DECLARACIÓN PÚBLICA

¿LEY DE ASOCIATIVIDAD O LEY DE COMPENSACIONES PARA VIABILIZAR

PROYECTOS ENERGÉTICOS?

La Agenda de Energía comunicada al país el 15 de mayo pasado, estableció dentro de sus prioridades estudiar y definir “mecanismos para que la

comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Dichos mecanismos serán analizados en el marco de la

Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”.

En este contexto y luego de participar como organizaciones en la mesa que el Ministerio de Energía implementó en 6 regiones para la elaboración de lo que ha llamado Ley de Asociatividad, vemos con preocupación que el gobierno en su conjunto no ha logrado avanzar más allá de las propuestas de compensación planteadas en administraciones anteriores, lo cual formalizaría un tipo de soborno de las empresas eléctricas a comunidades y municipios para destrabar sus proyectos.

Como organizaciones ciudadanas cuestionamos la forma como en Chile los inversionistas y el Estado ingresan a los territorios y degradan los recursos naturales y la integridad de las comunidades. Asimismo tenemos la convicción de que nuestro país debe avanzar hacia una nueva relación Estado/empresas/comunidades, basada en la sustentabilidad, el respeto por la soberanía local y la justa retribución de las empresas al desarrollo local y regional.

Luego de sostener diversas reuniones con el ministro Máximo Pacheco y su equipo para expresarle en forma fundada que su propuesta para el proyecto de Ley de Asociatividad no aborda hasta ahora un proceso asociativo entre empresas y comunidades en base a las prioridades de desarrollo local, sino que más bien obedece a un nuevo formato de compensaciones monetarias de los inversionistas a las comunidades locales, para así ingresar a los territorios y expoliar los recursos naturales, constituyendo un mecanismo de facilitación del emplazamiento territorial de proyectos, en este caso, energéticos, señalamos:

Esto es preocupante en primer lugar pues la iniciativa se desarrolla en ausencia de un ordenamiento territorial; en ausencia de procesos democráticos y vinculantes de participación ciudadana; y en ausencia de criterios mínimos de justicia ambiental aceptados internacionalmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual muchas veces arrastra vicios insubsanables. En este contexto,

la asociatividad se instalaría como un sistema que transa daños socioambientales por compensaciones socioeconómicas.

La combinación de los tres pilares de la propuesta del gobierno filtrada a la prensa (patentes municipales, equidad tarifaria y traspaso de beneficios económicos a quienes habitan los territorios) constituyen avances en el contexto de equidad fiscal y compensaciones, pero no puede denominarse asociatividad.

En lo que sí coincidimos, es en que la asociatividad debe fundamentarse en los derechos sociales, ambientales y al desarrollo priorizado desde las comunidades; y que de generarse fondos especiales las comunidades deben conformar fundaciones o corporaciones locales para administrarlos, constituidas en su mayoría por miembros de las comunidades afectadas elegidos para tal efecto y entre cuyas tareas fundamentales deben elaborar un “Plan de Desarrollo Local” de corto y mediano plazo para la asignación de dichos recursos.

En síntesis, en lo que conocemos de la propuesta gubernamental, no se incorporan los planteamientos de fondo sobre asociatividad de quienes participamos en las mesas de Energía 2050 y de las recomendaciones de la propia Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional. Nuestra propuesta de asociatividad, está basada en un enfoque de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas, ordenamiento territorial y participación ciudadana vinculante, porque la asociatividad no se impone sino que requiere el reconocimiento y el libre consentimiento.

Nuestras propuestas, planteadas en las mesas regionales y posteriormente al propio ministro y su equipo en forma escrita (documento que adjuntamos), son las siguientes:

1. La asociatividad no puede ser utilizada como mecanismo para destrabar proyectos energéticos o mineros. Debe basarse en la generación de componentes que permitan la construcción de relaciones de transparencia, verdadera confianza y beneficio mutuo entre comunidades, inversionistas y el Estado.

2. El desarrollo nacional y local poseen legitimidad si están fundados en un enfoque de derechos humanos. En el caso de los pueblos indígenas que incluya la consulta previa con miras a llegar a acuerdo o consentimiento y en caso de reasentamiento debe incluir el consentimiento libre previo e informado de estos pueblos. Asimismo los

acuerdos y mecanismos de asociatividad para el desarrollo eléctrico deben estar basados en el reconocimiento, respeto y ejercicio de estos derechos.

3. Cualquier propuesta de negociación entre empresas y comunidades indígenas y no indígenas, debiera cautelar que esté previamente garantizado: el ejercicio y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; la protección de la propiedad pública o comunitaria (soberanía) sobre el territorio y los bienes comunes susceptibles de afectarse; y la participación vinculante de la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, recursos naturales y bienes comunes en cuestión.

4. El Estado debe constituirse en garante de los derechos individuales y colectivos y de los bienes públicos. En la medida que la propiedad de los bienes comunes esté en manos de las empresas, cualquier estrategia de asociatividad se implementará en condiciones desventajosas para las comunidades.

5. Para asegurar la efectiva participación de las comunidades se requieren varios mecanismos específicos, entre ellos: Asesoría independiente para apoyo a comunidades; En el caso de participación de la comunidad en las utilidades de la empresa y/o royalties, éstos nunca debieran ser inferiores al 10% de dichas utilidades;

Cualquier discusión sobre estrategias de asociatividad debe ser consecuencia del reconocimiento y respeto de derechos de las personas, las comunidades y sus territorios y no debe concentrarse sólo en los intereses y derechos del inversionista en proyectos energéticos.

Estas propuestas son las que hemos entregado al gobierno y que impulsaremos en la discusión pública en los medios de comunicación, la academia y el Congreso Nacional, como ciudadanos y organizaciones.

Firman la presente declaración:Chile SustentableObservatorio CiudadanoCorporación para el Desarrollo de AysénInstituto de Ecología PolíticaEcosistemas

Agrupación Aisén Reserva de VidaGreenpeaceTerramPu Ingkakelu Puke Lewfu de Puerto AysénNewentru Domo de Puerto AysénMañíos y Baguales de Villa Mañihuales

18 de Diciembre de 2014