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ANÁLISIS CRÍTICO Y PROBLEMATICAS SOCIOAMBIENTALES DE:MEGAPROYECTO MUTÚN, CUENCA DEL POOPÓ, CUENCA DEL

PILCOMAYO, MEGAPROYECTO SAN CRISTÓBALActualización 2009-2010

Marco Octavio Ribera Arismendi

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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA

www.lidema.org.bo

El sEctor minEroAnÁlisis crÍtico Y ProBlEmAticAs socio AmBiEntAlEs DE:

mEGAProYEcto mUtÚn, cUEncA DEl PooPÓ, cUEncA DEl PilcomAYo, mEGAProYEcto sAn cristÓBAl

ActUAlizAciÓn 2009-2010

Marco Octavio Ribera Arismendi

SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA

Bolivia - Octubre 2010

TíTulo:El sector minero. Análisis crítico y problematicas SOCIO AMBIENTALES de: megaproyecto Mutún, cuenca del Poopó, cuenca del Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010.

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia.

AuTor:Marco Octavio Ribera Arismendi Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental - LIDEMA

EdiTor:Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA

rEvisión y Edición:Jenny Gruenberger PérezEdwin Alvarado Terrazas

Edición:Fernando Espinoza

diAgrAmAción:GYG Diseño y Comunicación Visual

cArTogrAfíA:Giovani Roque

imprEsión:SOIPA Ltda.

dEpósiTo lEgAl:4 - 1 - 2668 - 10

Las opiniones expresadas son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen necesariamente a LIDEMA.

Se autoriza la utilización sin fines de lucro de la información de la presente publicación para fines de difusión o capacitación, citando la fuente.

ciTAr como: RIBERA,A.M.0. 2010. El Sector Minero. Análisis crítico y problemáticas SOCIO AMBIENTALES del megaproyecto Mutún, Cuenca del Poopo, Cuenca Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. La Paz: LIDEMA.

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia Nº 2.

Bolivia - Octubre 2010

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El sector minero

INDICE

INTRODUCCIÓN GENERAL AL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010 DE LOS ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES......................... 5

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SECTOR MINERO EN BOLIVIA DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO AMBIENTAL ............................. 11

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DEL MEGAPROYECTO MUTÚN ......................................................................... 125

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL MINERA EN LA CUENCA POOPÓ ...................................................................... 189

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL MINERA EN LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO ............................................................ 231

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DEL MEGAPROYECTO MINERO SAN CRISTOBAL ............................................... 273

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El sector minero

INTRODUCCIÓN GENERAL AL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010 DE LOS ESTUDIOS

DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES

El año 2008, LIDEMA publicó información sistematizada sobre ocho te-mas socio ambientales críticos, priorizados para fines de evaluación y se-guimiento, debido a que se advertía que estas problemáticas acumulaban severos impactos y amenazas crecientes sobre la calidad ambiental, los ecosistemas y los medios de vida de las poblaciones locales.

Durante el 2009, y parte del 2010, se hizo seguimiento y actualización de la investigación de estas problemáticas. Muchas de ellas han sido desglo-sadas en subtemas específicos especialmente complejos, por ejemplo en minería, hidrocarburos o megaproyectos energéticos.

En términos generales, y considerando la totalidad de los temas críticos priorizados a los que LIDEMA da seguimiento, no ha habido mejoras o avances, en el sentido de una reducción del nivel de impacto o de dis-minución de la amenaza. Las situaciones críticas de contaminación por fuentes mineras o doméstico-industriales, o la reducción de las amenazas en el caso de los diversos megaproyectos, siguen aumentando en varias regiones del país. Es más, las problemáticas socio ambientales por diver-sas causas, se han proliferado, se han magnificado y, en el mejor de los casos, permanecen invariables. Una de las causas para esta situación es el permanente marginamiento de la gestión ambiental, la cual ha tenido

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El sector minero

magros avances en algunos aspectos; pero, en general, ha ocurrido un marcado decaimiento.

La causa y el efecto tienen una raíz en el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su perfil extractivista y primario exportador (gas, mi-nerales, energía, suelos-soya) que ha hecho un énfasis exacerbado en los sectores de hidrocarburos, minería y energía, tornándose más preeminen-tes que antes.

El avance acelerado y a ultranza del modelo extractivista y primario ex-portador desafortunadamente requiere de una gestión ambiental y de autoridades ambientales débiles y con poco poder de decisión. Paralela-mente, en nuestro país, las organizaciones ambientalistas son atacadas, desprestigiadas y marginadas, situación que se da también en otros paí-ses, como el caso del Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y cualquier nación embebida en dicho modelo.

Como resultado de esta figura desarrollista, se crean escenarios cada vez más críticos y de mayor incertidumbre, tanto en lo social, como en lo am-biental. El seguimiento de los estudios de caso así lo demuestra.

En el sector minero, descontando el logro del Decreto Supremo que de-clara zona de emergencia a la cuenca Huanuni-Sora Sora, los avances de atención de remediación-mitigación de los impactos han sido muy magros, especialmente en las cuencas más contaminadas, como las del Pilcomayo y Poopo. La minería experimentó a lo largo del 2009 una pro-gresiva recuperación en los precios de metales como el zinc, la plata, el plomo y el estaño, tanto en el nivel empresarial (p.e. San Cristóbal) como en el de la minería cooperativizada. Por tanto, los ritmos de explotación y procesamiento no han sufrido grandes variaciones: el oro ha alcanzado precios de record histórico y, en este sentido, las presiones de explotación se han intensificado de sobre manera, tanto en las zonas cordilleranas de La Paz, como en la Chiquitanía, paralelamente a la escasa o ninguna regu-lación por parte de la Autoridad Ambiental Competente o del Ministerio

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de Minas, además generando enormes impactos ambientales y conflictos con las comunidades en las diversas regiones de explotación. El caso de la explotación de oro en la zona de Suches y al interior del área protegida Apolobamba es un ejemplo extremo de la devastación ecológica de una minería irresponsable y, sobre todo, con escaso control por el Estado.

En cuanto al proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro, éste amerita una nota de aplazo para el Ministerio de Minería y la COMIBOL, por el desapego a la norma y la generación de conflictos al interior de las comu-nidades y organizaciones sociales.

Por otra parte, el megaproyecto minero metalúrgico Mutún ha estado paralizado por diversas situaciones y conflictos de manejo interno; a pe-sar de ello, las amenazas previstas en el 2008, como el uso de grandes volúmenes de agua, ferrovía, camino, canal a Puerto Busch, etc., se han incrementado, incluido el establecimiento de un polo industrial, donde el Brasil ha mostrado su interés de financiamiento. Todos estos impactos ocurren dentro de un área protegida (Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado PNANMI Otuquis). La región sudeste de Bolivia no se ha limitado a la minería del Mutún; sino que los riesgos de enormes impactos socio ambientales se han dado en otras áreas protegidas, como el caso de la Reserva del Valle de Tucavaca, donde las empresas Kyleno y Sidereste, han proyectado grandes operaciones de exploración, explo-tación y transformación industrial, amenazando el interior de la Reserva (Serranía de Santiago) y las zonas de influencia.

Asimismo, la voracidad del megaproyecto minero San Cristóbal, debido al uso de enormes volúmenes de agua, genera actualmente el riesgo sin precedentes de vaciar los acuíferos fósiles, así como los acuíferos superfi-ciales y humedales de la región Nor Lípez-Valdivieso al sur del Salar de Uyuni, la región ecológica más seca (semidesértica) del país, “donde el agua vale más que el oro”, y donde la mega minería no paga ni un dólar por ella, dejando ínfimas ganancias al TGN.

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Otras situaciones de alto riesgo ambiental, y que generan conflictos al in-terior de las organizaciones indígenas, se dan por la ampliación de la fron-tera petrolera, más allá de la denominada zona tradicional, como el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni, en el norte de La Paz. En el tema hidrocarburífero, el 2009 y 2010, se vienen generando grandes amenazas que se concretarán los siguientes años, en función a la multipli-cidad de operaciones previstas de exploración sísmica y de perforación de pozos exploratorios. Las de mayor impacto se darán en los bloques Río Hondo y Tuichi, al interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas, en tanto que en la Zona tradicional, el Parque Aguarague sufrirá nuevamente un ciclo de impactos por operaciones de exploración, que se adicionarán a los graves pasivos ambientales que ya afectan a varias de sus cuencas y no han recibido ningún tratamiento efectivo de mitigación.

El afán de asegurar grandes inversiones hidrocarburíferas en el territorio nacional ha llevado al gobierno a un acercamiento muy cuestionable con la empresa REPSOL-YPF, que tiene un nutrido prontuario nacional e internacional de afectaciones socio ambientales, incluidas deudas ecológi-cas con los pueblos indígenas. Similares situaciones de “borrón y cuenta nueva” parecen haberse dado en el caso de otras empresas (p.e. ANDINA, CHACO), a pesar de los resultados de la auditoria petrolera del 2007.

En el tema energético, el nivel de riesgo socio ambiental de los mega-proyectos del Brasil (Jirau y San Antonio), así como los megaproyectos “propios”, como El Bala (que afectaría grandes superficies del Parque Nacional Madidi y la Reserva-TCO Pilón Lajas) y Cachuela Esperanza, se han incrementado, especialmente por el interés de invertir por parte de grandes transnacionales rusas. No sólo ha aumentado el nivel de riesgo por avance de los procesos de estudio, licitaciones y negociaciones con in-versores, sino que se han diversificado, tal es el caso de represas grandes como Rositas en Santa Cruz o San José en Cochabamba. En la misma línea de creciente riesgo, avanza el megaproyecto Geotérmico de Laguna

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Colorada, amenazando por igual a los frágiles ecosistemas, paisajes y a la vida silvestre de un área protegida de extraordinario valor patrimonial; así como a las iniciativas de turismo comunitario existentes. Este proyec-to, supuestamente “limpio”, estará ligado a la gran minería de San Cristó-bal, e incluso a la planta de Litio de Río Grande.

En tanto, la mega iniciativa IIRSA ha recibido un claro y repetido re-chazo de pueblos indígenas y organizaciones sociales, por su espíritu y la forma en que está siendo desarrollado, mientras que el gobierno, la ABC y el Ministerio de Obras Públicas continúan impulsando, con mucho en-tusiasmo, los corredores bioceánicos, con ninguna o con muy escasas me-didas de recaudo socio ambiental. Los efectos más drásticos se vienen observando en el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, a pesar de que éste cuenta con un Plan de Protección Ambiental que fue parcialmente aplica-do. Similares efectos se prevén para el Corredor Norte.

En otro ámbito, las corporaciones empresariales de la CAO, CAINCO-ANAPO, junto al IBCE, continuaron el 2009 con una intensa campaña en favor de los biocombustibles, ejerciendo presión y acercamiento al go-bierno para la aprobación de un reglamento operativo de la Ley 3207 del 2005 (Ley del Biodiesel). Esta aproximación entre el gobierno central y el empresariado del oriente magnifica el riesgo de una apertura del poder ejecutivo a la producción de biodiesel y etanol, situación que puede ser facilitada por el afán desarrollista imperante. Mientras tanto, los campos de producción del oriente y norte de Santa Cruz están inundados de soya transgénica “rr” resistente al glifosato y otras variedades afines, mientras la frontera agrícola de la soya se va expandiendo con escaso control hacia los bosques de la Chiquitanía y de Guarayos. De igual forma, el Complejo Agroindustrial de San Buenaventura en el norte de La Paz, un proyec-to de alto riesgo en una de las regiones más frágiles y de mayor riqueza biológica del país, tiene un gran avance, a partir de las desordenadas e in-consistentes acciones promovidas por la prefectura y el gobierno central,

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El sector minero

a pesar de que un último estudio de suelos del año 2009, concluye que la región del norte de La Paz es marginalmente apta para el cultivo de caña a gran escala, por las fuertes limitaciones edafológicas. Este es posiblemen-te uno de los más claros ejemplos del desarrollismo impulsado como línea fundamental de gobierno.

Finalmente, la gran contaminación de la Bahía de Cohana en el Lago Menor sigue avanzando hacia zonas de las islas interiores, como Pariti y Suriqui, en tanto que todas las acciones que vienen realizando diversas instituciones públicas y privadas se orientan al tratamiento de los efectos (desde limpiezas de lenteja de agua hasta monitoreos) y no se encami-nan soluciones estructurales, que deberían pasar por el tratamiento de las aguas contaminadas que salen de El Alto y Viacha, a través de ríos fuertemente contaminados como el Seco, Seque y el Pallina. A pesar de la ampliación de la planta depuradora de Puchukollo, las aguas tratadas que salen de dicha planta siguen retornando al río Seco que tiene un nivel máximo de contaminación, con lo cual, se anula el esfuerzo, por lo menos, para la Bahía de Cohana.

