos que la tasa nacional.Pero no todos los que tienen untrabajo cuentan con la oportunidadde trabajar todas las horas queestarían dispuestos a hacerlo;diversos trabajadores no tienenjornadas completas (trabajan menosde 36 horas semanales) y deseantrabajar más tiempo y no lo hacensolamente porque no encuentran mástrabajo. No toda la fuerza de trabajode las personas que viven en el árearural es agrícola, sino que solamenteun 60% realiza labores agropecuarias

Migración campo-ciudad: losmovimientos migratorios no habíansido en Honduras un tema de mayorpreocupación en el pasado. Es apartir de la década de los 90 que lamigración ha adquirido relevancia. Lamigración interna, principalmente delcampo a la ciudad, la falta dedesarrollo del sector rural, reflejadaen la falta de acceso a la tierra,reducción de la frontera agrícola,ausencia o insuficiencia de centros deeducación, de fuentes de empleo yservicios básicos, han contribuido aelevar el nivel de pobreza,

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favoreciendo así la emigración. El54% de los emigrantes del campo ala ciudad son mujeres. Las remesasde la emigración fuera de las fronterashondureñas están contribuyendo amejorar los indicadoresmacroeconómicos del país, ocupandoel tercer lugar entre las fuentes deingresos de los hogares a nivelnacional.

Violencia: la violencia en Hondurases grave, tan grave como loscentenares de muertes civiles, lasdenuncias que advierten conexionesentre fuerzas de seguridad delgobierno y las llamadas maras opandillas o tan terrible como lamuerte de más de 500 niños durantelos últimos seis años a manos de losescuadrones de la muerte

Conflictos agrarios: hasta el 2005,sólo una parte de las organizacionesdel COCOCH tenían contabilizadosmás de 340 conflictos agrarios, siendolas principales causas: la noexistencia de títulos de propiedad porel poseedor, la existencia de titulo deuna parte de la propiedad y laposesión mayor que lo expresado entítulos, y la existencia de 2 o mástítulos sobre el mismo terreno, entreotras causas. Esto ha sido productodel abandono de la reforma agrariapor parte del Estado, la recuperaciónde tierras nacionales en poder de

particulares, el no destino de tierrasnacionales en poder de institucionespara fines de reforma agraria y laconfabulación de jueces, fiscales ypolicías a favor de los terratenientes,entre otros aspectos.

CRIMINALIZACIÓN CAMPESINA:Desalojos de familias campesinas:En Honduras, la situación agraria

de los grupos campesinos serecrudece cada vez más. Sondesalojados violentamente conregularidad, destruidas sus viviendasy sus cultivos, son procesados,encarcelados y asesinados susdirigentes. Este problema no es nadanuevo, existen grupos campesinosque están en posesión de la tierradesde hace más de 30 años y aún notienen resuelta su situación legal.Existen algunas instituciones delEstado, como el Instituto Nacional yAgrario, y dependencias del SistemaJudicial, que en la mayoría de loscasos se confabulan con losterratenientes y supuestos dueños delas tierras donde están estos gruposcampesinos, por lo que casi siemprese tienen resoluciones que afectan laestabilidad social y económica de loshombres y mujeres del campo.

Asesinato de líderes campesinos:Riszard Kapuscinsky ya habíaexplicado en 1969 que la causa de la“Guerra del Fútbol” entre Hondurasy El Salvador había sido porproblemas de tierra. En Honduras, elproblema aún no está resuelto. Desdela década de los 80, mucha gente hamuerto en las ocupaciones de tierra,

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ya que la ley castiga severamente alos “sin tierra”. En el informe sobreDerechos Humanos y Medio Ambienteen América, realizado por la ComisiónInteramericana de DerechosHumanos 128, se destacan diversosepisodios de muertes por disputas detierras en territorio hondureño. Porlo menos veinticinco líderes indígenashan sido asesinados en los últimosaños por bregar por la protección desu medio ambiente.

Familias sin tierra: Según el censoagropecuario de 1993, existían126.000 familias de campesinos sintierra y 82.000 familias con menos deuna hectárea. De acuerdo a la nuevacalificación del minifundio, existenunas 220.000 familias de campesinosy campesinas sin tierra y más de80.000 familias con menos de unahectárea de tierra.

De 1992 hasta la fecha, cuando seha implementado la Ley para laModernización y Desarrollo del SectorAgrícola, se ha accedido a más de26.000 hectáreas de tierra a través dela ocupación y lucha por las tierrasnacionales y, prioritariamente, las queestaban en manos de militares. Y,además, se han realizado ocupacionesde tierras privadas y se hanrecuperado tierras nacionales enpoder de particulares. Lasorganizaciones miembros del ConsejoCoordinador de OrganizacionesCampesinas de Honduras (COCOCH)han tomado las tierras de la basemilitar El Aguacate, El CREM, El I y VBatallón, tierras militares en Olancho,Choluteca, Francisco Morazán y

Copan. Se ocuparon las tierras deCaghsa, Ighsa, El Zamorano, LaBomba, Sico, Paulaya Villanueva,Zona Sur. Se accedió a la tierra de laTela Railroad Company en el Progreso,sector de Potrerillos y Atlántida.Curiosamente, después de 30 años, 5grupos del sector de La Bomba,después de una batalla legal,accedieron a 1.500 hectáreas por lavía del sobre techo. Muchas de estastierras todavía están en litigio, pero enpoder de los campesinos.

EJEMPLO DE CASOS:En Honduras, se habla de una mora

agraria de más de 800 casos deconflictos agrarios; algunos gruposllevan hasta 30 años de estar enconflictos. Durante este tiempo, hansufrido desalojos violentos, en los quefueron destruidas viviendas, cultivos,golpeados hombres, mujeres y niños,dirigentes encarcelados, procesados yhasta asesinatos. Todos estos casosestán documentados por las respectivasorganizaciones campesinas yorganizaciones de Derechos Humanos.

Aquí se hace una síntesis de algunosde estos casos, a fin de hacer visiblela criminalización del movimientocampesino hondureño.

Asesinato de dirigente campesino:Edickson Lemus, secretario general dela CNTC regional El Progreso:

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El día 24 de mayo del 2005, a las11:30 a.m., fue asesinado en lacolonia Bendeck de El Progreso,Yoro, de cuatro disparos en lacabeza, el compañero EDICKSONLEMUS, mientras se encontraba abordo del bus que cubre la rutaurbana Corocol-Bendeck. Elcompañero LEMUS se dirigía a visitarel grupo campesino RENACER,desalojado por la autoridad públicadel predio que ocupan en el sectorde Pajuiles, de El Progreso, el díajueves 19 de mayo pasado.

Las características con las que fuellevado a cabo el crimen indican laexistencia en El Progreso de uncomando de asesinos a sueldo con losmismos métodos de los escuadronesde la muerte de la década de los 80del siglo pasado.

A esta fecha, el Ministerio Públicono ha resuelto el caso y más bien lojustifica con los problemas sociales delpaís. Nunca se detuvo a nadie y haquedado en la impunidad.

Desalojos y asesinatos decampesinos: Empresa AsociativaCampesina “Primero de octubre”

La Empresa se organizó el primerode octubre de 2001, pero fue el 20 demarzo del 2002 que se entró a la tierra.La empresa está ubicada en LasCrucitas, Balfate, Colón, y estáintegrada por 100 familias.

El 28 de marzo de 2002, vigilantesde la Standard Fruit (empresatransnacional de cultivo del banano)hicieron una emboscada, provocandouna balacera con armas de gruesocalibre. Fue allí donde 3 compañerosfueron asesinados – Manuel de Jesús,Catalino Albarenga y FelicianoOrellana. Además, resultaron heridos2 compañeros – Alejandro LópezBeltrán y Santos López. Con todo esto,se siguió trabajando en la tierra,sembrando maíz, sandillas, yuca,plátano y otros cultivos, hasta que sedio un desalojo el 3 de septiembre de2002, a solicitud de la transnacional,quien se lo planteó al InstitutoNacional Agrario. Desde la fecha deldesalojo hasta el presente, la Empresacontinua sin tierra donde podertrabajar, porque si bien es cierto quelos ubicaron en una propiedad enVallecito, las tierras son, en su mayorparte, lagunas. Además, es una tierraen conflictos, porque el INA decía queya la estaba comprando, o sea, quehabía dado una parte de dinero a unterrateniente.

Lucha de comunidades (hombres ymujeres) por el acceso a la tierra:Empresa Asociativa Campesina“Unidos Venceremos”

Desde hace 20 años, familiascampesinas de las aldeas El Astillero,Lequigue, Plan del Horno y SanAntonio de la Fraternidad, medianteel sistema de alquileres, vienencultivando tierras en el sitiodenominado Ocote Chingo,jurisdicción de Lejamani, Comayagua.Al principio, pagaban 80.00 lempiras

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anuales por cada manzana de tierra,y, con el aumento de los costos, al año2000 ya pagaban hasta 500.000lempiras anuales. Y, además, secomprometían a reparar cercados y apermitir que los supuestos dueños dela tierra pastaran sus ganados entrelas temporadas de siembra. La tierra,aun no siendo de la mejor calidad yestando en laderas, les permitíarealizar dos cultivos al año: enprimavera cosechaban maíz y en lapostrera frijoles. Alcanzando hastapromedios de 35 quintales de frijolespor manzana y 45 quintales de maízpor manzana.

Cuando las mujeres de estascomunidades comprendieron quesus maridos, hijos, hermanos y ellasmismas eran víctimas de cobrosexagerados por el alquiler de latierra, en 1998, decidieronorganizarse en un grupo campesinoy se afiliaron a la Unión de MujeresCampesinas de Honduras (UMCAH),con quienes iniciaron trámites paracomprar la t ierra que veníancultivando. El predio solicitadoconsta de 96 manzanas, 70 de ellascult ivables y 26 manzanasconstituyen una reserva forestal parafuentes de agua de la vecinacomunidad de Lejamani y las aldeascircunvecinas, que las propiasmujeres y campesinos de la zonasiempre han preservado.

Al hacer las investigacionespertinentes sobre la posesión de latierra para comprársela a JorgeCastillo Alvarado, descubrieron que setrataba de terrenos ejidales, por lo que

durante 20 años estuvieron pagandoalquileres a personas queefectivamente no eran propietarios delas mismas.

Ante esta situación, decidieroncomunicarlo a sus compañeros dehogar y familiares cercanos, e integrarformalmente una Empresa AsociativaCampesina que denominaron “UnidosVenceremos”, obteniendo PersoneríaJurídica en el año 2002.

La EAC “Unidos Venceremos” estáintegrada por 15 socias y 15 socios queconforman 28 familias campesinas.

El Sr. Jorge Castillo Alvaradoactualmente presentó una acusacióna los miembros de la EAC porusurpación y robo de café, por lo quela fiscalía está investigando a laEmpresa, haciendo las respectivascitaciones. El caso se ventila en elInstituto Nacional Agrario y estáregistrado bajo el expediente número67563/39082.

Situación Actual: La EAC “UnidosVenceremos” permanece en latierra, cultivándola de granosbásicos. La terrateniente no hapodido retirar el titulo del INA antela presión de las organizacionescampesinas, pero se teme que, porsu influencia política y capacidadeconómica para e l pago deabogados, pueda lograr legalizar lat ierra que nunca ha ocupado

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efectivamente y de la cual estuvocobrando renta sin que en realidadtuviera facultades legales para ello.

CONFLICTO DE TIERRA CON LASFUERZAS ARMADAS: GRUPOCAMPESINO “LAS POSAS”:

Es un grupo compuesto por 23familias, están afiliados a la UTC. Enla aldea existen unas 400 familias, ytienen construidas sus propiasviviendas.

El conflicto es con las FuerzasArmadas (I Batallón de Infantería).Ellos trabajan las tierras desde hace25 años, fueron desalojados por lafuerza desde el año 2003, por lo queactualmente están fuera de lapropiedad. El área total de lapropiedad es de unas 300manzanas, pero el grupo demandasolo 120 manzanas para laproducción agropecuaria.

El INA hizo un levantamiento delsuelo, pero el informe está a favorde las Fuerzas Armadas; durante lainspección técnica no participó suapoderado legal, por lo que seconsidera que es un informe sinvalidez legal. El argumento de lasFuerzas Armadas es que es unterreno para entrenamiento militar,pero en la práctica ha estado enmanos de los campesinos y elEjército no hace uso de ellos.

CONFLICTOS DE TIERRA CONTERRATENIENTES: CAMPESINOSDEL SECTOR DE “LA ASOMADA”:

Son siete grupos campesinos queaglutinan a 269 familias y la lucha espor la obtención de 1.128 hectáreas.Estos grupos campesinos estánubicados en San Juan Muratalla lasCamacas, comunidad el Zapote y losterrenos son de origen privado(Proindiviso).

La lucha por la defensa de la tierrase inicia en el año 1977 y las tierrasse ocupan en el año 1984. En estalucha ha habido enfrentamiento entrecampesinos y grandes terratenientes,dando como resultado la muerte decampesinos; otros han quedadoinválidos y otros han sido procesados.

Se han hecho muchasinvestigaciones al terreno, se pelea porla vía de expropiación; hay dosresoluciones por parte del INA y lasrectifica el Consejo Nacional Agrario.

