Contralínea 454

ISSN: 1665-1626

Año 14 • Número 454 • $30

Del 14 al 20 de septiembre de 2015

6 14 de septiembre de 2015

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN

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En el paquete económico 2016, que presentó el secretario Luis Vi-degaray a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, se propone una reducción de 221 mil millones de pesos en el gasto

total. Esto es 1.15 por ciento del producto interno bruto inferior al gasto programable para el año pasado, dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, se espera un recorte masivo de personal de confi anza. Lo que no se espera es un manejo transparente y abierto de los miles de mi-llones de pesos que resguarda la administración federal en fi deicomisos públicos y privados, y que representan más del doble de la reducción propuesta por Hacienda.

Y es que, pese a ser considerados como fi guras extremadamente opacas, en 2015 la administración federal cuenta con 353 fi deicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura, que manejan discre-cionalmente 463 mil 830 millones 700 mil pesos.

De los 353 fondos en cuestión, 25 concentran el 83.5 por ciento del dinero público: 414 mil 409 millones 200 mil pesos. De éstos, seis desta-can por el monto involucrado:

En primer lugar está el Fideicomiso del Sistema de Protección So-cial en Salud, con 62 mil 12 millones 600 mil pesos, controlado por la Secretaría de Salud. Le siguen, bajo el mando de Hacienda, el Fidei-comiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con 61 mil 82 millones; el Fondo Nacional de Infraestructura, con 47 mil 214 millones; el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fe-derativas, con 35 mil 349 millones 800 mil pesos; y el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (antes Aduanas I), con 20 mil 412 millones 300 mil pesos.

El sexto está catalogado entre los fondos destinados para subsidios y apoyos, y también es controlado por Hacienda: es el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, cuya bolsa ascien-de a 17 mil 479 millones 600 mil pesos.

FIDEICOMISOSPOR 463 MIL MDPA SALVO DELRECORTE

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OPINIÓN


CONTENIDO

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PORT

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Al día de hoy, 7 mil 185 mujeres permanecen en calidad de desaparecidas. Casi la mitad de ellases menor de 18 años. El 52 por ciento de los casos ha ocurrido en lo que va del actual sexenio

DESAPARECIERON 3 MIL 725 MUJERES EN 3 AÑOS

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN FIDEICOMISOS POR 463 MIL

MDP, A SALVO DEL RECORTE

CONTRAPODERUN PRI A LA DERIVA FINALMENTE TIENE UNA CONDUCCIÓN

POLÍTICA PARA LA COMPETENCIA ELECTORAL Álvaro Cepeda NeriARTÍCULOSLLEVARON AL EJÉRCITO A LA TRAICIÓN Samuel Lara VillaEL OTRO GRITO: EL DE LOS OPRIMIDOS Lev Moujahid VelázquezBarrigaLA RECIENTE DEUDA HISTÓRICA DEL CONGRESO MartínEsparza FloresMICHOACÁN: PUEBLOS INDÍGENAS, DE PIE Bertha Dimas HuacuzPEÑA NIETO: EN PICADA Jorge Meléndez PreciadoREFUGIADOS, VERGÜENZA DE EUROPA Irene Casado Sánchez/CCSJORGE RAMOS: UN PERIODISTA QUE RETA AL PODER Joaquín Roy/IPS

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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número 454, del 14 al 20 de septiembre de 2015- es una publicación sema-nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-tralinea.com.mx, [email protected]. Editor responsable: Agus-tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de li-citud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este número se terminó de imprimir el 11 de septiembre de 2015. Dis-tribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Glo-ria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa-riamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda total-mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber-tad y Expresión, SA de CV.

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CONTENIDO

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ANÁLISIS

SOCIAL Escamoteos a periodistas en Quintana Roo Rogelio Hernández López

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INVESTIGACIÓN

PORTADA Más de 7 mil desaparecidas en México Flor GocheLÍNEA GLOBAL Operación Orión: recuperar cuerpos y verdad

Javier Juárez Rodríguez/EspecialMEDIOS Allanan domicilio de reporteras de Contralínea Redacción

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS 23 ensayos sobre el capitalismo histórico y los movimientos

políticos y sociales Álvaro CepedaREDES SOCIALES #FueElEstado y #ayotzinapa

PASO A DESNIVEL La verdad más fea Miguel Galindo

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Ilustración de portada: Miguel Galindo

ESPECIALES

CONTRALUZ Cherán combatió al crimen organizado y ganó su autonomía

José Luis Santillán54

CONTRAPODER


OPINIÓN

UN PRI A LA DERIVA FINALMENTE

Tras el interregno del Partido Acción Na-cional (PAN) que no consumó ni la alter-nancia y mucho menos la transición a más

democracia, repitiendo como farsa su presiden-cialismo, nuevamente y como ave fénix, el Partido Revolucionario Institucional tiene una conduc-ción de la política por la política y para la política, en el contexto del estado de partidos que navegan en una crisis de falta de credibilidad electoral. Y ya como gobiernos salidos de ellos, puesto que no hay partido en el poder que no sea vaso comunicante con quienes salieron de sus filas. La “sana distan-cia” de ese nefasto criminal Ernesto Zedillo (Ac-teal, Aguas Blancas, El Charco, etcétera) fue una farsa, ya que el presidencialismo mexicano, priísta y panista, ha tenido y tiene injerencia en su parti-do y éste en el gobierno.

Vicente Fox y más Felipe Calderón perdieron a su partido por falta de preparación y malos mane-jos políticos. Incluso los panistas hasta perdieron el gobierno. Así que la designación del político sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera para conducir al PRI ha sido un atinado golpe de timón, si es que el priísmo, que agonizaba, quiere buscar las posibilidades para su renacimiento electoral. Y si quiere, además, competir por la Presidencia de la República en un ambiente donde López Obra-dor quiere ser candidato pero no presidente. Y un PAN y un Partido de la Revolución Democrática a la deriva en busca de su respectivo candidato.

Beltrones es un político creado en la política y preparado para la política, quien sabe, conforme

a su biografía, cómo organizar a un partido que ha de navegar a contracorriente, y más si las condicio-nes económicas empeoran, que es lo más proba-ble. Y que debe ser coadyuvante del presidencia-lismo, cortando de tajo la “sana distancia”, ya que son tiempos muy difíciles y complicados donde un partido, los partidos, deben colaborar para sacarle la vuelta a los males que nos acechan; y contribuir a reducir los efectos sociales de los que no se puedan esquivar. Hacer del PRI una conexión entre su pa-sado y su presente es la titánica tarea de Beltrones. Pero como es un político para la política y de la política, más que intentar, podrá conducirlo a las nuevas alianzas a izquierda y derecha, mantenien-do su centrismo electoral en una época que ha na-cido ya y exige la contribución de todas las fuerzas políticas que quieran maniobrar en beneficio de la nación, los gobiernos y el estado de derecho.

Al ser escogido un político de las cualidades de Beltrones, el PRI y el presidencialismo han acerta-do. Y el sonorense, economista de formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, de larga experiencia legislativa y en la administración pública, deberá echar por delante todas sus capa-cidades para que ese partido tenga presente para enfrentar el futuro inmediato. Contando además con la buena suerte que planteaba el florentino, para completar a un político en los términos del profeta armado. Inician el PRI, Beltrones y los priís-tas frente a los electores una tarea difícil pero no imposible cuando tiene una conducción política: sumar voluntades ciudadanas en todos los sectores

TIENE UNA CONDUCCIÓN POLÍTICA PARA LA COMPETENCIA ELECTORAL

ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA


CONTRAPODER OPINIÓN

y de todas las edades, desple-gando un programa de con-tribución a la economía, lo social, lo cultural y lo político que disminuya los efectos de la crisis general que ya tene-mos encima por lo interno y lo externo, que anuncia males para la nación.

En consecuencia, entre la política democrática y la economía “existe una rela-ción esencial con ese sistema político si, además, el estado de partidos es necesario e in-evitable en una democracia” (Hans Kelsen, Los fundamen-tos de la democracia, y Esencia y valor de la democracia), por lo cual la conducción priís-ta tiene, ahora mismo, a un conductor político-econó-mico con fines sociales en el marco constitucional. Y que ha de escuchar los planteamientos-demandas ciu-dadanas para completar los desafíos actuales en el contexto de la competencia electoral. Se compro-metió Beltrones al diálogo y en su caso a la répli-ca; a la autocrítica, construyendo puentes “entre generaciones” para que a las urnas se presente la mayoría en apoyo al estado de partidos. No hay otro método para formar y conformar no ya las unidades, sino las uniones con pluralismo ideoló-gico y los “derechos políticos, en los que consiste la libertad para ejercer el derecho al sufragio”, con los derechos humanos y sus garantías.

“Sería difícil ignorar las lecciones de la elección de junio pasado. Admitamos que los partidos polí-ticos se han rezagado respecto de las demandas de la sociedad moderna. No son suficientes para ganar por sí mismos unas elecciones. Pero son indispensa-bles como órganos de representación y acción polí-tica. En el caso del PRI es imperativo que se plantee como tarea principal ser un auténtico instrumento al servicio de la sociedad”. Puntualizó, además, “la primacía del diálogo y la transmisión de conoci-mientos y experiencias conjugados con la fuerza, la

rebeldía e ideas de la juventud”. Y reafirmó su nexo partidario con la Presidencia de la República: “El PRI mantendrá con el presidente una constructiva y fructífera relación de diálogo y reflexión”.

Ésta es la nueva conducción del Revoluciona-rio Institucional para enfrentar la competencia de 2016, en lo inmediato, y después en 2018. Bel-trones no titubeó cuando se apuntó para dirigir al PRI, sabiendo de antemano que sólo un político formado en la política y para la política, sujeto a la ética democrática y al estado de derecho, puede enfrentar el desafío de reconstruir un partido, de lograr la paz a través del derecho y conciliar legi-timidad y legalidad. Y hacer prevalecer el interés de la nación como pueblo y sociedad civil, reco-brando la seguridad ante los poderes fácticos de la violencia delincuencial.

“El alfa y omega de la teoría política es el pro-blema del poder. Cómo se adquiere, cómo se con-serva y cómo se pierde, cómo se ejerce, cómo se defiende”, escribe Norberto Bobbio en su Teoría general de la política. Eso es lo que necesita un parti-do con conducción política.

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ARTÍCULOOPINIÓN

El papel de las Fuerzas Armadas de Méxi-co es cada vez más el de un enemigo de su misión histórica: cumplir y hacer cum-

plir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el general secretario Clemente Vega García supo, en algún momento en que la situa-ción lo urgía, solicitarle por escrito las órdenes al mando supremo, obligándolo a rectificar una de sus tantas burradas, pero hasta ahí llegó. En las elecciones de 2006, los altos mandos no se perca-taron (¿será?) del fraude electoral mediante el cual Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa asumiera la Presidencia de México. Peor aún: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-na) y la Secretaría de Marina (Semar) se apresu-raron a ponerse a la órdenes del ilegítimo en una ceremonia realizada la noche anterior a la toma de la posesión presidencial, en el Campo Marte en la Ciudad de México; dicho acto fue inventa-do al efecto para hacer patente la subordinación de ambos secretarios; indignantemente pusieron bajo custodia del Heroico Colegio Militar (“por el honor de México”) la banda presidencial tricolor, destinada a colocarla en el pecho del espurio que tuvo que ser resguardado por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada; cercaron el recinto legislativo para ponerlo a salvo de la inconformidad del pue-blo... Días después, a un gesto del dipsómano, las Fuerzas Armadas de México lanzaron, sin más ni más, a sus soldados y marinos a la “guerra”.

Pareciera que se acrecentaba cada vez más el empeño de los altos mandos por convencer de su

“lealtad” al Ejecutivo federal que los instalaba en la Sedena o la Semar, pues en las elecciones de 2012 no solamente se solapó otra vez el fraude electoral, sino que Enrique Peña Nieto fue im-puesto a la nación, sin exageración alguna, por las bayonetas de las Fuerzas Armadas Mexicanas en las mismas condiciones descritas anteriormente.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda y el al-mirante Vidal Francisco Soberón se apresuraron a comentar, por medio de la prensa y la televisión, el apoyo incondicional y su “lealtad a las institu-ciones” –casualmente priístas– a quien nunca de-mostró legitimidad para ejercer la Presidencia de la República. En este país nunca se recuenta el voto. Pronto lo confirmaron esos secretarios impulsando las reformas estructurales y el Pacto por México, al igual que los partidos políticos, servilmente coludidos para destrozar la Constitución de 1917, promulga-da al triunfo de la Revolución Mexicana que costó la vida de 1 millón de mexicanos que lucharon por la salud, la educación, las Leyes de Reforma, el lai-cismo, la Ley del Trabajo, la Reforma Agraria y la sentencia de que “lo que está en México es de los mexicanos”, para nacionalizar el petróleo.

Lo más grave fue que, para sostener el apoyo prometido a Peña, a Cienfuegos y Soberón no les importó violar el juramento pronunciado al cau-sar alta en filas. Cuando el interventor nombrado al respecto por la superioridad preguntó: “¿Protes-táis cumplir y hacer cumplir la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen?”, respondieron el soldado y el marino mexicanos: “¡Sí, protesto!”. Entonces,

SAMUEL LARA VILLA, GENERAL BRIGADIER RETIRADO; PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE MILITARES RETIRADOS GENERAL FRANCISCO J MÚGICA, AC

LLEVARON AL EJÉRCITO

A LA TRAICIÓN


ARTÍCULO OPINIÓN

“que la nación os lo premie. Si no, que os lo de-mande”, concluyó el interventor. Dicho acto se lleva a cabo en cada ocasión que se adquiere una nueva responsabilidad –como cada ascenso, por ejemplo– y en la vida militar, la más honorífi ca es precisamente la de dirigir la Sedena o la Semar. No existe posibilidad de hacer que un patriota verdadero venda sus más caros principios. Lo cual crea muchas dudas a lo ocurrido con estos altos mandos que lo olvidaron.