La proliferación y agudización de las problemáticas ambientales, ya sea por omisión o por promoción de proyectos con alto costo ambiental, ha dado lugar a una crítica generalizada al gobierno actual por manejar una dualidad de discursos y de crear una imagen internacional que no coin-cide con lo que se está viviendo en el país, vale decir, la promoción del respeto a la naturaleza en los foros internacionales y la realidad de un modelo de desarrollo avasallante del ambiente, la naturaleza y las comu-nidades indígenas.

En conclusión, ambientalmente, y sólo considerando las grandes proble-máticas bajo seguimiento, la realidad es mucho peor que en el 2008, con el agravante de que si se siguen manteniendo las actuales políticas de de-sarrollo y el actual modelo económico, muchas amenazas se irán tornando en mega impactos el 2010 y los siguientes años.

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El sector minero

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SECTOR MINERO EN BOLIVIA DESDE LA

PERSPECTIVA SOCIO AMBIENTAL

Aspectos generales del sector

Las actividades mineras en el país durante el 2009, estuvieron marcadas por el signo de la crisis mundial y los bajos precios de los minerales en general, afectando entre otros al zinc, plata, plomo, estaño y también al hierro. Después de la estrepitosa caída de la minería a fines del 2008, los niveles de recuperación en los siguientes primeros meses del 2009, fueron magros y poco significativos. La producción minera en general disminu-yó, afectando drásticamente los niveles de exportación y las utilidades para el Estado. Varias operaciones mineras (minas, ingenios, procesado-ras) cerraron o redujeron sus volúmenes de producción, especialmente en Potosí y Oruro. Los proyectos de la minería a gran escala como, San Cristóbal, San Vicente y San Bartolomé, mantuvieron un ritmo de opera-ciones por debajo de las expectativas esperadas, en tanto que las coopera-tivas medraron con bajos niveles de producción.

Únicamente el oro, experimentó un ascenso que llegó a más de 1.000 dólares la onza troy a fines de septiembre 2009, para superar los 1.200 dólares la onza troy a fines de noviembre del mismo año. Algunos em-prendimientos mineros como es el caso de Huanuni o de varias coopera-tivas intensificaron la producción como una salida a la crisis (por ejemplo

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instauraron el triple turno). A partir de septiembre de 2009, el precio de los principales minerales empezó a mejorar, como muestra la tabla 1. Los minerales más relevantes como zinc y plata, superaron las barreras límites de precios, a partir de la cual los productores consideran las operaciones como no rentables.

En el 2009, se mantuvo la tradicional dependencia de la minería a los precios y mercados internacionales, lo que explica su inestabilidad, os-cilando entre etapas de auge y de profunda recesión (PetroPress Nº 13, enero 2009), la versión más actualizada de esta oscilación se ha dado en el trienio 2007-2008-2009. Se mantiene la ausencia de políticas públicas para hacer un buen uso de la renta minera en el fortalecimiento del sector o en procesos de redistribución, lo cual ha significado además una escasa reinversión de utilidades en aspectos ambientales de remediación y miti-gación. A esto se suma el hecho de que el pago de regalías es muy bajo o inexistente para determinados subsectores, como las cooperativas, al punto de asumirse que existe una subvención indirecta. El número de so-cios de las cooperativas es muy variable y el rango oscila entre 30 y 5.000, dependiendo del tipo de yacimiento y el período histórico en el que se de-sarrollan las operaciones, en tanto que el número total de cooperativistas se estima en 60.000 (Michard, 2008).

De acuerdo a Taucer (2008), el número estimado de estas operaciones mineras desarrolladas por cooperativas asciende a 600. Se ha evidenciado a lo largo de varios años, la precariedad de las condiciones laborales de la mayoría de las cooperativas mineras, a lo que se suma el riesgo de acci-dentes y las afecciones directas a la salud.

Según Tapia, R.(2010) la minería se mueve al ritmo del control de unas pocas compañías multinacionales denominadas seniors, que en su ma-yoría son de origen canadiense, inglés, sudafricano, australiano y norte-americano; en tanto que las denominadas juniors (mayormente empresas

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El sector minero

nacionales medianas o pequeñas) identifican proyectos de explotación, que posteriormente las transfieren a las transnacionales; finalmente está la minería chica y cooperativizada, artesanal, que en nuestro país se con-vierte en una alternativa de empleo. (R.Tapia, 2010).

De acuerdo a PetroPress (Nº 13, enero 2009), a pesar de que el gobier-no del MAS intentó una recuperación del control de la minería (refun-dación de COMIBOL, nacionalización de Huanuni y Vinto), se dieron otras medidas conciliatorias con el sector privado, como los diversos Joy Ventures, la privatización de Karachipampa, el libre juego accionario en San Cristóbal o las ventas y traspasos en Amayapampa. De tal forma que según este órgano de difusión especializada, perdura el enfoque y la lógica neoliberal en la minería de Bolivia, con un carácter dominante de las empresas transnacionales, las que siguen definiendo la estructura económica minera en Bolivia, controlando precios y cadenas productivas. Este panorama es notablemente diferente al que viene ocurriendo en el sector de hidrocarburos.

En la minería, el sector privado aporta al TGN, con el 75% de la expor-tación de minerales y el resto se dividen entre la cooperativizada y la es-tatal, según una fuente oficial. La participación de las empresas privadas, como San Cristóbal, Sinchi Huayra, San Bartolomé, San Vicente, inver-siones de EMUSA y otras empresas mineras pequeñas, son las que reali-zan actualmente los aportes más importantes al Producto Interno Bruto (El Diario, agosto 2009), aportes que, sin embargo, podrían ser mucho mayores, si los parámetros de tributación del Código Minero, fueran fa-vorables al erario nacional y no así a las empresas. Las inversiones que se realizaron en esas operaciones grandes son millonarias, y algunas como San Cristóbal, aplican el modelo minero de explotación a cielo abierto (“Open Pit”) para oro, plata, y zinc, aunque también pueden aplicarse a otros minerales como cobre o estaño (El Diario, agosto 2009).

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Un último análisis de Jordán (2009), menciona como un hecho recurren-te, que las actividades de concentración de minerales de la minería peque-ña y cooperativizada en la concentración, predominantemente se realiza a partir del empleo de métodos tradicionales y precarios, como la gravi-metría, sin empleo de materiales químicos. Pero de cualquier forma, parte de los residuos con gran cantidad de metales pesados son desechados a cuerpos de agua o a depósitos, desde donde se produce la lixiviación. En los procesos de separación compleja de concentrados (p.e. flotación diferenciada, lixiviación), se utilizan reactivos químicos de alta toxicidad como xantatos, cianuros, mercurio, sulfatos y agentes espumantes, proce-sos que son realizados normalmente por ingenios con capacidad de tra-tamiento entre 10 y 400 Tn/día (Jordán, 2009). Se mantienen entonces como constantes, la elevada contaminación generada por los ingenios y su eficiencia no óptima, pero con niveles de rentabilidad altos, dado que dicha actividad no está sujeta a ningún impuesto específico. Esto en fun-ción a que el pago del Impuesto Complementario Minero (ICM) en el momento de las exportaciones de complejos zinc-plata o plomo-plata, son transferidos a los productores extractivistas.

La visión exitista de la minería desde el sectorFuente: La Patria en Línea, mayo, 2009 (m. Vargas mújica)

Algo que no se puede ignorar es el enorme factor multiplicador que tiene la explotación minera y que se observa en la generación de empleos (por miles) y los ingresos económicos para departamentos donde se desarrollan proyectos mineros, sean chicos, medianos o grandes porque dependerá la proporción del interés que en cada región se ponga en la actividad minera, con lo que se beneficiará a los pobladores de aquellos centros mineros que rescatan ingresos por la vía de las regalías e impuestos. Actualmente el mejor ejemplo del sostenimiento de toda una economía regional se da en Potosí con los macro proyectos de San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente y otros menores que significan el sustento de ingresos para el Tesoro Departamental de los departamentos productores. No hay otra actividad que garantice miles de empleos como la minería, cuando se la evalúa globalmente, pero también se la sectorializa por regiones y por los valores regalitarios que producen determinadas operaciones mineras.

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En todo el vasto territorio boliviano existen depósitos de minerales de toda índole y no es exagerado decir que pese a toda nuestra tradición de país minero, aquí se descubrió lo que fue fácil descubrir y se explotó lo que fue fácil explotar. El territorio ha debido explorarse desde el punto de vista de descubrir depósitos minerales de rendimiento económico solo en un 15%; entonces nos falta mucho por conocer en nuestro territorio, y seguir jactándonos de que somos un país minero. En Bolivia se ha trabajado desde siempre minerales preciosos como el oro y la plata (incluso antes de los españoles), posteriormente minerales de metales pesados clásicos de Plomo, Antimonio, Zinc, Wolframio, Estaño, Cobre, Bismuto, Antimonio, etc. y en estos tiempos minerales ferrosos. Pero en cuanto a no-metálicos se ha hecho muy poco o casi nada, es decir los depósitos de minerales no-metálicos aún representan economía dormida.

Sin duda un discurso exitista, pero que difiere de lo que ocurre en el sector de hidrocarburos, en el sentido de que los analistas mineros, tanto desde la óptica privada, como de la pública, le dan una evaluación positi-va al sector, y con un crecimiento estable, a pesar de la caída de los precios de los minerales (y su recuperación parcial) y las reiteradas menciones de bajas inversiones. Al igual que en el caso de los hidrocarburos, los temas y problemas SOCIO AMBIENTALES derivados de la minería, no tienen mención alguna desde el análisis sectorial, al punto de que parecieran no existir.

El discurso y enfoque de la minería es autocéntrico y tiende a jerarquizar exageradamente al sector. Como ejemplo, se puede mencionar a los in-vestigadores López et al. (PIEB, 2009) quienes observan que existe una tendencia a identificar a Oruro con la minería, al punto de que pareciera que no hay otra opción productiva aparte de la minería (“Oruro fue, es y seguirá siendo un departamento minero”), y ello significa una suerte de destino inexpugnable, que no permite concebir otra realidad ni otro futuro.

Minería y Modelo Primario Exportador

Un elemento que hace a la raíz fundamental de las problemáticas SOCIO AMBIENTALES, como es el caso de la minería, es el mantenimiento a lo largo de décadas del modelo de desarrollo primario exportador y extrati-

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vista, asociado a un enfoque esencialmente economicista. Este modelo y su enfoque desarrollista, van en contramano de cualquier proyección del concepto de desarrollo sostenible y del “vivir bien” e implica una dicoto-mía incompatible. El modelo primario exportador es una de las platafor-mas fundamentales para el mantenimiento del capitalismo y la hegemonía del mundo industrializado a nivel global. Es esencialmente expoliador, sea que esté impulsado por empresas del Estado, bajo sociedades mixtas, o bajo el poder de las transnacionales.

Se puede considerar que la minería resume la esencia del modelo primario exportador, gracias a ello, Bolivia se ganó a lo largo de décadas la imagen de país exportador de materias primas y de minerales en especial. Uno de los riesgos de que los gobiernos latinoamericanos enfaticen su economía en el modelo extractivista y primario exportador, es la tendencia, a flexi-bilizar los recaudos y exigencias ambientales, como también los procedi-mientos normativos internos de regulación fiscal.

En el caso de Bolivia, el programa social del gobierno se encuentra en las espaldas de la producción hidrocarburífera y minera, generando un enor-me riesgo en la estabilidad económica, debido a la gran incertidumbre de eventuales crisis internacionales y la eventual caída de los mercados mundiales de materias primas.

Entre las muchas consecuencias y riesgos del modelo primario exporta-dor, se pueden mencionar:

a) Busca la flexibilización de las regulaciones ambientales y contencio-nes sociales con clara tendencia a obviar la normativa.

b) Propende a facilitar las acciones de las corporaciones multi (trans) nacionales.

c) Genera elevados costos socio ambientales con una distribución de és-tos hacia sectores más vulnerables y con menos ventajas.

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El sector minero

d) Promueve y facilita la preeminencia exagerada de determinados secto-res. relacionados con el modelo extractivista (minería, hidrocarburos, soya), al mismo tiempo induce al marginamiento del sector ambiental.

