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CORTE NACIONAL DE JUSTICIACOPIA CERTIFICADA
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7 t2wJ~
Recurso de casación N°314-2013CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA. DE U»’
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-
JUEZ PONENTE: Dr. Pablo Tinajero Delgado
Quito, 5 de enero de 2017, 15h48.
VISTOS: Conocernos la presente causa en virtud de que: a) el doctor Áivaro Ojeda
Hidalgo fue designado corno Juez Nacional por el Consejo de la Judicatura de
Transición, mediante Resolución N° 4-2012 de 25 de enero de 2012; b) la abogada
Cynthia Guerrero Mosquera y doctor Pablo Tinajero Delgado fueron designados corno
Jueza y Juez de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, mediante Resolución
N° 341-2014 de 17 de diciembre de 2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura; e)
con Resolución N° 01-2015 de 28 de enero de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de
Justicia, se integraron las salas especializadas de la Coite Nacional de Justicia; d)
somos competentes para resolver esta causa en virtud de lo dispuesto en los artículos
183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 1 de la Ley de
Casación, así como por lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Resolución N°02-2015
del Pleno de la Coite Nacional de Justicia; y, del acta del sorteo efectuado el 12 de
junio de 2015. Agréguese a los autos el escrito presentado por el doctor Matías
Eclilberto Ramírez Bravo, procurador común de Telvicio Acaro Camacho y otros,
además de los correos electómcos y de la casilla judicial que tienen señalados,
considérese la casilla judicial No. 884 y el correo electrónico:
[email protected]; así corno la autorización concedida a favor del doctor Jorge
Endara Moncayo para que interponga cuantos escritos sean necesarios en la defensa de
esta causa. Estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo se considera:
1.- ANTECEDENTES
1.1.- Dentro del juicio No. 179-20 12 planteado por el señor Acaro Camacho Telvicio y
otros en contra de la Universidad Nacional de Loja, en sentencia de 10 de junio de
2013, el Tribunal Distrital No. 5 de lo Contencioso Administrativo con sede en la
ciudad de Loja, resolvió: “desecha la demanda por haber caducado la acción”.
CORTE NACIONAL DEJUSTICIA
RESOLUCION I~. 11—2017
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CORTE NACIONAL DE&e JUSTICIA
Recurso de casación N° 314-20131.2.- El doctor Matías Edilberto Ramírez Bravo, en su condición de procurador común
de Acaro Camacho Teivicio y otros, solicitó aclaración y ampliación de la sentencia, y
luego de correrse traslado con dicho pedido a la contraparte, el 20 de junio de 2013 se
negó la referida solicitud.
1.3.- El doctor Matías Edilberto Ramírez Bravo, procurador común de Acaro Camacho
Telvicio y otros presentó recurso de casación, fundamentándose para el efecto en la
causal primera y tercera de la Ley de Casación.
1.4.- Con auto de 30 de octubre de 2014, el Tribunal de Conjueces de la Sala
Contencioso Administrativo admitió parcialmente el recurso en cuanto a la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, a excepción de los artículos 284 y 285
del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente el referido Tribunal inadmitió el
recurso por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.