Todos los años les introducenganado a la propiedad, ocasionandodaños en los cultivos (huertas, yucasy otros) por lo que tienen que estarpermanentemente cuidando loscultivos.

A la fecha, dentro de la propiedad,los grupos campesinos cuentan conescuela, cancha de fútbol y centro desalud.

REPRESIÓN PRIVADA POR MEDIODE GRUPOS PARAMILITARES:

Caso Cristóbal Castro:A pesar de las repetidas denuncias

de los casos de represión privada quese iniciaron el 25 de agosto del 2006,

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y de nuevos hechos amenazantes, elMinisterio Público, en una actitudcómplice, no ha terminado ningunainvestigación ni requerido a ningunode los terratenientes, que,plenamente identificados, continúansembrando la zozobra en Yoro.

Por el caso de tentativa de asesinatoy lesiones en contra de loscampesinos Santos Rivas y LucilaLicona el 28 de agosto de 2006,ambos miembros afiliados a laAsociación Campesina Nacional y dela empresa Asociativa CampesinaCristóbal Castro, a medio año no hayautores materiales ni intelectualesdetenidos o enjuiciados.

Actualmente, los miembros de laempresa Cristóbal Castro seencuentra bajo amenaza de desalojoy captura, que puede producirse si laCorte Suprema de Justicia resuelveconfirmar en revisión de amparo eldoble juzgamiento a que han sidosometidos por el Fiscal FranklinIsmael López, quien, en los casoscontra campesinos, ha demostradoser ultra diligente.

Nuevamente se repite lacriminalización de casos agrarios enlos que la Empresa AsociativaCampesina ni siquiera ha sidodemandada, obviamente por laautomaticidad del desalojo por la víapenal.

Caso 6 de noviembre:El Instituto Nacional Agrario, al fin,

asentó nuevamente a la EmpresaAsociativa Campesina “6 denoviembre”, después del desalojo

ilegal que les hiciera perder más deun millón de lempiras en inversión.No obstante lo anterior, la libertad eimpunidad con que operan losterratenientes al abrigo de la actitudcomplaciente del Fiscal, ha permitidoque Kenton Landa los haya ido aamenazar de muerte. Las denunciasde los campesinos no reciben elmismo trato en el Ministerio Públicoy esa actitud discriminadora haenvalentonado a los terratenientes delsector. El hecho ocurrido el día lunes28 de agosto de 2006, a las 8: 00 dela noche, donde resultó herido de balael compañero Oscar Albani Mejia, de18 años, provocado por un grupofuertemente armado al mando delterrateniente antes mencionado,todavía está inmóvil en los archivosdel Ministerio Público de Yoro. No haydetenidos ni encausados producto deese hecho criminal.

Caso Bonitillo:El día sábado 2 de septiembre de

2006, fue agredido con machete,provocándole lesiones graves(cercenándole su mano izquierda), eldirigente local y nacional SantosCornelio Chirinos. Desde esa fecha,las autoridades policiales y elMinisterio Público no han podidocapturar a Juan Ortiz, autor materialdel hecho.

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La Sra. Carmen Yolanda de Azconadel Hoyo ha sido señalada comoautora intelectual de ese hechocriminal, pero sus vínculos hanimpedido que se les deduzcaresponsabilidades. Ante esto no hanreaccionado conforme a susobligaciones las autoridadespoliciales y judiciales.

Alentados por la inmovilidad de lasautoridades policiales, nuevos hechossangrientos se han perpetrado contramiembros del grupo campesino. Enuno de ellos, perdió la vida TomásMejía, en el mes de noviembre de2006, y en otro, Rudy Arturo Puerto,el 2 de febrero de 2007. Por estoshechos, se encuentran detenidoscomo responsables Estanislao Palmay Cirilo Aguilera, en la Ciudad de LaCeiba. La autora intelectual siguelibre y con poder.

Caso Fuerzas Unidas:Desde el día 30 de agosto de 2006,

fecha en que un grupo de hombresarmados llegó a la comunidad de ElCorozo, jurisdicción del Municipio deCatacamas, Olancho, con armas degrueso calibre, como el AK 47, paraamenazar a campesinos miembros delGrupo Fuerzas Unidas, lasautoridades policiales no han podidodetener ni enjuiciar a ningúnresponsable.

Curiosamente, las autoridades delINA del Departamento de Olancho, lafiscalía, los jueces y la policía se hanconfabulado y parcializado a favor deBenathon Ramos y han permitido quesiga el hostigamiento contra lashumildes familias campesinas.

Estos campesinos, en los últimosmeses, han sufrido 3 desalojos y hansido procesados. Esto implica otroacto de criminalización sistemática delos campesinos permitido por elEstado de Honduras, en violación alderecho interno a ellos, les hanaplicado medidas cautelares y elloscorren entonces el riesgo de serprivados de libertad injustamente.

BIBLIOGRAFIA

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Acceso a la tierra y Pobreza Rural, elcaso de Honduras (documentopresentado en Taller Regional sobreUso y Tenencia de la Tierra en AmericaLatina y El Carbe, México 2002,Anibal Delgado Fiallos, Representantedel Banco Mundial).

Informe de consultoría sobreconflictos agrarios, COCOCH, mayodel 2005. 

Documentos varios de posicionamientosobre el tema del Consejo Coordinadorde Organizaciones Campesinas deHonduras - COCOCH

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HISTORIAL DEL PAÍS

SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE 2001 A 2006El nuevo milenio, además de inaugurar una de

las políticas exteriores más militarizadas de la his-toria por parte de Estados Unidos – por medio de laguerra preventiva – ha encontrado a Paraguay enmedio de una auténtica ausencia de dirigencia po-lítica a nivel interno, y en una división de su políti-ca internacional entre el acercamiento al gobiernode Washington y la tensión interna dentro delMERCOSUR.

La caída de las Torres Gemelas encuentra a Pa-raguay con uno de los gobiernos de la transicióndemocrática más débiles y con mayores índices dedesaprobación ciudadana. El gobierno de LuisGonzález Macchi, ante la cada vez mayor resisten-cia de la ciudadanía organizada, en especial de lacampesina, también se ve sacudido ante la confor-mación del Ejecutivo por parte de su tradicionalrival, el Partido Liberal Radical Auténtico, que enelecciones para Vicepresidente – con apoyo delOviedismo – consiguió ganar. Los pedidos de re-nuncia del presidente sacudieron todo el año 2001,de manera a lograr la mentada alternancia, acce-diendo el Vicepresidente Julio Cesar Franco a laPresidencia, que lo único que consiguió fue que laciudadanía pidiera la renuncia de ambos por la ines-tabilidad política generada.

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Ante este panorama, el presidenteLuis González Macchi comenzó unacercamiento estratégico con el gobier-no de Washington, declarándose unaliado en la lucha contra el terroris-mo, y asumiendo completamente losplanes de seguridad dictados desde elnorte, para garantizar estabilidad a sugobierno hasta el 2003, año en quedebían realizarse nuevamente las elec-ciones nacionales.

2003: AÑO ELECTORAL Y DE IN-CREMENTO DE LA REPRESIÓN

Las elecciones presidenciales mar-caron los primeros 5 meses del añoen que fue electo Nicanor Duarte Fru-tos como presidente. Al día siguientede las elecciones, Duarte Frutos co-menzó a gobernar el país, ante la de-bilidad manifiesta del presidente sa-liente, que debía entregar el cargo enagosto de ese año. A pesar de ser electopresidente, Duarte Frutos no contabacon mayoría parlamentaria, aunque sícon un número suficiente de parla-mentarios para truncar proyectos onegociar leyes.

La nueva Corte, hecha a medida delEjecutivo, ha concentrado aún más elpoder en manos del presidente DuarteFrutos, que con las fuerzas públicasen sus manos, la Fiscalía de aliada, yla Corte Suprema como garante de im-punidad, ha impulsado una campañade represiones masivas al sector cam-pesino, de manera a facilitar y garan-tizar la ampliación de la frontera de lasoja transgénica.

Para la gobernabilidad presidencial,el sector ganadero y agroexportador sonun importante referente, pues son susaliados políticos y económicos y a lavez son los más favorecidos por las po-líticas del gobierno. Ante una minoríaoficialista parlamentaria, la única for-ma de presión que puede ejercerse so-bre los parlamentarios de la oposiciónes por medio de los sectores económi-cos, que tiene como principales refe-rentes a los agroexportadores.

Las directrices del presidente a lasentidades gubernamentales ha sido lade garantizar la producción de sojatransgénica y la utilización deagrotóxicos.

El decreto 167 es uno de los pocosacuerdos entre el Ejecutivo y el Legis-lativo, pero su finalidad parece estarsobre todo relacionada con la expul-sión del campesino de sus tierras y laextensión de la frontera de la soja, queactualmente se encuentra en 2,5 mi-llones de hectáreas.

El gobierno de Nicanor Duarte es elque, por medio de una resolución delMinisterio de Agricultura y Ganade-ría, autoriza la plantación de 4 varie-dades de soja transgénica de la em-presa Monsanto, luego de 3 años deser llevada adelante la plantación sinautorización alguna.

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La resolución fue firmada el 20 deoctubre de 2004, por el ministro An-tonio Ibáñez y dispone que se regis-tren como semillas comercializableslas variedades AW7110, AW5581, M-soy7878 y M-soy8080, todas de laempresa Monsanto, hecho que fueaplaudido por la Cámara Paraguayade Exportadores de Cereales yOleaginosas (CAPECO).

INCREMENTO DEL ASESORAMIEN-TO EN SEGURIDAD

El asesoramiento militar, la forma-ción de oficiales de la policía y lasFuerzas Armadas paraguayas por par-te de Estados Unidos se remontan amediados del siglo pasado, cuandodentro del marco de la doctrina de se-guridad nacional fue enviado al paísel Tte. Coronel Robert Thierry paraasesorar a las Fuerzas Policiales entécnicas de tortura. Desde entonceshasta 1984 fueron enviados unos1.150 efectivos militares paraguayosa la Escuela de las Américas.

El Comando Sur de Estados Unidos,sólo en los últimos tres años, haincrementado su presencia en el paíspor medio de ejercicios militares, visi-tas de altos mandos y cursos de for-mación de oficiales en el Pentágono,entre otros. Según algunos datos re-

cogidos por el Servicio de Paz y Justi-cia (SERPAJ) de Paraguay, de 2002 a2006 se han realizado 59 presenciasmilitares de este tipo.

Desde 2004, se cuenta con conve-nios de ingreso de tropas de EstadosUnidos al país a través del envío denotas reversales entre la Embajada deEstados Unidos y la Cancillería Nacio-nal, para su posterior aceptación porel Congreso Nacional por medio de susanción como leyes de la República.

La presencia militar norteamerica-na en Paraguay en 2002 muestra unpromedio de 1,3 ejercicios por mes, loque da un total anual de 16 misiones,que se dividen entre operativosMEDRETES, o de atención médica yodontológica a la población paragua-ya, especialmente en el interior delpaís, así como ejercicios militares pro-piamente dichos, además de semina-rios. Tan sólo en este año se ha podi-do registrar la presencia de 114 efec-tivos militares de Estados Unidos, ade-más de cursos sobre antiterrorismo, yla conformación de alianzas tanto conel ejército paraguayo como con los dela región.

En el año 2003, la presencia y ase-soramiento militar norteamericano asus pares paraguayos presenta un au-mento del 25% en las actividades con-juntas. La cantidad de ejercicios y vi-sitas registradas en este año aumen-tan de 16 a 20. Asimismo, la cantidadde efectivos militares que pudieron serregistrados pasó a 133, además de au-mentar el despliegue de equipos para

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los ejercicios UNITAS, donde se utili-zaron 15 embarcaciones y 2 aviones.

Para el año 2004, la cantidad deejercicios militares se mantuvo (20),aunque se intensificaron principal-mente las visitas de lobby del altosmandos del ejército de Estados Uni-dos en busca de inmunidad, princi-palmente durante el primer semestre.Es así que en marzo visitó el país elJefe de Estado Mayor Conjunto de losEstados Unidos, General RichardMyers, siendo complementado en eltrabajo de lobby por uno de los hom-bres fuertes del presidente Bush paraAmérica Latina, el encargado de Asun-tos del Hemisferio Occidental, OttoReich.

Ambos enviados de Washington so-licitaron al gobierno nacional la firmade un convenio de inmunidad para lasfuerzas militares y en general para to-dos los funcionarios de Estados Uni-dos, señalando que de no ser así seretiraría la ayuda económica militar aParaguay. Como resultado de esta se-rie de visitas, se decide la firma denotas reversales sobre “una lista par-cial de ejercicios, seminarios, confe-rencias e intercambios militares bila-terales y multilaterales, que se reali-zarán en la República del Paraguaydesde el 10 de julio de 2004 hasta ju-nio 2005, con la participación demiembros de las Fuerzas Armadas delos Estados Unidos de América”, queposteriormente contaría con la apro-bación del Congreso Nacional, convir-tiéndose en la Ley 2447 de 2004.

Esta ley es la misma firmada poste-riormente, en 2005, con vigencia des-de el 1 de julio de ese año hasta el 31de diciembre de 2006, donde se otor-gan la inmunidad y garantías másamplias a los miembros de las fuer-zas armadas de Estados Unidos, queson el motivo de este informe.