La historia de México podrá comprobarlo: la Escuela Superior de Guerra fue creada, ahora es evidente, con el objetivo de apartar al Ejército del Pueblo de la fi losofía de la Revolución Mexicana contra el opresor, así como apartarlo de su leal-tad a la suprema ley promulgada el 5 de febrero de 1917. El propósito real de los militares Diplo-mados de Estado Mayor, pronto lo hicieron claro: conformar una elite que se hiciera dueña del Ejérci-to Mexicano, afi anzar la seguridad nacional a los intereses del imperio estadunidense, someter la estrategia de la gue-rra irregular, herencia consecuente de la Re-volución Mexicana, que aún ahora resulta im-prescindible para la se-guridad nacional. El verdadero enemigo sin duda está al Norte; los Diplomados de Estado Mayor siempre han pensado en la creación de grandes unidades aplicadas a la creación de un Ejército Continental bajo el mando de los estadunidenses: “América para los americanos” es la amenaza.

Consecuentemente, los actuales altos man-dos –Diplomados de Estado Mayor– centran su proyecto en convencer al personal del servicio activo de la supuesta obligatoriedad de lealtad en el presente sexenio hacia Peña Nieto; la tropa no es ignorante, pero desconoce la perfi dia y los alcances de los malos gobernantes y sus lacayos, la disciplina les obliga a confi ar en que sus supe-riores no deben equivocarse. Esto lo aprovechan los comandantes para recordarles los benefi cios económicos que les son otorgados por el mando supremo, limosnas al fi n comparadas con los fa-bulosos sueldos de los mandos superiores.

Invitamos a la tropa del activo a refl exionar: ¿por qué sus comandantes los hacen odiar al pue-blo del que ellos mismos son originarios? Respues-ta: los malos gobernantes, con ayuda de los co-mandantes, desde su escritorio siembran el odio entre ambos bandos: la gente del pueblo y los ór-ganos represivos, para que ellos pongan los muer-tos –ya son miles cada día– y a quienes mandan a la cárcel. Los Diplomados han cumplido, hicieron renacer al otrora Ejército Federal de Porfi rio Díaz y de Victoriano Huerta para servir a Peña Nieto y a los gringos.

Otra refl exión: militares en activo: ¡alertas! El mal gobierno pronto privatizará el Instituto de Segu-ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y ¡el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas! Ya amenazaron y los prime-ros indicios están a la vista: mal trato, escatimo de medicinas, de prótesis y aparatos ortopédicos; des-

cuento del 40 por cien-to a las viudas del haber que cobraba el militar fa-llecido; que no ascien-dan los retirados que por ley tienen derecho; que sepulten en el olvido la miserable pensión que

reciben quienes no cumplieron 20 años de servicio al causar baja por inutilidad contraída en actos del servicio o con motivo de él.

Militar en servicio activo: la tropa es el Ejér-cito verdaderamente, que no te engañen, tú eres el pueblo en armas, el que decide el momento de castigar al tirano, de hacer cumplir las leyes que creó tu misma gente, el pueblo: eres tú quien debe decirle “¡basta!” al que te ha engañado, explota-do y humillado. La disciplina no es para hacer cobardes. Te enseñó a ser valiente, a conocer las leyes y reglamentos que promulgó el pueblo para cumplirlas y para hacerlas cumplir a los traidores. Demuestra a los altos mandos, a los mandos supe-riores cómo se cumplen las protestas de ley.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no son de Peña Nieto. El Ejército y la Fuerza Aérea no son del general Cienfuegos. La Marina-Armada no es del almirante Soberón.

Los malos gobernantes, con ayuda de los comandantes, siembran el odio entre el pueblo y los órganos repre-sivos, quienes ponen los muertos

Los malos gobernantes, con ayuda

sivos, quienes ponen los muertos


ARTÍCULOOPINIÓN

El relato histórico de los libros de texto ofi -ciales de educación básica ha mutilado la memoria mexicana para legitimar 5 siglos

de colonialismo y neocolonialismo, años en los que las relaciones fundamentales de dependencia económica y política no han cambiado práctica-mente en nada. En el siglo XXI, el papel invasor de las monarquías reinantes europeas lo hacen las corporaciones económicas de la globalización ca-pitalista, cuyo poder está por encima de cualquier institución política que diga representar la sobe-ranía de la nación.

Las condiciones de sometimiento hacia los pue-blos originarios y mesti-zos no se modifi caron, cambiaron a relaciones de esclavitud moderna; el genocidio, desplaza-miento y despojo de las tierras comunales por parte de las grandes mineras y petroleras es una amenaza constante que pone en riesgo la existencia de las comuni-dades indígenas y de una cosmovisión que tiene al territorio como algo sagrado y no como una mercancía; seguimos siendo una inmensa mayo-ría de pobres, más de 100 millones dicen los ex-pertos, atravesados por la cultura indiana, pero sometidos por familias de apellidos aristocráticos europeos y de otras naciones externas.

Una tarea central de la educación crítica, de los maestros y maestras de México, para que sean realmente congruentes con su postura en las

calles, es la disputa por la memoria histórica na-cional a la luz de un proceso de descolonización desde abajo, de nuestros saberes y conocimientos reproducidos y enseñados en la escuela, sistema-tizados en los libros de texto ofi ciales, que siguen siendo el instrumento confesional de la doctrina de los poderosos para imponer su cultura.

Estamos obligados a visibilizar lo que se ha ne-gado, ocultado, omitido y mutilado de la historia nacional. Si nuestros muertos, que lucharon por la emancipación social, ya fueron enterrados por el poder colonial opresivo, nosotros los con-denamos al olvido si permitimos que el discur-

so hegemónico de la burguesía no les dé un lugar en la historia, si no movilizamos nuestra conciencia para desen-terrar de la memoria la voracidad con la que se ha desarrollado este

sistema antinatural e inhumano, no para contem-plar el devenir de la sociedad, sino para edifi car un nuevo sentido histórico que nos conduzca a la verdadera independencia.

Los libros de texto que se consolidaron con la articulación de la educación básica de 2010 nie-gan el origen rebelde de la indianidad mexicana. Los pueblos ancestrales de Mesoamérica sólo se comprenden por la conquista española, no por su pasado propio, sino en la aculturación occiden-tal sobre la civilización de los antiguos poblado-res de Abya Yala. Intentan crear una conciencia

LEV MOUJAHID VELÁZQUEZ BARRIGA, HISTORIADOR Y PROFESOR; MIEMBRO DEL CEN-TRO SINDICAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN MICHOACÁN

Los libros de texto que se consoli-daron con la articulación de la educa-ción básica de 2010 niegan el origen rebelde de la indianidad mexicana

Los libros de texto que se consoli-

mexicana

EL OTRO GRITOEL DE LOS OPRIMIDOS


ARTÍCULO OPINIÓN

derrotista del sometido a través de un discurso historiográfico que recupera los testimonios del conquistador, como las Cartas de relación de Hernán Cortés, pero no la “visión de los vencidos”, quienes se resistieron a la inva-sión.

El periodo posterior a la invasión es la organización económica, religiosa, admi-nistrativa y de las instituciones políticas de la corona para su mejor funcionalidad, pero no es la del nuevo patrón de poder de expansión y mundialización del capitalismo de matriz colonial, que antes de 1492 sólo era un mundo autárquico en los límites del Continente Europeo, pero que ahora se ampliaba, no para llevar el progreso y la proletari-zación de los trabajadores asala-riados a otras partes del planeta, sino a costa del genocidio, el saqueo, la esclavitud y otra formas nuevas de explotación como la mita o la encomienda, que parecieran anacrónicas al capital, pero que fueron en realidad la base de su desarrollo planetario.

Más allá de la organización virreinal, es de-cir, del invasor, en los textos de historia oficial no aparecen los brotes de rebeliones indígenas que se dieron al por mayor durante los 3 siglos de co-lonialismo occidental. Ciertamente no fueron las rebeliones obreras y campesinas contra el capi-talismo al estilo de Europa, pero sí lo fueron por la defensa del territorio como espacio vital y sa-grado, no como propiedad privada; lo fueron por la autonomía y autodeterminación de su pueblo para existir en relaciones de reciprocidad que al-gunos llaman comunalidad.

Para los pueblos originarios, la fiesta es el lu-gar donde se comparte el producto excedente, lo cual parecía una cuestión irracional para los ase-sores ilustrados de la monarquía borbónica en el siglo XVIII. De ahí la prohibición de las fiestas populares y otras formas de manifestación cultu-

ral que eran vistas como ociosas e improductivas por los colonialistas, indicios de desorden y focos de reuniones disidentes; y de alguna forma lo eran, porque la expresión contracultural y popu-lar de estas clases subalternas fue uno de los ca-nales subversivos que encontraron para mostrar su rechazo al patrón colonial de poder; por ejem-plo, la conocida Danza de los viejitos del Occidente mexicano, que data de la época antes de la inva-sión europea dedicada al Dios Viejo o del fuego, Huehuetéotl, muestra la sabiduría y vitalidad de los ancianos purépechas frente a la decrepitud del anciano blanco español.

Salvo el culto guadalupano que escondía a la Diosa Tonantzin, madre de los dioses en la cosmo-visión náhuatl, y cuya imagen morena después se convirtiera en el primer estandarte insurgente, no se habla de ningún otro caso en la historia oficial, pese a que éste fue el prototipo y el más trascen-dente de múltiples acontecimientos parecidos que dieron cuenta de la conservación religiosa e iden-titaria de las culturas ancestrales.

Lo religioso era, pues, otro de los canales de

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ARTÍCULOOPINIÓN

subversión en un mundo excesivamente represivo y de esclavitud, no sólo para los criollos estudiosos de la teología que, inspirados en la tradición jesui-ta y la lectura crítica de La Biblia, se involucraran luego en la guerra independentista, sino también para los indígenas sujetos al sometimiento del poder colonial, que encontraron en la expresión mística los anhelos de cambiar el mundo y de desen-cadenarse de las estructuras de opresión.

En los textos escolares de historia de México pareciera que la principal contradicción de clases sociales en la era colonial se daba entre los grupos de la elite, criollos y peninsulares, argumentando que los primeros no podían acceder a los mandos altos de poder; sin embargo, los cabildos como órganos de administración local también fueron parte del engranaje de saqueo, por ejemplo: ellos otorgaban los permisos para la extracción mine-ra, actividad que cobró la vida de millones de in-dígenas explotados en las minas de oro y plata.

Estos indígenas purépechas, otomíes y hui-choles, por mencionar algunos, que fueron supe-rexplotados hasta morir en minas de Guanajuato,

San Luis Potosí o Zacatecas; o en las haciendas del bajío vi-rreinal que producían la mayor parte de los granos consumidos en la Nueva España, pero que padecieron también la ham-bruna por el acaparamiento del maíz por parte de sus opresores, componían el grueso de las filas insurgentes en más de un 60 por ciento. Fueron ellos quienes pa-decieron realmente las contra-dicciones de un sistema que les negó toda posibilidad de vida, mientras la burguesía europea industrializaba su producción a base de la riqueza que le daba toda nuestra fuerza viva de trabajo y nuestros recursos na-turales; empero, son los héroes criollos y de la burguesía local quienes abundan en las páginas de los libros de texto.

En la Independencia no triun-faron los pueblos indígenas y mestizos, tampoco se alcanzó la soberanía nacional: apenas los gru-pos criollos liberales y conservadores accedieron al poder, se olvidaron de evocar la grandeza del pasado precolonial, de sentirse herederos de esa cultura ancestral y se aliaron a las logias masóni-cas para disponer la entrega de nuestro país a es-tadunidenses, franceses o ingleses, pero también impulsaron un nuevo desarrollo del capitalismo dependiente desarticulando con sus leyes refor-mistas los resquicios de propiedad y organización comunal.

En estos tiempos en los que se sigue hablando de independencia, es urgente también descoloni-zar la educación, reconstruir una nueva memoria de los subalternos, de los oprimidos, de aquellos que no tenemos voz ni rostro en la memoria del po-der, en la historia oficial contada por los dueños del dinero. Ésa será la contramemoria de las clases populares, de las resistencias y de la lucha cons-tante de los subalternos por emanciparse y cons-truir un nuevo sentido histórico para la humani-dad.

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ARTÍCULOOPINIÓN

LA RECIENTE DEUDA HISTÓRICA

Al estudiar las responsabilidades de los le-gisladores en su obra La Política, el filó-sofo griego Aristóteles estableció que “el

primer deber del hombre de Estado consiste en conocer la Constitución”, tesis que debe mover a esta imprescindible reflexión a quienes en México forman parte de un Congreso de la Unión, donde la mayoría de sus integrantes desconocen los fun-damentos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su sentido de igualdad y justicia social. Sin temor a equivocar-nos, podemos asegurar que algunos ni siquiera la han consultado en su vida.

La proposición aristotélica señala, por tanto, que si la función principal de los legisladores es la producción de leyes, éstas en consecuencia deben ajustarse a la Constitución vigente, por lo que es indispensable conocerla o al menos tener una no-ción básica de su contenido. Y nos preguntamos: ¿cuántos de los ahora exdiputados de la LXII Legislatura que aprobaron las reformas estruc-turales y toda la gama de leyes secundarias, en conjunción con los senadores, habían estudiado lo referente a nuestra ley fundamental?

Resulta evidente que antes de ejercer cual-quier facultad en la producción legislativa, los representantes populares deben cumplir con el deber de conocer la Constitución, pero lamen-tablemente no sucede así. Para algunos estudio-sos de la Carta Magna, como el extinto Ignacio Burgoa Orihuela, los congresistas tienen la alta responsabilidad de salvaguardar los derechos so-ciales dando lugar, mediante la expedición de le-

yes justas, a una relación jurídica entre las clases sociales que carecen del poder económico y gru-pos de situación precaria y las castas poseedoras de la riqueza, por lo que el papel del Estado es velar por “el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para impedir los abusos o para anular los actos contrarios a las normas”.

Los exlegisladores tienen así una gran deuda histórica con una sociedad cuyos intereses y dere-chos debían salvaguardar con base en el respeto de los preceptos constitucionales y a los que con la mayor de las ligerezas anularon. Si las refor-mas no avanzan es porque su contenido carece de elementos apegados a la realidad nacional; es decir, que los congresistas mexicanos ni siquiera se enteraron a detalle lo que estaban aprobando, incurriendo en una grave omisión ante sus pro-pios electores y ante la nación en su conjunto que les demandó escuchar las voces y opiniones de los diversos sectores de la sociedad, ignorando sus le-gítimas exigencias.

