Crisis de La Violencia en El Peru

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CRISIS DE LA VIOLENCIA EN EL PERU Indudablemente el conflicto armado interno vivido en el PERÚ, entre los años de 1980 y 2000, ha sido el de mayor duración, y el que ocasionó la mayor cantidad de muertes, las cifras reveladas por la comisión de la verdad, aun quedan por debajo de la verdadera cantidad de desaparecidos durante la época de la violencia política. El número de muertes supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas aún en la lucha por la independencia y la guerra con Chile. La cifra según esta comisión llega a 69.280 personas desaparecidas. Frente a la guerra desatada por el PCP y MRTA, el Estado tuvo el derecho de defenderse y la obligación de hacerlo garantizando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Buscando una respuesta rápida al avance de la subversión armada, que en pocos años se expandió por todo el país, los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, abandonado sus principales fueros y prerrogativas para la conducción del la lucha contrasubversiva en manos de las FFAA, sin tomar las previsiones para impedir atropellos contra la vida y la dignidad de la población. Así, sólo Ayacucho registra el 40% de víctimas de la violencia política, por entonces a toda persona nacida en Ayacucho era tildada de (ayacuchano = terruco), Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles para un considerable sector de la población peruana, pero no lo sería si todos fuéramos ayacuchanos o por lo menos si se hiciera el esfuerzo por comprender el significado del perfil socio demográfico de la gran mayoría de las víctimas. Está claro que el Perú rural, andino, quechua y asháninca, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangro durante años sin que el resto del país sintiera o asumiera como propia la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú”. El PCP- SL, fue el principal perpetrador de asesinatos de dirigentes femeninas. Sin embargo cuando se trata de dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos y de estudiantes universitarios, se indican como presuntos responsables a los agentes de las FF.AA. Así mismo se han recibido reportes de otras masacres perpetrados por agentes del Estado en los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, Cuzco, Ucayali, San Martin y Lima. Los cuales se perpetraron en todos los periodos gubernamentales. La desaparición forzada fue ampliamente empleada como mecanismo contrainsurgente y su aplicación se extendió a un conjunto de victimas mayor que el de los integrantes de las organizaciones subversivas. Es un delito pluriofensivo que afecto el núcleo duro de los derechos humanos, todo esto constituye un delito de lesa humanidad, también fue una modalidad de ejecución arbitraria encubierta. FIN DE LAS HOSTILIDADES El 12 de septiembre de 1992, la Policía peruana capturó a Abimael Guzmán y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo en Lima. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso sufrió derrotas militares constantes por parte de las organizaciones campesinas de autodefensa — supuestamente su base social. Las filas del MRTA fueron diezmadas tanto por la Ley de Arrepentimiento como por el encarcelamiento de sus principales cabecillas. En 1996, el MRTA secuestró la residencia del embajador de Japón en Perú, empezando con la crisis de rehenes en Lima que duró 126 días. El MRTA demandaba la liberación de sus prisioneros. La crisis terminó cuando la Operación Chavín de Huántar permitió que las fuerzas armadas peruanas entraran al edificio y liberaran a los rehenes.

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CRISIS DE LA VIOLENCIA EN EL PERUIndudablemente el conflicto armado interno vivido en el PER, entre los aos de 1980 y 2000, ha sido el de mayor duracin, y el que ocasion la mayor cantidad de muertes, las cifras reveladas por la comisin de la verdad, aun quedan por debajo de la verdadera cantidad de desaparecidos durante la poca de la violencia poltica. El nmero de muertes supera ampliamente las cifras de prdidas humanas sufridas an en la lucha por la independencia y la guerra con Chile. La cifra segn esta comisin llega a 69.280 personas desaparecidas. Frente a la guerra desatada por el PCP y MRTA, el Estado tuvo el derecho de defenderse y la obligacin de hacerlo garantizando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Buscando una respuesta rpida al avance de la subversin armada, que en pocos aos se expandi por todo el pas, los gobernantes aceptaron la militarizacin del conflicto, abandonado sus principales fueros y prerrogativas para la conduccin del la lucha contrasubversiva en manos de las FFAA, sin tomar las previsiones para impedir atropellos contra la vida y la dignidad de la poblacin. As, slo Ayacucho registra el 40% de vctimas de la violencia poltica, por entonces a toda persona nacida en Ayacucho era tildada de (ayacuchano = terruco), Tales magnitudes pueden parecer inverosmiles para un considerable sector de la poblacin peruana, pero no lo sera si todos furamos ayacuchanos o por lo menos si se hiciera el esfuerzo por comprender el significado del perfil socio demogrfico de la gran mayora de las vctimas. Est claro que el Per rural, andino, quechua y ashninca, campesino, pobre y con escasa instruccin formal se desangro durante aos sin que el resto del pas sintiera o asumiera como propia la verdadera dimensin de la tragedia de ese pueblo ajeno dentro del Per. El PCP- SL, fue el principal perpetrador de asesinatos de dirigentes femeninas. Sin embargo cuando se trata de dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos y de estudiantes universitarios, se indican como presuntos responsables a los agentes de las FF.AA. As mismo se han recibido reportes de otras masacres perpetrados por agentes del Estado en los departamentos de Ayacucho, Hunuco, Huancavelica, Junn, Cuzco, Ucayali, San Martin y Lima. Los cuales se perpetraron en todos los periodos gubernamentales. La desaparicin forzada fue ampliamente empleada como mecanismo contrainsurgente y su aplicacin se extendi a un conjunto de victimas mayor que el de los integrantes de las organizaciones subversivas. Es un delito pluriofensivo que afecto el ncleo duro de los derechos humanos, todo esto constituye un delito de lesa humanidad, tambin fue una modalidad de ejecucin arbitraria encubierta. FIN DE LAS HOSTILIDADES El 12 de septiembre de 1992, la Polica peruana captur a Abimael Guzmn y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo en Lima. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso sufri derrotas militares constantes por parte de las organizaciones campesinas de autodefensa supuestamente su base social. Las filas del MRTA fueron diezmadas tanto por la Ley de Arrepentimiento como por el encarcelamiento de sus principales cabecillas. En 1996, el MRTA secuestr la residencia del embajador de Japn en Per, empezando con la crisis de rehenes en Lima que dur 126 das. El MRTA demandaba la liberacin de sus prisioneros. La crisis termin cuando la Operacin Chavn de Huntar permiti que las fuerzas armadas peruanas entraran al edificio y liberaran a los rehenes.