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octubre 2009-septiembre 2010 257

Derechos Civiles y Políticos

Derecho al asilo y refugio

La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derechoal asilo y refugio.

Artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

258 PROVEA Informe Anual

Derecho al Asilo y Refugio



La realidad del derecho al refugio enVenezuela se encuentra íntimamenterelacionada con el escenario geopolítico

compartido con Colombia. De este paísprocede la inmensa mayoría de solicitantesde refugio, por lo cual toda la dinámica deeste derecho en Venezuela está influenciadapor el devenir del conflicto armado colombia-no. En este capítulo se analizan las relacionescolombo-venezolanas a la luz de los factoresque se articulan entre ambas naciones, de ín-dole social, política, económica y humanita-ria. Del mismo modo, se analizan las iniciati-vas emprendidas por el Estado para otorgarsoluciones sostenibles a las personas queingresan en el territorio solicitando refugio,en especial los avances estructurales de laComisión Nacional para los Refugiados (CNR)y las acciones conjuntas con organizacionesespecializadas en la materia. Asimismo, seplantean observaciones a las fallas aún exis-tentes en la tramitación de los casos, que aligual que en años anteriores se deben a retar-dos que dificultan el ejercicio pleno de losderechos de los refugiados tal como apare-cen garantizados en la ley. Por otro lado, sepresenta la situación de Venezuela con res-pecto al asilo, tanto desde el punto de vistade ciudadanos venezolanos con peticionesde asilo en el exterior, como de extranjeros quebuscan acogerse a dicha institución en Vene-zuela.

Situación en Colombia y su relacióncon Venezuela en la zona fronteriza

Un agravamiento de la situaciónhumanitaria en Colombia, especialmente enzonas rurales remotas, ha dejado a más detres millones de personas oficialmente

desplazadas dentro del país -la segundapoblación de desplazados internos másgrande del mundo después de Sudán, se-gún ACNUR-, mientras que otros han bus-cado refugio en los países vecinos. Esta di-námica ha sido una constante en los últi-mos años y el nivel de impacto que tiene enVenezuela se ve directamente influenciadopor el desarrollo del conflicto colombianoprincipalmente en departamentos fronteri-zos como Norte de Santander, Arauca y Cé-sar. Las cuestiones de seguridad nacionalrelacionadas con los movimientostransfronterizos han aumentado las tensio-nes entre los países involucrados1.

Durante el período de análisis de esteinforme, los enfrentamientos entre lasFuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC) y grupos paramilitares enel Norte de Santander se han intensificadode manera significativa, provocando que sedesplacen personas desde Colombia haciaVenezuela, principalmente a través de losestados Zulia y Táchira. Asimismo, lamilitarización de la frontera colombiana en lazona de Arauca ha reducido la entrada demigrantes y personas en situación de refugioen un 28% en el estado Apure, encomparación con cifras del año anterior2.

Según cifras aportadas por la organizaciónno gubernamental Servicio Jesuita aRefugiados (SJR), el 40% de las amenazas quereciben las personas que solicitan formalmenterefugio en Venezuela provienen de gruposparamilitares y el 58% de grupos guerrilleros(principalmente de las FARC)3.

A finales de 2009, la Fuerza ArmadaNacional Bolivariana (FANB) ordenó reforzarla seguridad en las zonas fronterizas del

1. Acnur: Boletín Mensual, Junio 2010. Ficha informativa Situación Colombia - Prioridades 2010.

2 . Entrevista concedida por Dorialbys De La Rosa, Coordinadora Nacional de Incidencia del SJR, el 04.08.10.

3 . Humberto Márquez: Escapar de una bala, buscar una cédula. La Verdad, 27.12.09, pág. 3.



Táchira en virtud de la recurrente circulaciónde panfletos, distribuidos supuestamente porgrupos paramilitares, que anunciaban el co-mienzo de una “limpieza social” y amenaza-ban de muerte a pobladores de los munici-pios Junín, Bolívar y Pedro María Ureña4. Detal modo que la cercanía del conflicto tieneun impacto social innegable. Un activista co-munitario de El Nula, estado Apure, señaló:“En la zona, tenemos casos de jóvenes quepor inmadurez, falta de expectativas y ofer-tas engañosas son reclutados por las orga-nizaciones armadas colombianas. La vio-lencia de esos grupos los impresiona por-que es efectiva, resuelve las cosas de un díapara otro”5.

