Contraloría acredita conflicto de interés de Ricardo

Ariztía por transferir recursos del fisco a empresas de

parientes Jorge Molina Sanhueza 28 Enero, 2013

El organismo fiscalizador estableció que envió recursos del Estado a la SNA, en circunstancias que el consejo directivo de la misma era integrado por su hijo. Además transfirió lucas a la firma Copeval S.A., “en cuya propiedad propiedad participa don Manuel Ariztía Ruiz, tío del director nacional del Indap, situación que impedía la intervención de esa autoridad en la evaluación y adjudicación de las propuestas antes anotadas… que lo obligaban a abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés la citada compañía, exigencia que no fue cumplida”. Por esta razón el jefe de la entidad, Ramiro Mendoza, envió los antecedentes a la División de Auditoría Administrativa para que se evalúe el inicio de una investigación en contra del jefe del servicio. La Contraloría estableció que el empresario y actual director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) Ricardo Ariztía de Castro, no se abstuvo en el otorgamiento de recursos públicos a entidades y empresas donde participaban sus familiares directos. Hay que hacer presente que Ariztía trabajó en una firma ligada al del holding de pollos Ariztía, como también es sobrino de Manuel Ariztía Ruiz directamente ligado al sector avícola. A través de un dictamen que publica íntegramente The Clinic Online, el organismo fiscalizador estableció que

Ariztía de Castro tuvo un manifiesto conflicto de interés al transferir recursos a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) (de la que fue presidente), ya que su hijo participa en el Consejo Directivo de esa instancia que agrupa a los empresarios del rubro, ya que “podía configurarse… un conflicto de interés que podría haber comprometido su imparcialidad”. Otra situación que advierte el dictamen de la entidad de control es la adjudicación de propuestas presentadas al concurso nacional “Alianzas Productivas 2010″. Uno de los participantes de esta iniciativa que permitía obtener recursos del Estado, fue Copeval Agroindustrias S.A. que desarrolló proyectos “vinculados al rubro de los cereales en las regiones de la Araucanía y el Bio Bio en 2010 y 2011. “Ahora bien, de los antecedentes examinados aparece que la aludida empresa es una filial de la sociedad Copeval S.A., en cuya propiedad participa don Manuel Ariztía Ruiz, tío del director nacional del Indap, situación que impedía la intervención de esa autoridad en la evaluación y adjudicación de las propuestas antes anotadas… que lo obligaban a abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés la citada compañía, exigencia que no fue cumplida”. Por lo anterior, la entidad dirigida por Ramiro Mendoza envió los antecedentes a la División de Auditoría Administrativa para que se evalúe la tramitación de un sumario en contra de Ariztía. Por último, el organismo revisor le recordó al jefe del Indap -con ese tono de autoridad que siempre tienen los dictámenes- que “en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento al deber de abstención” que impone la ley que rige a los funcionarios del Estado. Respuesta de Indap

En la institución explicaron a este diario que “de acuerdo a la Fiscalía de esta Institución, de haber mérito suficiente para ordenar un sumario administrativo, hubiera sido ordenada su instrucción en el mismo dictamen. Cuando se remiten los antecedentes a la División de Auditoría Administrativa”. Además, aseguran que “el envío a la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría se refiere a las facultades de fiscalización de ese organismo, que en estos casos hará efectiva cuando sea pertinente”. Y agregan: “Por lo tanto, dichos antecedentes se remitieron solamente para futuras fiscalizaciones a fin de que se cumpla lo ordenado por la Contraloría en cuanto a que “en lo sucesivo”, en éstos casos, se debe cumplir con el deber de abstención”. El pronunciamiento de la Contraloría, fue solicitado por los diputados Marcelo Díaz y Alfonso Durresti. Lea el dictamen completo

28 DE ENERO DE 2013

Director del SII cuestionado por caso Johnson’s

Felipe Larraín asumiría rol clave en operación para tratar de salvar a Julio Pereira y encapsular tema fuera de La Moneda

