Declaración de Lima DDHH 2 (4)

8/22/2019 Declaracin de Lima DDHH 2 (4)

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Declaracin

De lima sobre

Derechos

humanos y

empresas


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Declaracin De lima sobre

Derechos humanos y empresas

Asociacin Pro Derechos Humanos - APRODEH

Lima:

Jr. Pachactec 980, Jess MaraTel: 424-7057 / 431-0482 / 431-4837 / Fax: 431-0477

Ayacucho:Urb. Mara Parado de Bellido Mz. P Lote 10 - Emadi, Huamanga

Tel: (066) 31-4948

Apurmac:Jr. Huancavelica 320, cuarto piso, [email protected]

Diseo e impresin: Sonimagenes del PerAv. 6 de Agosto 968, Jess Mara.

Tel.: 652-3444 /652-3445

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacionaldel Per N 2013-XXXXX


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Declaracin de Lima sobreDerechos Humanos y Empresas

Las organizaciones miembro de la FIDH, de Asia, rica y las Amricas, reunidas enLima del 9 al 11 de julio de 2012 con ocasin del seminario internacional tituladoDerechos Humanos y Empresas en la encrucijada: retos y perspectivas, han apro-bado la siguiente declaracin:

Los participantes han tomado nota de las evoluciones recientes, a nivel interna-

cional y regional, en el mbito de los derechos humanos y las empresas, inclui-da la aprobacin por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y la revisin delas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Valoramos que variosgobiernos y actores del sector privado reconozcan en trminos de derechos huma-nos las obligaciones de proteccin a cargo del Estado, as como la responsabilidadde las empresas de respetarlos y garantizar a las vctimas el derecho a acceder a unrecurso eectivo, que se reejan ahora en numerosos instrumentos e iniciativas denivel nacional, regional e internacional. No obstante, tal reconomiento est todava

limitado a ciertas regiones del mundo. Los participantes han expresado su preocu-pacin ante las limitaciones de los mencionados instrumentos y ante las tensionesinherentes al modelo de desarrollo econmico actual rente a la proteccin de losderechos humanos. En particular, los participantes lamentan que tales instrumen-tos no sean vinculantes y no se disponga de una orientacin sufciente para que losEstados de origen de las empresas traten las lagunas de gobernanza, de manera aevitar que las empresas que operan uera de sus ronteras cometan abusos, y que suresponsabilidad en la violacin de derechos humanos pueda hacerse exigible. Losparticipantes expresan su preocupacin por el riesgo de divergencia de enoquesal interpretar y poner en prctica estos instrumentos y recuerdan que resulta nece-sario interpretarlos a la luz del derecho internacional de derechos humanos, y en lasconstituciones de los Estados.

Adems, el contexto jurdico actual en materia de inversiones internacionales tien-de a limitar la capacidad de los Estados de ejercer su deber de proteger los dere-chos humanos rente a los inversores extranjeros, en particular como resultado delarbitraje comercial internacional.


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A pesar de los esuerzos emprendidos en los ltimos diez aos para ortalecer la res-ponsabilidad de las empresas en materia de proteccin de los derechos humanosy del medio ambiente, la realidad que viven las comunidades aectadas, en todo elmundo, sigue siendo alarmante: son recuentes las violaciones de los derechos hu-manos en las que estn implicadas empresas, sus responsables no rinden cuentaspor esos hechos y las vctimas carecen de recursos idneos y eectivos, tanto a nivelnacional y regional como internacional. En particular, los participantes expresan supreocupacin en cuanto a las consecuencias negativas y muchas veces irreparablesde los megaproyectos y de las industrias extractivas para los derechos relaciona-dos a la tierra, al territorio, al suelo, los derechos laborales, el derecho a la salud,al agua y a la alimentacin, as como para los derechos de los pueblos indgenas

