1

CURSO ESPECIALIZADO PARA JUECES Y MAGISTRADOS

e-FUNCIONARIO JUDICIAL

UNIDAD I

INTRODUCCIN

La globalizacin en el mundo actual ha generado cambios trascendentales en materia

de comunicacin e interaccin entre los individuos. Ms all de toda frontera territorial,

se han logrado romper los paradigmas en los canales de comunicacin y se ha alcanzado

un intercambio de informacin ms rpido, eficiente y eficaz que facilit el cruce de datos

a nivel mundial sin requerir del papel como herramienta primordial en las actividades de

interaccin humanas.

En tal sentido, surge en el panorama mundial a partir de la dcada de los setenta la

sociedad de la informacin y el conocimiento, de la cual resalta el socilogo

estadounidense Daniel Bell que: [] el eje principal de sta ser el conocimiento terico

y advierte que los servicios basados en el conocimiento habran de convertirse en la

estructura central de la nueva economa y de una sociedad apuntalada en la informacin,

donde las ideologas resultaran sobrando..

Posteriormente, en la dcada de los noventa, con la entrada de la globalizacin y de la

economa neoliberal, llegan al contexto mundial las tecnologas de la informacin y la

comunicacin (TIC) las cuales se consolidan como parte del proceso del mercado

autorregulado y sin fronteras. Estas polticas son apoyadas, desde sus inicios, por la

cumbre de G-81, la Comunidad Europea y el Banco Mundial, entre otras instituciones.

1 El grupo de los 8, que representa a las economas ms sanas del mundo. Estas son: Canad, Francia, Alemania, Italia,

EE. UU., Rusia, Japn y Reino Unido.

2

Para el ao 2003, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacin2 se dispone

en el numeral 1 que:

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra

del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre

Mundial sobre la Sociedad de la Informacin, declaramos nuestro deseo y

compromiso comunes de construir una Sociedad de la Informacin centrada

en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan

crear, consultar, utilizar y compartir la informacin y el conocimiento, para

que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente

sus posibilidades en la promocin de su desarrollo sostenible y en la mejora de

su calidad de vida, sobre la base de los propsitos y principios de la Carta de

las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaracin

Universal de Derechos Humanos.

En este contexto mundial, la implementacin de las TIC ha permitido, en la ltima

dcada, un cambio trascendental en materia de comunicacin, tanto as, que su uso ha

transgredido hasta las seguridades ms intrincadas de las grandes potencias mundiales,3 y,

el uso debido ha permitido tener noticias al instante, generar avances en la salud,

promover acciones eficaces en la prevencin de desastres, optimizar el funcionamiento

administrativo de los gobiernos, y tambin, desarrollos importantes en materia de

investigacin cientfica, modelos de administracin de justicia ms expeditos y confiables,

incluso ha logrado mantener en contacto a cientos de millones de personas a nivel

mundial en tiempo real.

Ahora bien, Colombia no ha sido indiferente respecto a este gran reto al implementar

a travs de polticas pblicas el concepto de e-goverment (gobierno en lnea4) y el de open

goverment (urna de cristal5) incentivando en los servidores pblicos la cultura de

apropiacin de las tecnologas de la informacin y de cero papel, y en el ciudadano una

posibilidad de acceso directo a las entidades estatales procurando disminuir las barreras

fsicas que antes impedan la interaccin y el contacto con la administracin en general.

2Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacin. Declaracin de Principios. Construir la Sociedad de la Informacin:

un desafo global para el nuevo milenio. Documento WSIS-03/Geneva/4-S, 12 de mayo de 2004. Recuperado de . 3 Dentro de los casos ms representativos en los ltimos aos encontramos el del australiano fundador de WikiLeaks, Julian

Paul Assange (nacido el 3 de junio de 1971) y el estadunidense Edward Joseph Showden (nacido el 21 de junio de 1983) filtrador de informacin confidencial de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los EE. UU. 4 Repblica de Colombia. Punto de acceso a la informacin, trmites y servicios del Estado colombiano. 2013. Recuperado

de: . 5 Presidencia de la Repblica de Colombia. Urna de Cristal. 2013. Recuperado de .

3

Por lo tanto, cabe resaltar que en la actualidad existen herramientas como las pginas

web de las entidades oficiales de los diferentes rdenes y jurisdicciones mediante las

cuales se ha promovido tanto el acceso al ciudadano(a), como la comunicacin expedita

entre entidades, y entre usuarios y ellas, y, la notificacin de actos administrativos y de

fallos judiciales. Esto, como una posibilidad de que el usuario directo de los servicios

estatales presente peticiones, quejas, reclamos y denuncias en procura de la proteccin de

sus derechos. Sin embargo, estas herramientas han sido subestimadas en los ltimos aos

lo cual ha generado un desinters en los servidores pblicos respecto al tema tecnolgico

y ha ocasionado una prdida del horizonte respecto a la nueva era de la informacin y la

comunicacin.

Concepto de la e-justicia

Para hablar de administracin de justicia digital o e-justicia debemos traer a colacin el

artculo 1 de la Ley 270 de 1996 que define la administracin de justicia como: [] la

parte de la funcin pblica que cumple el Estado encargada por la Constitucin Poltica y

la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantas y libertades consagrados en

ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia

nacional..

Partiendo desde esta visin normativa de la administracin de justicia podemos

plantear que la e-justicia es la funcin pblica en cabeza del Estado para hacer efectivos los

derechos, las obligaciones, garantas y libertades consagradas en la ley y la Constitucin

involucrando tecnologas de la informacin y la comunicacin que permitan la

interconexin, instantaneidad y optimizacin del sistema judicial en aras de alcanzar la

convivencia social y lograr mantener la concordia nacional.

Dando alcance a la anterior definicin de e-justica podemos plantear que la

administracin de justicia digital implica una apropiacin de todas las etapas procesales con

mecanismos tecnolgicos que, en consecuencia, cambian el paradigma de la justicia de

4

papel y la intervencin personal en el proceso, por la utilizacin de documentos digitales y

la interaccin por medio de canales de comunicacin diferentes al personal, en este

sentido podemos plantear una relacin con el artculo 103 del Cdigo General del

Proceso que reza:

Uso de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones. En todas

las actuaciones judiciales deber procurarse el uso de las tecnologas de la informacin y

las comunicaciones en la gestin y trmite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar

y agilizar el acceso a la justicia, as como ampliar su cobertura. []

Caractersticas de la e-justicia6

Interactiva: la administracin de justicia digital permite el uso de canales de

comunicacin y herramientas digitales ms tiles para la satisfaccin de necesidades

laborales, por ejemplo, la utilizacin de videoconferencias para la recepcin de testimonios

o declaraciones dentro del proceso de personas que se encuentran en regiones apartadas

de la sede del juzgado donde se pretende practicar la respectiva audiencia.

La interactividad da va libre a que la interaccin entre los operadores de la justicia y

los usuarios de esta se realice de manera ms fcil, rpida y segura; tambin permite

aumentar los ndices de personas que acceden a la justicia, ya que por medio de los

nuevos canales de informacin y comunicacin los ciudadanos cuentan con una

herramienta funcional e idnea.

Digital: es la transformacin de los documentos anlogos o manuscritos en mensajes

de datos o digitales7 conformados por cdigos numricos que facilitan la transmisin de

archivos, datos, informacin o documentos por un mismo canal o red.

6 Nattam Nisimblat. Relaciones jurdicas y tics: tensiones, implicaciones y desafos en la administracin de justicia. Bogot,

D. C. (Colombia): Universidad de los Andes. 2013. 7 Ley 527 de 1999, artculo 2, literal a. Mensaje de datos. La informacin generada, enviada, recibida, almacenada o

comunicada por medios electrnicos, pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrnico de Datos (EDI), Internet, el correo electrnico, el telegrama, el tlex o el telefax.

5

Interconectable: permite la conexin con datos o archivos ubicados en espacios

fsicos alejados. La interconexin permite cruzar canales de comunicacin e informacin

en formatos de texto, imagen, sonido o video, entre dos o ms personas naturales o

jurdicas.

Instantnea: hace referencia al envo y recepcin de documentos (en buenas

condiciones tcnicas) en milsimas de segundos, estando condicionado a la carga y

complejidad de los archivos, datos o documentos.

Neutral: es la capacidad de usar dentro del proceso judicial cualquier medio

tcnicamente viable de comunicacin, sin brindarle a ningn medio en particular mayor

reconocimiento, idoneidad o fuerza probatoria.

Diversa: se describe como la capacidad de utilizar diferentes tecnologas en el

desarrollo de las labores judiciales complejas, con el objetivo de optimizar los resultados y

generar acciones o decisiones que favorezcan el desarrollo del proceso.

En el anterior contexto es posible acudir dentro de un mismo proceso judicial a

videoconferencias, notificaciones electrnicas e intercambios de datos, entre otras

actividades.

Solidaria y colaborativa: la e-justicia no es por s sola un sistema que optimice el

aparato judicial, ser siempre fundamental el elemento humano que utilice de la mejor

manera las herramientas del sistema. Es colaborativa porque al compartir experiencias

positivas es posible que los servidores judiciales reconozcan la importancia y el beneficio

del uso de las TIC.

