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n.º 3351 de marzo

de 2019Precio 1,5 €Apoyo: 2 €

La precipitación del Gobierno en utilizar los últimos días de ejercicio para aprobar múlti-ples decretos de menor calado antes de con-

vocar las elecciones no puede ocultar los hechos.Desde el 1de junio en que se formó, tras

echar a Rajoy en la moción de censura, las múl-tiples promesas realizadas por Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE hoy en el Gobierno, se han convertido en su gran mayoría en humo.

Se han mostrado totalmente incapaces de aprovechar unas circunstancias propicias, con el PP en su peor momento, corroído por la corrup-ción y derrotado políticamente por los pensio-nistas y el pueblo catalán.

Durante estos 9 meses ha mareado la perdiz, amagando, prometiendo, haciendo pequeños ges-tos como los del Consejo de ministros del 21 de diciembre, con declaraciones de negociación sobre

la cuestión catalana, pero retrocediendo precipita-damente ante el primer aullido de los franquistas.

Las mínimas promesas de anulación de la LOMCE, de derogación de la reforma laboral de Rajoy, de anulación del artículo 315.3 del Código Penal (algo que además no cuesta dinero). Nada o casi.

¿Que ha faltado?No ha faltado ni la exigencia unánime de los tra-bajadores, ni la movilización continua de los pensionistas -que de nuevo han visto como a ultima hora el Gobierno ha intentado colar la

reforma a través del Pacto de Toledo, cosa que ha fracasado.

Ni siquiera ha faltado la voluntad de una bue-na parte de los dirigentes republicanos catalanes de negociar con el Gobierno. Sus exigencias eran mínimas, simplemente que la abogacía del Estado y el fiscal que dependen del Gobierno recalifiquen los supuestos delitos inexistentes de rebelión y sedición. Ni siquiera esto.

Los propios dirigentes sindicales que desde el primer día, el 1 de junio, lo han supeditado todo al apoyo al Gobierno, han visto satisfechas la míni-mas demandas pactadas con la ministra de Trabajo.

No, lo que ha faltado es esencialEl Gobierno no ha querido apartarse ni una coma de su subordinación al Rey y al capital, a la monarquía, a la Unión Europea, o sea, al capital financiero. Ni siquiera ha demostrado independencia en relación a Trump en cuanto a Venezuela.

Una vez mas la incompatibilidad entre rei-vindicaciones/democracia e instituciones mo-nárquicas aparece.

En estas elecciones, gane quien gane, esta cuestión central se va a expresar.

Para los trabajadores y los pueblos, la lucha por la unidad por derechos sociales y democrá-ticos es la única que puede abrir un camino positivo, o sea, la republica. Republica del pue-blo, de los pueblos.

EDITORIAL

Ante la convocatoria de elecciones

MOVIMIENTO OBREROCientos de empleos en peligro en Airbus

página 3

ACTUALIDAD POLÍTICA

Crónica de un juicio franquista

página 6

PENSIONESEl Pacto de Toledo ha estallado

página 9

8 DE MARZO Día Internacional de la Mujer Trabajadora

16 DE MARZOManifestación por la libertadde los presos catalanes

Manifestación en Madrid por el Día de la Mujer Trabajadora. 8 de marzo de 2018

INTERNACIONAL

Alto a la injerenciacontra Venezuela

página 11

2 Nº 335 / MARZO DE 2019

SANIDAD

El 10 de febrero miles de personas llenaban las calles de Santiago de Compostela para protestar.

Convocaba la plataforma SOS- Sanidade Pública, y apoyaban distintos colectivos y los sindicatos mayoritarios en el sector, que denun-cian que las políticas del Gobierno de la Xunta han beneficiado a empresas privadas.

Encabezaba la marcha una pancarta con el lema "SOS Sanidade Pública. Sanidade pública en perigo defendámola!". Contra la privatización de servicios y los recortes pre-supuestarios en la sanidad pública de Galicia.

Entre los manifestantes destacaban co-lectivos de pediatras, médicos de atención

primaria y de los servicios de urgencias, ade-más de empleados de ambulancias, que esta-ban en huelga, para reclamar más recursos humanos y materiales.

Los líderes de En Marea, PSdeG y BNG han participado también.

En el manifiesto leído al final de la ma-nifestación, se decía que "uno de los mejo-res sistemas sanitarios del mundo", está siendo "derrumbado poco a poco para dejar espacio al sector privado" y a empresas mul-tinacionales que ven en él "una gran oportu-nidad de negocio".

LG

Miles de manifestantesen Santiago

La sanidad, al borde de un estallidoMejoras técnicas … que se vuelven contra los pacientesCuando hace años se anunció la puesta en marcha de la cita p rev ia en los cen t ros de Atención Primaria fueron mu-chos los que saludaron esa me-dida. En teoría, ya no habría que ir en persona a pedir nú-mero al centro de salud y per-der allí toda la mañana. Ahora se podría pedir cita por teléfo-no o por internet e ir a la hora justa de la consulta. Pero, con el tiempo, la realidad se ve que es otra. Hay pocos médicos y enfermeros para todo lo que se hace en los centros de salud y entonces hay un número limi-tado de citas. Cuando se llena, hay demora. Si uno busca en la prensa puede ver que está llena de noticias de que la demora de cita para el médico de familia

es de 10, 11 o hasta 15 días. A lo mejor se puede esperar ese plazo para una visita de trámi-te, pero si uno está enfermo y no puede esperar, no queda más alternativa que ir a las ur-gencias del Centro de Salud (donde te atienden los médicos dentro de su jornada laboral, aumentando el número de con-sultas por encima del supuesto límite establecido), o a las ur-gencias del Hospital (donde te pasas horas). La supuesta me-jora “pensada para los pacien-tes” se ha vuelto contra ellos.

Lo mismo sucede con otra gran mejora anunciada: la ciru-gía sin ingreso o Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). El pacien-te podría operarse y pasar la convalecencia en casa, con sus

familiares, sin horarios impues-tos y con libertad de visitas, las curas y cuidados te los haría la enfermera en casa… El proble-ma es que la puesta en marcha de la CMA ha llevado a los ges-tores a reducir personal de en-fermería y camas en los hospi-tales, lo que obliga a asumir como CMA procesos cada vez más complejos. Entonces, el paciente se encuentra en casa y necesita muchos cuidados, que tienen que asumir sus familia-res, pidiendo permisos en el trabajo, con o sin sueldo.

Bajo la dictadura de los re-cortes, los avances técnicos se convierten en un problema para los pacientes y en una carga pa-ra sus familiares.

Luis González

Tras Cataluña, Andalucía y Castilla y León, han sido los médicos y pediatras de Valencia quienes han realizado paros en los centros de salud para reclamar refuerzos, una reducción de cupos y la limitación de visitas.

Los médicos de Atención primaria se han concentrado en las puertas de los centros de salud. Exigen que se garantice un mínimo de diez minutos por paciente, pero también se quejan por la situación “insostenible”, agra-vada por la falta de sustituciones y por la saturación de las consultas, en las que, según denuncian, asumen una media de entre 15 y 20 urgencias diarias. Piden que los médicos no atiendan más de 1.500 tarjetas de asisten-cia sanitaria y que tampoco superen las 900 en el caso de los pediatras.

Andrés Cánovas, secretario general del S i n d i c a t o M é d i c o d e l a C o m u n i d a d Valenciana (CESM-CV), reclama a la Conselleria de Sanidad que “el presupuesto para Atención Primaria sea un 25% del total que tienen consignado”, cuando ahora es del 7%. Aunque el problema no está sólo en con-seguir una mejor redistribución del presu-puesto, sino en su aumento hasta que sea suficiente para cubrir las necesidades de la población.

Creen además que se debería limitar el número de visitas al día a 30 por médico y 25 por pediatra o sustituir el personal facul-tativo durante las ausencias previstas.

Blas Ortega

Movilizaciones de médicosen el País Valenciano

Hay un acuerdo global en todas las organizaciones sindicales y profesionales en el País Vasco respecto a Osakidetza: la cali-dad de su servicio y el peligro de colapso no deja de aumentar.

El largo proceso de privati-zaciones paralizadas incluso por los jueces (Hospital de Urduliz), los recortes y la precarización de las plantillas que el PNV ha pro-piciado durante décadas está encontrando un punto sin retor-no con el actual pacto de gobier-no con el PSE/PSOE.

Se suceden los conflictos de resistencia porque los médicos de familia no pueden más con las listas de espera, porque el sistema de emergencias se des-compone sometido a la privati-zación, cuando no se denuncia el cierre de camas en plena epi-demia de gripe.

Es una cuestión considera-da políticamente como secun-daria, una Oferta Pública de Empleo (OPE) celebrada en junio de 2018 la que ha puesto al Consejero de Sanidad contra las cuerdas y al descubierto la v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e Osakidetza.

Días antes de celebrarse es-ta OPE un grupo de médicos registraron ante notario una lis-ta de nombres denunciando que

dichas personas iban a ser las que tendrían los primeros pues-tos ganadores en los exámenes de algunas categorías, como efectivamente ocurrió.

La corrupción es evidente, el poder de los lobbys internos ligados a las privatizaciones y a los contubernios públicos-pri-vados también, de tal forma que solo ahora ante la posibilidad de que el Parlamento Vasco pueda reprobar al Consejero este se plantea dimitir.

Por supuesto, el PNV, un partido ligado a negocios sani-tarios privados muy importan-tes como el IMQ le viene apo-yando cerrando filas, pero lo realmente grave para las filas del movimiento obrero es la po-

sición del PSE/PSOE, coaliga-do con el PNV en todas las instituciones vascas.

Ya en diciembre de 2018 y frente a una propuesta de EH Bildu y Podemos de que se for-m a r a u n a C o m i s i ó n d e Investigación en el Parlamento Vasco el PSE/PSOE votó en jun-to al PNV y con la abstención del PP evitaron la investigación.

Se necesita un verdadero debate en los sindicatos, entre los trabajadores en general so-bre como movilizar el máximo de fuerzas para defender Osakidetza, una barrera frente al capital privado interesado en robar nuestro derecho a la sa-lud.

MikelON. Bilbo

El gobierno PSE/PSOE-PNV,una amenaza para el servicio vasco de salud (Osakidetza)

Personal sanitario del centro de salud de Alfahuir9 de febrero: Manifestación en Vitoria

3Nº 335 / MARZO DE 2019

MOVIMIENTO OBRERO

Los trabajadores del Metro exigen el fin del amianto

Los trabajadores de Metro de Madrid se han manifestado el 21 de febrero ante el Gobierno de la Comunidad. responsable, junto con los directivos de Metro, de la presencia de amianto en instalaciones y trenes, así como de la precarización del servicio público que se presta.

La muerte de dos compañeros, la enfermedad en tres más, da un carác-ter de urgencia al desamiantado, a la vez que se hace necesario poner en marcha las cuatro recomendaciones de la inspectora de trabajo, retenidas por la autoridad laboral del Gobierno de la Comunidad.

Las conclusiones de la Comisión que en la Asamblea de Madrid ha tratado sobre el amianto en Metro, se elevarán al juzgado.

Los trabajadores y organizacio-nes sindicales de Metro exigen em-pleo, trenes, así como acabar con las costosas externalizaciones. Forman parte de los sectores que tratan de abrir un camino en defensa de todos

los servicios públicos donde los re-cortes no han parado (sanidad, ta-xis..). Los anuncios electorales para las generales y a las pocas semanas las autonómicas y municipales no detienen este incipiente movimiento que necesita de la acción unida. Así se lo manifestaron a I. Errejón, que visitó a los sindicatos de Metro.

Huelga en el Metro de BarcelonaLos trabajadores del Metro de Barcelona van a la huelga a partir del lunes 25 de febrero ante la falta de reconocimiento por la dirección de su exposición al amianto y la falta de un plan de intervención.

José Luis Sánchez

Por la retirada del plan de CaixabankEn el número anterior dábamos los datos del conflicto en la negociación del convenio de Caixabank, en un contexto general de destrucción de más de cien mil puestos de trabajo en el sector.

CCOO y UGT coinciden en rechazar bajas forzosas, movilidad geográfica forzosa, apertura los martes en las oficinas que no sean de un empleado, etc. Es más, el banco ofrece bajas voluntarias, pero con poca indemnización. Busca imponer la ley del embudo.

¿Queda otra salida que exigir la retirada del plan, como había planteado UGT?Andoni Zarra

Servicio de Ayuda a Domicilio de SevillaLa lucha por la municipalización

Las Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal de Sevilla han decidido emprender movilizaciones para exigir a los distintos grupos municipales y, en particular, al partido Socialista, el cumplimiento de sus compromisos de avanzar hacia la municipalización del servicio.

La municipalización del SAD figuraba entre los compromisos del acuerdo de investidura del actual alcalde, Juan Espadas (PSOE). Durante todo su mandato, los comi-tés de empresa de las distintas con-tratas de Ayuda a Domicilio y CCOO han mantenido reuniones y entrevistas con todos los grupos municipales, y se había llegado a un acuerdo para formar una Comisión que iniciara los estudios necesarios para poner en marcha esa posibili-dad. Sin embargo, esa comisión no acaba por reunirse, y desde la alcal-

día se ha anunciado que, en caso de hacerlo, no formarán parte de ella las representantes de las trabajado-ras del SAD.

A partir de esa noticia, se han celebrado Asambleas de trabajadoras para debatir sobre la situación, y se ha decidido iniciar un proceso de mo-vilizaciones.

