EL ESTADO DE GUATEMALA CIERRA ESPACIOS A LA SOCIEDAD CIVIL Y A LOS PUEBLOS INDGENAS La firma de los Acuerdos de Paz supuso un compromiso y una ruta para la construccin de una sociedad democrtica. Sin embargo, ante el aumento importante de personas que exigen y defienden derechos; la respuesta del Gobierno es cada vez ms violenta en contra de grupos sociales y pueblos indgenas que le piden a este que cumpla con su obligacin de garantizar el libre ejercicio de todos sus derechos. Esto se da, adems, en temas de derecho de la niez y la juventud, derechos de las mujeres, derecho de salud, educacin y vivienda, derecho a un salario digno, inversin econmica, auditora social; as como en demanda de seguridad, justicia y equidad. La violencia y el cierre de espacios es la respuesta del gobierno de Otto Prez Molina, para proteger intereses personales y empresariales. La censura, los asesinatos y atentados en contra de periodistas y comunicadores sociales son una muestra. Asimismo las comunidades indgenas que ejercen su derecho constitucional a la peticin y a la consulta reciben como respuesta actitudes racistas y represoras por parte del funcionariado pblico y de quienes trabajan para las empresas que se quieren instalar en sus territorios. Hoy planteamos la situacin que viven las comunidades Qanjobal, Chuj y mestiza del norte de Huehuetenango, particularmente quienes viven en Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatn. Desde el ao 2007, en la regin produce inquietud la expansin de la Transversal del Norte, la imposicin de tres hidroelctricas (Hidro Santa Cruz de Hidralia Natural en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Sta. Eulalia e Ixquisis de la PDH, S.A. en San Mateo Ixtatn) y la informacin de posible extraccin minera por parte de empresas mexicanas. Ante esta situacin, las comunidades se organizaron y requirieron informacin. Ante la autorizacin de construccin de Hidroelctricas, se realizaron varias consultas municipales en donde las comunidades sealaron que NO queran las hidroelctricas en su territorio. En los municipios de San Mateo Ixtatn y Barrillas, los Alcaldes han defendido las decisiones colectivas. Sin embargo, las empresas continan trabajando, una serie de procesos de corrupcin se han venido dando a nivel municipal y el Ejecutivo garantiza a las empresas proteccin policial, ampliacin de la presencia militar y Estado de Excepcin. Desde el ao 2011, las comunidades empezaron a manifestar su descontento con reuniones planificadas o no frente de las instalaciones de las diversas empresas hidroelctricas. A partir de esta fecha, las manifestaciones no violentas han superado las 50 en la regin, mientras que las violentas se han dado en 4 momentos donde se desarrolla un conflicto entre trabajadores y comunitarios que termina en quema de

maquinaria e instalaciones. Adems, hemos registrado el asesinato de 2 lderes comunitarios (Daniel Pedro Mateo 16 de abril de 2013 y Pascual Pedro Pablo 27 de marzo de 2015), el asesinato de 6 personas en el marco de los conflictos (2 ligadas a las empresas y 4 a los defensores de derechos humanos), ms de una veintena de personas defensoras de derechos humanos con lesiones graves, ms de 10 trabajadores de empresas que sealan haber sido amenazados, 6 momentos en que las acciones policiales y militares causaron dao a las comunidades, particularmente a las mujeres, , el cierre de una radio comunitaria y ms de 50 personas defensoras de derechos humanos que han sido imputados ante la justicia. Adems, encontramos dos momentos crticos en donde se rompe la institucionalidad, el 1 de mayo de 2012 con la imposicin de un Estado de Excepcin y el 19 y 20 de enero de 2015 en donde el descontento comunitario obliga al cierre y traslado del Centro de Atencin de Justicia de Santa Eulalia. La situacin se agrava por los procesos de criminalizacin en contra de liderezas y lderes comunitarios. El proceso contra Rubn Herrera, dirigente de la Asociacin de Desarrollo de Huehuetenango es emblemtico de lo que ocurre en la regin. Dos acusaciones se levantan contra l por hechos ocurridos en abril del 2012 y luego de guardar prisin preventiva es absuelto de todos los cargos. As como l, 30 personas ms han tenido que pasar por procesos penales para ser absueltos en el momento de la acusacin por falta de pruebas. Sin embargo, las empresas mantienen la presin para que se condene, particularmente a los lderes no violentos y los que han estado dando la cara ante el gobierno para pedir un dilogo respetuoso y el derecho a la consulta LIBRE, PREVIA E INFORMADA. Es as como luego de ser sobresedos en un caso relacionado con los incidentes del 1 de mayo del 2012, a Rogelio Velsquez y Sal Mndez, lderes comunitarios de Barillas se les abre un proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer en el marco de un linchamiento ocurrido en su comunidad por las acusaciones de las personas sobre la presunta actividad delictiva de la vctima. Sorpresivamente en diciembre del ao pasado, se da una sentencia en contra de los defensores en donde el juez argument no podemos probar como mataron a la mujer pero como son los lderes de la comunidad son los responsables {SIC}. La sentencia ilegal pretende responsabilizar penalmente a los defensores de derechos humanos, por las acciones cometidas particulares que viven en sus comunidades. A finales de febrero de este ao, un juez de primera instancia de Huehuetenango liga a proceso a tres lderes importantes de las comunidades de Barillas (Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Francisco y Arturo Pablo) por el delito de secuestro presuntamente cometido en el 2012 luego que la fiscala solicitara el sobreseimiento del proceso por carecer de pruebas. No slo los liga a proceso, sino tambin ordena su prisin, traslado a la zona 18 para alejarlos de su comunidad y luego se recusa de ser juez; dejando a los imputados sin juez contralor y sin fecha para la audiencia de revisin de medida.