Globalizada y sin fronteras: el acceso a la administracin de justicia es posible

desde todo el territorio nacional y genera procesos de enriquecimiento humano, cultural

y jurdico. El acceso a la justicia es garantizado al ciudadano sin importar su ubicacin

geogrfica.

6

Segura y precisa: los datos y archivos circulantes dentro del sistema judicial transitan

por canales de informacin vigilados y supervisados por entidades estatales, en orden de

garantizar su confidencialidad y seguridad.

Principios que involucran la administracin de justicia digital8

Los principios que involucran la e-justicia van relacionados directamente con la

administracin de justicia, con la nica diferencia de que estos estn enmarcados en el

mbito de las tecnologas de la informacin y la comunicacin. En este contexto los

principios nos plantean nuevos retos al entendimiento y ejecucin de la administracin de

justicia. Veamos porque:

Acceso a la administracin de la e-justicia: mediante este principio se abren las

puertas al ciudadano para que ingrese a los servicios del sistema judicial por los

mecanismos legales creados por el legislador, sin discriminacin por razones de sexo, raza,

origen nacional o familiar, lengua, religin, opinin poltica o filosfica tal como lo

establece el artculo 13 de la Constitucin. En tal sentido se garantizan, con un enfoque

diferencial, la participacin y el acceso a la e-justicia.

Innovacin judicial: en la medida en que se digitaliza el sistema judicial, y su acceso

es facilitado por la implementacin de las TIC, se debe propender a que el movimiento del

proceso judicial no est atado al impulso personal y a travs de medios fsicos. Por el

contrario, el desarrollo del proceso se debe llevar a cabo dentro del escenario digital que

se tenga a disponibilidad de los servidores, las partes y los dems intervinientes.

Formacin digital y judicial: con la entrada de la e-justicia al sistema judicial

colombiano los ciudadanos, abogados litigantes, funcionarios y empleados pblicos deben

8 Nattam Nisimblat. (2013). Op. cit.

7

encontrarse capacitados para la era digital de la justicia, de tal manera que se garantice el

entendimiento del sistema y se termine con la brecha digital.9

Coordinacin jurdico-digital: las normas jurdicas que regulan las nuevas

tecnologas de la informacin y la comunicacin deben adaptarse a la realidad digital a la

que nos enfrentamos cada da, por cuanto esta ltima est en constante evolucin, y para

su optimizacin es necesario que las normas sean interpretadas con criterios abiertos, tal

como lo prevn los artculos 310 y 411 de la Ley 527 de 1999.

Economa procesal: una vez el ciudadano ingresa al sistema y activa el aparato

judicial, este debe desenvolverse en el menor tiempo, con los menores recursos y

nicamente mediante la infraestructura y los equipos necesarios.

Respecto al tiempo, los procedimientos y actuaciones que se lleven a cabo dentro del

trmite judicial deben agotarse en los tiempos estrictamente necesarios, sin dilataciones

que no posean sustento vlido. La justicia no solo depende de la materializacin de un fallo

judicial sino, adems, de que se produzca en tiempos cortos para lograr que los intereses

de las partes no se desmejoren por el transcurso del tiempo. Los recursos invertidos por

el aparato estatal para la prestacin del servicio de justicia digital son provenientes del

erario pblico, por tal motivo deben ser aprovechados al mximo por funcionarios y

empleados. Los espacios e infraestructuras del sistema en implementacin sern reducidos

hasta tanto todas las medidas logsticas administrativas y legales sean ejecutadas. Por tal

motivo, la utilizacin de espacios y equipos debe estar restringida a lo estrictamente

necesario con el fin de prestar un excelente servicio de justicia.

9 Brecha digital: hace referencia a la diferencia socioeconmica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las

TIC y aquellas que no, y tambin hace referencia a las diferencias que hay entre grupos segn su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetizacin y capacidad tecnolgica. (fuente: ). 10

Ley 527 de 1999, artculo 3.o Interpretacin. En la interpretacin de la presente ley habrn de tenerse en cuenta su origen

internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicacin y la observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estn expresamente resueltas en ella, sern dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se inspira. 11

Ley 527 de 1999, artculo 4.o Modificacin mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre

partes que generan, envan, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones del Captulo III, Parte I, podrn ser modificadas mediante acuerdo.

8

Eficiencia y eficacia de las actuaciones judiciales: todas las actuaciones que se

desarrollen dentro de un juzgado digital deben tomarse el menor tiempo y cantidad de

actuaciones posibles, adems, siempre que las circunstancias lo permitan, deber

prevalecer la utilizacin de TIC para acelerar cualquier proceso o gestin. Por otro lado,

en el momento de que cualquier actuacin se active en el aparato judicial, la

administracin tiene que estar encauzada a ejecutar todas las labores que estn a su

alcance para que se logre concretar un resultado que satisfaga jurdica y materialmente la

necesidad generada.

Seguridad jurdica: las actuaciones judiciales deben contar con las garantas y la

legalidad de los procedimientos y los procesos que involucran su desarrollo, los

documentos que los soportan y los medios para impulsar el proceso. En razn a lo

anterior, los mtodos y canales utilizados para el aprovechamiento de las TIC deben estar

claramente regulados, con el fin de evitar inadecuadas interpretaciones en el marco del

proceso digital.

Buena fe: este principio tiene origen en la lealtad del ser humano, en procurar la

confiabilidad y el respeto por el Sistema Judicial Digital. El artculo 83 de la Constitucin

Poltica de Colombia ordena a los particulares y a las autoridades pblicas ceirse a los

postulados de la buena fe. En este sentido, dentro del proceso de transicin de la justicia

escrita a la justicia digital es imprescindible contar con la lealtad de las partes

intervinientes y terceros del proceso en tanto las controversias que surjan del proceso

de implementacin digital sern inevitables, y, en consecuencia, obrar de manera justa es la

clave del xito para la implementacin de la e-justicia.

Publicidad: todas las actuaciones que se desarrollen en el transcurso del proceso

debern realizarse dentro del trmite digital correspondiente. Los archivos, datos e

informacin que se intercambien y circulen dentro de proceso debern reposar dentro

del expediente digital para su posterior consulta.12 En este sentido podemos entender por

12

En este punto es importante recalcar que la prdida de un documento digital tiene la misma pena que se configura para la prdida de un documento pblico consagrado en nuestro Cdigo Penal en sus artculos 292 y 293.

9

principio de publicidad aquel que procura el conocimiento y el acceso a las actuaciones

llevadas a cabo dentro del proceso digital, con excepcin de los documentos que por

restriccin legal est prohibido consultar.

Equivalencia funcional: el documento digital debe cumplir los mismos requisitos

exigidos al documento escrito, con el fin de tener criterios para determinar la eficacia

jurdica del primero. En este punto, el Principio de Equivalencia Funcional nace con la

finalidad de cumplir las siguientes funciones: i) proporcionar documento legible para todos;

ii) asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del tiempo; iii) permitir la

reproduccin de un documento a fin de que cada una de las partes disponga de un

ejemplar; iv) permitir la autenticacin de los datos consignados suscribindolos con una

firma; y, v) proporcionar una forma aceptable para la presentacin de un escrito ante

autoridades pblicas.13

Principio de no repudio: los correos electrnicos y la informacin contenida en

mensajes de datos no pueden ser desconocidos por las partes por el solo hecho de estar

contenidos en medios electrnicos. Los efectos jurdicos, la validez y fuerza probatoria

sern los mismos que para cualquier otro documento.14

Los anteriores son los principios que desarrollan la e-justicia. Sin perjuicio de lo

anterior toda actuacin judicial debe estar enmarcada dentro de principios

constitucionales y legales, en especial los consagrados en las leyes 1395 de 2010, 1437 de

2011, 1564 de 2012 y 1510 de 2013, toda vez que estas desarrollaron la implementacin

de nuevos mecanismos de comunicacin e informacin dentro del proceso judicial y la

contratacin pblica.

Desarrollo de las TIC y la administracin de justicia

13

Respecto al criterio de equivalencia funcional revisar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrnico 1996, Naciones Unidas. 14

Para el efecto, vale la pena resaltar el artculo 5 de la Ley 527 de 1999, Reconocimiento jurdico de los mensajes de datos. No se negarn efectos jurdicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de informacin por la sola razn de que est en forma de mensaje de datos.

10

El desarrollo de la administracin de justicia digital va atado al progreso que los pases

han tenido en materia de tecnologa. En el mundo el desarrollo de las TIC ha evolucionado

atendiendo a factores econmicos, sociales y culturales.

En cuanto al factor econmico encontramos que las TIC han recibido diferentes

inversiones por los gobiernos alrededor del mundo, en este sentido la Telecommunication

Development Sector (ITU-D) organismo que propende a la implementacin y progreso de las

TIC en los pases en desarrollo15 concluy que en el caso de los pases desarrollados la

inversin en TIC fue para el ao 2010 de 148 billones de dlares a diferencia de los pases

en desarrollo donde la inversin para ese ao fue de 93 billones de dlares.16 Como

consecuencia, los avances y resultados en implementacin de tecnologas de la

informacin y el porcentaje de la poblacin que utiliza TIC vara respecto al compromiso

presupuestal de los gobiernos nacionales.