Desde que el Ayuntamiento deci-dió dividir la ayuda a domicilio en cuatro empresas, se ha abierto paso la idea de la necesidad de municipa-lizar el servicio como mejor solución para defender los derechos de la

plantilla. Concretamente, con la mu-nicipalización se conseguiría:

• Evitar la división de la plantilla en distintas empresas

• Eliminar la situación de compa-ñeras que se ven obligadas a trabajar para 2, 3 o 4 empresas diferentes

• No tener que cambiar de jefes cada dos o tres años

• Contratar por una Bolsa de Trabajo transparente, evitando que las empresas chantajeen a las compa-ñeras eventuales con la amenaza de no renovarles el contrato

• Ahorro para el ayuntamiento al no tener que pagar ni IVA ni benefi-cios empresariales. Un dinero que podría ir a mejorar el servicio y las condiciones laborales

• Tener como interlocutores de nuestras reclamaciones a personas que dependen del voto de los ciuda-danos y no de un accionista que sólo les pide más beneficios.

Las movilizaciones se han inicia-do con una concentración frente al Ayuntamiento de Sevilla el día 12 de febrero. Después, un grupo de traba-jadoras se ha concentrado ante el acto en que Pedro Sánchez presenta-ba la campaña municipal del alcalde Espadas, y se van a organizar cortejos en las manifestaciones del 28 de fe-brero y el 8 de marzo. Se van a orga-nizar piquetes informativos en todos los actos de campaña municipal de Juan Espadas, y no se descarta una huelga en plena campaña electoral de las municipales.

Corresponsal

Cientos de empleos amenazados en AirbusEl 14 de febrero se conoció que Airbus decide dejar de fabricar en 2021 el A380, el mayor avión comercial jamás fabricado en el mundo, con capacidad para más de 500 pasajeros. Partes del A380 se produ-cen en tres fábricas españolas: la de Puerto Real (Cádiz), la de Illescas (Toledo), y la de Getafe (Madrid). Está decisión según la empresa afectará a entre 3.000 y 3.500 trabajadores en total, de ellos el 10% en España. A los entre 250 y 350 afectados directos en Airbus España por el fin del A380, habría que añadir lo que supone proporcional-mente en empleo directo temporal o por contrata y el indirecto en la cadena de proveedores.

En total, el Grupo Airbus emplea a 13.684 personas en España, de las cua-les 4.776 trabajan en Airbus Comercial, donde se fabrica, entre otros el A380. Airbus está integrado en el sector ae-roespacial y de defensa español que es el quinto de Europa y cuenta con unos 55.000 trabajadores entre las grandes empresas principales y toda la cadena de contratas y proveedores.

Hace dos años ya hubo un descen-so muy importante en la fabricación del A380, de las 20 unidades por año se paso a las actuales 6, el mínimo para su producción. La decisión de la compañía llega después de que la ae-rolínea Emirates, reduzca sus pedidos de 162 a 123 de estos aviones. Aunque esta reducción se ve compensada en parte por la adquisición de otros mo-

delos de la compañía como el nuevo A330 y el A350.

Al mismo tiempo que Airbus anun-ciaba el fin de la producción del A380, presentaba sus resultados económicos con un beneficio bruto de 3.054 millo-nes de euros en 2018, un aumento del 29,3% sobre el año anterior. La firma entregó 800 aviones comerciales en 2018, un record que supone un 11,4% más que el año anterior. Y aunque la cartera neta de pedidos en 2018 ha pa-sado de 1.138 a 747 unidades, el volu-men total de pedidos es de 7.600 avio-nes. Los ingresos de la compañía son de 63.700 millones de euros, un 8% más que el año anterior. Las acciones subieron el día de estos anuncios un 2,38% en la Bolsa de Paris.

En realidad, dejar de fabricar el A380 (un programa pequeño en la pro-ducción de Airbus) no le supone a la compañía ningún descenso de los be-neficios, ni tampoco un descenso de la producción total, dado que los nuevos pedidos, de 40 A330 y 30 A350 aviones más respectivamente, en sustitución de los 39 A380 anulados en el pedido de Emirates, compensan los A380 que se dejarán de producir.

En ningún caso el fin de la produc-ción del A380 debe suponer despidos, ni uno solo, ni pérdida de condiciones de trabajo. Esta es la posición que ha manifestado CC. OO. de Airbus.

Manuel López

No a los despidos en MercedesLa multinacional Mercedes Benz ha despedido esta segunda quin-cena de febrero a 3 trabajadores de la factoría de Vitoria-Gasteiz. Mercedes Benz utiliza los despidos que la legislación considera “improcedentes” para deshacerse de sus trabajadores a discre-ción, sabiendo que, con el pago de la indemnización que corres-ponda, el trabajador se quedará en la calle, sin ningún derecho a ser readmitido.

Pero en esta ocasión, ante el recha-zo y la rabia de la plantilla frente esta práctica, cinco de los siete sindicatos con representación en el comité de empresa (UGT, ELA, LAB, CC. OO. y ESK; 25 delega-dos de los 31 con que cuenta el comité) han decidido oponerse a los despidos y exigir su readmisión inmediata.

Reproducimos extractos del co-municado del comité de empresa de Mercedes Benz, UGT, ELA, LAB, CCOO y ESK, del 22 de febrero:

“Primero: solicitar la inmediata readmisión de los trabajadores despedidos, por entender que di-chos despidos no son justificados y se amparan en el despido impro-cedente.

Segundo: Se va a acordar un protocolo de actuación que se pon-drá en marcha en caso de cualquier despido de este tipo en base a las siguientes bases (…)

1.- Ofrecer a la o las personas afectadas el apoyo del Comité.

2.- Comunicar a la empresa y a la plantilla la postura contraria a lo s desp idos , de l Comi té de Empresa, solicitando la readmisión de los trabajadores.

3.- Solicitar a la empresa una reunión para tratar el asunto.

4.- Hacer público a la sociedad de Vitoria Gasteiz, la práctica de la empresa y la postura del Comité de Empresa.

5.- Concentración del Comité de Empresa denunciando la práctica de la empresa.

6.- Si a partir de este punto la Empresa no ha admitido de nuevo al o a los trabajadores (…) se pro-cederá a la convocatoria a la plan-tilla de movilizaciones, concentra-ciones, manifestaciones, paros (…) entendemos que este camino es el único para evitar este tipo de situaciones en nuestra empresa. (…) podemos evitar esta forma de actuar indiscriminada de la em-presa en la que en cualquier mo-mento podemos encontrarnos cualquiera de nosotros.”

Ciertamente, con la unidad de los trabajadores y de sus sindicatos, es posible detener la lacra de los des-pidos, ya sean “procedentes” o “im-procedentes”. Y esto empieza por la movilización en unidad, con los sindicatos a la cabeza, exigiendo la derogación de las reformas labora-les. Cuantas más secciones sindica-les y comités de empresa se opon-gan incondicionalmente a los despi-dos en su empresa, como han hecho en Mercedes Benz, antes se conse-guirá arrastrar a los máximos diri-gentes sindicales para que asuman su responsabilidad en la moviliza-ción hasta conseguir la derogación de las reformas laborales e impedir los despidos. No hay tiempo que perder.

Cosme López

4 Nº 335 / MARZO DE 2019

ENSEÑANZA

Huelga en la URJC: la movilización continúa

Durante esta última semana, estudiantes y trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos se han movilizado contra los planes del Rector Javier Ramos para “remodelar” su universidad. Hace unas semanas se fil-tró, en descuido del equipo rectoral, la in-tención de extinguir las titulaciones impar-tidas en su Campus de Aranjuez. Alegando que la actual estructura era ineficiente, se buscaría concentrar estudiantes en el resto de las instalaciones, lo que según el equipo de gobierno sería positivo para la URJC.

Ellos le respondieron: ¿por qué si este plan nos beneficia no solo se nos ha ocul-tado, sino que no ha contado con nuestra participación? Preocupado, el Rector em-pezó a prometer concesiones a algunos grados; los representantes de estudiantes, junto a sus diversas asociaciones y sindica-tos, cansados de las viejas tácticas de divi-sión, convocaron a toda la facultad a una asamblea donde se evidenció la oposición al plan del Rector. La Junta de la Facultad afectada (su órgano de gobierno) también se opuso, pero a pesar de la unidad de es-tudiantes, profesorado y personal de admi-

nistración y servicios, el Rector siguió empeñado en su plan, convocando al Consejo de Gobierno de la URJC el viernes pasado para su aprobación. Todo ello, con la ausencia anunciada de más de un tercio de sus miembros, en protesta contra esta reunión ílegítima.

A pesar de lo acelerado de los aconte-cimientos (este plan se conoció hace pocas semanas), se ha conseguido organizar una semana de movilizaciones y huelga, que culminaron con el encierro en el Rectorado de Móstoles durante la noche del jueves al viernes. El Rector creía en el fracaso de la movilización: quizá suponía a las organi-zaciones estudiantiles y a los delegados sin suficiente fuerza para oponerse a él. Sin embargo, el encierro reunió a más de sete-cientos estudiantes, consiguiendo bloquear la entrada al edificio. Consciente de su error, el Rector trató de intimidar a los pre-sentes con amenazas de intervención poli-cial, teniendo un efecto nulo. Finalmente, reunió a los consejeros de gobierno que estaban de su lado en el rectorado a través de conductos subterráneos que comunican

con otros edificios, poniéndonos así aún más fácil el compararles con las ratas. Solo con tácticas vergonzosas y que difícilmen-te respetan los propios reglamentos de la universidad han conseguido la aprobación del plan, como le recriminaron los estu-diantes que le confrontaron a la salida, fi-nalizando así una concentración que se alargó hasta la tarde del viernes, durante más de 18 horas. Aunque esta batalla haya terminado, la lucha de los estudiantes por defender su universidad se mantiene, avan-zando a una posible moción de censura contra el terrible Rector.

Muchos pensarán que la Rey Juan Carlos es una universidad infame, como podría suponerse por su nombre: otro cor-tijo público del PP diseñado para mantener sus redes clientelares, a costa del esfuerzo de miles de trabajadores y estudiantes. Sin embargo, han sido estos quienes consiguie-ron la dimisión de su anterior rector, y quie-nes más presionaron para investigar y des-tituir a Cifuentes y a Casado. Esta semana se ha vuelto a demostrar que en la URJC se encuentra uno de los movimientos estu-diantiles con más potencial de todo el Estado, con capacidad y voluntad de deci-dir el futuro de su universidad, y estoy se-guro de que seguirá siendo así: la amenaza inminente de creación de tres universidades privadas en la Comunidad de Madrid, ya autorizada, volverá a reunir al movimiento estudiantil frente a aquellos que quieren destruir las instituciones públicas, para re-cordarles que quienes hoy estudiamos se-remos luego trabajadores, que del trabajo es de donde sale la financiación de los ser-vicios públicos y que, por tanto, deben estar bajo el control de la clase trabajadora y a su disposición.

Artua Gibilloarrate,estudiante de Economía y Matemáticas,

consejero de gobierno de la UCMy miembro de Economía Alternativa.

A LAS CANDIDATURAS DE LAS ELECCIONES GENERALES,

AUTONÓMICAS MADRILEÑAS Y RECTORALES DE LA UCM

¡Revertid la discriminación a los estudiantes extracomunitarios!

La campaña contra esta dis-criminación, relanzada tras las vacaciones y el periodo de exámenes, ha logrado re-cabar un importante número de firmas de apoyos y otros respaldos como los de la sec-ción sindical de CCOO en la Complutense y la asociación e s t u d i a n t i l E c o n o m í a Alternativa. No obstante, si-gue abierta la recepción de más firmas.

Gracias a la legitimidad que aporta este apoyo, se ha decidido hacer delegaciones en tres ámbitos. En primer lugar a los candidatos a rec-tor en las elecciones del próximo día 3, los profeso-res Andradas y Goyache, para que retiren la penaliza-ción que multiplica las tasas entre dos y cinco veces. Pese a los malos augurios que su-pone el primer mandato del primero (privatizaciones, precariedad, liquidación de departamentos, etc.) y que el segundo declara en su pro-grama que “el déficit de per-sonal de muchos departa-mentos, que habrá que tratar de ir solucionando en la medida en que lo permitan los presupuestos y las res-tricciones legales que exis-tan en cada momento (…)

siempre que sea posible (…) con el consenso con los agentes sociales y con toda la comunidad universita-ria”.

En segundo lugar a las candidaturas a la Asamblea de Madrid, de quienes dicen defender la enseñanza públi-ca como derecho democráti-co, para que se comprometan a derogar el decreto de 2016, a través del cual se abre la posibilidad de aplicar la pe-nalización. Y en tercer lugar, a las candidaturas de los gru-pos que hoy conforman la mayoría parlamentaria en el congreso, con el objeto de reclamarles su compromiso público de derogación de la LOU y en concreto del artí-culo que permite la discrimi-nación.

Basta de promesas gené-ricas sin compromiso de cumplimiento inmediato. En relación con esta medida an-tidemocrática, como con el conjunto de ataques a la en-señanza pública, exigimos ese compromiso, que inclu-ya la fecha de aplicación.

Xabier Arrizabalo Montoro, profesor de la

UCM y miembro de la Junta de PDI por CCOO

Publicamos dos artículos relacionados con un mismo contenido: el no cumplimiento por parte del gobierno de Sánchez de su compromiso en relación con la ense-ñanza, concretado en particular en la derogación del LOMCE (no sólo del PSOE y del propio Sánchez, sino también del conjunto de partidos con representación parlamentaria en julio de 2013 –excepto PP, UPN y Foro Asturias-, justo tras su aprobación). Pero no sólo es eso,

la provocación de anunciar la derogación de la LOMCE y su sustitución por otra el mismo día que se anuncia la disolución de las cortes, sino que otra ley, la efecti-vamente aprobada, que supuestamente permitiría re-vertir algunos aspectos regresivos de las políticas de recorte (especialmente en materia de jornada, número de alumnos por aula o inmediatez de las sustituciones), tampoco los revierte plenamente.