La Moneda busca tomar distancia y deja que Hacienda tome las riendas del caso por el momento. Su futuro como mandamás del Servicio de Impuestos Internos se complica tras las revelaciones de la revista Qué Pasa. por IVÁN WEISSMAN No es lo que el ministro de Hacienda hubiese querido encontrar al regreso de su exitosa participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde fue uno de los 8 poderosos chilenos invitados, pero el deber manda. Y ese deber ahora implica tratar de salvar a Julio Pereira como director de Impuestos Internos. Fuentes al interior del gobierno, y cercanas a Hacienda, dicen que La Moneda ha decidido tomar distancia por el momento y le ha dado la responsabilidad al ministro Felipe Larraín para que analice los últimos acontecimientos y trate de buscar una solución que no implique la salida forzada de otro alto funcionario del gobierno salpicado por acusaciones de conflicto de interés. El mes pasado el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, tuvo que renunciar por sus vínculos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, quien quedó en prisión preventiva y acusado de los presuntos delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Las revelaciones publicadas el viernes por la revista Qué Pasa complican aun más la ya difícil posición de Pereira, cuyo rol en el “perdonazo” a Johnson’s está siendo investigado por la Contraloría. El reportaje de Qué Pasa que señala que el abogado mantiene vínculos con Cencosud, al ser propietario del terreno que arrienda al holding en el Portal La Reina. Específicamente, Pereira y su familia recibirían $ 84 millones al mes como parte del contrato. Cabe recordar que la condonación de más de US$ 100 millones hizo posible que Cencosud salvara a Johnson’s de la quiebra, pagando US$ 64 millones por el 85 %. Pereira el viernes salió a defenderse, hablando de la “mala fe” del reportaje e insistiendo que fue la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) quien condonó la deuda tributaria a Johnson’s. Asimismo, Pereira argumentó que el sumario interno que lleva Contraloría era “el único instrumento establecido por la ley para resolver si en este caso hay o no alguna falta administrativa. El debido proceso exige esperar que ese sumario sea resuelto, lo que hasta la fecha no ha sucedido”. La Moneda salió a poner paños fríos a la polémica y tratar de distanciarse. La vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, adelantó que conversará con Pereira y que el tema está “siendo analizado” por Hacienda. Según una fuente de Palacio, el viernes había varios cercanos al Presidente Sebastián Piñera que habrían llegado a la conclusión que el escándalo del SII está teniendo un costo político alto y que no se esperaba. “Cada vez que parece que el problema se solucionó, vuelve, y con más fuerza. Nadie quiere ver a Pereira tener que renunciar, pero parece que cada día se hace más inevitable”, explica la fuente. Pérez hizo hincapié en que Pereira “ha declarado la situación, ésta es una situación que tiene más de 13 años de antigüedad, donde hay consultas a la Contraloría según lo que él nos ha señalado, y el pronunciamiento de la Contraloría nos ha señalado que no habría incompatibilidades”. Sin embargo, no se le dio un apoyo a ciegas, ya que al ser consultada acerca si el gobierno estaba al tanto de lo que publicó Qué Pasa, la portavoz de La Moneda declaró que “en términos formales no, en términos públicos, por cierto. Existe hoy día a través de transparencia cada uno de los funcionarios públicos tiene que declarar tanto los bienes como los intereses que tengan tanto cuando asumen una función como cuando dejan de asumirla”.

Otra fuente, próxima a Hacienda, señala que la situación incomoda tanto al ministro como al Presidente en forma personal, ya que ambos le tienen estima personal a Pereira y creen que su error ha sido más una falta de criterio y no que haya cometido actos ilegales. Por ley, el jefe directo de Pereira es el ministro de Hacienda y, por ende, es hasta cierto punto lógico que Larraín tome el rol protagónico en el tema. La misma fuente cercana a Hacienda prevé que lo más probable es que no se tome una decisión apresurada y que La Moneda desea que no salgan nuevos antecedentes mientras se espera el resultado de la investigación de Contraloría. Pereira es abogado de la Universidad Católica y magister en derecho de la Universidad de Duke. Alumno del Colegio Tabancura, el mismo donde estudió el ministro Larraín, aunque los separan 7 años. Hizo toda su carrera en el ámbito tributario en PricewaterhouseCopper (PwC), donde a fines de la década de los ‘90 se transformó en uno de los tres socios del área legal y tributaria. Es casado con la historiadora y académica María Verónica Undurraga Schüler, con la cual tiene un hijo. En el mercado comentan que se destaca por su vínculo cercano con el ministro Larraín, y también el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con quien fue compañero en algunas clases de derecho. Hace unos meses, en un reportaje que El Mostrador Mercados publicó sobre Pereira, un reputado abogado tributarista que trabajó con él dijo lamentar la experiencia que estaba viviendo su ex compañero de trabajo. “Pena es la sensación que deja verlo en esa situación. Tengo la mejor opinión de su trabajo, muy profesional y honrado”, afirmó el profesional. Agregó que es muy improbable que Pereira haya actuado en forma impropia en la condonación de Johnson’s, dada su excelente situación financiera. “Desde que lo conozco ya tenía sus problemas (económicos) resueltos”, asegura la fuente. Su familia donó la Casona y Fundo Santa Rosa de Apoquindo, donde se celebró la cena de la Cumbre Empresarial Celac-UE el viernes. Una fuente que trabajó en PwC junto a él señala que “tenía capacidad para formar equipos” y un funcionario del Servicio de Impuestos Internos coincide en el buen trato de Pereira con ellos. Sus casi tres años al mando del SII han estado marcados por la polémica. Además del caso Johnson, el ex socio de PwC fue cuestionado por la venta de acciones de LAN de Sebastián Piñera, su rol en La Polar y la millonaria disputa de la familia Ossandón Larraín. Julio Pereira asumió la Dirección del Servicio de Impuestos Internos en marzo de 2010. A los pocos días ya era cuestionado por sus potenciales conflictos de interés. La venta de acciones de LAN del Presidente Sebastián Piñera puso en el centro de la discusión la independencia del ex socio del área legal y tributaria de PricewaterhouseCopper para verificar la legalidad de la planificación impositiva de la operación realizada por su nuevo jefe. Poco más de un año después de asumir, en junio de 2011, estalla el escándalo La Polar. Además de las aristas vinculadas a la entrega de información falsa al mercado y estafa a los clientes, el caso abrió una espina tributaria, por la eventual evasión —derivada de los estados financieros falseados— de la firma dirigida por Pablo Alcalde y compañía. Pereira debía actuar, pero no pudo. Se inhabilitó en el caso, por orden de la Contraloría, debido a su pasado en PwC, compañía que había sido auditora de la multitienda. Pocos meses después el pasado otra vez tocó a su puerta. Una ardiente disputa entre los hermanos Manuel y Bernardo Ossandón Larraín por la administración de una millonaria herencia familiar obligó al SII a investigar la operación. Los reclamos iniciados en agosto de 2011 por Manuel Ossandón ante el servicio permitieron que recién en abril de 2012 el SII confirmara un pago pendiente de impuestos de Bernardo, por casi US$ 70 millones. Y aunque el caso había sido denunciado por Ossandón casi seis meses antes (incluyendo acciones judiciales entre los hermanos, informadas al servicio), Pereira decidió inhabilitarse sólo en marzo de 2012. La razón para hacerlo es que tiene un vínculo familiar lejano con Bernardo y el motivo de la retrasada inhabilitación fue, según el SII, que solamente en marzo confirmaron que “había un caso”.