Desde los meses finales de 2009, las re-laciones colombo-venezolanas estuvieronmarcadas por fuertes tensiones políticas ydiplomáticas entre los mandatarios de am-bas naciones, causadas en gran medida porhechos de violencia acaecidos en la zonafronteriza, los cuales, además de acrecentarel clima de hostilidad política, afectaron lacalidad de vida de los pobladores de la zona.En octubre de 2009, la masacre de un grupode ciudadanos colombianos, de un perua-no y un venezolano (10 personas en total)en las inmediaciones de la represa deUribante Caparo, estado Táchira, llamó laatención sobre la situación de seguridad enla frontera, además de poner en evidencia latensa relación existente. Si bien el gobiernovenezolano lamentó públicamente el asesi-nato de los 10 jóvenes, el Vicepresidente de

la República para el momento, RamónCarrizales, afirmó en declaraciones públicasque “existen muchos indicios que condu-cen a identificarlos (las víctimas) conparamilitares”6, concluyendo así que la ma-sacre fue producto de enfrentamiento entregrupos armados colombianos. Por su parteel gobierno colombiano, en declaracionesemitidas por el entonces Presidente ÁlvaroUribe, también deploró los asesinatos, peroatribuyó el hecho al “terrorismo interna-cional que no conoce fronteras”7. Asimis-mo, esta situación ocasionó el envío de unacarta de protesta al Estado colombiano porla actuación de los funcionarios del Depar-tamento Administrativo de Seguridad co-lombiano (DAS) en territorio venezolano,asegurando que, escudados en las investi-gaciones en torno a los asesinatos de las 10personas en Táchira, realizaban labores deespionaje8.

Evidencias del creciente clima de violenciafronterizo continuaron produciéndose, comoel asesinato del artesano William GIMÉNEZ,en Guasdualito, presuntamente a manos delEjército de Liberación Nacional (ELN)9; y el ase-sinato de dos guardias nacionales en el estadoTáchira, municipio Pedro María Ureña, en no-viembre de 2009, presuntamente a manos dedesmovilizados del grupo paramilitar BloqueFrontera10. En virtud de este último evento, elPresidente de la República, Hugo Chávez Frías,anunció en cadena nacional que el gobierno seencontraba estudiando la posibilidad dedecretar estado de emergencia en la frontera

4. Daniel Suárez:“Paras” amenazan a pobladores. Últimas Noticias, 31.10.09, pág. 23.

5 . Humberto Márquez: Op. cit.

6 . El Universal, 27.10.09, pág. 26.

7 . El Universal, 26.10.09, pág. 24.

8 . El Universal, 27.10.09, pág. 26.

9 . El Informador, 30.10.09, pág. 10.

10. Últimas Noticias, 3.11.09, pág. 23.



Políticas del Estado venezolanorespecto a la problemáticafronteriza

Para finales de 2009, el presidente Chávezanunció su plan de activar las zonas de segu-ridad fronteriza. Según el mandatario, ello per-mitirá establecer una franja de seguridad en lafrontera con Colombia y medidas especialespara combatir el narcotráfico y elparamilitarismo15. Sin embargo, a la propuestano se le dio continuidad, aunado con el es-tancamiento del proyecto de Ley Orgánica deFronteras, el cual no se elevó a segunda dis-cusión en la Asamblea Nacional. Con ello, sudiscusión y aprobación es deuda pendientedesde finales de 2009 como una de las medi-das necesarias para “garantizar la seguridadde las personas en las zonas fronterizas yresguardarlas de la actuación de los gruposarmados al margen de la ley que operan enla zona y ejercen actos de violencia (extor-siones, secuestros, homicidios, amenazas,reclutamiento de niños, niñas y adolescen-tes, tráfico de estupefacientes, etc.)”16. Con-tinúa siendo necesaria una iniciativa firme porparte del Estado, traducida en la implementa-ción de medidas concretas, que contrarrestenlos efectos negativos que ha dejado la vio-lencia fronteriza. No obstante, es relevantedestacar que todas las medidas y operativosde seguridad que se adopten en las zonas fron-

con Colombia. Durante varios días se restrin-gió parcialmente el tránsito fronterizo11.