Pero tal responsabilidad histórica también es extensiva a los congresos locales, donde, como en el caso de las legislaturas de Querétaro y Vera-cruz, en sólo 10 minutos aprobaron reformas de la importancia y trascendencia como la energéti-ca, cuyo borrador ni siquiera fue hojeado por la mayoría de sus diputados locales.

En las actuales circunstancias de analfabetismo parlamentario valga recordar por ello los funda-mentos históricos que dieron origen a nuestra actual Carga Magna, teóricamente engendrada por una Revolución que surgió para atenuar

DEL CONGRESOMARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DEELECTRICISTAS


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la precaria situación en que vivían las clases campesinas y obreras, así como la dependencia del país a los designios del naciente imperialismo al que tanto cobijó el régimen autoritario de Porfi-rio Díaz.

De ese movimiento armado nació un proyecto que buscó amalgamar en leyes más justas y acordes a los postu-lados revolucionarios como tierra y libertad, jornada laboral de 8 ho-ras, derecho a huelga y un salario justo, con una ideología naciona-lista cuya característica sustancial fue la de constituir un Estado asis-tencial o de bienestar, en torno al cual giraron todos los programas que surgieron posteriores a la lucha arma-da; un Estado que proporcionara a los desvalidos del espectro social una serie de satisfactores, pero que además interviniera en la vida económica para constituir un motor de desarrollo y transformación económica del país. Todo esto, bajo el fundamen-to legal de la Constitución de 1917.

¿Lo aprobado en la recién concluida legislatu-ra tomó en cuenta estos antecedentes históricos y sociales? Por supuesto que no. Y en un avasalla-miento a la Constitución, imprimió al contenido de las leyes secundarias –como las de la reforma energética– un retroceso a las conquistas sociales, consintiendo, como uno de tantos ejemplos, la ex-propiación de tierras a comunidades indígenas y campesinas donde, a criterio de los inversionistas extranjeros, puedan desarrollarse proyectos de este sector.

De igual forma, autorizó a las ahora llama-das empresas productivas del Estado –Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad– modificar contratos colectivos con su contraparte sindical, restando derechos de jubilación y otras prestaciones a sus trabajadores.

Es indudable que los nuevos legisladores reci-ben como herencia una verdadera bomba de tiempo, porque las leyes aprobadas con tal impruden-cia por quienes les antecedieron provocarán si-tuaciones adversas al desarrollo nacional. Y de no

ser enmendadas se convertirán en un verdadero lastre para la propia economía.

Valga entonces invocar nuevamente el razo-namiento aristotélico y preguntarnos si como su-cedió con sus predecesores, los nuevos diputados que arribaron a San Lázaro también carecen de los conocimientos básicos de nuestra Constitu-ción. De ser así, valdría la pena que los ciudada-nos hicieran valer su facultad de proponer iniciati-vas para presentar un proyecto de ley que obligue a los congresistas a tomar un curso obligatorio en este sentido para que conozcan los alcances reales de sus decisiones parlamentarias y sus obligacio-nes con la sociedad y el país.

Por ser de su absoluta competencia, los inte-grantes de la recién desempacada LXIII Legislatura deberán explicar a los mexicanos las causas que están originando la actual problemática nacional y proponer soluciones en el corto plazo y, de ser necesario, asumir la obligación de restablecer el marco constitucional que se tenía antes de la apro-bación de las reformas estructurales y sus leyes se-cundarias, pues no hay duda que el Congreso de la Unión tiene una deuda histórica con el país que debe saldar en lo inmediato.

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Desde hace 75 años se habla en las tierras del Lago de Pátzcuaro de los indígenas y de sus problemas. El Primer Congre-

so Indigenista Interamericano se celebró en esa ciudad en 1940, y de ahí partió la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Y años más tarde, en 1948, la fundación del Instituto Nacional Indigenista (INI), antecesor de la aho-ra Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003). Larga historia. Cama-leónica transmutación de un indigenismo persisten-te, asistencialista, filantrópico y corporativo de Estado, ya de tercera generación en los comien-zos del siglo XXI.

A pesar de esta atención institucional tem-prana y privilegiada, las condiciones de vida de nuestra gente indígena nunca mejoraron. Todo lo contrario. La pobreza, la marginación y la enfermedad predominan en nuestras comuni-dades. Una gran proporción de la población se mantiene analfabeta. Además, se ha establecido –y existen datos estadísticos precisos e irrefuta-bles– que las condiciones de vida de las comu-nidades indígenas de Michoacán, así como del resto del país, se han deteriorado en las últimas décadas.

La realidad de Michoacán se caracteriza por el lento y errático ritmo de su desarrollo –uno de los más bajos del país–, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud. Esta triste realidad está documentada con base en es-tadísticas oficiales y medida con parámetros de marginación y rezago socioeconómicos elabora-

dos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las instituciones correspondientes del país, como el Instituto Nacional para la Eva-luación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Población (Conapo), o el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-tica de Desarrollo Social (Coneval). Gobiernos llegan y gobiernos van, mas la situación está siempre lejos de ser superada.

La pobreza en Michoacán alcanzó al 59.2 por ciento de la población en 2014; un aumen-to significativo comparado con el 54.4 por ciento de 2012. De este modo, 2 millones 700 mil mi-choacanos son pobres declarados. Por su parte, el indicador más reciente de la pobreza a nivel nacional es de 46.2 por ciento (Coneval, 2015).

Igualmente, la pobreza extrema afecta al 14 por ciento de los michoacanos, en comparación del 9.5 por ciento de la población en el ámbi-to nacional. Esto implica, en los dos casos, que miles de familias del campo y de la ciudad no cuentan con los elementos mínimos de supervi-vencia. Igualmente grave –y relacionado– es el hecho de que casi el 35 por ciento de los habi-tantes de Michoacán carecen de acceso a una alimentación mínima, de acuerdo con los datos del Coneval, lo que equivale a más de 1 millón y medio de personas.

Las presiones ejercidas sobre el medio am-biente en territorios comunitarios y la economía de las familias rurales de Michoacán están, en realidad, apenas reducidas por medio de las vál-

BERTHA DIMAS HUACUZ, MÉDICA, EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA; ESTUDIÓ SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. DIRECTORA FUNDADORA DE LA ESCUELA PREPARATORIA INDÍGENA INTERCULTURAL DE SANTA FE DE LA LAGUNA E INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DEL PRIMER CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MICHOACÁN

MICHOACÁNPUEBLOS INDÍGENAS, DE PIE


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vulas de escape de las remesas de nuestros miles de migrantes.

Es así que el informe titulado Índice de desarro-llo humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes reitera la posi-ción 29 que tiene Michoacán con respecto de los 32 estados de la República Mexicana; lugar en el que lamentablemente se ha mantenido desde hace 10 años. Esta clasificación está basada en el índice de desarrollo humano (IDH), elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual involucra los niveles obtenidos en “desarrollo humano” en función de indicadores de salud, educación e ingreso. Bajo esta medida, Michoacán supera únicamen-te a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El IDH para Michoacán ha sido estimado en 0.700, cuando el promedio nacional es de 0.746.

Esta situación ha sido documentada tam-bién entre la población indígena y no indígena, por municipio y por entidad federativa en el In-forme sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México. El reto de la desigualdad de oportunidades

(PNUD-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-blos Indígenas, 2010). En este informe, los índices de desa-rrollo humano son sistemá-ticamente más bajos en los municipios indígenas, encon-trándose mayores diferencias socioeconómicas entre las po-blaciones indígenas y las no indígenas. El IDH para la po-blación indígena de Michoa-cán es de 0.6565; el IDH para la población no indígena de la entidad es de 0.7298.

En este estudio, y en fun-ción de indicadores similares de educación, salud e ingreso, los indígenas de Michoacán están en una posición de ma-yor rezago, en comparación incluso con las poblaciones in-dígenas del resto del país. Los indígenas de Michoacán, ori-

ginarios de la cuna del indigenismo, ocupan la posición 26 entre los habitantes indígenas de las 32 entidades de México.

Abordajes de desarrollo¿De qué manera hay que encarar esta si-

tuación compleja de marginación, desigualdad y pobreza, misma que no debería ser estática ni perenne, menos una carga de por vida para las poblaciones indígenas? ¿Qué se debe hacer diferente cuando el modelo de intervención apli-cado por los gobiernos sucesivos se basa en la publicación de “convocatorias” y la operación de “ventanillas” para apoyos individuales, ade-más de la creación de padrones de beneficiarios para subsidios discrecionales?

Bajo este modelo de beneficiarios se nos obli-ga a entregar, varias veces, cartas, peticiones y formularios en las diferentes oficinas de gobier-no, solicitando que se nos otorguen los elementos básicos de salud y educación, a los que tenemos derecho como cualquier ciudadano. Los pro-

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gramas estatales de incidencia sobre la pobreza de las comu-nidades rurales e indígenas son substancialmente los mismos, con todo y nuevas “reglas de operación”, como es el caso del Programa de Educación, Salud y Alimentación, transformado en Oportunidades y, ahora, en Prospera, del plan “mover a México”.

¿Qué tenemos que hacer diferente, tomando en cuenta la perspectiva de defensa de los propios pueblos indígenas, al tiempo que se continúa fomen-tando la explotación irracional de nuestros patrimonios mate-riales y culturales?

Esta explotación, inter alia, se presenta con base en un mo-delo externo e incongruente de desarrollo, fundado, en gran medida, en la comercialización turística de nuestras tradiciones, además de la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.

Transicióngubernamental

¿Qué hechos diferentes esperamos del nuevo gobierno estatal, en tanto se habla de “reinge-niería” de las dependencias y la estructura de gobierno, pero no se menciona en ningún lado el modelo de desarrollo ni los mecanismos de ac-ción para conseguirlo?

Por lo mencionado, es precisamente el mo-mento actual, el de definir por parte del recién Ejecutivo local electo, si le va a seguir apostando a un modelo vertical, asistencialista y tutelar de desarrollo, o si, conjuntamente con los hombres y mujeres de las comunidades, se formulará una estrategia de desarrollo participativo tendiente a la reconstitución de sus activos sociales y pro-ductivos. No puede ser este nuevo periodo gu-

bernamental el inicio de otra década perdida.Un futuro incierto. Anotemos, como refe-

rencia concluyente, que de acuerdo con las pro-yecciones realizadas del avance de las entidades federativas con relación al IDH, y considerando el ritmo manifestado de progreso por Michoacán en educación, salud e ingreso, sería hasta 2071 cuando se alcanzaría el mismo nivel del IDH (actual) del Distrito Federal. Ni gobernantes ni gobernados podemos esperar 56 años para al-canzar el bienestar al que todos tenemos derecho. Puebla, Chiapas y Veracruz, con IDH similares al nuestro, lo lograrían 31, 17 y 5 años antes que nosotros, respectivamente (PNUD, 2015).

Autonomía indígena y gobernabilidad comunal

En los últimos días de su campaña el ahora gobernador electo pidió a las comunidades indí-genas “hacer valer el derecho a la libertad”, y se comprometió a guardar deferencia y atención a

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los pueblos originarios. Además, en el segundo debate afi rmó que respetaría y haría respetar los derechos de los indígenas (“no a la segre-gación”). Se comprometió, asimismo, a trazar estrategias “que los incluyan como parte de la sociedad”, a fortalecer la presencia de la Univer-sidad Intercultural Indígena, etcétera.

Consideramos, por lo tanto, estas declara-ciones como compromisos “a la palabra”. Espe-ramos que sus perspectivas de gobernabilidad, planifi cación y acciones de “gran calado” para el desarrollo coincidan con las nuestras; que los ejes, metas e indicadores del plan de gobierno concuerden con nuestra cosmovisión, comunali-dad y gestión interna, para, así, alcanzar el desa-rrollo y bienestar de nuestra gente.

Entre estas acciones imprescindibles, expo-nemos:

-La defensa de los territorios; la garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los re-cursos naturales; y el impulso de programas autónomos y específi -cos de inversión para el desarrollo en salud y educación, etcétera.

-La creación de un modelo original de un municipio indígena autónomo mediante el pleno ejercicio del pluralismo político-adminis-trativo para una verdadera gobernabilidad eco-nómica, social, medioambiental, y no sólo para una simbólica representación de autoridades y procuración menor de justicia.

-El respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), que debe ser entendida como un “bien comunal” antes que un “bien público”, en el contexto de una eco-nomía solidaria y los procesos autonómicos fun-damentales de acción-investigación, enseñan-za-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y libre discusión de las ideas. La UIIM no debe ser considerada como una “unidad administrativa” adicional de la estructura gubernamental, como la ha mal manejado discrecionalmente el Ejecu-tivo estatal en funciones.

Esta circunstancia se refi ere a los decretos ad-

ministrativos de reforma de la institución, emi-tidos por el Ejecutivo estatal sustituto, Salvador Jara Guerrero, el 18 de marzo y el 27 de mayo de 2015, con los que se introducen cambios a la estructura orgánica y de gestión de la UIIM. Esto dio lugar, como respuesta inicial, a una Car-ta abierta al H Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. La carta fue dirigida al Legislativo estatal el 27 de abril de 2015 por pro-fesionistas, investigadores, comuneros y autori-dades de los pueblos indígenas, unidos por la re-fundación de la UIIM. El asunto se describe en el artículo (Contrarreforma de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán), reprodu-cido en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/08/27/golpe-de-mano-contra-universi-dad-indigena-de-michoacan/). Ver, además, el aná-lisis del doctor J Gledhill, profesor emérito de la Universidad de Mánchester: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/08/31/coun-

ter-reform-michoacans-in-digenous-university/.

-La actuación con-sistente de parte del Ejecutivo estatal que debe ser componen-te de un nuevo pacto Estado-pueblos indios.

Dicha actuación debe cumplirse, en tiempo y forma, con apego a nuestro derecho constitucio-nal a la consulta “previa, libre e informada” con respecto a medidas legislativas o administrativas que nos afecten, como lo marcan los convenios internacionales, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jurhímbekua uandani (Hablando claro)

Es así que le hacemos la siguiente pregunta al gobernador electo de Michoacán sobre los ob-jetivos y alcances de su programa de gobierno:

¿Se trata de veras de un nuevo comienzo, o será, para los pueblos indígenas de Michoacán, una nueva cosecha de promesas? (¿Máteru jimpani uée-nakua o p’ikunskua eiátspekuecheri?).