No es de recibo. Se incumplen compromisos y sólo se ponen en marcha medidas menores, de cara a la ga-lería. Ni en ocho meses largos han sacado adelante esos compromisos, ni será posible mientras cierren filas con el aparato de Estado monárquico.

Porque los derechos sociales no se puede defender plenamente sin defender incondicionalmente las liber-tades democráticas.

Sánchez incumple el compromisode derogar la LOMCELa convocatoria anticipada de elecciones por parte del Gobierno de Sánchez implica que la presente legislatura se cerrará sin haber cum-plido con el compromiso adquirido de derogar la LOMCE. No es una excepción: es probable que también ocurra con la última reforma la-boral de Rajoy a pesar de haber alcanzado un acuerdo con las principales organizaciones sindicales para echarla abajo, así como con otras promesas referentes a otros terrenos.

No obstante, el caso de la ley educativa es especialmente grave porque el compromiso de su derogación se asumió mucho antes de la moción que aupó a Sánchez a la presidencia, junto a la mayoría de partidos políticos que en ese momento conformaban la oposición. Y porque solo tres horas después de definir la fecha de convocatoria de elecciones el

Gobierno anunció la aprobación de la nueva ley educativa que implicaba la derogación de la LOMCE… ya sin tiempo efectivo para tra-mitarla en el Congreso antes del cierre de la legislatura. Esta actitud es simplemente in-aceptable: ¿por qué no se lanzó con anteriori-dad? ¿A qué factores obedecieron los banda-zos del Gobierno durante los meses anteriores?

No se debería haber dejado pasar por alto esta oportunidad para echar abajo una ley edu-cativa de claro corte regresivo, que encarna la mercantilización de la educación y promueve los intereses del capital. Urge reclamar a las fuerzas políticas que reciben el apoyo electoral de la clase trabajadora que hagan todo lo po-sible para abolirla lo antes posible.

F. Javier Murillo es afiliado a CCOOy profesor de Secundaria y de la UCM.

Acaba la legislaturasin revertir los recortes en enseñanzaEl Pleno del Congreso ha aprobado el pasado 21 de febrero una ley denominada De mejo-ra de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. En síntesis, la intención del ejecutivo es la de revertir los recortes en tres aspectos concretos: la jorna-da lectiva – de 25 a 23 horas en primaria y de 20 a 18 en secundaria -, la ratio de núme-ro máximo de alumnus por aula (eliminando el 20% de incremento instaurado por el PP – y el tiempo para cubrir bajas – de los 15 días que en la actualidad tienen que transcur-rir para que se produzca una sustitución, a los 10 días de plazo máximo -.

Aunque el ejecutivo ha argumentado que esta ley revierte los recortes – y a primera vista lo parece -, sin embargo basta con leer la letra pequeña para evidenciar que la legis-latura que está a punto de acabar no revertirá los recortes del PP. En el caso que nos ocupa la cuestión de la jornada lectiva es sangrante puesto que solo esa medida suponía un re-corte global de 12.000 docentes, según las estimaciones de los sindicatos.

Así, el texto aprobado por el Congreso establece que “serán las Administraciones Públicas con competencias educativas las que podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada sema-nal del personal docente en centros públi-cos”. La reducción de la jornada queda, por tanto, en el terreno de una simple recomen-dación: con carácter ordinario, un máximo

de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE. Pero será la CA correspondiente quien decida si revierte la norma o no.

Evidentemente el gobierno del PSOE tiene en su mano la capacidad legal y aritmé-tica para gobernar, decretar y derogar todas las leyes reaccionarias desde aquí al final de su mandato. Ha podido hacerlo durante estos ocho meses como le exige una amplia mayo-ría. Sin embargo, no ha sido así; ha preferido plegarse a las exigencias de la reacción y ahora sólo puede mandar gestos a la galería. El reguero de cesiones es extraordinariamen-te amplio: no ha derogado la reforma laboral, sigue permitiendo el encarcelamiento de pre-sos republicanos y, por si fuera poco, ha re-conocido como legítimo a Juan Guaidó. Pero aún así no es suficiente para la derecha, que le exige más.

En esta situación el gobierno Sánchez tiene dos opciones: o dar cauce a las reivin-dicaciones de la mayoría o ceder de manera constante al chantaje de la derecha, cualquie-ra que sea su forma. Es preciso que rompa con el régimen de la monarquía, dentro del cual ninguna reforma que beneficie a la ma-yoría, ningún derecho social ni nacional, tiene cabida. Enrique Herrero, Loïc Caballero, profesores

de secundaria y respectivamenteafiliados a CCOO y UGT

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JUVENTUD

Por nuestro derecho al futuro, organicémonos para conquistarloNunca las posibilidades técnicas de la humanidad han sido tan elevadas y, sin embargo, su materialización ha distado tanto de poder garantizar una vida dig-na para el conjunto de la población. Los jóvenes hoy, por ejemplo, no tene-mos en nuestro país ninguna garantía de ser independientes ni siquiera una vez finalizamos los estudios, con una dificultad creciente en el acceso a la vivienda, casi ninguna opción de gozar de estabilidad laboral y con remunera-ciones que tienden cada vez más a si-tuarse por debajo del mínimo de sub-sistencia o mínimum antropológico (es decir, padeciendo una profunda desva-lorización de la fuerza de trabajo). Una generación que sólo conoce la preca-riedad y el retroceso de las condiciones de vida más fundamentales, cuya ga-rantía en el marco actual sólo puede ampararse en la defensa de los servi-cios públicos.

Herederos, además, de un régimen monárquico que no hemos elegido, y sobre el que cada vez más pesan vin-culaciones con la corrupción o la re-presión de libertades democráticas básicas; lo que se expresa hoy entre los

jóvenes en el florecimiento de un sentimiento antimonárquico que trata de impulsar referéndums en barrios y universidades por nuestro derecho a decidir. Pero herederos también de un régimen que ha pa-sado por alto la justa consulta de-mocrática sobre la incorporación a organizaciones como la OTAN o la CEE (hoy UE), cuya pertenencia a esta última, entre otras cuestiones, impone reglas de gasto cuyo cum-plimiento no es compatible con las mínimas reivindicaciones de dere-chos.

Frente a ello, y contra la menti-ra ideológica de que hoy existe una juventud aséptica en el plano de la lucha política, se hace necesario que nos movilicemos y organice-mos en alianza con el movimiento obrero de todas las regiones. La proclama “no nos representan”, que en 2011 se escuchaba de forma ge-neralizada en todas las movilizacio-nes, puede ser un buen punto de partida para esa lucha.

Álvaro Laine,estudiante de máster en la UCM

ENTREVISTA A PEPA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

“Tenemos que debatir y desarrollaruna actividad política transformadora”Información Obrera: ¿Qué piensas de la situación actual respecto al “derecho a la educación”?Pepa: No puede entenderse mi trayec-toria académica sin el contexto material en el que me he desarrollado, que tiene que ver con el hecho de ser mujer y pro-letaria en un ámbito patriarcal y capita-lista.

En relación al acceso a la universi-dad, podría hablar de la minuciosa pla-nificación que debí hacer, entre otras cosas, una nota que pretende ser el re-flejo de mi esfuerzo (obviando que no todas tenemos las mismas facilidades para estudiar), ahorrar para mudarme a Madrid. Una vez en la Universidad, el riesgo de no obtener la beca, ver o ex-perimentar el acoso sexual de profesores y/o alumnos hombres hacia nosotras las mujeres, el aumento del alquiler u otros productos, los gastos imprevistos o, en ocasiones, compaginar trabajo y estu-dios en condiciones cada vez más mise-rables.

IO: La existencia de la Facultad de Trabajo Social fue cuestionada por el rectorado de la Complutense, con su proyecto de liquidación de departamen-tos y facultades. Ganasteis la continui-dad, gracias a la movilización. ¿Qué

conclusiones sacas de todo ello?P: Las reivindicaciones de las que fui partícipe suponen para mí una clara muestra de que el alumnado se puede (y de hecho ya lo hace) organizar y trans-formar lo que le rodea, coordinarse más allá de su facultad, traspasar los límites del conjunto de la Universidad e incluso comunicarse y aprender de las experien-cias de otras provincias. Es decir, es la expresión de la organización estudiantil frente a unas condiciones que reprodu-cen y refuerzan desigualdades y frente a una institución que desprovee de lo necesario a sus alumnas.

IO: ¿Qué te parece la situación del mer-cado de trabajo? ¿Y del acceso a la vivienda?P: Me parece que el mercado de trabajo cada vez es más aversivo: peores condi-ciones de trabajo, contratos más preca-rios, ambientes cada vez más competi-tivos; en definitiva, un aumento de la explotación laboral. En relación con mi futuro profesional, veo como requisito cada vez mayor conseguir una serie de títulos que realmente no garantizan es-tabilidad económica. Por no hablar de que esto último significa asumir nuevas matrículas, que, como el caso del máster, supone un coste cada vez mayor.

IO: Ante el 8 de marzo, en el que habrá de nuevo una enorme movilización por los derechos de la mujer, ¿cómo ves la situación de la mujer y particularmente de las jóvenes?P: Para empezar, hay que hablar de mu-jeres jóvenes, con situaciones notable-mente diferentes. Por otro lado, nos encontramos en un momento histórico en el que nos vemos obligadas a presen-ciar un constante cuestionamiento de derechos que creíamos permanentemen-te conquistados (como es el caso del aborto). Mujeres, que, en el caso de ser migrantes, vuelven a ser violentadas por grupos racistas bajo otros pretextos. Mujeres cuya identidad sexual o de gé-nero continúa siendo tema de debate y razón por la cual somos violentadas a diario. Mujeres también afectadas por la prostitución, pornografía y vientres de alquiler. Sin embargo, ante todas las di-ficultades de carácter estructural a las que nos vemos expuestas, también ob-servo una gran movilización, por lo que todo retroceso en tema de derechos ten-drá su debida respuesta en las calles.IO: Considerando todos los problemas señalados, ¿qué hacer?P: Antes de proponer un qué hacer, de-bo decir que ya hay un “haciendo” pues-to en marcha. Por ello, mi propuesta va encaminada a, mientras “hacemos”, señalar que no podemos olvidar la ne-cesidad de analizar todo lo que estamos viviendo y realizar un recorrido históri-co para conectarlo con su respectivo pasado, buscando cuáles son esas es-tructuras (inevitablemente con base eco-nómica) que nos atraviesan y a través de las cuales ordenamos lo que nos rodea. Es por esto por lo que, como decía, va-mos a tener que entrar en temas genera-dores de polémica y adoptar un posicio-namiento (necesariamente político) con respecto a ello, lo cual nos lleva a la necesidad de ocupar todos los espacios posibles para trasladar el debate y desa-rrollar una actividad política transfor-madora.

(Podéis leer la entrevista completaen nuestra web)

La inmigración en España,una visión de claseDesde hace ya bastantes meses la inmi-gración ha vuelto con fuerza al eje pro-gramático de los partidos de derecha. La irrupción de Vox en la escena política ha sido un toque de atención para PP y Ciudadanos, que han visto cómo una posición de mano dura frente a la inmi-gración puede dar rédito electoral. Este artículo pretende dar una visión marxis-ta del fenómeno migratorio y de la po-sición que estos partidos toman al res-pecto. La clave, desde el punto de vista de quien escribe, son los intereses de clase que operan detrás de estas fuerzas políticas.

En España entraron en 2017, según datos del Insti tuto Nacional de Estadística (INE), 530.000 inmigrantes, de los cuales casi 400.000 provenían de países subdesarrollados. Además, de esos 530.000, 390.000 tienen 40 años o menos, es decir, están en perfectas con-diciones para trabajar. Y si están en per-fectas condiciones para trabajar, están en perfectas condiciones para ser explo-tados por el capital. La cuestión es sen-cilla, no hay nada mejor para un capita-lista que tener mano de obra donde elegir. Y si esa mano de obra tiene una posición económica vulnerable la situa-ción se torna en inmejorable, se abre la posibilidad de pagar bajos salarios (con el consiguiente aumento en el beneficio y en las condiciones competitivas) sin que se resienta la disciplina.

¿Entonces, si para un capitalista es beneficiosa la entrada de inmigrantes en el país, por qué los partidos de la dere-cha claman en contra de los inmigran-tes? Principalmente por dos razones: la primera, quieren dirigir el afán de cam-bio de gran parte de los trabajadores hacia objetivos que no son peligrosos para los intereses del capital. La segun-da, quieren crear división en el seno de

la clase trabajadora. Sin embargo, su posicionamiento en contra de la in-migración es una mera fachada. A la vez que realizan declaraciones y ac-tos simbólicos por el cierre de fron-teras, permiten que el número de inmigrantes que entra en el país sea mayor año tras año (solo hay que ver los datos de migraciones en los go-biernos de José María Aznar y Mariano Rajoy).

Frente a esto los partidos obreros deben ser conscientes de que efecti-vamente existe un problema para aquellos trabajadores nacidos en España que tienen un nivel de forma-ción menor y que toma la forma de una dura competencia a la hora de encontrar un trabajo con los inmi-grantes provenientes de países sub-desarrollados, pero cuya responsabi-lidad obviamente no es de éstos sino de las políticas económicas que im-pone el capital por sus exigencias de rentabilidad. Esto, unido a una cierta inacción de los partidos y sindicatos que deben defender a los trabajado-res, explica el éxito de las proclamas de la derecha. La clave ahora está en explicar a esos trabajadores cuál es la estrategia de la derecha y por qué no va a satisfacer ni sus peticiones ni sus intereses (en parte es lo que, de forma muy breve, se ha intentando hacer en este artículo). Debemos ex-plicarles que solo la unión de la clase obrera en un frente común que sea capaz de romper la lógica capitalista que rige nuestra sociedad y que pon-ga las necesidades de las personas por encima del lucro de unos pocos, podrá realmente cambiar su vida y la de todos nosotros.