Asimismo, en abril de 2010, una familiacolombiana residente desde hace once añosen la ciudad de Barinas fue detenida porpresuntamente realizar actividades deespionaje12.

La ONG colombiana Fundación Progresaralertó sobre la grave situación de aumento deviolaciones de derechos humanos en la fronteracolombo-venezolana. Según cifras aportadaspor la organización, en la última década 16.000personas han sido asesinadas y 1.800 handesaparecido en la zona fronteriza13.

El representante de Unicef en Colombia,Paul Martin, denunció el reclutamiento demenores de edad por parte de grupos arma-dos ilegales en las zonas fronterizas de Co-lombia con Venezuela y Ecuador. “Es un pro-blema por la presencia de grupos armadosen esas áreas, no es un problematrasfronterizo. Los gobiernos de Colombia,Venezuela y Ecuador, deben dejar a un ladolas diferencias políticas y enfrentar el pro-blema humanitario que se deriva de esa si-tuación”, afirmó14. La Coordinadora Nacionalde Incidencia del SJR, Dorialbys De La Rosa,afirmó también que en la zona fronteriza se haverificado un aumento de los casos de reclu-tamiento de niños por parte de grupos arma-dos irregulares.


12. El Carabobeño, 12.04.10, pág. 7.


14. El Regional, 19.11.09, pág. 20.

15. Venezuela analiza crear zonas fronterizas de seguridad [en línea] <http://ve.globedia.com/venezuela-anali-za-crear-zonas-fronterizas-seguridad > Consulta del 20.09.09.

16. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2008 -Septiembre2009. Pág. 223.



meses de 2009 se sumaron 2.351. La Comisiónresuelve unos 40 casos por mes y entre eneroy septiembre de 2009 reconoció a 183refugiados y rechazó a 22120.

Por su parte Eva García, representante delAcnur en la ciudad de Maracaibo, plantea queel fenómeno de refugio de colombianos enVenezuela ya no se produce como éxodomasivo sino en un constante “goteo” derefugiados. Afirma además que en Venezuelahay 200.000 personas con necesidad deprotección internacional, de las cuales 14.800han solicitado formalmente refugio y el Estadoha reconocido a 1.144. De las 200.000 personasen situación de refugio, en el Zulia hayaproximadamente 67.00021. Según el SJR, lasrazones que causan el bajo índice desolicitudes formales varían, pero respondenprincipalmente a tres causas: desco-nocimiento de la ley y del procedimiento, te-mor a ser localizado por el agente de persecu-ción y excesiva dificultad para trasladarse alos centros de recepción de solicitudes derefugio22.

En cuanto a la distribución por sexo, lapoblación solicitante de refugio se reparteparitariamente entre mujeres y hombres. Y encuanto a la edad, 65% del total se encuentranentre los 18 y los 50 años.

Actualmente en las cuatro oficinas de laCNR se recibe un promedio de 12 solicitudesdiarias, de las cuales el 40% entran porMaracaibo, 25% por San Cristóbal, 20% porCaracas y 15% por Guasdualito23.

terizas deben ejecutarse con una visión queresguarde los derechos humanos de la pobla-ción en general y de los refugiados y solici-tantes de refugio en particular, desde una pers-pectiva integral, que no se limite al plano me-ramente represivo y policial y sin recurrir almecanismo de suspensión de garantías cons-titucionales17.

