22 de Diciembre, 2015

La Gratuidad hasta el momento ha sido un “debate”, un confuso debate entre las distintas fuerzas políticas y sociales;  hemos visto un gobierno vacilante incapaz de entregar soluciones contundentes y estructurales que recojan realmente las inquietudes de  la gran mayoría de los estudiantes de Chile. Las distinciones y criterios arbitrarios, que exigían a las universidades privadas ( estar acreditadas por 4 años o más, no poseer como integrantes de la corporación o fundación universitaria sociedades comerciales o con fines de lucro, considerar representantes en sus distintos estamentos estudiantil y/o funcionarios en algún espacio de gobierno universitario conforme a los estatutos) y la “gratuidad” en un primer momento por medio de glosa presupuestaria,  son una manifestación clara de este síntoma, donde ha primado la parcialización de las demandas y no los criterios transversales que apuntan a entender la educación como un todo coherente, sometiendo la reforma a los vaivenes de las voluntades políticas de turno y a un incierto futuro. La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Por qué a unas instituciones sí y a otras no? , ¿Por qué si decimos querer transformar la educación en Chile no optamos por criterios sistemáticos que ataquen al problema de raíz? Por supuesto estos criterios son necesarios, no solo para las universidades privadas, sino para todas las instituciones que tengan el desafío de enseñar.

Hemos evidenciado tras el fallo del tribunal constitucional que el Gobierno busca legitimarse nuevamente frente a los ojos de la ciudadanía, la propia ministra Delpiano ha señalado que “la situación es mejor que la que esperábamos”, para esto han respondido con la “Ley corta” ingresada por el ejecutivo que según el gobierno permitiría iniciar “la gratuidad” el 2016 . Ley que es por sobre todo insuficiente distinguiendo entre universidades estatales y privadas, eliminando el requisito de participación mínimo que debe tener toda comunidad democrática y dejando fuera a los planteles técnicos; en definitiva una ley que no viene a cambiar nada. Esta “ley corta” a su vez es la constatación  de una voluntad política que la subyace, una voluntad política proveniente de los sectores conservadores de la Nueva Mayoría (y ciertos sectores de la derecha) que buscan en un acción coordinada cerrar los focos de conflicto de la forma más rápida posible, por ello en un corto transcurso de tiempo ya fue aprobada por la cámara de diputados y despachada por el senado. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha delimitado la cancha, sentenciando que los criterios planteados para la universidades privadas no se condicen con los fines del espíritu de la ley, que serían la gratuidad y calidad de la educación superior; lo más preocupante es que el Tribunal Constitucional rechaza sistemáticamente el requisito de gratuidad para los planteles universitarios, cerrando desde arriba una vez más la posibilidad de democracia en nuestras universidades y en nuestro país.

En la UC

El 18 de diciembre del presente año el Honorable Consejo Superior  de nuestra universidad decidió ingresar al nuevo sistema el 2016. Es el momento en que el Rector, el pro rector, los vicerrectores, el secretario general y cuatro profesores han decidido unilateralmente sumarse a la discusión de la gratuidad y la reforma. Como estudiantes hemos sido críticos de este proceso, nuestra voz ha sido invisibilizada por las autoridades, solo llevada por espacios de discusión propiciados por nosotros mismos y que han hecho eco en nuestro consejo de federación. Sin embargo, la necesaria discusión política sobre el asunto jamás fue abierta a la comunidad negándonos de facto la posibilidad de, como comunidad de la Universidad Católica, sumarnos a la gratuidad.

Finalmente la discusión de los estudiantes y otros actores propició una decisión más amplia que la originalmente planteada, donde solo el rector hubiera declarado la voluntad de toda la comunidad. Hoy la contraposición entre un sector que entiende la “autonomía” de la universidad como la autonomía del rector y las autoridades para hacer y deshacer, y nuestro sector, el de una amplia parte de estudiantes, académicos y trabajadores, que comprendemos la autonomía universitaria como la posibilidad de construir consensos colectivos amplios y representativos entre los diversos actores- en suma de que sea la comunidad la que vaya construyéndose a sí misma de forma dinámica y deliberativa - es cada vez más grande.

Nos parecen preocupantes los dichos del Rector Ignacio Sánchez respecto de la gratuidad, donde ha señalado que “En el caso nuestro tiene que ver con el convencimiento de que nosotros apoyamos la gratuidad para los estudiantes que lo requieran. Esto NO es apoyo a la gratuidad universal. Mayoritariamente la Universidad Católica no está de acuerdo con la gratuidad universal”. Estos dichos alejan a la comunidad del debate, el rector con “autoridad divina” ha destacado el convencimiento que existe al interior de nuestra casa de estudios de no entender  la educación como un derecho social, cuando hasta el momento ese convencimiento pertenece solo a él y a ciertas autoridades; debemos comprender que esta potestad le corresponde por derecho propio a nuestra comunidad, debemos ser los más y no los menos los que plantemos esta definición, desde ahora en adelante, nunca más podemos quedar ajenos a la discusión, no queremos ser lo que el rector hubiera sido de no sumarse al proceso, no queremos ser meros espectadores de la historia.

Cómo Uc y Movimiento Estudiantil tenemos el 2016 un desafío tremendo; por un lado avanzar en nuestra universidad en la construcción de una comunidad democrática, y por otro conquistar al fin una educación gratuita, pública y de calidad. En la UC no descansaremos hasta que seamos escuchados, insertos en el debate, la comunidad toda hoy tiene esa oportunidad y las autoridades deben propiciarla. Estos grandes cambios, que nos afectan a todos no pueden ser decididos por unos pocos, (como ya está sucediendo) deben ser la expresión de la transformación que ya hemos iniciado, en la que una UC para todos y todas sólo puede ser edificada por sus grandes mayorías.

El 2016 para nosotros, los estudiantes de Chile,  será un año definitivo. Como movimiento estudiantil apostamos por sobre todo al fortalecimiento de la educación pública y a mejorar significativamente la educación privada. A la creación de un nuevo sistema nacional de educación, donde ninguna institución, ni ningún estudiante sean excluidos. Para ello la des mercantilización de la educación, la democracia universitaria proporcional, el reforzamiento de la investigación pública, la implementación de un sistema de financiamiento justo a las instituciones basado en el aporte fiscal directo, el aumento de la matrícula de las universidades estatales y la renovación de sus infraestructuras; son fundamentales. Queremos una gratuidad que esté a la altura de los desafíos del Chile del mañana, en la UC y en todas las instituciones de educación superior. Llegó el momento de tomarnos la reforma, de junto a rectores, profesores, actores de la educación en general y la ciudadanía en su conjunto,  erradicar al mercado de la educación.

¡A conquistar una educación gratuita, pública y de calidad! , ¡A construir en la UC comunidad democrática!