Derecho penal mexicano - INACIPE€¦ · DeRecho penal mexIcano Estudios y reflexiones sobre el...

México vive profundos cambios sociales y jurídicos que ameritan una se-ria reflexión acerca del país que deseamos construir. En ese sentido, los temas jurídico-penales adquieren una relevancia particular en el redise-ño de las instituciones de administración y procuración de justicia. Por lo anterior, la revisión del diseño del sistema penal mexicano es importante puesto que, por medio de su estudio, se logrará una amplia comprensión acerca de los cambios en el sistema penal y para desarrollar nuevos enfo-ques doctrinarios.

Derecho penal mexicano. Estudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en México es una compilación de textos de destacados juris-tas, que ofrecen una panorámica sobre la evolución del derecho adjetivo en nuestro país y que será de gran utilidad para estudiosos del tema, en tiempos de reformas y cambios trascendentales para el sistema penal en México.

Derecho penal mexicanoEstudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en México

Derecho penal mexicanoEstudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en MéxicoDavid Cienfuegos Salgado y Tania C. Vásquez Muñoz(coordinadores)

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ForroCienfuegos.indd 1 23/03/15 17:04

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alfonso Jesús Mostalac ceciliaEncargado de la Dirección de Publicaciones


DeRecho penal mexIcano

Estudios y reflexionessobre el diseño del sistema penal

en México

DavID cIenfuegos salgaDoTanIa c. vásquez muñoz

(coordinadores)


Derecho Penal Mexicano. Estudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en México

© 2014 David cienfuegos salgado y Tania c. vásquez muñoz

© 2014 Instituto nacional de ciencias penales (Inacipe)

esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

ISBN: 978-607-9404-47-5se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto nacional de ciencias penales, titular de todos los derechos.

Impreso en México • Printed in Mexico

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Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.

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Publicaciones CapacitaciónPosgrado

cienfuegos salgado, David, coord.

Derecho penal mexicano: estudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en méxico / David cienfuegos salgado y Tania c. vásquez muñoz, coordinadores.— méxico: Instituto nacional de ciencias penales, 2015.xxiv, 628 p.; 23 cm.

IsBn : 978-607-9404-47-5

1. Derecho penal – méxico. 2. Reforma constitucional - méxico. 3. Derechos humanos – méxico. 4. procedimiento penal – méxi-co. 5. medidas cautelares- méxico. I. vásquez muñoz, Tania c., coord. II. Instituto nacional de ciencias penales. III. Título.

J620 c184d Biblioteca “celestino porte petit”


vII

conTenIDo

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

El sistema penal constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i. preliminar: propósito y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. el orden y las fuentes: selecciones

y genealogía de los cambios constitucionales . . . . . . . . . 11 III. Reflexión sobre el presente y el futuro . . . . . . . . . . . . . . . 27

La reforma constitucional del año 2008: los nuevos retos de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano . . . . 31 i. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 II. la reforma constitucional de seguridad

y justicia del año 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 III. la trascendencia de la reforma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Restricción de la prisión preventiva y beneficios penitencia-rios, 36; Creación de Juez de ejecución de sentencias, 39.

Iv. la administración de las prisiones mexicanas . . . . . . . . . 40 v. la administración penitenciaria mexicana a partir

de la reforma del año 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 vI. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Revistas, 48.

Sistema de justicia, una reforma paradigmática: un problema de época . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 i. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 II. Reforma penal constitucional de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . 54 III. atrás de la reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Iv. ¿Dónde quedamos con la reforma? . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 v. estado actual de las entidades federativas . . . . . . . . . . . . 69 vI. conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 vII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73


derecho penal mexicanovIII

El nuevo proceso penal acusatorio y la preparación emocional de los sujetos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

i. Reflexión inicial (a modo de introducción) . . . . . . . . . . . 75 II. el derecho y las emociones:

una relación contradictoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 III. un nuevo proceso y reformas que implican una mayor

exposición de las emociones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Iv. la inteligencia emocional como factor de capacitación

para el nuevo proceso penal acusatorio . . . . . . . . . . . . . . 88 V. Comentario final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 vI. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

La formación filosófica-científica del abogado en el nuevo sistema acusatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 II. el licenciado en Derecho o abogado, el letrado

o jurisconsulto y el jurista en los juicios orales . . . . . . . . 97Los maestros del discurso jurídico: Cicerón y Quintiliano, 97.