Con la firma de estas leyes, 2005presenta un importante aumento depresencia militar extranjera en el país.En primer lugar, por el tiempo de con-cesión de la inmunidad (18 meses, adi-cionales a los 12 anteriores) y, en se-gundo lugar, por la cantidad de ejer-cicios que son permitidos, pues la pri-mera ley de 2004 establecía 8 ejerci-cios, y esta última los aumenta a 13.La mayor cantidad de efectivos queparticipan en los ejercicios son de lasfuerzas especiales de Estados Unidos,quienes ingresan con sus armamen-tos, sin que nadie tenga informaciónde los mismos, así como del lugar es-pecífico donde realizan los ejercicios,pues todo el territorio nacional estádisponible para ellos.

MOVILIZACIONES SOCIALESSi bien son pocas las informaciones

que se manejan a nivel internacionalsobre las actividades y presencia pú-blica de los movimientos sociales

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paraguayos, la resistencia de los mis-mos, y en especial del campesinado,ha sido constante y numerosa, y hasido respondida con un elevado nivelde represión.

La presión ejercida sobre el áreacampesina por la expansión de la fron-tera sojera, y en general por la políti-ca privatrizadora y expropiadora, pro-vocó una oleada de movilizaciones derechazo, particularmente en 2001, quecaminaba en sentido contrario a losintereses de la oligarquía local.

Las organizaciones socialesparaguayas, con larga experiencia delucha y templadas por la dictadura, seempezaron a convertir en un dique decontención que limitaba las posibilida-des de extensión del latifundismo quese expandía sobre las tierras campesi-nas. Esto facilitó la convergencia entrelos intereses estratégicos de EstadosUnidos y los intereses inmediatos dela oligarquía paraguaya, ambos ame-nazados por un movimiento social quesimultáneamente reclamaba soberaníay se resistía al despojo. Ante la imposi-bilidad de legitimar el despojo territo-rial y político al que van siendo some-tidos los campesinos paraguayos, laviolencia represiva legal e ilegal va enaumento. La actuación de guardiasblancas, fuerzas parapoliciales y

paramilitares, fuerzas policiales y mi-litares internas, en la contención y cas-tigo a los movimientos sociales, hoy seacompaña con la presencia activa detropas estadounidenses.

En 2001, se produjeron 4 desalojosviolentos de campesinos que ocupa-ban tierras y reclamaban la propiedadde las mismas de manera pacífica. Lacaracterística de los desalojos fue laviolencia utilizada por los efectivospoliciales.

Ese mismo año, el movimiento cam-pesino denunció la muerte de 5 com-pañeros, de los cuales 3 habrían fa-llecido a manos de capangas o sicarios,y 2 en manos de la policía. Según laCODEHUPY, fueron ejecucionesextrajudiciales.1

El movimiento obrero, por su parte,si bien llevó adelante 170 huelgas a lolargo del año, entró en una tremendapicada debido a la corrupción de susprincipales líderes, quienes terminaroncondenados por actos de corrupciónque llevaron a la quiebra del Banco delos Trabajadores, hecho que intentó seraprovechado por el gobierno para im-pulsar políticas de privatización y dedesregulación laboral.

El año de mayor turbulencia políti-ca, y que muestra una inflexión en latensión social entre el gobierno y lasmovilizaciones sociales, fue el de 2002,cuando los sistemas y formas de re-presión aumentaron considerable-mente, hasta el punto de ser conside-rado el año de retorno de la torturacomo sistema en el país.2

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En el mes de noviembre de 2001,los militantes Arrom y Martí de PatriaLibre, partido identificado con la iz-quierda, fueron vinculados por fuen-tes oficiales de la Policía Nacional, delMinisterio del Interior y del MinisterioPúblico con el secuestro de MaríaEdith Bordón de Debernardi, que lle-vaba ya 64 días desaparecida. El 19de enero fue dictada la orden de de-tención contra Juan Francisco ArromSuhurt, Anuncio Martí Méndez, Car-men Villalba Cardozo, Gilberto YamilCetrini, Pedro Alcides Cardozo, AlcidesOmar Oviedo Britez, Lucio Silva y Gus-tavo Lezcano Espínola, por su respon-sabilidad en el secuestro, y a quienesse consideraba prófugos. Hasta esemomento, se encontraban detenidosVíctor Colmán, Ana Rosa Samudio deColmán y Jorge Samudio por la mis-ma causa.

Dos días antes del libramiento deloficio de detención de Arrom y Martí,ambos ya habían sido detenidos y tor-turados por la policía. Arrom y Martífueron encontrados 13 días despuésde su desaparición, el 30 de enero, enuna casa en la ciudad de Villa Elisa,cercana a la capital, con visibles sig-nos de tortura. Los oficiales acusadosde los actos de tortura fueron sobre-seídos por la justicia ordinaria en fe-brero de 2003.

La presunta vinculación de militan-tes de Patria Libre con el secuestro deMaria Edith de Debernardi, con losmeses, desembocará en su presuntovínculo con las Fuerzas Armadas Re-

volucionarias de Colombia (FARC), yen el incremento, con la justificaciónde hechos no demostrados, del ase-soramiento militar de Estados Unidosa los cuerpos de seguridad naciona-les, en el combate al narcotráfico y acrimines como el secuestro.

El secuestro y tortura de los mili-tantes de Patria Libre desembocó envarias acciones. El 26 de febrero de2002, la CODEHUPY presentó antela Cámara de Diputados una formalacusación para el inicio del juicio po-lítico al presidente de la República,Luis González Macchi y al fiscal ge-neral del Estado, Oscar Latorre, porla responsabilidad de ambos en elcaso. Este pedido contó con el apoyode 41 diputados de los 80 que poseela Cámara, no llegándose a los dostercios requeridos.

Los primeros meses del 2002 fue-ron de manifestaciones contra el fis-cal general del Estado, pidiendo su en-juiciamiento así como el de los miem-bros de la Policial Judicial, y de todoslos efectivos y fiscales que fueron cóm-plices y copartícipes del secuestro ytortura de Arrom y Martí.

El momento también fue aprovecha-do por los seguidores del generalgolpista, Lino César Oviedo, quien seencontraba prófugo de la justicia en

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Brasil. El 14 de julio, los oviedistassalieron a las calles para exigir la re-nuncia del presidente Luis GonzálezMacchi. Se iniciaron varios cierres derutas, tomas de plazas públicas y pro-testas en varios puntos del país, comoen Ciudad del Este, donde bloquea-ron el Puente Internacional de la Amis-tad y realizaron varios saqueos.

Como respuesta a las manifesta-ciones, el presidente decretó, el 15de julio, estado de excepción por 5días, por medio del decreto 17.855,disponiendo la utilización de los efec-tivos militares para cooperar con laPolicía Nacional en el mantenimien-to de la seguridad interna, para locual autorizó a realizar “operacionesy adoptar todas las medidas perti-nentes para el cumplimiento del co-metido que se le asignó”.

Durante la vigencia del estado de ex-cepción, fueron detenidas 182 perso-nas, 172 varones y 10 mujeres, prin-cipalmente en Ciudad del Este (153hombres y 9 mujeres), Asunción yáreas metropolitanas (16 hombres yuna mujer) y Encarnación (3 hom-bres). Casi todos los decretos de de-tención de estas personas fueron dic-tados posteriormente a la misma.

Pero unos 40 días antes de estos he-chos, se conformaba el Congreso De-

mocrático del Pueblo (CDP), donde lue-go de mucho tiempo se dio la unidadde acción entre las principales centra-les campesinas, como la FederaciónNacional Campesina (FNC), la Orga-nización Nacional Campesina (ONAC),y la Mesa Coordinadora Nacional deOrganizaciones Campesinas(MCNOC), además de la participaciónde otras organizaciones.

La CDP organizó una magna mani-festación para lograr la derogación dela Ley 1.615, que establecía laprivatización de los entes públicos, ypara rechazar los Proyectos de Ley deReforma de la Banca Pública, laAntiterrorista, la de Concesión de Ru-tas, la corrupción y la impunidad, ade-más del IVA agropecuario.

Ante la magnitud de esta manifes-tación convocada por la CDP, el pre-sidente de la República dictó el decre-to Nº 17.370, del 31 de mayo de 2002,disponiendo la movilización de lasFuerzas Armadas en cooperación conla policía para evitar cierres de rutasy atentados contra derechos de terce-ros. Lo llamativo del decreto no es sólola disposición de las Fuerzas Arma-das para la represión a campesinos,sino que también era retroactivo al 30de mayo, de manera a dar presuntalegalidad a las barridas que el Ejérci-to se encontraba realizando en el de-partamento de San Pedro, atemorizan-do a los campesinos.

La salida a las calles estaba marcadapara el día 1 de Junio. Miles de campe-sinos en todo el país salieron a marchar

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y a tomar las principales plazas de susciudades, acampar en ellas, y realizardiariamente acciones de protesta. Al 4o

día de las movilizaciones, se dio la muer-te del dirigente campesino CalixtoCabral, de 35 años, en el cruce a NuevaLondres de Coronel Oviedo, departa-mento de Caaguazú, a causa de un dis-paro de arma de fuego propiciado porun efectivo de la Policía Nacional.

Ante el repudio generalizado de lapoblación nacional y el llamado a unamayor movilización, el gobierno nacio-nal decidió cumplir con las exigenciasde los manifestantes, derogando la Leyde Privatizaciones y retirando el pro-yecto de Ley Antiterrorista y de la Ban-ca Pública, cumpliendo con los pun-tos solicitados.

La victoria de las organizacionescampesinas y otras agrupadas en laCDP puede considerarse como uno delos mayores logros del movimientosocial paraguayo en los últimos años.No obstante, representa también elpunto de inflexión de la represión. Lautilización de las Fuerzas Armadas fueimportante no sólo como elemento re-presivo activo, sino también comodisuasivo, teniendo en cuenta las ex-periencias del pasado reciente y el te-mor de la población a los soldados.

Así, a pesar de esta importante vic-toria social, el año 2002 terminó conla muerte de 3 dirigentes campesinosen manos de policías o peones de es-tancia, además de 11 desalojos vio-lentos, y varios dirigentes encarcela-dos y procesados por ocupar tierras.

Además del empleo del Ejército entareas de represión interna, el otro he-cho importante, y que tenderá a cre-cer, fue el intento de involucrar a ac-tivistas políticos y luchadores socia-les, considerados de izquierda, con eldelito del secuestro, en especial a losmilitantes de Patria Libre. La vincula-ción de las luchas sociales y el supues-to “carácter potencial” de la criminali-dad de los miembros de movimientossociales fue quizás lo más preocupantede este año.

LA INSEGURIDAD COMO ESTRATE-GIA

Si bien la población paraguaya co-menzó a sentir en su cotidianeidad elestancamiento económico del país, pa-sando de un buen comer a una defi-ciente alimentación, y un deterioro ge-neralizado, nunca se lo asumió comoresultado de las políticas guberna-mentales sino que más bien se propi-ció una sensación general e indefini-da de inseguridad, que permitió ins-talar el miedo como elemento centralde la política del gobierno.

El aprovechamiento del miedo glo-bal – terrorismo – y del local – aumen-to de la criminalidad – fue la mejor he-rramienta utilizada por el Partido Co-lorado para mantener en el poder a

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González Macchi y posicionar aNicanor Duarte como el candidato quederrotaría la inseguridad por medio dela mano firme.

Duarte Frutos fue el principal ope-rador y responsable de la conclusióndel gobierno de González Macchi, ymediante una campaña que reflejabala propuesta de tolerancia cero a lacriminalidad, impuso su agenda en el2003. Un dato a considerar es que, de1990 a 2000, los delitos denunciadosaumentaron en más del 100%, a pe-sar de que en la capital el nivel de de-nuncia no es elevado, debido al altogrado de desconfianza en las institu-ciones de seguridad nacional, puessólo un 5% de los casos registradoses reportado a la Policía Nacional.

En un período de 8 años (1995-2003), la pobreza y pobreza extremaen el país han aumentado de maneraconsiderable. En el año 1995, el por-centaje de pobres era del 30,3%, y casila mitad de ellos (13,9%) se encontra-ba en pobreza extrema. Este porcen-taje, luego de 6 años – en el 2001–aumenta en 12,8%, pasando la pobre-za a afectar a un 33,9% de la pobla-ción, donde los pobres extremos re-presentan el 15,5 por ciento.

El gobierno de Nicanor Duarte, asu-mido en agosto de 2003, cerró el año

con un elevado procentaje de la po-blación en situación de pobreza. Dosmillones trescientos mil paraguayosterminaron 2003 con un dólar diario(41,4% de la población total), mientras1,1 millón de paraguayos en el mismoaño eran pobres extremos, lo cualequivale al 20,1% de la población to-tal. O sea, cerca de 2,3 millones depersonas en situación de pobreza, y1,1 millones de pobres extremos3 .

De esta manera, el gobierno inicióuna campaña para relacionar la pro-testa, la pobreza y la criminalidad. Lapobreza por sí sola, a pesar de ser unade las causas de aumento de los deli-tos, no es problema para las autori-dades, pero cuando se exigen solucio-nes y la pobreza se expresa enmovilizaciones, es señalada como cau-sa del aumento de la inseguridad y secriminaliza la protesta social.