Finalmente, el 24 de marzo fueron detenidos Rigoberto Jurez y Domingo Baltazar, lderes del pueblo Qanjobal y que en nombre del movimiento llamado Gobierno Plurinacional de los pueblos Qanjobal, Chuj, Akateko, Popti y Mestizo han solicitado tanto en la ciudad de Guatemala como en lo internacional que se respeten los derechos de los pueblos indgenas. Estos lderes tienen 16 denuncias judiciales abiertas y fueron detenidos en la ciudad capital relacionndolos a hechos del 2013 y acusndoles de amenazas, coaccin y detencin ilegal. Luego de una serie de violaciones de sus garantas, el juez de primera instancia de Huehuetenango los escucha en la capital y deja abierto el proceso por detencin ilegal y les da una medida sustitutiva. No obstante, saliendo de Torre de Tribunales son nuevamente detenidos por una orden de captura girada por el mismo juez por plagio, secuestro e instigacin a delinquir, por hechos ocurridos el 23 de enero de 2014. Al da de hoy, guardan prisin sin que se haya programado fecha para su primera audiencia acumulando ms violaciones en contra del debido proceso. Ese mismo da, llega a nosotros la noticia que el mismo martes 24 de marzo haba desaparecido el lder de Barillas, Pascual Pablo Francisco y que el viernes lo encontraron asesinado. Adems de esto ninguno de los casos de asesinato, lesiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos ha prosperado. La mayora de estos casos est en la impunidad, incluyendo los hechos del 20 de enero, donde presuntamente el Alcalde de Sta. Eulalia es responsable del asesinato de 3 personas, las lesiones graves en contra de una defensora de derechos humanos, lesiones leves en contra de comunicadores sociales de la Radio Snuq Jolom Konob. A la fecha, la Radio sigue sin poder abrir sus puertas, a pesar de un intento el 20 de marzo cuando fue reprimida por miembros de la Municipalidad de Sta. Eulalia. Ante esta situacin, la Convergencia por los Derechos Humanos: 1. Demanda a la Corte Suprema de Justicia que revise la actuacin de los jueces de Santa Eulalia e investigue su actuacin y aplique las medidas administrativas y legales necesarias. Asimismo, que intervenga de forma inmediata para remediar la grave violacin de garantas a las que estn sujetas las personas defensoras de derechos humanos hoy detenidas. 2. Exige al gobierno central que detenga los permisos para funcionamiento de las empresas hidroelctricas de la regin y empiece un proceso de consulta realizada de acuerdo a las prcticas de los pueblos indgenas mayoritarios en el Norte de Huehuetenango. 3. Solicita a las empresas Hidro Santa Cruz, Hidro San Luis e Hidro Ixquisis que escuchen y respeten a las comunidades afectadas por sus operaciones y que apoyen un mecanismo de dilogo en donde participen todos los liderazgos reconocidos en el lugar incluidas las gerencias y dueos de las empresas. 4. Solicita a defensores y defensoras de derechos humanos y lderes comunitarios que continen su lucha no violenta por el cumplimiento de sus derechos y que de abrirse procesos reales de dilogo se involucren para garantizar una salida

al conflicto en donde tanto sus derechos como los intereses comunitarios sean cumplidos. 5. A los medios de comunicacin, la sociedad en general y la comunidad internacional que no estigmaticen la defensa de derechos humanos individuales y colectivos; que cese la criminalizacin en contra de todas las personas detenidas . Todas son INOCENTES hasta que se pruebe lo contrario. Esperamos que esta problemtica sea comprendida por toda la sociedad y las instituciones del Estado para una salida democrtica. Guatemala, 30 de marzo de 2014 CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Centro de Accin Legal, Ambiental y Social (CALAS); Centro para la Accin Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro de Anlisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); El Refugio de la Niez; Equipo de Estudios Comunitarios y Accin Psicosocial (ECAP); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM); Unidad de Proteccin a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Guatemala (UDEFEGUA); Unin Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).