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Como introducción al presente control de lectura podemos

mencionar que el 15 de diciembre de 2009, la corte interamericana de

derechos humanos notificó al estado mexicano, la resolución dictada

el 23 de noviembre de 2009 en caso Radilla Pacheco.

Asimismo, podemos mencionar que México ratificó la Convención

Americana sobre los derechos humanos, que es la base normativa del

funcionamiento del sistema interamericano.

La importación del caso Radilla Pacheco radica en que es la primer

resolución dictada en contra del estado mexicano en el cual se vincula

directamente al Poder Judicial de la Federación así como al

cumplimiento de algunas medidas de reparación, así como que

también por primera vez se hace mención de una sentencia dirigida al

estado mexicano del control de convencionalidad que deben ejercer

los jueces y tribunales nacionales.

El control de convencionalidad su origen se remonta al momento en

que entro en vigor la convención americana sobre los Derechos

Humanos, aquí se dispone que la corte interamericana tienen

competencia para conocer de cualquier caso relativo a la

interpretación y aplicación de las disposiciones de la CADH que le se

ha sometido a su consideración, es decir, este Tribunal Interamericano

es el encargado de revisar que los actos de los Estados que han

reconocido su competencia se y se ajusten las disposiciones de la

Convección Americana para vigilar que el hacer o no hacer de los

Estados se ajuste a la regularidad del tratado y con ello de asegurar y

hacer efectiva la supremacía de éste.

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El control de convencionalidad como tal sólo lo tiene la Corte

Interamericana, y tampoco es una situación novedosa, éste encuentra

su fundamento circunscribiéndose al ámbito del sistema

interamericano, es la ratificación o adhesión que un estado hace a la

Convención Americana ya que con ello se obliga a respetar los

derechos y libertades reconocidos en ésta y a garantizar su libre y

pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción.

Cuando un estado es parte de la convención americana debe aplicar y

respetar las obligaciones y disposiciones ahí contenidas de

conformidad con las disposiciones constitucionales, es decir el tratado

ya es parte del sistema normativo nacional.

En México los tratados internacionales se sitúan por debajo de la

constitución pero por encima de las leyes nacionales, es decir ninguna

ley puede afectar los derechos y libertades contenidos en la

convención americana sobre los derechos humanos, por lo que el

Poder Judicial en cualquiera de sus niveles está obligado que para el

caso de que una ley o un acto se oponga al contenido del tratado

ordenar que estos actos se dejen de aplicar o ejecutar por contravenir

los dispuesto en una norma de mayor jerarquía como lo es el tratado

de la convección americana sobre los derechos humanos.

Debemos mencionar que en el año 2006, en el caso Almonacid

Arellano la Corte Interamericana por vez primera introduce el término

como órgano “control de convencionalidad.”

Asimismo, debemos mencionar que el Poder Judicial debe ejercer una

especia de control de convencionalidad entre las normas jurídicas

internas que aplican en los casos concretos y la Convención

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Americana sobre los Derechos Humanos, en esta tarea el Poder

Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la

interpretación que dé el mismo ha hecho la corte interamericana,

interprete ultima de la Convección Americana.

Realmente lo que pide la Corte Interamericana a los Jueces no es en

realidad un control de convencionalidad sino que cumplan con sus

obligaciones lo cual se traduce en aplicar las disposiciones de los

tratados interamericanos, en interpretar derechos y libertades de

conformidad con los tratados, esto es, en interpretar las normas

jurídicas internas que aplican en los casos en concretos vigilando que

se respete lo establecido en la Convención Americana sobre los

derechos humanos. Sin embargo el control de convencionalidad como

tal sólo puede ser aplicado y llevado a cabo por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el control de

convencionalidad está reservado para la Corte Interamericana, y por

lo tanto es la única que puede resolver en el sistema interamericano

acerca de la convencionalidad de los actos de los estados.

De lo anterior podemos comentar que la Corte Interamericana es

quien verifica la compatibilidad entre la conducta del estado y las

disposiciones de la convención, es decir, es el órgano que practica el

control de convencionalidad.

Ahora bien, en todo caso la obligación de llevar acabo el control de

convencionalidad lo reserva el tribunal interamericano sólo a aquellos

órganos que ejercen en los estados el control de constitucionalidad;

en casos subsecuentes la Corte señaló que el control de

convencionalidad se refiere a que cada Juez debe velar por el efecto

útil de los instrumentos internaciones.