Fuso Negro,estudiante de la UCM

¿A qué mercado laboral nos enfrentamos los jóvenes?

Los trabajadores pobrescontinúan aumentando en la UELa precariedad laboral no deja de extenderse hasta el límite de no per-mitir una supervivencia material digna para muchos trabajadores, como demuestra el aumento de trabajadores en riesgo de pobreza incluso en Europa, referente mundial por su grado de desarrollo.

En 2016, casi una décima parte de las personas empleadas mayores de 18 años en la UE estaban riesgo de pobreza (hablamos de riesgo de po-breza a pesar de su condición de trabajadores) y en España afectaba a l 1 3 % d e l o s t r a b a j a d o r e s . Solamente superaron este siniestro ratio Rumania y Grecia, aunque los datos también son alarmantes en paí-ses encumbrados por su milagrosa economía y mer-cado laboral, como Reino Unido o Alemania, con un 8% y 9% de trabajadores en riesgo.

La alta temporalidad es la protagonista del mer-cado laboral en nuestro país, pero cada día surgen nuevas formas contractua-les extremadamente pre-carias en la UE, como los contratos de “cero horas” del Reino Unido, que no garantizan ninguna hora

de trabajo ni por tanto ningún sala-r i o ; o l o s “min i t r aba jo s ” en Alemania, trabajos a tiempo parcial con un salario máximo de 450€ y sin ninguna prestación de seguri-dad social ni cobertura de desem-pleo.

Es la desregulación laboral im-puesta por la UE desde principios de los años ochenta, bajo la excusa de

flexibilizar el mercado laboral y pro-mover la competitividad, la que des-truye los derechos laborales que históricamente conquistó la clase obrera, en oposición a toda su reto-r ica de pro tecc ión soc ia l . La Estrategia Europea de Empleo 2020 llega incluso a poner en cuestión las prestaciones por desempleo. Todo esto nos lleva a cuestionarnos la po-sibilidad de revertir esta situación en el marco de la UE, sometida al mer-cado capitalista y sus instituciones, como el FMI.

Este escenario dantesco de pre-cariedad laboral afecta muy especialmente a los más jóvenes, que solo he-mos conocido un entorno laboral precario. Como de-fendemos en estas páginas, esto nos plantea la necesi-dad de organizarnos como trabajadores, sólo nosotros seremos capaces de prote-ger nuestros derechos labo-rales y mejorar nuestras condiciones de vida.

Patricia Pinto. Economista y estudiante

de Doctorado de la UCM.

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ACTUALIDAD POLÍTICA

Para el aparato de Estado heredado del franquismo, que recientemente ha tenido que utilizar de nuevo la figura del Rey para recordar el sentido polí-tico del juicio que se celebra en Madrid, lo que está en juego estos días es muy serio. Y no tiene nada que ver precisamente con lo que ellos invocan aunque lo envuelvan de frases grandilocuentes acerca de la unidad de España y la defensa de la democracia y de la Constitución. Muchos trabajadores saben perfectamente lo que significan estas palabras en boca de quienes no solamente nunca han creido en la democracia, sino que la han combatido.

En boca de quienes se proclaman “pa-triotas” pero tienen cuentas en paraísos fiscales, o no tienen ningún problema en entregar la soberanía del país a los inte-reses del capital finaciero. Tiene que ver con la marcha del juicio contra los excon-sejeros del gobierno de la Generalitat y los dirigentes de Òmnium y de la ANC, que cada día que pasa se revela más como una farsa. Van a tener muy difícil –como se está viendo– demostrar las tesis de la Fiscalía sobre la supuesta rebelión, etc. Y sin embargo, el aparato de Estado junto con el franquismo desacomplejado y el más “moderno”, busca un escarmiento y utiliza el juicio para reordenarse política-mente y lanzar nuevos ataques. Se apro-vechan de la actitud timorata del gobier-

no de Pedro Sánchez a quien, no obstan-te, combaten con saña.

La manifestación en Madrid del próxi-mo día 16, por la libertad de los presos catalanes, puede marcar un punto de in-flexión. Hacer una manifestación de esas características en la capital puede signifi-car un hito importante a condición de que se busque la unidad con todos los republi-canos, con todos aquellos que se reclaman de la democracia y de los derechos. A condición de que se enmarque en el com-bate común de todos los trabajadores y pueblos del Estado español por la libertad y contra el régimen que oprime a todos. De lo contrario puede convertirse en una manifestación más, más o menos impor-tante.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el camino seguido por quienes están siendo juzgados por tribu-nales deslegitimados, todo aquel que se reclame de la democracia y de los traba-jadores, todo militante que se reclame de la lucha por derogar el artículo 315.3 del Código Penal (utilizado para proce-sar sindicalistas), de la defensa de las pensiones, y por los derechos sociales, de la lucha por la República del pueblo, y de los pueblos, tiene razones para par-ticipar en la manifestación del próximo día 16.

El aparato de Estado juega a aislar el problema “catalán” del resto de trabaja-dores y pueblos. En el momento en que el régimen se la juega, con un juicio-farsa a través del cual busca el escar-miento y apuntalar un edificio que hace aguas, dar una respuesta que aune los objetivos de libertad y fraternidad, que trabaje por levantar una alianza entre los trabajadores y pueblos, es más necesario que nunca.

José Antonio Pozo

Un juicio contra la democracia

Un juicio ilegítimoEn el banquillo, más de medio go-bierno de Cataluña, la presidenta del Parlamento catalán y los dirigentes de los principales movimientos indepen-dentistas. Insólito.

Andreu Van den Eynde, aboga-do de Oriol Junqueras y Raül Romeva, declaró el primero en el juicio oral a 12 dirigentes catalanes, que buscaba la criminalización de los “derechos de disidencia política, de autodeter-minación, de reunión, de manifesta-ción, de representación política”.

Dijo: “existe una cuestión catala-na que se debe dejar expresar. Lo que hacen los catalanes es protestar por-que están excluidos de determinadas decisiones”. El procedimiento del juzgado de Barcelona que ordenó los registros del 20 de septiembre de 2017 es abrir una “causa general, prospectiva, contra el soberanismo”.

También Jordi Pina (abogado de Jordi Sànchez, Rull), pidió al tribunal que “sean jueces y no héroes nacio-nales, salvadores de la patria”. Lamentó que el juicio comience sin toda la documentación admitida a la defensa y sin que se interrogue al Rey, por su discureso del 3 de octu-bre.

Benet Salellas (abogado de Jordi Cuixart) también cuestionó la impar-cialidad del tribunal: “Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española” (Salellas).

Otros abogados, como Xavier Melero, el de Joaquim Forn o Dolors Bassa, hicieron una defensa más ‘téc-nica’, no menos contundente. Como declararía más adelante Van den Eynde, su estrategia era “comple-mentaria e imprescindible”.

Mientras, delante del Supremo cientos de ciudadanos confirmaban el

rechazo del juicio y los dirigentes de ANC y Òmnium se fotografiaban con otros de organizaciones de Madrid, tras una pancarta: “decidir no es de-lito”.

Mientras, muchos ayuntamientos se pronunciaban contra el juicio. El de Barcelona se pronunciaba por la “defensa de los derechos civiles ame-nazados por la arbitrariedad del Estado español”, una amplia mayoría de catalanes han expresado reiterada-mente que quiere ejercer en libertad el derecho de autodeterminación

Los fiscales recogieron el guante que las defensas habían lanzado al dinamitar los fundamentos de la cau-sa. Mordieron el anzuelo, según otras versiones.

El fiscal Zaragoza repudió los alegatos de las defensas: “libelo acu-satorio”, “como si quisiesen sentar al Estado en el banquillo”. Calificó de “falacia de colosales dimensiones el que no se pueda ser independentis-ta en España”. Descalificó a los cien-tos de catedráticos y profesores de Dere cho que lanzaron un manifiesto desautorizando las acusaciones de la Fiscalía diciendo que “no son los más prestigiosos del país”. No son los suyos. También despreció a los jueces alemanes.

El fiscal Cadena, arguyó que la Generalidad, en connivencia con Òmnium y ANC, habían propiciado que “murallas humanas se lanzasen contra las fuerzas de seguridad del Estado” el 1 de octubre. Lo contrario de lo visto en todas las televisiones.

El presidente del tribunal, Mar-chena, denegó la petición de Vox de que los acusados no pudiesen llevar lazo amarillo. El tribunal es escru-pulosísimo en las formas, para que el seguro recurso al Tribunal de

Justicia Europeo no anule el juicio por las formas.

Ninguna acusación se sostieneLa acusación clave (por la que están en la cárcel) es la rebelión. El primer intento fue acorralar a Forn, que fue-ra consejero de Interior, responsable de los Mossos. Para empezar sobre la gran manifestación que rodeó la con-sejería de Hacienda el 20 de septiem-bre, cuando la registraba una comiti-va policial con la guardia civil. Forn explicó sin problemas cómo se había formado un pasillo para que saliese sin problemas. Los manifestantes ha-cían comentarios con la policía, el ambiente era festivo.

Luego interrogaron a los respon-sables de ANC y Òmnium por haber convocado a la gente. Convocatorias pacíficas, llamamientos pacíficos, lla-maron a la gente a que se fuese a ca-sa, pero no querían.

Luego sacaron un documento que decían provenir del ordenador de un responsable de la Generalidad y ha-blaba de ‘conflictividad’. Ninguno de los acusados lo conocía. Junqueras lo calificó de “extravagante y apócri-fo”.

El último recurso fue un coche destrozado. Pero que alguien rompa un coche no transforma una manifes-tación masiva pacífica en un tumulto violento.

El colmo de la confusión de los fiscales fue el interrogatorio de Rull, en el que la exfiscal general Consuelo Madrigal perdió literalmente los pa-peles. Confundió la hoja de ruta de la ANC con la del gobierno, preguntó al acusado sobre los cortes en la auto-pista AP-7, que pertenece al Gobierno, y habló una y otra vez de la sindica-tura de cuentas en lugar de la sindi-catura electoral.

En las primeras cinco sesiones el barco ya embarrancó. Los fiscales no sabían dónde encontrar la rebelión, los tumultos violentos. A lo más que llegaban era a la desobediencia

Tampoco tenían mucha más suer-te en las cuentas. Presentaron como facturas documentos que no acredita-ban gastos de la Generalidad. Confun-dían correos electrónicos con referen-cias policiales, confundieron la pro-ductora Mediapro con Mediaset.

Total, el tribunal tenía el encargo prefijado de condenar a los acusados, y el rey hizo unas declaraciones para garantizar que así sería, pero el tribu-nal no sabía cómo argumentarlo. Se

echaba de ver la impaciencia del pre-sidente con los fiscales.

El 1 de octubre,'movilización política'El exconsejero Rull dijo que los pla-nes para llevar a cabo la secesión, quedaban en un plano teórico.

Rull y Borrás negaron validez le gal a la declaración de independen-cia.

El exconsejero de Justicia, Mun-dó, dijo que acató todos los requeri-mientos del Constitucional.

Turull: la Declaración Unilateral de Inde pendencia fue “una expresión de voluntad política”, una vez que el referéndum fue declarado ilegal, a pesar de los esfuerzos del gobierno catalán por pactarlo con el Ejecutivo central. Y el gobierno llevó la decla-ración al Parlamento “por cortesía”.

Dolors Bassa: cuando el 7 de oc-tubre el Constitucional suspendió la ley de referéndum, el gobierno cata-lán lo acató todo. El referéndum, “nunca estuvo previsto como un acto conclusivo, y menos para la indepen-dencia”.

Forn declaró que “nunca se ha-bían utilizado tantos efectivos (poli-ciales) para unas elecciones o para un referéndum, en este caso ilegal”. La declaración de Independencia fue “solo política y la Cámara no la vo-tó y no tenía efectos jurídicos”. Y luego “no hubo ningún acto adminis-trativo" para ejecutarla.

Estas declaraciones están muy l e jo s de l a s a f i rmac iones de Puigdemont del 6 de septiembre del 17: “Convoca mos a los ciudadanos a decidir el camino. Su decisión nos vinculará. Defen deremos hasta el fin el derecho de los ciudadanos a deci-dir su futuro”.

Son declaraciones del conjunto de los acusados (salvo Junqueras y Romeva que se negaron a declarar ante los fiscales), entre ellos dos can-didatos presentados para presidentes de la Generalidad por el bloque inde-pendentista y el candidato a la alcaldía de Barcelona por la Crida. Pero son declaraciones hechas bajo la amenaza de doscientos años de cárcel. Dejan un interrogante para el futuro.

El juicio apenas empezóLa vista oral apenas ha empezado. Queda una larga lista de testigos pre-sentados por ambas partes. Casi todos menos el rey, el alto mando militar, los servicios secretos, los jefes de la finanza. Los que mandan.

Queda de momento la derrota sin paliativos del régimen en esta prime-ra franja, frente al bloque sin fisuras de los acusados sobre la violencia: “las únicas armas fueron las de la Guardia Civil” (Romeva). Derrota que se combina con el escaso éxito de la manifestación franquista de la plaza de Colón. Pero lo decidido por el régimen era, y aún es, hacer de es-te juicio un escarmiento.

Tratarán de remontar, pero la expe-riencia para relanzar las acusaciones de violencia les ha salido mal. Turull de-claró: “La Fiscalía, cuanto más habla, más en evidencia queda”. “El juicio del 1-O viene viciado de fábrica”.

Más allá de la limitación de las movilizaciones independentistas, queda reafirmada la reivindicación de la gran mayoría del pueblo catalán que está por la autodeterminación.