Según las proyecciones y el ritmo de progreso, sería hasta 2071 cuando Michoacán alcanzaría el mismo nivel del IDH actual del Distrito Federal

Según las proyecciones y el ritmo

del IDH actual del Distrito Federal


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A Gabriel Sosa Plata: vertical, valiente, valioso

Nadie detiene la caída de Enrique Peña Nieto. Lo dicen agencias internacionales (Pew Center) y autóctonas.

Parametría, por ejemplo, dice que 57 por cien-to de los encuestados reprueba al Ejecutivo fede-ral y 41 por ciento lo aprueba (Animal Político, 1 de septiembre de 2015).

Los principales rubros donde tiene mayores negativos son: generación de empleos, combate al narcotráfico, a la delincuencia y a la pobreza; en los dos últimos asuntos hay un rechazo de 55 por ciento. Es decir, mal, en serio, Luis Videgaray, Mi-guel Ángel Osorio, Arely Gómez y Rosario Robles (digo yo).

Curioso, en la edificación de carreteras lo apo-ya el 51 por ciento. Ello tal vez porque no han viajado por los caminos del Estado de México y otras entidades, donde el servicio es muy oneroso y las vías no son de alta velocidad; incluso muchas son de sólo un carril.

Respecto al campo, algo fundamental para la alimentación, 45 por ciento está en contra de lo que se hace y únicamente 28 por ciento a favor. La generación de empleos (saludos, Navarrete Prida), tiene una relación negativa de 58 por ciento y una positiva de 22 por ciento.

El 63 por ciento asegura que Peña no ha hecho lo que se esperaba. Algo que le ocurrió, recorde-mos, a Vicente Fox. Dos ejemplos claros de que la lectura y el estudio sí importan.

¿La economía ha empeorado en estos casi 3 años? Sí, afirma el 57 por ciento. Además, 39 por ciento tienen claro que no habrá mejoría en dicho rubro.

Nueve de cada 10, es decir, el 90 por ciento, considera al país como inseguro.

En un largo y puntual reportaje (Sin Embargo, 1 de septiembre de 2015), encontramos que de los 266 compromisos que firmó –y dijo que cumpliría en su sexenio–, Enrique únicamente ha cumplido 28, por lo que para hacerlos realidad todos, con ese ritmo, necesitaría 28 años como titular del Eje-cutivo.

El más lento de todos es en infraestructura, ya que prometió obras como los trenes rápidos, cami-nos por todo el país y hasta el aeropuerto, que ya planeado, si avanza rápido, no se terminará en el sexenio actual. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha cumplido ocho de 154 proyectos.

La primera de sus propuestas, sabemos, fue la comisión nacional anticorrupción, la que será im-posible con las propuestas actuales y luego de la burla de la casa blanca.

Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, este año creceremos al 2.4 y no al 4.2 como estaba previsto, aunque podría, según otros analistas, aumentar el producto interno bru-to (PIB) únicamente 1.7 por ciento.

La organización Mexicanos Primero ha seña-lado que si tenemos reforma educativa será obra de muchos y no de Enrique Peña Nieto, lo que muestra el desprecio de algunas organizaciones por el Tlatoani.

JORGE MELÉNDEZ PRECIADO, PERIODISTA

PEÑA NIETOEN PICADA


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En la alimentación, se privilegiaron las tras-nacionales (Bimbo, Bachoco, etcétera) en lugar de estimular las pequeñas empresas campesinas. Algunos han aportado datos que hasta siembras de narcotraficantes reciben préstamos en lugar de quienes cultivan alimentos fundamentales, entre ellos maíz y frijol, que son el 85 por ciento de los productores agrícolas.

Los micronegocios no están atendidos con suficiente dinero, no obstante que generan el 81 por ciento del empleo y son el 52 por ciento del PIB. Y además, la deuda externa que ahora se ha contratado, influirá en los presupuestos en los próximos 5 años.

Se recortaron cerca de 3 mil 500 millones de pesos en salud, pero se dio 2.5 por ciento más a partidos políticos. Claro, los apoyos en la grilla importan.

Hasta en deporte hay insuficiencias y pésimos manejos. Tanto, que en el Palacio de los Depor-tes, al inaugurar un encuentro internacional de basquetbol, el encargado del ramo, Alfredo Cas-tillo –antes comisionado en Michoacán–, recibió una silbatina de pronóstico reservado.

En cultura hay estancamiento cuando no retroceso. Y para demostrarlo, el señor Rafael Tovar y de Teresa está al servicio del presidente, ya que hizo una visita guiada a la exposición de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti (en la madrugada, sin público) a la pareja presi-dencial, Enrique y Angélica.

Hacemos declaraciones muy amplias y di-versas en ecología, pero la situación interna es desastrosa; se continúan talando, cuando menos, 500 mil hectáreas por año, y está pendiente la iniciativa de la ley del agua, que pretende pri-vatizar el líquido. No se pierda de vista que en Puebla ya es un hecho y las protestas en la ciudad capital y Atlixco son constantes.

Recientemente, Peña Nieto estuvo en Hidal-go e inauguró el mural más grande del orbe y, también, entregó una serie de casas pintadas de varios colores eléctricos, algo diferente a la casa blanca (un abrazo y mi respeto a Carmen Aris-tegui). Uno de los pobladores hidalguenses pre-sentó una pancarta que decía: “la pobreza no se pinta”. Lo segundo ya lo había realizado el

inquilino de Los Pinos en La Pintada, Guerrero, aunque los pobladores se quejaron de que hubo mucho espectáculo por fuera pero “estrechez” por dentro.

Entre las 1 mil propagandas que inundaron prensa, radio, televisión y redes sociales se difun-dió una frecuentemente: “se entregaron cerca de 1 millón de tabletas a estudiantes”. Pero en algu-nos lugares no hay electricidad (sic que ilumina).

En el autoelogio en Palacio Nacional, Enri-que invitó a más personas que otros años (1 mil 500) y mandó más páginas de informe (Katia D’Artigues), y se vio más eufórico.

Todo va bien.En un artículo lapidario, “Seguro contra la

estupidez”, el doctor Ernesto Villanueva (Proceso 2026) dice que 35 altos funcionarios de la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público y Energía tendrán un seguro, nuevo, para realizar sus fun-ciones, cuyo “monto será de al menos 100 millo-nes de pesos por servidor público”, el cual pre-mia la “impericia”.

¿Recortes por la crisis? Ja.

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Guerras, violencia, sequías y catástrofes na-turales obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. En 2014, el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-fugiados (ACNUR) constató más de 59 millones de desplazamientos: hombres, mujeres y niños que huyen de los confl ictos armados. En 2013, según el Centro de Supervisión de Desplazados Internos, 22 millones de personas se convirtieron en refugiados ambientales, víctimas directas de las sucesivas catástrofes naturales. Europa se ha con-vertido en la “tierra prometida” para muchas de ellas; sin embargo, este destino tiene poco o nada de idílico.

Según el ACNUR, más de 292 mil inmi-grantes han atravesado el Mar Mediterráneo en lo que va del año; de éstos, 181 mil llegaron a las costas griegas, 109 mil a las italianas y alrededor de 2 mil a las espa-ñolas. Tras un viaje agotador, donde la trata de personas y las mafi as han encontrado la gallina de los huevos de oro, aparece un nuevo desafío: Europa.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2 mil 273 refugiados han perdido la vida en las aguas del Mediterráneo en lo que va del año. Exhaustos y deshidratados tras días de travesía, cientos de ellos perecen en el mar ante la mirada impasible de los responsables euro-peos. El destino de los que sobreviven a este viaje no es más esperanzador. Ante ellos aparece una

Europa amurallada donde las vallas y barreras de seguridad se multiplican, donde las políticas de in-migración y asilo no les dan tregua.

Hablamos de cifras, de estadísticas, de políti-cas, de tratados y convenciones, pero olvidamos lo más importante: las personas. Los sirios, afganos, eritreos o somalíes que aparecen una y otra vez en los noticieros, en las portadas de los diarios, cuyas frágiles voces se retransmiten en la radio, son refu-giados. Son hombres, mujeres y niños que lo han dejado todo con la esperanza de vivir. Huyen de guerras, de torturas, de la violencia y la represión. Cruzar el Mediterráneo es apostar todo al rojo, no

hay posibilidad de vol-ver atrás, su única car-ta es Europa, la “tierra prometida”.

Una tierra soñada, conocida por su senti-miento democrático, por su defensa de los

derechos humanos… Sin embargo, desembar-can en una Europa enferma. Los síntomas son tan evidentes como preocupantes: vallas, barreras de seguridad, discursos egoístas y muerte. Doce refu-giados sirios perdieron la vida la primera semana de septiembre en las costas griegas, entre ellos tres niños; las imágenes de sus cuerpos en las orillas griegas dieron la vuelta al mundo. El pasado 28 de agosto, más de 71 refugiados aparecieron asfi -xiados en un camión frigorífi co en Hungría. Miles de inmigrantes se hacinan en Calais (Francia) para tratar de llegar a Reino Unido. En el mismo cen-

IRENE CASADO SÁNCHEZ, PERIODISTA/IPS

Los refugiados son hombres, mu-jeres y niños que lo dejan todo con la esperanza de vivir. Huyen de guerras, torturas, violencia y represión

Los refugiados son hombres, mu-

torturas, violencia y represión

REFUGIADOSVERGÜENZA DE EUROPA


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tro de París, cientos de refugiados viven a la intempe-rie ante la mirada impasiva de los responsables euro-peos. ¿Dónde se ha escondido la humanidad europea? ¿Qué queda de la “tierra prometida”?

Nuestros portavoces europeos han olvidado que el derecho al asilo es, exactamente, un dere-cho. Pero ya no se trata de convenios o cuestiones legales, sino de humanidad. No pueden olvidar que el pueblo sirio, palestino, afgano o somalí, to-dos huyen de la violencia y la inestabilidad que engullen a sus países. En Siria, cerca de 250 mil civiles viven en estado de sitio. En Somalia o en Nigeria se violan, a diario, los derechos humanos más elementales.

Ante esta situación, la OIM instó a la Unión Europea a poner en marcha medidas efectivas, capaces de frenar el drama que asola las costas y el corazón de sus países miembros. “A la vista de

su territorio y sus medios económicos, el núme-ro de inmigrantes que llegan a Europa puede ser gestionado sin ningún problema por los Estados europeos”, subrayó Eugenio Ambrosio, director regional de la OIM para la Unión Europea, No-ruega y Suiza. Entonces, no hay excusas posibles.

Mientras los medios de comunicación retrans-miten imágenes de cadáveres en las orillas de Eu-ropa, la humanidad de las instituciones parece extinguida. Más vallas, más seguridad, más fron-teras es su respuesta a esta catástrofe. Todo para evitar que estos hombres, mujeres y niños, movi-dos por la más pura desesperación, alcancen el “sueño europeo”, un sueño teñido de vergüenza, ensombrecido por discursos donde no hay cabida a la esperanza. Europa, fuente de democracia y solidaridad, prefiere cerrar sus fronteras ante la “amenaza” de una “oleada” de inmigrantes.

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Miami, Estados Unidos. Voy a violar una de las reglas propias del contenido de mis análisis en medios de comunica-

ción. Confieso, de salida y para evitar falsas inter-pretaciones: Jorge Ramos fue alumno mío en la Universidad de Miami. Frecuentó un curso sobre el pensamiento latinoamericano, parte de su currícu-lo de una maestría en relaciones internacionales. El vínculo entre un profesor bienintencionado y el alumno aventajado se mantuvo con el paso de los años. La admiración y el respeto son mutuos.

Por lo tanto, no soy enteramente neutral al analizar los hechos y el contexto del enfrenta-miento entre Ramos y el posible candidato a la Presidencia de Estados Unidos por el opositor Partido Republicano, Donald Trump.

Como indican todas las repeticiones del inci-dente del 25 de agosto en Dubuque, Iowa, Ramos acudió a una conferencia de prensa del magnate. Su prestigio es enorme: apareció en la portada de la revista Time como una de las 100 personalidades más importantes de Estados Unidos.

Entre el sector hispano o latino solamente está aparentemente superado por la jueza Olga Soto-mayor, quien integra la Corte Suprema de Esta-dos Unidos. Como conductor estrella de Univisión, la principal cadena de televisión en español del país, y columnista de varias docenas de diarios, durante meses había intentado conseguir una en-trevista con Trump.

Fue rechazado sistemáticamente y le llegó a mandar una carta manuscrita, con el número de su teléfono móvil personal, como invitación para

dialogar sobre los temas a tratar. El silencio fue la respuesta, pero Trump publicó en internet la carta. Ramos tuvo que cambiar su teléfono móvil.

Univisión había cancelado el acuerdo con Trump para el concurso de Señorita Universo, por sus denostaciones sobre los inmigrantes mexi-canos y su país de origen, por lo cual el millonario le ha propinado una demanda judicial de 500 mi-llones de dólares.

Trump había ya tenido diversos enfrentamien-tos con la prensa, entre ellos una despreciable re-ferencia (menstruación) a Megyn Kelly, una de las más reconocidas anclas de la cadena conservadora Fox. Frustrado por la negativa, Ramos se fue a Iowa, lugar emblemático en la cadena de las elec-ciones primarias republicanas del año próximo, donde caerán o se consolidarán los aspirantes.

En ese escenario clásico de las conferencias de prensa, donde los periodistas disciplinados se sientan delante de la personalidad, Ramos alzó su mano para ser llamado, pero Trump eligió a dos colegas antes, y esperó su turno, que no llegaba. Trump lo siguió ignorando. Ramos entonces se levantó y comenzó con su interrogatorio, sin es-perar el permiso.

Sus preguntas y aseveraciones eran tiros que iban en la dirección de cómo pretende Trump ex-pulsar a 10 millones de personas indocumentadas, cómo va a construir un muro a la largo de toda la frontera Sur con México, y cómo les va a rescindir la ciudadanía a aquellos nacidos (de padres resi-dentes o indocumentados) en territorio de Estados Unidos.

JOAQUÍN ROY, CATEDRÁTICO JEAN MONNET Y DIRECTOR DEL CENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS/IPS

JORGE RAMOSUN PERIODISTA QUE RETA AL PODER


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Trump silencia que una enmienda de la Cons-titución concede el derecho automático a la ciuda-danía a estos hijos de inmigrantes, en aplicación explícita del jus soli (derecho de suelo), el término en latín que consagra la nacionalidad para todos los nacidos en el país, más genuinamente estadu-nidense que la Coca-Cola.