Las iniciativas de industrialización, constituyen una salida a la dependen-cia exclusiva del modelo primario exportador, pero de acuerdo a las pro-yecciones del gobierno, el modelo primario seguirá siendo impulsando a diversas escalas, pero adicionando el salto industrial, tanto minero, como hidrocarburífero, lo cual debería ser motivo de regocijo o de preocupa-ción, dependiendo de la perspectiva del análisis, pues el salto industrial tiene un significaría de alto riesgo de empeoramiento del estado ambiental de muchas regiones.

Un elemento ha sido muy característico del modelo primario exportador en los últimos cincuenta años y especialmente en cuanto el desarrollo de la minería (e hidrocarburos), ha sido la intensificación y progresivo in-cremento de los volúmenes de exportación, con una clara tendencia a lo “mega”. En general, los cambios en magnitud de los emprendimientos extractivos mineros y de otra índole han sido:

y Del pico y perforadora en socavón a inmensas explotaciones a cielo abierto que pueden alcanzar miles de hectáreas de superficie y cientos de metros profundidad.

y De pozos petroleros asilados a megacampos interconectados, con múl-tiples baterías de pozos y perforaciones cada vez más profundas.

y De parcelas de 50 hectáreas de soya a plantaciones agroindustriales de más de 10.000 hectáreas.

En el caso de la minería se tienen los siguientes datos indicativos:

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El sector minero

Fines de los años 70 a mediados de los 80

ROM:

400 Tn/día a 5.000 Tn/día

Años 2007 – 2009

ROM:

40.000 Tn/día- hasta

280.000 Tn/día

El movimiento de tierras o ROM (“run of mine”)

Inicios de los años 80

100-250 M $US

Años 2004 – 2009

1.500 – 2.800 M $US

Inversión de capitales

Palas cargadoras Komatsu, cuchara 5 Tn.

Camión Caterpillar 25 Tn

Palas CAT 994 Atlas Copco, cuchara de 50 toneladas

Camión Caterpillar CAT 789: capacidad de 200 toneladas. 10 metros de alto

Tecnología – maquinaria

Las actividades extractivas de materias primas, en los últimos 30 años han multiplicado los niveles de inversión, las capacidades de explotación y obtención de grandes volúmenes, por ejemplo con mega maquinaria para incrementar los volúmenes de extracción y tecnologías de punta para aprovechar yacimientos de baja ley, consecuentemente, también han mul-tiplicado su capacidad de impactos socio ambientales, como generación de residuos contaminantes y otros pasivos.

La tendencia a lo “mega” en la dinámica primaria exportadora tiene raíz en varios elementos: a) Incremento de la demanda mundial y las activida-

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El sector minero

des industriales en países-bloques desarrollados y emergentes, b) reduc-ción y agotamiento de depósitos de alta ley (minerales) y de reservorios hidrocarburíferos, c) acceso a tecnología de punta que permite operacio-nes rentables en depósitos de baja ley o situados a mayor profundidad, c) mayores capacidades de inversión a partir de figuras corporativas trans-nacionales, que tienen facilidades de acceso a la banca internacional.

Transnacionales

El poder hegemónico de las transnacionales ya se advertía con mayor cla-ridad a fines de los años 90 (Korten, 1998), cuando se ponía en evidencia que el orden económico estaba en manos de las grandes corporaciones. Ya en 1994, Mander describía un conjunto de características que definen el comportamiento de las grandes corporaciones transnacionales:

a) El mandato de la ganancia como medida definitiva de las decisiones corporativas, con total prioridad sobre el bienestar comunitario, la sa-lud de trabajadores, salud pública, la calidad del ambiente, e incluso la seguridad de las naciones.

b) El mandato de crecimiento y expansión, las corporaciones persisten según su capacidad de mantener su crecimiento y sus niveles de com-petitividad. De esta capacidad es que depende su relación con inver-sionistas, bolsas, bancos y la percepción pública.

c) Las corporaciones son amorales, su figura corporativa las escinde de sentimientos y hasta de principios.

La toma de decisiones puede ser con extrema facilidad contrarias a los objetivos comunitarios, al bien común o la protección ambiental. Por lo tanto a pesar de tratar mimetizar muchas acciones como altruistas, ello sólo responde a figuras de marketing. A estos criterios se pueden añadir, que las corporaciones transnacionales, carecen de sentido identatario o

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El sector minero

afectivo a nivel nación o país, poco o nada importa los principios, proyec-ciones o necesidades de las naciones donde tienen actividades. En general no tiene ningún reparo en especular con la riqueza de los países a nivel de las bolsas de valores, registrando como suyas, las reservas petroleras o mineras de los países, donde realizan explotaciones, a partir del cual aumentan su competitividad, sus ganancias y su imagen corporativa.

La minería tiene en Bolivia más de un rostro, por un lado el de la pequeña minería que incluye los proletarios cooperativizados y a los que más de una vez se les imputa la mayor carga de responsabilidad ambiental, y por otro la minería mediana y grande, basada principalmente en capitales de inversión extranjera y de empresas transnacionales. Las poderosas multi o transnacionales en general, crean alianzas con empresas mineras nacio-nales pequeñas o medianas como NEW MONT-EMIRSA en Kori Kollo, o crean figuras nacionales que les sirven en general de testaferros (caso la Minera San Cristóbal). Más recientemente han prosperado los procesos de asociación vía contratos de “riesgo compartido” entre la empresa esta-tal COMIBOL y firmas suizas, canadienses o coreanas.

Según Jordán, R. (2008), las empresas de la minería grande, no han pa-sado de tres en el país (Inti Raymi, San Cristóbal y San Bartolomé) y son en general, subsidiarias de empresas de nivel internacional, que están financiadas por, o a través de sus empresas matrices. Sus políticas empre-sariales responden al modelo gerencial externo y son manejadas por fun-cionarios en un comportamiento típico de empresa filial. Sus estándares de comportamiento financiero, ambiental, tributario, seguridad industrial y en general el cumplimiento de otras normas, está regulado por pautas establecidas por las empresas matrices transnacionales y por condiciona-mientos dados por sus financiadores externos.

De acuerdo a un acucioso análisis crítico de Econoticias Bolivia, 2009 (www.econoticiasbolivia.com), la explotación de los ricos yacimientos

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El sector minero

mineralógicos de oro, plata, zinc, estaño, plomo, antimonio, hierro y otros no metálicos de Bolivia, están en casi tres cuartas partes, bajo el control de las grandes compañías extranjeras, que operan, unas de forma directa y otras asociadas a las empresas locales, conformando la denominada “mi-nería mediana”. La otra cuarta parte de la producción minera, es compar-tida por una decena de grandes “cooperativas”, que operan en los hechos bajo los moldes capitalistas, junto a cientos de pequeñas cooperativas y empresas de la minería chica, además de las concesiones operadas por la estatal Corporación Minera de Bolivia - Comibol (Mina Huanuni o Me-talúrgica de Vinto). Un hecho llamativo que menciona Petro Press (Nº 13, enero 2009) y que coincide con la visión de otros analistas del sector, es que las empresas o compañías foráneas, consideran a Bolivia como una gran reserva con la cual es fácil especular. Precisamente, las reservas nacionales de minerales, son colocadas en las bolsas internacionales como base de especulación de grandes transnacionales, como JINDAL con el hierro del Mutún, o en su momento la APEX SILVER con la plata y zinc de San Cristóbal. Se observa también que Bolivia debería ser muy atracti-va para las empresas transnacionales, si no se consideraría el elevado nivel de riesgo, dada la conflictividad social que emerge con regular facilidad.

El análisis de Econoticias Bolivia (2009), menciona que entre las trans-nacionales más poderosas que operan en Bolivia están la estadouniden-se COEUR D’ALENE MINES CORPORATION, que explota reser-vorios secundarios ricos de plata bajo el proyecto San Bartolomé y la japonesa SUMITOMO, (asociada hasta hace poco a la norteamericana Apex Silver), que controla otro rico megayacimiento de plata, plomo y estaño en San Cristóbal. Estas empresas están ganando a manos llenas al igual que lo hizo la estadounidense NEWMONT MINING CORPO-RATION, que tenía como socio menor a la boliviana INTI RAYMI. La NEW MONT hizo desaparecer cerros enteros, como en Batu Hijau en

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Indonesia o en Yanacocha (Perú), o Kori Kollo y La Joya en Oruro. Ahora el salto de su ex-socia EMIRSA (INTI RAYMI) es a Korichaka.

Collque y Poveda (Le Monde diplomatique, el Dipló, agosto 2010) al ana-lizar el perfil de hegemonía que tiene las transnacionales mineras, destacan el caso de la canadiense PAN AMERICAN SILVER CORPORATION que tiene un contrato de riesgo compartido con COMIBOL, esta trans-nacional, como en otros casos, también tiene su empresa filial testaferro que funge como nacional. San Vicente es minería mediana con menores proyecciones volumétricas que San Cristóbal, pero con similar proporcio-nalidad en cuanto el pago de impuestos sobre el valor bruto de ventas, que es muy bajo para el país, considerando la vida útil del proyecto.

Otra compañía que según el análisis del Econoticias Bolivia (2009), tiene un prontuario de acusaciones es SINCHI WAYRA, filial de la transna-cional Suiza GLENCORE INTERNACIONAL, forjada por el  mag-nate petrolero Suizo Israelí Marc Rich, a quien la revista Times calificó en el 2001, como “el ejecutivo más corrupto del planeta”. Esta empresa con-trola grandes yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita, la planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de Aroifilia. Allí, pese a la resistencia de sus obre-ros, SINCHI WAYRA/GLENCORE, creyendo justificarse en las crisis de los precios de los minerales, continuó con sus intención de continuar la explotación de sus trabajadores adicionando horas de trabajo no remu-nerado a la jornada laboral, violando abiertamente la Ley del Trabajo y normativas internacionales al respecto.

Similar situación se dio en la mina San Vicente, donde la transnacional canadiense PANAMERICAN SILVER, que explota la mina de plata, ocasionaba abusos a los trabajadores, los cuales tomaran por siete días dicha mina, ocuparon sus instalaciones y tomaron como rehenes a em-

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presarios y directivos. En tanto, la empresa norteamericana FRANKLIN MINING AND MILL CO., avanza en sus proyectos de  explotación de plata y zinc de los relaves de Río Negro, Pulacayo, Potosí, mina La Esca-la, al igual  que la estadounidense ATLAS PREOCIOUS METALS que tiene a su cargo la fundición de Karachipampa y las minas Mesa de Plata e Himalaya.

Siguiendo el análisis de Econoticias Bolivia (2009), todas las transnacio-nales que operan en Bolivia, habrían acumulado grandes fortunas en los últimos tres años, como resultado del auge de precios de los minerales y la política gubernamental de protección a los empresarios capitalistas, pero ahora, cuando se presenta una caída relativa en las cotizaciones de los minerales, las compañías pretenden mantener sus millonarias ganancias a través de una mayor explotación laboral: “Los mayores niveles de explotación laboral y el deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores mineros (despidos, aumento de la jornada laboral, mayor y más intensa carga de trabajo y reducción de ingresos), radicalizaron a los sindicatos y los empujaron a enfrentar a los empresa-rios, iniciando huelgas, bloqueos carreteros e incluso tomando temporalmente minas y rehenes, tal como ocurrió hace poco en San Vicente y las minas de Sinchi Wayra/Glencore”.

VISTA GOLD CORPORATION es otra de las grandes transnacionales que hasta ahora operan con gran éxito en Bolivia (caso Amayapampa), obteniendo el 95% del valor bruto de la producción y de las exportacio-nes, dejando para el Estado exiguos porcentajes en impuestos y regalías, y mostrando además interés por la explotación de la otra parte del cerro Mutún que está en poder del Estado. Ya el año 2008, la anunciada venta de la mina Amayapampa, que pretendía consolidar la empresa VISTA GOLD CORPORATION a la empresa REPÚBLICA GOLD LIMI-TED, fue considerada ilegal por la Superintendencia de Minas de Potosí, que rechazó el registro de una solicitud por “derecho hereditario”, enten-

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diendo que la eventual transferencia de la mina, no puede ser considerada como un bien parecido a un inmueble que se puede vender o heredar. Todo el proceso iba en contra de la nueva Constitución Política del Es-tado en vigencia. Sin embargo, existe una contradicción con el Código Minero (Ley 1777) que establece el derecho del concesionario, de dejar el bien en herencia, hipotecarlo o transferirlo a un tercero. La superin-tendencia de minas sostenía que dicha norma legal es inconstitucional y por lo tanto los actos que emanen en base a su texto son nulos de pleno derecho (Correo del Sur, abril 2008).