y campesinos. Aunque el derecho a la participacin, y en el caso de los pueblosindgenas, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e inormadoestn protegidos por el derecho internacional y la jurisprudencia, la mayora de losproyectos de inversin se ejecutan sin haber consultado de manera adecuada alos potenciales aectados. El acceso a los contratos de inversin, las evaluacionesde impacto y otros documentos pertinentes sigue siendo en general dicil, lo quedifculta seriamente la realizacin de una consulta eectiva. Consideramos que losEstados deben asegurar, ehaciente a la poblacin involucrada, antes de la toma dedecisiones (incluso antes de la frma de contratos), la transparencia y el acceso a

la inormacin en relacin a los proyectos y contratos de inversin. En este mismosentido, las restricciones de los fnanciadores, la presin para acilitar las inversionesy la bsqueda de una rentabilidad inmediata de stas hacen que las empresas seprecipiten a ejecutar los proyectos lo antes posible, lo que impide consultar efcaz-mente a las comunidades locales, puesto que dicha consulta se percibe a menudocomo un obstculo al llamado desarrollo.

Los participantes manifestan asimismo su preocupacin por el hecho de que, aun-que el deber de proteger los derechos humanos y de consultar debidamente a los

aectados sea competencia de los Estados, las consultas estn realizadas muchasveces por las mismas empresas, dentro del marco de las consultas con todas laspartes interesadas. En lugar de prevenir los daos potenciales, las empresas y los in-versionistas preferen compensar los daos causados, de manera ad hoc(en varioscasos, victimas no logran recibir ninguna indemnizacin) o inadecuada, contraria alderecho a la reparacin y, sobre todo, a los estndares internacionales para asegurarla prevencin de violaciones a los derechos humanos.

Adems, quienes se organizan para exigir los derechos humanos en estos contextos

protestan por los impactos negativos de los proyectos de inversin, o se oponen a


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los que no son consideran como interlocutores legtimos y, en general, padecen larepresin, la criminalizacin y, en varios pases, ejecuciones sumarias a manos de losmilitares, de la polica o de servicios privados de seguridad. La situacin en Per, don-de se celebr el seminario, ilustra claramente esta situacin, pese a la existencia deun ordenamiento jurdico que garantiza el derecho a la consulta. Los participantescondenan la situacin en Cajamarca, Per, en particular el uso desproporcionado dela uerza, y llaman a las autoridades peruanas a poner fn a la represin en contra delas protestas vinculadas a megaproyectos extractivos.

Por consiguiente, llamamos a los Estados a:

Regular las actividades de las empresas transnacionales que se encuentranbajo su jurisdiccin, inclusive cuando actan uera de sus ronteras, ejercien-do as sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos;

Suspender las actividades de las empresas cuando causan o pueden cau-sar- violaciones a los derechos humanos;

Facilitar el acceso de las vctimas de violaciones de derechos humanos co-metidas por las empresas a la justicia, suprimiendo los obstculos de ordenprctico y jurdico, inclusive en los pases de origen de las empresas;

Respetar los principios de transparencia y de participacin de las comunida-des, incorporando en sus legislaciones normas que permitan la evaluacindel impacto de los proyectos de inversin sobre los derechos humanos, yque aseguren que los proyectos no puedan ser impulsados sin la consultade las comunidades aectadas y sin el consentimiento libre, previo e inor-mado de las comunidades indgenas aectadas;

Proteger la libertad de expresin, maniestacin y reunin pacfca de losdeensores de los derechos humanos y de quienes se organizan o protestan

pblicamente contra proyectos de inversin, y no usar indebidamente elderecho penal, civil o administrativo en su contra;

Adoptar protocolos de actuacin de uerzas de seguridad , que al mnimoestn orientados por los Principios Bsicos de la ONU sobre el Empleo dela Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de HacerCumplir la Ley;

Promover la elaboracin de normas a nivel internacional y regional con mi-ras a establecer normas vinculantes para la proteccin de los derechos hu-

manos rente a las actividades de empresas, incluyendo mecanismos parahacer eectiva su responsabilidad ante las violaciones cometidas;


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Cumplir las medidas cautelares dictadas por los rganos de proteccin delos derechos humanos as como las recomendaciones del Consejo de De-rechos Humanos y rganos de tratados de Naciones Unidas relativas a em-presas y derechos humanos.