El precandidato lo ignoró y le conminó a que se sentara. Y que se fuera a Univisión. O que re-gresara “a su país” (Ramos, mexicano de naci-miento, tiene la ciudadanía estadunidense desde hace largo tiempo). Ramos tozudamente insistió en sus “preguntas”, ya convertidas en acusaciones y recordatorios de la legislación.

Finalmente, Trump ordenó a sus guardias de seguridad que expulsaran al periodista. Ramos protestó, y fue físicamente empujado hacia el ex-terior de la sala.

Ramos entonces se convirtió en interlocutor del debate con Trump, quien aguantó bien el tipo. Contestó que, como constructor de rascacielos, podría levantar un muro impresionante y efectivo entre el Océano Pacífico y el Caribe, y que la legis-lación se podría cambiar, porque así se lo habían dicho “autoridades académicas”.

Las consecuencias del acto han sido que el tema de la inmigración se ha insertado en pleno

corazón de la campaña y ninguno de los precan-didatos lo puede evitar. A los republicanos los ha atrapado con el paso cambiado, temerosos de tener que debatir esa envenenada polémica y con temor de que gran parte del electorado natural no los res-palde en los requerimientos de Trump.

Saben que la mayoría de los electores hispa-nos, no solamente los del gobernante Partido De-mócrata, apoyan las tesis de proteger los derechos de los inmigrantes y no abogan por medidas drás-ticas de expulsión, sino de una progresiva integra-ción y legalización.

Los candidatos demócratas también se sienten indecisos en un terreno resbaladizo.

Las acciones de Ramos han revelado también el lamentable estado de numerosos medios de co-municación en Estados Unidos, y en otros lugares, que se han convertido en vehículos serviles del po-der y del respaldo condicionado que concede la necesaria publicidad.

Numerosos periodistas se escudan en su la-bor excesivamente prudente y “profesional” por una regla que tristemente ha sido rebasada por la práctica. El periodista pretendidamente objetivo ha sido sustituido por maneras diversas de “acti-vismo pasivo”. Unas veces se opta por la coloca-ción de “preguntas” que inviten a la defensa de un programa. En otras se agota el tiempo disponible con temas ajenos a lo que importa. En ese contex-to contrasta el “activismo” de Ramos.

¿Qué hacer con unas declaraciones que eti-quetan a todo un país como generador de nar-cotraficantes y terroristas? ¿Cómo hay que tratar objetivamente el mito de que los indocumentados roban puestos de trabajo a los residentes y ciuda-danos escrupulosamente “legales”? ¿Cómo se ex-plica que esos llamados “ilegales” son los únicos que están dispuestos (porque no tienen más reme-dio, claro) a hacer los trabajos que los autóctonos rechazan? ¿Cómo se confronta el mito de la in-movilidad de la “esencia” nacional cimentada en una ya desaparecida universalidad blanca, anglo, protestante?

Desde luego no se consigue con conferencias de prensa orquestadas como una charla en un parvulario. Gente como Ramos se han cansado con esta parodia de unos falsos modales.

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INVESTIGACIÓN PORTADAINVESTIGACIÓN PORTADA


MÁSDE 7 MIL

DESAPARECIDASEN MÉXICO


INVESTIGACIÓNPORTADA

Al día de hoy, al menos 7 mil 185

mujeres permanecen en calidad de desaparecidas. Casi la mitad de ellas es menor de 18 años. El 52

por ciento de los casos ha ocurrido en lo que va del

actual sexenio

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta

que 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 96 por ciento de los hechos datan de los últimos 2 sexenios. El 44 por ciento de ellas no había cumplido siquiera los 18 años de edad en el momento de la desaparición. Tamaulipas y el Estado de México se erigen como los focos rojos: concentran el 31 por ciento del total de casos de-nunciados a nivel nacional.

Sus hijos la vieron por última vez cuando te-nía 46 años de edad. Piel morena, ojos cafés, cara ovalada. Después del 22 de diciembre de 2012, sin embargo, no volvieron a saber de ella. Les queda-ron los recuerdos: ese gesto sonriente que amorti-guó sus momentos de desahucio; los consejos de mujer madura que alcanzaron inclusive a la terce-ra generación de la familia, los nietos…

FLOR GOCHE, @flor_contra

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INVESTIGACIÓN PORTADA

Ese 22 de diciembre, preludio de los festejos navideños, María Dolores Rizo Juárez desapare-ció. Ausencias que en el contexto mexicano son epidemia; no excepción. Estas líneas alcanzan apenas para esbozar el más elemental conteo. Imposible plasmar cada nombre; el conjunto de sueños mutilados.

De acuerdo con la estadística ofi cial –incom-pleta, imprecisa, como lo ha constatado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organiza-ción de las Naciones Unidas–, 7 mil 185 mujeres están desaparecidas en México. El 52 por ciento de los hechos datan del sexenio en curso.

María Rizo vivía con su esposo en el muni-cipio de San Mateo Atenco, en la zona centro del Estado de México. Se dedicaba al hogar pero también cubría una doble jornada como ayu-dante en el comedor de una reconocida fábrica de pinturas con sede en la localidad de Tepex-pan.

Era sábado; 21 días antes Enrique Peña Nie-to había asumido la Presidencia del país. María Rizo no se presentó a trabajar, hecho por demás inusual. El marcador del reloj, su implacable “tictac”, se apostaba más allá de las 22 horas, pero la mujer de cabellos recortados no aparecía. Sus hijos la buscaban desesperados. La noche y su inherente apagón transcurrían sin indicios de ella.

Han pasado casi 3 años desde entonces. Las canciones del Conjunto Primavera y de Rocío Dúrcal, las preferidas de María Rizo, no retum-

De acuerdo con la estadística ofi cial, 7

mil 185 mujeres están desaparecidas en

México. El 52 por ciento de los hechos datan del

sexenio en curso



ban más en el nicho materno. No hay rastro de ella; no hay verdad ni sosiego para su familia. De nada ha servido que el hecho sea de conocimien-to de las autoridades estatales y federales: de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la Procuraduría General de la Re-pública (PGR), y de la propia Secretaría de Go-bernación.

La averiguación previa que se inició carece de líneas de investigación y de estatus, asegura la familia. Además, el caso, que actualmente radi-ca en la Subprocuraduría Regional de Texcoco, está en mesa común y no en la que tiene a su cargo la investigación de personas desaparecidas, refiere Marisol Méndez Rizo, su hija.

El 96 por ciento de los hechos de desapari-ción de mujeres que el registro gubernamental contabiliza data de los últimos 2 sexenios: 3 mil 144 ocurrieron con Felipe Calderón Hinojosa y 3 mil 725, con Enrique Peña Nieto. Este último apenas a la mitad de su mandato. Tan sólo 41 ca-sos vienen de otras administraciones; 29 de éstos, de la de Vicente Fox Quesada.

El año que concentra el mayor número de hechos de desaparición de mujeres es 2014, al presentar 1 mil 858 casos. Le sigue 2013, con 1 mil 167, y 2011, con 1 mil 21.

La base de datos oficial revela, asimismo, que el 45 por ciento (3 mil 228) del total de desapare-cidas en México son adultas, mujeres de entre 18 y 59 años de edad. Otras tantas, el 2 por ciento (158), tienen 60 años o más. Cabe destacar que 3 mil 133, lo que equivale al 44 por ciento, son adolescentes y niñas, es decir, no habían cum-plido siquiera los 18 años en el momento de la desaparición.

Respecto de la nacionalidad, se sabe que el grueso de las mujeres desaparecidas es de origen mexicano; en tanto, se desconoce este dato para 728 casos. Las 56 mujeres que restan son extran-jeras, 35 de ellas nacidas en Estados Unidos.

Los pormenores enunciados se desprenden del Registro Nacional de Datos de Personas Ex-traviadas o Desaparecidas, instrumento de in-formación del Sistema Nacional de Seguridad Pública consultado por Contralínea a finales de agosto de 2015. Éste se nutre de las denuncias



presentadas ante las agencias del Ministerio Pú-blico, tanto del fuero federal como del común.

El registro, sin embargo, no da cuenta de la totalidad de desapariciones que ocurren en te-rritorio mexicano: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; excluye los innumerables casos que carecen de denuncia formal ante la autoridad; y, respecto de los hechos que cons-tan en el fuero federal, sólo contempla las ave-riguaciones previas iniciadas a partir de enero de 2014.

A junio del año en curso, constan en la base oficial 26 mil 29 personas reportadas como desaparecidas. Ellas, las mujeres, representan el 28 por ciento de los casos.

“Toda aquella que, con base en informa-ción fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desapa-recida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto

A junio de 2015, el Secretariado contabilizó 26 mil 29 personas reportadas como desaparecidas; 28 por ciento son mujeres

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armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situa-ción que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”, así defi ne el Es-tado mexicano a la persona desaparecida.

Tamaulipas y Estado de México, los focos rojos

En el tema de la desaparición de mujeres y ni-ñas en el país, Tamaulipas y el Estado de México, en este orden, se erigen como los focos rojos. En la primera entidad tuvieron lugar 1 mil 185 de los casos que constan en las averiguaciones previas del fuero federal y del común; en la segunda, 1 mil 23.

Es así que Tamaulipas y el Estado de México, juntos, concentran el 31 por ciento del total de casos de desaparición de mujeres y niñas denun-ciados a nivel nacional.

Baja California, Nuevo León y Coahuila –en-tidades que como Tamaulipas se ubican al Norte del país– son las siguientes en la lista de mayor incidencia, con 580, 551 y 414 casos, respectiva-mente. Enseguida están, en orden de prelación, Guanajuato, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal y Chihuahua.

Del análisis particular para Tamaulipas es posible identifi car los municipios que registran el mayor número de desapariciones de mujeres.

Tamaulipas y el Estado de México, juntos,

concentran el 31 por ciento del total de

casos de desaparición de mujeres y niñas

denunciados en el país



Se trata de los más poblados, entre ellos la capi-tal del estado: Matamoros, con 266. Además, en Reynosa, 234 casos; en Nuevo Laredo, 184; en Ciudad Victoria, 125; y en Tampico, 99. Es-tas cinco jurisdicciones suman 908 casos, lo que representa el 77 por ciento del total de los hechos de desaparición de mujeres acontecidos en el te-rritorio gobernado por Egidio Torre Cantú.

El fenómeno también se recrudece en algunos de los municipios más poblados del Estado de México. Los cifras más alarmantes corresponden a Toluca de Lerdo, su capital; a Nezahualcóyotl y a Ecatepec de Morelos. Estos tres municipios su-man 319 casos (135, 109 y 75, respectivamente), lo que equivale al 31 por ciento de total de desapa-riciones de mujeres que registra la entidad.

El 49 por ciento de las desaparecidas en Ta-maulipas son adultas de entre 18 y 59 años; las menores de edad representan, en tanto, el 22 por ciento del total. Esta situación se revierte para el Estado de México, en donde el 54 por ciento son menores y el 44 por ciento, adultas.

Las desapariciones, “dehipótesis a confirmación”

“En 2010, el tema de las desapariciones de mujeres era hipótesis. Hoy es confirmación…”. Así se expresó María de la Luz Estrada Men-doza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, luego de conocer el fallo del Sistema Nacional para Prevenir, Aten-der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –integrado por los titulares de 10 de-pendencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas–, que en su sesión del 28 de julio de 2015 resolvió decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de México.

Con ello, el gobierno mexicano reconoció, al fin –luego de una batalla que se prolongó por casi 5 años y que escaló hasta los tribunales del Poder Judicial–, la existencia en el Estado de México de un incremento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos público y

privado que, en un significativo número de casos, ha culminado en feminicidios y otras formas de violencia.

Dicho reconocimiento vendría acompañado del destape de la estadística oficial, aquella que hasta entonces había permanecido oculta. A pe-tición del grupo interinstitucional y multidiscipli-nario que se conformó para atender la solicitud de la AVG en cuestión, el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, reportó que de 2005 a 2014, 4 mil 281 mujeres desaparecieron en la entidad, en su mayoría ni-ñas de entre 15 y 17 años de edad. De éstas, 2 mil 272 fueron localizadas: 2 mil 632 vivas y 95 muertas.

Con estos elementos, el grupo interinstitucio-nal y multidisciplinario (integrado por la Procu-raduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-



ción) confirmó la hipótesis, a decir: la existencia de “un problema grave de desapariciones de mu-jeres y, en particular, de niñas y adolescentes en el Estado de México que se acentúa especialmente en el municipio de Ecatepec”.

En consecuencia, el grupo recomendó operar todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, así como para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables de los hechos.

Los integrantes del grupo enfatizaron, asimis-mo, en la necesidad de revisar exhaustivamente los casos de desaparición de mujeres con el fin de identificar la probable negligencia de los servido-res públicos encargados de la investigación y, en su caso, de iniciar los procedimientos administra-tivos y/o penales correspondientes.

Y es que, según advirtió, algunos familiares de mujeres desaparecidas mencionaron que no

hay sentencias ni reparación de daño, además de que las autoridades de procuración de justicia no toman con seriedad sus casos e insinúan reitera-damente que las víctimas se marcharon por su propio pie, lo que genera que tengan que pasar varias horas o días antes de que puedan presen-tar la denuncia por desaparición o, incluso, que las autoridades les soliciten dinero para iniciar o continuar la investigación.

Estado de México, la guerra de cifras oficiales

A través de los mecanismos de transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que entre 2011 y 2012 habían desaparecido en la entidad 1 mil 258 mu-jeres. Sin embargo, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas constan, para el mismo periodo, 132 casos. Una cifra menor.

Posteriormente, las autoridades mexiquenses reportaron al grupo interinstitucional y multidis-ciplinario que se conformó para atender la soli-citud de AVG en la entidad, que de los 4 mil 281 casos de desaparición de mujeres ocurridos entre 2005 y 2014 se logró la localización en 2 mil 727, con lo que quedaron pendientes de resolución 1 mil 554 casos. En contraste, el Registro Nacional revela la existencia de 798 casos vigentes que da-tan del mismo periodo. Un número, igualmente, menor.