Por otro lado, se determin que el 77% de las personas residentes en pases

desarrollados mayores de 25 aos usan internet, a diferencia de un 23% de personas de la

misma edad que lo utilizan en pases en desarrollo.17

15

Un pas en desarrollo es uno donde la mayora de las personas vive con mucho menos dinero y servicios pblicos bsicos en comparacin con la poblacin de las naciones altamente industrializadas. De los 6000 millones de habitantes del mundo, 5000 millones habitan en pases en desarrollo, donde los ingresos suelen ser inferiores a US$2 al da y una significativa cantidad de ellos vive en extrema pobreza (con menos de US$1,25 diarios). Un pas en desarrollo puede ser uno: i) que es mayoritariamente rural o con una poblacin que emigra a ciudades con pocos servicios, bajo desempeo econmico basado principalmente en la agricultura y donde los empleos no agrcolas son escasos y mal pagados; ii) donde la poblacin sufre de hambre y carece de educacin, donde existe una gran brecha de conocimientos y la innovacin tecnolgica es escasa; iii) o donde faltan sistemas de salud y educacin o estos son deficientes y donde la infraestructura de transporte, agua potable, energa y comunicaciones tambin es escasa; iv) donde la deuda pblica es insostenible; v) donde la superficie terrestre, la poblacin y los mercados nacionales son pequeos y dispersos, generalmente en islas remotas; vi) en grupos de islas, susceptibles a desastres naturales, con poca capacidad institucional y escasa diversificacin econmica, y vii) donde el Gobierno ha colapsado y el conflicto armado ha dejado un Estado frgil con instituciones y polticas dbiles, sin voluntad o capacidad de prestar servicios sociales bsicos, en especial a los pobres. Se calcula que la tercera parte de quienes sufren pobreza absoluta en el mundo viven en Estados frgiles, en un crculo vicioso de falta de riqueza y de conflictos constantes. Para propsitos de financiamiento del Banco Mundial, alivio de la deuda, asistencia tcnica y servicios de asesora, adems de iniciativas especiales, los pases en desarrollo son clasificados como: pases pobres muy endeudados (HIPC, por sus siglas en ingls), pases de ingreso mediano (MIC, por sus siglas en ingls), pases de ingreso bajo en dificultades (LICUS, por sus siglas en ingls) y pequeos Estados. Los pases de ingreso mediano han hecho grandes avances de tal modo que han podido ingresar a la economa mundial y estn creando empleos mejor pagados, dando mayor acceso a servicios de educacin y salud ms equitativos e invirtiendo para modernizar la infraestructura. No obstante, estas naciones siguen enfrentando importantes desafos en materia de desarrollo, entre ellos lograr un crecimiento sostenido que ofrezca empleos productivos, reducir la pobreza y la desigualdad, disminuir la volatilidad (en especial en cuanto al acceso a mercados financieros privados) y fortalecer la gestin de gobierno y los marcos institucionales que sostienen economas de mercado viables. (fuente: Banco Mundial. ). 16

Documento ITU (International Telecommunication Union). La UIT publica las cifras ms recientes sobre desarrollo de tecnologas a escala mundial. Disponible en . 17

Informe ITU (International Telecommunication Union). The World in 2011, Facts and figures. Recuperado de .

11

Segn los estudios del ITU-D es pertinente concluir que el grado de inversin de las TIC

dentro de los pases desarrollados y en desarrollo es un factor determinante para el

crecimiento de sus usuarios.

En el punto social, la diferencia radica en la capacidad de los integrantes de la sociedad

de manipular y utilizar las TIC. En pases donde los ciudadanos no estn habitualmente

acostumbrados al uso de tecnologas, su utilizacin y apropiacin en los ambientes

laborales es mnima.

Aunado a lo anterior existen dos factores que influyen en la utilizacin de TIC: la

poltica y la legislacin. Lo anterior, en tanto las polticas pblicas encaminadas a aumentar

la cobertura y calidad de las TIC, y, el desarrollo legislativo que se genere son las puertas

que abren el camino para su implementacin y desarrollo, adems de tener presente que

son los poderes ejecutivo y legislativo los entes que, en el marco de sus funciones, deben

conocer qu necesidades se pueden satisfacer o qu asuntos se pueden optimizar en las

naciones con la planeacin del uso de las TIC.

En el presente contexto, la cultura va ligada a la generacin. Las generaciones ms

recientes han crecido de la mano de aparatos digitales, han vivido, aprendido y jugado con

ellos; por el contrario, generaciones anteriores a los aos ochenta e incluso a los noventa,

tuvieron su desarrollo humano y profesional a travs de canales de aprendizaje y

comunicacin diferentes a los digitales. Respecto al anterior punto, la ITU-D concluy en

relacin con el uso del internet que: de las personas mayores de 25 aos pertenecientes a

pases en desarrollo solo el 23% lo usaban, mientras que el 30% de los menores de esa

edad usan el internet18 en su vida diaria. En ese sentido se evidencia que las nuevas

generaciones son ms propensas a utilizar las TIC pues las tienen involucradas en su

desarrollo humano.

18

Informe ITU. Op. cit.

12

Para concluir, es importante resaltar que el uso de las TIC se encuentra relacionado a

los factores costo y conectividad, debido a que el acceso a ellas por parte de los

ciudadanos es inversamente proporcional al valor y directamente proporcional a la

cobertura de la redes que permitan su acceso, por lo que mientras ms alto sea el costo

de una conexin a internet menor ser el nmero de usuarios conectados y al contrario,

entre ms bajo sea el costo de la conexin mayor ser el nmero de usuarios; ahora,

frente a la cobertura, mientras mayor sea ella mayor nmero de usuarios tendr.19

Con el anterior panorama descrito es procedente realizar un recorrido histrico que

involucre la utilizacin de TIC respecto al sistema judicial. Veamos:

La administracin de justicia ha tenido un entramado de procedimientos encauzados

hacia una efectiva proteccin, reconocimiento y cuidado de derechos y deberes de los

sujetos. Desde la unificacin de la legislacin civil en el mbito nacional en el ao de 1887,

la cual haba sido trada por Andrs Bello, fueron arraigadas a la tradicin jurdica

colombiana las normas de derecho positivo que abrieron camino a la reglamentacin de

los procedimientos judiciales. Con la Ley 57 de 1887 nace entonces una modernizacin de

la justicia colombiana, la cual estaba conformada por tres libros, el primero sobre la

Organizacin Judicial, el segundo sobre el Procedimiento Civil y el tercero que regulaba el

Enjuiciamiento en Asuntos Criminales. Posteriormente vendran leyes como la 105 de

193120 y la 4 de 1969, entre otras, las cuales seran contemporneas a los cambios

tecnolgicos en la sociedad colombiana, como la llegada de la primera mquina de escribir

19

Entre 2008 y 2011 el precio de los servicios TIC disminuy un 30%. A nivel mundial, los servicios de telecomunicaciones y de internet estn empezando a ser ms asequibles. De conformidad con el informe, la Cesta de Precios TIC (ICT Price Basket, IPB) que abarca 161 economas y combina el costo medio de los servicios de telefona fija, internet de banda ancha fija y mvil celular, entre 2008 y 2011 el precio de los servicios TIC disminuy un 30% mundialmente, y la reduccin ms acusada fue la de los servicios internet de banda ancha fija, cuyos precios bajaron en promedio un 75%. Si bien los precios en las economas desarrolladas se han estabilizado, en los pases en desarrollo siguen bajando a tasas de dos dgitos. Ahora bien, en los pases en desarrollo los servicios de banda ancha fija an siguen siendo demasiado costosos: a fines de 2011 el precio de un paquete mensual de servicios bsicos de banda ancha fija representaba ms del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mensual per cpita, en comparacin con un 1,7% en las economas desarrolladas. Entre las metas de asequibilidad fijadas en 2011 por la Comisin de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, on which ITU serves as co-Vice Chair, set the targeted cost of an entry-level broadband subscription at less than 5% of GNI. Un fenmeno prometedor es el crecimiento de los servicios de banda ancha mvil. En los pases en desarrollo los servicios de banda ancha mvil son ms ampliamente accesibles y, en el caso de los paquetes de bajo volumen, menos costosos que los servicios internet de banda ancha fija. Se prev que la banda ancha mvil impulsar el uso de internet, que a fines de 2011 era del 32% a escala mundial y del 24% en los pases en desarrollo. (Fuente: Documento ITU (International Telecommunication Union), La UIT publica las cifras ms recientes sobre desarrollo de tecnologas a escala mundial. Recuperado de . 20

Sobre la organizacin judicial y el procedimiento civil.

13

a Colombia a finales del siglo XIX21 o la transmisin de voz va telefnica a partir de 1888

en la ciudad de Bogot.22

En este sentido son diferentes las invenciones que fortalecieron la actividad judicial, no

solo entre la administracin de justicia y los administrados, sino tambin entre la misma

administracin, favoreciendo la optimizacin de los procesos y prestando el servicio

pblico de justicia de manera ms eficaz.