Llamamos a las empresas a:

Respetar los derechos humanos siempre, incluso cuando el Estado no cum-ple sus obligaciones al respecto;

Respetar la libertad de expresin de los aectados y no omentar la repre-sin y la criminalizacin;

No seguir estrategia alguna, en el contexto de los procesos de consulta,que pueda presionar a las comunidades para obtener su aprobacin y/oque pueda derivar en dividir a los aectados y que menoscabe los rganosdecisores legtimos en las comunidades aectadas.

Llamamos al grupo de trabajo de la ONU sobre la

cuestin de los derechos humanos y las empresas

transnacionales a:

Tomar en cuenta los puntos de vista de los aectados por las actividades delas empresas y sacar las lecciones pertinentes de los casos actuales de vio-laciones de derechos humanos cometidas por las empresas, cuando realicevisitas a los pases, a fn de elaborar recomendaciones para los Estados res-pecto a su deber de proteger los derechos en la prctica, incluso tambinuera de su territorio, y para mejorar el acceso de las vctimas a la justicia;

Apoyar la elaboracin de normas en la ONU sobre la responsabilidad de las

empresas en materia de derechos humanosPuesto que estamos convencidos de que se deben mantener los esuerzos a todoslos niveles, tanto nacional y regional como internacional, acordamos compartir lasexperiencias y la pericia de todas las regiones. En particular:

Seguiremos documentando y denunciando pblicamente los casos deabusos de las empresas y procuraremos intervenir desde el primer momen-to, mediante, entre otros mecanismos : el impulso de estudios de evalua-cin de impacto en derechos humanos ; el uso de los recursos de acceso a


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la inormacin y el apoyo a la movilizacin rente a los daos potenciales oactuales de los megaproyectos.

Tambin nos comprometimos a:

Establecer las alianzas necesarias para determinar la relacin de causali-dad existente entre las actividades de las empresas y los daos en par-ticular a la salud y al medio ambiente de las poblaciones en su entorno;

Continuar los esuerzos de dilogo, cuando posible y adecuado, con las em-presas, as como con los Estados, las agencias pblicas y otros actores priva-dos involucrados en violaciones cometidas por las empresas con el objetivo

de prevenir o remediar tales abusos;

Recurrir a todas las disposiciones existentes, en las constituciones, legisla-ciones y normas regionales e internacionales, as como a los tribunales, afn de consolidar una legislacin y una jurisprudencia protectoras;

Considerar la posibilidad de denunciar a los dirigentes de las empresas antela CPI si sus empresas son cmplices de crmenes internacionales;

Utilizar, puesto que iniciar juicios en tribunales civiles y penales debe ormar

parte de una estrategia general, todos los medios y mecanismos disponi-bles para pedir cuentas a las empresas, mediante la movilizacin nacional ytranscontinental, las campaas y las maniestaciones, usando y diundiendola gua de la FIDH Empresas y Violaciones a los Derechos Humanos comouno de las herramientas existentes. Cuando proceda, nos dirigiremos a losgrupos de inters, los organismos de crditos para exportadores y los in-versores, instituciones internacionales de fnanciacin incluidas, as comolos ondos de pensiones y los bancos de desarrollo regionales y nacionales,para incitarles a cerciorarse de que los proyectos que fnancian no quebran-

tan los derechos humanos; Seguiremos inormando a los mecanismos pertinentes de la ONU, en parti-

cular los procedimientos especiales y los rganos de los tratados, sobre lasomisiones de los Estados con respecto a violaciones de derechos humanoscometidas por empresas, para reorzar y desarrollar la jurisprudencia en lamateria.


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Asimismo, nos comprometemos a:

A nivel internacional/regional:

Mantener los esuerzos destinados a ortalecer el marco legal internacionalde las empresas y los derechos humanos; nuestro objetivo a largo plazosiendo la aprobacin de una convencin internacional que imponga obli-gaciones a las empresas y que permita un recurso eectivo para las vctimas;

Mantener los esuerzos destinados a la aprobacin de una convencin paralas empresas militares y de seguridad privada;

Habida cuenta de la limitacin de su mandato, impulsar al Grupo de Traba-jo de la ONU sobre empresas y derechos humanos a que lo interprete demanera progresista;

Seguir impulsando la primaca del derecho internacional de los derechoshumanos en todos los oros pertinentes, inclusive en el marco del arbitrajeinternacional;

Apoyar los esuerzos destinados a establecer un tribunal internacional paralos delitos ambientales y econmicos;

Movilizar en pro de la preservacin de la integridad e independencia delsistema interamericano de derechos humanos, y promover un desarrolloprogresista en el mbito de las empresas y los derechos humanos en otrossistemas regionales.

