CORRUPCIÓN EN EL PROGRAMA SOCIAL JUNTOS

Sabemos que los programas sociales son beneficiosos en gran medida para poder

ayudar a las personas que están dentro del estado Peruano que no tienen las

oportunidades o los medios necesarios para poder salir adelante.

Uno de estos programas es el de “JUNTOS” que es un Programa de Transferencias

Monetarias Condicionadas que se inscribe dentro de la política social y de lucha contra

la pobreza del gobierno del Perú. JUNTOS fue creado el 7 de abril del 2005 mediante

el Decreto Supremo No. 032–2005–PCM que define su finalidad, fuentes de

financiamiento y estructura operativa, quedando adscrito a la PCM.  Posteriormente

este Decreto Supremo fue complementado por el D.S. No. 062-2005-PCM que

introdujo modificaciones a su estructura organizacional.

Este Programa tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que

los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como propósito

generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en

un marco de corresponsabilidad  hogar ( Estado,  mediante la entrega de incentivos

para el acceso y uso de servicios de salud )nutrición y educación; bajo un enfoque de

restitución de derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los

dirigentes sociales de la comunidad. Dicho incentivo está condicionado al

cumplimiento de compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar el

acceso y participación de los hogares en extrema pobreza con niños, niñas y

adolescentes hasta los 19 años y gestantes en las áreas de salud- nutrición,

educación e identidad; fomentando de esta forma el principio de corresponsabilidad.

Definitivamente es un programa muy bueno, sin embargo hay algo que indigna y

enfurece a los pobladores, es darse cuenta que algunos trabajadores o funcionarios de

los programas sociales sustentados por el gobierno central, utilicen los bienes

derivados para favorecer a los pueblos en pobreza o extrema pobreza, para  beneficio

personal.

Esto no es algo nuevo ha habido muchas veces en que estos funcionarios cometen

estos actos despreciables aprovechándose del cargo que tienen, en vez de proteger a

los pobladores cometiendo delitos como:

La concusión se encuentra en el artículo 382 del Código Penal, y es el abuso

de poder del funcionario o servidor público con la finalidad de obtener provecho

o utilidad económica ilegítima, ya sea mediante el temor (amenaza de un mal),

engaño, presión, compulsión o el uso de la fuerza física, valiéndose del cargo o

empleo que desempeña para conseguir su objetivo ilícito. Siendo un delito de

dolo directo, al utilizar los medios de abuso de cargo, obligando o induciendo

para que de 0 prometa un bien patrimonial indebidamente, para conseguir su

propósito de un beneficio patrimonial en forma ilícita.

La Colusión puede ser simple o agravada, se encuentra en el artículo 384 del

Código Penal, y consiste en un delito donde el dolo del funcionario o servidor

público necesariamente deberá ameritar una atención defraudatoria a los

intereses estatales, es decir, se necesitará de dolo directo para poder

perfeccionar la relevancia penal del supuesto de hecho. Dolo que igualmente

deberá existir en quienes sean catalogados a título de cómplices.

Peculado doloso o culposo, se encuentra en el artículo 387 del código penal y

consiste en que Funcionario o servidor Público se apropiar o utiliza cualquier

forma de percepción para sí o para otro.

La malversación de fondos que es un delito  financiero ubicado en el artículo

389 de nuestro Código Penal. Este delito se refiere al robo de dinero o bienes

por una persona que se  encarga  en manejar  las propiedades de otra

persona.  Por el hecho de que aquellos que son acusados de un delito

financiero tenían acceso, o en muchos casos,  como es esperado de que la

persona acusada de malversación de fondos se haga cargo del manejo de las

mismas propiedades en cuestión de robo, el delito  no es ambiguo. Errores u

omisiones simples de contabilidad tienen el potencial de  conllevar a cargos de

malversación de fondos ilícitos.

Estos son solo algunos de los tantos otros delitos que estos Funcionarios han

cometido con la finalidad de anteponer sus necesidades personales sobre la de los

demás pobladores de una comunidad, es realmente impactante y normal al mismo

tiempo que este tipo de irregularidades se cometan en el Programa Social Juntos, ya

que no es sorprendente oír a estas alturas que se registró 1 874 reclamos de

irregularidades realizados por beneficiarios y ciudadanos vinculados al programa.  O

que un millón 390 mil soles que desaparecieron de las agencias del Banco de la

Nación de los distritos de Bambamarca y Cajabamba.

A pesar que dentro del programa con el Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, se

aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016. El que incluye

como objetivos estratégicos: articulación y coordinación interinstitucional para la lucha

contra la corrupción; prevención eficaz de la corrupción; investigación y sanción

oportuna de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial; promoción y

articulación de la participación de la ciudadanía. Además del Decreto Supremo N°046-

2013-PCM, se aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, en el marco

del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016, la cual establece que las

entidades del Poder Ejecutivo elaborarán planes anticorrupción que contengan

medidas de prevención y sanción de la corrupción, teniendo en cuenta los procesos de

mayor vulnerabilidad a la corrupción y los casos de corrupción que afectan a cada uno

de ellos. Incluso de manera más específica con los memorandos N°135 y N’ 138-2014

—MIDISI/PNADP-OCI, remitió el “Procedimiento para la Atención de denuncias

presentadas ante el OCI; ya que permitirá establecer las acciones administrativas en el

Programa y garantizara la atención de las denuncias presentadas por los ciudadanos

sobre presuntos hechos arbitrarios o actos de corrupción omitidos en el Programa.