Otras que aspiran a realizar muy buenos negocios son la MITSUBISHI y la SUMITOMO de Japón, LG de Corea del Sur y en especial la BO-LLORÉ de Francia, que han puesto sus ojos en la explotación del litio boliviano. El hecho de que Bolivia poseería más del 50% de los depósi-tos mundiales de litio, de alrededor de 15 a 19 millones de toneladas, de acuerdo a las últimas prospecciones, ha ocasionado una enorme expecta-tiva entre las grandes corporaciones del mundo.

Según el reporte de Econoticias Bolivia (2009), estas empresas están más que satisfechas con el accionar del gobierno del presidente Morales, que garantiza las inversiones y la propiedad privada capitalista. “La poderosa burguesía minera del altiplano, de la mano de las grandes transnacionales, a las que sólo les interesa el brillo de los metales y el color del dinero, están haciendo multimi-llonarios negocios en la Bolivia del presidente indígena Evo Morales”. Los grandes consorcios mineros están haciendo en el gobierno del MAS, tanto o más fortuna que la que hacían con los gobiernos neoliberales, incluido el de ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que puso, sin pudor ni control, el Estado al servicio de la “nueva rosca” que saquea los recursos naturales y explota la mano de obra barata, con-taminando ríos, esterilizando la tierra y destruyendo el medio ambiente y la vida” (Econoticias Bolivia, 2009). “Este Gobierno tiene tres años y nosotros hemos podido trabajar y explorar sin ningún inconveniente”, según opinión de Joaquín

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Merino, Vicepresidente de exploración de la canadiense APOGEE MI-NERALS, que trabaja en un proyecto de plata de mediana envergadura. Por su parte personeros de la PAN AMERICAN SILVER, mencionaron que “la empresa no tiene ningún problema con el Gobierno” y que “El Gobier-no boliviano considera a la PAN AMERICAN un modelo a seguir para la mayor parte de las firmas mineras”. Todas estas compañías operan en Bolivia con las garantías ofrecidas por el gobierno de Morales, que recientemente ha “constitucionalizado” sus derechos y privilegios para explotar los princi-pales yacimientos mineralógicos del país (Econoticias Bolivia, 2009). De esta forma lo aseguraba a nombre del gobierno el Director de Minería y Metalurgia, Freddy Beltrán: “No es nuestro objetivo ni nacionalizar, ni esperar la quiebra de las empresas privadas para que sea el Estado el que se haga cargo”.

Los datos oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia, son por demás elocuentes (econoticiasbolivia.com) pues muestran que en los primeros tres años del gobierno del presidente Morales, las grandes transnacionales mi-neras y sus socios locales han obtenido tal cantidad de ganancias que única-mente se igualan en magnitud a las recibidas en 10 años de saqueo con los gobiernos del neoliberalismo salvaje (www.econoticiasbolivia.com).

Es importante mencionar que a fines del año 2006, el actual gobierno había anunciado la nacionalización de la minería en Bolivia (OBIE, oct. 2006), aspecto que fue muy rebatido por las federaciones de cooperativas mineras pero no así por las empresas nacionales o multinacionales. La única acción concreta de nacionalización, se produjo en febrero del 2007 con la nacionalización de la Empresa de fundición de estaño de Vinto, en manos de la Suiza GLENCORE desde el 2005. En los siguientes años, poco se volvió a debatir sobre el tema y tampoco el gobierno volvió a ha-cer referencia alguna al respecto, situación que se mantuvo hasta el 2009. La extrema complejidad del tema minero, el cual tiene diferentes conno-

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taciones sociales y económicas que el sector hidrocarburífero, sirvió como freno a las proyecciones del gobierno.

En el caso de Vinto, la administración del complejo paso de una forma poco clara a la empresa Colquiri (subsidiaria de GLENCORE-SINCHI WAYRA). Un caso de una rara “nacionalización” que en realidad no lle-gó a plasmarse. Además, todo el equipamiento se encontraba bajo una situación de litigio y negociaciones con la suiza GLENCORE-SINCHI WAYRA. La producción de la nacionalizada Vinto el año 2009, fue muy elevada, a pesar de que sus ingresos no fueron altos, debido a la caída del precio de los minerales, lo que dio lugar a que se produjeran conflic-tos sociales de orden laboral (boliviaminera.blogspot.com, mayo 2009). A pesar de ello, la metalúrgica de Vinto fue calificada entre las diez mejores fundidoras del mundo (La Patria, 24 febrero 2010).

A inicios de mayo del 2010, se produjo una situación ambigua de “sobre-nacionalización” de Vinto, cuando el gobierno “expropió” la infraestruc-tura, equipos y otros activos del complejo, que supuestamente ya había sido nacionalizado el año 2007.

Otro aspecto a resaltar, es la asimetría en las capacidades productivas entre las empresas nacionales y las empresas transnacionales. De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), únicamente el Proyecto Minero San Cristóbal, dependiente de la japone-sa SUMITOMO CORPORATION, llegó a producir el 79% del plomo, 51% de zinc y 49% de la plata del país, representando más de la mitad (55%) del crecimiento minero del 2008, mientras la estatal empresa mi-nera HUANUNI, apenas representó el 7%. Según esta institución, a la luz de estos datos, la afirmación del gobierno, de que el Estado es quien conduce la economía, cae por su propio peso (plataformaenergética.org 3 de marzo 2010).

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Los datos anteriores nos muestran que existe una profunda problemática económica, política y socioambiental detrás del accionar de las empresas y consorcios transnacionales, algo que desde luego ocurre en todo el mun-do, pero especialmente fuera de la órbita industrial y de los países ricos, afectando a los países pobres con marcos normativos más flexibles y con gestiones ambientales y sociales debilitadas.

Una situación, que de ser aplicada, implicará profundas modificaciones al accionar minero en el país, se desprende de la Nueva Constitución Políti-ca del Estado, la cual establece que desaparecen las concesiones mineras y se conviertan en contratos privados. Por tanto, existe el mandato de migrar contratos de trabajo, en las cuales se tiene que establecer crono-gramas para las fases de explotación entre otros y en función a ello se determina la participación del Estado respecto a utilidades y ganancias. Esto tiene que ser incorporado en la nueva Ley de minería y sancionado por la nueva Asamblea Legislativa (www.constituyentesoberana.org, fe-brero 2009), pero puede ser la puerta a nuevos conflictos.

Dinámica de Precios y Mercados

A fines del 2008, el remezón de la crisis económica mundial y de las grandes industrias, derrumbó los buenos precios de los minerales. Al pánico inicial del sector, siguió una resignación con el correr de los meses, hasta un fran-co optimismo a mediados del 2009, debido a los indicios de recuperación.

Según el Viceministerio de Cooperativas Mineras, las perspectivas para el sector, ya habían comenzado a mejorar en el mes de abril del 2009, de-bido a la recuperación del precio de complejos minerales, principalmente el zinc y plata. Ello implicaba que los trabajadores volvían a sus fuentes (unos 2.000 a 2.500 cooperativistas sólo en Oruro), casi 5.000 trabaja-dores a nivel nacional que nuevamente podían retornar a las operaciones mineras. El alza en la cotización del zinc, principal mineral que produ-

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ce el país, derivó en la reactivación de muchas minas, principalmente las que trabajan bajo el sistema cooperativo. En los primeros meses del 2009, el precio del zinc fluctuaba entre 0.56 y 0.58 centavos de dólar por libra fina, llegando a cotizarse en 0.60, un indicador positivo de reactiva-ción (www.fmbolivia.com, abril 2009).

Según autoridades del sector, el 2009 se dio una recuperación lenta del precio de algunos minerales, pero que no permitía aguardar cotizaciones altas, como las observadas en la pasada gestión. (La Prensa, abril, 2009). De acuerdo al Ministerio de Minería, en el primer trimestre del 2009, la producción minera del país creció en un 19%, comparada con el mis-mo período del año 2008, destacando sin embargo, que bajaron, tanto la cotización, como los ingresos por la venta de los minerales. Paradójica-mente se mencionaba desde el ámbito oficial, que “lo importante era que la producción minera había aumentado a pesar de la crisis y a pesar de las cotizaciones bajas”. (La Razón, marzo 2009). La visión productivista de la minería, parece no tomar en cuenta el análisis costo/beneficio.

Contradictoriamente, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), mencionaba que en julio del 2009, el sector aún no ob-serva una señal de reactivación. A diferencia de otros años en los que se registraron disminuciones en las cotizaciones, esta vez no se tiene un efecto migratorio al extranjero, debido a que no existen expectativas labo-rales, por esa razón muchos mineros vuelven a su segunda actividad, que es la producción agraria (hidrocarburosbolivia.com; julio 2009). Según FFENCOMIN, el abandono de la actividad el 2009, era circunstancial y los mineros volverán a los centros productivos cuando se observe una mejora de los precios internacionales.

En mayo del 2009, hubo una leve alza de las cotizaciones de los minerales, que permitió un repunte en la actividad de los ingenios de Potosí, que es-taban paralizados desde el año pasado. A pesar de la difícil situación por

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la que atraviesa el gremio, 516 cooperativas mineras de todo el país, con-tinuaban operando a mediados del 2009. De acuerdo con el diagnóstico del Ministerio de Minería, al menos el 8%, decidió instituir el triple tur-no para mejorar su producción. (hidrocarburosbolivia.com; julio 2009), lo cual explicaría el aumento de producción a pesar de los descensos de ingresos de venta. El informe semestral de producción de minerales del Ministerio de Minería da cuenta de que, a pesar de la crisis financiera internacional, la producción creció en 19%, de 247.891 TM en 2008 a 295.397 TM, hasta junio de 2009. La más alta producción se concentró en el zinc (OBIE, agosto 2009).

Fechas - períodos Sn Zn Ag Au

Enero – abril 2008 11.56 lf 1.58 lf 14.7 ot 905 ot

Junio 2008 10.53 lf

Septiembre 2008 6.23 lf 0.74 lf 12.27 ot

Octubre 2008 6.01 lf 0.53 lf 9.9 ot 732 ot

Diciembre 2008 5.17 lf 0.48 lf 10.0 ot

Enero 2009 4.49 lf 0.52 lf

Febrero 2009 4.59 lf 0.48 lf

Abril 2009 5.95 lf 0.63 lf 12.53 ot 980 ot

Mayo 2009 6.35 lf 0.72 lf 14.0 ot 912.7 ot

Julio 2009 6.40 lf 0.70 lf 13.03 ot

Julio 2009 7.3 lf 0.76 lf

Agosto 2009 6.78 lf 0.83 lf

Septiembre 2009 6.8 lf 0.87 lf 17.4 ot 1.026 ot

Octubre 2009 6.94 lf -- 17.5 ot 1056 ot

Octubre 2009 fines 7.06 lf 1.03 lf 16.72 ot 1040 ot

Noviembre 2009 1.088 lf 1086 ot

Noviembre 2009 -- 1120 ot

Noviembre (med) 2009 6.70 lf 0.964 lf 17.0 ot 1138 ot

Noviembre fines 2009 -- 1193 ot

Diciembre 2009 -- 1216 ot

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El sector minero

Febrero 2010 7.53 lf 9.45 lf 15.3 ot 1064 ot

Marzo 2010 6.78 lf 1.01 lf 15.87 ot 1194 ot

Agosto 2010 8.,9 lf 0.9 lf 19.6 ot 1241 ot

Variación de los precios internacionales de los principales minerales metálicos en las exportaciones bolivianas.

Fuentes: www.bcb.goV.bo/webdocs; www.ine.goV.bo; www.udaPe.goV.bo

En agosto del 2009, se volvía a hablar de una recuperación de los principa-les minerales de exportación (zinc, plata, estaño), cosa que en octubre daba lugar a noticias como: El incremento de las cotizaciones de los minerales, como la plata, plomo, zinc y el estaño garantizan los ingresos económicos de cooperativistas mineros que se dedican a la explotación en los yacimientos en el departamento de Oru-ro (El Diario, octubre, 2009). En el último trimestre del 2009, la cotización de los minerales se incrementó aún más, sobrepasando en el caso del zinc, el límite de la barrera de producción con utilidad real (0,60 $US./lf).