Con la creacin del internet, en el ao de 1969, como parte de la Red de la Agencia de

Proyectos de Investigacin Avanzada (ARPANET) creada por el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos con el fin de comunicar diferentes organismos del pas, se abri el

camino para el uso de correos electrnicos y pginas WEB. Comenz entonces una nueva

generacin involucrada con en el intercambio de datos e informacin, que tuvo su mayor

expansin en la dcada de los noventa cuando el uso del internet por medio de grandes

ordenadores lleg a negocios, centros de estudio, incluso a hogares, generando redes de

informacin y datos hbiles para ser consultados por cualquier persona.

Todas estas situaciones llevaron a la necesidad de regular las tecnologas nacientes, ya

que la utilizacin del espectro electromagntico23 y radioelctrico,24 por ser bienes

pblicos y escasos, deban estar regulados por normas positivas y de carcter internacional

que controlaran su correcto y adecuado aprovechamiento en la vida cotidiana, a escala

mundial.

Ante esta realidad, en Colombia la Constitucin Poltica, en su artculo 75, seal que

el espectro electromagntico es un bien pblico inenajenable e imprescriptible sujeto a la

gestin y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su

21

Biblioteca Luis ngel Arango. Mquina de Escribir. 2013. Recuperado de . 22

Biblioteca Luis ngel Arango. Telfono. 2013. Recuperado de . 23

Es el conjunto de todas las frecuencias de emisin de los cuerpos de la naturaleza. Comprende un amplio rango que va desde ondas cortas (rayos gamma, rayos X), ondas medias o intermedias (luz visible), hasta ondas largas (las radiocomunicaciones actuales). (Fuente: ). 24

Conjunto de todas las ondas radioelctricas. Actualmente el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, tiene atribuciones internacionales a los servicios de radiocomunicaciones en la gama de 9 kHz a 275 GHz. (Fuente: ).

14

uso en los trminos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la

competencia, el Estado intervendr por mandato de la ley para evitar las prcticas

monopolsticas en el uso del espectro electromagntico.. Siendo este mandato

desarrollado por el legislador mediante la Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen

principios y conceptos sobre la sociedad de la informacin y la organizacin de las

Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de

Espectro y se dictan otras disposiciones., la Ley 1507 de 2012 Por la cual se establece la

distribucin de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisin y se

dictan otras disposiciones, la Ley 1519 de 2012 Por medio de la cual se aprueba el

Convenio sobre la Distribucin de Seales Portadoras de Programas Transmitidas por

Satlite, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974, entre otras.

El uso de estos nuevos canales de comunicacin no fue ajeno al servicio de la justicia,

desde antao el uso de la mquina de escribir fue de gran utilidad para la redaccin de

textos jurdicos dentro de la Rama Judicial, con la posterior entrada de la mquina de

escribir elctrica se automatiz y facilit el proceso de construccin de textos, por lo que

los empleados y funcionarios contaron con herramientas prcticas para la materializacin

de sus documentos y providencias.

En los aos noventa y en la primera dcada del tercer milenio la Rama Judicial empieza

la computarizacin gradual dentro de sus despachos judiciales por el territorio

colombiano. Este proceso represent una innovacin para el aparato judicial ya que

permiti digitalizar todos los documentos necesarios en el despacho, proyectar oficios,

autos y sentencias y la posibilidad de realizar los cambios requeridos, imprimir

documentos, corregir errores, compartir datos por medio de disquetes y realizar nuevas

operaciones que las mquinas que antecedieron al computador de escritorio no permitan.

El computador se convirti en la herramienta tcnica por excelencia de los

funcionarios y empleados judiciales, hasta el punto de que en la actualidad se ha vuelto casi

impracticable el desarrollo de la labor profesional sin su respaldo en el ejercicio normal de

las labores judiciales.

15

Con el proceso de computarizacin, de igual manera se empezaron a implementar

gradualmente sistemas de red (intranet) para el intercambio de datos, archivos y la

publicacin de jurisprudencia, doctrina, concursos, videoconferencias, entre otros.

El referente normativo que abri los mecanismos para la implementacin de

tecnologas de la informacin dentro del sistema judicial fue el Acuerdo 1591 de 2002 del

Consejo Superior de la Judicatura. Este acto implant el sistema Justicia XXI (Sistema de

Informacin de Gestin de Procesos y Manejo Documental) para las Altas Cortes,

Tribunales y Juzgados.

Justicia XXI se crea con la finalidad de llevar control de las actuaciones en los procesos

y consolidar una estadstica de todos los despachos judiciales; de igual manera, con Justicia

XXI llega la consulta online que permite buscar fallos de las Altas Cortes y algunos

Tribunales del pas, que a su vez abrieron las puertas a los servidores judiciales y poblacin

en general para acudir a la Jurisprudencia de una manera ms directa, prctica y precisa.

Por ltimo, y no menos importante, se encuentra la gran ayuda que generaron los

motores de bsqueda25 para el sustento de las providencias judiciales, ya que no solo

permitieron a los funcionarios y empleados buscar la jurisprudencia y doctrina nacional

aplicable para un caso concreto, sino que adems abrieron el campo del conocimiento en

todas las materias que se puedan ver involucradas en la proyeccin de una decisin

judicial, desde la bsqueda del significado de un trmino mdico hasta la bsqueda de

providencias de tribunales forneos.

En este orden de ideas, partiendo desde la escritura manuscrita, se llega a un escenario

en el cual la prestacin del servicio de justicia y la organizacin de la Rama Judicial se

desempean conjuntamente con tecnologas que facilitan su labor y logran una mayor

celeridad, claridad y buenas gestiones a los procesos judiciales.

25

Google y Yahoo entre los ms conocidos.

16

Origen de la justicia digital

Como se plante en un principio, la justicia digital proviene de los adelantos

tecnolgicos que se han desarrollado a travs de la historia, y principalmente en el siglo

XX, sin embargo, se debe destacar el componente normativo internacional y nacional que

se gener para llegar a la implementacin de la justicia digital. As, es necesario hacer

referencia a tres disposiciones estratgicas de donde surge la e-justicia.

La administracin de justicia viene del mandato constitucional, del artculo 228, que la

defini como una funcin pblica, garantiz la independencia, publicidad y permanencia de

sus actuaciones con excepcin de los casos que estableciere la ley, teniendo primaca el

derecho sustancial sobre el procesal. El funcionamiento de ella se plante autnomo y

desconcentrado. De igual manera, el artculo 229, ibidem, expres el derecho de todas las

personas a acceder a la administracin de justicia.

Ahora, mediante la Resolucin 41/128 del 4 de diciembre de 1986, la Asamblea

General de las Naciones Unidas adopt la declaracin sobre el derecho al desarrollo, en

el artculo 1 estipul el derecho al desarrollo como un derecho fundamental de los

hombres y el pueblo, y mediante el cual todos tenan derecho a participar de un

desarrollo econmico, social, cultural y poltico con el fin de realizar plenamente los

derechos humanos y libertades. Por su parte, el artculo 4 ibidem dispuso el deber de los

Estados de adoptar polticas adecuadas de desarrollo internacional con el fin de hacer

efectivo el desarrollo de los pueblos.

Por otro lado, la Convencin Americana de Derechos Humanos, en su artculo 26,

contempl respecto a los derechos econmicos, sociales y culturales el desarrollo

progresivo que los Estados deban comprometerse a adoptar, haciendo especial nfasis en

materias econmicas y tcnicas, con el fin de alcanzar de manera progresiva los derechos

contenidos en la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos.

17

Dentro de este marco normativo mundial, la justicia, como funcin pblica,

materializada en la prestacin del servicio debe desarrollarse dentro de los principios

internacionales, so pena de ser una justicia descontextualizada del mundo moderno, por lo

que la adopcin de polticas econmicas encaminadas a una dinamizacin y modernizacin

del proceso, como lo manda la Declaracin para el Desarrollo y la Convencin Americana

de Derechos Humanos se torna un requisito sine qua non en la prestacin de justicia.

A partir de este punto entra la construccin de un nuevo escenario judicial

colombiano, conocido como Justicia Digital, el cual debe estar dirigido a la prestacin del

servicio pblico de justicia bajo los principios de la administracin de la e-justicia y la

atencin integral a los usuarios y administrados.

Para el desarrollo de este derecho se debe partir entonces de toda la reglamentacin

existente en el pas, esto es, los principios constitucionales como la proteccin de los

datos personales (artculo 15 C. N.), las leyes que introdujeron disposiciones respecto al

uso de los medios electrnicos (Decretos 1400 y 2019 de 197026), la ley que orden al

Consejo Superior de la Judicatura adoptar las medidas conducentes para incorporar

tecnologa de avanzada al aparato judicial (Ley 270 de 199627), la ley que incorpor de

manera integral las definiciones de comercio electrnico, firmas digitales, mensajes de

datos y dio alcances jurdicos a estos elementos (Ley 527 de 199928), la ley que

implement el sistema de grabacin electrnica dentro de las audiencia de la jurisdiccin

laboral (Ley 712 de 201129), la ley que implement las notificaciones electrnicas dentro

del ordenamiento jurdico colombiano (Ley 794 de 200330), y las dems leyes que fijaron

procedimientos apoyados en las TIC para la modernizacin y eficacia del sistema judicial

colombiano (Leyes 1395 de 2010,31 1437 de 201132 y 1564 de 2012,33 entre otras).

