Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la
Transcript of Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la
Demanda de accioacuten de inconstitucionalidad promovida por la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Pino Suaacuterez 2 Colonia Centro Delegacioacuten Cuauhteacutemoc
CP 06065 Meacutexico DF
El que suscribe Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos personalidad que se acredita con la copia certificada del Acuerdo de
designacioacuten del Senado de la Repuacuteblica (anexo uno) con domicilio legal para oiacuter y
recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Benvenuto Cellini 106 esquina
Sassoferrato Colonia Alfonso XIII Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 01460
Meacutexico Distrito Federal designo como delegados en teacuterminos del artiacuteculo 59 en
relacioacuten con el 11 segundo paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos a
Rubeacuten Francisco Peacuterez Saacutenchez y Jorge Luis Martiacutenez Diacuteaz con ceacutedulas
profesionales nuacutemeros 1508301 y 1985959 respectivamente que los acreditan
como licenciados en Derecho conforme al artiacuteculo 4deg de la invocada Ley
Reglamentaria autorizo para oiacuter notificaciones imponerse de los autos y recibir
copias de traslado a los licenciados Daniel Saacutenchez Peacuterez y Moises Israel Flores
Pacheco asiacute como a Paulina Montserrat Peacuterez Navarro Diana Gonzaacutelez Goacutemez e
Isrrael Loacutepez Arroyo con el debido respeto comparezco y expongo
1
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fraccioacuten II del artiacuteculo 105
de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley
Reglamentaria dentro del plazo establecido en el segundo paacuterrafo del precepto
constitucional y fraccioacuten citados y 60 de la Ley Reglamentaria promuevo
DEMANDA DE ACCIOacuteN DE INCONSTITUCIONALIDAD en los teacuterminos que a
continuacioacuten se expondraacuten
En acatamiento al artiacuteculo 61 de la Ley Reglamentaria manifiesto
I Nombre y firma del promovente
Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez en mi calidad de Presidente de la Comisioacuten Nacional
de los Derechos Humanos Firma al calce del documento
II Los oacuterganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas
A Oacutergano Legislativo Congreso del Estado de Meacutexico
B Oacutergano Ejecutivo Gobernador del Estado de Meacutexico
III La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se publicoacute
2
El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido
en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado
de Meacutexico
Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad
el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone
ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo
Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados
bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos
1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto
paacuterrafo
bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y
8
bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14
3
IV Derechos fundamentales que se estiman violados
bull Derecho a la seguridad juriacutedica
bull Derecho a la no autoincriminacioacuten
bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de
sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos
bull Principio de legalidad
bull Principio de taxatividad
bull Principio de plenitud hermeacutetica
bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)
bull Principio pro persona
VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente
para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad
con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica
del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de
inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del
Estado de Meacutexico
4
VII Oportunidad en la promocioacuten
Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el
plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta
diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma
impugnada
En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto
publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del
Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del
veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince
Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea
de hoy la accioacuten es oportuna
VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad
El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los
Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad
de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y
respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los
siguientes teacuterminos
5
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fraccioacuten II del artiacuteculo 105
de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley
Reglamentaria dentro del plazo establecido en el segundo paacuterrafo del precepto
constitucional y fraccioacuten citados y 60 de la Ley Reglamentaria promuevo
DEMANDA DE ACCIOacuteN DE INCONSTITUCIONALIDAD en los teacuterminos que a
continuacioacuten se expondraacuten
En acatamiento al artiacuteculo 61 de la Ley Reglamentaria manifiesto
I Nombre y firma del promovente
Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez en mi calidad de Presidente de la Comisioacuten Nacional
de los Derechos Humanos Firma al calce del documento
II Los oacuterganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas
A Oacutergano Legislativo Congreso del Estado de Meacutexico
B Oacutergano Ejecutivo Gobernador del Estado de Meacutexico
III La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se publicoacute
2
El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido
en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado
de Meacutexico
Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad
el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone
ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo
Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados
bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos
1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto
paacuterrafo
bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y
8
bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14
3
IV Derechos fundamentales que se estiman violados
bull Derecho a la seguridad juriacutedica
bull Derecho a la no autoincriminacioacuten
bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de
sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos
bull Principio de legalidad
bull Principio de taxatividad
bull Principio de plenitud hermeacutetica
bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)
bull Principio pro persona
VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente
para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad
con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica
del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de
inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del
Estado de Meacutexico
4
VII Oportunidad en la promocioacuten
Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el
plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta
diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma
impugnada
En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto
publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del
Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del
veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince
Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea
de hoy la accioacuten es oportuna
VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad
El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los
Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad
de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y
respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los
siguientes teacuterminos
5
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido
en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado
de Meacutexico
Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad
el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone
ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo
Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados
bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos
1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto
paacuterrafo
bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y
8
bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14
3
IV Derechos fundamentales que se estiman violados
bull Derecho a la seguridad juriacutedica
bull Derecho a la no autoincriminacioacuten
bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de
sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos
bull Principio de legalidad
bull Principio de taxatividad
bull Principio de plenitud hermeacutetica
bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)
bull Principio pro persona
VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente
para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad
con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica
del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de
inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del
Estado de Meacutexico
4
VII Oportunidad en la promocioacuten
Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el
plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta
diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma
impugnada
En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto
publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del
Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del
veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince
Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea
de hoy la accioacuten es oportuna
VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad
El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los
Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad
de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y
respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los
siguientes teacuterminos
5
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
IV Derechos fundamentales que se estiman violados
bull Derecho a la seguridad juriacutedica
bull Derecho a la no autoincriminacioacuten
bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de
sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos
bull Principio de legalidad
bull Principio de taxatividad
bull Principio de plenitud hermeacutetica
bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)
bull Principio pro persona
VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente
para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad
con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica
del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de
inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del
Estado de Meacutexico
4
VII Oportunidad en la promocioacuten
Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el
plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta
diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma
impugnada
En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto
publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del
Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del
veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince
Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea
de hoy la accioacuten es oportuna
VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad
El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los
Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad
de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y
respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los
siguientes teacuterminos
5
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
VII Oportunidad en la promocioacuten
Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el
plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta
diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma
impugnada
En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto
publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del
Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del
veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince
Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea
de hoy la accioacuten es oportuna
VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad
El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los
Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad
de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la
Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y
respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los
siguientes teacuterminos
5
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo
A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos
del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de
inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal
Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15
fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y
en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos
Humanos
6
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
IX Introduccioacuten
El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado
de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su
fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus
paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290
en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el
292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo
Penal del Estado de Meacutexico
Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende
lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad
en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos
Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa
de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de
circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular
De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo
tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente
ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)
1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten
7
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho
diferentes para penar lo siguiente
bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten
(hellip)rdquo
bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para
circularrdquo
Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la
primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar
o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los
reglamentos de traacutensito respectivos
Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos
reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el
Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se
distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y
locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2
2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten
8
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado
como norma general
En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus
propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo
que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo
requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute
permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de
Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que
refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de
circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo
penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo
normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta
en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de
caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de
inconstitucionalidad
Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de
circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en
el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las
condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente
registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los
Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
9
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de
circulacioacuten (Artiacuteculo 173)
Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo
194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un
vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de
traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a
un traacutemite administrativo
3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad
10
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el
vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que
justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)
Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena
privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta
desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora
prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su
inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una
conducta delictiva
De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado
de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20
apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos
Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar
el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la
autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los
reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica
legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho
penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone
X Marco Legal
11
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional
que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado
A Nacional
bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna
Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho
12
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 20
(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada
II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio
(hellip)rdquo
ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo
B Internacional
De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos
ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados
13
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
(hellip)rdquo
ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo
XI Conceptos de invalidez
UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado
14
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos
El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no
autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las
infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de
seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten
miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone
A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica
Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia
contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa
ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo
15
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes
a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta
accioacuten
b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la
autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten
administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes
c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto
activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito
d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal
e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio
f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un
reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales
trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en
materia penal
Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten
para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los
reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o
cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al
16
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la
localidad
En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten
de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad
del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los
procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del
Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe
confundirse con los elementos normativos del tipo
Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado
en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una
infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el
artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el
apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con
un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal
que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales
Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis
materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la
letra dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE
17
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es
un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la
certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un
auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los
18
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de
imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el
principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los
de legalidad y seguridad juriacutedica
Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo
penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y
pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios
utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos
especiacuteficos entre otros
Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a
establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de
cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger
En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo
tercero se integra con los siguientes elementos
1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten
resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito
y no un delito por siacute mismo
2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y
ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado
3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con
la pretendida conducta eacutestas se vean afectas
19
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo
de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la
afectacioacuten de la propiedad de un tercero
5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y
el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la
norma
Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable
con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de
claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del
juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo
ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un
reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la
norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la
prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es
acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de
taxatividad
Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la
Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia
constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra
dispone
ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
20
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no
21
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo
Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones
en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la
obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo
penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable
y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda
claridad las penas que deben aplicarse en cada caso
Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado
por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten
retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o
taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario
Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve
materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del
rubro y texto siguientes
ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por
22
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo
Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia
penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al
legislador en el siguiente sentido
a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse
de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance
imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo
b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara
limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos
penales ambiguos
23
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su
alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del
sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales
d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al
grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado
de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del
juzgador
Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el
sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo
y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con
que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten
linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de
certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar
un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del
aplicador de la norma
Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios
finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con
relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador
pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad
Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para
determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un
antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica
24
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten
operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan
prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia
Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de
ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de
circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como
uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten
En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se
refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que
causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la
utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la
actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten
bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de
origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un
delito
Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten
de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las
poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con
severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de
prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin
placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que
la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de
esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma
25
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es
decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute
mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un
delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado
Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo
Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la
Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I
ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en
discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente
pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los
particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico
que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por
el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su
existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia
de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten
bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se
reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio
Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios
elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no
se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace
necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se
puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal
impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese
ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se
26
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por
lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa
en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que
emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad
Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el
nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena
Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone
ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los
27
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo
En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las
previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se
establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas
que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda
persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de
cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la
determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el
artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones
Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a
partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de
constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica
de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales
cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la
28
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50
interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y
brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas
Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas
interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con
mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto
es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja
con mayor alcance a los titulares de un derecho humano
Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la
conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para
circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria
que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o
trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena
privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten
Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias
radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona
deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes
favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el
caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso
resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda
alguna la reglamentaria
B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad
29
administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad
El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y
las sanciones a saber
bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la
autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute
como su modificacioacuten y duracioacuten
bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones
administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos
de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea
Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las
sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad
judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e
impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son
determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas
directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial
dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea
En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la
imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
30
policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca
la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo
texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como
son
1 Multa
2 Arresto hasta por treinta y seis horas o
3 Trabajo a favor de la comunidad
Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos
gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son
emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local
Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un
Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos
de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento
gubernativo o de policiacutea
Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que
directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida
Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar
en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso
31
Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004
Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004
paacutegina 242 del rubro y texto siguientes
ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo
De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha
infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado
precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede
variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de
normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos
ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la
inobservancia de la ley penal
32
En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de
circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo
previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de
sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento
gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho
menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a
una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y
seis horas o trabajo a favor de la comunidad
Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una
infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento
gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva
de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como
delito por la legislacioacuten penal
Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones
administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la
sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento
mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley
Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo
XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero
1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes
33
ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo
Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las
penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas
de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se
califican como infracciones
Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de
traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento
34
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico
el lunes 21 de septiembre de 1992
REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE
MEacuteXICO
Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de
junio de 2007
Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional
Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar
I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida
II- Tarjeta de circulacioacuten
Artiacuteculo 16
Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con
I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro
de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos
sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de
caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute
una sancioacuten
5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)
35
c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de
circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y
d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que
especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva
Artiacuteculo 5
Los conductores deben
II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el
documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo
Sanciones
Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de
cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los
siguientes casos
I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de
identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga
tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten
II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas
placas o el documento que justifique la omisioacuten
Artiacuteculo 16
(hellip) Fraccioacuten I
Sancioacuten
20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y
retiro de la placa delantera
Artiacuteculo 5
Fraccioacuten II
10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito
36
Artiacuteculo 26
Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos
al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones
I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para
operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del
permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la
peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de
salario miacutenimo
80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito
En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas
placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es
administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse
previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la
actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del
Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano
En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto
u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por
ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales
la naturaleza de ambas son distintas
37
Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el
artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a
infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las
autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos
gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o
trabajo a favor de la comunidad
C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del
artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos
Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a
la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten
Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten
Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de
mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como
garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico
nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la
seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona
familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento
El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la
arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da
como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino
que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten
38
para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia
sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento
En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute
misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la
policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar
autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le
corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante
un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin
que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia
o la querella
Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos
fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz
de los siguientes razonamientos
El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los
Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que
debe imperar en un acto de molestia
La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades
1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta
de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del
gobernado
39
2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito
derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que
la norma los establezca)
3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de
documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo
penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad
con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal
del procedimiento
Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la
real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos
y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee
Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o
posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin
observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de
asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes
Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que
realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y
de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una
detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al
momento de realizar sus investigaciones
40
Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a
una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten
proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el
Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los
siguientes teacuterminos
ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo
Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la
Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el
ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en
su referente 4 dice textual
ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y
41
sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del casordquo
Por otra parte el artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de
Meacutexico autoriza ldquoactos de molestiardquo y estima una regla general de los mismos al
autorizar un registro forzoso y sin la necesidad de que se satisfaga la exigencia del
primer paacuterrafo del artiacuteculo 16 en el sentido de que sea mediante una orden
escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder
respecto a las posesiones y papeles de los gobernados en aras de buscar la
tipificacioacuten de conductas iliacutecitas
Ademaacutes el tipo penal vulnera el derecho consagrado en la fraccioacuten II del apartado
B del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal puesto que para su configuracioacuten el
gobernado debe autoincriminarse toda vez que al ser detenido por un agente de
traacutensito deberaacute sentildealar que la circulacioacuten de un vehiacuteculo automotor se realiza sin
placas o sin la tarjeta de circulacioacuten esto es debe reconocer que carece de
justificacioacuten y que no tiene documento alguno que respalde dicha circunstancia
por tanto de inicio se han trasgredido los derechos del fundamentales del
gobernado
El principio de no autoincriminacioacuten del acusado en el proceso penal se colige en
que la confesioacuten que haga es la declaracioacuten voluntaria hecha por el inculpado con
asistencia de su defensor reconociendo su participacioacuten en la comisioacuten de un
hecho descrito por la ley como delito y que para tener eficacia convictiva debe
reunir entre otros requisitos el que se haya rendido sin el empleo de
42
incomunicacioacuten intimidacioacuten tortura o cualquier otro medio de coaccioacuten o
violencia fiacutesica o moral
Incluso el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la confesioacuten rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez resulta invaacutelida
Se cita por su exacta observancia la Tesis 1a CXXIII2004 de la Primera Sala de
esa Suprema Corte visible en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta
Tomo XXI Enero de 2005 Novena Eacutepoca Materias Constitucional y Penal paacutegina
415 del rubro y texto siguientes
ldquoDERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTIacuteCULO 20 APARTADO A FRACCIOacuteN II DE LA CONSTITUCIOacuteN FEDERAL El artiacuteculo 20 apartado A fraccioacuten II de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantiacutea especiacutefica del derecho del inculpado de no declarar en su contra la cual supone la libertad de aqueacutel para declarar o no sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad es decir sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos iliacutecitos que se le imputan de ahiacute que el derecho de no autoincriminacioacuten deba entenderse como la garantiacutea que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan razoacuten por la cual se prohiacuteben la incomunicacioacuten la intimidacioacuten y la tortura e incluso la confesioacuten rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Puacuteblico o del Juez o ante eacutestos sin la presencia desu defensor careceraacute de valor probatorio De dicha garantiacutea no se desprende que el inculpado esteacute autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad sino solamente a no ser obligado a declarar pues de las exposiciones de motivos del referido artiacuteculo constitucional se infiere que lo que pretendioacute el Constituyente fue que el inculpado no confesara por motivos de conveniencia un delito que no cometioacute o que su confesioacuten fuera arrancada por tortura
43
de parte de las autoridades pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o en su caso que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio Ademaacutes la referida garantiacutea rige todo el proceso penal incluida la averiguacioacuten previa sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria ello en teacuterminos del uacuteltimo paacuterrafo del apartado A del artiacuteculo 20 constitucionalrdquo
Por lo tanto en la configuracioacuten del tipo penal necesariamente debe concurrir la
vulneracioacuten de los derechos fundamentales del gobernado quien debe reconocer
ante la autoridad de traacutensito que carece de una justificacioacuten vaacutelida para circular
sin placas y sin tarjeta de circulacioacuten Maacutes auacuten el mismo gobernado estariacutea
aportando pruebas por omisioacuten de no portar la autorizacioacuten para circular es decir
la prueba que lo incriminan
Se cita para ilustrar la Tesis XXI1oPA50 P del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigeacutesimo Primer Circuito publicada en el
Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXVIII Noviembre de
2008 Materia Penal Novena Eacutepoca paacutegina 1374 del rubro y texto siguiente
ldquoPRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIOacuteN PREVISTO EN EL APARTADO A FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 20 DE LA CONSTITUCIOacuteN POLIacuteTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PRESENTADO SI EN LA AVERIGUACIOacuteN PREVIA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIOacuteN O ENTREGA DEL OBJETO DEL DELITO CUYA COMISIOacuteN SE LE ATRIBUYE CON APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARAacute ALGUNA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN LA LEY El principio acusatorio contenido en el artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho obliga al Ministerio Puacuteblico a que antes de
44
ejercer la accioacuten penal esto es hacer la acusacioacuten correspondiente realice la investigacioacuten y persecucioacuten del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacioacuten consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado En esas circunstancias la orden de localizacioacuten buacutesqueda y presentacioacuten del indiciado para que declare dentro de la averiguacioacuten previa no es otra cosa que una diligencia maacutes para integrar el material probatorio que el Ministerio Puacuteblico debe allegar dentro de esta fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la accioacuten penal sin embargo si al presentado en dicha fase se le requiere la devolucioacuten o entrega del objeto del delito cuya comisioacuten se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicaraacute alguna medida de apremio prevista en la ley se viola en su perjuicio de manera directa el principio de no autoincriminacioacuten contenido en la fraccioacuten II del apartado A del artiacuteculo 20 de la Constitucioacuten Federal que establece entre otros el derecho de no declarar si lo estima conveniente lo que conduce a establecer que menos auacuten estaacute obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen dado que el representante social estaacute facultado para obtenerlas de otras fuentes de informacioacutenrdquo
Por todo lo expuesto y coacutemo ya ha sentildealado la Primera Sala de esa Suprema
Corte de Justicia de la Nacioacuten los principios constitucionales del debido proceso
legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad y a una
defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o
exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser
juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las
exigencias constitucionales y legales como son el respeto al principio a la
legalidad y la no autoincriminacioacuten por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse
del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad
45
El aludido criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal se encuentra publicado
en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Libro XXI Junio de 2013
Tomo 1 Materias Constitucional y Penal Deacutecima Eacutepoca con el nuacutemero de Tesis
1a CXCV2013 (10a) paacutegina 603 del rubro y texto siguiente
ldquoPRUEBA ILIacuteCITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIOacuteN O EXCLUSIOacuteN DEL PROCESO ESTAacute CONTENIDO IMPLIacuteCITAMENTE EN LOS ARTIacuteCULOS 14 16 17 Y 20APARTADO A FRACCIOacuteN IX Y 102 APARTADO A PAacuteRRAFO SEGUNDO CONSTITUCIONALES EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOacuteN EL 18 DE JUNIO DE 2008 El proceso penal entendido lato sensu como uno de los liacutemites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal asiacute como dentro de un contexto de Estado social y democraacutetico de derecho como una herramienta juriacutedica institucionalizada para solucionar controversias sociales se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales entre ellas el derecho fundamental al debido proceso que entre otras aristas juriacutedicas pugna por la buacutesqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso Ahora si bien es cierto que de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 18 de junio de 2008 no se advierte una definicioacuten expresa ni una regla expliacutecita en torno al derecho fundamental de la prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita eacuteste se contiene impliacutecitamente en nuestra Carta Magna derivado de la interpretacioacuten sistemaacutetica y teleoloacutegica de sus artiacuteculos (i) 14 al establecer como condicioacuten de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (ii) 16 en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu (iii) 17 por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad (iv) 20 apartado A fraccioacuten IX en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado y (v) 102 apartado A paacuterrafo segundo en el que se establece un diverso principio de legalidad especiacutefico para la institucioacuten del Ministerio Puacuteblico durante el desarrollo de su funcioacuten persecutora de delitos En ese tenor los
46
principios constitucionales del debido proceso legal enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada resguardan impliacutecitamente el diverso principio de prohibicioacuten o exclusioacuten de la prueba iliacutecita dando lugar a que ninguacuten gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtencioacuten se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales por tanto todo lo obtenido asiacute debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad Dicho en otras palabras aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsioacuten o expulsioacuten procesal de la prueba iliacutecitamente adquirida hay que reconocer que eacutesta deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolablesrdquo
Por lo que se concluye que el tipo penal impugnado resulta invaacutelido pues para su
configuracioacuten deben vulnerarse varios derechos humanos de ellos se sigue que
su invalidez deriva de la posicioacuten preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento constitucional y de su condicioacuten de inviolables
XII Cuestiones relativas a los efectos
Se hace especial hincapieacute en que los argumentos vertidos por esta Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos sustentan la inconstitucionalidad del artiacuteculo
193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico
En esa virtud se solicita atentamente que de ser tildado de inconstitucional el
artiacuteculo impugnado tambieacuten se invaliden todas aquellas normas cuya validez
dependa de la norma impugnada y que esteacuten relacionadas por cuestioacuten de
47
efectos conforme a lo dispuesto por los artiacuteculos 41 fraccioacuten IV y 45 segundo
paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artiacuteculo 105 de la
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos que disponen
ldquoARTICULO 41 Las sentencias deberaacuten contener (hellip) IV Los alcances y efectos de la sentencia fijando con precisioacuten en su caso los oacuterganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el aacutembito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general sus efectos deberaacuten extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada (hellip)rdquo
ldquoARTICULO 45 Las sentencias produciraacuten sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten La declaracioacuten de invalidez de las sentencias no tendraacute efectos retroactivos salvo en materia penal en la que regiraacuten los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materiardquo
P R U E B A S
1 Copia certificada Del Acuerdo del Senado de la Repuacuteblica por el que se
designa al Licenciado Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez como Presidente de la Comisioacuten
Nacional de los Derechos Humanos (Anexo uno)
Desde este momento con fundamento en el artiacuteculo 280 primer paacuterrafo del
Coacutedigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacioacuten supletoria a la materia en
teacuterminos del artiacuteculo 1ordm de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
48
Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos solicito
en el acuerdo de admisioacuten se ordene la devolucioacuten de dicha documental y que en
sustitucioacuten de la misma se deje en autos copia cotejada por el Secretario que
corresponda toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los
fines que persigue este Organismo Constitucional
2 Copia simple De la Gaceta Oficial del Estado de Meacutexico de fecha veintiseacuteis de
enero del antildeo dos mil quince (Anexo dos)
3 Disco compacto De la versioacuten electroacutenica del presente escrito (Anexo tres)
Por lo antes expuesto y fundado a ustedes Ministros integrantes del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten atentamente pido
PRIMERO Tener por presentada la accioacuten de inconstitucionalidad en mi calidad
de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos
SEGUNDO Admitir a traacutemite la presente demanda de accioacuten de
inconstitucionalidad en sus teacuterminos
TERCERO Tener por designados como delegados y autorizados a los
profesionistas indicados al inicio de este escrito asiacute como por sentildealado domicilio
para oiacuter y recibir notificaciones y documentos
CUARTO Admitir las pruebas ofrecidas en el capiacutetulo correspondiente
49
QUINTO En el momento procesal oportuno declarar fundados el concepto de
invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicioacuten legal impugnadas
Meacutexico DF a 25 de febrero de 2015
LIC LUIS RA UacuteL GONZAacute LEZ PEacuteREZ PRESIDENTE DE LA COMISIOacuteN NA CIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFPS
50