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En síntesis sobre el tema de control de convencionalidad debe estar

sólo delimitado a la jurisdicción de los Tribunales Internacionales ya

que éstos son sólo los únicos con competencia cuando un acto u

omisión de un Estado se contrapone con la obligación internacional

adquirida por éste al firmar, ratificar o adherirse a un instrumento

internacional. Los tribunales internaciones son los únicos que pueden

determinar cuándo un hecho o acto imputable a un estado es

incompatible con el contenido de la norma internacional, así como los

únicos facultados a partir de esa determinación para establecer la

responsabilidad internacional del estado y las consecuencias que de

esta deriven.

La jurisdicción internacional es la interprete final de los tratados

respecto a los cuales tiene competencia nadie más que los tribunales

internacionales pueden decidir sobre el cumplimiento de una

obligación internacional, tan es así que sus fallos son definitivos y sin

apelación.

El control de convencionalidad constituye su función esencial en

interpretar los actos internos al amparo de la Convección.

En resumen, sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el

sistema interamericano puede determinar si se ha cumplido o no una

obligación internacional y por lo tanto ES LA ÚNICA QUE PUEDE

HACER EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, ya que éste es un

mecanismo de protección procesal que ejerce la corte interamericana

de derechos humanos en el evento de que el derecho interno

(constitución, ley, actos administrativos, jurisprudencias, practicas

administrativas o judiciales) es incompatible con la Convención

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Americana sobre los derechos humanos u otros tratados aplicables,

con el objeto de aplicar la convección u otro tratado mediante un

examen de confrontación normativas (derecho interno con el tratado)

en un caso en concreto. Todo esto no significa que el Poder Judicial,

los tribunales o jueces nacionales no estén obligados a aplicar e

interpretar el contenido de los tratados internacionales, ya que estos

están obligados desde el momento en que las normar de origen

internacional se incorporan al derecho nacional.

Por lo que el Poder Judicial debe llevar acabo una interpretación de

derechos y libertades acorde a los tratados internacionales, y en

donde en caso de duda siempre aplique el principio PRO-PERSONA.

Por lo que los Jueces nacionales se encuentran obligados a observar,

aplicar e interpretar los derechos y libertades contenidas en los

tratados internacionales en materia de derechos humanos ya que el

estado al ser parte de éstos asumió obligaciones de ámbito

internacional y estas normas se incorporan de manera plena al

sistema jurídico nacional como cualquier otra ley que se integre a

éste, por lo que los tribunales se encuentran obligados a trabajar en

el ámbito de sus competencias con ellas.

Por lo que de alguna manera ese control de convencionalidad de la

Corte Interamericana es la obligación de los poderes judiciales como

órganos de los estados de interpretar los derechos y libertades

reconocidos en el sistema jurídico nacional de conformidad con los

tratados internacionales en materia de derecho humanos.

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Por lo que el control de convencionalidad es una interpretación de

derechos y libertades acorde a los tratados. Por lo que los tratados

internacionales siempre deben ser tomados en cuenta para encontrar

una mayor protección de los derechos humanos.

La jurisprudencia en el sistema interamericano se encuentra en todas

las sentencias dictadas por la corte en casos contenciosos, en

opiniones y en medidas provisionales, y es obligatoria para los

tribunales nacionales en los casos en que el estado es parte del litigio

o en las medidas provisionales que se le han impuesto, pero no el

resto de la jurisprudencia.

Sin embargo para un estado que no está en litigio no le es obligatoria

porque así lo establece la Convención Americana ni en el estatuto de

la Corte. Asimismo debemos comentar que la jurisprudencia de la

Corte debe observarse por parte de los tribunales al dar cumplimiento

a la sentencia.

A la pregunta de cómo se debe utilizarse la jurisprudencia de la Corte

por parte de los tribunales, se debe decir que no existen reglas

establecidas sobre la manera en que debe ser invocada o utilizada

adecuadamente, sin embargo, al invocar un criterio de decisión deben

cumplirse al menos dos requisitos: que sea verificable y aplicable al

caso en concreto.

Debemos señalar que el derecho de origen internacional es parte

relevante del sistema jurídico mexicano, y que el derecho

internacional debe ser observado y aplicado por la razón de que fue

incorporado a nuestro orden jurídico nacional de conformidad con lo

establecido en la Constitución; por lo que al aplicar una norma

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internacional o nacional lo que se debe hacer a aplicar la que más

proteja los derechos y libertades o aquella que menos las restrinja.