Continuará… en las calles de Barcelona y de Madrid, y también en retales de lo que se vea y oiga en las salas del Supremo franquista.

Manuel Cuso, 25 de febrero

El boletín 4del Comitépor la Alianzade Trabajadoresy Pueblosrecogela integridad de las intervenciones en el mitin internacional celebradoel 26 de enero en Madrid.

El video del mitin y el boletín los encontraréis en:http://www.informacionobrera.org/boletin-no-4-catp/

Manifestación en el Paseo de Gracia, de Barcelona

El Supremo zozobra, ¡alianza de trabajadores y pueblos!

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ACTUALIDAD POLÍTICA

Madrid: por una manifestación de libertad y fraternidad

El 16 de marzo, en Madridpor la libertad de los republicanos catalanesTodos los partidarios de la de-mocracia, tienen cita el 16, de Atocha a Sol.

Todos los que no soportan que el PP, los bancos, pisoteen los dere-chos de todos. En primer lugar, la juventud y los militantes de las or-

ganizaciones obreras, que sabemos que la libertad es indivisible, como se repitió en el mitin del 26 de ene-ro en la librería Blanquerna.

El día 16 diremos basta, fuera los que niegan las libertades.

Actos en Valencia por la libertadde los presos políticos republicanos catalanes

El pasado 12 de febrero se concentró un centenar de personas en las puer-tas del Ayuntamiento de Valencia exigiendo la liberación de los presos políticos republicanos catalanes.

Ese mismo día, que coincidía con el inicio del j u i c i o e n e l Tr i bu n a l Supremo a los presos, se adoptó el acuerdo de reali-zar un acto internacional en Valencia por la libertad de los presos políticos catala-nes, siguiendo el formato del realizado el 26-E en Madrid. Posteriormente se fijó la fecha del 4 de mayo para su realización en el teatro El Micalet de la ciu-dad de Valencia.

Blas Ortega

Acto en Reus por la libertad de los presos políticos, contra la Ley Mordaza y el artículo 315.3El 28 de febrero, a las 20 h. en la Facultad de Medicina, hay un acto por la libertad de los presos políticos, por la derogación de la ley Mordaza y del artículo 315.3 del Código Penal.

Intervienen Miguel González, por el CATP - Noemí Llauradó, de ERC - Jordi Gasset, de los bomberos de Reus

– la Comisión de ugetistas por la libertad de Dolors Bassa – Joan Galera, de la Coordinadora de Trabajadores del Mar – Joan Llort, de la UGT de Tarragona – Jordi Salvador, diputat al Congrés per ERC, un miembro de la comisión internacional en defensa de los 300, y compañeros de di-versos sectores (sanidad, educación, aeropuerto).

Felipe VI contra todos los pueblos, ahora contra el catalán

Cuando el tribunal franquista que juzga a los republicanos catalanes embarran-có, el régimen sacó a la televisión a Fel ipe VI. Ante la Asociación Internacional de Juristas (así está la jus-ticia), Felipe Borbón declaró que “no es admisible apelar a una supuesta demo-cracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convi-vencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad”. Avalaba así el intento del Supremo de criminalizar la democracia.

Pocos días después, ante el Congreso Mundial de los Móviles, afirmó que España es “una de las 20 democracias plenas internacionalmente reconoci-das” y ha hablado en catalán para que nadie recuerde que dirigentes elegidos por este pueblo están siendo juzgados por una imaginaria rebelión violenta.

Él es rey por la Ley de Sucesión, promulgada por el dictador en 1969. No es rey por la democracia, nunca han

permitido que los ciudadanos le voten. Las leyes continuidad de la dictadu-

ra de Franco siguen negando la demo-cracia a todos los pueblos, como sucede con la Constitución reformada para pa-gar a los bancos por encima de todo.

Como el 3 de octubreFelipe Borbón había salido ya a la pa-lestra el 3 de octubre de 2017. Dos días después de que más de dos millones de ciudadanos de Cataluña acudiesen al llamamiento del gobierno por ellos ele-gido para votar sobre la relación con España. Después de aquella derrota del Régimen, televisada a todo el mundo, aquel 3 de octubre, en medio de mani-festaciones masivas en toda Cataluña contra la represión, con participación de UGT y CCOO, el rey salió a la TV.

Contra todos ellos, contra nuestros sindicatos, contra los elegidos por el pueblo catalán, contra los que en el Estado español se congratulaban de que el día 1 hubiese urnas y millones de

votantes, contra todos esos, Felipe Borbón gritó “¡A por ellos!”. Tocó a rebato para que todas las instituciones cerrasen filas contra el pueblo catalán.

Interpelaba en particular a los jue-ces para que se pusiesen en primera lí-nea, dado el desgaste del gobierno Rajoy. Interpelaba a los medios de co-municación, para organizar un cerco que consiguiese aislar a los demás pue-blos del pueblo catalán. La Monarquía era fiel a su tradición de cárcel de pue-blos.

Con toda la razón, los represen-tantes del pueblo catalán –como el presidente del Parlament o el del go-bierno de la Generalitat–, y los repre-sentantes del pueblo de Barcelona, como la alcaldesa, desde aquel 3 de octubre se han abstenido de cualquier ceremonia que rinda pleitesía al ene-migo de los pueblos. Lo acaban de hacer en la inauguración del Congreso Mundial de los Móviles.

Dinastía de sangreCuando el levantamiento militarfascista desencadenó la guerra, en 1936, Juan Borbón, heredero de la dinastía expulsa-da por las urnas, cruzó la frontera por Navarra, para ofrecerse a los militares a incorporarse a filas. Los insurrectos le reservaron para otras misiones.

Cuando su hijo Juan Carlos tenía diez años, Juan Borbón se reunió en un yate con el dictador para entregarle a su hijo, para que lo formase en los ideales del Movimiento Nacional. Franco le nombró hijo y sucesor, con el parabién de los Estados Unidos.

En 1981, en apoyo al rey que se había enfrentado a diputados vascos en Guernica, se levantaron capitanes gene-

rales, con el resultado de una ley, la LOAPA, que pretendía ser valla a las aspiraciones de los pueblos.

En 2012, después de una serie de grandes movilizaciones en Cataluña contra los recortes. A falta de que el movimiento obrero abriese una salida política, el 11 de septiembre fue una inmensa movilización de amplias capas populares que reclamaban ‘indepen-dencia’. El régimen, alarmado, recurrió al rey Juan Carlos, que una semana después dirigió una Carta Abierta a los españoles: "solo superaremos las difi-cultades actuales actuando unidos, remando a la vez…". Sacrificándonos todos para salvar a los bancos, esa era la unidad de la patria con Zapatero y con Rajoy.

Más adelante, el rey de los elefantes dijo que los catalanes se olvidasen de quimeras.

Al cabo, le retiraron.

El nuevo reyQue ha perdido en las encuestas en cuatro años lo que su padre tardó treinta y cinco. No es ajeno a ello el ser el rey de los recortes, ni su actitud contra los pueblos. Al principio, se desvivía por via-jar a Cataluña como ‘buen chico’ amigo de todo el mundo.

Hasta que un día se reunió la Junta de Seguridad Nacional (los ejércitos, los jueces, el ser-vicio secreto y el gobierno, pre-sididos por el rey) y decidieron que hacía falta que el Borbón saliese a dar la cara contra las exigencias del pueblo catalán, cuyo parlamento había pedido a las Cortes la celebración de un

referéndum sobre las relaciones con los demás pueblos del Estado. Se puso la gorra de plato y lanzó su arenga contra el pueblo catalán y contra los pueblos.

Más adelante, cuando el capital financiero decidió acabar con las aspiraciones democráticas del pueblo catalán, Felipe VI en persona llamó a Volkswagen para pedir que traslada sen el domicilio de Seat fuera de Cataluña.

Y así llegamos al 3 de octubre, y a los dos discursos de la semana pasada.

Con los borbones, no habrá paz y fraternidad entre los pueblos del Estado español. Hace falta, ya, la República.

Andoni Zarra

Felipe Borbón y Letizia Ortiz en el congreso internacional del Derecho

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TRIBUNA LIBRE

1919-2019: Centenario de la fundación de la Internacional ComunistaENTRE LOS DÍAS 2 Y 6 DE MARZO DE 1919 SE CELEBRÓ EN MOSCÚ EL CONGRESO DE FUNDACIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO III INTERNACIONAL

El movimiento obrero tuvo desde sus orígenes una vocación internacionalista, acorde al desa-rrollo de una economía mundial como tal impul-sada por la acumulación capitalista, de modo que la lucha de clases adquiría cada vez más un contenido asimismo mundial, aunque mantuvie-ra sus formas nacionales.

En consecuencia, en 1864 se había consti-tuido la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional (con la participación central del propio Marx), cuya desaparición tendría lugar oficialmente en 1876, aunque ya muy debilitada tras la derrota de la Comuna de París en 1871 y el traslado del Consejo General de Londres a Nueva York en 1872.

En 1889 se crea la conocida como II Internacional, cuya bancarrota se produce en 1914, con el cierre de filas de la mayor parte de sus dirigentes con sus burguesías respectivas en

la orientación bélica. Durante la guerra hay varios intentos de reconstrucción de una Internacional digna de este nombre, particularmente en Zimmerwald en 1915 y en Kienthal en 1916. Pero el elemento decisivo que hará posible su creación será la Revolución rusa que triunfa en octubre de 1917 y el papel en ella del partido bolchevique, cuya dirección se había mantenido fiel en 1914 a la defensa de la independencia de clase y, por tanto, contraria a la guerra imperialista.

Así, el 24 de enero de 1919 su Comité Central junto con otras organizaciones lanzan un llamamiento: “los partidos y organizaciones abajo firmantes consideran como una imperiosa necesidad la reunión del primer congreso de la nueva internacional revolucionaria. Durante la guerra y la revolución, se puso de manifiesto no sólo la total bancarrota de los viejos partidos socialistas y socialdemócratas, y con ellos de la

II Internacional, sino también la incapacidad para la acción revolucionaria de los elementos centristas de la vieja socialdemocracia. Al mis-mo tiempo, se perfilan claramente los contornos de una verdadera internacional revolucionaria”. Y apenas un mes después, con la destacada pre-sencia de Lenin y Trotsky, se celebra el que constituirá el primer congreso de la nueva Internacional, la Internacional Comunista, en continuidad con la mejor tradición combativa del movimiento obrero.

En su segundo congreso, en julio de 1920, se acuerdan los Estatutos, cuyo primer artículo dice así: “La Nueva Asociación Internacional de los Trabajadores se funda con el objetivo de or-ganizar una acción conjunta del proletariado de los diversos países, tendente a un solo fin: la liquidación del capitalismo, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de una repú-blica internacional de los soviets que permitirán abolir totalmente las clases y realizar el socia-lismo, primer grado de la sociedad comunista”. También se establecen las Condiciones de ad-misión de los partidos.

Efectivamente esta acción conjunta existió, pero si su creación estuvo ligada al triunfo de la Revolución rusa, lo mismo ocurrió con su tra-yectoria posterior. Por tanto, la degeneración burocrática estalinista, contrarrevolucionaria, llevó asimismo a la degeneración de la Internacional (desde la orientación ultrasectaria de denuncia del “socialfascismo” hasta la cola-boración interclasista de los “frentes populares” y pasando en general por el combate contra la revolución como en el caso español).

La pertinencia de la creación de la IV Internacional en septiembre de 1938 se verifica retrospectivamente, con la liquidación de la III Internacional por parte de Stalin en mayo de 1943, como señal de buena voluntad ante las potencias imperialistas, con las que apenas seis meses después materializaría su colaboración en la Conferencia de Teherán, a la que seguirían en 1945 las de Yalta y Postdam. Tras la guerra, en 1947 Stalin creó la Oficina de Informacion (Kominform), disuelta en 1956, que no puede considerarse una verdadera Internacional obrera,

aunque la impronta estalinista presidió la orien-tación del PCUS y los partidos afines hasta 1991 e incluso después. En consecuencia, sólo la IV Internacional reivindica con fundamento el le-gado histórico de las Internacionales obreras.

Concluimos esta breve nota con dos reco-mendaciones de lectura: en primer lugar, de la propia Internacional, Tesis, manifiestos y reso-luciones de los Cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista (1919-1923); en se-gundo lugar, de Trotsky, Los cinco primeros años de la Internacional Comunista.

Estos documentos pueden ayudarnos a aprender las enseñanzas que nos lega la expe-riencia histórica de la Internacional Comunista, para la lucha de la clase trabajadora hoy.

Xabier Arrizabalo Montoro

La huelga de tranvías de Barcelona de 1951El 1 de marzo de 1951, 12 años después que las tropas de Franco impu-sieran a sangre y fuego un regimen, una de cuyas bases era la destrucción de la clase obrera organizada, se producía en Barcelona un boicot contra la Compañía de Tranvias, en protesta por el aumento del precio del bi-llete. Boicot que derivó en una de las movilizaciones más importantes desde el final de la guerra.

El detonante de la huelga fue la decisión del Consejo de Ministros de principios de diciembre de 1950 de aumentar las tarifas un 40%, es decir, de 50 a 70 céntimos. La subida brutal de un servicio que además era pésimo y con graves deficiencias de seguridad (solo el año 1950 se registraron 21 muertos y 491 heridos según las cifras oficiales) se unió a las duras condicio-nes de vida de la clase obrera. Condiciones que se fueron perpetuan-do año tras año desde 1939 alcanzando límites insoportables. El coste de la vida no había hecho más que subir dis-tanciándose de los salarios reales. Todavía a mediados de la década de los cincuenta, los niveles salariales esta-ban por debajo de los existentes en 1936. El salario medio de un obrero –que oscilaba entre 100 y 150 pesetas- a duras penas permitía subsistir. Una docena de huevos costaba a principios de aquella década 29 pesetas, el equi-valente a ocho horas de trabajo de un obrero del ramo textil.