Por su parte, el oro registró un alza del 24% desde inicios del año 2009, situación que se mantuvo hasta fines del 2009, cuando sus cotizaciones subieron de 1.200 $US la onza troy, alcanzando así, sus máximos históri-cos (boliviaminera.blogspot.com; 12 diciembre 2009). Esto ha significado desde fines del 2008, un inmenso impacto ambiental, especialmente en ecosistemas cordilleranos de muy alta fragilidad, pero también en la re-gión Chiquitana-Guaraya en Santa Cruz.

La creciente demanda de materias primas, mayormente en forma de con-centrados, por países industrializados, pero en especial de las economías emergentes como China o India, han tenido un efecto decisivo en la di-námica de recuperación de los precisos de los minerales. Existe una res-ponsabilidad de adquisición de materias primas “sucias”, que dañan eco-sistemas y los medios de vida de la gente y a la misma gente, por tanto, prácticamente no existe un “Comercio verde de minerales” provenientes de prácticas respetuosas del ambiente y a las comunidades locales.

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El sector minero

Regalías e Impuestos

La minería aporta al PIB nacional con un 29 a un 32%, menos que el sector de hidrocarburos. Información oficial indica que en la minería, el sector privado aporta con el 75% de la exportación de minerales, y el resto se di-viden entre la minería cooperativizada y la estatal (El Diario agosto 2009).

La Ley 3787 (de modificaciones al Código de Minería) del 24 de noviem-bre de 2007 y el Decreto Reglamentario del 21 de mayo de 2008, re-crearon la regalía minera que reemplaza al Impuesto Complementario Minero (ICM), anula la acreditación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y se incorpora en la tributación a los minerales antes no considerados. De esta manera, la regalía se basa en el volumen de pro-ducción y su valor de exportación, no así en los balances de utilidades que nunca fueron confiables. Esta decisión habría permitido elevar en cierta medida los ingresos para el Estado en el tema de regalías. El año 2008, la reformulación del Régimen Tributario del Código Minero del 2007, fue criticado (CEDLA, 2008) en sentido que las políticas mineras sólo impli-can reformas parciales y contradictorias y no atacan el fondo neoliberal de la norma minera vigente. El CEDLA sostiene, que el gobierno reali-zó reformas que no modificaron la política de libre mercado, por lo que las empresas privadas transnacionales y nacionales, siguen manteniendo muchos de los privilegios otorgados principalmente por el gobierno de Sánchez de Lozada. Las modificaciones se concentraron en el incremento de los ingresos fiscales a través de impuestos y tributación, afectando a las utilidades de las empresas tan sólo en la coyuntura de los precios altos pero, sin afectar su renta minera (CEDLA, Minería Hoy, 2008).

Esa situación se hizo patente en el conflicto de San Cristóbal en abril de 2010, al conocer la exiguidad de las regalías mineras, respecto de los

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ingresos por exportación de concentrados, que tenía la empresa transna-cional SUMITOMO.

El juego de San Cristóbal en el tema impositivoFuente: obie/anF, noV. 2008

La Empresa Minera San Cristóbal opera con “Contrato de futuros”, por lo tanto, tiene asegurados sus ingresos con precios por encima de las bajas cotizaciones. Sin embargo, las arcas públicas nacional y departamental no se benefician de estos, porque el cálculo de regalías y el impuesto a las utilidades son calculados sobre la franja estipulada en la Ley 3787. La explotación de los concentrados de plomo, plata y zinc en el yacimiento ubicado en Nor Lípez, Potosí, es un negocio sólido por la cobertura de precios por seis años. Por lo tanto, aun cuando cambie de manos la propiedad Minera San Cristóbal (MSC), de APEX SILVER a SUMITOMO, igual continuará operando con seguridad, afirmó el Director General de Minería, Freddy Beltrán.

El precio fijo en “Contrato de futuros” asegura ingresos a la compañía, aun cuando no en el mismo nivel que las cotizaciones elevadas, pero sí compensa cuando los precios están cayendo como el caso del zinc que ayer cerró a 0.49 dólares la libra fina; en tanto que el plomo a 0.56 la libra fina y la plata a 9.65 la onza troy. Según la Dirección de Minería del Ministerio del ramo, la Minera San Cristóbal se está beneficiando de esa operación comercial, pero no el país, ni el departamento de Potosí, porque el Impuesto Único y las regalías, tienen otra base de cálculo, cuyo porcentaje baja tomando en cuenta los precios internacionales.

El tema de las regalías e imposiciones a la minería, es todavía una zona gris y nebulosa, que a pesar de las readecuaciones de la normativa, algo más favorables al Estado, todavía genera grandes incertidumbres y discu-siones. Los municipios en los departamentos “mineros”, están en general catalogados dentro de las zonas de alta pobreza, y aparentemente los in-gresos derivados de la minería, que no son ni extraordinarios ni equitati-vos, sirven de cualquier forma, para generar un rápido “umbral de satis-facción” y de aceptación del ingreso minero, por las autoridades locales.

Un elemento de preocupación es el análisis presentado en Econoticias Bolivia el año 2009: “En el trienio 2006-2008, con el presidente Morales, los acau-dalados consorcios mineros exportaron minerales y metales por un total de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo de apenas 220,0 millones de dólares. Esto quiere decir que estas transnacionales por cada 100 dólares

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El sector minero

que facturaron en el exterior, dejaron sólo 5 dólares en impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más. Estos últimos tres años de saqueo minero sólo son comparables con los 10 años de la década 1996-2005, en el auge del neoliberalismo, cuando esta “rosca minera” facturó 4.262,7 millones de dólares, dejando en impuestos y regalías para Bolivia sólo 107,6 millones de dólares, equivalentes al 2,5%. En términos porcentuales, la información oficial permite establecer que del 100% del valor bruto de la producción y de la exportación, las compañías mineras se quedan con el 95 a 97,5 por ciento, y el restante 5 a 2,5 por ciento va al Estado Boliviano”.

Es todavía más preocupante (Econoticias Bolivia, 2009) lo siguiente: Esta cruda realidad numérica podría ser mucho peor para Bolivia, según advirtió a prin-cipios del 2008, el propio Ministro de Minería, quien aseguró, con cifras en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declara-ban en las aduanas bolivianas. El valor de las ventas declaradas oficialmente por los consorcios mineros privados al salir de las aduanas bolivianas fue de 1.072 millones de dólares, pero que los reportes de las aduanas extranjeras a las que llegaban los minerales bolivianos eran mayores a los 2.000 millones de dólares. Esta notable diferencia, según el Ministerio de Minería, se explica porque las transnacionales mineras exportan sin ningún control, minerales en bruto (concentrados minerali-zados de alto valor mezclados con tierra, roca y otros minerales). A ellos les basta una simple “declaración jurada” y no hay un laboratorio gubernamental que certi-fique la cantidad y calidad de estos minerales y muchos menos el valor real de esta exportación.

En esta misma línea, se alertaba el 2009 desde Econoticias Bolivia (2009), sobre las apreciaciones del entonces Ministro de Minería Echazú, en sen-tido que los consorcios transnacionales, habrían extraído de Bolivia, en los últimos tres años, una riqueza minera calculada en más de 8.000 mi-

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El sector minero

llones de dólares, dejando en tributos para el Estado apenas 220 millones. Por su parte, el ex Viceministro de Minería, Pedro Mariobo, manifestaba: “Declaran (en Bolivia) el mineral de menos valor, cuando en realidad sale otro, o bien declaran plomo, pero hay indio, titanio, que van como basura; pero separados en el exterior, eso tiene más valor que lo que declaran”.

A las sombrías revelaciones de Econoticias, se suma el hecho de que los ingresos por regalías mineras del país descendieron en 22,6 millones de dólares en el primer semestre de 2009, en relación con el mismo periodo de 2008, debido a la disminución de los precios internacionales de los minerales. En general, el 2009, las regalías cayeron en 12.26% en com-paración con el 2008. Los departamentos productores recibieron 82,61 millones de dólares, monto inferior en 11,53 millones que la recaudación de la gestión precedente (www.institutoprisma.org, febrero 2010).

Datos oficiales del Ministerio de Minería revelan que la recaudación del Impuesto Complementario a la Minería (ICM), se redujo de 52,3 millo-nes a 29,6 millones de $US, un 43,3%. (OBIE, agosto 2009). Desde el Ministerio de Minería, se reconoció el descenso y se justificó que “Es to-talmente previsible porque las cotizaciones de los minerales han bajado notablemente en este año”. Sin embargo, se aseguraba que la crisis financiera mundial no golpeó al país en mayor magnitud, gracias a que la producción de mine-rales se incrementó. Según el informe del Ministerio de Minería, Potosí (de 35.8 millones a 21.8 millones de $US, un 39%.) y Oruro un 51.1%, fueron las regiones más perjudicadas por la disminución de sus ingresos por regalías en el primer semestre (OBIE, agosto 2009).

La generación de beneficios para las zonas o localidades (municipios) productores, a partir de la distribución de impuestos y regalías, es muy bajo. Así lo revela un análisis de Collque y Poveda (Le Monde diploma-tique, el Dipló, agosto 2010), respecto de la explotación de la Mina San Vicente en Potosí. En 10 años, los impuestos y regalías a ser percibidas

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El sector minero

por el país, serían de 99 millones de $US para un período de 10 años. Esto es un 17,74 % del valor bruto de ventas. Esta relación ya muestra la asimetría de beneficios entre la transnacional (PAN AMERICAN SIL-VER) y el Estado boliviano. Pero, de dicho total solo un 4.23 % beneficia al municipio de Atocha (el resto significa 71.8% para el TGN y 23.59% para la gobernatura de Potosí). Lo irrisorio del asunto es que si el exiguo porcentaje que corresponde al municipio, se distribuyera entre la pobla-ción de Atocha durante los diez años de vida del proyecto, cada poblador recibiría únicamente 56 $US anuales, lo cual muestra claramente, a pesar de los discursos demagógicos sobre la bonanza que significan los pro-yectos mineros, que la minería no contribuye a reducir la pobreza en las regiones donde opera.

En cuanto a lo que es la dinámica de distribución de inversiones, produc-to de las regalías mineras, se debe retrotraer desde el 2008, la exigencia de gastos de inversión y la imposibilidad de cubrir el gasto corriente de las instituciones para fortalecer las oficinas ambientales (prefecturales, municipales e incluso nacionales), a través de la contratación de un mayor número de técnicos ambientales y así fortalecer las acciones de fiscaliza-ción y control ambiental. El marco normativo y funcional de las regalías y el tema tributario minero en general, en el país, ha dejado de lado los aspectos relacionados a la potencialidad de promover incentivos deduci-bles del marco impositivo, que pudieran ser destinados a las acciones de mitigación, a través de la inversión en tecnologías, que reducen el costo ambiental, aspecto que probablemente podría ser negociado, tanto con las regiones receptoras, como con los contribuyentes. (Ribera, 2008).

Conflictos Sociales

El 2009, fue el año de los conflictos sociales en torno a las operaciones mi-neras, aspecto que ya se venía arrastrando desde el 2008 e incluso antes;

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se debe recordar el conflicto de la Mina Santa María, ocurrida en agosto de 2007, cuando la propiedad de la Sociedad Minera del Centro, fue ava-sallada por comunarios de Yunguma, población que se encuentra en la provincia Bolívar de Cochabamba.

Dichos conflictos tienen al menos tres formas: Una relacionada con los reclamos y denuncias respecto a la contaminación ambiental, que afecta las tierras y medios de vida de las comunidades locales; otra, relaciona-da a las demandas de las comunidades sobre la propiedad de las tierras, con operaciones mineras privadas (empresariales o cooperativizadas) y la expectativa de explotación de los yacimientos; una tercera forma de conflicto se da al interior de las operadoras mineras, principalmente entre trabajadores y empresas, debido a situaciones de mal trato laboral e in-cumplimientos empresariales.

Algunos ejemplos de conflictos por demandas ambientales:

y A mediados del 2009, los comunarios del Ayllu Chayantaka, en Po-tosí, obligaron a la empresa Nueva Vista a firmar un documento para abandonar la Mina Aurífera de Amayapampa en manos de la empresa REPUBLIC GOLD. Se alegaba que la explotación capitalista de las minas, sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental, tierras y ríos envenados con mercurio (Econoticias Bolivia. julio 2009).

y En el Área protegida Apolobamba en La Paz, las comunidades ocu-paron instalaciones de cooperativas auríferas que contaminan el Río Suches. (Econoticias Bolivia. julio 2009). El conflicto no fue solucio-nado y al contrario la intensidad de las explotaciones se incremento extraordinariamente.

y El caso más reciente ocurrió en la zona de Coro Coro, cuando comuni-dades adscritas a la CONAMAQ denunciaron irregularidades en cuan-to al uso del agua y efectos de la contaminación por la Hidrometalurgia

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de Cobre impulsada por COMIBOL. Los pormenores son descritos en un acápite posterior de este capítulo.