26

Cdigo de Procedimiento Civil. 27

Ley Estatutaria de Justicia. 28

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrnico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacin y se dictan otras disposiciones. 29

Por el cual se reforma el Cdigo Procesal del Trabajo. 30

Por la cual se modifica el Cdigo de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones. 31

Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestin judicial. 32

Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 33

Por medio de la cual se expide el Cdigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

18

Por su parte, es pertinente sealar que, en materia de TIC, en tanto su construccin ha

sido una innovacin para el sistema judicial colombiano, la Corte Constitucional, en

diversas oportunidades, por su obligacin de proteger la integridad de la Constitucin

Poltica, ha tenido que emitir varios pronunciamientos. Entre los ms destacados se

encuentran las sentencias C-037 de 1996, C-318 de 1998, C-662 de 2000, T-025 de 2004,

C-590 del 2005, C-366 de 2007, T-766 del 2008, C-1011 de 2008, C-371 de 2011, C-372

de 2011, C-539 de 2011, C-831 de 2001 y T-177 de 2012 que poseen un contenido

especial por el contexto y el alcance que le han dado al tema.

Por otro lado, ser importante hacer mencin de los acuerdos del Consejo Superior

de la Judicatura que tuvieron injerencia directa en la implementacin de las TIC dentro del

entramado judicial. Para el efecto podemos mencionar los acuerdos 1591 del 24 de

octubre de 2002,34 el Acuerdo PSAA 06-3334 del 2 de marzo de 2006,35 el Acuerdo 9269

de 201236 y el Acuerdo PSAA12-9269 de 2012,37 entre otros.

Ventajas

Las TIC se convierten ahora en el aliado estratgico de la Administracin de Justicia

debido a que permiten que los procesos judiciales se tramiten con mayor agilidad, eficacia,

responsabilidad, comunicacin, fluidez, eficiencia y racionalizacin de recursos.

Dentro del contexto de un juzgado digital es importante recalcar que se lograr una

disminucin del uso de papelera, y, en consecuencia, el panorama dentro del despacho

ser menos abarrotado y se lograr la especializacin de tareas.

En el despacho judicial se lograr agilizar la mayora de trmites, ya que en cuestin de

notificaciones bastara con el envo de correos electrnicos a las partes del proceso. Por

tal motivo, los desplazamientos, la papelera y dems actividades que generalmente

34

Por el cual se establece el Sistema de Informacin de Gestin de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI). 35

Por el cual se reglamenta la utilizacin de medios electrnicos e informticos en el cumplimiento. 36

Por el que se expide el Plan Estratgico Tecnolgico de la Rama Judicial. 37

Por el cual se adopta el Plan de Accin para la Implementacin del Cdigo General del Proceso.

19

realizan las partes y el citador del juzgado se reducirn al envo de correos electrnicos

desde su puesto de trabajo.

Como la notificacin, seran varios los trmites que se podran agotar por va

electrnica. En tal sentido Nattan Nisimblat, citando al profesor Gustavo Quintero Navas,

expres que se podran tramitar por medios electrnicos : la presentacin de la demanda,

la contestacin de la demanda, los alegatos de conclusin, el concepto del Ministerio

Pblico, el envo de antecedentes del acto administrativo, el registro del fallo por

magistrados, las intervenciones ciudadanas, interposicin y sustentacin del recurso de

apelacin, queja y suplica, la interposicin del recurso extraordinario de unificacin de

jurisprudencia y la solicitud de extensin de jurisprudencia. As es evidente que se lograr

una optimizacin del uso del tiempo y de los recursos, por lo que el trmite digital ser la

nueva herramienta de innovacin judicial.

Dentro de la implementacin del expediente electrnico judicial y el proceso

electrnico judicial se encuentran a su vez circunstancias que son nuevas para los

funcionarios y empleados. Estas experiencias deben ser entendidas como nuevos retos

que llegan a la administracin para lograr un proceso de transicin exitoso hacia las nuevas

TIC.

Impacto de las TIC dentro de la gestin judicial

El impacto que tendrn las TIC dentro de la funcin judicial repercutir en todas las

etapas del proceso, en las gestiones administrativas del despacho y en las interacciones

entre el usuario, el empleado judicial y el funcionario judicial.

La e-justicia se implementa en nuestra sociedad en una poca donde la globalizacin y

las TIC han permeado al mundo moderno y, como resultado, han cambiado la forma en

que se desarrollan los negocios pblicos y privados. Partiendo de la anterior premisa, es

de suma importancia que el funcionario judicial reconozca la dinmica del mundo moderno

e identifique sus necesidades y prioridades con el fin de que en el desarrollo de la funcin

20

pblica judicial logre cumplir las expectativas de todos los actores y situaciones que lo

requieran. En este sentido, el funcionario judicial tiene el deber de reconocer que su

misin como administrador de justicia corresponde directamente a resolver conflictos

derivados de los nuevos negocios pblicos y privados que estn en constante

modernizacin, y que para resolverlos debe alinear sus labores con las herramientas de la

e-justicia en aras de brindar mayores garantas judiciales a los administrados.

El funcionario del siglo XXI que toma las herramientas digitales a su alcance logra

optimizar los procesos y procedimientos, adems de responder a las necesidades de los

administrados y sus negocios.

Impactos de las TIC con la gestin judicial

Dentro de los impactos procesales ms relevantes encontramos los siguientes:

El funcionario, el empleado, abogado litigante, ciudadano o los terceros con un inters

directo o indirecto dentro del proceso judicial podrn consultar las actuaciones surtidas

desde cualquier ordenador fuera o dentro del pas.

La barrera de restriccin al acceso de justicia se neutraliza en la medida en que no

persista la imposibilidad fsica de arribar al despacho judicial, tanto para nacionales como

para extranjeros, y las TIC abren la posibilidad de acudir a los despachos judiciales para

representar sus derechos y garantas desde cualquier espacio geogrfico.

El servidor judicial podr ejecutar sus labores tcnicas y profesionales fuera de la sede

de su despacho, en la medida en que las TIC le presta las herramientas adecuadas para

impulsar las actuaciones judiciales. La presencia fsica del funcionario se torna innecesaria,

y el conocimiento del derecho y experticia en el uso de las TIC bastan para cumplir sus

funciones judiciales.

21

Inmediatez en la administracin de justicia, en tanto la radicacin de todo tipo de

documentos podr ser realizada por medio de mensajes de datos y a travs de medios

electrnicos, es decir, se prescindir de los tiempos de envo, entrega y devolucin de

todo tipo de documentos. La transmisin de datos entre funcionarios judiciales y

particulares estar al alcance de un clic; actos como la notificacin, la presentacin de la

demanda o el desarrollo de cualquier tipo de solicitud en el despacho digital se limitar a

milsimas de segundos para su perfeccionamiento.

Las TIC abren las puertas a los funcionarios judiciales para que indaguen, en un mundo

de informacin y conocimientos infinitos, la posibilidad de encontrar cualquier tipo de

jurisprudencia y doctrina nacional o fornea, de complementar sus conceptos jurdicos

con definiciones y aspectos tcnicos descargados de la WEB e inclusive permite explorar

nuevas pruebas para la sustentacin de sus providencias.

El aspecto presupuestal tambin tendr un impacto favorable para la administracin de

justicia en la medida en que se podr prescindir del uso papel, el pago de correspondencia

y el uso de tinta de las impresoras, entre otros, que harn menos onerosos los procesos

de dotacin de los despachos judiciales. De igual manera, la adquisicin de la informacin

ser ms econmica en la medida que la misma pueda ser consultada en la WEB.

En este sentido las TIC dentro del escenario judicial lograrn maximizar las

competencias del sistema y promovern una nueva ola de conocimiento que desde hace

algunos aos viene envolviendo a la sociedad en el mundo, logrando reducir los tiempos

en que se tramitan los procesos judiciales y logrando como consecuencia la descongestin

judicial que nos ha atormentado desde antao.

22

UNIDAD II

NORMATIVA

NORMAS IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE LAS TIC EN LA RAMA

JUDICIAL

Dentro de las primeras referencias que encontramos en nuestra legislacin respecto a

las TIC est el artculo 109 del Decreto 1400 de 1970 Por el cual se expide el Cdigo de

Procedimiento Civil, ya que mediante este se dispuso acerca del uso de grabaciones

electrnicas para la recopilacin de lo actuado en audiencias y diligencias. De igual manera,

el numeral 4 del artculo 246 ibidem estipul la posibilidad de utilizar medios tcnicos y

electrnicos para apoyar las inspecciones judiciales. En el anterior punto fue precavido el

legislador al dejar en ese numeral la expresin o de otra ndole ya que dej abierta la

posibilidad de utilizar los medios que el operador de justicia considerara pertinentes para

la gestin de inspeccin. Tambin, dentro de este cuerpo normativo se incluyeron

disposiciones como las consagradas en los artculos 432 numeral 738 y 439 numeral 639 que

dispusieron la posibilidad de las grabaciones electrnicas.

La Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administracin de Justicia consagr en los

artculos 2 y 3 los principios de Acceso a la justicia40 y Derecho a la defensa,41 que se

convirtieron en la columna vertebral del acceso e implementacin de las TIC. El acceso a la

38

Trmite de la audiencia. Para el trmite de la audiencia se aplicarn las siguientes reglas: () PARGRAFO 7. Grabacin de lo actuado y acta. En la audiencia podr utilizarse el sistema de grabacin electrnica o magnetofnica, siempre que se disponga de los elementos tcnicos adecuados y as lo ordene el juez. Cuando as ocurra, en el acta escrita se dejar constancia nicamente de las personas que intervienen como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de los documentos que se hayan presentado, del auto que en su caso haya suspendido la audiencia y ordenado reanudarla, y se incorporar la sentencia completa que se profiera verbalmente, esto ltimo sin perjuicio de que el juez lleve la sentencia por escrito para agregarla al expediente. 39

Trmite de la audiencia. La audiencia se sujetar a las siguientes reglas: () pargrafo 6. Grabacin de lo actuado y acta. Podr drsele aplicacin a lo dispuesto en el pargrafo 7. del artculo 432, si as lo dispone el juez y el despacho cuenta con los elementos tcnicos apropiados. 40

Artculo 2. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administracin de justicia. Ser de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensora pblica. En cada municipio habr como mnimo un defensor pblico. 41

Artculo 3. DERECHO DE DEFENSA. En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepcin alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitucin Poltica, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurdicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrn ejercer la defensa tcnica con las limitaciones que seale la ley, siempre y cuando la universidad certifique que son idneos para ejercerla.

23

justicia es la medida que sita en el Estado la obligacin de brindar todas las condiciones

necesarias para que el ciudadano, sin importar el medio utilizado, pueda tener la

oportunidad de acceder al sistema judicial y al derecho de defensa, pues garantiza a todas

las personas la oportunidad de defenderse en cualquier clase de actuaciones judiciales y

administrativas.

El artculo 9542 de ley en comento, fue la norma legal que permiti el ingreso de las

tecnologas a la rama judicial, ya que orden al Consejo Superior de la Judicatura

incorporar las tecnologas de avanzada al servicio de la administracin de justicia. En la

anterior norma fueron varios los aspectos que plante el legislador en materia de e-justicia:

i) posibilidad a los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales de utilizar medios

tcnicos, electrnicos, informativos y telemticos; ii) dot con la misma validez y eficacia

de los documentos manuscritos originales a los documentos emitidos por medios

tcnicos, electrnicos, informativos y telemticos;43 iii) garantizar, con los medios

informativos utilizados, la identificacin y el ejercicio de la funcin jurisdiccional, as como

la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carcter personal.

Dentro de la misma ley, el artculo 110 orden la creacin del Comit

Interinstitucional el cual deba propender a la implementacin y al desarrollo de los

intercambios electrnicos entre los organismos que formaran parte del Sistema Nacional

de Estadsticas Judiciales.

42

Artculo 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender a la incorporacin de tecnologa de avanzada al servicio de la administracin de justicia. Esta accin se enfocar principalmente a mejorar la prctica de las pruebas, la formacin, conservacin y reproduccin de los expedientes, la comunicacin entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de informacin. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrn utilizar cualesquier medios tcnicos, electrnicos, informticos y telemticos, para el cumplimiento de sus funciones. Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarn de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Los procesos que se tramiten con soporte informtico garantizarn la identificacin y el ejercicio de la funcin jurisdiccional por el rgano que la ejerce, as como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carcter personal que contengan en los trminos que establezca la ley. 43

Siempre y cuando se garantice su autenticidad, integralidad y el cumplimiento de las normas procesales respectivas.

24

La Ley 527 de 199944 en el captulo primero estipul las disposiciones generales,

defini el alcance del concepto de mensaje de datos, comercio electrnico, firma digital,

entidad de certificacin, intercambio electrnico de datos y sistemas de informacin. En el

captulo dos reglament la aplicacin de los requisitos jurdicos de los mensajes de datos;

en este sentido se reglamentaron aspectos tales como: los documentos escritos, la firma,45

el original, la integridad de un mensaje de datos, la admisibilidad y fuerza probatoria de los

mensajes de datos, y la conservacin de los mensajes de datos, entre otros. En el captulo

tres se regul la comunicacin de los mensajes de datos respecto a la formacin y validez

de los contratos, el reconocimiento de los mensajes, la atribucin de un mensaje de datos,

la presuncin de origen, la concordancia entre el mensaje de datos enviado y el mensaje

de datos recibido, los mensajes de datos duplicados, el acuse de recibo, y la presuncin de

recepcin de un mensaje de datos, entre otros. En la segunda parte de la ley se trat el

comercio electrnico en materia de transporte de mercancas. En la tercera parte, los

atributos y caractersticas de la firma digital, las entidades de certificacin, los certificados,

los suscriptores de firmas digitales y el papel de la Superintendencia de Industria y

Comercio respecto a la entidades de certificacin, entre los temas ms importantes.

La firma electrnica de que trata la Ley 527 es reglamentada en el ao 2012 mediante

el Decreto 2364 del 22 de noviembre de 2012. El artculo 3 de la ley mencionada otorg

la misma validez de la firma manuscrita a la firma electrnica, en este sentido sus efectos

jurdicos quedaron equiparados.

A partir de la Ley 527 en las diferentes materias se empezaron a adoptar normas de

carcter procesal que implementaban el uso de TIC dentro los despachos judiciales en aras

de brindar mayor prontitud a sus trmites procesales.

44

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrnico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacin y se dictan otras disposiciones. 45

La firma fue reglamentada a travs del Decreto Nacional 2364 de 2012.

25

En materia laboral, por ejemplo, se adopt la Ley 1149 de 200746 que en su artculo 46

orden la oralidad de las audiencias practicadas dentro del proceso, la grabacin de las

mismas y la prohibicin expresa de transcribirlas.

En materia penal, con la adopcin de la Ley 90647 de 2004, se dotaron las herramientas

fsicas y electrnicas para implementar la oralidad dentro del juicio penal y se incluyeron

diversas herramientas dinamizadoras del proceso, tales como: vigilancia electrnica como

medida no privativa de la libertad (artculo 307, literal B, numeral 1), notificaciones por

correo electrnico (artculo 169) y las notificaciones electrnicas como pruebas dentro

del proceso (artculo 275, literal g).

En materia administrativa, la regulacin se realiz mediante la adopcin de la Ley 1437

de 2011.48 Se implementaron normas tendientes a la adopcin de las TIC. El artculo 15

consagr que las peticiones podan ser presentadas a travs de cualquier medio de

comunicacin o transferencia de datos; el artculo 35 dispuso que los procedimientos

administrativos pudieran iniciarse y adelantarse por medios electrnicos. Sin perjuicio de

lo anterior, la ley dedic el captulo IV exclusivamente al uso de medios electrnicos en el

procedimiento administrativo, en este sentido se adoptaron normas como:

procedimientos y trmites administrativos a travs de medios electrnicos (artculo 53),

registro para el uso de medios electrnicos (artculo 54), documento pblico en medio

electrnico (artculo 55), notificacin electrnica (artculo 56), acto administrativo

electrnico (artculo 57), archivo electrnico de documentos (artculo 58), expediente

electrnico (artculo 59), sede electrnica (artculo 60), recepcin de documentos

electrnicos por parte de las autoridades (artculo 61), prueba de recepcin y envo de

mensajes de datos por la autoridad (artculo 62), sesiones virtuales (artculo 63), entre

otros.

En materia civil, de familia y agraria, las modificaciones que se realizaron al Cdigo de

Procedimiento Civil implementado en 1970 fueron variadas y en diferentes aos. En el ao

46

Por la cual se reforma el Cdigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos. 47

Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Penal. 48

Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

26

2003 se modifica el cdigo con la Ley 794; el artculo 29 de esta norma contempl en su

pargrafo que las notificaciones personales, respecto a comerciantes inscritos en el

registro mercantil y las personas jurdicas de derecho inscritas en Colombia deban

registrar en la oficina de Cmara y Comercio adems de la direccin para la notificacin

ordinaria, una direccin electrnica para efectos de las notificaciones judiciales.

Sin embargo, la ltima y principal innovacin fue la Ley 1564 Por medio de la cual se

expide el Cdigo general del proceso y se dictan otras disposiciones la cual defini en su

artculo primero su objeto como: Este cdigo regula la actividad procesal en los asuntos

civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adems, a todos los asuntos de

cualquier jurisdiccin o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades

administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estn regulados

expresamente en otras leyes.

Esta ley, conjuntamente con la Ley 527 de 199949 y la Ley 1437 de 2011, es quiz la

ms ambiciosa en materia de e-justicia, toda vez que ordena el uso de las TIC en la gestin y

trmite del procedimiento, con el fin de agilizarlo y aumentar cobertura. De igual manera,

el pargrafo primero del artculo 103 estipul que el Consejo Superior de la Judicatura

deba adoptar todas las condiciones necesarias para que las autoridades judiciales pudieran

generar, archivar y comunicar mensajes de datos. La ley hace referencia al Plan de Justicia

Digital enfocado a la construccin del expediente digital y el litigio en lnea, para lo cual

dispone el uso de las TIC de manera gradual.