El control difuso de convencionalidad debe ser ejercido por todos los

jueces nacionales, y consiste en un examen de compatibilidad que

siempre debe realizarse entre las normas nacionales y la convención

americana de los derechos humanos, sus protocolos y jurisprudencia

de la Corte único órgano jurisdiccional que interpreta de manera

definitiva el Pacto de San José.

El control difuso de convencionalidad (que comprende la CADH, sus

protocolos, y jurisprudencia de la Corte) puede ser válidamente

ampliado en sede nacional cuando se otorgue mayor efectividad al

Derecho Humano. Cuando en una misma situación son aplicables la

Convención Americana y otro tratado internacional debe prevalecer la

norma más favorable.

En México este Control Difuso de Convencionalidad encuentra su

obligatoriedad para su aplicación en 4 sentencias condenatorias al

Estado de Mexicano, donde se ordena a los jueces y órganos

vinculados con la impartición de justicia en todos los niveles para

hacerlo, esto se encuentra señalado en los nuevos contenidos

normativos previstos en el artículo 1 constitucional así como la

aceptación respecto a este control difuso por parte de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación como parte importante del cumplimiento

de la Sentencia Radilla Pacheco. Por lo que debido a esta reforma

constitucional todos los jueces y órganos de justicia deben realzar

este nuevo sistema de control difuso, siendo que los jueces lo deben

realizar de oficio, por lo que se pretende con este control es armonizar

la norma nacional con la convencional es decir con la legislación del

Convención ADH así como con sus protocolos y su jurisprudencia, y

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este ejercicio de compatibilidad lo puede realizar cualquier juez

dentro de su competencia (lo anterior por la interpretación que se

hace del artículo 133, en relación con el 1 vigente constitucional)

Cuando un Juez interprete una norma de derecho humano lo deberá de

hacer de manera obligada con la nueva técnica prevista en la cláusula

de interpretación conforme (constitucional o convencional) y con

criterio hermenéutico.

La Comisión de Derechos humanos fue creada en 1946, y se encargó

de la redacción de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

aprobada en Paris en 1948 esto fue el primer paso para la

internacionalización de los Derechos Humanos para la Humanidad. Por

lo que la DECLARACIÓN UNIVERSAL se convirtió en el eje angular del

Derecho Internacional de LOS DERECHOS HUMANOS.

La Convección Americana de Derechos Humanos fue suscrita en San

José, Costa Rica en 1969, entrando en vigor en 1978, instrumento que

se complementa con sus protocolos y jurisprudencia, y se integra por

la Comisión interamericana con sede en Washington D.C.; y la CoIDH

empieza sus actividades en 1979, y de los 35 países que integran la

OEA (Organización de Estados Americanos) 24 veinticuatro han

ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos.

CLÁUSULA DE INTERPRETACIÓN CONFORME EN EL DERECHO

COMPARADO

Una de las formas constitucionales más efectivas para lograr la

armonización entre el derecho nacional y el internacional es través de

la llamada cláusula de interpretación conforme, ésta es la técnica

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hermenéutica por medio de la cual los derecho y libertades

constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas

contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos

signados por los Estados, así como por la jurisprudencia de los

tribunales internacionales para lograr mayor protección y eficacia.

No se trata simplemente de una imposición de la norma internacional

sobre la nacional, sino de un proceso interpretativo de armonización

que implica dejar de aplicar la internacional al resultar de mayor

protección la nacional conforme con el PRINCIPIO PRO-PERSONA

Por lo que lo jueces nacionales deben convertir en una práctica

común la hermenéutica en materia de derechos humanos para

interpretar la norma que más convenga a los derechos humanos.

Este nueva cláusula de interpretación conforme en México, se

encuentra en el segundo 2 párrafo constitucional del articulo 1, en

éste se prevé un mandato interpretativo en materia de derechos

humanos así es trata de la constitucionalidad de un criterio o principio

hermenéutico especifico de los derechos fundamentales.

Esto implica que todos los jueces deben acudir a esta técnica de

interpretación en todo caso relacionado con los derechos humanos en

los asuntos de su competencia, por lo que los legisladores deberán

adecuar la normativa existente a estos nuevos criterios de derechos

humanos.