El mes pasado se supo que el SII llegó a una decisión y exige US$ 210 millones en en tributos, multas e intereses. La familia está reclamando la medida en tribunales. Cabe recordar que el 8 de enero pasado, cuando se supo el dictamen de Contraloría, Funcionarios del SII, con el apoyo de los diputados DC Fuad Chaín y Patricio Vallespín, pidieron la renuncia de Pereira. Se viene febrero y el descanso de verano, pero para el titular del SII, las próximas semanas probablemente no serán de descanso.

Retiran de Contraloría modificaciones al Plan de Inversiones de ZF

28 de enero de 2013

Por un error de “forma”, la intendencia retiró de la Contraloría el nuevo documento remitido para que tome razón respecto de las modificaciones al Plan de Inversión que propuso la concesionaria y que fueron aceptadas por el gobierno regional. Así lo afirmaron fuentes gubernamentales, las que negaron que el retiro de tal documento se haya debido a que el ente revisor hubiera formulado diversas consultas sobre la forma en que se ha fiscalizado y certificado los pagos anuales de dicha administradora y otros requerimientos sobre el contrato de concesión. En tanto, también se confirmó que la compañía Ernst & Young concluyó su auditoría sobre la Zona Franca, informes que están siendo analizados por los abogados del ministerio del Interior. El intendente Mauricio Peña y Lillo aún no ha tenido acceso a estos informes, pero ha solicitado que le sean remitidos a la brevedad posible. Carta a consejeros Mientras tanto, la Cámara Franca el miércoles pasado envió una carta a todos los integrantes del Consejo Regional (Core), en la cual le solicita a cada uno, como administradores de los fondos de la región, solicitar al intendente que confirme los antecedentes que indica que la actual concesionaria adeuda al Fisco más de $2.000 millones por no haber reinvertido el 6% de los ingresos brutos anuales, más multas e intereses por este concepto y otros incumplimientos. También le solicita a cada consejero propiciar, si lo estiman conveniente, una reunión con el Core, en la cual la Cámara Franca pueda entregarles la información y documentos que manejan y que avalarían su denuncia. Sobre el pago anual de $1.161 millones al gobierno regional –recientemente realizado por Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.-, se hace ver en la misiva enviada nada se dice respecto de la obligación de reinvertir el 6% de los ingresos brutos anuales que ya debió haber realizado la concesionaria correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, por unos $637 millones. “La cláusula décimo quinta del contrato de concesión establece que el valor de la reinversión no acreditada se debe sumar al pago anual del período en que se hace exigible la acreditación. Por lo tanto, al pago anual de la concesión 2012 por $1.161.907.458 entregado al Gore se le debió, además, agregar la suma de $635.731.437. Mientras esto no suceda el concesionario SRI deberá pagar una multa de 20 U.F. diaria por atraso en el pago de la concesión y un interés del 2% acumulativo mensual por la suma impaga”, se expone en la carta a los consejeros. Cámara Franca les hace ver que ya la concesionaria debería –según sus informes- la reinversión del 6% correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, por $385.843.455. “Por ello, SRI tiene una deuda con el gobierno regional que hoy en día con multas e intereses suma más de $1.300.000.000”, acusa la entidad gremial.

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8 2 LA AGENDA LEGISLATIVA 2013 PARA EL AGRO 16,1x23,4 377,4

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8 3 LA AGENDA LEGISLATIVA 2013 PARA EL AGRO 14,2x20 285,3

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8 4 LA AGENDA LEGISLATIVA 2013 PARA EL AGRO 15,2x18,7 284

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9 2 LA AGENDA LEGISLATIVA 2013 PARA EL AGRO 13,5x11,7 157,7

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9 3 LA AGENDA LEGISLATIVA 2013 PARA EL AGRO 14,7x18,1 265,2