Lo anterior evidencia la disparidad que existe entre las cifras contenidas en las bases de datos de diversas fuentes oficiales y, con ello, la perti-nencia de que el Estado mexicano cuente con una estadística fidedigna.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. A través de Víctor Suberza, subdirector de Difusión de la PGR, la fiscal rechazó la petición bajo el argu-mento de que el gobierno mexicano carece de datos precisos en la materia.

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INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL

OPERACIÓNORIÓNRECUPERAR CUERPOS Y VERDAD


INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL

Madres, esposas, hijas, hermanas, Mujeres

Caminando por la Verdad, consiguen en Colombia que el Estado inicie la

búsqueda de los cuerpos de decenas de personas.

Hace 13 años, la comunidad había sido entregada a paramilitares por el

gobierno de Álvaro Uribe

Medellín, Colombia. En el próximo octubre se cumplirán 13 años de la ejecución de la Operación Orión, im-

pulsada por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en una de las zonas más humil-des de Medellín: La Comuna 13. Escudado en una supuesta “pacificación” de la zona, Uribe desplegó entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 más de 1 mil efectivos policiales y militares en un operativo que contó con la colaboración y la complicidad de las estructuras paramilitares de la zona. Aquel operativo mostró las bases de la posterior política “de seguridad democrática” de su gobierno.

Durante el mismo, estructuras paramilitares, de la mano de militares y policías, asesinaron a población inocente y asentaron las bases para que el control de la zona fuera de la mano de los cabecillas de estas estructuras paramilitares, im-poniendo una ley del silencio.

JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ/ESPECIAL

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Tras la Operación Orión, más de 100 personas serían sacadas de sus casas o secuestradas en la ca-lle a plena luz del día por los nuevos dueños de la zona, amparados por la impunidad y la complici-dad gubernamental.

Trece años después, gracias a la movilización de las familias afectadas e inmersas en un comple-jo proceso de paz, la alcaldía de Medellín y la Fis-calía han iniciado la búsqueda de cuerpos en una zona montañosa conocida como La Escombrera, donde, según han reconocido algunos exparamili-tares, estarían enterrados los cuerpos de cerca de 1 centenar de personas secuestradas en la comuna 13. Un proceso doloroso, pero que abre la esperan-za a un nuevo tiempo de búsqueda de justicia, de respuestas y de memoria.

Situada al Occidente de la ciudad y en plena ladera de la montaña, la Comuna 13 es una de las zonas más humildes del municipio de Mede-llín. Su condición geográfi ca estratégica hizo que

hace décadas este lugar se convirtiera en espacio de llegada de población desplazada procedente de Urabá, sobre todo a partir de la década de 1980. La ausencia de una planifi cación estratégica glo-bal y de políticas de gobierno efectivas para dar respuesta a esta nueva realidad obligó a los nuevos pobladores a organizarse, contando en la zona con presencia de la guerrilla, así como de los conocidos Comandos Armados del Pueblo (CAP).

En poco más de 2 décadas, la Comuna 13 San Javier se consolidó por su condición de corredor si-tuado en plena montaña como espacio estratégico para el tráfi co de drogas y de armas, lo que derivó, ya a fi nales de la década de 1990, en el desembarco de estructuras paramilitares para lograr el control de la zona y la imposición de un régimen del te-rror. Para entonces, la Comuna 13 albergaba entre sus 22 barrios a más de 200 mil personas, muchas de ellas asentadas en construcciones ilegales y en unas condiciones verdaderamente lamentables. La complejidad del entorno, la ausencia de respaldo gubernamental y la carencia de políticas educati-vas y sociales para paliar los efectos de este contex-to a mediano y largo plazo, hizo que en los años siguientes se incrementaran los problemas ante la llegada de estructuras delictivas paramilitares.

El ascenso de Uribe y la Operación Orión

En este contexto, Álvaro Uribe, de origen an-tioqueño, lograba el poder como máximo manda-tario de la República en 2002. Uribe forjaría en la supuesta búsqueda de seguridad nacional el eje

En poco más de 2 décadas, la Comuna 13 San Javier

se consolidó como espacio estratégico para el tráfi co de drogas y armas. En 1990

llegaron los paramilitaresllegaron los paramilitares

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Según exparamilitares, en La Escombrera estarían enterrados los cuerpos de cerca de un centenar de secuestrados en la comuna 13



de sus actuaciones políticas y sería precisamente la Comuna 13 de Medellín el inicio de su estrategia político-militar.

A pesar de que pronto se cumplirán 13 años desde la explosión de la Operación Orión, los ve-cinos de San Javier recuerdan –como si fuera ayer– los silbidos de las balas desde los helicópteros y la violencia indiscriminada vivida desde entonces, impulsando un régimen de terror e impunidad amparado y respaldado por el propio presidente de la República. Aunque previamente ya se habían implantado actuaciones como la Operación Ma-riscal, el 19 de octubre de 2002 se inició un opera-tivo que contó con la participación de más de 1 mil integrantes provenientes de la Cuarta Brigada del Ejército (liderados por los generales Mario Mon-toya y Leonardo Gallego), las Fuerzas de Desplie-gue Rápido (Fudra), la Policía Metropolitana y de

Antioquia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), todo ello bajo la complicidad y la actuación conjunta de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, liderados por Diego Fernández Murillo, Don Berna. Durante 4 días la Comuna 13 fue invadida por tanquetas y helicóp-teros, con lo que se impulsó una cacería indiscrimi-nada de personas, se pisotearon derechos humanos fundamentales y se impuso un régimen de terror amparado por el propio Estado.

El Operativo se saldaría con 17 civiles asesina-dos, cinco de ellos menores de edad, cuatro milita-res muertos y 4 mil 500 detenidos.

Tras Orión, los paramilitares del Bloque Caci-que Nutibara se harían con el control de la zona, e impondrían una dictadura basada en el miedo, el silencio y una total impunidad respaldada por los poderes políticos y el propio gobierno de Uribe.

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En octubre de 2002, durante 4 días la Comuna 13 fue invadida por tanquetas y helicópteros. Entonces se impulsó una cacería indiscriminada de personas y se impuso un régimen de terror amparado por el Estado colombiano



Los meses que sucedieron al operativo se salda-ron con secuestros y asesinatos indiscriminados de vecinos y vecinas de la Comuna 13. Según datos aportados por Adriana Arboleda, directora de la organización no gubernamental Corporación Ju-rídica y Libertad, fueron asesinadas por estas es-tructuras paramilitares “71 personas y secuestradas otras 104”.

La impunidad sería tal, que muchos de los se-cuestrados fueron abordados en plena calle o en sus casas, que serían registradas por paramilitares encapuchados llevándose a la fuerza a decenas de personas de las que no se ha vuelto a saber nada. Tal y como señala Jorge Mejía, consejero de la Alcaldía de Medellín, la Operación Orión “no consiguió que el control de la zona lo asumiera el Estado, sino que otros actores, como los paramili-tares, tomaron el poder e hicieron uso con mayor fuerza de modalidades delictivas como la desapa-rición forzada. Buena parte de los desaparecidos en la Comuna 13 tiene que ver con la acción de los paramilitares. Era y es vox populi la connivencia en la Operación Orión entre poderes del Estado y los paramilitares. Incluso el fiscal general de la nación ha reiterado recientemente que se están investigando a los servidores públicos que parti-ciparon en el operativo y que se aliaron con los paramilitares; algunos de los militares están siendo

investigados también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Las mujeres, base de la exigencia de memoria y justicia

Durante estos 13 años de lucha, los familiares de los secuestrados o asesinados, fundamental-mente abuelas, madres y hermanas de las víctimas han seguido, pese al miedo y las amenazas, exi-giendo justicia y luchando para que la memoria perdure. Aún hoy, 13 años después de la Opera-ción Orión, el terror sigue presente en las calles de la Comuna 13 y –cómo no– en las familias afec-tadas por el secuestro o el asesinato de unos de

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Luz Elena Galeano, portavoz de Mujeres Caminando por la Verdad y cuyo marido fue secuestrado en 2008: “La Operación Orión fue lo peor que le pudo pasar a la Comuna 13”

En los meses posteriores a la Operación Orión fueron asesinadas 71 personas y 104 secuestradas por paramilitares



sus integrantes. El dolor ha unido en estos años a decenas de mujeres que han impulsado y fortale-cido un movimiento de sororidad como motor de sus exigencias de justicia y memoria bajo el nom-bre de Mujeres Caminando por la Verdad. Tras años de lucha y movilizaciones han conseguido que sus reivindicaciones, al menos en parte, sean escucha-das por los poderes gubernamentales, impulsando el proyecto Escarbando la Verdad, Desenterran-do la Justicia, para la búsqueda de cuerpos en una zona montañosa conocida como La Escombrera en la que, según los testimonios de paramilitares desmovilizados, habrían sido dejados los cuerpos de un centenar de personas secuestradas en la Co-muna 13.

Desde la alcaldía de Medellín, impulsora del proyecto, Jorge Mejía, consejero para Conviven-cia, la Reconciliación y la Vida, reconocen que

el paso dado para la búsqueda de los cuerpos de los secuestrados es “un comienzo para poder pa-gar una deuda que durante 13 años ha tenido el Estado con estas familias que han reclamado su intervención para dar cuenta de sus desaparecidos. Hasta ahora la autoridad había sido indolente ante esa demanda y es nuestra obligación atender ese clamor y buscar los desaparecidos, más aún en un momento propicio como el actual que exige que situaciones como éstas deban ser atendidas si que-remos construir la paz y la reconciliación”.

Cada mañana desde el pasado 27 de julio, fa-miliares de desaparecidos ascienden por el angos-to camino que conduce hasta La Escombrera, un espacio pegado a El Salado de difícil acceso, que ocupa en su totalidad entre 70 y 100 hectáreas y en el que se han marcado ya los cuatro puntos en los que se van a llevar a cabo las labores de búsqueda y exhumaciones de cuerpos.

Antropólogos, custodiados por integrantes de las Fuerzas de Seguridad, trabajan ya para acon-dicionar la zona en la que estarían enterrados los cuerpos de un centenar de secuestrados, aunque la cifra podría ser mucho más amplia, ya que este espacio fue empleado durante años por grupos de-lictivos y paramilitares como “fosa común” donde abandonar los cuerpos de personas secuestradas.

Juan Camilo Arango, abogado de la Corpo-

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Rosalba Bedoya, abuela de Juan Camilo Marulanda, secuestrado en mayo de 2003

En los meses posteriores a la Operación Orión fueron asesinadas 71 personas y 104 secuestradas por paramilitares



ración Jurídica Libertad que brinda apoyo legal a las familias afectadas, señala que el paso dado es “muy importante, pero es sólo un primer paso. La Escombrera es un tema escabroso, porque es una fosa común a cielo abierto, pero hay otras zo-nas en las que la Fiscalía debe centrar su mirada, porque hay más gente enterrada en otros sectores, sobre todo en la periferia. Si hay voluntad política se puede hacer un buen trabajo para esclarecer los hechos. Éste es un primer paso que ojalá arroje re-sultados, marque un hito para generar una política de esclarecimiento de la verdad y pueda ser buen camino para el proceso de paz que vivimos”.

Pese a las amenazas, las mujeres siguen tenaces en su búsqueda y en la exigencia de justicia y suben a diario a esta montaña desde la que se divisa par-te de la Comuna 13. Luz Elena Galeano, portavoz de Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo ma-

rido fue secuestrado en 2008, recuerda que “este logro supone una gota de esperanza en un mar de impunidad. La Operación Orión fue lo peor que le pudo pasar a la Comuna 13, atentando contra toda una población civil que nada tenía que ver con el contexto de la guerra, produciéndose mu-chas desapariciones forzadas, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, reclutamiento de niños y jóve-nes… siendo quizá los agentes estatales los máxi-mos responsables de esta barbarie, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe o los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego. Este proceso es un primer paso, pero exigimos también justicia y que se persiga a los culpables. Vivimos todo esto con emoción y ansiedad, pero vamos a estar presentes durante todo este proceso”, que busca escarbar en la verdad, desenterrar la justicia y tejer la memoria en Colombia.

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Cada mañana desde el pasado 27 de julio, familiares de desaparecidos visitan La Escombrera, donde se han marcado ya los cuatro puntos en los que se van a llevar a cabo las labores de búsqueda y exhumaciones de cuerpos


INVESTIGACIÓNMEDIOS

El martes 8 de septiembre, el domicilio de las periodistas Elva Mendoza (reportera de Contralínea) y Flor Goche (colaborado-

ra de Contralínea y reportera de Desinformémonos) fue allanado.

Sujetos desconocidos ingresaron en el trans-curso del día sin que se haya determinado aún la hora. No se encontraba nadie en el domicilio. Los

desconocidos ingresaron sin forzar las chapas de la puerta.

Del departamento, ubicado en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue sustraído equipo de cómputo y documenta-ción periodística. Objetos de valor (como pantallas, multifuncionales y dinero) permanecieron intactos.

Junto con todo el equipo de la re-vista Contralínea, ambas periodistas cuentan con medidas cautelares dic-tadas por la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos. En julio de 2014, ingresaron al Mecanismo de Protección de Periodistas y De-fensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La abogada Karla Michel Sa-las, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, dará se-guimiento al caso.

ALLANANDOMICILIO DEREPORTERAS

REDACCIÓN

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DE CONTRALÍNEA

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La computadora y los documentos periodísticos fueron sustraídos durante el allanamiento

Los agresores dejaron intactos objetos de valor, como la pantalla de tv

SOCIAL


ANÁLISIS

EN QUINTANA ROO

ESCAMOTEOS A PERIODISTAS

ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PERIODISTA; COFUNDADOR DE LA CASA DE LOS

DERECHOS DE PERIODISTAS

Periodistas de Quintana Roo logran completar un marco jurídico en su estado para protegerse con la ley en caso de amenazas y

castigar a los agresores. En el trayecto, no sólo debieron sortear a políticos sino también a colegas y activistas más preocupados

por el cálculo político que por el ejercicio periodístico

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SOCIALANÁLISIS



ANÁLISISSOCIAL

Éste es un relato como debe haber muchos en México. No es de sufri-mientos físicos ni estruendos socia-

les, pero sí de esfuerzos colectivos de pe-riodistas, como ocurre en todo el país, por cambiar lo negativo de su entorno y que, en este caso, a pesar de haber sido escamotea-dos por legisladores y por otros periodistas, lograron el mejor marco jurídico en distin-tas entidades para ejercer el periodismo.