Recorrido normativo sobre la implementacin de las tecnologas de la

informacin y la comunicacin en el Estado colombiano

La implementacin de las TIC dentro del aparato judicial est respaldada desde el orden

nacional con la siguiente normativa:

49

El artculo 103 del Cdigo General del Proceso determina que las disposiciones de la Ley 527 de 1999 sean aplicadas en cuanto sean compatibles con la normativa del Cdigo.

27

La Ley 1341 de 200950 en su artculo segundo estipul como su primer principio de

orientacin la Prioridad al acceso y uso de las Tecnologas de la Informacin y las

Comunicaciones, y lo defini como:

El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologas de la Informacin y

las Comunicaciones debern colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para

priorizar el acceso y uso a las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones en la

produccin de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la

educacin, los contenidos y la competitividad.. Como consecuencia de la anterior

disposicin normativa, la Rama Judicial colombiana adquiri la obligacin legal de otorgar

el acceso y uso de TIC en la prestacin del servicio de justicia, de tal manera que se

pudiera garantizar el derecho a todos(as) los(as) ciudadanos(as) sin discriminacin alguna.

Ms adelante, el artculo 6 ibidem, defini las TIC como: [] el conjunto de recursos,

herramientas, equipos, programas informticos, aplicaciones, redes y medios, que

permiten la compilacin, el procesamiento, almacenamiento, transmisin de informacin

como voz, datos, texto, video e imgenes..

Con la Ley 1450 de 2011,51 la cual dispuso entre sus propsitos Una sociedad para la

cual la sostenibilidad ambiental, la adaptacin al cambio climtico, el acceso a las

tecnologas de la informacin y las comunicaciones52 y el desarrollo cultural sean

una prioridad y una prctica como elemento esencial del bienestar y como principio de

equidad con las futuras generaciones (artculo 3, punto cuatro) se consagr una

normativa que aboga por la nivelacin tecnolgica e informativa de las generaciones

venideras de Colombia, reconociendo la importancia de las nuevas tecnologas como

pauta para la apertura a la sociedad de la informacin y el conocimiento. De igual manera,

el artculo 5553 plante que las entidades del Estado del orden nacional, departamental,

50

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacin y la organizacin de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 51

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 52

Negrilla fuera del texto original. 53

Artculo 55. Accesibilidad a servicios de TIC. Las entidades del Estado de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, promovern el goce efectivo del derecho de acceso de todas las personas a la informacin y las comunicaciones, dentro de los lmites establecidos por la Constitucin y la ley a travs de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones y se abstendrn de establecer barreras, prohibiciones y restricciones que impidan dicho acceso.

28

municipal y distrital deban adoptar las medidas para el goce, por parte de los ciudadanos,

del acceso a las tecnologas de la informacin y la comunicacin; tambin plante, en el

artculo 197, el apoyo a la descongestin judicial y la garanta de acceso eficaz a la justica

enfocado a aumentar la eficiencia y eficacia de la gestin judicial. Para el efecto orden que

el CONPES deba adoptar las recomendaciones necesarias para: adecuados medios

tecnolgicos, de infraestructura y de personal que garanticen la eficiente tramitacin de

los procesos, la atencin de usuarios y el acceso a las tecnologas de la informacin y las

comunicaciones.54

En atencin a esta necesidad, el Consejo Superior de la Judicatura expidi el Acuerdo

PSAA12-9269 de 2012 Por el que se expide el Plan Estratgico Tecnolgico de la Rama

Judicial55 el cual parti del objetivo general de El Plan Estratgico Tecnolgico est

llamado a convertirse en un instrumento de primer nivel que oriente las polticas pblicas

destinadas a la incorporacin de valor tecnolgico a la Rama Judicial de Colombia.. Para

su desarrollo se definieron cinco ejes estratgicos: Eje 1. Modelo de expediente

electrnico; Eje 2. Justicia en Red; Eje 3. Gestin de la informacin; Eje 4. Gestin del

cambio; Eje 5. Uso de las TIC para la formacin judicial y ciudadana.

En el mbito nacional las normas se han enfocado al cumplimiento de planes de

desarrollo del Gobierno actual. Mediante la iniciativa Vive Digital56 del Ministerio de las

TIC, se plantearon iniciativas a cargo del Ministerio del Interior y Justicia encaminadas a

lograr que la informacin de arbitrajes, litigios, normativa y de expedientes judiciales fuera

ms accesible con el fin de agilizar la justicia y mejorar la entrega de informacin legal a las

entidades y al ciudadano. En este sentido se plantearon: i) el Sistema de Informacin

Arbitral;57 ii) el Sistema nico de Informacin Litigiosa Estatal (LITIGOB);58 iii) Sistema nico

de Informacin Normativa (SUIN);59 y, iv) el Expediente Digital Judicial.60

54

Artculo 197 literal b. 55

Comisin de Estudios Jurdicos para las Amricas. (2013). Disponible en: . 56

Vive Digital Colombia, Documento vivo del plan, versin 1.0, febrero de 2011. 57

Sistema de Informacin Arbitral: en el 2014, 145 Centros de Arbitraje, procuradores judiciales y 800 notaras estarn reportando informacin al sistema; 204 entidades nacionales estarn realizando seguimiento virtual a los procesos arbitrales, al igual que ms de 5000 personas (rbitros, apoderados y educandos). Se harn ms eficientes y expeditos los 2500 procesos anuales tramitados por los Centros de Arbitraje.

29

Referencias jurisprudenciales

Respecto a la constitucionalidad de las normas que han entrado a regir las TIC es

importante hacer referencia a diferentes sentencias que han sentado precedentes respecto

al uso y desarrollo de las estas en el territorio colombiano.

Al realizar el control de constitucionalidad (sentencia C-037 de 1996) sobre la Ley

Estatuaria de Administracin de Justicia, respecto al artculo 95 que planteaba la obligacin

para el Consejo Superior de la Judicatura de adoptar las medidas encaminadas a

incorporar las tecnologas de avanzada dentro del aparato judicial, la Corte predic la

constitucionalidad de la norma en tanto el fin perseguido era contar con la infraestructura

tcnica y logstica informtica necesaria para el correcto cumplimiento de atribuciones y

responsabilidad. Adems de lo anterior plante dos aclaraciones respecto a la

implementacin de las TIC. En primer lugar, que se respetara el derecho a la intimidad y la

reserva de los datos personales confidenciales que por cualquier razn pudiesen ser de

conocimiento pblico, y, en segundo lugar, aclar que el valor probatorio de los

documentos electrnicos deba estar regulado en cada normativa procesal por las

diferentes materias.

En la sentencia C-662 del 2000 la Corte declara la exequibilidad de varios artculos de

la Ley 527 de 1999. La demanda tiene origen en una ciudadana que dentro de uno de sus

puntos plantea que el reconocimiento de documentos electrnicos por parte de entidades

certificadoras es inconstitucional en tanto los nicos que estn autorizados por ley para

autenticar documentos son los notarios. Respecto a esta circunstancia la Corte plantea

que no existe violacin en tanto:

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Sistema nico de Informacin Litigiosa Estatal (LITIGOB): para 2011, el 100% de las entidades del orden nacional ingresar sus procesos al sistema. El sistema alcanzar 7000 usuarios en el 2014. 59

Sistema nico de informacin Normativa (SUIN): en el ao 2011, todas las normas con sus anlisis de vigencia y las sentencias que afectan su validez estarn digitalizadas y al servicio de todos los ciudadanos. 60

Expediente Digital Judicial: el MIJ trabajar en coordinacin con la Rama Judicial (Consejo Superior de la Judicatura) para implementar el Expediente Digital Judicial. El expediente digital beneficiara a 3500 juzgados y a sus usuarios, contribuyendo a una justicia ms eficiente y transparente.

30

[] el servicio de certificacin a cargo de las entidades certificadoras propende por proporcionar seguridad jurdica a las transacciones

comerciales por va informtica, actuando la entidad de certificacin como

tercero de absoluta confianza, para lo cual la ley le atribuye importantes

prerrogativas de certificacin tcnica, entendiendo por tal, la que versa, no

sobre el contenido mismo del mensaje de datos, sino sobre las caractersticas

tcnicas en las que este fue emitido y sobre la comprobacin de la identidad,

tanto de la persona que lo ha generado, como la de quien lo ha recibido.

Es, pues claro que la certificacin tcnica busca dar certeza a las partes que

utilizan medios tecnolgicos para el intercambio de informacin, en cuanto a

la identidad y origen de los mensajes intercambiados. No busca dar mayor

jerarqua ni validez a los mensajes de datos de los que pretende un

documento tradicional.

Ahora, respecto a la validez probatoria del mensaje de datos y el criterio de

equivalencia funcional, la Corte en sentencia C-831 de 2001 plante lo siguiente:

El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes

funcionales" que se fundamenta en un anlisis de los propsitos y funciones de la

exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cmo podran

cumplirse esos propsitos y funciones con tcnicas electrnicas.