III. Las corrientes filosóficas en la formación argumentativa del abogado del siglo xxi en los juicios orales . . . . . . . . 103

IV. El lenguaje filosófico-científico en los juicios orales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

v. la retórica como principio de instrucción pública y oral en los juicios orales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

vI. conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 vII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 I. palabras previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 II. las medidas cautelares: concepto,

definición y tipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 III. principios aplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Iv. el dictado de las medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . 157 v. libertad y detención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 vI. la prisión preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 vII. otras medidas cautelares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185vIII. el tema de la proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193


contenido Ix

IX. Palabras finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 x. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

La extradición como instrumento para la investigación efectiva de violaciones a normas Jus cogens en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Acceso a la justicia penal y prisión: análisis desde la perspectiva de género y los derechos humanos . . . . . . . . . 215 I. Perspectiva de género: las paradojas

de la construcción cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 II. la privación de la libertad en el siglo xxi . . . . . . . . . . . . 221

A) los derechos de las personas privadas de la libertad, 222; B) Trabajo y educación, 225; C) capacitación de los opera-dores del sistema penitenciario, 226.

III. Acceso a la justicia y prisión desde la perspectiva de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Iv. los derechos humanos y la perspectiva de género en prisión. Notas finales . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Audiencia de control de la acción. Un derecho procesal eficaz para la víctima y el ofendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 I. De los derechos de la víctima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

A) Derechos constitucionales de la víctima u ofendido, 237; B) Derechos procesales de la víctima u ofendido, 244; C) De-recho a que el Ministerio Público ejerza la acción penal, 248.

II. Derecho constitucional de la víctima al control de la acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253A) control de la acción en archivo temporal o reserva, 253; B) Control de la acción en materia de no ejercicio de la acción penal pública, 256; C) control de la acción en materia de abstención de la acción, 260; D) control de la acción en materia de aplicación de criterios de oportunidad, 264; E) control de la acción por parte de la víctima y ofendi-do, 264; F) pasos del procedimiento, 268.

La exhibición ante los medios de comunicación de las personas detenidas: un ejercicio de control de convencionalidad . . . . 275 I. las reformas constitucionales en méxico: 2008-2011 . . 275


derecho penal mexicanox

II. control de convencionalidad en méxico: 2009-2011 . . . 278 III. la exhibición ante los medios de comunicación de las

personas detenidas: derechos afectados y estándares internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Iv. Derecho al debido proceso y presunción de inocencia . . 283 v. la exhibición de personas detenidas ante los medios

de comunicación en méxico: a modo de conclusión . . . . 288

Las nuevas tendencias sobre la ejecución penal . . . . . . . . . . . . 295 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 II. la globalización y su impacto

en las reformas políticas y legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 III. los principios básicos para el tratamiento

de los reclusos impulsados por la onu . . . . . . . . . . . . . . . 301 IV. Una visión actual del régimen jurídico

de la ejecución penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 v. el aumento de las denuncias por tortura

y las recomendaciones del comité Internacional contra la Tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Amparo y proceso acusatorio en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 I. La “tormenta jurídica perfecta” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 II. el amparo penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 III. El juicio de amparo y los principios

del sistema acusatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Iv. Temas relevantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

1. oralidad, 333; 2. situación procesal de la víctima, 340; 3. Suplencia de la queja, 344; 4. Auto de vinculación a pro-ceso 349; 5. prisión preventiva y otras medidas cautelares, 353; 6. “lectura” de derechos, 355; 7. amparo directo, 359.

V. Nota final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

El derecho fundamental de proporcionalidad en materia penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 II. los derechos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 III. los derechos fundamentales

y el estado de Derecho democrático . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Iv. cuál es la naturaleza

de los derechos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376


contenido xI

V. Clasificación de los derechos fundamentales . . . . . . . . . . 377 vI. Breves referencias históricas al derecho fundamental

de la proporcionalidad en materia penal . . . . . . . . . . . . . 379 vII. el principio de proporcionalidad

en materia penal en méxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 VIII. El principio de proporcionalidad y el bien jurídico . . . . . 383 Ix. exposición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 x. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

El acceso pleno a la tutela judicial efectiva a través de los modelos y principios procesales dispositivo, inquisitivo y publicista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 I. Acceso pleno a la jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 II aplicación de los procesos dispositivo,

inquisitivo y publicista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 III. procesos adversarial, inquisitivo, publicista

(sistema, modelo o principio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394a) modelo adversarial, 406; B) modelo inquisitivo, 412; c) modelo publicista, 417.