Número de personascon necesidad de proteccióninternacional y refugiadas

Según cifras aportadas por elrepresentante del Alto Comisionado deNaciones Unidas para los Refugiados (Acnur)en Venezuela, el número de solicitudesformales tramitadas ante las autoridadesvenezolanas competentes para adquirir elestatus de refugiado, desde 2002 hasta marzode 2010, es de 14.800. Pero se calcula que lacifra de Personas con Necesidad de ProtecciónInternacional (PNPI) de origen colombianoque se encuentran en Venezuela supera las200.00018. Ello significa que solo un 7% deellas ha acudido formalmente a solicitar refugioante las autoridades competentes.

María Emilia Ramírez, coordinadora de laCNR en el estado Táchira, afirma que si bienla inmensa mayoría de solicitudes de refugioson presentadas por ciudadanoscolombianos, también hay solicitudes deperuanos, ecuatorianos y ruandeses19. Segúnese organismo, hay unas 14.000 solicitudespendientes de estudio, y en los primeros nueve

17. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2005 -Septiembre2006. Pág. 245.

18. Dalila Itriago: Se calcula que al país han llegado 200.000 desplazados de Colombia. El Nacional, 21.06.10,pág. 1.


20. Humberto Márquez: Op. cit.

21. Panorama, 02.06.10, pág. 5.

22. Entrevista concedida por Dorialbys De La Rosa, Coordinadora Nacional de incidencia del SJR, el 04.08.10.



e iniciativas como la activación de un proyec-to de fortalecimiento del procedimiento dedeterminación de la condición de refugiado.Los mencionados cambios constituyenavances que demuestran una mayor voluntadpara el mejoramiento de las condiciones delos refugiados por parte del Estadovenezolano.

La aprobación del reglamento interno dela CNR constituyó un importante avance conrespecto al procedimiento para solicitarrefugio. En él se definen por primera vezaspectos como las fases de la solicitud30, laconsagración de un procedimiento específicopara preservar el principio de unidad familiar

Solicitudes recibidas enero-septiembre 2010 6.700N°. de personas 14.800Solicitudes Aprobadas 680Solicitudes Negadas 2.700Solicitudes en Sustanciación 1.720Solicitudes Inactivas 1.600

Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CNR)

Cuadro Nº 1Estadísticas de la Comisión Nacional

para los Refugiados24

Apure 3.939Dtto. Capital 1.419Táchira 4.408Zulia 4.163Amazonas 148

14.077Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CNR)

Cuadro Nº 2Solicitudes a la espera de respuesta

por región25

Apure 358Dtto. Capital 225Táchira 838Zulia 809Amazonas 94

2.351Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CNR)

Cuadro Nº 3Solicitudes recibidas hasta diciembre de 2009

a la espera de respuesta26

Funcionamiento de la ComisiónNacional para los Refugiados(CNR)

En informes anteriores sobre la situacióndel derecho al refugio en Venezuela, Proveaha hecho énfasis en la necesidad de conti-nuar fortaleciendo a la CNR con el propósitode dar respuesta oportuna y efectiva a lossolicitantes de refugio y garantizar el derechoa obtener pronta y oportuna respuesta en sutrámite27.

En 08.12.10 se designó a un nuevopresidente de la CNR, Yldefonso Finol28. Loscambios introducidos por la nueva direcciónde la CNR pueden considerarse en generalcomo positivos. Además de demostrar mayorapertura al diálogo con las organizaciones nogubernamentales que desempeñan laboreshumanitarias para los solicitantes de refugio,se implementaron varios cambiosestructurales como la aprobación de unreglamento interno, la eliminación de lassecretarías técnicas para unificar la CNR enun solo organismo con sedes regionales29

23. Comisión Nacional para los Refugiados, en comunicación enviada por correo electrónico a Provea.

24. Cifras aportadas por la CNR en comunicación enviada por correo electrónico a Provea.

25. Cifras aportadas por Acnur en comunicación enviada por correo electrónico a Provea.

26. Cifras aportadas por Acnur en comunicación enviada por correo electrónico a Provea.

27. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2007 - Septiembre2008. Pág.433; Octubre 2006 - Septiembre 2007. Pág.407; y Octubre 2008 - Septiembre 2009. Pág. 225.