II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA EL TRIBUNAL DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
2.1.- Sobre la caducidad de la acción.- En el numeral 6.4 de la sentencia recurrida, el
Tribunal de instancia señala: “Es claro que si los concurrentes (sic) querían hacer
valer sus derechos en cuanto al cobro del ‘pago del complemento del bono por título
profesional’ tuvieron que haberlo hecho dentro del término de los 90 días, contados a
partir del 12 de mayo del 2005, que es la fecha en que se emite la LOSCcA, ley que
deroga las bon~flcaciones. Los recurrentes a través del recurso de plena jurisdicción o
subjetivo concurren con su demanda afs. 279j’ 279 Vlta., del proceso, con fecha 17
de agosto de 2011, esto es, que han transcurrido 6 aftos tres meses, desde que se
derogó las resoluciones del CQNAREM que permitían el pago de bonos a los que se
hace referencia; y por lo tanto, existe un tiempo excesivo que genera la caducidad de
la presente acción, conforme a lo prescrito en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa”. En tal virtud, esta Sala debe verificar en primer lugar si
en el presente caso operó la caducidad de la acción, pues de ser así, ya no cabría
analizar las causales alegadas por el recurrente. Para el efecto, se constata que en la
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CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA ;~ /
Recurso de casaci~ndemanda presentada el 17 de agosto de 2012 (fojas 271 a 279), los actd~s~~~den
que se declare la nulidad de la resolución de negativa de pago de fecha 5 de junio de
2012, mas sin embargo, a lo largo de la demanda se hace mención a anteriores
negativas que se han venido emitiendo sobre ci mismo pedido, como se muesüa en la
t-anscripción que consta a continuación: “El presunto acto administrativo, que
solicitamos su ejecución se contrae, en la petición suscrita por nosotros y dirigida al
señor Dr. Gustavo T7iliacís Rivas, Rector de la Universidad Nacional de Loja, de fecha
27 de octubre del 2011, en la que los comparecientes le solicitamos a dicho
representante institucional, disponga se nos pague el valor complementario de los 80
dólares mensuales, por concepto de Bono de Título Académico Profesional, en las
cantidades de 40 y 60 dólares de los estados unidos (sic) de América, que la
Universidad Nacional de Loja nos adeuda mensualmente desde enero del año 2003,
hasta la presente fecha, como empleados administrativos de la institución, reclamo el
cual~ también en su momento y en su debido tiempo fue presentado a los dos últimos
rectores, que precedieron al actual (...) Así como por otra parte, la comunicación en
la que mediante oficio Nro. 20113 783-UNL, de fecha 1 de diciembre del 2001,
dirigido al señor Dr. Matías Ramírez Bravo, Procurador Común de nosotros los
peticionarios que solicitamos se nos paguen los 40 y 60 dólares, que la Universidad
Nacional de Loja, nos debe desde enero de 2003 hasta la presente fecha abril del
2012, la cual se encuentra suscrita por el Dr. Gustavo Villacis Rivas, Rector de la
Universidad de Loja, en el cual, informa a nosotros a través de nuestro procurador
común, que acogiendo el informe del señor Procurador General de la institución, se
resuelve izo atender lo solicitado, por ser improcedente y por cuanto ya está caducada
la petición de pago (...) Por la Resolución indebida y absurda y arbitraria tomada por
la Universidad Nacional de Loja, a través de sus Rectores de turno, respecto al pago
del valor íntegro de los 80 dólares por el bono de título profesional, algunos de los
empleados comparecientes ahora en la presente demanda, en distintas fechas,
hicieron e hicimos nuestro reclamo de pago ...“. Luego en la demanda se hace
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CORTE NAC1O\~L DE4~ JUSTICIA
Recurso de casación N°314-2013mención a oil-os actos administrativos con los cuales se negó el pedido que en su
oportunidad realizaron varios de los hoy demandantes, como el oficio No. 20026246
de 14 de noviembre de 2002, oficio No. 20034250 de 4 de diciembre de 2003, oficio
No. 2004274í de 22 de julio de 2004, oficio No. 20043346 de 12 de agosto de 2004,
Oficio No. 20113783 de 1 de diciembre de 2011. Queda claro entonces que los actores
afimian en su demanda que sus derechos se debieron hacer efectivos desde enero del
año 2003; y, que desde entonces varios de ellos han venido presentando solicitudes y
reclamos, los cuales han sido sistemáticamente negados por la Universidad Nacional
de Loja. Al respecto, el artículo 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, vigente hasta el 5 de octubre de 2003, disponía: “Los derechos
contemplados en esta Ley a favor del servidor público caducarán en el plazo de
sesenta días, contado desde la fecha en que pudieron hacerse efectivos, salvo que
tuvieren otro plazo especial para el efecto”. En la especie, los actores presentaron su
demanda el 17 de agosto de 2012, utilizando para el efecto el oficio de 5 de junio de
2012, como un mecanismo para evadir la caducidad que ya había operado, toda vez
que desde enero del año 2003 el derecho alegado por los actores pudo hacerse
efectivo; es decir, al impugnar el oficio de 5 de junio de 2012, lo que en realidad
pretendieron los actores es revivir el término establecido en la ley para ejercer su
acción, lo que resulta improcedente. Adicionalmente es preciso señalar que al
fundamentar el presente recurso de casación, los recurrentes esgrimen varios
argumentos tendientes a demostrar que les asiste el derecho a percibir el referido bono,
pero nada dicen respecto a la caducidad de la acción, que es precisamente lo que
resolvió la sentencia recurrida. En efecto, la única mención que se hace en el recurso
de casación respecto a la oportunidad en el ejercicio de la acción, es la cita que se hace
del literal b) del artículo 25 de la LOSCCA, que establece como uno de los derechos
de los servidores públicos, el de percibir una remuneración justa, proporcional a su
función, agregando que “los derechos que por este concepto correspondan al servidor
son imprescriptibles”, norma ésta que resulta inaplicable debido a que en la especie los
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CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
Recurso de casaciori N° 31t_2013)actores jamas ieclamaron el pago de su iemuneracion Por lo demas, los recurrentej~6
han logrado demostrar que presentaron su acción de manera oportuna. El tratadista
Manuel María Díez señala: “La caducidad ocurre por la inoperancia del demandante
durante un determinado período de tiempo. (...) la caducidad no es un acto sino Un
simple hecho. La eficacia jurídica procesal de la misma no tiene en cuenta la voluntad
del demandante si; jo un simple hecho: el transcurso del térm.in.o señalado por la ley.