IV. El acceso pleno a la tutela judicial efectiva a través de los modelos y principios procesales dispositivo, inquisitivo y publicista . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

v. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Arraigo penal y suspensión de derechos político-electorales . . . . 425

La justicia restaurativa en la montaña de Guerrero . . . . . . . . . . 435 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 II. la estructura comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

a) las autoridades, 438; B) las instancias, 441. III. La justicia restaurativa comunitaria

sobre el principio de la responsabilidad compartida . . . . 446A) Los principios de la justicia comunitaria, 446; B) el pro-ceso comunitario: en busca del bien común, 448; C) la de-nuncia y la investigación, 450; D) las pruebas, alegatos y la búsqueda de acuerdos, 451; E) la reeducación: el camino del trabajo, 452.

Iv. conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 v. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456


derecho penal mexicanoxII

Menores infractores, adultos jóvenes. La reforma constitucional y la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Ética policial en un Estado social y democrático de Derecho. Los retos de la Gendarmería Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 II. marco de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 III. antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Iv. punto de partida: ¿quién vigilará a los vigilantes? . . . . . 481 v. Innovación y gobernanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 vI. los retos de la gendarmería nacional . . . . . . . . . . . . . . . 493 vII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Autoría y participación en el Derecho penal militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 II. Clasificación, tratamiento y postulados reformistas

sobre los autores del delito militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 III. la participación y su tratamiento

penal militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Iv. política criminal y disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 v. Técnica legislativa y presunción de culpabilidad

en el código de Justicia militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 vI. prospectiva del Derecho penal militar . . . . . . . . . . . . . . . 512 vII. conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

¿Podemos hablar de un “Derecho penal indígena”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 I. el derecho es diferente a la crítica moral.

el derecho como hecho social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 II. el derecho como producto de la aceptación social . . . . . 524 III. el derecho como estructura:

las reglas y los principios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Iv. la teoría de las reglas en hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 v. fin del Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 vI. la costumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 vII. la sanción: castigo y recompensa

en el sistema jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530


contenido xIII

El bien jurídico protegido en la nueva Ley de Lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 I. antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 II. la globalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 III. la transnacionalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Iv. la política criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 v. la prevención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 VI. El bien jurídico protegido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 vII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Readaptación y reinserción social. Legislación penal de Veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 II. Readaptación social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 III. Reinserción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Iv. legislación penal de veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 v. conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 vI. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

normas nacionales, 580; ordenamientos internacionales, 580; libros y revistas, 580.

Violencia y crimen organizado en la ruta de la transición mexicana: breve análisis del sexenio de Felipe Calderón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 I. alternancia política y delincuencia organizada . . . . . . . . 582 II. la política antidrogas durante

la presidencia de felipe calderón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5862.1. el saldo en pérdida de vidas, 587; 2.2. el gasto público en seguridad, 589.

III. seguridad pública y seguridad nacional . . . . . . . . . . . . . . 593 Iv. modelos para enfrentar el problema de las drogas . . . . . . 595 v. crítica al modelo penalista tradicional . . . . . . . . . . . . . . 596 vI. conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 vII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Un estudio acerca de la experiencia jurisdiccional de los tribunales penales internacionales . . . . . . . . . . . . . . . 601 I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601


derecho penal mexicanoxIv

II. Antecedentes de la actual jurisdicción penal internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

III. La jurisdicción penal internacional y los tribunales penales internacionales . . . . . . . . . . . . . . 615

Iv. la corte penal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 v. conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622


XV

Prólogo

el 5 de Marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento, que consta de 490 artículos más trece transitorios, es sin lugar a dudas uno de los documentos normativos más esperados por la comunidad jurídica mexicana desde la publicación de la reforma constitucional en materia penal el 18 de junio de 2008.