28. Designación publicada en Gaceta Oficial Número 39.323 de fecha 08.12.09.

29. Artículo 7 del Reglamento Interno de la CNR.



y el establecimiento de un procedimiento bre-ve para casos de especial vulnerabilidad, deniños, niñas y adolescentes no acompañados.

Asimismo, como parte de las modificacio-nes estructurales se incorporó más personalen todas las sedes de la CNR a nivel nacional,lo cual refleja un cambio positivo con respec-to a la situación de años anteriores, en la quela falta de personal constituía una de las prin-cipales causas de retardo en el procedimientode solicitud de refugio, en la emisión del do-cumento provisional de refugio y en el pro-nunciamiento de decisiones.

Como otro aspecto positivo se destacala activación de los comités interinstitucio-nales como resultado de una iniciativa de laCNR y Acnur. Su propósito es el estableci-miento de reuniones periódicas en las queparticipen miembros de la CNR, Acnur, delServicio Autónomo de Identificación, Migra-ción y Extranjería (SAIME), Zonas Educati-vas y la Defensoría del Pueblo (DP) con elfin de emprender acciones conjuntas para laatención de la población refugiada o solici-tante de refugio31.

Entre otras iniciativas del Estado figura laparticipación, en agosto de 2010, en unareunión que tuvo como objetivo discutir la“Declaración y Plan de Acción de México paraFortalecer la Protección Internacional de losRefugiados en América Latina” y así presentarconclusiones en la Conferencia RegionalHumanitaria sobre Desplazamiento y Refugioa realizarse en Ecuador en noviembre de 2010.

Entre los participantes estuvieronrepresentantes de la DP, del Servicio Admi-nistrativo de Identificación y Extranjería(SAIME), de la CNR y diversas institucionesy organismos vinculados al tema del refugioen Venezuela32.

Como parte de otra iniciativa conjuntaentre Acnur y la CNR, se implementó unproyecto que finalizará en marzo de 2011, queconsiste principalmente en apoyo conrecursos y logística para reducir el número desolicitantes de refugio. El objetivo trazado porAcnur es disminuir la cantidad de personasen espera del estatus de refugiados, de 14.000a 9.000 aproximadamente. Otra metaestablecida por este órgano en su laborconjunta con la CNR es la descentralizaciónde las oficinas del Saime que tienencompetencia para otorgar la cédula detranseúnte33, pues esta se encuentra solo enCaracas y ello impide que se agilicen lostrámites de los solicitantes34.

Sin embargo, organizaciones que acom-pañan a los solicitantes de refugio durantetodo el proceso presentan algunas observa-ciones puntuales al recién implementado re-glamento: el hecho de que desde la aplicaciónde estos cambios ha disminuido en un 28% elíndice de reconocimiento35; el establecimientode un régimen de perención y abandono delprocedimiento no contemplado en la Ley Or-gánica sobre Refugiados o Refugiadas yAsilados o Asiladas (Lorraa); que el procedi-miento breve para casos vulnerables está di-

30. Las diversas fases de la solicitud son divididas en formulación, sustanciación, aceptación, negación, apela-ción, inacción, perención y descritas brevemente en el artículo 14 ejusdem.

31. COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS: Boletín Informativo. Año 1, Nº 1, junio de 2010, pág. 1.

32. SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS: Boletín Informativo trimestral. Nº 46, octubre 2010.

33. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (Lorraa),la cédula de transeúnte es el documento que se otorgará a los refugiados reconocidos como tales por el Estado,para el ejercicio pleno de sus derechos en el territorio nacional.

34. Entrevista concedida por Acnur a Provea el 24.09.10.

35. Entrevista concedida por Dorialbys De La Rosa, Coordinadora Nacional de Incidencia del SJR, el 04.08.10.



tes para los niños, niñas y adolescentes solici-tantes de refugio al momento de ingresar a laeducación secundaria o de culminar la fasediversificada, ya que el documento provisio-nal de refugio no es considerado válido por lasautoridades al momento de emitir los títuloscorrespondientes. Igualmente, la situación re-lativa al derecho a la salud se ve afectada porlas tensiones en la zona fronteriza: en muchosde los centros de salud, que son custodiadospor miembros de la Guardia NacionalBolivariana (GNB), se le exige a los solicitan-tes una cédula de identidad venezolana parapoder acceder a los servicios del centro38.