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En resumen el objeto materia de la interpretación conforme es

aplicar la mejor o la más conveniente a los derechos humanos, por lo

que este criterio se aplica con independencia del rango o jerarquía de

las normas. De ahí que la cláusula cumple con una función

hermenéutica de armonización y se deberá optar por las más amplias

ante una posible antinomia (contradicción de criterios).

Este criterio hermenéutico incorpora el PRINCIPIO PRO-PERSONA

y esto significa favorecer en todo tiempo a las personas la protección

más amplia

El control de convencionalidad tiene dos manifestaciones una de

carácter concentrado a cargo de la CoIDH en sede internacional, y otra

de carácter difusa a cargo de los jueces nacionales con sede interna.

Luego entonces el control difuso de convencionalidad se trata de un

bloque constitucional derivado de una constitucionalidad del derecho

internacional de los derechos humanos, ya sea por las reformas

constitucionales que los propios estados han realizado a sus cartas

magnas o por los avances de la jurisprudencia constitucional que han

aceptado.

Por lo que la intención de la CoiDH es que todos los jueces deben

aplicar la doctrina del control de convencionalidad con independencia

de que pertenezcan al poder judicial o no, sin importar su grado, su

jerarquía, cuantía o materia de especialización, por lo que dicho

control lo debe realizar cualquier juez o tribual que realice funciones

jurisdiccionales, simplemente todos los jueces deben realizarla. Por lo

que el control difuso de convencionalidad lo convierte al juez nacional

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en juez interamericano, por lo que los jueces nacionales se convierten

en los primeros intérpretes de la normatividad internacional.

Es muy importante destacar que la interpretación de la Convención

Americana sobre los Derechos Humanos debe guiarse por la

jurisprudencia de la CoIDH. Asimismo, debemos mencionar que el

control difuso de convencionalidad se debe aplicar de manera oficiosa

con independencia de que haya sido invocado por las partes o no.

Asimismo, los efectos del control difuso de convencionalidad pueden

ser retroactivos cuando sea necesario para lograr la plena efectividad

del derecho o de la libertad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acepto del Control Difuso de

Convencionalidad al dar cumplimiento a la sentencia del caso Radilla

Pacheco.

El contenido del bloque de convencionalidad, del principio de control

difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales en la

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la

jurisprudencia que la CoIDH haga de esta Convención.

Por jurisprudencia hablando del control difuso de convencionalidad

debe entenderse toda interpretación que la CoIDH realice de la

Convención Americana a sus protocolos adicionales y a otros

instrumentos internacionales de la misma naturaleza que sean

integrados a dicho corpus juris.

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La obligación del cumplimiento del derecho convencional obliga a

todas las autoridades y órganos nacionales con independencia de su

pertenencia a los poderes judicial, legislativo o ejecutivo a responder

en su conjunto y adquirir su responsabilidad ante el cumplimiento de

los instrumentos internacionales asumidos debido a la CONVENCIÓN

DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (1969) vigente en

México desde 1980. Por lo que en virtud de dicho tratado todos los

jueces y tribunales nacionales se encuentran obligados de oficio a

realizar un ejercicio de compatibilidad entre los actos y normas

nacionales con la Convención Americana y sus protocolos, algunos

otros instrumentos internacionales así como con la jurisprudencia de

la CoIDH FORMANDO ASÍ UN BLOQUE DE CONVENCIONALIDAD.

EL PRINCIPIO PRO-HOMINE su aplicación es obligatoria, e implica que

la aplicación e interpretación de la norma jurídica siempre debe

buscar el mayor beneficio para el hombre, se debe acudir a la norma

más amplia o a la interpretación mas extensiva cuando se trate

derechos protegidos.

CONCLUSIONES

Se destaca de forma importante el hecho de la aplicación del control

difuso de convencionalidad en México, a partir del cumplimiento de la

sentencia del caso Radilla Pacheco, ya que esta nueva estructura jurídica

emitida por la Corte Interamericana de derechos Humanos trae consigo la

consagración de los derechos humanos, y la aplicación de la los mismo de

oficio, y de manera retroactiva y de manera obligada a los todos los jueces y

tribunales nacionales, siempre en beneficio de los principios pro-homine y pro-

hombre

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BIBLIOGRAFÍA

“EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD “, DE EDUARDO FERRER MAC-GREGOR, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE DERECHO.