Se adopt el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los

requisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la

documentacin consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su

naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel.

En conclusin, los documentos electrnicos estn en capacidad de brindar

similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayora de los casos, un mayor

grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificacin del

origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos tcnicos y

jurdicos plasmados en la ley.

La anterior postura fue sostenida por la Corte en sentencia 686 del 2007 al referirse a

los requisitos que deban tener los mensajes de datos para operar como equivalentes

funcionales de la informacin obrante en los expedientes, as:

Conforme a la regulacin especfica contenida en el artculo 5 del Acuerdo de la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334 de

2006, los actos de comunicacin procesal que se realicen por correo electrnico, as como los documentos que pueden ser presentados como mensajes de datos en los

trminos de la ley procesal, tendrn el mismo valor probatorio que la informacin

que conste por escrito, siempre y cuando el firmante utilice una firma electrnica

avalada por una entidad de certificacin autorizada conforme a la ley y la informacin

que contienen sea accesible para su posterior consulta (subrayas aadidas).

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La disposicin transcrita circunscribe el mbito de aplicacin de esta regla

de equivalencia funcional a dos casos muy precisos: (i) actos de comunicacin

procesal que se realicen por correo electrnico y (ii) documentos que pueden

ser presentados como mensajes de datos en trminos de la ley procesal,

entendidos estos ltimos como los documentos llamados a ser tenidos como

pruebas para respaldar o desvirtuar las pretensiones de las partes en un

proceso.

Los datos personales, el habeas data y el papel judicial

En materia constitucional y de garantas fundamentales es importante hacer referencia a

la Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccin de

datos personales. Dos situaciones son de singular importancia. En primer lugar, debido a

que con la entrada de las TIC al escenario colombiano la cantidad de datos e informacin

que ingresar a la red ser abultada, y en consecuencia la mayora de ella estar expuesta

al acceso y conocimiento pblico, y, segundo, que como consecuencia del primer punto es

posible que la informacin sea utilizada sin autorizacin por organismos o personas en

detrimento de los intereses ajenos, por estas circunstancias las entidades estatales

debern contar con sistemas de proteccin de datos que restrinjan la entrada de agentes

externos, con el fin de proteger la informacin de especial custodia legal y jurisprudencial.

El contenido normativo de esta ley se desarrolla bsicamente de la siguiente manera:

en la parte introductoria se plantea el objeto y se citan algunas definiciones;61 luego se

decretan los principios rectores; tercero, se dicta el especial manejo de la informacin

sensible y de los derechos de los nios, nias y adolescentes; posteriormente, se plantean

los derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de los datos.

61

a) Autorizacin: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales; b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; c) Dato personal: Cualquier informacin vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables; d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurdica, pblica o privada, que por s misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento; e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurdica, pblica o privada, que por s misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; g) Tratamiento: Cualquier operacin o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recoleccin, almacenamiento, uso, circulacin o supresin.

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La ley en comento fue objeto de control de constitucionalidad mediante la sentencia

C-748 de 2011 que realiz apuntes importantes respecto al tratamiento de los datos

personales, que sern de vital importancia para tener en cuenta en el proceso judicial,

veamos:

En primer lugar realiz un estudio de derecho comparado del habeas data, el cual

dividi en dos. Primero, un modelo centralizado que sostiene que todos los datos

personales por ser inherentes a las personas tienen reserva legal; en este sentido son

tratados por igual y generalmente su custodia est en cabeza de una entidad nacional

especializada en proteccin de datos; en segundo lugar, se encuentra el modelo sectorial,

segn el cual los datos gozan de especial reserva legal atendiendo nicamente a su grado

de intimidad personal y seguridad nacional, siendo en consecuencia tratados de manera

diferencial.

En Colombia ha tenido lugar un hbrido entre ambas posturas, en la medida en que la

ley 1266 procur bsicamente la proteccin de datos financieros y comerciales, y con la

nueva expedicin de ley objeto de estudio se procur abarcar todos los datos personales.

Por otro lado la Corte hizo referencia a los factores para determinar la calidad de

datos personales de la siguiente manera: i) referidos exclusivamente a la persona natural;

ii) que permitan identificar con exactitud a la persona; iii) que los datos sean de propiedad

exclusiva del titular del mismo; iv) y que la captacin de la informacin est sometida a

principios especiales de captacin, administracin y divulgacin.

Respecto al uso legtimo del derecho de habeas data, la Corte mediante sentencia C-

1088 de 2008 record que, tratndose de datos personales, el titular de la informacin

tiene el derecho de expresar su consentimiento para el uso de sus datos, en este sentido

desagreg los componentes del consentimiento calificado as: i) previo, en la medida en que la

autorizacin para su manejo debe ser otorgado por el titular de la informacin con

anterioridad a su uso; ii) expreso, ya que la autorizacin sea inequvoca, que exprese

claramente su intencin de autorizar el uso de sus datos; iii) informado, con el fin de que el

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titular de derechos conozca las consecuencias y efectos de otorgar la autorizacin para el

manejo y conocimiento de sus datos personales.

De igual manera, la Corte hace relacin a los eventos en que no es necesaria la

autorizacin expresa del titular del derecho para la utilizacin de datos personales. En este

punto habla de eventos como cuando los datos son requeridos por una entidad pblica o

administrativa en ejercicio de sus funciones, o por orden judicial, o los datos de naturaleza

pblica y, en general, aquellos datos en los que existen intereses constitucionales que

justifican esta excepcin.

En el estudio de la ley, la Corte hizo referencia a la constitucionalidad de los artculos

17, referente a los deberes de los responsables del tratamiento de datos personales, y el

18, dedicado a los deberes de los encargados del tratamiento de datos personales que,

para el caso que nos ocupa, valga la pena reflexionar, podra ser aplicable a los

funcionarios judiciales.

Es evidente que la Corte respald la constitucionalidad de la ley, ya que blind los

datos personales con garantas suficientes para su apropiado uso. No obstante, para el

caso de los despachos judiciales qued la incertidumbre respecto a la administracin de

los datos provenientes del proceso judicial, ya que si bien la norma consagr en el artculo

10 que al tratarse de informacin requerida por una entidad pblica o administrativa en

ejercicio de sus funciones o por orden judicial, y en el artculo 13 consagr que la

informacin que cumpliera con todos los requisitos de la ley podra ser suministrada a las

entidades pblicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden

judicial, la misma ley no regul explcitamente el tratamiento que se debe dar a los datos

que en virtud del negocio o situacin jurdica debatida aporten al proceso las partes o

intervinientes motu proprio.

Ahora bien, partiendo del objeto de la Ley 1581 de 2012 determinado en el artculo

1., as: La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan

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recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los dems derechos, libertades y

garantas constitucionales a que se refiere el artculo 15 de la Constitucin Poltica; as

como el derecho a la informacin consagrado en el artculo 20 de la misma., y

atendiendo a que los datos aportados al proceso judicial por parte de los intervinientes no

se enmarcan en ninguna de las excepciones que seala el artculo 2 en los literales a, b, c,

d, e y f,62 el exponente considera que la informacin allegada al proceso merece una

especial proteccin por parte del servidor judicial, y en este sentido debe cumplir con la

disposiciones de que trata la ley en mencin, en aras de garantizar el derecho a la

intimidad y privacidad de los intervinientes en el proceso, adems de los derechos

conexos que se vean implicados. No obstante, quedar en cabeza de las instituciones

pertinentes procurar por el adecuado uso de la informacin y dar el alcance interpretativo

ms adecuado para la proteccin del titular del derecho.

Adicionalmente, cabe recalcar que la aplicacin de las normas respecto al uso de los

datos personales debe ser entendida bajo la perspectiva de principios jurisprudenciales

desarrollados por la Corte Constitucional. Sin embargo, es preciso aclarar que las citadas

reglas fueron construidas principalmente en torno a las caractersticas especficas de los

datos comerciales y financieros. Por eso, ciertas reglas tienen su razn de ser en las

particularidades que acontecen en el registro del cumplimiento o incumplimiento de

obligaciones dinerarias.63

De tal forma se destacan los siguientes:64

62

El rgimen de proteccin de datos personales que se establece en la presente ley no ser de aplicacin: a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un mbito exclusivamente personal o domstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deber, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorizacin. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarn sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley; b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, as como la prevencin, deteccin, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan informacin de inteligencia y contrainteligencia; d) A las bases de datos y archivos de informacin periodstica y otros contenidos editoriales; e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 63

Nelson Remolina Angarita. Tratamiento de datos personales aproximacin internacional y comentarios a la Ley 1581 de 2012. Bogot, D. C. (Colombia): Legis Informacin & soluciones. Primera edicin. 2013. pp. 63-79. 64

Ibid. pp. 63-79.

35

1. Deber constitucional de administrar correctamente y proteger los sistemas de

informacin: la disposicin de la informacin personal ha permitido que las

entidades pblicas y privadas focalicen su atencin de forma ms eficaz y eficiente,

impactando en muc