El iter legislativo de este Código Nacional de Procedimientos Pena-les (cnpp) fue complejo, atendiendo sobre todo al impacto que tendría en la organización y funcionamiento de las judicaturas y de los órganos de procuración de justicia, así como en la relación de todos éstos con la ciudadanía. De tal complejidad han hecho eco las escuelas judiciales de todo el país, los órganos de procuración de justicia, el foro y la aca-demia, pero también los órganos legislativos mexicanos y aun en la propia ciudadanía, que el derecho y el deber de conocer sus contenidos y alcances.

la aparición del cnpp comienza a cerrar el ciclo de implementa-ción del nuevo sistema de justicia penal. En los últimos seis años, la instauración del modelo penal basado en los principios derivados de la reforma constitucional implica sin duda uno de los compromisos primordiales del gobierno federal y de las entidades federativas. Ello ha propiciado una gran actividad legislativa en los distintos órdenes de gobierno, así como el impulso de programas de formación, actua-lización y capacitación en torno a los contenidos del nuevo sistema penal.

Es precisamente en este contexto que la presente obra, producto del esfuerzo de diversos profesionales especialistas, tiene el afán de brin-dar un panorama concreto, completo y de corte transversal que permi-ta acercar al lector al nuevo sistema de justicia penal, a partir de temas puntuales sobre su evolución en el tiempo, naturaleza, características, retos y expectativas, mismo que, en términos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el cnpp, no podrá exceder del 18 de junio de 2016.


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Esta publicación cobra aún mayor importancia de cara a los acon-tecimientos sucedidos a fines de septiembre de 2014 en Iguala, los cuales han conmocionado a la nación entera y constituyen una heri-da abierta en el sentir y razonar de la sociedad mexicana. Sin duda, el Caso Ayotzinapa es una fuerte llamada de atención, no solo al aparato público, sino a la organización social en su conjunto, que debe llevarnos a serios cuestionamientos al trastocar fibras tan sen-sibles de la prevalencia del Estado Constitucional de Derecho, como son la justicia, el respeto y garantía a los derechos humanos, la ho-nestidad y transparencia del servicio público, la sustentabilidad y el fortalecimiento del tejido social, pilares todos ellos sobre los que se sustentan los principios y fines básicos del Estado: la seguridad y el bien común.

En un Estado realmente Constitucional, son responsabilidades pri-mordiales de toda institución y todo servidor público respetar y garan-tizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales; zanjar la brecha entre órganos del poder público y la población; ofrecer un gobierno abierto e incluyente; una gestión pública de puertas abiertas que con-voque, sea transparente y se mantenga a salvo de la perniciosa intro-misión de los llamados “poderes fácticos”; que cuente con mecanis-mos eficaces de rendición de cuentas y, con todo ello, logre su legitimidad al eliminar cualquier dejo de duda en la motivación de su actuar institucional.

Uno de los temas medulares de este ser, deber ser y querer ser de nuestro orden constitucional es sin duda el sistema penal mexicano; sabemos que el proceso de instauración del sistema penal de carácter acusatorio dio inicio en el año de 2008 y espera su terminación en el año de 2016. En esta vacatio legis de ocho años, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal tienen la misión constitucional de ade-cuar sus propios órdenes jurídicos, instalaciones y recursos, especial-mente los humanos.

A la fecha, si bien una buena parte de las entidades federativas ha adecuado sus leyes, vale advertir que, en los hechos, son pocos los casos en que se han tomado en consideración otros aspectos igual-mente importantes, como la creación y reacondicionamiento del espa-cio físico; la asignación presupuestal y los mecanismos de control de gasto correspondientes; la capacitación integral para los operadores jurídicos; la modernización de los planes de estudio en todos los nive-les educativos; la formación inicial y continua de profesores y alum-


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nos; la difusión de los principios, objetivos y forma de operación del nueva sistema en todos los estratos sociales, todos los cuales resultan imprescindibles para la verdadera y efectiva puesta en operación de una reforma de gran calado como la que se pretende. Falta poco para que concluya el plazo, el tiempo apremia...