Las represiones al sector campesi-no, según las organizaciones de dere-chos humanos vinculadas a la Coor-dinadora de Derechos Humanos, sonjustificadas dentro de la política decombate a la criminalidad, los secues-tros y robos callejeros, a pesar de queen muchos casos se ha determinadola responsabilidad de miembros de lasfuerzas policíacas y militares en estoshechos.

La creación del escenario de la cri-minalidad ha tendido a naturalizar lapresencia de militares en las calles, enlas esquinas de Asunción, frente acentros educativos, principalmente encolegios de gente adinerada, así como

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su participación en desalojos, quemasde ranchos de campesinos, despeje derutas, y defensa de propiedades don-de se planta actualmente sojatransgénica.

A esto se debe agregar laprivatización de la seguridad, promo-vida por el propio Ministerio del Inte-rior. De manera esporádica, en los úl-timos meses del gobierno de GonzálezMacchi, la privatización-ciudadanización de la seguridad fuetomada con fuerza por Nicanor Duarte,quien, por medio del citado ministe-rio, las gobernaciones, municipalida-des y el Ministerio Público, ha pasadoa crear Comisiones de Seguridad Ciu-dadana, que tienen como fin la “co-operación en el combate de la crimi-nalidad”.

Estas comisiones de seguridad sehan multiplicado en los últimos tresaños, y han logrado una formalizaciónpor parte del Ejecutivo Nacional, perosiguen siendo ilegales. El MinisterioPúblico ha buscado legitimarlas, omás bien blanquearlas, garantizandoque sus miembros no resulten impu-tados por las torturas y asesinatos enque están involucrados. Se tiene noti-cia de que estas comisiones han par-ticipado en desalojos de campesinosen el interior del país, así como en lamuerte de varios dirigentes sociales,convirtiéndose verdaderamente en ungrupo muy temido a nivel nacional, apesar de que podría identificarse comola principal estrategia de seguridad delgobierno de Duarte Frutos.

PRINCIPALES FUERZAS REPRESI-VAS

Hay un incremento de actividadesmilitares, policiales y paramilitares dediferente tipo en las zonas rurales, conel resultado, según el dicho del Presi-dente del Congreso, Enrique GonzálezQuintana, de un acumulado de 2000campesinos procesados hasta la fecha,además de desalojos, quemas de vi-viendas, violaciones, tortura y asesi-natos.

Las distintas organizaciones delcampo expresan la sistemática repre-sión que sufren, en la forma deallanamientos, desalojos, quemas deviviendas, prisiones, torturas, asesi-natos, y procesamiento de luchadoressociales y políticos.

La militarización del campo se agra-vó desde el año 2003, cuando el de-creto 167 autorizó a las Fuerzas Ar-madas a actuar en tareas de seguri-dad interna, en colaboración con la Po-licía Nacional.

Los cuatro tipos diferenciados defuerzas represivas armadas son:

- bandas de matones irregulares, pa-gadas por los hacendados, que pue-den ser grupos constituidos comoguardias blancas o matones que tra-bajan por “pieza”, o sea, por personaasesinada;

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- las Comisiones de Seguridad Ciu-dadana, creadas a instancias del Minis-terio del Interior, en coordinación conlas municipalidades y gobernaciones,quienes realizan controles dedocumentaciones, establecen horariosde permanencia en las calles, atemori-zan a la gente y reprimen a los sectorescampesinos. Varios de los miembros deestas comisiones posteriormente pasana ser contratados por empresas de se-guridad (los capangas o matones sonuna categoría independiente a las Co-misiones, y estas últimas son indepen-dientes a las empresas de seguridad);

- empresas de seguridad privadasvinculadas a las asociacionesagropecuarias y compuestas por ex po-licías y militares, como la Empresa Ru-ral de Seguridad Campesina;

- Policías y Ejército en acción direc-ta, ya sea en la represión de manifes-taciones, instalando destacamentosjunto a los asentamientos campesinos(ejemplos de Paso Yobaí y Jhugua Ñan-dú), con su presencia en las escuelasrurales o en otras variantes similares.Se denuncia que, por su actuación, seconfunden muchas veces con las guar-dias privadas de los hacendados.

Hay información sobre la ocupaciónmilitar de tierras y locales de las orga-nizaciones campesinas, como en el

caso de la Organización Campesina deDesarrollo Comunitario del Guaira(OCDCG), en Paso Yobai, en que elasentamiento 8 de Diciembre sufrió unallanamiento por parte del Ejército yfue tomado el local de la organización,incautando sus bienes y medios de co-municación, y haciendo huir a su di-rigente, Isidoro Paredes. Esta situa-ción data del año 2004 y se mantienehasta la fecha.

Las denuncias hablan de la actua-ción de los cuerpos de seguridad cons-titucionales (Ejército y Policía) y de losConsejos de Seguridad Ciudadana,creados recientemente por el Ministe-rio del Interior, además de las Fuer-zas de Tarea Conjunta, que son cuer-pos combinados policíaco-militares.Son estos cuerpos los señalados comoautores de las represiones, desalojos,violaciones e incluso asesinatos dedirigentes y miembros de las organi-zaciones campesinas.

PRINCIPALES ACTOS DE VIOLEN-CIA CONTRA CAMPESINOS

Los campesinos, en sus distintos re-latos, relacionan el avance del milita-rismo con la expansión de la fronterade la soja (la totalidad del cultivo desoja es transgénico), y con la necesi-dad de controlar a la población cam-pesina que se levanta al ser empuja-da de sus tierras, o desplazada comoconsecuencia de las fumigaciones conagrotóxicos.

A lo largo del camino entre Asun-ción y Horqueta, hay una gran canti-

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dad de poblaciones arrinconadas enla orilla del camino. También se pro-duce la expulsión de la población ha-cia Argentina (donde se calcula quehay alrededor de un millón y mediode paraguayos) y hacia España. Esti-man unos 80.000 campesinos despla-zados de sus tierras por año, que seagregan a los ya existentes 600.000campesinos sin tierra.

En el caso de los pueblos origina-rios, la desvinculación de la tierra afec-ta su propia existencia e identidadcomo pueblos. Las guardias de losparamilitares, para expulsarlos, lesqueman las casas, los cultivos, lospastizales. En algunos casos, los lati-fundistas los contratan (cada mil hec-táreas de soja se emplean alrededorde tres personas), pero se ocupa a lafamilia y se paga sólo al hombre, enun trabajo temporal en el que no serespeta ninguno de los derechos la-borales. También es común que con-traten a criollos provenientes de otrasregiones, buscando enfrentarlos conlos indígenas de la región, promovien-do el racismo y la desconfianza entreunos y otros.

Los paramilitares contratados – nosdicen los campesinos – forman cua-drillas de diez a quince matones queactúan en una región por alrededor detres meses, sembrando la muerte (seles paga «por pieza»). Muertos y des-aparecidos son cuenta corriente, y laúnica respuesta que se ha tenido delEstado es la impunidad y la complici-dad.

El gobierno agrede sistemáticamentea las organizaciones sociales. Uno desus locales, en Villarrica, fue ocupadopor los militares, y los dirigentes loca-les son perseguidos.

La represión, si bien se centra en elmovimiento campesino, por su nivelde organización, afecta también a to-dos los opositores. Los funcionariospúblicos que no responden al gobier-no viven bajo la amenaza de ser des-pedidos.

En el movimiento ciudadano de YbyYaú, se registra un total de 49 perso-nas muertas en los últimos años, ade-más de varios desaparecidos, entre losque se encuentra el periodista Enri-que Galeano, conocido como “Pirulito”,cuya desaparición motivó la organiza-ción de esta población para exigir jus-ticia. Los integrantes de Tesai RekaParaguay dicen que las prácticas decontrol social son las heredadas deStroessner: prebendas para quienesresponden al oficialismo, y castigo alos que se oponen (incluso la muerte).

La Organización Campesina del Nor-te informa que hay más de dos milcampesinos procesados por luchar endefensa de la tierra, y de una vida dig-na. El procesamiento funciona comomecanismo de control social, ya quequienes están imputados tienen que

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ir a firmar cada mes o dos meses enlas oficinas estatales, y si reinciden,van a prisión.

Los campesinos encarcelados conprocesos judiciales deben, para recu-perar su libertad y acogerse a las me-didas alternativas a la prisión, com-prometerse a no participar de ningu-na ocupación de tierra, cierre de ru-tas o de manifestaciones, además dela firma de comparecencia señalada,o bien deberán retornar a prisión, locual limita sobremanera los derechosa organización y manifestación.

El miedo es una constante entre lapoblación. Además, hay persecucióny cierre de radios comunitarias, conel secuestro de sus equipos.

La presencia militar norteamerica-na en Paraguay adopta diferentes mo-dalidades. Quienes han tenido máscontacto con la población en los últi-mos años son los grupos de militaresnorteamericanos que desarrollan es-trategias contrainsurgentes, en el mar-co de los operativos MEDRETES yNuevos Horizontes.

Las acciones desarrolladas en elmarco de los Medretes y de los Nue-vos Horizontes se presentan como ini-ciativas de carácter humanitario –«ayuda médica, odontológica, cons-trucción de pozos de agua, etc.» – que,

de acuerdo con los campesinos, resul-tan de dudosa calidad.

La «ayuda humanitaria», de acuer-do con la percepción de las organiza-ciones campesinas, persigue el con-trol de la población, y el adiestramien-to de tropas sobre el terreno. En uncomunicado entregado por la Organi-zación Campesina del Norte (OCN), in-tegrante de la Mesa CoordinadoraNacional de Organizaciones Campesi-nas (MCNOC), del 27 de marzo de2006, manifiestan:

Denunciamos a este gobierno deNicanor Duarte Frutos, por su cobar-día más grande, ya que se aprovechande la miseria y la necesidad de los com-patriotas, para cumplir con sus pro-yectos pro-imperialistas, ya que hacepoco ha revitalizado la Doctrina de Se-guridad Nacional, utilizando variospretextos. Este nuevo convenio conEstados Unidos otorga a los militarestotal impunidad... Estamos indigna-dos como Norteños, porque somosconscientes que todas las necesidadesen el departamento no son responsa-bilidades de militares, y mucho me-nos de estos mercenarios que tantoshombres mataron en toda la historia,para imponer sus recetas, y despojarde sus riquezas. Si no cesa la filosofíadel despojo, nunca cesará la filosofíade la lucha.

Como respuesta a las necesidadesy demandas crecientes del movimien-to campesino, se ha venido desarro-llando una intensificación de las pro-testas, en todos los departamentos de

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Paraguay. Movilizaciones, ocupacio-nes de latifundios, cierres de rutassimbólicos, son las formas de luchautilizadas para reclamar por los dere-chos a la tierra, a la salud, a la educa-ción, a la justicia, por una auténticareforma agraria y para exigir la liber-tad de quienes han sido detenidos.Una vez más, lo que han recibido comorespuesta los campesinos, es la bru-tal represión, con decenas de mani-festantes presos y heridos graves, in-cluso niños desaparecidos.

En San Pedro del Paraná, departa-mento de Itapúa, se denuncia la pre-sencia de un destacamento militarjusto en medio de cuatroasentamientos campesinos, los cua-les fueron despojados de 5 hectáreascon el propósito de construir la sededel destacamento. Además de intimi-dar a la población campesina, los mi-litares realizan actividades de frag-mentación comunitaria y proselitismopolítico al plantear a las comunidadesque ellos pueden gestionarles sus rei-vindicaciones sin necesidad de llevara cabo acciones de protesta y conmayor celeridad que las organizacio-nes sociales que los representan.

La extensión del latifundio y de lafrontera sojera se identifica como mo-tivo del desalojo de los campesinos.Los empresarios sojeros, entre los quese señalan reiteradamente al lado dela oligarquía paraguayo-brasileña y dela empresa estadounidense Monsantoy a su socia Cargill, se valen de unaempresa denominada Guardias Rura-

les, S. A., formada al parecer porreclusos liberados y propiedad de exmilitares, para realizar las expulsio-nes y apoderarse de las tierras cam-pesinas, a tal punto que se habla de“zonas liberadas” donde las fuerzas delEstado no intervienen, dejando enmanos de estas empresas la “seguri-dad” de estas zonas.

Adicionalmente a los problemas de-rivados de la acción directa de cuer-pos militares, policiales yparamilitares, muchas veces en fun-ciones de protección de las activida-des sojeras – incluida la extensión delárea apropiada en detrimento de lastierras campesinas y los consecuen-tes desalojos y asesinatos de sus pro-pietarios –, se reporta una alta inci-dencia de morbilidad derivada del usomasivo de agrotóxicos. Losseñalamientos de daños a la salud sonalarmantes y se pueden constatar sig-nos visibles de enfermedad. Estos pro-ductos han provocado daños a los tra-bajadores que están en contacto di-recto con ellos, pero también tiene im-pactos fuertes sobre la población engeneral, al ser alcanzada por las sus-tancias que se evaporan después delas lluvias y son respiradas por todoslos miembros de las comunidades dela región fumigada o fertilizada. Se tie-

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ne registro de muertes por losagrotóxicos y de casos de hidrocefaliaen recién nacidos.