Relación de conflictos por acceso a las concesiones o explotacionesFuente: econoticias.com (2009)

• Conflicto en el Cantón Tachaca de la Provincia Larecaja, del Departamento de La Paz, entre los comunarios de la región y la Cooperativa Minera Fortaleza San Vicente, que explota oro.

• Amenaza de los comunarios del Cantón Challana a la Cooperativa Minera Aurífera 16 de Noviembre en la Provincia Larecaja.

• Amenaza de comunarios de Tomachi en la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz a la Cooperativa Minera Aurífera La Boliviana.

• Comunarios de Totoral y la Subcentral Santa Rosa, del Cantón Lambate de la Provincia Sud Yungas, en contra de la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Agosto.

• Los comunarios de Huancuni, Provincia Larecaja, Departamento de La Paz, se oponen a la explotación minera de la Cooperativa Machacamarca-Huancuni.

• Trabajadores de la Empresa Minera Chacarilla y socios de la Cooperativa Minera Chacarilla (cobre), mantuvieron en noviembre de 2007 un enfrentamiento con los comunarios de la Provincia Gualberto Villarroel, del Departamento de La Paz.

• Los trabajadores de la Empresa Minera Himalaya son desplazados en octubre de 2007, por comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del Cantón Cohoni, Provincia Murillo, en el Departamento de La Paz.

• Comunarios de Teoponte y Caranavi, al Norte de La Paz, tomaron los yacimientos de oro de las empresas Boliviana y Broncini y hubo la amenaza de hacer lo propio con la compañía 16 de Febrero.

• Campesinos de la Comunidad Huaylluma, de la Provincia Bolívar del Departamento de Cochabamba, toman la Empresa Minera Santa María ubicada en el límite de los departamentos de Oruro y Cochabamba.

• Comunarios de Coca Millipaya, de la Provincia Larecaja, Departamento de La Paz, toman la Mina Lipichi, que explota oro en el norte tropical paceño, con resultado de un muerto y varios heridos.

La FENCOMIN registró más de 30 conflictos mineros, de los que 18 correspondían a avasallamientos por parte de las comunidades. El Se-cretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma, explicó que en las minas se presentan dos clases de conflic-tos, el netamente obrero-patronal, por mejorar la situación laboral, y otra

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entre mineros y comunarios, por posesión de las zonas de explotación (Econoticias Bolivia. julio 2009).

Las más importantes manifestaciones de conflictos por reivindicaciones ambientales, provienen si duda de la Región del Poopó, donde la situa-ción de la contaminación ambiental, alcanza niveles extremos muy críti-cos. Autoridades indígenas y originarias de Oruro, aseguraban que las empresas mineras trabajan sin respetar, ni cumplir la normativa vigente, que reconoce los derechos indígenas como establece el Artículo 15 del Código de Minería, se manifestaba por ejemplo que el Suyo Soras, “Es uno de los Suyos más contaminados de Oruro, donde están asentadas grandes empresas mineras como INTI RAYMI, SINCHI WAYRA, HUANUNI y otras pequeñas empresas que perjudican sobre todo la actividad agropecuaria” (AINI, junio 2008). El pronunciamiento a la opinión pública del Gobierno Originario de los Ayllus Charka Qhara Qhara y la Nación Originaria Sura, es elocuente de un conflicto bajo la demanda de atención al tema ambiental.

A fines de abril del 2010, se produjo un fuerte conflicto social en la zona de operaciones de la mina San Cristóbal (Provincia Abaroa, Municipio Nor Lípez del Departamento de Potosí), pobladores locales demandaron de forma muy dispersa, la atención en servicios de electricidad y caminos, exigiendo al mismo tiempo el pago del agua por parte de la empresa y haciendo alguna superficial referencia a la contaminación. Desafortuna-damente este movimiento estuvo muy mal organizado y sus demandas llegaron hasta ser contradictorias, al manifestar “que no estaban en contra de la empresa”, sino de la prefectura del departamento, al punto de que el gobierno le confirió móviles políticos. En ningún momento, la nacionali-zación de San Cristóbal fue una de las demandas. Entre tanto, esto fue propuesto por organizaciones ambientalistas.

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El origen de este conflicto, tuvo raíces en las evaluaciones y posterior denuncia de sobre-explotación de los acuíferos fósiles por el megapro-yecto San Cristóbal, promovidas por FRUTCAS y el CGIAB, en base a la evaluación de un experto hidrogeólogo internacional (Robert Moran), denuncia a la cual se sumaron poco después numerosas instituciones. También el tema de la exigua regalía que paga la Minera San Cristóbal, que por las declaraciones del propio Ministro de Minería fue otro de los detonantes (ver capítulo de San Cristóbal en este trabajo). De cualquier forma, el conflicto social se aplacó, después de varios días de violenta pro-testa y lo que quedó al parecer, fue una manifiesta preocupación del go-bierno, en torno especialmente al tema impositivo, más que por el riesgo ecológico, por la expoliación del agua a gran escala. Como era de esperar, la Minera San Cristóbal emitió comunicados “aclaratorios” en defensa de sus intereses a través del ya característico manejo discrecional de la información.

Otro conflicto con características muy particulares, referidas al incumpli-miento de inversiones y de los procesos productivos comprometidos, se suscitó desde mediados del año 2009, entre la transnacional JINDAL y el gobierno. Fue un conflicto muy ambiguo por la diversidad de denuncias, alegatos y amenazas de salida de la transnacional (ver capítulo del Mutún en este trabajo), el cual finalmente en agosto del 2010, parecía culminar con un acta de entendimiento y reformulaciones al contrato. Al mismo tiempo que se daba una movilización en los municipios del Sudeste de Santa Cruz, reclamando la continuidad del megaproyecto. La demanda social regional, en ningún momento de la historia del megaproyecto enar-boló alguna demanda ambiental.

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PRONUNCIAMIENTO A LA OPINIÓN PÚBLICA El Gobierno Originario de los Ayllus Charka Qhara Qhara (FAOI-NP), la Nación Originaria Sura y la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), en uso de sus legítimas atribuciones amparadas por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se permite emitir el siguiente pronunciamiento a la opinión pública en base a las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO: Que, la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), los Ayllus Charka – Qhara Qhara (FAOI – NP) y la Nación Originaria Sura, son organizaciones originarias articulados tanto del Departamento de Oruro y de Potosí, dedicadas a la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por la actividad minera.

Que, la Visión y Misión de nuestras entidades tienen como fin último el de precautelar por el uso racional de los Recursos Naturales existentes en nuestros territorios y que el beneficio de la explotación de los mismos sea también en beneficio de nuestras comunidades.

Que, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, en su Art. 349 establece: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y, corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo”; este precepto nos señala que todos debemos gozar de los beneficios de la explotación de los Recursos Naturales.

Que, no obstante de que en el pasado mediato las empresas transnacionales, así como las cooperativas mineras han estado realizando la explotación de recursos mineros sin el concurso de las comunidades ni la CONSULTA PREVIA, PÚBLICA Y OBLIGATORIA que los operadores mineros debieran cumplir con las comunidades respetando su territorialidad, cosmovisión y usos y costumbres.

Que, el Art. 342 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala: “Es deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los Recursos Naturales y la Biodiversidad, así como la de mantener el equilibrio del Medio Ambiente”. No obstante de este principio constitucional, la explotación minera hasta ahora fue de manera irracional dejando nuestras tierras y ríos (y otros recursos naturales), comprometidos con la contaminación.

Que, si bien sabemos y comprendemos que la actividad minera genera recursos para el Estado y es sustento de muchas familias, donde se encuentran inclusive nuestros propios parientes, éste debe desarrollarse dentro del concepto de MAYOR BENEFICIO PARA EL PAÍS Y DE MENOR CONTAMINACIÓN. Que se acabe el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales.

Que, uno de los factores que enfrenta a compañeros de clase como son los hermanos de nuestros Ayllus y los trabajadores mineros, es la falta de visión de personeros de gobierno en la implementación del componente PARTICIPACIÓN.

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Por tanto

RESUELVE: PRIMERO.- Exigir a las autoridades de gobierno la aplicación resuelta de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional referente a la explotación de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la consulta participativa.

SEGUNDO.- En el caso Amayapampa, la consulta debe realizarse en base al Art. 30 inc.15 de la Nueva

Constitución Política del Estado Plurinacional además del respeto a la territorialidad, cosmovisión, usos y costumbres de nuestros pueblos.

TERCERO.- Los Pueblos Indígenas y Naciones Originarias proclamamos que la vida es el bien máximo a proteger por lo tanto, todo conflicto en estricta aplicación de nuestra cosmovisión, se la debe realizar a través del diálogo, la honestidad y la transparencia.

Es dado en el primer encuentro de organizaciones originarias aglutinados en la FAOI – NP, Nación Originaria Sura y la CORIDUP a los veintinueve días del mes de julio de dos mil nueve años.

En otras regiones también se dieron similares pronunciamientos, por ejemplo, el Tata Gregorio Choque, autoridad de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, manifestó, “que existe un gran interés entre las comunidades afectadas por conocer la leyes que regulan la actividad minera en Boli-via y los derechos indígenas que están reconocidos en las leyes nacionales para poder exigir su reconocimiento y cumplimiento a las autoridades nacionales y departa-mentales” (AINI, junio 2008).

El conflicto de VISTA GOLD en Amayapampa, tuvo raíz en la anuncia-da venta de la mina de oro, por la empresa canadiense VISTA GOLD CORPORATION a la empresa REPUBLIC GOLD LIMITED (RGL), quedando la primera como subsidiaria de la REPUBLIC GOLD (en rea-lidad creando una figura de empresa filial con el nombre de NUEVA VIS-TA). De acuerdo a la Superintendencia de Minas de Potosí el proceso era completamente ilegal, habiéndose rechazado el registro de una solicitud por derecho hereditario, bajo el entendido de que la eventual transferen-cia de la mina no puede ser considerada como un bien parecido a un in-mueble, es decir no se puede vender o heredar. La REPUBLIC GOLD

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comprometió inversiones por unos 30 millones de $US para explotar a cielo abierto, pero no ha logrado ingresar a una fase operativa por la pre-sión de las comunidades aledañas. Desde el Ministerio de Minería se re-conoció que ni la empresa ni el gobierno habían podido “convencer” hasta ahora a los comunarios para que acepten las operaciones mineras. Entre los indígenas y campesinos, hay el convencimiento de que las operaciones mineras destruyen a la “madre tierra” y sólo enriquecen a las compañías privadas que se llevan al exterior los minerales y las millonarias ganan-cias, dejando en la zona de explotación sólo desolación, pobreza, conta-minación y muerte (Econoticias Bolivia. julio 2009). Con la propuesta del Ministerio de Minería, de encarar una consulta pública que permita, “que los habitantes de todos los Ayllus del Norte Potosí, den su punto de vista respecto a la operación minera aurífera, se pretendió evitar que sea únicamente un sector, quien imponga su criterio”, esto en alusión al Ayllu Chayantakas del Muni-cipio de Chayanta, que se opone a que la empresa NUEVA VISTA opere en la región. Mientras el Ministerio de Minería prepara la consulta, las autoridades del Ayllu Chayantakas, dieron a conocer la amenaza de que, si la empresa NUEVA VISTA no abandonaba el yacimiento otorgado en concesión por el gobierno, tomarán la mina de forma violenta y afectarán la maquinaria y otros bienes de la empresa (Hidrocarburosbolivia.com; mayo 2009). En meses posteriores, el Ministerio de Minería, promovió la consulta pública abierta a otros ayllus y organizaciones de la región, como parte de una estrategia para reducir la oposición del ayllu afectado directamente y así facilitar el ingreso de la empresa cuestionada. Sin duda una situación que debería ser investigada a detalle en el futuro.

En agosto del 2010 se anunciaba que la empresa NUEVA VISTA (filial de la RGL) había finalizado los estudios de factibilidad para la explota-ción de las reservas de Amayapampa (1.3 millones de onzas), prevista bajo la modalidad de cielo abierto y con una inversión de 80 millones de

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$US. Según personeros de dicha empresa filial “se cuenta con el apoyo de de las comunidades aledañas a la mina por el impacto positivo que se generará en los cincos años de explotación” (La Razón, 21 agosto 2010).