(Esta información está más detallada en el documento adjunto)

Por lo que para evitar que esto siga pasando se requeriría de:

1. Es indispensable que la información de cualquier programa del MIDIS se

almacene y acceda desde un repositorio centralizado; y que el registro de los

beneficiarios y su información sea único y no esté duplicado Hoy esto no ocurre

a pues cada programa almacena su propia información, la cual no es

compartida con los demás.

2. Es muy importante interiorizar que la salida de la pobreza está necesariamente

vinculada a la mejora en la capacidad de generación de ingresos y esta solo se

consigue cuando los beneficiarios son capaces de tomar decisiones correctas

de manera autónoma.

3. En tercer lugar, las políticas de inclusión social no deben seguir ignorando el

proceso de descentralización en curso. La alianza con los gobiernos locales y

otros actores públicos y privados que puedan asegurar la sostenibilidad de

cualquier intervención o programa social desde el inicio de estos es condición

necesaria para que sean exitosos.

4. En cuarto lugar, conviene simplificar en un modelo de talla única todo lo

relacionado con el programa de transferencias monetarias (JUNTOS y Pensión

65), de manera que, por ejemplo, la permanencia en el programa sea con un

plazo fijo, el universo de beneficiarios esté definido con total claridad, de no

hacerlo seguiría la generación de costos innecesarios enormes al Estado y

además hay más posibilidades que el fraude, el abuso y la corrupción estén

presentes.

Para tratar un caso más concreto tenemos el siguiente:

Acta revela que gestor de Juntos cobraba a beneficiarias

Un acta sentada por las autoridades del caserío de San Francisco, en Uchiza (San

Martín) revela que el gestor del programa Juntos en Huánuco, Jesús Martín Aranda

Cárdenas, cobraba de 100 a 200 nuevos soles a las usuarias del programa.

Lo más grave es que el jefe de Juntos, Fredy Rojas, y otros funcionarios de Huánuco y

el nivel central conocían estas irregularidades pero nunca lo denunciaron y tampoco

hicieron algo al respecto según denunció el ex gestor, Fidel Santos, quien fue

despedido en represalia por denunciar estos hechos.

Según el acta de fecha 9 de febrero, los usuarios Lucila Haro Vidal, Inés Haro Vidal,

Maura Medina Espinoza y José Luis Bustamante Acuña denunciaron ante el agente

municipal y el teniente gobernador del caserío, que pagaron a Aranda Cárdenas entre

100, 150 y 200 nuevos soles.

Los usuarios señalaron que pagaron al gestor para que una parte del dinero (S/. 100)

vaya a la Unidad Territorial de Juntos en Huánuco y el restante para los “gastos de

papeleo y trámites” del gestor.

Santos señaló que cuando recibió la denuncia, el jefe de Juntos no tomó ninguna

acción para denunciar al gestor. Por el contrario dijo que se renovó el contrato de

Aranda por 6 meses más. “Pasaron varios meses y no hizo nada frente a este acto de

corrupción”, expresó.

El asesor de Juntos, Gianfranco Bringas Díaz, también conoció el caso pero le restó

importancia, denunció Santos.

Pero no sería el único caso. Santos dijo que hay un grupo de gestores que conforman

una red encabezada por Rojas. “Hay complicidad entre los gestores y el Jefe de

Juntos”, afirmó.

Dijo que hace más de 200 días no se hace cambio de titulares fallecidos por otras

personas, “por eso los muertos cobran en el Banco de la Nación a causa de la mala

administración”, aseveró.

Denunció que están involucrados la administradora Madeley Chávez Falcón, la

coordinadora técnica Vanesa Pérez, la jefa de Administración de Juntos Lima, Lucía

Fátima Noriega Ulfe.

Comentario del caso:

Este caso en particular causa una gran conmoción ya que son los mismos funcionarios

del programa son los que comenten los hechos ilícitos, el jefe del programa Juntos en

Huánuco, Fredy Rojas es quien lidera la mafia conjuntamente con los demás

funcionarios, afectando a las personas que realmente lo necesitan , aquí también se

aprecia lo que sucede cuando una persona decide actuar de forma correcta ya que el

ex gestor del programa Fidel Santos al denunciar los hechos fue despedido , la falta

de fiscalización por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social es

evidente ,estos programas sociales del presente gobierno revelan la incapacidad de

poder combatir con la corrupción , desde los sectores más bajos hasta la esferas más

altas , y tampoco , al respecto la Defensoría del Pueblo no actúa de manera eficiente

en defensa de las personas afectadas , por los tramites letargos que se tienen que

realizar para sentar una denuncias y en muchos casos , estos por la falta de interés

y aprovechándose de la falta de conocimiento de los afectados ya que son de extrema

pobreza o personas de avanzada edad creen que pueden engañarlos y sus

procesos terminan siendo archivados .

Se debe de buscar el cese de la afectación de los derechos vulnerados por la

corrupción, para prevenir que casos de mal uso del poder público se conviertan en

corrupción y contribuir al avance de las acciones necesarias para impedir su

impunidad.

COMENTARIO FINAL DEL TRABAJO:

Podemos darnos cuenta que «Las leyes injustas son la telaraña a través de la cual

pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas» ( Bertolt Brecht)

solo está en nosotros como ciudadanos y con ayuda de las personas que aún

defienden la justicia y el honor de los demás, cambiar esta triste realidad que estamos

viviendo.