Reorzar el trabajo de cabildeo internacional con la FIDH sobre reas clavesvinculadas a la responsabilidad de las empresas.

A nivel nacional:

Presionar para que se promulgue una legislacin que regule las empresas,tambin extraterritorialmente, por medio de requisitos de debida diligenciaobligatoria y de publicacin de inormacin, en particular sobre las conse-cuencias para el medio ambiente y los derechos humanos. Tal legislacindeber incluir mecanismos de verifcacin independientes de los inormes,y sanciones.

Presionar para que se promulguen marcos legales a nivel nacional que inte-gren las normas internacionales y regionales ms progresistas en el mbito


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de los derechos humanos y el medio ambiente, incluido el consentimientolibre, previo e inormado de los pueblos indgenas;

Dado el abismal desequilibrio de poderes entre las comunidades aectadasy las empresas, exigir, cuando las vctimas demanden a las empresas quese invierte la carga de la prueba cuando se deben evaluar los vnculos decausalidad entre el perjuicio surido y las actividades de las empresas;

Promover la participacin de las comunidades locales y de los pueblos in-dgenas en las decisiones relativas a las cuestiones que les conciernan, enparticular en lo relativo a la defnicin de zona protegida (por ejemplo, losbosques o tierras cuya explotacin comercial estar prohibida);

Explorar ormas innovadoras de gestin econmica o de desarrollo de pro-yectos que impliquen a las autoridades y comunidades locales;

Abogar por el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas matri-ces respecto a la actuacin de sus fliales, como cuestin de principio;

Impulsar una valoracin holstica de los benefcios econmicos de los pro-yectos de inversin que tome en cuenta los costes del deterioro del medioambiente y consecuencias sociales ms amplias.

En cuanto a la OCDE: Aunque sabemos que los puntos de contacto nacionales de la OCDE toda-

va carecen de independencia e imparcialidad en muchos pases, estamosdeterminados a emplear esos mecanismos cuando proceda, y a impulsarsu mejora;

Vigilar de cerca la iniciativa del Comit de Inversin de la OCDE sobre elconcepto de debida diligencia en lo relativo a la implicacin de los grupos

de inters de las industrias extractivas, as como en el sector fnanciero, afn de cerciorarnos de que reejan las normas internacionales ms altas, enparticular en lo relativo al consentimiento libre, previo y inormado de lospueblos indgenas. De no ser as, dicho proceso ser denunciado.


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FIDH y sus organizaciones miembros participantes:Altsean-Burma / APDHB - Asamblea permanente de derechos humanos (Bolivia) / Aprodeh -Asociacion pro derechos humanos (Per) / CALDH - Centro para la Accin Legal en DerechosHumanos (Guatemala) / CEDAL Centro de Derechos y Desarrollo (Per) / CCR - Center orConsitutional Rights (US) / CCS - Centro de Capacitacion Social (Panama) / CELS - Centro deEstudios Legales y Sociales (Argentina) / CEDHU - Comision ecumenica de derechos humanos(Ecuador) / CCAJAR- Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo (Colombia) / CENIDH - CentroNicaragense de Derechos Humanos (Nicaragua) / Justia Global (Brasil) / INREDH - FundacinRegional de Asesora en Derechos Humanos (Ecuador) / Kontra-S (Indonesia) / LHRC - Legal andHuman Rights Centre (Tanzania) / LHR - Lawyers or Human Rights (Arica del Sur) / KHIS - KoreanHouse or International Solidarity, partner organisation (Corea del Sur) / Observatorio Ciudadano(Chile) / PAHRA - Philippines Alliances o Human Rights Advocaces (Philippines)


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sobre Derechos

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