(...) La caducidad puede declararse de oficio o a petición de parte. Teniendo en
cuenta el carácter de instrucción del proceso administrativo, evidentemente el
Tribunal ha de poder declarar de oficio la caducidad cuando ha vencido el término
fifado por la ley. (...) vencido el término señalado por la ley para que se declare la
caducidad~ el demandante izo puede interponer la acción (...) La caducidad de la
acción no sign~flca la invalidez del acto (...) si el plazo pal-a iniciar la acción coincide
con el de la caducidad, transcurrido este término caducan la acción y la instancia.”
(Manuel María Diez, Derecho Administrativo, Tomo VI, Editorial Plus Ultra, Buenos
Aires-Argentina, 1972, páginas 152 a 155). El mismo autor señala respecto de la
presentación de la demanda en la vía contencioso administrativa lo siguiente: “Debe
presentarse la demanda en la sede del órgano judicial durante el tiempo que señala al
respecto el ordenan?iento jurídico y naturalmente, en forma escrita.” (Op. cit., Tomo
VI, página 131). El Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el precedente
jurisprudencial No. 13-2015, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 621
de 5 de noviembre de 2015, que en el literal b) de su artículo 1 dispone: “Operada la
caducidad a petición de parte o de oficio, mediante auto o sentencia, al juzgador de
instancia o casación le está vedado entrar a considerar otros aspectos procesales
para pronunciar sentencia de fondo o mérito”.
III.- DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
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CORTE NACIONAL DE4~ JUSTICIA
Recurso de casación N° 314-2013
DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechaza el
recurso de casación interpuesto por el doctor Mafias Edilberto Ramírez Bravo,
procurador común de Acaro Camacho Telvicio y otros; y, en consecuencia, no casa la
sentencia emitida el lO de junio de 2013 por el Tribunal Distrital No. 5 de lo
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Loja dentro del juicio No. 179-
2012. De confom-iidad a lo dispuesto en el inciso primero del articulo 16 de la Ley de
Casación, y al amparo de 1~ dispuesto en el articulo 125 de la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa vigente a la época, se declara la caducidad de la acción. AcMe
la doctora Nadia Armijos Cárdenas como Secretaria Relatora, según acción de
personal No. 6935-DNTH-2015-KP de 01 de junio de 2015.- Sin costas.- Notifíquese
y devuélvase.
Dr. ‘varo Oj a Hidalgo Ab. C5~fl~~ero~squeraZ NA IONAL JUEZ’ÁrNtCWÑAL
OTO SALVADO
Certifico.
SECRETARIA RELATORA
lo Tinajero DelgadoJUEZ NACIONAL
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,IJQRecurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Alvaro Ojeda HidaIgc~ 7)—
~‘Áo ~VOTO SALVADO: Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo -
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATWO.- Quito, 5 de enero de 2017, 15h48. 1VISTOS: En virtud de que: A) El Juez Nacional Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo ha sido
designado por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No.