Es importante recordar que la zona es socialmente conflictiva y tiene el penoso antecedente de la masacre de Amayapampa y Capasirca ocurrida entre el 19 y 21 de diciembre de 1996, la cual se produjo por el intento de toma de las minas auríferas por pobladores locales, e involucro a la em-presa canadiense Da Capo Resources, a la cual el gobierno de Sanchez de Lozada, había concedido la mina, al amparo del Código minero y a través de una subasta, sin consulta ni consentimiento de los pobladores locales.

En el caso de la explotación aurífera que afecta al Río Suches y que viene ocasionando una importante devastación de la zona de la Laguna Suches en el Área Protegida Apolobamba, (ex Reserva Ulla Ulla), el conflicto se suscitó entre las comunidades que reclaman la paralización de la ex-plotación por los efectos que ocasionan las numerosas cooperativas que explotan la zona, generando fuertes impactos que no sólo se refieren a la contaminación química (mercurio), sino el daño irreversible a los bofeda-les de la zona, desvío de ríos y la extracción masiva de agua de la laguna. Se denota la pasividad de la AAC y en especial del SERNAP, para buscar las medidas de control de estas actividades de alto impacto, que afectan una región bajo régimen especial con protección legal y de gran impor-tancia ecológica.

En el caso de Mina Himalaya (faldíos del Illimani), el conflicto se dio entre algunas comunidades de la zona y la empresa propiedad de Hansa. Las comunidades antagónicas toman la empresa con violencia, desalojan a los trabajadores mineros que denuncian a los comunarios como “usur-padores”. Los comunarios que ocupan la mina iniciaron la explotación minera del Wolfram, bajo el reclamo de los trabajadores mineros y de la empresa. Algunas comunidades están a favor de la empresa y de los

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mineros, por tanto en contra de los “usurpadores”, con lo que también emergió un conflicto entre comunidades y pobladores. El tema ambiental fue tímidamente mencionado.

En el caso de Coro Coro, el conflicto fue suscitado a raíz del inicio de las operaciones mineras de la COMIBOL y las posteriores acciones de esta empresa sin una consulta pública previa y un manejo discrecional de los instrumentos de gestión ambiental. A mediados del 2009, las comu-nidades locales que son parte del Jacha Suyo Pacajes y CONAMAQ, denunciaron contaminación y desvío de un cuerpo de agua por parte de la empresa. Dichas comunidades, reclaman su derecho a la consulta que no dio curso el gobierno para la puesta en marcha de la planta hidrometalúr-gica, que comenzó a producir planchas de cobre sin Licencia Ambiental. Por su parte, la empresa estatal contó con el apoyo de los trabajadores mineros que rechazaron la posición de las comunidades, generándose in-cluso amagos de enfrentamientos entre comunidades y trabajadores. La estatal, aparentemente, llegó más lejos, logrando parcializar a parte de las comunidades de la región, e incluso a algunos dirigentes del Jacha Suyo Pacajes en contra de la CONAMAQ, vale decir, dividiendo a las organizaciones sociales. El accionar de COMIBOL y del Ministerio de Minería, fue poco responsable, polarizando las posiciones y agudizando el conflicto entre las partes. Incluso, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, uno de los representantes del CONAMAQ, liderizó las denuncias y deman-das a la empresa y fue advertido por el gobierno, con ser enjuiciado por presuntos delitos cometidos en contra del Centro Minero Coro Coro, en un intento de criminalizar el reclamo ambiental. Entre las demandas de las comunidades de Coro Coro estaban: la firma del acuerdo marco para realizar la consulta a los pueblos indígenas originarios, la Ficha Ambien-tal de la planta, medidas de mitigación por la contaminación y documen-

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tación legal de funcionamiento de la empresa. Por su lado, el Ministerio de Minería negó que se esté vulnerando normas ambientales (La Prensa, 18 noviembre, 2009), esto fue aseverado a pesar de haber empezado la producción industrial de cátodos de cobre de alta pureza, sin contar con la Licencia Ambiental.

Genaro Thola, comunario de Jacha Suyu Pacajes, en Coro Coro, Provin-cia Pacajes en el Departamento de La Paz, denunció que la COMIBOL no había cumplido los acuerdos ambientales: “Tenemos varios compromisos con la COMIBOL y el Ministerio de Minería, hicimos varios acuerdos, nos tenían que dar la información sobre la hidrometalúrgica de Coro Coro, pero no cumplieron, por eso la población rechaza”. De la misma forma, Thola aseguró: “hay ani-males que se han enfermaron por la contaminación de la mina, aunque el gobierno diga lo contrario, por ello insistimos en que se cumpla la ley y los acuerdos”. El Viceministerio de Medio Ambiente anunció en dicha oportunidad, con sancionar a la Corporación Minera de Bolivia, de confirmarse algún gra-do de contaminación ambiental de la planta de cobre, pero al parecer de los comunarios, esto no se llegó a cumplir (ANF, 1 de diciembre 2009).

Es en este punto donde el conflicto se complica más allá de la confron-tación con la empresa, cuando el Sindicato de Trabajadores Mineros de Coro Coro, se declaró en estado de emergencia por las denuncias de con-taminación ambiental realizadas por las comunidades del lugar. Los re-presentantes mineros, advirtieron que defenderán sus fuentes de trabajo aún a costa de su propia vida, para que el proyecto minero no sea sabo-teado. Anunciaron que no permitirán el ingreso a la planta a los “malos dirigentes originarios”, mientras no se hagan presentes sus autoridades originarias superiores (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas - Jacha Suyo Pacajes - Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesi-nos de Bolivia). El conflicto adquirió ribetes de violencia, cuando, según las denuncias del CONAMAQ, la comisión de las autoridades del Jacha

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Suyu Pacajes quiso realizar una inspección de las afectaciones, pero de-nunció que fue “correteada” en medio de dinamitazos por los mineros de la planta de Coro Coro, quienes impidieron la inspección ambiental in situ de ese centro minero (La Razón, 20 noviembre 2009). Curiosamente, otra noticia contradictoria, es emitida el 31 de diciembre del 2009 (El Diario), en la cual, las catorce Marka Mallkus del Jacha Suyu Pacajes acusaron al CONAMAQ de dividir a las comunidades de Pacajes y desconocieron su representación, al mismo tiempo que “apoyaban el proyecto minero de Coro Coro”. Lo contradictorio del caso, radica en que la comisión de autorida-des, primero es “correteada” a dinamitazos por los mineros de Coro Coro y después de un tiempo, las mismas autoridades dan el apoyo al sector minero que los correteó. Esta noticia es muy extraña por su incongruen-cia y podría dar a suponer muchas cosas, lo que si llegó a ocasionar, es una división y contienda entre las organizaciones sociales. Días antes de este suceso violento, los integrantes de Jachá Suyo Pacajes (organización que representa a las 11 comunidades de la zona), intentaron dialogar con autoridades de la estatal minera. Su Secretario Ejecutivo explicó que las comunidades exigen que se deje sin efecto el desvío del río en la localidad Sicuipata, que alimenta de agua al proyecto (La Prensa, noviembre 2009).

También es muy extraño que en una conferencia de prensa organizada por COMIBOL, los dirigentes del Sindicato Agrario de la Provincia Pacajes, negaran los efectos ambientales y aseguraron que el Ministerio de Medio-ambiente y Aguas, había ya entregado la Licencia Ambiental.

Lo cierto es que la intromisión vertical de proyectos mineros, como el de Coro Coro, ejercen un impacto de enorme magnitud sobre la estructura de las organizaciones sociales, algo incongruente con lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado. Se puede interpretar una inten-cionalidad muy poco responsable por parte de la empresa estatal minera, no sólo en términos de generar una polarización entre comunidades y el

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sindicato minero, sino de incentivar un enfrentamiento entre organizacio-nes campesinas de la región, induciendo un divisionismo y debilitamiento de las organizaciones sociales, que supuestamente son un pilar de las polí-ticas del Vivir Bien (vivir Bien, también es vivir en paz). Estas formas de cooptación y divisionismo de las organizaciones locales, fue denunciada en el caso de conflictos petroleros en el norte de La Paz.

Desde LIDEMA se alertó que las acciones de escasa responsabilidad so-cial y ambiental con las que COMIBOL está impulsando el proyecto hi-drometalúrgico de Coro Coro, especialmente en cuanto al tema del agua, que es muy delicado, pueden llegar a desencadenar graves enfrentamien-tos, no sólo entre las comunidades locales y los trabajadores mineros de la zona, sino entre las propias comunidades. Se percibe una marcada falta de voluntad y de capacidades en cuanto a llevar adelante una efectiva resolu-ción del conflicto que parecía agravarse a fines del 2009, y no tenía solución a mediados del 2010, quedando evidente la división de las organizaciones y comunidades de la zona. A esto se suman la noticia de una agresión por los mineros de Coro Coro a un equipo evaluador de CEADES, los cuales fueron perseguidos con dinamitazos, bajo el argumento de una “invasión” de las instalaciones mineras, agresión de alguna forma justificada por el gerente de la planta de Coro Coro (La Razón, 12 agosto 2010).

Finalmente, situaciones de confrontación entre trabajadores y empresas se dieron el 2009, en los casos de Sinchi Huayra, donde la Suiza GLEN CORE fue acusada de exigir horas extraordinarias de trabajo en condi-ciones de plusvalía. La PANAMERICAN SILVER en la Mina San Vi-cente, también tuvo conflictos con sus trabajadores por problemas labo-rales. En el caso más reciente de San Cristóbal, el conflicto se dio entre trabajadores y la empresa SUMITOMO, la cual fue denunciada por es-tablecer nuevos contratos socialmente desventajosos, a lo cual la empresa respondió con una demanda, intentando criminalizar los reclamos de los trabajadores.

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En julio del 2009, los líderes de las organizaciones indígenas y campesi-nas, que no concuerdan con la política gubernamental de desarrollar las operaciones mineras y petroleras a expensas del medio ambiente y los pueblos originarios, conformaron la “Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia”, con la participación de las siguientes organizacio-nes: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-“Bartolina Sisa” (CSMIOC–“BS”), la Confederación Indí-genas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Afroboliviano (Econoticias Bolivia, julio 2009).

Aspectos más destacados de las Resoluciones del encuentro de las Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas del país, del 8 de julio del 2009:*Amparados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.

*Ante los inminentes conflictos SOCIO AMBIENTALES por el desarrollo de actividades extractivas existentes en nuestros territorios, mismos que violan nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado, Leyes y Tratados Internacionales.

*Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución por parte del Gobierno y sus Ministerios.

*Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de normas en relación a la industria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, construidas sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado.

*Que los conflictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las organizaciones indígenas originarias campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobierno, por el desarrollo de actividades extractivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria.

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*Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidrocarburíferas, afectando a las instancias de representación de las naciones y pueblos indígenas originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el fin de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.

*Que el Ministerio de Minería pretende aplicar procesos de consulta pública, sin respetar lo estipulado en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.

POR TANTO, RESOLVEMOS:En lo referido a la problemática minera, exigimos:

La promulgación del Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras propuesta por las organizaciones indígenas originarias y campesinas del país; la paralización de los procesos denominado como de “Consulta Pública en Democracia”, desarrollados y aplicados por el Ministerio de Minería, para iniciar proyectos mineros, hasta que no se tenga promulgado el Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras.

La realización de la consulta y participación a pueblos indígenas originarios y campesinos, debe respetar las estructuras orgánicas, las normas y procedimientos propios y la territorialidad de cada nación y pueblo.

La paralización de las actividades mineras en los territorios indígenas originarios y campesinos que no hayan cumplido con el proceso de consulta y participación a los pueblos afectados, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

TERCERO.- En lo referido al tema Hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburtos, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas originarios campesinos establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes.

CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mozeten y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la licencia ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado.

Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados omitiendo y vulnerando los derechos, lo que puede implicar incluso la revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapanpa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los Suyus, Marcas y Ayllus del CONAMAQ.

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Dicho pronunciamiento es una muestra contundente de la posición de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, denunciando los ava-sallamientos de los espacios tradicionales originarios y exigiendo la para-lización de nuevas operaciones mineras y petroleras en sus territorios, sin su expreso consentimiento y previa consulta (Econoticias Bolivia, julio 2009). Los indígenas conminaron al gobierno a detener los trabajos pe-troleros que se han iniciado en la Amazonía y otros emprendimientos mi-neros que se realizan en el Altiplano, atentando contra el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades. Los representantes indígenas y campesinos retaron a los gobernantes, además, a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible y a definir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales.