Al momento de revisar los textos entregados por los coautores de esta obra, se tomó la decisión de clasificar los escritos para dividirlos en seis grandes ejes temáticos que abarcan en términos generales el marco teórico de nuestro sistema penal mexicano: Reforma Penal, Ética Penal, Proceso Penal; Ejecución de Sentencias y Derechos Pe-nitenciarios; Comentarios a los Ordenamientos de Carácter Penal y, por último, Crónica Especializada.

En el apartado dedicado a la reforma penal, encontramos eminentes textos, empezando con el realizado por el insigne jurista Sergio garcía ramírez, quien hace una brillante exposición retrospectiva sobre las reformas constitucionales en la materia que se han aprobado en el México independiente y luego sobre la manera en que se han desarro-llado figuras como el Ministerio Público y los preceptos del enjuicia-miento penal, para llegar a los tiempos modernos con la entrada total de la jurisdicción de las cortes internacionales, de cuyo proceso de integración él fue distinguido partícipe. Sobre tópicos relacionados enteramente a la discusión sobre la reforma penal de 2008, encontra-mos los textos de Juan Pablo Pacheco Chávez, Sistema de Justicia, una reforma paradigmática; un problema de época y La extradición como instrumento para la investigación efectiva de violaciones a nor-mas ius cogens en el marco de la reforma constitucional de Derechos Humanos de Adrián Domínguez Torres.

El sistema penal mexicano no se circunscribe solamente a los jui-cios orales, ni su modernización a un mero cambio de tuercas en la legislación; también las normas éticas y morales juegan un papel pre-ponderante en el éxito o fracaso del sistema. Aquí se recogen textos avocados al estudio de la ética penal. Para el fortalecimiento y la consolidación del sistema debe cambiar desde la manera en que estos temas son enseñados en las Facultades de Derecho a lo largo y ancho de nuestro país; responder a las preguntas tocantes al perfil de egre-sados que requiere el nuevo sistema; la formación, inicial y continua que deben seguir nuestros futuros jueces, secretarios, ministerios pú-blicos y litigantes, así como la línea filosófica que debe regir su ac-tuación, tópicos sobre los que escribe Eliseo Muro ruiz en su texto


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La formación filosófica-científica del abogado en el nuevo sistema acusatorio.

En el orden de la ética de los operadores del sistema penal, el tex-to de José Jesús Borjón Nieto se refiere al papel que deben seguir los agentes de policía en su calidad de auxiliares del Ministerio Público, al ser sobre todo estos elementos los responsables mayores de acatar irrestrictamente los Códigos de Ética y manuales de actuación poli-ciaca, en el marco del respeto y garantía a los Derechos Humanos, comprendido por supuesto el debido proceso de los detenidos. En este sentido, el autor emite su opinión sobre los retos de la reciente-mente creada Gendarmería Nacional para ganar su legitimidad y la confianza social, destacando primerísimamente el de tender al logro de los niveles de calidad, eficiencia, profesionalismo, humanismo y ética de corporaciones similares existentes en otros países como Francia, España, Italia y Chile, de los cuales la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaria de gobernación, consideró como casos de éxito dignos de ser tomados en cuenta.

Entramos a la parte del central de la obra con textos encaminados a explicar las diferentes etapas del proceso penal. En esta tesitura, Juan Ángel Salinas garza nos ofrece el artículo El acceso pleno a la tutela judicial efectiva a través de los modelos y principios procesales dis-positivo, inquisitivo y publicista. En él, aduce que el hecho de que en un determinado sistema jurídico existan tribunales y se establezcan las vías procesales para que las partes hagan valer sus controversias, re-sulta insuficiente para considerar que los particulares ejercen su garantía de acceso a la justicia, esto es, la tutela judicial efectiva, re-quiere de otros elementos que garanticen la impartición de justicia plena en la esfera de los gobernados, así como la al aplicación opera-tiva del valor jurídico protegido en la norma implica tutela judicial en sentido estricto.

Existen realidades que no pueden ser ignoradas porque inciden en una justa y efectiva aplicación de la norma jurídica. la mera atención a la letra de la Ley resulta precaria para garantizar a las partes su efec-tividad y, al final de cuentas, el acceso a la justicia. José Francisco Báez Corona en su texto El nuevo proceso penal acusatorio y la pre-paración emocional de los sujetos procesales, comienza señalándo-nos que la materia penal en sus aspectos teórico y procesal, constituye una rama muy peculiar del estudio de lo jurídico. Se trata de la discipli-na jurídica encargada de sancionar las conductas de mayor gravedad


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y, por ende, aplicar los castigos más severos, justamente por afectar los bienes jurídicos más preciados por el ser humano y la sociedad.