El boicot a los tranvíasLa decisión del Consejo de Ministros hizo derramar el vaso, y lo que inicial-mente fue una protesta contra contra el aumento de las tarifas, acabaría con-virtiéndose en los días siguientes en una protesta generalizada contra el régimen.

Ya a principios de febrero de 1951, habían comenzado a circular por la ciudad unas octavillas llamando al boicot de los tranvías para el dia 1

de marzo. Este día los tranvias circu-l a r o n p r á c t i c a m e n t e v a c í o s . Muchísimos trabajadores se desplaza-ron a pie al trabajo haciendo así pa-tente de forma clara y visible el boi-cot. Las autoridades franquistas con el gobernador civil Eduardo Baeza Alegría a la cabeza quedaron descon-certadas ante la magnitud de la pro-testa. Es verdad que hubo sectores falangistas enfrentados al gobernador civil que tomaron inicialmente parte en la protesta pero cuando vieron el rumbo que tomaban los aconteci-mientos cerraron filas.

El boicot siguió los días siguientes de manera masiva. En la calle se for-maban pequeñas concentraciones que eran inmediatamente disueltas por la policía, pero una manifestación consi-gue subir por la céntrica Via Layetana en dirección a la Plaza Sant Jaume, y por el camino se apedrea el edificio de la CNS. En vista de la envergadura que iba adquiriendo la movilización, el 6 de marzo se decreta el retorno a las anteriores tarifas.

Huelga por la carestía de la vidaSin embargo, la protesta no se detuvo. Se había conseguido anular la subida pero continuaban las condiciones mi-serables y los bajos salarios.

El mismo día 6 tiene lugar una asamblea de más de 1000 enlaces sindicales en los locales de Via Layetana que acaba con la expulsión del local del representante oficial de la CNS, y el desalojo por la policia

de todos los asistentes. Antes, se ha lanzado la consigna de huelga para el dia 12 de marzo en protesta por la carestía de la vida y en exigencia de libertad para todos los detenidos por la huelga de tranvías.

La huelga convocada paralizó completamente Barcelona durante 24 horas y se extendió a otras localidades del cinturón industrial. Piquetes masi-vos de obreros se dirigieron al centro de la ciudad, cerrando a su paso todos los comercios. La policía intervino duramente y hubo diversos muertos y heridos, así como numerosas detencio-nes. Pero la protesta había hecho retro-ceder al gobierno: a la paralización de la subida tarifaria de los tranvias, se unió la supresión de las cartillas de

racionamiento, se acabaron algunas restricciones (la carne apareció en los mercados) y en julio los salarios expe-rimentaron una subida de un 25%. A la vez, fueron destituidos diversos car-gos, desde el Alcalde y el jefe de Policia, hasta el gobernador civil Baeza Alegría, sustituido el 18 de mar-zo por Felipe Acedo Colunga, conoci-do por La Mula, un militar que había participado en la “sanjurjada” y que se distinguió después por su dureza como fiscal militar en los consejos de guerra contra militantes que protagonizaron el 6 de octubre de 1934.

La sustitución de Baeza Alegría, muy conocido –y denostado- en la ciudad por su amplísima agenda so-cial, por un militar de la línea dura,

que sin embargo era partidario de facilitar el acercamiento al régimen de antiguos dirigentes de la Liga Regionalista, era toda una señal. No era la primera vez que el régimen se enfrentaba a una movilización obre-ra (por ejemplo, la huelga general del Pais Vasco en mayo de 1947) pero sí fue la primera vez que mostró más claramente su debilidad y em-pezaron a saltar algunos puntos de la costura.

Ciertamente, hubo también una fuerte represión (fueron detenidos 15 militantes de la CNT y otros del PSUC, entre ellos, Gregorio López Raimundo) pero la Dictadura había cedido ante la protesta obrera.

José Antonio Pozo

Calendario 2019 - centenario

de la 3ª InternacionalEl POSI ha publicado, este año pasado,

un calendario aniversario con este motivo. Si todavía quieres un ejemplar

de recuerdo, lo puedes pedir en: inforposi@gmail.com

Presidium del Congreso fundacional de la Internacional Comunista

9Nº 335 / MARZO DE 2019

PENSIONES

El pasado martes 19 los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, ante la imposibilidad de alcan-zar el consenso, han dado por rotas las negociacio-nes. La prisa impuesta por el adelanto electoral y el deseo del gobierno por capitalizar un acuerdo con-sensuado, han hecho aparecer las disidencias acu-muladas durante dos años y medio de reuniones de la Comisión.

Los borradores de las 22 recomendaciones que duran-te meses fueron retocadas cientos de veces, en las que dejaron sus objeciones diputados de Unidos Podemos y ERC, no llegan a ser un conjunto de cuestiones "cerradas" o "prácticamente preacordadas" como han defendido, des-de distintos ángulos, los portavoces de PDeCAT, PNV, PSOE, Compromis, PP y Ciudadanos.

La diputada del PP y presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, se opuso a convocar una nueva reunión para evitar que Unidos Podemos, representado por Yolanda Díaz, presentara los votos particulares que tenía previstos.

El rechazo hizo explotar a la Comisión del Pacto de Toledo al no poderse dejar constancia de desacuerdos ta-les como la ausencia de la puesta en marcha del procedi-miento que establece el artículo 109.2 de la LGSS para acceder a aportaciones del Estado, la entrega de bienes del patrimonio de la Seguridad Social para pagar deudas inexistentes, los planes complementarios de pensiones privadas, las modificaciones paramétricas que recortan las pensiones, etc. Aspectos que ya se pusieron de relieve en la Conferencia de Pensiones del 10 de marzo pasado en Madrid y el manifiesto de Navarra. (WEB DE IO).

Esta página sobre pensiones ha sido preparada por Juan Miguel Fernández

¿De dónde viene el Pacto de Toledo?El Pacto de Toledo surgió de una Proposición no de ley (PNL) de CiU en 1994 "con la finali-dad de evitar el incremento de los déficits públicos como con-secuencia de los mayores pagos por prestaciones y en especial de las pensiones de jubilación", de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.Para CiU, el partido de Pujol hoy PDeCAT, el obstáculo para llegar a esos objetivos era "la estructura financiera del siste-ma de la seguridad Social espa-ñola fundamentado en un régi-men de reparto".

Tiene razón el portavoz de la COESPE al afirmar que el Pacto de Toledo "era la cuña para caminar hacia la destrucción del sistema pú-blico de pensiones".

Pues de eso se trata, de des-truir el actual el modelo de Seguridad Social, desgajando de su tronco común prestacio-nes, como algunos proponen respecto a la viudedad.

También desde su origen inten-ta debilitar la base de nuestro siste-ma basado en el salario diferido. En la recomendación nº 8 de sus pri-meros acuerdos, el Pacto de Toledo

"hace suyas las recomendaciones contenidas en el Libro Blanco de Delors, relativas a la reducción de las cotizaciones sociales, como ele-mento dinamizador del empleo..."

La reducción de las cotizacio-nes para beneficiar a los empresa-rios y sustituirlas por impuestos es lo que buscan encajar buena parte de la clase política que está al ser-vicio del capi ta l financiero. Precisamente una tercera caracte-rística que puede señalarse del Pacto de Toledo es el de ser el ins-trumento dispuesto para asociar a las organizaciones que representan a la clase obrera a la reforma y mo-dificación del actual modelo de Seguridad.

No cabe duda de que el balance del Pacto de Toledo no es satisfac-torio, es el vehículo que ha conduci-do a la situación actual. Al centrarse en la redistribución de las fuentes, la tendencia es en esencia la sustitu-ción de cuotas por impuestos espe-cíficos. En definitiva su objetivo es reducir los costes laborales a las empresas y reducir la extensión e intensidad de las prestaciones que obligue a quien tenga medios para ello a suscribir planes de pensiones privados.

Recomendaciones del pacto abortadoDespués del fracaso en la apro-bación de los presupuestos y demostradas las limitaciones de la política de gestos sin conse-cuencias para la satisfacción de las reivindicaciones, la política del gobierno en el ámbito de las pensiones se ha caracterizado por continuismo y promesas que no se cumplen.

No se ejecutan las promesas de la derogación de las reformas de pensiones para garantizar la sufi-ciencia y dignidad de las pensiones, ni las promesas de derogación de las reformas laborales tan necesarias para incrementar los recursos del sistema y sus sostenibilidad.

El cuadro de las reformas pro-puestas en el acuerdo del Pacto de Toledo abortado viene delimitado, entre otros, por los elementos si-guientes:

Una propuesta de retrasar hasta 2025 la financiación por el Estado de los gastos que indebidamente son financiados por las cotizaciones sociales, tales como las políticas de empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, o el tratamiento ventajoso para algunos regímenes. En la aplicación de la anterior reco-mendación se constata un retraso de 30 años en su cumplimiento.

No se reconoce la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social por el saqueo sistemático a que ha sido sometida.

Para acceder a nuevos recursos no se reconoce la necesidad de ac-tivar plenamente el funcionamiento del modelo actual de Seguridad Social basado en la financiación de las prestaciones contributivas me-diante cotizaciones y además, en caso de su insuficiencia, con la fi-nanciación de nuevos recursos me-diante apor tac iones desde e l P r e s u p u e s t o d e E s t a d o a l Presupuesto de la Seguridad Social (artículo 109 de la LGSS).

No se recomienda la derogación de la reforma de pensiones de 2011 ni la de 2013. Ni la derogación de las reformas laborales.

Tampoco aparece el compromiso de anular la deuda que la financia-ción por préstamos del Estado regis-tra indebidamente la Seguridad Social. Respecto a esta falsa deuda, causada por operaciones de ingenie-ría contable y que simplemente debe ser cancelada, es totalmente recha-zable que se pretenda pagar trasla-dando la propiedad de bienes del patrimonio de la Seguridad Social a otras Administraciones Públicas. Lo que supondría un nuevo empuje al saqueo de la Seguridad Social.

También pretendían una nueva modificación de los parámetros del cálculo de las pensiones, igual que ocurrió con las reformas de 2011 y 2013, que conduciría a reducir y re-cortar las pensiones. Concretamente, se trata de subir la edad de jubila-

ción, en la perspectiva de llevarla más allá de los 67 años, de extender de nuevo los años exigidos para el cálculo de la base incluso a toda la vida laboral, de subir de 35 a 37 los años cotizados para poder acceder al 100% de la pensión.

Fomentar los sistemas comple-mentarios de pensiones sustentados en la negociación colectiva, como instrumento de ahorro y de inver-sión, incorporando, además de la pensión, a determinadas contingen-cias como complemento y mejora de las prestaciones de Seguridad Social y dotados de un adecuado régimen fiscal. Esta recomenda-ción, por el lado de los ingresos, choca con la propuesta de destopar las bases máximas de cotización y en manos privadas se convierte en un caballo de Troya del sistema pú-blico, con el que entra en competen-cia, y contra la caja única de la Seguridad Social.

Desde luego que la ruptura del Pacto de Toledo deja al descubierto, y aparcados por el momento, estos planes de rechazo a las reivindica-c iones aco rdados po r e l PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, con la ayuda inestimables de PSOE y Compromis. Y mientras tanto la ac-ción de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, no derogadas, y de las reformas laborales, no deroga-das, sigue laborando en la destruc-ción de la Seguridad Social.

"Los lunes al sol", 18 de enero 2019, en Santa Cruz de la Zarza, ToledoComo en centenares de pueblos y ciudades de todo el país se cumple ahora un año desde que estos compañeros pensionistas empezaron a concentrarse todos los lunes ante su Ayuntamiento en defensa del sistema público de pensiones y contra la revalorización del 0,25% dispuesto por Rajoy en la reforma de pensiones del 2013, luchando por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones según el IPC.

Vizcaya: abriendo camino a la movilización

Durante estos 14 meses los co-laboradores de Información Obrera han estado junto con los pensionistas de Leioa, en Bizkaia, en las concentraciones de cada lu-nes y acudiendo a las convocato-rias centrales de Bilbao.

Sobre la mesa hay propuestas de actos y charlas en los que se contará con las organizaciones de pensionistas, los sindicatos y las candidaturas a las elecciones para que expliquen sus propuestas en defensa del sistema público de pensiones.

Jesus Mari Pérez “Txarter”

Las movilizaciones de los pensionistas, las plataformas y los sindicatos

La Coordinadora Estatal por la de-f e n s a d e l S i s t e m a P ú b l i c o d e Pensiones (COESPE) en nota de prensa dice que "la famosa Comisión actual del Pacto de Toledo al fin ha tocado fondo. Nosotros siempre diji-mos que una comisión oscurantista, donde nadie puede saber nunca de qué se discute. y cómo nos puede afectar a los pensionistas actuales y futuros, no podríamos aceptarla".(Ver en la WEB DE IO)

Bajo la consigna "gobierne quien gobierne, las pensiones se defien-den", la COESPE prepara manifesta-ciones, posiblemente el 13 de abril,

antes de las elecciones generales, y otra el 11 de mayo.

Por su parte las centrales sindica-les UGT y CCOO exigen y emplazan al gobierno a derogar las reformas de pensiones de 2013 y la reforma labo-ral bajo la amenaza de movilizacio-nes.

La situación es propicia para or-ganizar la unidad para eliminar los obstáculos instituciones y legales que impiden satisfacer las reivindi-caciones, para defender al actual sistema púbico de pensiones, garan-tizando su continuidad y su suficien-cia económica.

El Pacto de Toledo estalla sin acuerdo

10 Nº 335 / MARZO DE 2019

MUJER - MUNICIPALES

Jesús Béjar, Isabel Cerdá, Manuel Cusó, Enrique Dargallo, Pablo García-Cano,

Luis González, Blas Ortega.