En Paraguay, se reconocen 90 milindígenas actualmente que mantienensus hábitos de vida ancestrales. Es-tas poblaciones están siendo afecta-das por la privatización de las tierras,que les cierra o les bloquea sus áreasde recolección o de caza. Esta situa-ción provoca su migración a los cin-turones de miseria en las ciudades ylos convierte en objeto de la represiónurbana. Los que se mantienen en lasáreas rurales son víctimas de las guar-dias blancas que maltratan y asesi-nan a los varones y violan a las muje-res, o son coptados por ONGs, iglesiay partidos políticos.

La militarización del ámbito ruraltiene una vertiente militar y otraparamilitar que se combinan entre sí,aunque cada una tiene un estilo pro-pio. Desde luego, ambas comparten undiscurso que tiende a criminalizar alcampesinado, intentando convertirlode víctima en victimario.

En total, el número de fuerzas irre-gulares asciende a 22 mil, frente a 10mil de la policía y 13 mil de las Fuer-zas Armadas. Esto significa que lasfuerzas paramilitares y parapolicialesestán a punto de rebasar a las fuer-

zas de seguridad legales, dando lugara un paulatino vaciamiento de la so-beranía del Estado en el territorio na-cional y a una creciente impunidad re-presiva.

Cabe destacar que el 1% de la po-blación es propietaria del 80% de lastierras. Este dato por sí solo indica laconflictiva situación del campo para-guayo.

Cuatro son las causas que se argu-yen para la persecución del campesi-nado:

- Vincularlo a la delincuencia co-mún: discurso de los policías que li-gan al campesinado con el abigeato,el contrabando, y el desorden en ge-neral.

- La criminalización de sus protes-tas, judicializando los conflictos yabriéndoles causas a los manifestan-tes.

- Vincular la dirigencia campesinaa las causas de secuestros.

- Vincular la dirigencia campesinaa una supuesta actividad guerrilleraincipiente, relacionada principalmen-te con guerrillas de larga data comolas colombianas.

LOS EJERCICIOS MILITARES DELEJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

En el caso de la realización deMEDRETES (Ejercicios de Entrena-miento de Guardia Médica), la pobla-ción atendida, preferentemente muje-res e infantes, señala que el diagnós-tico – si lo hay – es siempre muy su-perficial, que se entregan o se le apli-

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can medicamentos sin precisar lo queson y un mismo medicamento se apli-ca al parecer colectivamente, a pesarde que las dolencias no sean simila-res. Estos medicamentos son asocia-dos por la población a la incidenciade hemorragias y abortos en las mu-jeres atendidas, por lo cual será nece-sario realizar un análisis químico delas sustancias utilizadas, que nos hansido proporcionadas por la población.

La realización de los MEDRETES hacoincidido con algunas violaciones alas mujeres jóvenes del área circun-dante, aunque sin precisar quienesson los responsables directos. Los ejer-cicios MEDRETES, además de ofrecerconsultas médicas, incluyen operacio-nes adicionales de filmación del lugar,infiltración en las comunidades y re-colección de datos.

Los militares paraguayos los acom-pañan y hacen las veces de traductoresen los recorridos en que se realiza unaespecie de censo con la población, pre-guntando cuánta tierra tienen, qué cul-tivan, si tienen letrina, cuántos son, etc.

Los oficiales de las Fuerzas Arma-das estadounidenses cumplen funcio-nes de capacitación y entrenamientoa los cuerpos de seguridadparaguayos, y participan en la crea-ción de cuerpos de seguridad incons-titucionales, como los Consejos y Co-misiones de Seguridad Ciudadana. Apesar de esto, en la realización de losMEDRETES los efectivos paraguayossólo se ocupan de proteger a la mi-sión estadounidense sin intervenir en

sus actividades. No hay, por ejemplo,médicos paraguayos que participenjunto con los estadounidenses. La ca-pacitación a los cuerpos de seguridado militares paraguayos parece efec-tuarse independientemente de estosejercicios y estar sobre todo relacio-nada con la lucha contrainsurgente oantinarcóticos.

Algunos de los medicamentos pro-porcionados a la población, que reco-miendan o aplican sin discriminacióndel tipo de dolencia o problema de sa-lud correspondiente, son modestosanalgésicos como el IBUPROFEN, locual obliga a reflexionar sobre lo des-proporcionado de una misión de alre-dedor de 30 personas (en cadaMEDRETE) con alta especialización –puesto que se trata de los entrenado-res de sus equivalentes paraguayos –que sea trasladada desde la otra pun-ta del continente para repartir simplesanalgésicos en lugares recónditos delChaco o la selva paraguayos. La laborde los estadounidenses en esta zonaparece relacionarse más bien con eldescubrimiento que ellos mismos hi-cieron recientemente de yacimientosde petróleo y gas.

De acuerdo con las especificaciones,el IBUPROFEN es simplemente unanalgésico. Otro medicamento utiliza-

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do por la población supuestamenteatendida se encuentra en el laborato-rio en proceso de análisis. Además deestos dos fármacos, la gente, particu-larmente las mujeres, reporta habersido inyectada sin saber que tipo desustancia se le aplicó, pero relacionán-dola con posteriores hemorragias, loque exige investigar si no se trata desustancias abortivas o esterilizantes.

Testimonios destacan la colocaciónde unas marcas de metal sobre la tie-rra, a manera de boyas, en la regiónde Pedro Juan Caballero. La poblaciónsospecha que se trate de la identifica-ción o delimitación de zonas con ri-quezas naturales de interés estratégi-co o, por lo menos, económico, talescomo mica, minerales y diamantes.Pero también podrían ser marcas co-rrespondientes a las capas freáticasmás finas que facilitarían la explota-ción del acuífero Guaraní.

En la zona estratégica de la triplefrontera, desde inicios de 2006, seinstalaron equipos de control detránsito en por lo menos cinco puntosdistintos y se señala también que losoficiales de los Estados Unidos nosiempre van uniformados peromantienen una presencia constanteen la zona. Se denuncia la instalaciónde una oficina del FBI en la parte

paraguaya de la triple frontera y deotra de la CIA, aunque encubierta. Lade la DEA se encuentra en Pedro JuanCaballero.

CASOS EJEMPLARESComisión Vecinal de CampesinosSin Tierra Tetaguá Guaraní

La comunidad campesina sin tierraComisión Vecinal “Tetaguá Guaraní”está ubicada en el km 168 de la rutaVI, distrito de Iruña y Naranjal, de-partamento de Alto Paraná. Lacomisión vecinal es miembro de laOrganización de Lucha por la Tierra(OLT), está compuesta de 1.200familias y, desde agosto de 2003, estáen trámites con el INDERT para po-der asentar a todas las familias a unarazón de 10 hectáreas para cadafamilia y formar una colonia agrícola(expediente administrativo No. 4355/03 en el INDERT).

Las tierras que la comisión vecinalreclama son propiedad de AGROPECOS.A. Algunas de las personas queestán demandando tierra fueronobreros de esta empresa, quienes, des-de que se convirtieron endemandantes de tierra, no puedentrabajar más en dicha empresa.

Los inmuebles cuya fracción se re-clama suman en total 53.689,0477hectáreas, cuya finca original es la deNo. 5.400 del distrito de Jesús yTrinidad. La comisión vecinal ha soli-citado al INDERT que realice unestudio de dicha finca matriz y susdesprendimientos para detectar la

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existencia en estas propiedades de ex-cedentes de tierra pertenecientes alEstado paraguayo que fueronapropiadas en forma ilegal.

AGROPECO afirma que la tierra noes de ellos porque la vendieron.Además, existe un área que está enmanos de arrendatarios. Ante la de-manda, han estado en negociación,pero aún no hay una repuestasatisfactoria. El INDERT argumentaque no tiene dinero para comprar latierra demandada.

En su defecto, se solicita laexpropiación por causa de interés so-cial. Si bien por los grandes cultivosde soja los inmuebles pueden estar ra-cionalmente utilizados conforme a loque la ley agraria establece (el 30% dela superficie agrológicamente útil debeestar mejorado), hay un interés supe-rior a la economía de dichas fincas,que es el interés social, que en estecaso es el derecho humano de los agri-cultores a alimentarse, a tenervivienda y trabajo, derechos que lespermite el acceso a la tierra. Porque sise tiene en cuenta sólo el interés eco-nómico, corren el riesgo de desapare-cer las comunidades campesinas delos departamentos del país afectadospor el cultivo de la soja que son todala parte sur, sureste y norte de laregión oriental.

Como una manera de presionar alas autoridades para que se atienda asu demanda de tierra, la comunidadcampesina ocupó el inmueble encuestión el 23 de junio de 2004. Pos-

teriormente, fueron desalojados de élen forma violenta en tres oportunida-des. Los miembros de la comunidadrelataron a los integrantes de la misióncómo la policía y los grupos deseguridad civiles armados quetrabajan para la empresa AGROPECOdestruyeron los cultivos deautoconsumo, quemaron los ranchos,alimentos y víveres, camas, colchones,ropas, y contaminaron pozos de aguacon basura y venenos. Varias de laspersonas golpeadas durante losdesalojos a la fecha todavía muestranlas marcas dejadas por la golpiza. Laspersonas entrevistadas por la MisiónInternacional de Observación aParaguay declararon que el fiscal deSanta Rita, Julio César Yegros, estuvopresente en los desalojos. Durante eldesalojo de noviembre de 2004, fueronheridas numerosas personas.Además, la policía detuvo y encarcelóa 14 personas, entre ellas 2 mujeres,una de ellas madre soltera con 7 hijosy la otra con 3 hijos. Después de unmes de arresto, las 14 personassalieron de la cárcel y actualmentetienen medidas sustitutivas.

Actualmente, miembros de lacomisión vecinal se encuentran acam-pados a la orilla de la carretera y de lapropiedad en cuestión. En el

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campamento, se encuentranapróximadamente unas 60 personasde manera rotativa; el resto tiene queir a vender su fuerza de trabajo paraalimentar a su familia y ayudar a losque están en el campamento. Enalgunas ocasiones, un grupo depersonas de la comisión se moviliza aAsunción para presionar al INDERTmediante plantones, por ejemplo, paraque se resuelva su situación.

Como producto del constantehostigamiento policial, los niñossufren de afectación psicológica (seponen nerviosos y lloran cuando venlas patrullas en la carretera). Lapersecusión y las amenazas de muertecontra los dirigentes de la comisiónson permanentes. Las personas entre-vistadas expresaron que teníanmuchas dificultades para conseguiralimentos en el campamento, al puntoque ya han muerto niños pordesnutrición. Los niños en edad esco-lar no pueden asistir a la escuela, notienen agua potable, entre otrasrazones porque el arroyo que tienenestá contaminado por agrotóxicos dela empresa. En el campamentotampoco tienen atención médica y, siasisten al centro de salud, no lesatienden ni les dan medicinas si se dancuenta que son del campamento.

Para solventar el problema delhambre, las familias tienen quesembrar sus alimentos en tierras deotras personas, aunque no son áreassuficientes para suplir las necesidadesde las familias. La situación de hambreha ocasionado que algunas familias sehayan retirado del campamento yemigrado a la ciudad o a otros países,como Argentina.

En el campamento, han creado unsistema de seguridad, de distribuciónde trabajo (unos producen, otroshacen gestiones) y hay educaciónautoorganizada para los niños. Lasmujeres y los jóvenes participan acti-vamente en las diferentes actividadesdel campamento.

ASENTAMIENTO CAMPESINOPRIMERO DE MAYO

La comunidad campesina “Primero deMayo” está compuesta por 145 familias,actualmente acampadas en unapendiente en Pirapey 70, en el distritode Edelira, departamento de Itapúa.

El asentamiento Primero de Mayo seformó a inicios del año 2000, cuandoel entonces Instituto de BienestarRural (IBR) ubicó a 145 familias en unárea de 140 hectáreas. Desde el prin-cipio, la comunidad reclamó lainsuficiencia del tamaño de las tierrasdesignadas. Después de unos meses,identificaron una finca no explotadade 1.020 hectáreas (N° 3786), queentonces pertenecía a la Compañia deConstrucciones Civiles (CCC). Loscampesinos solicitaron al IBR la com-

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pra de las tierras para ampliar sus cul-tivos y ocuparon unas 800 hectáreasde esta finca (N° 3786). Además de noser racionalmente explotada por elpropietario, se trataba, según loscampesinos, de tierras malhabidas. LaCCC, después de la ocupación, ofertóla tierra al INDERT para su venta, perola institución la rechazó, razón por laque CCC la vendió a Juan Carlos PlateFerreira, su actual propietario. Estealquiló la finca a Florencio CeferinoMolinas y Francisco Castro.

Después de cultivar la finca duran-te casi seis años, las familias fuerondesalojadas en varias etapas entrediciembre de 2005 y marzo de 2006 yapiñadas de nuevo en una superficiede sólo 140 hectáreas, donde carecende acceso a una alimentación básica,a agua potable y a condicionessanitarias adecuadas.

En la entrevista con los integrantesde la Misión Internacional deObservación a Paraguay, las familiasrelataron que en los seis años entre laocupación y el desalojo, habían conse-guido condiciones de vida satisfactoriaspara todos. Pese a la ausencia de ayudasdel Estado y de la falta de acceso a cré-ditos, consiguieron producir alimentoscomo maíz y mandioca en cantidad ycalidad suficientes para elautoconsumo, además de cultivos comosoja, algodón y otros productos quevendían en el mercado y, de estamanera, ganaban el dinero necesariopara satisfacer otras necesidades bási-cas como ropa, educación y salud.