En las audiencias penales se discute diariamente sobre asuntos re-lacionados con afectaciones a la vida, la libertad, la integridad física y emocional, la seguridad, la propiedad o la salud, por mencionar algu-nos; en cada uno de ellos se ven reflejadas las emociones y particula-ridades de los sujetos participantes, que como víctimas, imputados, jueces, ministerios públicos, litigantes o incluso testigos, policías o peritos, se enfrentan a un proceso en el cual debe decidirse sobre la sanción por un delito y que puede involucrar la libertad de otra persona. Por ello, el proceso penal siempre ha implicado, ya sea en el expedien-te o en las audiencias, un crisol de estados emocionales: dolor, rencor, impotencia, desconsuelo, culpa, angustia, odio, venganza, frustración, sed de justicia, ante lo cual se debe permanecer firme y objetivo. Ante esta realidad, la implantación de un nuevo sistema de justicia con un proceso penal acusatorio, tiene serias implicaciones para toda la vida jurídica y requiere de la preparación de quienes intervienen en el pro-ceso. Si bien conceptos como teoría del caso, argumentación jurídica, oratoria, litigación, técnicas de interrogatorio, moderación de las audiencias, entre muchos otros, constituyen el punto central de la ca-pacitación, en complemento a lo anterior, el nuevo proceso representa también un reto para la preparación emocional de los participantes, por lo que habrían de adicionar sea esta formación inicial y continua el manejo de relaciones humanas, el autocontrol, la automotivación, el autoconocimiento, la programación neurolingüística, en fin, de todas las competencias que engloba la inteligencia y la comunicación emocional.

Por cuanto hace a los detenidos y su tratamiento, luis gonzález Placencia destaca en su artículo sobre la exhibición ante los medios de comunicación de las personas detenidas, las palabras del Ministro Sergio Valls Hernández, señalando que el riesgo principal de la fabri-cación de juicios paralelos es que en ellos no existen, ni son exigibles, los estándares de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución y revisados en el presente estudio. Al respecto, comenta: “la difusión detallada de un hecho delictivo en medios de comunica-ción impresos o electrónicos, como las redes sociales, acarrea algunos problemas serios que van desde la colocación en un estado de riesgo de la investigación, la contaminación del juicio propiamente judicial, así como la afectación el derecho a la presunción de inocencia”. Por lo


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tanto, es inconvencional la afectación del derecho a la presunción de inocencia bajo la justificación del respeto al derecho de la sociedad para estar debidamente informada, ya que con la aparición de juicios mediáticos. Además, al generarse un ambiente de presión social hacia los operadores judiciales encargados de resolver los casos, se afecta de manera sensible la resolución del fondo de la litis, al viciarse la identificación del alcance de un derecho frente a otro con el que entra en colisión; la precisión de una responsabilidad y la sanción conse-cuente; con lo que se afecta la aplicación de los principios de propor-cionalidad y menor afectación, fundamentales para la resolución de conflictos entre principios jurídicos. En su interesante participación, gonzález Placencia retoma el diagnóstico hecho por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales sobre los tres problemas centrales del sistema penal mexicano: 1) Que el sistema de procuración e impar-tición de justicia penal tiene serios problemas operativos y de diseño, por lo que no cumple con sus funciones; 2) Que existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular, aquélla generada por la delincuencia organizada, y 3) Que se carece de una coordinación indispensable entre los órganos del po-der público –legislativo, ejecutivo y judicial- y los órdenes de gobier-no —federal, estatal y municipal— para enfrentar el problema de la seguridad pública y mejorar el funcionamiento de la justicia penal.

Sobre los juicios en el proceso penal, el texto de José Daniel Hidalgo Murillo aborda el tema Audiencia de control de la acción: Un derecho procesal eficaz para la víctima y el ofendido, etapa procesal a la que considera la más importante, ya que no sólo en ella se dirimen los puntos controversiales del juicio oral y se perfecciona la acción penal contra el indiciado, sino que también se otorgan o negocian beneficios legales como la disminución de la pena.