I nformación Obrera busca, con el inter-cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pue-blos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución demo-crática: Cortes soberanas, derecho de auto-determinación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-cuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obre-ra y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-ción política de los trabajadores, necesita-dos de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-litantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, par-tidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindi-caciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artícu-los firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coinci-dir necesariamente con la posición del comité de re-dacción.

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io@informacionobrera.orgwww.informacionobrera.org

8 de marzo: Día de la Mujer TrabajadoraSiguiendo una tradición de más de un siglo, el 8 de marzo es un día de lucha contra la opresión, contra la explotación, por la igual-dad, por los derechos de la mujer trabajadora. Como se decidió en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas: “de acuerdo con las organizaciones políticas y sindicales con conciencia de clase del proletariado de sus respectivos países, las mujeres so-cialistas de todas las nacionalidades tienen que organizar un Día de las Mujeres”. Este 8 de marzo de 2019 se han convocado paros y huelgas, concentraciones en los centros de trabajo y movilizacio-nes en las calles, en las que participan mujeres y hombres, porque la lucha contra la opresión y la explotación es una tarea del con-junto de la clase trabajadora y de sus organizaciones.

Contra las reformas laboralesEl 8 de marzo es un día de lucha contra el capitalismo, que explota espe-cialmente a las mujeres trabajadoras. Contra las reformas laborales, que, con la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, han abierto el camino a fenómenos de explotación extrema como el que padecen las camareras de piso, las Kellys. Reformas laborales que han hecho proliferar los contratos a tiempo parcial, que padecemos especial-mente las mujeres y que alimentan la brecha salarial. Que han generaliza-do la precariedad, el trabajo sin derechos, que afecta en especial a las mujeres.

Por los convenios colectivos, por los salarios, por las pensionesUn día de lucha por los convenios colectivos, por el salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales, 14.000 euros al año, porque en los sectores laborales en que se cobra menos del 14.000 euros somos mayoría las mujeres.

Un día de lucha por las pensiones, en defensa del sistema público de

pensiones, por la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, que atacan especialmente a las pensiones más bajas, que son la que cobran, mayoritariamente, las mujeres pensionistas.

Por servicios públicos que permitan liberarse de la esclavitud doméstica Un día de lucha por fondos suficientes para la Atención a las Personas Dependientes, por la generalización de las escuelas infantiles, por la pues-ta en marcha de guarderías laborales, de comedores escolares, de un con-junto de servicios públicos que permitan acabar con la esclavitud domés-tica y reducir al mínimo la carga de los cuidados.

Por el derecho al abortoque hoy es cuestionado por la derecha franquista. Reivindicamos derecho a la libertad sexual, al derecho de las mujeres a disponer libremente de nuestros cuerpos, a la salud reproductiva, al aborto libre y gratuito sin restricciones y en centros públicos.

Por la separación de la Iglesia y del Estado. Por la Escuela Pública y LaicaPor una educación igualitaria, libre de prejuicios y estereotipos defendidos por las Iglesias. Por la separación de la Escuela y de la Iglesia, por una escuela pública y laica con fondos suficientes, por una educación basada en la doctrina científica, y que incluya la educación para la libertad sexual.

Por el derecho de las mujeres a la vida y la protección. Contra el poder judicial franquista ¡Basta ya de sentencias como la de La Manada! Hay que expulsar de los juzgados a todos los jueces reaccionarios y enemigos de los derechos de las mujeres. Hay que acabar con este poder judicial, heredado del fran-quismo sin depuración.

Información Obrera

El alcalde de Pinto imputado por tratar de municipalizarLa localidad madrileña de Pinto tuvo la desgracia de que du-rante cuatro años gobernase el PP. Estos sucedió por una nefas-ta gestión de la izquierda que acabó con lo que había sido una hegemonía de la izquierda.

El caso es que entre lo que le dio tiempo a hacer al partido corrup-to, destacó la privatización parcial de la empresa municipal de limpieza. Aserpinto

Durante meses hubo una fuerte movilización que no pudo impedir la villanía de la privatización

Como consecuencia, hubo un deterioro de la limpieza en Aserpinto y de los derechos de los trabajadores. El contrato a muchos años impe-

día recuperar el servicio sin pagar un alto coste. Pero el gobierno mu-nicipal si puso diversas sanciones a la empresa adjudicataria.

Ahora con la ayuda del PP la empresa ha denunciado al alcalde por “espionaje” para impedir la municipalización por incumplimiento de contrato.

Hoy conocemos de una manera clara que la mafia que se aprovecha de los recursos públicos no va a escatimar recursos para mantener su política de parasitismo respecto a lo público

Todo nuestro apoyo para el alcalde Pinto. Acudiremos a la cita que tiene con el juez próximamente.

J. Béjar

Presentación de Compromiso con GetafeUna nueva fuerza política aparece dispuesta a participar en la contienda electoral del 26 de ma-yo en Getafe. Incluso se plantea ir más allá. Seguir funcionando aunque no se sacasen repre-sentantes.

Este movimiento, del que hemos hablado en otros números de IO, señala como fundamental hacer una organización útil. Esto hay que tomar-lo como referencia a lo pasado en los cuatro años en que la llamada Cup (Ahora Getafe) ha supues-to un fiasco, secuestrada por un grupo de perso-nas que la ha utilizado para sus propios fines.

No pretende ser un movimiento “pueblerino” centrado en la competencia con otros pueblos y pensando solo en que su pueblo sea el mejor. De hecho uno de los principales compromisos hace referencia a la coordinación con otras candidatu-ras de izquierda de la zona. También se presen-ta como un espacio en busca la unidad interna y no de la confrontación continua. Y por supuesto defiende la República

Por supuesto se planeta la readmisión de los despedidos de Lyma, la defensa de los derechos de los trabajadores del Ayuntamientos, la remu-nicipalización, la defensa de los servicios públi-cos y poner la vista en un plan de emergencia para hacer frente a las graves carencias de un sector de la población.

El Ayuntamiento de Getafe es uno de los Ayuntamiento que ha eliminado la deuda. La verdad es que no es un gran mérito suyo, ya que

la ley de Montoro les impide a los ayuntamientos prácticamente gastar el dinero y les obliga a des-tinar el excedente en pagar la deuda. De esta forma en Getafe se ha eliminado la deuda en estos cuatro años, y si siguen así habrá superávit, mientras miles de personas pasan penurias y se deterioran los servicios municipales. Nada que celebrar.

Esta candidatura tiene su próxima cita los días 2 y 3 de marzo en unas jornadas para deba-tir sobre el programa y candidatura de Getafe. Mientras se han establecido contactos con otras fuerzas de Getafe y a nivel regional para posibles acuerdos.

Corresponsal

Preparando el 8 de marzoEl domingo 24 de febrero el Colectivo de Mujeres Republicanas de Barakaldo organizó una jornada reivindicativa y festiva pre-paratoria del 8 de marzo en la que se preparó la pancarta y nos divertimos junto a otros compañeros del CATP y familiares.

Nuestros lemas para el 8 de marzo, a los que proponemos se adhieran todos los trabajadores y organizaciones que lo deseen son principalmente dos:

Por el derecho a la vida, ¡¡Fuera jueces franquistas!!Por la igualdad, ¡¡Igual salario para igual trabajo!!

Colectivo Mujeres Republicanas de Barakaldo

A la venta el número 100 de la revista teóricade la IV Internacional. Pide tu ejemplar

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11Nº 335 / MARZO DE 2019

INTERNACIONAL

ARGELIA: ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 18 DE ABRIL DE 2019

Unas elecciones cargadas de peligros Resumen publicado por la cadena TSA de la entrevista televisada que Luisa Hanune concedió el 11 de febrero a la cadena argelina

Aun no estando sorprendida por el anuncio de la candidatura de Abdelaziz Buteflika para un nuevo mandato, Luisa Hanune no comprende qué ha sucedido para que el presidente salien-te, cuya candidatura no se contemplaba durante todo el año pasado, cambie súbitamente de opinión.

“Durante todo el año pasado y has-ta que se ha empezado a hablar de conferencia nacional, era evidente que el presidente no iba a ser candidato”, asegura la secretaria general del Partido de los Trabajadores en su aparición en TSA-direct el lunes 11 de febrero.

Aunque no dijo claramente que la decisión no emanase de la voluntad del afectado, manifiesta sus dudas sobre la paternidad de la carta-programa me-diante la que Buteflika anunció su can-didatura el domingo 10 de febrero. Sin citarlo, alude claramente a Ahmed Ouyahia.

“En mi opinión, le han atribuido la carta. Ciertamente, contiene expresio-nes que recuerdan el modo de pensar de Buteflika, pero otros pasajes, no. Como cuando habla de dogmatismo. Sabemos, y todo el mundo lo sabe, que no acostumbra a utilizar ese término.”

Volviendo al balance de Buteflika, la secretaria general del PT no niega que en anteriores mandatos haya ha-bido aspectos positivos, pero no hace concesiones con el que acaba ahora, marcado por “una caída en picado en todos los ámbitos”. “El cuarto man-dato fue una ruptura con los prece-dentes”, afirma.

Para la invitada de TSA, el anun-cio oficial de la candidatura de Buteflika “no despeja la opacidad de la situación” y demuestra el callejón sin salida en el que se halla el sistema, “incapaz de regenerarse y abrir pers-pectivas para la nación”.

“El sistema carece de vitalidad y sus partidarios saben que si cambian cualquier cosa, todo el edificio va a derrumbarse. No han tenido otra op-ción”, analiza. Así pues, el problema no es Buteflika, sino el sistema cuya “fecha de caducidad expiró en 1988, prolongándose varias veces desde en-tonces”.

“Aunque el sistema hubiese pre-sentado otro candidato, el peligro se-ría el mismo, con la manipulación de las elecciones para imponerlo. Estamos por el fin de todo el sistema y luchamos por la elección de una asamblea constituyente”, recuerda. A propósito del fraude, Hanune no lo excluye y advierte sobre sus conse-cuencias.

“Si hay fraude, y ha comenzado ya con la recogida de firmas, las potencias extranjeras van a utilizarlo como licen-cia para hacer presión y dictar sus

condiciones. La situación de nuestro país es más grave que la de Venezuela ya que el presidente Maduro fue elegi-do democráticamente en unas eleccio-nes supervisadas por observadores internacionales”, afirma.

“No son unas simples elecciones, es una cita con nuestro destino. Estamos aterrorizados. Ignoramos lo que va a suceder , cuál será la reacción de los ciudadanos. Nuestro temor es que hay provocaciones. Todos los ciu-dadanos se preguntan qué pasará. El terreno de las elecciones es muy cam-biante. Hoy, parece que la mayoría desconfía del voto. Pero si cambian las opiniones y los ciudadanos toman las mesas electorales e intentan impedir el fraude, ¿qué sucederá? Sabemos que los predadores y la oligarquía van a recurrir a la violencia y tienen los me-dios para hacerlo. ¿Y si un personaje hiciese lo mismo que Guaidó en Venezuela?”.

¿Alí Ghediri, por ejemplo, que proclama ya que irá a las elecciones para ganar? “No es el único que man-tiene ese discurso, pero no es más que una estrategia electoral”, responde Hanune que, de paso, traza una línea

roja al general retirado y a otros can-didatos: “Ya se trate de las institucio-nes del Estado, de los partidos o de los candidatos, para nosotros la posi-ción respecto de Venezuela es la línea de demarcación. El que calla ante lo que está sucediendo en Venezuela, sea por evitar enfadar a los norteameri-canos o porque quiere ofrecer sus ser-vicios, no puede convencerme de que mañana vaya a defender la soberanía nacional”.

El PT no ha decidido nada de mo-mento en cuanto a la posición a adoptar respecto de las elecciones. “No sabe-mos si vamos a participar o no, el C o m i t é C e n t ra l l o re s o l v e rá . Participemos o no, haremos campaña por la elección de una asamblea cons-tituyente”, repite la secretaria general del partido.

Finalmente, sobre la propuesta de conferencia nacional anunciada por la carta-programa del presidente, Luisa Hanune la encuentra “extraña”, subra-yando que, en tanto que candidato, el presidente tendría que haber presenta-do un programa y recordando las ante-riores promesas de reformas políticas nunca mantenidas.

Manifestaciones masivas contra el quinto mandatoEste viernes 22 de febrero un llama-miento anónimo a manifestarse ha sido secundado en todo el país. De este a oeste, de Orán a Anaba, decenas de miles de manifestantes han protes-tado pacíficamente contra el anuncio de que el actual presidente Abdelaziz Buteflika se presenta para un nuevo mandato, el quinto.El presidente, en-fermo desde 2013, no aparece en pu-blico y la población cree que ya no esta en estado de gobernar.

Los manifestantes eran unáni-mes, enarbolando en todas partes la bandera nacional contra lo que lla-man la mafia en el poder que ha expropiado las conquistas de la re-volución argelina.

La policía tenía ordenes de con-tener y no reprimir.

En efecto, los incidentes han sido mínimos.

Hay nuevas manifestaciones convocadas para el 1 de marzo.

VENEZUELA: EL "AUTOPROCLAMADO" PIDE AYUDA MILITAR A TRUM

Redoblar la campaña contra la injerencia imperialista

El sábado 23 debía ser, según los por-tavoces mediáticos de Trump secunda-dos por los periódicos “independien-tes” españoles, el fin del régimen de Maduro. La ayuda humanitaria aparca-da en las fronteras de Brasil y Colombia debía ingresar en Venezuela con el apoyo de un millón de voluntarios que el “autoproclamado” Guaidó decía ha-ber movilizado.