Esta situación cambió radicalmen-te con los desalojos forzosos a partirdiciembre de 2005, que redujeron elespacio de vida y cultivo de las 145familias a unas 140 hectáreas. El 17de diciembre de 2005, la Policía Naci-onal, encabezada por el Fiscal NelsonRamos de Edelira y acompañada porel abogado de Ceferino Molinas yFrancisco Castro, Gustavo Benítez,apareció en el asentamiento y convocóa una reunión, supuestamente enbusca de una mediación con loscampesinos. Una vez que unos 300campesinos se habían reunido en ellugar, la policía intentó aprehender alos líderes campesinos y empezó adesalojar a la comunidad. Loscampesinos dieron testimonio a lamisión de la inmensa violencia porparte de la Policía Nacional, cuyosagentes dispararon balas de gomacontra las personas, hiriendo, entreotras, a Gladys Estela Vásquez, quiense encontraba embarazada y, aconsecuencia de los disparos, dio a luzprematuramente. La misión verificótambién las graves heridas producidaspor las balas de goma y hoy todavíavisibles en la espalda del Sr. PedroAcosta..Este y otras personas fueron,según los campesinos, detenidas yllevadas a prisión durante 15 días sin

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ninguna asistencia médica. Segúndeclaraciones de los líderes de lacomunidad y del MCNOC dadas en laFiscalía de Edelira en marzo de 2006,el desalojo se realizó sin orden judicial.

El desalojo, que empezó el 17 dediciembre de 2005 y luego procedió envarias etapas hasta marzo de 2006,destruyó radicalmente las condicionesde vida de las familias y todos los lo-gros de seis años de trabajo. En la en-trevista con la misión, los campesinosrepitieron la denuncia hecha por es-crito ante la Fiscalía de Edelira de que,tras el desalojo, fueron destruídas yquemadas 82 casas y todos los culti-vos de la comunidad, al mismo tiempoque desaparicieron numerososanimales domésticos como cerdos,gallinas y otros. El impacto sobre elderecho a la alimentación es grave por-que las familias perdieron su accesoa los medios para alimentarse a símismos. La seguridad alimentaria seagravó, además, por el hecho de quelos propietarios (inquilinos) de la fin-ca prohibieron a las familias sacar sucosecha. Tras reuniones conMonseñor Gogorza, actual Presidentede la Conferencia Episcopal delParaguay, la Pastoral Social, otrasorganizaciones y algunos legisladoresen la Comisaría de Edelira, los inqui-

linos prometieron devolver los alimen-tos. Sin embargo, hasta el día de lavisita de la misión, los campesinos sólohabían recibido una parte de la soja ydel algodón confiscado, pero siguensin el maíz, la mandioca y otrosproductos claves para la alimentación.Las familias campesinas denunciaronen la entrevista con la misión que notienen acceso regular a la alimentaciónadecuada y están sufriendo hambre.

El hambre ya está afectando grave-mente la salud de muchos miembrosde la comunidad. La incidencia deenfermedades como diarrea, dolor deestómago y gripe ha aumentadoconsiderablemente desde losdesalojos, sobre todo entre losaproximádamente 240 niños y niñasde menos de 10 años que viven en elasentamiento. Es alarmante que eneste año ya hayan muerto 6 niños porproblemas de alimentación y salud. Laúnica fuente de agua potable de lacomunidad es un pequeño pozo delque sale agua turbia y de calidad muycuestionable. Las erupciones cutáneasque se pueden ver en algunos niñosson otro indicador de los graves pro-blemas de alimentación y de higieneen la comunidad, especialmente en-tre los niños. Estos, además, carecende acceso a vacunas y medicinas bá-sicas para combatir las enfermedadesque surgen por las malas condicionesdescritas.

La situación de los niños empeoraráa largo plazo si el problema básico dela tierra no se soluciona. Por la falta

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de recursos, las condiciones para laeducación son muy malas, a pesar delos grandes esfuerzos de lacomunidad. Sólo existe un profesorresponsable para todos los niños.Faltan los materiales necesarios, comocuadernos, libros y espacio para unaeducación adecuada, y ellos noreciben ninguna ayuda por parte delMinisterio de Educación. Además, haymuchos niños traumatizados por laviolencia del desalojo. El miedo vuelvecada vez que ven a la policía, razónpor la que pidieron, sin éxito, que lapolicía dejara de hacer patrullas en lazona. Según los campesinos, personasasociadas a los propietarios asustarona los niños diciendo que serían ata-dos o colgados de los árboles si suspadres seguían viviendo allí.

COLONIA MARÍA ANTONIAARROYITO

En la Colonia María AntoniaArroyito, Distrito de Mbuyapey, Depar-tamento de Paraguarí, hay un grupode campesinos conformado por 60familias, que viven en una situaciónde gran pobreza por falta de tierra. Lamayoría de las personas trabajancomo jornaleras en fincasminifundistas; trabajan sólo dos díasa la semana y les pagan 12 milguaraníes (2,25 USD) a los hombres y8 mil guaraníes (1,5 USD) a lasmujeres por un día de trabajo. Lasfamilias sufren diversos problemas desalud, como enfermedades de la piely dengue, a causa de la abundancia

de mosquitos en la zona, y no cuentancon ningún tipo de atención médicani sanitaria. Los niños tienen quecaminar más de 3 km para ir a laescuela. La situación alimentariatambién es muy precaria y viven de loque pescan en el río.

En el año 2004, las familiasorganizaron la Comisión VecinalSanta Librada para empezar a tra-mitar tierras ante el INDERT. Lacomisión vecinal entró en contactocon Luis Beltrán, propietario de unafinca de 360 hectáreas, quien en unprincipio se mostró dispuesto a ven-der sus tierras al INDERT. Sin em-bargo, cuando el trámite de comprade tierras por parte del INDERT yaestaba a punto de culminar, elpropietario se retiró de la negociacióndiciendo que iba a separarse de sumujer y que ya no podía vender lastierras. Las familias, que ya estabanacampadas en el predio en cuestión,fueron posteriormente desalojadas,y se encuentran hoy en día acampa-das en frente de la finca del Sr.Beltrán. En vista del fracaso de lanegociación de compra-venta de latierra, la comisión vecinal solicitó alINDERT la expropiación del predio,que actualmente todavía seencuentra en trámite.

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El 19 de septiembre de 2005, el pre-sidente de la comisión vecinal, BenitoGavilán Rolón, fue víctima de unhomicidio frustrado y lesión corporalgrave por parte del Sub Oficial Mayorde la Policía y jefe del Puesto Policialde la Colonia María Antonia Arroyito,Francisco Brizuela; y del Sub Oficialde la Policía del mismo puesto, AgustínPérez. El autor moral del crimen fueLuis Beltrán, propietario del inmueblecuya expropiación ha sido solicitadapor la comisión vecinal. El Sr. GavilánRolón iba camino del pueblo cuandolos mencionados agentes de policía,vestidos de civil, lo emboscaron y ledispararon en la sien. El herido fueauxiliado por otros campesinos que loencontraron en el camino y lo llevaronal monte, donde permanecióocultándose por varios días. Duranteeste tiempo, agentes policiales al man-do del Comisario policial de Mbuyapey,Estanislao Cáceres, allanaron ilegal-mente la casa del Sr. Gavilán Rolón,maltratando a su mujer y a su hijo.La policía emprendió un rastrillaje porel monte para encontrar al Sr. GavilánRolón, pero sus compañeros losacaron caminando varios kilómetrospor el monte hasta ponerlo en caminohacia Asunción. A causa del atenta-do, el Sr. Gavilán Rolón perdió un ojo.

El hecho fue denunciado ante laFiscalía de Paraguarí y, en laactualidad, los autores tienen ordende prisión y se encuentran guardan-do prisión preventiva en la agrupaciónespecializada de la policía nacional. Elautor moral no fue procesado. Laspersecuciones al Sr. Gavilán Rolón, asu familia y a los demás miembros dela comisión vecinal continúan. El 3 dediciembre de 2005, los agentes depolicía Estanislao Cáceres y Francis-co Brizuela volvieron a atacar a lacomisión vecinal de Santa Librada,destruyendo los ranchos y las pocaspertenencias de las familias sin tierra.

A raíz del intento de homicidio co-metido contra el Sr Gavilán Rolón, lasorganizaciones sociales que integranla Plenaria Popular Permanente4

denunciaron ante la Corte Supremade Justicia la existencia de gruposparapoliciales o escuadrones de lamuerte en el seno de la Policía Nacio-nal. El objetivo de estos grupos con-siste en matar a dirigentes campesinosque reclaman la expropiación detierras con fines de reforma agraria.Estos grupos son contratados paracada operación de homicidio porlatifundistas y propietarios de tierrasafectados por la expropiación detierras. En la mayoría de los casos, losjefes policiales del lugar conocen ytoleran a estos grupos; en otros ca-sos, dichos jefes de comisarías o uni-dades policiales encabezan estos gru-pos y acciones de muerte. La denun-cia presentada contiene una lista par-

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cial de 18 dirigentes campesinosejecutados extrajudicialmente por gru-pos para policiales, crímenes estos quenunca fueron investigados por lajusticia, a pesar de la denuncia de losfamiliares.

NIÑO SILVINO TALAVERA MUERTOPOR INTOXICACIÓN CONAGROTÓXICOS

Silvino Talavera es un niño de 11años que murió como consecuencia dela fumigación con pesticidas el 7 deenero de 2003, en Pirapey, km 35, dis-trito de Edelira, departamento deItapúa. Silvino Talavera era el décimode 11 hermanos. Sus padres son JuanTalavera y Petrona Villasboa deTalavera, esta última activista de laorganización social de mujeresCONAMURI. El 2 de enero de 2003,Silvino se dirigía en su bicicleta haciasu casa llevando mandados delalmacén. A pocos metros de alcanzarsu vivienda, él y su primo Gabriel secruzaron con Hermann Schlender,quien se encontraba fumigando susplantaciones de soja vecinas. Mientrasel niño y su acompañante cruzabanfrente a la máquina pulverizadora,Schlender activó el dispositivo de lamáquina y bañó a Silvino Talavera conel herbicida, así como la carne y losfideos que llevaba. Gabriel pudo es-quivar el chorro y, aunque tambiénaspiró el veneno, no le ocasionó losmismos daños que a Silvino. Una vezque llegaron a casa, la hermanapreparó el almuerzo con los

comestibles que había traído el niño.Al cabo de unas horas, variosmiembros de la familia comenzaron asentirse mal, con náuseas, vómitos ycefáleas. El día 6 de enero, otro vecino,el señor Lauro Laustenlager, fumigóotra parcela de soja que queda a sólo15 metros de la casa de la familiaTalavera-Villasboa. Esta fumigación serealizó al filo del medio día y con unfuerte viento que soplaba hacia sucasa. La peor parte se la llevó Silvino,que recibía ya el tercer impacto deagrotóxico. El día 7, Silvino fue inter-nado en el Centro de Salud de Edelira,junto con su madre, su hermana Sofía,de 12 años, y sus hermanos Nicolás,de 19, y Justiniano, de 9, entre otros,donde los médicos les diagnosticaronun cuadro de intoxicación grave cau-sada por agrotóxicos. La única vacaque poseía la familia Talavera-Villasboa y que estaba sana y preñada,amaneció muerta el día siguiente.Otras 20 personas, miembros de lacomunidad adyacente a los cultivos desoja mencionados fueron gravementeafectadas por la intoxicación, siendotrasladadas a centros asistenciales dela capital departamental.

Por la gravedad de intoxicación deSilvino, y porque no había ni un fras-co de suero en el Centro de Salud de

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Edelira, el niño fue trasladado a uncentro de la Aldea SOS de Hohenau.Al ver que su estado era muy grave yque ya estaba moribundo, la Sra.Villasboa de Talavera recorrió deses-peradamente más de 200 km con suhijo hasta llegar al Hospital Regionalde Encarnación. Sin embargo, elesfuerzo de reanimación no tuvo éxitoy Silvino murió a pocos minutos de lallegada.

Ante la denuncia realizada por laSra. Villasboa de Talavera ante elMinisterio Público, éste acusó a losresponsables del hecho. La justiciacondenó a Schlender y Laustenlagera dos años de penitenciaría. Este juiciofue anulado y se reinició, siendo devuelta condenados los responsables ados años de cárcel, mediante senten-cia dictada el 30 de junio de 2005. Estasentencia fue apelada por los conde-nados y, en la actualidad, está siendotramitada en el Tribunal de Apelación,2ª sala, de Encarnación. Por falta deagilización de parte del Tribunal, existeel serio riesgo de extinguirse la acciónpenal por morosidad judicial.Asimismo, los condenados están aúnen libertad en sus respectivosdomicilios, quedando el crimen impu-ne y sin que la familia de la víctimahaya recibido indemnización alguna.

Según un documento del MinisterioPúblico de Edelira, los cultivos de sojade la localidad no cuentan conbarreras de protección y laspulverizaciones de agrotóxicos no serealizan a una distancia segura. Otrodocumento, del Dr. José AntonioMayans Masi, Ministro de Salud Pú-blica y de Bienestar Social, pide lasuspensión de las fumigaciones en laszonas afectadas, y en todos los luga-res del país donde se realicen estostrabajos. Sin embargo, hasta ahora,no se han tomado las medidascorrespondientes por parte de las au-toridades.