En la sección dedicada a la ejecución de sentencias y el derecho penitenciario, José Zaragoza Huerta en su texto La reforma constitu-cional del año 2008, los nuevos retos de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario mexicano señala que a partir de la reforma del año 2008 se incluye la figura del juez de ejecución de sanciones, bajo cuya responsabilidad quedan las funciones de fiscalizar la actividad carcelaria y salvaguardar los derechos de los procesados y al mismo tiempo, proteger eficazmente los derechos humanos de quienes se en-cuentran privados de su libertad, a diferencia de lo que acontece ac-tualmente con otras instituciones que solamente emiten recomenda-


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ciones en caso que determinar la existencia de una vulneración a tales derechos. gracias a esta innovación, el Poder Judicial se encargará de dar seguimiento al cumplimiento de la pena privativa de libertad (judicialización) y el Poder ejecutivo continuará realizando su activi-dad prestacional (la administración carcelaria).

En su artículo intitulado Acceso a la justicia penal y prisión; análi-sis desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos, Julieta Morales Sánchez expone información estadística sobre la población penitenciaria en México, que ascendía a 224 246 personas internas, de los cuales 56.4% son personas sentenciadas y 43.6% están sujetas a proceso. otro dato digno de resaltar es que a nivel nacional existe una sobrepoblación penitenciaria de 21.7%. Pero uno que llama particu-larmente la atención a Julieta Morales es que del total de internos, 95% son hombres y 5% mujeres. Esta mayor presencia masculina en prisión –afirma– ha invisibilizado a las mujeres que se encuentran en esta situación, lo que ha ocasionado que las normas respondan a las necesidades de los hombres; por ejemplo, en cuanto al trabajo, la pri-sión ofrece labores y capacitación estereotipada para las mujeres. Por otra parte, señala que si bien las niñas y niños que viven con sus ma-dres en prisión tienen requerimientos específicos de alimentación, sa-lud (atención pediátrica), derecho a la educación preescolar (com-prendida entre los 3 y 6 años), entre muchos otros, lamentablemente algunas entidades federativas han sido omisas en la plena garantía de su derechos, cuando la Constitución constriñe a la observancia por parte de instituciones y servidores públicos, del interés superior del menor.

El juicio penal no es el único que enfrenta un cambio radical en su naturaleza y características, también la ejecución de sentencias ha su-frido una transformación considerable. Sobre el particular, Emma Mendoza Bremauntz nos comparte algunas reflexiones sobre Prácticas modernas de ejecución de penas encaminadas sobre todo a encontrar una política de justicia restaurativa sobre la pena inquisitorial, que en la actualidad no resarce en nada el daño causado por el delincuen-te en favor de su víctima.

Sobre la obra conjunta de Eduardo Ferrer Mac-gregor y rubén Sánchez gil, si bien es cierto que el Juicio de Amparo no forma parte del proceso penal acusatorio, en su calidad de juicio de garantías, es muy importante señalar su relación, dado que el juicio de amparo en materia penal se regula por disposiciones legales expresas y criterios


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jurisprudenciales, que otorgan múltiples beneficios al inculpado. Estas regulaciones se hallan inspiradas por la finalidad tutelar del juicio de amparo y el valor superior que representa la libertad física, menos-cabada por las restricciones a que podría someterse en los procedi-mientos penales. Al respecto, los autores realizan un análisis de artículos y fracciones de la ley de amparo que catalogan las violaciones proce-sales que pueden afectar las defensas del quejoso, por lo que deben variarse algunas hipótesis, a fin de ajustarlas a los perfiles del proceso penal acusatorio. Enfatizan que el amparo penal será la prueba de fuego de todas estas reformas en que el pueblo mexicano ha puesto sus esperanzas de lograr una vida más justa y digna para sus integrantes. En adición comentan que en pocos ámbitos jurídicos se da la gran complejidad que produce la conjunción de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, las que no se resolverán de la noche a la mañana, ni tampoco será obra de unas cuantas personas. Por ello, para resolverlos se requiere de gran ponderación y prudencia, además de un amplio consenso que considere una muy amplia gama de puntos de vista, a fin de encontrar su mejor solución.