4-2012 de 25 de enerc de 2012; y, la Jueza y Juez Nacionales, Ab. Cynihia
Guerrero Mosquera y Dr. Pablo Tinajero Delgado, han sido designados por el
Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 341-2014 de 17 de diciembre de
2014. B) El Pleno de la Corte Nacional de Justicia mediante Resolución No.1-2015
de 28 de enero de 2015, nos designó para integrar esta Sala Especializada. C)
Somos el Tribunal competente y conocemos la presente causa, conforme los
artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la
Ley de Casación, así como el acta de sorteo de 12 de junio de 2015 que consta en el
proceso. D) Agréguese al expediente el escrito de 14 de noviembre de 2016, 11h45,
del Procurador Común Dr. Matías Ramírez Bravo, y téngase en cuenta el casillero
judicial y correo electrónico adicional que señala para notificaciones, así como la
autorización dada al Dr. Jorge Endara Moncayo para comparecer conjuntamente. E)
Por disentir de la mayoría, de conformidad con el artículo 204 del Código Orgánico
de la Función Judicial, emito mi voto salvado concurrente en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Mediante sentencia expedida el 10 de junio del 2013, 10h40, por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con sede en la ciudad de
Loja, dentro del juicio propuesto por los señores Acaro Camacho Telvicio y otros, en
contra de la Universidad Nacional de Loja, se resolvió lo siguiente:
“SEXTO: Del análisis del contenido de la demanda, de las excepciones y de laprueba aportada por las partes se concluye: 6.1. La pretensión de losaccionantes es que, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N°
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo
5 de Loja y Zamora Chinchipe, en sentencia declare: a) La nulidad de laResolución de negativa de pago, de fecha 5 de junio del 2012, suscrita por elRector de la Universidad Nacional de Loja; b) Se ordene el complemento depago, cuyos rubros les corresponden a sesenta y cuarenta dólares mensuales,según el orden de señalamiento constante en la demanda a fs. 276 y Vta., delproceso; c) El Tribunal disponga que la Universidad Nacional de Loja, en loposterior, pague mensualmente anexado a su sueldo las referidas cantidades dedinero, sean los de cuarenta y/o sesenta, según el caso; d) Se mande a pagar ala entidad demandada los honorarios de sus abogados defensores. 6.2. En ellibelo inicial de demanda y de la tramitación del proceso se pide “el pago delcomplemento del Bono Académico Profesional’.- Ahora bien hay que tomaren cuenta que estos bonos fueron establecidos en su debido momento por elConsejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público (CONAREM),mediante Resolución N° 145, publicada en el Registro Oficial N° 573 de 10 demayo del 2002; Resolución N° 153, publicada en el Registro Oficial N° 594de 11 de junio del 2002; Resolución N° 155, publicada en el Registro OficialN° 732 de 26 de diciembre del 2002. Estas Resolucioues a las que hacemosreferencia, emitidas por el CONAREM, fueron expresamente derogadaspor la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera AdministrativaLOSCCA, publicada en el Registro Oficial N° 16 del 12 de mayo deI 2005(hoy derogada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 294de 6 de Octubre del 2010). 6.3. La LOSCCA taxativamente prohíbe y derogalas bonificaciones a las que hacemos referencia en la parte de lasDisposiciones Generales: “DISPOSICIÓN GENERAL DÉCIMA.- A partir dela promulgación de la presente Ley, prohíbase en las instituciones y entidadesprevistas en los artículos 3 y 101, por cualquier mecanismo, modo ocircunstancia, la creación o establecimiento de asignaciones complementarias,compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales,en general cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en este cuerpolegar.- Igualmente, se establece en las Disposiciones Transitorias:“DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- A partir de la vigencia de estaLey, en las instituciones, entidades y organismos determinados en el Art. 101de esta Ley, prohíbase expresamente el restablecimiento o creación de rubroso conceptos que impliquen beneficios de carácter económico en materia degastos de personal de cualquier naturaleza.” Asimismo, en la DisposiciónDerogatoria: “DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- En cumplimiento de loque dispone el Art. 39 del Código Civil, derógase en forma expresa toda
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Áivaro Ojeda Hidalgo5:
disposición legal que se oponga a lo establecido por la presente ley...” 6.4. Es çJ t3
claro que si los concurrentes querian hacer valer sus derechos en cuantoal cobro del “pago del complemento del bono por titulo profesional”tuvieron que haberlo hecho dentro del termino de los 90 drns, contados ü~Vpartir del 12 de mayo del 2005, que es la fecha en que se emite laLOSCCA, ley que deroga las bonificaciones. Los recurrentes a través delrecurso de plena jurisdicción o subjetivo concurren con su demanda a fs. 279
y 279 ‘Ita., del proceso, con fecha 17 de agosto dei 2011, esto es, que hantranscurrido 6 años tres meses, desde que derogó las resoluciones delCONAREM que permitían el pago de bonos a los que se hace referencia;y por lo tanto, existe un tiempo excesivo que genera la caducidad de lapresente acción, conforme a lo prescrito en el Art. 65, de la Ley de laJurisdicción Contencioso Administrativa. 6.5. Es preciso señalar que lacaducidad es una figura exclusiva del Derecho Público, la misma que no esnecesario alegarla, y una vez que ha sido establecida, opera por su carácteradjetivo. Además, la caducidad es una institución procesal tendiente a que elTribunal competente declare extinguida la acción, por lo que, esta figura operaipso iure, de ahí que la autoridad judicial debe declararla incluso de oficiocuando verifique la situación descrita.- La doctrina y la jurisprudenciadeterminan que una vez que se haya establecido la caducidad, no es necesarioentrar a analizar la prueba o cuestiones de fondo de la litis; sin másconsideraciones y en base a la reflexiones jurídicas antes expresadas, ELTRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVON°5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICAEN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y PORAUTORiDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LAREPÚBLICA, desecha la demanda por haber caducado la acción.- Sin costasni honorarios que regular.-Notifíquese.”. (Lo resaltado nos pertenece).