La familia Talavera-Villasboa sufreun ambiente de constante inseguridady amenazas. La Sra. Villasboa deTalavera fue amenazada de muerte porDemetrio Funes, capataz de los hoycondenados, y su familia recibió sis-temáticas persecuciones por parte delas autoridades municipales de lacomunidad. El cuñado del Sr.Schlender, Julio Alvarenga, ha intimi-dado a la Sra. Villasboa de Talaverapara que diga que Silvino murió deparasitosis y no denuncie a losproductores de soja, a lo que se ellase ha negado. Los vecinos de la Sra.Villasboa de Talavera siguen pulveri-zando en horarios no apropiados e in-cluso cuando hay viento, para intimi-dar a la familia y forzarla a mudarse aotro lugar. Uno de los hijos de la Sra.Villasboa de Talavera ya no puedeestudiar por la intoxicación crónicasufrida, ya que le duele excesivamente

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la cabeza y no se puede exponer alsol por el malestar que le causa. Acausa de la contaminación, lafamilia Talavera-Villasboa ha per-dido su cultivo de soja ecológica quese encontraba al lado de la sojatransgénica, sus 40 conejos, sus200 peces y la mayoría de susgallinas y cerdos. Los árboles hansido quemados por el veneno y hanperdido sus frutos, poniendo enpeligro la seguridad alimentaria dela familia. Las Fiscalías y losMinisterios no quieren admitir elproblema. No han venido represen-tantes del Estado o de institucionescompetentes para real izar lasinvestigaciones pertinentes. El Ins-tituto Nacional de Tecnología yNormalización (INTN) constató“ausencia de productos clorados yfos forados” en las muestrase fectuadas en e l s i t io de lacontaminación (soja, tierra, aguadel pozo, agua del arroyo al lado dela casa de las víctimas), aunque losanálisis de sangre y orina de loshermanos de Silvino han mostradola presencia de agrotóxicos.

La familia está siendo también in-timidada y discriminada por partede la esposa de HermannSchlender, que es catequista en laiglesia y le niega la comunión yconfirmación a sus hijos bajo pre-texto de que los Villasboa son“demónicos” – discriminación ydifamación que fueron denunciadasante Monseñor Gogorza, el Obispo

de Encarnación y actual presiden-te de la Conferencia Episcopal delParaguay. También la Sra.Schlender ha hostigado al cuñadode la Sra. Villasboa de Talavera,André Ave l l ino , quien eracelebrador de la palabra y a quienle han excluido de este servicio,marg inando as í a la fami l iaTalavera-Villasboa de la práctica desu creencia.

A comienzos de mayo de 2006,fue asesinado el hermano de la Sra.Villasboa de Talavera, SerapioVillasboa Cabrera, miembro delMovimiento Campesino Paraguayo(MCP). El Sr. Villasboa Cabrera,padre de seis hijos, tenía 35 años yvivía en el distrito de Obligado, de-partamento de Itapúa. Se sospechaque su homicidio está relacionadocon el conflicto de su hermana conlos productores de soja. El Sr.Villasboa Cabrera desapareció eldía 28 de abril de 2006 y su cuerpofue encontrado sin vida el 8 demayo. Según la autopsia realizada,e l Sr . V i l lasboa Cabrera fueasesinado brutalmente a puñaladasel mismo día de su desaparición porciviles armados organizados en lasautodenominadas “Guardias deSeguridad Ciudadanas”. El jefe de

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la Guardia de Seguridad Ciudadanade la región es el antiguo tractoristade Hermann Schlender, productorde soja involucrado en el conflicto.

La familia Villasboa ha denuncia-do, en el caso del Sr. VillasboaCabrera, la falta de interés por par-te de las autoridades locales de in-vestigar y encontrar a los culpablesde este asesinato. La fiscal, OlgaWilma Araujo, titular de la UnidadN° 1 Zonal de las Colonias Unidasde la IV Región de Itapúa, pocos díasdespués del hallazgo del cuerpo delSr. Vi l lasboa Cabrera, l iberórápidamente a los supuestosresponsables. No hay respuesta porparte de la justicia, no hay detenidosni imputados por el caso. Por otraparte, el propio hermano de lavíctima, Nicomedes Villasboa, hasido amenazado de ser víctima deuna muerte aún más cruel que lade su hermano. Según testimoniosde la familia, la fiscal les manifestósus reparos en realizar nuevosprocedimientos en pos delesclarecimiento del crimen, justifi-cando su inacción en que la familiaVi l lasboa buscaría benef ic ioseconómicos, haciendo referenciacon ello al caso del juicio por lamuerte de Si lv ino Talavera

Villasboa. También el Secretariomunicipal del Medio Ambiente,Juan Alvarenga, está en contra delos Villasboa-Talavera.

COMUNIDAD INDÍGENA PARAJEPUKÚ

La comunidad indígena ParajePukú de la parcialidad Mbyá Guaraníestá compuesta de 70 familias y estáasentada desde hace 40 años en unantiguo territorio indígena de 1.065hectáreas, en el distrito de Yhú, de-partamento de Caaguazú. Actual-mente, la comunidad reclama elreconocimiento y la legalización desu territorio ante el Estado.

El territorio indígena es parte deun terreno de 105.000 hectáreas delas fincas N° 13 en el distrito de Yhú,y las fincas N° 199, 1237, 1252 en eldistrito de San Estanislao. Este ter-reno pertenecía al Banco Nacional deFomento pero fue transferido por laLey 2.654 al INDERT.Lamentablemente, el INDERTtodavía no ha transferido las 1.065hectáreas en cuestión al InstitutoParaguayo del Indígena (INDI), orga-nismo responsable de los pueblos in-dígenas, para que éste proceda a ti-tular el inmueble a nombre de lacomunidad indígena. El INDERTtodavía no ha realizado los trabajosde mensura del territorio indígenanecesarios para la transferencia.

La Misión Internacional deObservación a Paraguay pudocomprobar la extrema pobreza en la

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que vive la comunidad Paraje Pukú. Detodas las comunidades visitadas por lamisión, esta comunidad es la que seencuentra en peores condiciones devida. Las familias trabajan la tierra demanera individual, produciendo bata-ta y mandioca para el autoconsumo,pero no cuentan con ningún tipo deapoyo del Estado para fortalecer sucapacidad productiva. La Sra. EtelvinaBernal dió un testimonio dramáticosobre cómo agentes del Estadopisotean la dignidad de la comunidaddiciéndoles que no les prestan apoyoporque supuestamente ellos no quierentrabajar, y cómo los amedrantandiciendo que las tierras no son de lacomunidad sino del Estado. Por otraparte, no todas las familias cuentan conpozos de agua y el arroyo de lacomunidad está contaminado. Nume-rosos niños presentaban enfermedadesde la piel y otros síntomas dedesnutrición. Las familias dijeron a lamisión que prácticamente no tienenacceso a servicios de salud.

La inseguridad de la tenencia de latierra de esta comunidad indígena esun factor central que agrava la pobre-za y la vulnerabilidad en la que seencuentra. Debido a la falta dereconocimiento legal del territorio in-dígena y a arraigadas prácticas dediscriminación, la comunidad ha sidovíctima, en varias ocasiones, de lainvasión de sus tierras por parte defamilias campesinas lideradas porAlvino Fernández, Arnaldo Giménez,Teodoro Fleitas y otros, quienes han

actuado instigados por un grupo polí-tico. Desde el 18 de octubre de 2005,se encuentran, hasta hoy, 65 familiascampesinas en tierras indígenas. Es-tas cultivan la tierra, cortan madera yaprovechan otros recursos. Las familiasinvasoras han amedrantado a lasfamilias indígenas, les han prohibidocortar madera, pescar y cazar en suterritorio, les han robado mandioca yanimales, al igual que han destruidootros cultivos. Los líderes de lacomunidad reciben sistemáticaspersecuciones y amenazas de muertepor parte de los invasores, aconsecuencia de las cuales lacomunidad no quiere salir al exteriorde sus territorios ni a los poblados.

La comunidad indígena hapresentado denuncias ante la Fiscalíade Yhú y la Fiscalía General del Esta-do, pero dichas autoridades no tomanlas medidas necesarias para protegera la comunidad de la usurpación desus tierras y del robo y destrucción desus cultivos y animales.

COORDINADORA DISTRITAL DESECTORES SOCIALES DEL DISTRI-TO DE YRYVUKUÁ

La Coordinadora Distrital de Sec-tores Sociales del distrito deYryvukuá, departamento de San

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Pedro, está compuesta por miembrosde diversas organizacionescampesinas, como el MCP, la OLT,la MCNOC, la Federación NacionalCampesina (FNC), miembros deasambleas populares y agentes depastoral de la Parroquia de SanNicolás, entre otros. El distrito deYryvukuá es una de las regiones másafectadas por las actividades de lasComisiones de Defensa y SeguridadCiudadana (también l lamadasguardias civi les, guardias deseguridad ciudadana o comisionesgarrote en otras regiones del país).Esta comisiones han sido denuncia-das por cometer todo tipo de actosilegales, crímenes, y arbitrariedadesen contra de dirigentes sociales, al-terando profundamente la vida de lascomunidades.

La existencia de la Comisión deDefensa y Seguridad Ciudadana dela región salió a la luz haceaproxiádamente dos años. Lacomisión fue creada supuestamentecon el fin de proteger a la poblacióncontra los delincuentes comunes queactúan en la región cometiendorobos, abigeato y otros crímenes. Elprincipal promotor de este tipo degrupos de autodefensa ha sido el Mi-nistro del Interior, Dr. Rogelio

Benítez, quien en el departamento deSan Pedro ha contado con el apoyodel gobernador, de algunosintendentes distritales y fiscales. Elcoordinador de estas comisiones enlos departamentos de San Pedro,Caaguazú y Canindeyú es MarcialChaparro, quien parece estarestrechamente l igado con elMinisterio del Interior y afirma quelas Comisiones en estos departamen-tos ya cuentan con más de 13 milasociados.

Al principio, la comunidad aceptóesta Comisión porque pensó que erapara proteger sus intereses y suseguridad. Sin embargo, una vez quelos miembros de esta Comisiónfueron armados, empezaron a parti-cipar en desalojos de familiascampesinas, a perseguir a líderessociales de la región, y a coaccionary querer controlar a lasorganizaciones sociales a su antojo.A continuación, presentamos lostestimonios de las personas que laMisión Internacional de Observacióna Paraguay tuvo la oportunidad deentrevistar sobre los atropellos ycrímenes que la Comisión de Defensay Seguridad Ciudadana que opera enla región ha cometido contra ellos.

Severiana López, del asentamientoPrimavera Real, relató cómo un gru-po de la Comisión encabezado porCarlos Martínez irrumpió en su casadurante una celebración familiaramenazándolos y conminándolos aterminar la fiesta. El mismo grupo

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ha hostigado a sus hijos y a ella lehan restringido el ejercicio de sutrabajo, ya que la obligan a cerrarsu tienda a las 6 de la tarde.

Dionisia Enciso, del asentamiento3 de Febrero, relató cómo el 29 dejulio de 2005 cerca de 100 hombresde la Comisión arrollaron con un trac-tor su casa y le dejaron una orden dedesalojo que se cumpliría en un plazode 8 días. Posteriormente, fueron ala casa de su hijo, Sindulfo Enciso, ytambién le dejaron una orden de de-salojo que se cumpliría en un plazode 24 horas. Su hijo fue asesinadoesa misma noche por hombres de laComisión. Carlos Martínez, cabecillade uno de estos grupos, manifestó quehabían matado al Sr. Enciso para“limpiar la ciudad”, porque él tienehijas y el difunto era un peligro paraellas. La Sra. Enciso denunció elcrimen ante la Fiscalía, pero la fiscalle dijo que ella misma debería averi-guar quién asesinó a su hijo. La Sra.Enciso contó a la misión que la razónpor la cual su familia se convirtió enblanco de los ataques es que laComisión estuvo tratando deconvencerlos a que se integren a lamisma, pero la familia de la Sra.Enciso se negó. La Sra. Enciso y sufamilia tuvieron que abandonar suterreno, vender su tierra y mudarsea otro asentamiento. Sin embargo, lasamenazas de muerte contra ella y sushijos continúan.

Marcelino Martínez, delasentamiento 2 de Mayo, contó cómo

Agapito y Patricio Pérez, dosmiembros de la Comisión, matarona su hijo Lucio Martínez y a un ami-go suyo, Luis Vera, por negarse aparticipar en la misma. Denuncianque, pese a haber hecho las denun-cias ante las autoridades, la policíay la Fiscalía no han investigado loshechos y los responsables no fueroncastigados.

Florencio Villalba, agente de pas-toral y coordinador de la comunidadVirgen del Carmen, relató cómoMarciel Chaparro lo invitó a confor-mar la Comisión, a lo cual él se negó.El Sr. Villalba manifestó que estáconvencido de que iniciativas comolas Comisiones de SeguridadCiudadana no son la forma de resol-ver los problemas de la comunidad,y así lo predica en sus actividadesreligiosas. Debido a su oposición ala Comisión, miembros de la misma,entre los que se incluyen familiaressuyos, empezaron a amenazarlo. Enuna oportunidad, miembros de laComisión allanaron su casa y lollevaron detenido a la estación depolicía de Yryvukuá sin presentarningún tipo de orden judicial. El Sr.Villalba ha sido amenazado demuerte y la Comisión le ha prohibidopredicar.