En el eje temático del presente compendio, denominado “Comenta-rios a leyes penales”, los articulistas discernieron sobre ciertas legisla-ciones que guardan estrecha relación con el sistema penal mexicano. En particular, José luis Trujillo Sotelo argumenta sobre cómo la ley de Justicia Federal para Adolescentes y las demás que entraron en vigor después de la reforma constitucional de junio del año 2008 en diferentes estados de la república, dejan fuera de su contexto la regu-lación de los adolescentes que realizan conductas violatorias a lo dis-puesto en los Bandos de Policía y Buen gobierno de los Ayuntamientos Municipales, cuando afectan el patrimonio público o privado, el tránsi-to público, la salubridad general, el orden y tranquilidad pública, el civismo social, quedando la responsabilidad directamente en los pa-dres de familia, incluida toda la carga en la formación ciudadana que requieren los adolescentes, sin dejar de referir la violación de los dere-chos humanos de estos al momento y durante su detención. Con las nuevas disposiciones jurídicas en materia de menores en conflicto con la ley, particularmente en aquellas conductas que no son consideradas como un delito grave y sobre todo en cuanto a las faltas cometidas a los Bandos de Policía y Buen gobierno, se promueve la discrecionalidad de las autoridades administrativas y de seguridad pública en el ámbito municipal, lo que les permite aplicar a su arbitrio las sanciones respec-


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tivas, dando pauta a la violación de los derechos humanos de los dete-nidos y la corrupción desmedida en las estaciones de policías y los Juzgados de Paz y Calificadores, responsables de aplicarlo.

El Derecho Penal Militar como conjunto de legislaciones encami-nadas al procesamiento, enjuiciamiento y sentencia de las fuerzas cas-trenses en el país también ha sufrido cambios torales. Sobre este rubro, Alejandro Carlos Espinosa en su texto Autoría y participación en el Derecho Penal Militar, afirma que esta disciplina jurídica ad-quiere un nuevo rostro frente a los estándares internacionales derivados del corpus iuris interamericano, en particular si observamos que en los tiempos recientes la Corte Interamericana se ha dedicado práctica-mente a resolver casos de la materia. Así por ejemplo, es indiscutible la trascendencia que en función del fuero de guerra y su facultad atrayente trajo consigo el Caso Radilla Pacheco; de igual significa-ción e importancia fueron las sentencias de Inés Fernández ortega y Valentina rosendo Cantú.

El documento sobre la nueva ley de lavado de Dinero, de Alejan-dro de la Fuente Alonso, complementa la sección de comentarios a legislaciones y expone una de las problemáticas cruciales que enfrenta el combate a la delincuencia organizada en el nuevo contexto procesal.

El apartado que cierra esta obra, comprende lo relativo al análisis jurídico y algunas crónicas sobre legislaciones específicas, experien-cias de los autores, además de un repaso a la evolución de la violencia durante el gobierno federal anterior.

No queremos dejar de mencionar el artículo que presentamos en coautoría con Adriana Yadira lópez lazcano. Se trata de una revisión exhaustiva de las medidas cautelares a la luz del nuevo sistema penal. Este tema será relevante en la construcción de un debido proceso en el cual permee el principio de presunción de inocencia. Estamos seguros que muchos criterios jurisprudenciales habrán de surgir precisamente con relación a estas figuras, cuyas diversas modalidades y problemá-ticas son esbozadas en este ensayo.

En fin, los artículos que se encuentran compilados en esta –a nues-tro juicio– bien lograda compilación sobre el sistema penal mexicano, nos brinda un panorama amplio y claro de su evolución histórica, su proceso de reforma, su actualidad y sobre todo su progresión hacia el futuro. Esperamos que al lector le sea de utilidad para entender mejor la situación que guarda el tema y su trascendencia para comprender la realidad presente de nuestro país.


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Agradecemos al Instituto Nacional de Ciencias Penales su inesti-mable apoyo para la realización de la presente obra y expresamos a todos los colaboradores nuestro reconocimiento por la entrega y la paciencia mostrada en la confección de este libro que esperamos haya alcanzado las expectativas iniciales.

David Cienfuegos SalgadoMiembro del Sistema Nacional de Investigadores

Chilpancingo, Gro., febrero de 2015.


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