Por mi labor como coordinador del Pro-grama de Protección de la asociación civil Casa de los Derechos de Periodistas, conoz-co bien ese proceso. Éste es mi testimonio. Expongo primero un resumen:

Sucedió en Quintana Roo. Comenzó en 2011, cuando unas cuantas personas dedicadas al periodismo iniciaron gestiones por un marco legal de protección para ejer-cer la profesión. Convencieron a otros cole-gas y entre todos lograron que para julio de 2015 ya hubiera penalización para quienes agredan a periodistas. Además todo indica-ba que lograrían la aprobación de un pro-yecto de ley de protección integral. Pero en la recta fi nal algunos legisladores les escon-dieron acuerdos y además tuvieron que re-sistir agresiones de una organización inter-nacional y de otros periodistas que, por el contexto político de su estado, querían im-pedir que se aprobara la ley. Sin embargo, lograron completar el marco jurídico, con una ley para protegerse en caso de amena-zas, castigar a los agresores a través del Có-digo Penal del estado y promover mejores prácticas profesionales con la instauración de un premio estatal. No es poco. Ningún otro estado tiene las tres normas vigentes.

Los periodistasactores

Entre los periodistas veteranos del esta-do que destacan por ser dinámicos en favor

de su gremio está Graciela Machuca Martí-nez, directora de la revista impresa y digital Maya sin Fronteras, corresponsal de Ricardo Rocha para Radio Fórmula y colaboradora en radio y otros medios. Desde hace más de 20 años, Graciela es parte de una red nacional de mujeres periodistas, impulsada por su colega Sara Lovera. Por su activis-mo como periodista feminista la reconocen como interlocutora sus colegas y también políticos de los tres poderes de gobierno y de partidos. Como ella, hay colegas en to-das las entidades.

Conocí a Graciela en diciembre de 2010, en Cancún, para hacerle una evaluación de riesgo por amenazas. Desde entonces ella se propuso conjuntar esfuerzos con sus cole-gas de Quintana Roo para su organización, para su defensa y por un marco legal favora-ble. A ella la buscan sus pares para que sea mediadora, o apoya sin petición a quienes padecen amenazas o confl ictos. Lo ha he-cho para la revista Luces del Siglo, para Pedro Canché y algunos otros corresponsales.

Los trabajos para mejorar el ambiente para periodistas iniciaron aquí en 2011. Con el grupo aún pequeño, ayudó con pro-tección cautelar a un colega y a dos con protección correctiva. También hubo ges-tiones para cambiar el Código Penal estatal y se inició el proceso para una ley estatal.

Graciela aceptó ser enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) con otros cuatro colegas del estado; antes de eso tam-bién ya habían promovido al menos tres ta-lleres de autoprotección y de actualización. Siguieron empujando hacia la posible ley, su-mando colegas, hablando con legisladores y en otros ámbitos políticos. Trabajo hormiga.

Hace 1 año y meses que periodistas de los municipios de Chetumal y Felipe Carri-llo Puerto comenzaron a reunirse preocupa-dos por agravios y maltratos, tanto por parte de políticos como de patrones. Decidieron crear una asociación civil para defender y

Los periodistas

lograron una ley para

protegerse de amenazas

y castigar a los agresores

a través del Código Penal

SOCIAL


ANÁLISIS

profesionalizar su actividad. Con la media-ción de la CDP, periodistas de los estados de Morelos y San Luis Potosí les facilitaron do-cumentos de los colegios recién formados. A su asociación le llamaron Periodistas del Caribe. La preside el reportero Javier Chá-vez y el vicepresidente es Felipe Hernández.

En mayo de 2015, un grupo de cole-gas de Cancún, también preocupadas por agresiones a varias reporteras, siguió el ejemplo y fundó la Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana Roo. Su presiden-ta es Zuleika Cáceres, reportera y conduc-tora de radio y televisión.

Promotores de ambos organismos pla-ticaron para coordinar acciones conjuntas. Se les unió una asociación activa más enfo-cada a la capacitación, la Asociación de Pe-riodistas Mirada Interactiva, que dirige An-tonio Cabello, formado profesionalmente en la Universidad Autónoma Metropolita-na, entre otros, por René Avilés Fabila.

El proceso de la leyEn diciembre de 2011 Graciela, Ray-

mundo Martín Gómez (también reportero veterano) y otros iniciaron un proceso en el Congreso del estado para crear una ley de protección al periodista y el ejercicio periodístico. Entregaron su primera pro-puesta. Se comenzó el intercambio con los asesores del Congreso y del Ejecutivo local. Para agosto de 2012 se entregó un mejor proyecto basado en dos leyes similares que entonces existían en Chiapas (septiembre de 2007) e Hidalgo (julio de 2012).

Ellas y ellos sabían de su contexto. Para fi nes de 2012 el entramado ju-rídico para protección a periodistas en México era escaso, a pesar de que siguió creciendo el ciclo de agresiones al perio-dismo. Ya se contaba con una ley federal de protección y dos reformas al Código Penal Federal para proteger el secreto

profesional y penalizar las agresiones.En los estados, aparte de las dos leyes re-

feridas de Chiapas e Hidalgo, existían otras cinco: la Ley de Fomento al Ejercicio del Periodismo, en Guerrero (mayo de 2002); una similar y anterior en Baja California; también se registraban tres de protección al secreto profesional en el Distrito Federal (junio 2006), en Sonora (abril 2011) y Chi-huahua (junio de 2011). En Quintana Roo siguieron trabajando.

Para junio de 2015, estos actores y otros acordaron varias acciones conjuntas y tra-bajaron en ellas. En su balance tenían a fa-vor que Quintana Roo fue la segunda en-tidad donde el Código Penal del estado se alineó con el Código Penal Federal (6 de septiembre de 2013). La primera reforma fue en el Estado de México, en 2011, y le siguió Michoacán en 2014. Tres nada más. Pocos periodistas lo saben.

El artículo 199-bis del Código Penal de Quintana Roo es el mejor diseñado porque protege también el secreto profesional y pe-naliza hasta con cárcel a “quien por sí o por interpósita persona obstaculice, impida, o por cualquier medio reprima la publica-ción, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito o impreso […] [o en uso] de vio-lencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero ejerza la actividad de periodista”.

Eso, para las y los colegas sureños era un avance. Pero faltaba la ley de protección. El proyecto inicial de 2011 fue transformán-dose en la medida en la que aparecían leyes en otras entidades en el mismo sentido, por el intercambio de opiniones entre colegas de Carrillo Puerto, Chetumal y Quintana Roo y con los asesores del Congreso y del Ejecutivo local. La CDP participó y tiene las cinco versiones que derivaron de la ini-cial. Esperaban la oportunidad para pre-sentarla formalmente.

El artículo 199-bis del

Código Penal de Quintana Roo penaliza

hasta con cárcel a quien limite

o reprima la libertad de los

periodistas


ANÁLISISSOCIAL

Ambiente envenenado y aprobación

En el contexto de los últimos meses, en Quintana Roo hubo hechos que fueron no-ticias nacionales: las confrontaciones de la revista Luces del Siglo con el gobierno del esta-do o el encarcelamiento injusto del activista y bloguero Pedro Canché, que trascendió por la adopción y difusión internacional que hizo de su caso la organización Artícu-lo 19 como “periodista maya agredido”. Más soterrados y añejos han sido los agra-vios y amenazas contra otros periodistas hombres y mujeres, tanto de particulares, la delincuencia organizada, gobernantes, organizaciones sociales así como por parte de dirigentes de partidos políticos. Además se registran no pocos abusos e injusticias de empresarios de los medios contra sus perio-distas empleados. Estos climas no son muy

diferentes en otras entidades.En ese contexto las y los periodistas de

las tres organizaciones vieron una coyuntu-ra favorable para empujar su proyecto de ley, resolvieron convocar a un acto abierto en Cancún e invitar a colegas de otras en-tidades, a los medios de prensa y a otras personalidades. Al gobernador le convenía cambiar la atmósfera en su contra por los con-flictos. Con su apoyo se invitó al Congreso del estado y al presidente municipal. Sus objetivos formales fueron: presentar públi-camente a las tres organizaciones, entregar su versión más acabada del proyecto de ley de protección integral para personas defen-soras de los derechos humanos y periodistas, proponer a los dos poderes el proyecto de ley y la restauración del premio estatal de perio-dismo que ahora se llamaría Ernestina Mac Donald, la reportera decana en la entidad.

Con ese diseño, el acto se realizó el miércoles 24 de junio de 2015. El salón

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para unas 200 personas se llenó; hubo presencia de dirigentes de organismos no gubernamentales, pero mayoritariamente periodistas. Sorprendieron las integrantes de la asociación de mujeres, todas vestidas de blanco con pañoleta azul caribe y muchas más que las fundadoras originales; otra presencia trascendente lograda por los pe-riodistas promotores fue de Yoisi Moguel, de Yucatán; Sara Estela Tamés, de Cam-peche; Candelaria Rodríguez, de Chiapas; Patricia Hernández Goñi, de Tabasco; Soledad Jarquín, de Oaxaca; Dora Villalo-bos, de Chihuahua; Judith Calderón Gómez, del Distrito Federal, presidenta de la CDP. Todas destacadas en sus entidades no sólo como periodistas, sino también como de-fensoras de la equidad de género. También estuvimos Daniel Robles, periodista consul-tor de derechos humanos, y este reportero, quien ha brindado asesoría gratuita a Gra-ciela Machuca y a otros periodistas durante casi 4 años, algunos por agravios, pero es-pecialmente para su proyecto de ley.

En general, el acto alcanzó los objetivos:

el gobernador recibió el proyecto, informó que con acuerdo del Congreso se harían dos foros para que otros periodistas y más personas interesadas lo discutieran y tomó protesta a las integrantes de la asociación de mujeres periodistas. También hablaron a la concurrencia el alcalde Paul Carrillo y los representantes de los organismos. Graciela no habló y se sentó abajo, con sus colegas.

Las repercusiones en medios de prensa locales, en general, le dieron la importancia prevista al acto y al sujeto principal, es de-cir, a las y los periodistas. A mi juicio, la me-jor nota en prensa fue de la colega corres-ponsal de El Universal Adriana Varillas, que en poco espacio informó sin filias ni fobias ni comentarios personales, ubicó bien el acto, sus significados, su contexto y al protagonis-ta de la acción: “un trío de organizaciones de periodistas entregó al gobernador del estado su propuesta de ley…”

Y entonces vino el primer escamoteo a los periodistas promotores, a las virtudes que podría alcanzar la ley, todo para golpear mediáticamente al gobernador. Por ejem-plo, en contraste con la nota de El Universal, aunque reprodujo el boletín de gobierno, el periódico digital Noticaribe dio como entra-da de la nota informativa lo siguiente:

“Arropado por tres asociaciones de co-municadores, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, dio este miércoles un paso más para sacar adelante una polémica iniciativa de ley para, supuestamente, ga-rantizar la protección de periodistas en el estado, donde precisamente bajo su admi-nistración se han registrado varios sonados casos de amenazas, persecución y hostiga-miento de reporteros críticos y medios in-dependientes en el que están involucrados él mismo, así como varios de sus colabora-dores.”

Medios y periodistas opositores no pu-blicaron los contenidos que propusieron sus colegas promotores de la ley. Comenzaron

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a combatir el proyecto que difundió el Con-greso y que no era el que habían acordado diputados, el Ejecutivo y los periodistas pro-motores. Tenía varios y severos cambios.

Eso mismo sirvió para que en el mismo sentido descalifi cador del proyecto de ley, dos sitios de periodistas blogueros editoriali-zaran también sus textos y señalaran a los periodistas promotores como “paleros”, “entregados”, “personeros”. La revista Lu-ces del Siglo (a la que la CDP ha defendido en varias ocasiones al igual que lo ha he-cho Graciela) acusó, en falso, a la periodista promotora principal de la ley de usufruc-tuar terrenos cedidos en comodato por el gobierno del estado. Graciela le respondió con información cierta, pero sus antes cer-canos colegas no le publicaron la réplica. Ambiente envenenado por venganzas políti-cas.

La organización internacional Artículo 19, aprovechando la atmósfera del confl icto de algunos medios y periodistas contra el gobernador, no intentó saber la opinión de los periodistas promotores de la ley e hizo una valoración del proyecto del Congreso para acusar que era una farsa, entre otras razones, porque el proyecto decía que la li-bertad de expresión era una prerrogativa y no un derecho consagrado, que se quería controlar a periodistas al exponer que sus organizaciones debían registrarse, que se limitaba el acceso a los actos públicos por-que se pedía un registro previo y otras co-sas. Demandó más tiempo y más foros para que los periodistas independientes y otros sectores pudieran opinar sobre el proyecto.

En los primeros dos foros convocados por el Congreso participaron los periodistas promotores y señalaron que a su proyecto les habían escamoteado varias precisiones y propuestas. Ante las quejas, el Congreso amplió el tiempo de consulta y se hicieron otros dos foros, como lo pedían Artículo 19 y los promotores. Los periodistas más enco-

nados no asistieron a ninguno de los cua-tro foros, no proponían alternativas pero sí continuaron con sus señalamientos. A ellos se les sumaron aliados políticos en la Ciu-dad de México y un portal informativo que consiguió que otros, también sin equilibrio informativo o consultas con los periodistas promotores, replicaran textualmente las críticas e interpretaciones de Artículo 19. Ése fue el otro escamoteo.

En ese ambiente, sin embargo, la ley se aprobó el 3 de agosto de 2015. Y, sin pu-blicidad, el Ejecutivo local la publicó en el periódico ofi cial al día siguiente con cam-bios y agregados logrados por las críticas de los periodistas confrontados y los perio-distas promotores. Pero faltaron varias pro-puestas que estos últimos habían hecho en su proyecto original y en los cuatro foros, como agregar otros derechos para ejercer el periodismo, implantar bases para políti-cas públicas, dar transparencia y cauce a un porcentaje del gasto público en publicidad y eliminar otras restricciones.