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Agustín Vera y Severiano Esquivel,otros dos agentes de pastoral de lacomunidad, también han sidoamenazados y hostigados pornegarse a participar en la Comisión,por oponerse a sus prácticas ymanifestarlo así en sus prédicas. ElSr. Vera relató a la misión cómo fueatacado con arma blanca por suspropios vecinos, Oscar Domínguez,José Luis Domínguez y AntonioDomínguez. El Sr. Esquivel, por suparte, denunció que había recibidouna citación de la Fiscalía con el finde prohibirle predicar en la iglesia.

Las personas entrevistadasrelataron que esta región tiene unahistoria de lucha por la tierra que seremonta a los años 1970. En esa épo-ca, jóvenes sin tierra comenzaron aorganizarse de manera clandestinacon el apoyo de la iglesia, para ocu-par latifundios y tierras malhabidas.En 1974 y 1975, comenzó laocupación masiva de la región, ymuchas familias lograron teneracceso a la tierra. Luego, en la déca-da de 1980, surgieron lasorganizaciones campesinas actuales,como la OLT, MCP y FNC, que sefueron organizando mejor,empezaron a confrontar con másfuerza el sistema de poder de la

región y, con base en el estatutoagrario y la ocupación pacífica detierra, lograron acceder a las tierrasen las que hoy viven. Teniendo encuenta este transfondo histórico y so-cial, las Comisiones de Seguridadson percibidas entonces como uninstrumento de represión y controlsocial justo en un momento en quelos conflictos por la tierra van en au-mento. Las personas entrevistadasdestacaron también que ya en 1997la Asociación Rural de Paraguayhabía expresado su interés de crearguardias privadas para defender susintereses.

Estas Comisiones de Defensa ySeguridad Ciudadana se han multi-plicado por todo el país en los últi-mos tiempos5 . En el mes de febrerode 2006, una delegación de laComisión de Derechos Humanos delSenado visitó el distrito de Yryvukuáy recibió múltiples denuncias de másde 250 personas. En la asamblea po-pular allí realizada, la Comisión deSeguridad Ciudadana y su líder,Marciel Chaparro fueron acusadosde cometer 7 asesinatos, de toturara 5 personas, de detener ilegalmen-te a 3, además de decenas de casospor amenazas y hostigamientos6 .Parlamentarios como el Senador JoséNicolás Morínigo, presidente de laComisión de Derecho Humanos delSenado, y el Diputado HéctorLacognata resaltan el carácter ilegalde estas Comisiones, ya que, segúnla constitución paraguaya, la fuerza

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pública está conformada en formaexclusiva por las FFAA y la PolicíaNacional, por lo que cualquierorganización armada que cumpla lasfunciones privativas de la Policía Na-cional, es un grupo parapolicial queactúa al margen de la ley. Losparlamentarios se comprometieron aimpulsar un proyecto de ley para ladisolución de estas Comisiones7 .

TEKOJOJA8

El 24 de junio de 2005, unas 54familias de Tekojoja sufrieron una vi-olenta represión que dejó a 130personas – incluyendo mujeres yniños – encarceladas, dos muertos,y una persona al borde de la muerte.Todo esto se produjo a raíz de unconflicto de tierra que se habríaproducido por la injerencia del Es-tado mismo.

La comunidad de Tekojoja se ubicaen el distrito de Vaquería, a unos 80km al norte de la ciudad deCaaguazú, en el departamento deCaaguazú, sobre un camino detierra, lejos de mercados paraproductos de la chacra, y con fuertedependencia de la economíaalgodonera, que a su vez crea unadependencia de los grandesacopiadores de la zona. Es decir, laeconomía campesina en esa regiónes precaria y sufre desproporciona-damente los choques de mal tiempo,de variaciones en el precio delalgodón, y los caprichos de los gran-des patrones.

La comunidad fue creada por la re-forma agraria en 1976. Siendo así,la mayoría de las tierras, quecomprenden una superficie de 500hectáreas, son todavía propiedad delEstado. Unas pocas parcelas hansido tituladas, pero la mayoría de lasfamilias sólo tiene “derecheras”, oderecho de ocupación de sus tierras,que es intransferible. Su condicióneconómica es precaria, y la falta decontrol por parte del Estado sobresus propias tierras hace que lapoblación de Tekojoja sea muyvulnerable a la introducción de unnuevo modo de producción mecani-zado como el de la soja transgénica,que afecta de golpe los precios de latierra, la situación laboral de losjóvenes y el medio ambiente.

Cuando la soja transgénica llegó alas comunidades cercanas a Tekojojaen 2000 y 2001, el cambio fueasombroso. Separados de una zonamayoritariamente brasileña y sojera(nucleada en el pueblo de Toledo) porun angosto arroyo, los pueblos del ladooeste sufrieron un avance repentinode sojeros buscando tierras yofreciendo mucho dinero por ellas. Noimportó que estas compras fueranilegales, en abierta contradicción convarios artículos del Estatuto Agrario.

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A medida que algunas personas de lascomunidades vendían sus tierras a lossojeros, otras familias campesinas sevieron obligadas a dejar sus tierrasporque en los lotes de sus antiguosvecinos ahora se fumigaba intensa-mente con agrotóxicos. En pocosaños, las comunidades de San Roque,Pariri, Adrizkue, Plancha de Julia yCalle Jardín desaparecieron comple-tamente; las escuelas se cerraron y lamayoría de la gente se trasladó a otroslugares. En las comunidades vecinasde Mbocaja’i, Santa Elena, Candelaria,Yata’i y Tekojoja se veía empezar elmismo proceso. En 2003, cuando unsojero de Toledo llamado AdemarArkari intentó comprar la segundalinea de Yata’i de golpe, y otros sojerosencabezados por Ademir Oppermanempezaron a comprar lotes para susoja en Tekojoja, un grupo decampesinos de la zona decidióreaccionar.

Los campesinos crearon unaorganización llamada MovimientoAgrario y Popular (MAP), y estudiaronla situación legal de las tierras. Sabiendobien que estas tierras se estabanvendiendo ilegalmente, los campesinoshicieron un reclamo al INDERT (enaquel entonces el IBR) pidiendo ladesafectación de las transferencias de

la tierra: 400 hectáreas en Yata’i yunas 200 hectáreas distribuídas entrece lotes en Tekojoja para serredistribuidas a campesinosnecesitados. Esperando la respuestade la institución, los campesinos seacamparon en los lugares pedidos. EnYata’i llegaron pronto a un acuerdocon la institución y crearon lacomunidad que ahora sigue allí.

En Tekojoja la historia fue un pocomás complicada. Los acampadosfueron desalojados de los lugares enuna ocasión, pero el INDERTrápidamente entendió el problema yresolvió a favor de los campesinos conla Resolución Presidencial 0467/03.Pronto levantaron casitas para unas50 familias, mientras los brasileñosapelaron la resolución del INDERTante el Tribunal de Cuentas, primerasala, abriendo un juicio caratulado“Marcia Ines Ripel y Otros c/Resolución PN 467/03.”

La apelación estuvo pendiente du-rante dos años en el Tribunal;mientras tanto, los brasileños, segu-ros de que iban a ganar el pleito, sepusieron nerviosos por la demora ydecidieron interponer un amparo ju-dicial ante el juez Nicesio Flores, se-guido de una orden de desalojo. El14 de diciembre de 2004, tiempo deplantar soja, llegaron policías anti-motines a Tekojoja para destruir lascasas de los campesinos, seguidos debrasileños en tractores quedestruyeron la mandioca y el maíz dela comunidad.

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Posteriormente, diferentesinstituciones del Estado actuaron demanera incoherente frente a estasituación: militares de un distritoadyacente acudieron a respaldar alos sojeros, mientras que la policíade Vaquería vino para proteger a loscampesinos. Desde Asunciónsalieron comentarios del PoderEjecutivo a favor de los campesinos,seguidos de ayuda para lareconstrucción de casas. La ordende desalojo fue revertida, y loscampesinos regresaron de nuevo asus chacras. A pesar de estasituación turbulenta y peligrosa, elTribunal de Cuentas seguía sin sen-tenciar sobre el caso.

El 24 de junio de 2005, los sojerosbrasileños consiguieron nuevamenteuna orden de desalojo en Tekojoja,igual a la que había sido revertidaseis meses antes. Esta vez,acompañados de 130 policías, dosfiscales (José María Tabogada y NellyVarela) y con camiones de carga,entraron en la comunidad a la ma-drugada, sacando gente de sus ca-mas y cargándola en los camiones.Al llegar al fin de la tercera línea dela comunidad, encontraron quealgunos niños ya se habían ido a laescuela, y por indicación de la fis-cal, fueron hasta la escuela asacarlos de sus aulas. Mientras ungrupo de brasileños fuertemente ar-mado y liderado por Oppermanquemaba las casas y robaba todas

las pertenencias, la policía llevó aunas 54 familias completas a lacárcel regional de Coronel Oviedo. Eldespliegue de fuerza contra lacomunidad fue tal que llegaron has-ta Yata’i 2, comunidad que nifiguraba en la orden de desalojo,donde quemaron dos viviendas másantes de enterarse de su error.

Después de que se retirara lapolicía, los brasileños tomaron la rutapara regresar a su comunidad de San-ta Clara y pasaron al lado de un gru-po de 30 campesinos que no habíansido arrestados y que se habían reu-nido para planificar su respuesta aldesalojo. Opperman y sus hombrescomenzaron a dispararles,asesinando a Angel Cristaldo, de 20años de edad, y a Leoncio Torres, de49 años de edad, e hiriendo grave-mente a Nicolás Gonzáles, de 19. Entotal, la represión del 24 de junio de2005 en Tekojoja dejó como saldo270 campesinos desalojados y des-pojados de sus pertenencias, 54viviendas quemadas, cosechasdestruidas, 2 personas asesinadas ymuchas otras heridas, y 130personas – incluyendo mujeres yniños – arrestadas, a pesar de que,según la ley, los niños soninimputables.

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Los brasileños trataron de ocul-tar sus acc iones pero no lolograron. El primer informe de lapolicía indicaba que había tenidolugar un enfrentamiento entrebrasileños y paraguayos, pero estofue desmentido con la aparición defotos del suceso que revelaron cla-ramente que los campesinos noestaban armados, y que las únicasarmas estaba en manos deOpperman y sus hombres.Opperman fue preso junto con otros24 hombres bras i leños yparaguayos que trabajaban comoguardias c iv i les durante laoperación. El gobierno paraguayoreaccionó de nuevo mandando cha-pas y víveres hasta el lugar. Lasfamilias empezaron, por terceravez, a reconstruir sus viviendas conel apoyo fraterno de comunidadescercanas y lejanas. Centenares depersonas se acamparon en el lugarde los hechos para demostrar suapoyo a la comunidad durantevarios meses. Presionado por losacontecimientos, el Tribunal deCuentas f inalmente emit ió sudecisión que resultó ser a favor dela desafectación de los lotes, esdecir, favorecieron al INDERT y alos campesinos en agosto de 2005.

La impunidad de los crímenes co-metidos contra la comunidad deTekojoja ha sido alarmante. Consi-derando la gravedad de los hechos,las consecuencias para quienesperpetraron estos crímenes han sidomínimas. Los brasileños detenidosfueron l iberados por “falta depruebas”. El Sr. Opperman pasó untiempo bajo arresto domiciliario an-tes de fugarse de la justicia. Sólo uncampesino pobre de Tekojoja seencuentra todavía encarcelado. Lafiscal Nelly Varela fue duramentecuestionada en los medios de pren-sa, pero nunca se inició un procesoformal de investigación por suactuación.

La sentencia del Tribunal deCuentas fue apelada nuevamente yse encuentra actualmente en la CorteSuprema de Justicia esperando unnuevo juicio. Mientras no se decidael caso, la comunidad de Tekojojasigue viviendo en un estado de te-mor en el que los rumores de desa-lojo son cotidianos.

1 Riquelme, Quintín, “Movimiento Campesino” en Derechos Huma-nos en Paraguay 2001, pág. 219-220, CODEHUPY 2001.2 Valiente, Hugo, “¿Retorna la Tortura” en Derechos Humanos enParaguay 2002, p. 45ss, CODEHUPY 20023 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (DGEEC).Resultados preliminares de la estimación de Pobreza y Distribuciónde Ingreso en Paraguay – Encuesta permanente de Hogares, 2003.4 La Plenaria Popular Permanente está compuesta por la OLT,MCNOC, CONAMURI, la Organización Nacional Indígena (ONAI) y laCoordinadora Interdepartamental Sebastián Larroza.5 Ver abc, “Guardias de seguridad ciudadana controlan la vida co-munitaria”, miércoles 8 de febrero de 2006.6 Ver abc, “Pobladores de Yrybucuá piden disolución de civiles ar-mados”, jueves 16 de febrero de 2006.7 Ver ibídem. Ver también Ultima Hora, “Una guardia civil enfrentaa los vecinos de Capiibary”, sábado 25 de marzo de 2006.8 La documentación de este caso fue preparada por KreggHetherington, Departamento de Antropología de la Universidad deCalifornia, Davis.