La realidad  fue bien distinta. El gobierno legítimo movilizó las fuerzas armadas y cientos de miles de seguido-res. Cerró la frontera de Brasil y par-cialmente la de Colombia.

Guaidó, apoyado por unos pocos miles de seguidores de su partido Voluntad Popular -partido equivalente

a Vox pero miembro de la Internacional Socialista, armados de cocteles molo-tov, atacaron  a la guardia nacional bolivariana.

En los choques e incidentes y en circunstancias confusas hubo al pare-cer 4 muertos y decenas de heridos.

Los camiones de la “ayuda huma-nitaria” no entraron. Y esto a pesar del apoyo del gobierno colombiano, con su presidente Iván Duque a la cabeza.

Algo sin precedentes también, el presidente de Chile, Pinera, el de Paraguay, Abao y Luis Almagro, secre-tario de la OEA, jaleaban a los grupos opositores desde la frontera.

Con toda razón, el gobierno Maduro rompió la relaciones con

Colombia, responsable de la agresión contra su territorio.

La supuesta “ayuda humanitaria”La Cruz Roja ha rechazado oficial-mente esta supuesta ayuda humani-taria. Es una decisión unilateral de Trump y la agencia estatal norteame-ricana USAID, al mismo tiempo que el gobierno norteamericano ha incau-tado los haberes de Venezuela en Estados Unidos. Lo mismo hizo el gobierno británico. Son verdaderos actos de piratería.

Fuentes oficiales dicen que las san-ciones económicas contra Venezuela han costado en un año 30 000 millones de euros.

Precisamente Maduro reclamó el fin de las sanciones para poder comprar alimentos y medicinas. Incluso llamó al gobierno brasileño a vender alimen-tos por un equivalente de más de 1 700 millones.

El gobierno venezolano distribuye por medio de los CLAP la cesta básica a la mitad de la población, 6 millones de familias.

El artificio de la ayuda humanitaria estaba destinado simplemente a denun-ciar al régimen y crear una situación de violencia en la frontera.

El fracaso de la operacióny sus consecuenciasLuis Almagro (OEA) fue el primero en declarar que la operación fracasó.

Estaba destinada a provocar una insu-rrección contra Maduro en el ejército y la policía (según las informaciones de la oposición solo hubo algunas de-serciones).

Ante este fracaso el “autoproclama-do” (diputado elegido con el 23 por ciento de los votos en el pequeño estado de Guaira) dijo en conferencia de pren-sa que esperaba la ayuda militar nortea-mericana para continuar su combate.

Este martes 26 de febrero se reúne con el vicepresidente norteamericano, sin duda para recibir instrucciones una vez que Trump ha declarado que el combate por la “l iberación” de Venezuela debe continuar. Es fácil en-tender el significado de esta liberación. Venezuela posee el 20 % de las reservas mundiales de petróleo y es de propie-dad nacional.

Borrel, en retiradaNuestro gobierno tuvo la osadía de po-nerse a la vanguardia de los gobiernos europeos para dictar al pueblo de

Venezuela que debía realizar eleccio-nes.

Borrell, más prudente ahora, ha de-clarado que la posición del gobierno era una salida negociada. 

En realidad teme que el régimen aguante y que, como declaró Maduro, reconsidere las relaciones con España, es decir, que cuestione las inversiones de las multinacionales españolas (Repsol, Telefónica, Gas Natural, BBVA, Caixa, Santander) que siguen saqueando al país. Es verdad que los gobiernos venezolanos no han tomado ninguna medida seria contra las multi-nacionales.

Es precisamente el interés de los trabajadores y pueblos de nuestro país acabar con la política de injerencia que han practicado todos los gobiernos de la Monarquía.

El respeto a la soberanía de los paí-ses de América Latina va a la par con el respeto de derechos y libertades en España.

Andreu Camps

Desde la redacción de Información Obrera, llamamos a todos los tra-bajadores y jóvenes a defender la democracia firmando y extendiendo el llamamiento, lanzado el 1 de febrero por el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos, contra la injerencia de EEUU y en defensa de la soberanía del pueblo venezolano. (Ver IO 334)

http://www.informacionobrera.org/alto-a-la-injerencia-imperialista-en-venezuela/

Luisa Hanune, secretaria general del Partido de los Trabajadores de Argelia

12 Nº 335 / MARZO DE 2019

INTERNACIONAL

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FRANCIA - Editorial de Informations Ouvrières nº 541

Chalecos amarillos y organizaciones obreras

Hace ahora catorce semanas que hicie-ron irrupción los ‘chalecos amarillos’. Quieren que sus reivindicaciones sean tomadas en cuenta de manera inmediata.

“Gobernar es hacer creer”, decía Maquiavelo. Se lanza un debate nacio-nal. Se reúnen algunos representantes escogidos cuidadosamente. Una puesta en escena pensada para impresionar.

Para los que aún tengan ilusiones: “¡No! ¡Niños! Yo soy quien da el micro. Esto no es una comunidad autogestio-nada. ¡Sentaos!”, ironiza Macron ante una asamblea de representantes de Ultramar que también reclaman medi-das contra la vida cara.

Castaner y Griveaux tienen una ar-dua tarea, todo vale para ocultar la mi-

seria. Les periodistas vendi-dos y sus colegas del gobier-no se desgañitan lanzando injurias. Según ellos, ‘chale-co amarillo’ = antisemita, violento, faccioso; soplarían malos vientos sobre Francia, habríamos vuelto a 1934, la Acción Francesa del coronel La Rocque que recorre cada sábado los bulevares contra “la Gueuse”1…

Y cada sábado el maca-bro recuento de manos arran-cadas, ojos sacados, heridas de guerra.

Al respecto, la AFP había anunciado una condena por parte del Parlamento Europeo del uso de los lanzadores de balas de defensa (LBD). De hecho no es así. El LBD, ar-ma clasificada como “no le-tal”, ¡es adecuado según la Unión Europea! ¡La repre-sión es quirúrgica! ¡La Unión

Europea de la libertad de ma-nifestación es el LBD!

La UE nos tiene acostumbrados a esas posiciones alambicadas que final-mente van siempre en el mismo senti-

1.- Literalmente “la Mendiga”. Nombre dado despectivamente a la República francesa durante el período revolucionario de 1793 a 1796 [N. del T].

do: la Europa del hierro y del carbón es el cierre de minas y fábricas, la Europa social es el fin de los derechos sociales, la Europa laica es el respeto de los concordatos, la Europa de la de-mocracia es la monarquía española surgida del franquismo, el golpe de Estado permanente de la V República, la Europa solidaria de los pueblos es el ahogamiento de miles de emigrantes en el Mediterráneo.

Los ‘chalecos amarillos’ lo han en-tendido bien, y por eso exigen: “¡Macron dimisión!”. Ese presidente que afirma incesantemente su voluntad de aplicar un tren de medidas “confor-mes” a las directivas europeas contra la clase obrera: contrarreforma de las pensiones, supresión de 120 000 fun-cionarios, etc.

Pero, a partir de la huelga del 5 de febrero, la convergencia posible entre ‘chalecos amarillos’ y sindicatos se abre camino en muchos lugares, pese al bloqueo organizado por los dirigen-tes de las confederaciones obreras. En un panfleto común, pueden leerse las siguientes reivindicaciones comunes: “Aumento inmediato de los salarios, de los sueldos de los funcionarios, de los mínimos sociales, de los subsidios y pensiones en 300 euros brutos; supre-sión de la subida de la CSG2 para los

2.- Contribución Social Generalizada, impues-to para la financiación de la protección social

jubilados; supresión del CICE3 para los grupos del CAC 404 y restablecimien-to del ISF5; restablecer y reforzar el servicio público al servicio de la pobla-ción en todo el territorio; alto al pro-yecto de Macron contra nuestro dere-cho a la pensión; cese de despidos y cierres de empresas que impactan tam-bién sobre los comerciantes, los artesa-nos, los campesinos; no a la ley anti-manifestación y antihuelga…”

Es la hora del reagrupamiento de fuerzas organizadas de la clase obrera y de la juventud para acabar con el bloqueo a la movilización y obtener la satisfacción de las reivindicacio-nes. Tarea en la que se afanan los afi-liados del POI así como Informations ouvrières, preparando con otros miles de compañeros la convención nacio-nal de delegados de los comités de resistencia y de reconquista del 30 de marzo.

José AriasMiembro del Buró Político del POI

[N. del T].

3.- Crédito de Impuesto para la Competi-

tividad y el Empleo, incentivo fiscal para empresas [N. del T].

4.- Las 40 mayores empresas de la Bolsa de París[N. del T].

5.- Impuesto de Solidaridad sobre las Fortunas[N. del T].

Manifestación chalecos amarillos

Portugal: Los enfermeros en huelga desde el 31 de enero

Desde el 31 de enero, los enfermeros de quirófanos están en huelga ante la negativa del Ministerio de Sanidad a responder a sus reivindicaciones. Exigen un aumento significativo de los salarios en todas las categorías de en-fermeros y el reconocimiento de la carrera profesional.

Una huelga con un alcance inesperado La decisión de mantener una huelga indefinida se tomó tras el fracaso de dos reuniones de negociación con el gobierno, los días 17 y 30 de enero, con cuatro jornadas de huelga entre ambas. Una huelga “salvaje e ilegal” dice el primer ministro socialista, Antonio Costa. En realidad, nadie ha-bía visto venir el alcance de esta huel-ga. Ninguna de las dos confederacio-nes sindicales (CGTP, UGT) convoca-ba. Este movimiento traduce la pro-

fundidad de la indignación de la profesión y la degradación de las condiciones laborales en detrimento de los pacientes. Según el Colegio de Enfermeros, en 2018 no se han pagado a los trabajadores dos millones de ho-ras. La proporción de enfermeros del Servicio Nacional de Salud es una de las más bajas de la OCDE: 4,3 por 1 000 habitantes. “Lo que más me apena es que muchas personas piensan que los usuarios están desatendidos por nuestra culpa, a causa de la huelga. Y no es así, luchamos para que tengan unas condiciones dignas”, afirma Margarida Cardoso, enfermera (revis-ta Visão, 9 de febrero).

El gobierno decretala requisición civil El 7 de febrero, el gobierno decreta la requisición civil al mismo tiempo

q u e e l C o l e g i o d e Enfermeros asegura que se están respetando los servi-cios mínimos en los diez hospitales afectados. El mi smo d ía , e l Pa r t i do Socialista anuncia su vo-luntad de proponer un pro-yecto de ley para prohibir las donaciones anónimas en las plataformas de fi-nanciación colaborativa en línea (“crowdfunding”).

En efecto, a iniciativa de un grupo de enfermeros, se han recogido en Internet más de 780 000 euros de apoyo a la huelga. El vice-presidente del grupo parla-mentario del PS justifica

así ese proyecto: “Todos los portu-gueses deben saber si algo o alguien quiere debilitar el Servicio Nacional de Salud. La gran pregunta es quién y cómo financia esta huelga quirúr-gica.” Crecen los rumores sobre la participación de grupos privados que, supuestamente, apoyarían finan-cieramente la huelga.

La huelga, que podría mantenerseal menos hasta el 28 de febrero,divide las filas políticasCerca del 60% de los electores del Partido Comunista y de Bloque de Izquierda son contrarios la requisi-ción decretada por el gobierno para intimidar a los huelguistas (sondeo CM/Aximage). El PCP, siempre lla-mando al necesario diálogo, mani-fiesta “su inquietud respecto de esta acción que, invocando el derecho de

huelga, incide en las operaciones quirúrgicas en algunos hospitales.” (comunicado de prensa del PCP, 7 de febrero). Catarina Martins, coordi-nadora nacional del Bloque de Izquierda, se preguntaba el 8 de fe-brero sobre la multiplicidad de las reivindicaciones. Ya el primer día de huelga, el presidente del PSD (dere-cha) se indigna: “La huelga, tal co-mo se está llevando a cabo, es alta-mente cuestionable”.

El “alumno aplicado”de Europa está debilitadoEl gobierno PS de Antonio Costa mantiene un pulso a tan sólo unos

meses de las elecciones europeas y legislativas. Aclamado en la prensa internacional, presentado como un modelo de gobierno de “izquierda”, apoyándose tan pronto en el PCP y el Bloque de Izquierda como en los partidos de la derecha parlamentaria, se enfrenta continuamente a la resis-tencia de los trabajadores. En los próximos días, estará obligado a vol-ver a la mesa de negociación con las organizaciones sindicales de los pro-fesores que exigen la recuperación de más de nueve años de congelación de la carrera profesional.

Corresponsal

Huelga en la Función PúblicaEl 15 de febrero, jornada nacional de huelga en la Función Pública, las organizaciones sindicales regis-tran un 80% de seguimiento, en particular en las escuelas, los hos-pitales, las finanzas, Justicia, pri-siones, principalmente por el au-mento de los salarios, congelados desde 2010. El gobierno responde con el anuncio de una nueva inyec-ción de capital público en el Novo Banco, que podría superar los mil millones de euros, además de la bomba del requerimiento civil, condenado por las dos centrales sindicales.

Es creciente el descontento de los trabajadores con este gobierno, que toma posiciones contra la ma-

yoría del pueblo portugués. Al deci-dir que los trabajadores de la Función Pública paguen por la in-competencia de los banqueros, se sitúa en un bando que no es el de sus electores ni el de gran parte de los militantes del Partido Socialista.

Con el objetivo de ayudar a la resistencia de los trabajadores y del pueblo, militantes de diversas sensi-bilidades políticas y dirigentes sin-dicales se han reunido para debatir y extender, en todo el país, iniciati-vas en defensa de las conquistas sociales de la Revolución de Abril, p r inc ipa lmente de l Serv ic io Nacional de Salud y de la Escuela Pública.

Corresponsal