El lugar de la leyUn mes después de aquel episodio se

puede valorar el lugar que ocupa la ley en Quintana Roo, sus contenidos y alcances. Un comparativo entre las 55 normas, leyes e iniciativas existentes hasta agosto de 2015 indica que la ley en Quintana Roo no es la primera de su tipo que se aprueba, fue la 19 de las 20 similares que existen en otros esta-dos, pero tiene ventajas singulares.

Con excepción de Baja California Sur y Tamaulipas, en todo el país se registra una tendencia consolidada por la creación de leyes estatales de protección al ejercicio del periodismo. Un dato relevante es que bue-na parte de las 20 aprobadas o promulgadas han sido por el impulso de periodistas, igual que en la mayoría de las 29 iniciativas que esperan ser dictaminadas o descongeladas.

Artículo 19 acusó que el

proyecto de ley era una farsa, porque decía

que la libertad de expresión

era una prerrogativa y no un derecho

SOCIAL


ANÁLISIS

Como parte de esa tendencia, las pro-mulgaciones más recientes fueron en el Dis-trito Federal y Quintana Roo, el 10 y el 4 de agosto, respectivamente. Al comparar sus alcances y contenidos puede deducirse que ambas superan a casi todas las anteriores, entre otras cosas porque establecen, por vez primera en una legislación mexicana, que el periodismo es una actividad de interés público que debe protegerse, auspiciarse y tutelarse.

Otro rasgo común de estas dos leyes es que fueron diseñadas y promovidas inicial-mente por personas de la sociedad civil. Por eso, la ley en el Distrito Federal superó en forma y fondo a la ley federal para prote-ger cautelarmente a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; por eso la de Quintana Roo, que no sólo es de protección cautelar, sino integral –porque también reconoce derechos e instala el fo-mento–, en varios aspectos superó en eso a las dos leyes similares de Hidalgo y San Luis Potosí.

La ley de Quintana Roo es la segunda que crea un fondo específi co para medidas de protección (la primera es la del Distrito Federal) y la primera que añade que dicho fondo también es para medidas sociales y no sólo para quienes lleguen de otras enti-dades. Es la única también que reitera tres principios fundamentales en derechos hu-manos y expone 16 criterios transversales para su aplicación, lo que hace más difícil la arbitrariedad. Esos criterios son: pro per-sona, no restricción de derechos, buena fe, idoneidad, coordinación, concurrencia, efi -cacia, voluntariedad, exclusividad, comple-mentariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confi dencia-lidad, igualdad de trato (no discriminación y enfoque diferenciado) y respeto.

Y es también una de las tres que reco-noce el mayor número de derechos para ejercer el periodismo: protección, secreto

profesional, acceso a la información, acceso a los actos públicos y libertad de concien-cia. Similar a la de San Luis Potosí, pero con cuatro derechos menos de los que reco-noce la de Hidalgo.

Ponderación fi nalAunque inconformes, los periodistas

promotores saben que lograron completar un marco jurídico en su estado para prote-gerse con la ley en caso de amenazas; casti-gar a los agresores con el Código Penal del estado y promover mejores prácticas pro-fesionales con la reinstauración del premio estatal. No es poco. Ningún otro estado tie-ne las tres normas vigentes. Eso es sembrar para el futuro. Y lo han comentado: “Ve-laremos porque se apliquen y esperaremos mejores momentos para que se mejoren”, resumió Graciela poco después de aquella sesión del Congreso.

Finalizo el relato resaltando actitudes de los periodistas promotores porque pueden servir a colegas de otras entidades. Mostra-ron que ya se hizo colectiva la decisión de incorporarse a organizaciones profesionaliza-doras (ahora son tres en la entidad) y volun-tad para que éstas actúen juntas en lo que coinciden: romper el aislamiento al vincu-larse con periodistas de otras entidades y con otras organizaciones solidarias.

Las y los dirigentes de las organizacio-nes promotoras eligieron la táctica de acu-mular fortalezas como interlocutores para avanzar en otros objetivos: no se confor-maron con la desunión que facilita agre-siones a veces hasta de los propios colegas. Su vía rebasa al individualismo crónico y a la práctica de las quejas sistemáticas que, aunque justas, poco se atienden, y que ade-más atizan la confrontación que normal-mente ganan quienes detentan el poder económico o político o se imponen con violencia.

El periodismo es una actividad

de interés público que

debe protegerse, auspiciarse y

tutelarse: leyes del Distrito

Federal y Quintana Roo


CONTRALUZESPECIALES

CHERÁNCOMBATIÓ AL CRIMENORGANIZADO Y GANÓSU AUTONOMÍA

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: JOSÉ LUIS SANTILLÁN


CONTRALUZ ESPECIALES

CONTRALUZ


ESPECIALES

Cherán, Michoacán. El pasado 1 de septiembre tomó protesta el Segundo Concejo Mayor de este municipio purépecha, elegido el 3 de mayo a través de su sistema

normativo propio, en las Fogatas de cada uno de los cuatro barrios de la comunidad, donde fueron electos los nuevos keris (autoridades) en asamblea, a mano alzada.

El Informe de gobierno del Primer Concejo Mayor fue rendi-do en cada barrio en las diferentes Fogatas. Ahí no sólo los keris dieron la información del destino de los recursos municipales: también recibieron críticas y aplausos. En el nuevo Concejo Ma-yor se abrirán dos concejos más: el de jóvenes y el de mujeres, debido a que los jóvenes son la mayoría de los 20 mil habitantes del municipio y también en ellos se ha depositado la confianza de los medios de comunicación de la comunidad: Radio Fogata y Tv Cherán.

Su último presidente municipal elegido por el sistema de partidos políticos fue Roberto Chapina Bautista, el Negro, quien fue señalado de estar vinculado al cártel de Los Caballeros Tem-plarios y quien actualmente ocupa el cargo de director de infor-mación y difusión del estado de Michoacán. El final de su admi-nistración fue marcado por el movimiento de resistencia y lucha por defender el bosque, detonado en abril de 2011 cuando las mujeres de la población decidieron enfrentarse a los grupos criminales que traficaban la madera; de las 27 mil hectáreas del bosque de Cherán; el crimen organizado devastó 20 mil.

Para el 1 de junio de 2011, la decisión ya se había tomado en una gran asamblea de comuneros: no más elecciones por siste-ma de partidos políticos. Iniciaron una batalla legal, dado que el proceso electoral para gobernadores, diputados y presidentes municipales se realizó el 13 de noviembre de ese mismo año. El 9 de septiembre, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEEM) se declaró incompetente para resolver la petición de la asamblea de la comunidad. Alrededor de 2 mil 300 comuneros se manifestaron legalmente inconformes al considerar que se violentaban sus derechos como pueblos indígenas.

Después se acudió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Tolu-ca, Estado de México, donde se argumentó que la respuesta del IEEM no correspondía a lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa claramente que los pueblos originarios tienen derecho a elegir a sus autoridades de conformidad con sus prácticas tra-dicionales.



Los pobladores de Cherán Keri salieron a las calles a bailar y a bendecir a sus nuevas autoridades comunitarias

CONTRALUZESPECIALES


Los concejos operativos que han trabajado desde 2011 son: el Concejo de Administración Local; Concejo de Bienes Comunales; Concejo de los Programas Sociales, Económicos y Culturales; Concejo de Honor y Justicia; Concejo de los Asuntos Civiles; Concejo Coordinador de los Barrios

El proceso de elección y de gobierno está sostenido bajo la organización, primero, de cada Fogata, que es la conjunción de varias calles; posteriormente se pasa a la asamblea de barrio. Existen cuatro barrios en Cherán Keri, desde los cuales participan todos en la gran asamblea de la comunidad



Una de las principales labores del Concejo Mayor ha sido la recuperación de la Madre Tierra y la recomposición del tejido social, especialmente con los niños que vivieron los momentos de guerra de la comunidad contra la delincuencia organizada en 2011

Además de los 12 keris electos que conforman el Segundo Concejo Mayor, se eligen tres por cada barrio. Está el concejo operativo principal o tesorería comunal y seis concejos operativos


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Finalmente, el 2 de noviembre, fue aprobado el derecho de elección de autoridades por usos y costumbres en Cherán, por seis de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF con sede en el Distrito Federal.

Así fue electo, por conteo a mano alzada, el Primer Con-cejo Mayor de Cherán Keri. Los 12 keris han gobernado colec-tivamente el municipio durante 3 años y ahora han pasado el bastón de mando al Segundo Concejo Mayor. La ceremonia fue como en ningún otro municipio. Por voluntad propia, miles de habitantes se congregaron en los cuatro barrios que confor-man parte de su estructura organizativa. Cada concentración realizó una caminata, con tintes de carnaval, donde se bailó, se escuchó a las bandas de viento, participaron los diablos y los tigres y demás animales sagrados del pueblo purépecha.

Fueron tres los momentos que marcaron la toma de pro-testa del Segundo Consejo Mayor de los keris en Cherán. Pri-mero, el discurso oficial de Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional con sede en Toluca del TEPJF, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, la cual abarca los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Un discurso vacío y legaloide.

El segundo fue la ceremonia ritual que encabezó doña Ro-salina, líder espiritual de la comunidad, en la que se le pidió a Tatá Jurhiata –Padre Sol– y Naná Echeri –Madre Tierra– puedan guiar los pasos de los nuevos keris; y sobre todo, se les agrade-ció por la vida misma.

Finalmente, los 12 keris salientes, con un baile, dieron una vuelta al círculo que se formó en medio de la plaza principal, y ahí fueron despedidos con alegría y abrazos por su comunidad. Esto dio paso a las palabras del Concejo Mayor entrante, el cual enfatizó:

“El llamado es a seguir en esta lucha que aun no termina, comuneras y comuneros; el llamado es a no convertirnos en cómplices del sistema de muerte, depredación y saqueo. El ex-horto es a no convertirnos en cómplices de más crímenes de Estado, de lesa humanidad, como los cometidos con los her-manos de Ostula, de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, Apaztingan, etcétera.

“A más de 4 años de emprender el movimiento de resis-tencia y defensa por la vida, ratificamos que el proyecto que nos toca continuar es el mismo de aquel 15 de abril de 2011, que es, y seguirá siendo, por la seguridad, la justicia y la recons-titución de nuestro territorio.”

EX LIBRIS


MISCELÁNEO

I. No hay un investigador, pen-sador y sociólogo-historiador de la talla intelectual de

Immanuel Wallerstein (1930), quien sigue ilustrándonos sobre el capi-talismo y sus ismos, exitosos desde 1450; y que ha rastreado precisa y verazmente en sus cinco tomos titu-lados: El moderno sistema mundial (Siglo XXI). Estadunidense, ha dicho: “Mi biografía intelectual constituye una larga búsqueda de una explicación adecuada a la realidad contempo-ránea que nos permita actuar sobre ella […]. Es a un tiempo intelectual y política, ya que siempre me ha parecido que no podía ir la una sin la otra”. Como todo sistema-mundo, hoy en crisis por la embestida de la globalización y el neoliberalismo económico, Wallerstein fundamenta que el capitalismo (“donde cada capitalista es un rival para todos los demás capitalistas [...] es una con-tradicción fundamental del sistema que está haciéndose muy explosiva”) enfrenta el descontento de las “clases peligrosas” y éstas quieren coad-yuvar al final del capitalismo que disputa lo que deja a su paso el neo-

liberalismo (ver el libro de David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, Akal).

II. Después de Fernand Braudel, muerto físicamen-te pero vivo en sus admira-bles textos: Civilización ma-terial, economía y capitalismo y a manera de prólogo a esos tres tomos: La dinámica del capitalismo, sin duda el neo-yorkino Wallerstein es la tea que nos alumbra mar adentro del ca-pitalismo y sus ismos, que han florecido para reno-varse en las eco-nomías de mercado (libre, intervenido, limitado), pasando por la explotación humana, el intercambio de ganan-cias, crisis, recesiones y depresiones, el consumo y lujo... en el invertir y producir del capital donde participan

23 ENSAYOS SOBRE EL CAPITALISMO HISTÓRICO

ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

Autor: Immanuel Wallerstein Título: Capitalismo históricoy movimientos antisistémicos Editorial: Akal, Cuestiones

de Antagonismo, 2012

empresarios, banqueros, gobiernos y delincuentes, desde Al Capone hasta el Chapo Guzmán (Hans Magnus Enzensberger, La balada de Al Capone:

Y LOS MOVIMIENTOSPOLÍTICOS Y SOCIALES


EX LIBRIS MISCELÁNEO

mafia y capitalismo); Slim y los millona-rios de Forbes, dueños de Wall Street con sus pares en Europa, donde manda Alemania. Su tesina versó so-bre “el macartismo como fenómeno de la cultura política estadunidense”. Y con el texto Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos nos introduce al mundo que domina el capitalismo, el capital, los capitalistas (que están engullendo a Cuba para que vuelva a ser, al menos, el paraíso del turismo mundial).

III. Nos presenta la revuelta-Re-volución de 1968 y su nexo con la caída del Muro de Berlín, que es la caída del comunismo en 1989. El ascenso estadunidense de 1945 a

1990, el antes y el después del capi-talismo estadunidense disputándose el control con Pekín, Berlín y un Nueva York herido de muerte en el Talón de Aquiles de lo que fueron las Torres Gemelas, que inició su pérdida de hegemonía. Son los movimientos en países donde no hallan cómo ser totalmente capitalistas: “zonas su-bordinadas y dependientes más que participantes –dice Braudel–, donde la vida de los hombres evoca a me-nudo el purgatorio, cuando no el infierno”. Reflexiones históricas del sistema-mundo capitalista, con sus crisis de decadencia y globalización, devorándose al centrismo liberal político-económico-social, ante los

reclamos de justicia e igualdad, la no concentración de la riqueza, la implantación de los derechos para ejercer la democracia directa y controlar a la democracia represen-tativa, coludida con el capitalismo y beneficiarios. Y “el rechazo negativo del neoliberalismo... y la globaliza-ción como retórica… con su estan-darte mediático del Foro Económico Mundial de Davos... y su réplica, el Foro Social contra la Organiza-ción Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. En un magnífico español, Juanma-ri Madariaga traduce del inglés la prosa de quien hoy incursiona en el periodismo.


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LA VERDAD MÁS FEA MIGUEL GALINDO

ISSN: 1665-1626

Año 14 • Número 454 • $30

Del 14 al 20 de septiembre de 2015

Contralínea 454

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