SEGUNDO.- Mediante auto de admisibilidad de 30 de octubre de 2014, 16h41, el
Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite
el recurso de casación interpuesto por el Dr. Matías Edilberto Ramírez Bravo, en
calidad de Procurador Común de los actores de este proceso, con fundamento en la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los
Artículos 11, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9; 229 y 326 de la Constitución de la
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo
República; artículo 23 literales b), i) y n) y Disposición Transitoria Décima de la Ley
Orgánica de Servicio Público; artículos 112, 114, 117, 118, 119, 120 y 125 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; artículo 25 literal b) de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA); artículos 97, 107
literales a) y b) , 108 numeral 3, 129 numerales 1 y 2 y 184 literal a) del Estatuto
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; artículos 12 numeral 1, 66 y 67
numerales 6, 14 y 16 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja; se
menciona también una aplicación indebida del artículo 65 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
TERCERO.- 3.1.- De lo expuesto en esta sentencia, este Tribunal de casación
observa que en primer lugar debe verificar si operó o no la caducidad del
derecho de los actores para interponer su acción contencioso administrativa.
Por tanto, esta Sala Especializada analizará primero el contenido del artículo 65 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), que dispone lo
siguiente: “El término para deducir la demanda en la vía contencioso
administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del
recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la
not~flcación de la resolución administrativa que se impugna...
3.2.- De fojas 271 a 279 del proceso consta la demanda presentada por los actores
en la cual, se constata que se pretende en su numeral 5 que en sentencia se declare
la nulidad de la resolución de negativa de pago de 5 de junio de 2012, suscrita por el
Rector de la Universidad de Loja, en la cual se negó el pago de los valores que la
Universidad Nacional de Loja adeuda desde el 1 de enero de 2003 el pago del
complemento del Bono de Título Académico Profesional, fecha en la cual
empezaba a regir lo acordado en la sesión del Consejo Académico Superior de 29
de octubre de 2002 conforme se detalla en el numeral 3 y 4 literal c) de la misma
demanda. El complemento de dichos bonos académicos profesionales se creó en su
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda Ilidalgo~,%-
momento por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Publico
(CONAREM), mediante Resolucion N° 145, publicada en el Registro Oficial N°
573 de 10 de mayo dei 2002, Resolucion N° 153, publicada en el Registro Oficial~/
N° 594 de 11 de junio del 2002; Resolución N° 155, publicada en el Re~st~b
Oficial N° 732 de 26 de diciembre del 2002; conforme se detalla en la sentencia de
instancia, todas las resoluciones referidas fueron derogadas por la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), publicada en el Registro
Oficial N° 16 del 12 de mayo del 2005.
3.3.- El artículo 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Registro
Oficial 574 de 26 de abril de 1978, vigente hasta el 5 de octubre de 2003) disponía
que “Los derechos contemplados en esta Ley a favor del servidor público
caducarán en el plazo de sesenta días, contado desde la fecha en que pudieron
hacerse efectivos, salvo que tuvieren otro plazo especial para el efecto. “.