Asimismo, Acnur resalta que los abusospor parte de las autoridades hacia lossolicitantes y refugiados persisten, y esdebido a la abstención de denunciar por partede las víctimas que estos casos no soncontabilizados ni debidamente registrados, locual constituye un obstáculo para que seofrezcan respuestas institucionales efectivasa este respecto39.

Provea insiste, como lo ha hecho eninformes anteriores, en la necesidad deabordar las solicitudes de refugio desde unaperspectiva humanitaria y no solo deseguridad y defensa nacional. Nuevamenterecuerda a las autoridades venezolanas quedeben regirse por los principios del DerechoInternacional de los Refugiados, que incluyenun procedimiento con todas las garantías aldebido proceso40. El Estado se encuentra enel deber de garantizar el efectivo ejercicio de

señado exclusivamente para la fase de deci-sión y el hecho de que a nivel operativo, laComisión del estado Apure depende de laComisión del Táchira.

A estas observaciones se suma el hechode que la CNR decide más rápidamente y deforma negativa las solicitudes de refugiofundamentadas en huida del país de origen acausa de violencia generalizada, porconsiderarlas como “manifiestamenteinfundadas”. La CNR ha admitido quecontinúan existiendo limitaciones materialesinstitucionales frente al volumen desolicitudes de refugio que debe examinar ydecidir36, lo cual se refleja en el retardo queaún persiste en la emisión de decisiones sobrela condición de refugio.

Situación de los derechos humanosde los solicitantes de refugioy refugiados

Con respecto a los derechos laborales delos solicitantes de refugio, las condicionescontinúan siendo precarias, teniendo estospoco acceso a beneficios y a la actividad formal.Normalmente no son inscritos en el InstitutoVenezolano de los Seguros Sociales (IVSS) porfalta de identificación válida para ingresar alsistema. Sin embargo, gracias a las iniciativasconjuntas de Acnur y el Estado, muchosrefugiados se han visto beneficiados con laasignación de microcréditos que los ayudan aimpulsarse a nivel laboral37. En el ámbitoeducativo siguen presentándose inconvenien-

36. Comisión Nacional para los Refugiados, en comunicación enviada por correo electrónico a Provea.

37. F ran cesca Fon tan in i : Microcrédito ayuda a peluquera colombiana a montar negocio en Venezuela [ en l í nea]<http://www.acnur.org/t3/index.php?id=559&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1346&cHash=e483d3b7a01407f4114fe56ed9b2cb5b>Edición del 08.06.10.

38. Entrevista concedida por Dorialbys De La Rosa, Coordinadora Nacional de Incidencia del SJR, el 04.08.10.

39. Entrevista concedida por Acnur a Provea el 24.09.10.

40. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2008 - Septiembre2009. Pág. 226.



los derechos humanos de los solicitantes derefugio, tal como disponen los tratados inter-nacionales en la materia, la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela (CRBV) yla Lorraa.

Venezolanos solicitantes de asiloen el exterior

Durante el período de octubre 2009 -septiembre 2010, un importante número deactores políticos a nivel nacional solicitó asiloante el Estado peruano. Sin embargo, a pesarde las múltiples respuestas positivas y de lascríticas hacia el gobierno peruano por unaexcesiva apertura a la protección deperseguidos políticos venezolanos, el cancillerperuano José García Belaúnde afirmó que nose puede “malbaratar” el asilo, explicando quese tiene que ser muy riguroso en el examen decada expediente de pedido de asilo. “Hay queestudiar detenidamente cada expediente yel derecho de asilo es una gracia que tieneel Estado y no la puede malbaratar”41.