CUARTO.- 4.1.- De lo expuesto, se desprende que los actores presentaron su
demanda impugnando un acto administrativo, pero reclamando una falta de pago
del “Bono de Título Académico Profesional”, misma que se adeudaría desde el 1 de
enero de 2003, para lo cual tenían el plazo de 60 días conforme a lo dispuesto en el
artículo 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ya que desde esa
fecha se dejó de hacer efectivo el derecho al pago del bono reclamado por los
actores. En la especie, se verifica que entre la fecha de la falta de pago que se
pretende hacer efectiva a través del acto administrativo impugnado, y la fecha
de presentación de la demanda, esto es el 17 de agosto de 2012, conforme
consta de fojas 279 vuelta del proceso, ha transcurrido en exceso el plazo de 60
días dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo
4.2.- Es importante dejar en claro que los actores al impugnar la resolución de
negativa de pago de 5 de junio de 2012, suscrita por el Rector de la Universidad de
Loja, pretendieron revivir el término establecido en el artículo 125 de la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa, a efectos de interponer la acción
contencioso administrativa, lo cual es totalmente improcedente.
QUINTO.- 5.1.- Sobre la caducidad del derecho para interponer la acción, es
obligación de este Tribunal cumplir con la Resolución No. 13-2015 de 30 de
septiembre de 2015, mediante la cual el Pleno de la Corte Nacional de Justicia
emitió un precedente jurisprudencial confirmando el criterio expuesto por la Sala
Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en
el sentido de que: “... Operada la caducidad a petición de parte o de oficio,
mediante auto o sentencia, al juzgador de instancia o casación le está vedado
entrar a considerar otros aspectos procesales para pronunciar sentencia de fondo o
mérito; “.
5.2.- Doctrinariamente también se ha establecido respecto ¿le la caducidad que:
“Es un modo de extinguirse anormalmente un procedimiento administrativo
o jurisdiccional como consecuencia de la falta de ejercicio durante el
tiempo establecido en la ley, cuyos efectos se producen de manera
directa y automática y no admite interrupción ni suspensión alguna. La
caducidad se compone de elementos: la no actividad y el plazo. La no
actividad es la inacción de un sujeto para ejercer su derecho; y el plazo es el
tiempo que determina la ley para ejercer la caducidad. El plazo no se
suspende ni interrumpe, sino que desde que comienza a correr el tiempo
se sabe cuándo caduca la acción. La caducidad será declarada de oficio,
sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del plazo
señalado por la ley. Doctrinariamente es una sanción por falta de ejercicio
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Recurso de Casacion No 314-2013 Voto salvado del Dr ~varo Ojeda Ilid~go ~Ç T
~St9 ~d!~’de un derecho dentro del transcurso del tiempo fijado en la ley Por medio
de la caducidad se pierde el derecho defensivo, y el vigor de accionar”
Hernán Jaramillo Ordóñez, y Pablo Jaranijilo Luzuriaga, La Justicia
Administrativa (Loja: Offset Graflinundo 2014), 76. (Lo resaltado es
nuestro).
SEXTO.- Una vez que se ha constatado que en el presente caso ha operado la
caducidad del derecho de los actores para interponer su acción contencioso
administrativa, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de 60 días fijado en
el artículo 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y de
cónformidad además con lo establecido en la Resolución No. 13-2015 de 30 de
septiembre de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es innecesario para
esta Sala Especializada pronunciarse sobre los otros vicios alegados por el
recurrente, en su calidad de procurador común, dentro de la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación.
SÉPTIMO.- Por otra parte, este Tribunal no coincide con el argumento para
declarar la caducidad expuesto por el Tribunal de instancia en el punto 6.4 de la
sentencia impugnada, en el cual se menciona que el término de 90 días para
interponer la acción contencioso administrativa conforme lo dispuesto en el artículo
65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se debía contar desde el
12 de mayo de 2005 fecha en la que se emitió la LOSCCA, lo cual no es así, pues
como anteriormente se ha explicado, la norma aplicable es el artículo 125 de la Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa
En razón de todo lo indicado, y sin que sean necesarias más consideraciones, este
Tribunal de Casación ADMHVISTRAJN1JO JUSTIcIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBER4J’4o DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
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Recurso de Casación No. 314-2013 Voto salvado del Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: 1) Declara que ha
operado la caducidad del derecho de interponer la acción por parte de los señores
Acaro Camaého Telvicio y otros que constan mencionados en la parte inicial de la
sentencia de instancia, y por tanto se desecha la demanda. 2) Por ser un punto de
derecho, se corrige lo manifestado por los jueces distritales en el punto 6.4 de la
sentencia impugnada, en el sentido manifestado en $ punto séptimo de esta
sentencia. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
SECRETARIA RE»TORA~ -, -
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)
Dr.
D ablo Tinajero DelgadoJUEZ NACIONAL
Certifico.-
Ab. Cynt~2~~M~uer’WEZ~ AC
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