En noviembre de 2009 el Estado peruanorespondió positivamente a la solicitud derefugio del ex líder estudiantil Nixon Moreno,luego de que este permaneciera por más dedos años en la Nunciatura Apostólica. Hizo lasolicitud por considerarse un perseguidopolítico del gobierno del Presidente HugoChávez42.

El periodista venezolano y ex alcalde de laciudad de Coro, Rodolfo Barráez, solicitó asilopolítico en Lima después de que el exgobernador del estado Falcón, Jesús Montilla,lo demandara por difamación en agravio del

alcalde de la ciudad de Punto Fijo, estado Fal-cón. El 11 de noviembre se emitió una orden decaptura en su contra. En el año 2003 Barráezhabía sido juzgado por denunciar los llamados“pozos de la muerte” por la presunta existenciade escuadrones de la muerte en Falcón43.

El ex alcalde del estado Miranda, CarlosBarboza, y el ex gobernador del estado Aragua,Didalco Bolívar, también solicitaron asilo enPerú. Ambas solicitudes permanecen bajo exa-men de ese país. En este sentido, en la canci-llería peruana reposa un amplio informe sobreviolación a derechos humanos por parte de lapolicía del estado Aragua durante los doceaños de gestión de Didalco Bolívar, principalobstáculo para que el gobierno peruano con-ceda asilo al ex funcionario, quien se encuen-tra en Lima a la espera de respuesta44.

Por otro lado, en enero de 2009 el gobiernoperuano otorgó asilo a Oscar Pérez y al exgobernador del estado Sucre y dirigente delpartido político Por la Democracia Social (Po-demos), Ramón Martínez, bajo la condiciónde abstenerse de declarar o participar en ac-tos públicos contra de gobierno de Chávez45.

En lo concerniente a las solicitudes de asilode ciudadanos venezolanos en los EstadosUnidos de América (EEUU), un total de 7.019lo han recibido en el lapso 2000-2009, segúncifras del Departamento de Seguridad Interior(Homeland Security) de ese país. De la referidacifra, 5.664 venezolanos recibieron “asiloafirmativo”, que se concede a quienesingresan legalmente al país y solicitan elbeneficio al gobierno de EEUU. Al resto, 1.355se le concedió “asilo defensivo”, que se activa

41. La Verdad, 8.10.09, pág. 3.

42. El Universal, 2.11.09, pág. 2.

43. El Comercio, 11.12.09, pág. 7.

44. Organizaciones de derechos humanos de Perú contactaron a organizaciones venezolanas y con informaciónaportada desde Venezuela solicitaron a la cancillería peruana que no se otorgara el asilo por ser presuntamenteresponsable de graves violaciones a los derechos humanos.

45. Vivian Castillo: Perú otorgó asilo territorial a Oscar Pérez. El Universal, 19.01.10, pág. 4.



País Número PorcentajeTotal 22.119 100,0China 6.109 27,6Etiopía 1.113 5Haití 998 4,5Colombia 993 4,5Irak 908 4,1Nepal 671 3Venezuela 583 2,6Guatemala 513 2,3Rusia 494 2,2Egipto 481 2,2Otros 9.256 41,8

Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos46

Cuadro Nº 4Asilados en EEUU por país de nacionalidad

en el año 2009

automáticamente para los individuoscolocados en proceso de expulsión y que hanexpresado un “temor creíble” de persecuciónsi son devueltos a su patria, por lo que suscasos se ventilan en la Corte de Inmigración.

Siguiendo la misma tendencia que sereflejó en el informe del año anterior, el índicede aprobación de las solicitudes devenezolanos en este país esconsiderablemente alto, de un 80 % para elaño 2009. Este porcentaje puede indicar que“existe una percepción [de] que en Venezuelaexisten causas que constituyen motivosfundados para acogerse al asilo territorialen los Estados Unidos de América”47.

46. U.S. Department of Homeland Security, Refugee, Asylum, and Parole System (RAPS) and Executive Office forImmigration Review (EOIR) of the U.S. Department of Justice (DOJ) [en línea] <http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_rfa_fr_2009.pdf > Consulta del 04.10.10.

47. Ver PROVEA: Op Cit. Pág. 228.

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