La posición firme y coherente de las organizaciones sociales molestó al presidente Morales, quien acusó a las Organizaciones No Gubernamen-tales (ONGs), defensoras del medio ambiente de estar “manipulando” y “confundiendo” con intereses políticos a los líderes indígenas: “No solamen-te (hay) una oposición que son los neoliberales, sino también alguna oposición de algunas ONGs que van desorientando al pueblo boliviano” (Econoticiasbolivia, julio 2009). Esta crítica hacia los líderes indígenas, menosprecia y desva-lora su capacidad de pensar, plantear y denunciar las problemáticas que les afectan. Es una visión paternalista que asume, que los indígenas son incapaces de emitir sus opiniones y posiciones, sin necesidad de padrinaz-gos de terceros.

El pronunciamiento de julio del 2009, es emblemático en el sentido de proclamar un modelo de resistencia social propio, incluso contra un go-bierno que ellos mismos han encumbrado, del cual forman parte y al cual apoyan en general. También desvaloriza el compromiso de muchas or-ganizaciones no gubernamentales, que efectivamente defienden el medio ambiente en contra de los desmanes empresariales, y que sólo buscan el

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cabal cumplimiento de las normas, así como mayor coherencia entre el discurso y la práctica. Es cierto que muchas ONG´s y otras organizacio-nes de la sociedad civil, apoyan a las comunidades locales y toman parte en los conflictos sociales donde la minería (o hidrocarburos), actúan de forma arbitraria, esto lo hacen tanto ahora, como hace diez años, durante el avasallamiento neoliberal a los recursos.

Impactos SOCIO AMBIENTALES

Los primeros meses del 2009, la intensificación de la problemática ambien-tal aparentó una suerte de alivio por la reducción de los ritmos de explota-ción minera, que se habían intensificado entre el 2006 y fines del 2008. De cualquier forma, las operaciones mineras en la generalidad de los casos se dieron como siempre, con escasos recaudos ambientales, generando fuer-tes impactos de contaminación. A esto se suman los enormes volúmenes de pasivos ambientales contaminantes, que continúan afectando el ambiente, más allá de cualquier eventual reducción de las operaciones.

En cualquier análisis serio de la minería en el país, emerge de una forma u otra, el hecho de que es el sector que ha generado y genera mayores impactos y riesgos SOCIO AMBIENTALES, ya sea que se hable de la gran minería o de las cooperativas, incluyendo por supuesto a la minería de la empresa estatal COMIBOL. También es por demás evidente que la transferencia de los mayores costos SOCIO AMBIENTALES, se da hacia los sectores más vulnerables, es decir las comunidades indígenas y campesinas de las regiones con yacimientos en explotación (PetroPress Nº 13, enero 2009). La agresión ambiental y social de la minería es un hecho axiomático, donde resulta casi ocioso buscar mayores comproba-ciones. El mismo sector minero cooperativizado, así lo llega a recono-cer (Bocangel et al, 2009; MEDMIN, 2009), invocando al mismo tiempo apoyo tecnológico y capacitación para la reducción de las afectaciones.

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En tanto que los megaproyectos, como fue Inti Raymi en su momento y actualmente es San Cristóbal, mimetizan los enormes impactos ocasiona-dos bajo la supuesta figura de un buen “apego a la norma” y aparentando generosos apoyos a las comunidades locales, incluso gestionando la certi-ficación ISO. Adicionalmente, es muy difícil lograr un proceso responsa-ble de auditoría ambiental a estos mega emprendimientos, como se viene dando en el caso de Inti Raymi.

Jordán (2009), experto en minería, retrotrae otra constante de la minería a lo largo de años y décadas, las actividades mineras tradicionales (extrac-ción y concentración) son altamente contaminantes y reacias al cumpli-miento de la Ley del Medio Ambiente, destacando el hecho de que su di-námica propende al empleo abierto y subempleo. Los daños ambientales que generan entre las comunidades (sin compensación alguna), dan lugar a un gran rechazo del sector minero en general, al punto de tener “una lar-ga historia negra de actividad depredadora y generadora de impactos ambientales”. Así mismo, Jordán (2009), menciona una verdad lacerante: “El alto grado de presión social y política que ejercen las cooperativas y los ingenios mineros sobre las instancias del gobierno central, departamental y municipal, les permite actuar con impunidad en materia de contaminación ambiental”.

Algo que queda por demás evidente es que la minería tradicional no ha dado el salto tecnológico hacia formas más amigables de producción, am-bientalmente hablando, tampoco el estado ha sabido acompañar un proce-so plenamente esperado de reducción de la contaminación. Según Jordán (2009), las acciones realizadas a nivel de mitigación y remediación, como los diques de colas o los encriptamientos de colas y desmontes, atacan los efectos pero no las causas propiamente. A esto se suma que dichas accio-nes, muchas veces se han dado, total o parcialmente, con financiamientos de donación externa, significando un subsidio injusto hacia empresas o grandes cooperativas con buenos niveles de rentabilidad en sus operacio-

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nes. Los casos extremos de financiamientos crediticios significan, un pago que llega a recaer en la sociedad nacional en su conjunto.

En resumen, los impactos SOCIO AMBIENTALES de la minería en el 2009, sumaron y siguieron creciendo, con reactivaciones de operaciones anteriores o aparición de nuevas iniciativas, incorporando nuevas regio-nes ecológicas del país, en concordancia con las demandas crecientes de materias primas de los países industrializados.

Los siguientes se consideran los impactos SOCIO AMBIENTALES más críticos de la minería en el territorio nacional:

y Cuenca lacustre Uru Uru - Poopó en Oruro: ríos Huanuni, Poopó, An-tequera, Pazña, Japo. Intensa contaminación por minas importantes como Bolívar, Poopo, Japo, Totoral, Antequera.

y Cuenca alta del Pilcomayo, ciudad Potosí y red fluvial que alimenta el Pilcomayo en su curso hacia los Valles de Chuquisaca. Intensa con-taminación por enormes acumulaciones de inmensos pasivos, (como San Miguel), actividades de ingenios mineros y operaciones extracti-vas residuales.

y Cuenca Pilcomayo en Potosí, Chuquisaca y Tarija. Subcuencas Atocha-Cotagaita-Tumusla, hacia el río Pilaya y el curso bajo del río Pilcomayo. Intensa contaminación por metales pesados producto de pasivos (Ubi-na, Pulacayo, Siete Suyos) y más de 30 operaciones pequeñas en curso.

y Megaproyecto Minero San Cristóbal, Departamento de Potosí (San Cristóbal, KulpinaK, Vila Vila, Alota), en dos años se produjeron cua-tro accidentes con colas y materiales contaminantes. Extracción expo-liativa de enormes volúmenes de aguas subterráneas amenazan el equi-librio de una extensa región.

y Regiones cordilleranas y de Yungas de La Paz, intensa actividad de ex-plotación aurífera, incluyendo afectaciones severas al interior de Áreas

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Protegidas como Apolobamba, Cotapata y Madidi. Devastación de ecosistemas muy frágiles y contaminación con mercurio-cianuro. En el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Apolobamba, los impac-tos en la zona de los lagos Suches y Antaquilla, así como el dinamitado de glaciares en la zona de Pelechuco, han adquirido una magnitud e intensidad extremadamente críticas.

y Región Guarayos-Chiquitanía, departamento de Santa Cruz (San Ramón, San Javier, Concepción, Ascensión de Guarayos), intensa actividad de explotación aurífera, con fuerte ingerencia de súbditos brasileros. Devastación de ecosistemas frágiles y contaminación con mercurio-cianuro.

y Reactivación de explotación de cobre en Coro Coro en el Departamento de La Paz. Procesos hidrometalúrgicos, uso de agua bajo situaciones de conflicto social, riesgo de uso de grandes volúmenes de ácido sulfúrico.

y Incremento de las explotaciones de Antimonio, estaño y wolfram en la región de Ayopaya (Cochabamba) por cooperativas mineras. Las re-giones montañosas de Ayopaya se caracterizan por su elevada fragili-dad ecológica, dadas las pendientes y la estructura geológica.

y Explotación del wolfram en las regiones de Kami, Chicote Grande, Chicote Chico, Tasna, Chorolque, Mina Susana, Pueblo Viejo, Cara-coles, a lo largo de la faja polimetálica de La Paz, Oruro y Potosí. Se conoce que el wolfram ocasiona efectos de irritación de la piel y los ojos al contacto, mientras que la inhalación causa irritación de los pulmones y de las membranas mucosas (www.lenntech.es).

A lo anterior se suma la penosa carga de los pasivos ambientales en el país, que sumarían cientos de millones de toneladas. El número de mi-nas abandonadas y cerradas durante muchos siglos de minería, contienen grandes volúmenes de desmontes y relaves, que por falta de información

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no es posible cuantificarlo. Sin embargo, se pueden mencionar, sin ser exhaustivos los casos de las colas y desmontes de Siglo XX (Catavi), San José (ciudad de Oruro), Chorolque, Japo, San Miguel, Porco, Animas, Siete Suyos, Chorolque, Colquechaca, Tasna, Tatasi y otros al sur del Departamento de Potosí, Caracoles, Colquiri, Milluni (cerca a la represa Milluni que abastece de agua potable a la ciudad de La Paz), sin tomar en cuenta los residuos y desmontes originados en la minería aluvial en el Norte de La Paz, como ser La Chojlla, Tipuani, Teoponte, Guanay, así como desmontes dispersos en la cordillera, realizados por centenares de cooperativistas mineros auríferos.

Entre los procesos potenciales que son de alto riesgo y pueden generar grandes impactos al futuro se cuentan:

y Explotación de hierro en el Cerro Mutún, riesgo mayor por uso de grandes volúmenes de agua, relativamente escasa en la región.

y Exploración – explotación de hierro en la Reserva Tucavaca, con ele-vado riesgo sobre la Serranía de Santiago, iniciativas a partir de las empresas SIDERESTE y KILENO.

y Intensificación de exploraciones y explotaciones en la Chiquitanía en busca de metales y elementos raros, como níquel, torio, tantalita, plati-no, uranio, piedras preciosas.

y Explotación del Litio a gran escala y afectaciones ecológicas y paisajís-ticas al Salar de Uyuni.

y Ampliación de la explotación de cobre en Coro Coro, así como de los procesos industriales, con participación de empresas extranjeras (p.e. Kores) y grandes inversiones.

y Explotación de azufreras como la de Capuratas en Oruro.

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y Exploración y eventual explotación de Uranio en Potosí (zona cerro Cotajes) y Coroma en el límite entre Oruro y Potosí.

y Explotación aurífera en la Serranía del Tutumo, afectando una zona de extraordinaria riqueza biológica al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi,

y Explotación de depósitos de baja ley de plata y oro en Sud Lípez (in-cluida la Reserva Eduardo Abaroa).

y Expansión e intensificación de la explotación aurífera en diversas re-giones del país con yacimientos o depósitos aluvionales, en relación a los precios excepcionalmente elevados del metal.

y Intensificación de la explotación del Wolfram en diversos centros mine-ros, por cooperativas y pequeñas empresas, bajo el estímulo del estable-cimiento de una planta de industrialización de este mineral.

Parte de los escenarios de riesgo socioambiental, es la intención del Mi-nisterio de Minería de impulsar la explotación de los Yacimientos Cobri-zos y Abaroa en Potosí a partir de Join Ventures con los “propietarios de los yacimientos privado” (textual: El Diario, 11 abril 2010) y una compañía de Vietnam, la VIET-HAN CORPORATION. No se menciona en nin-gún momento, el proceso de concertación y consulta con las comunidades locales, o el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Es posible que, como en el caso de Coro Coro, la COMIBOL argumente que Cobrizos, es un yacimiento con data de explotación colonial y con explotaciones artesanales pequeñas recientes y por tanto, que no requiera un EEIA y solamente una Ficha Ambiental o un Plan de Adecuación Am-biental, como únicos requisitos para la obtención de la Licencia Ambien-tal. Con esto, el riesgo de ocasionar impactos ambientales se incrementa.

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Normativa e instrumentos de gestión ambiental

En el 2009, no se percibieron avances en cuanto al fortalecimiento de las normas e instrumentos de la gestión ambiental, destinados a reducir los impactos de las actividades mineras. Son reiteradas las críticas sobre la inaplicabilidad de las normas, debido a la “pesadez jurídico ambiental”, a los vacíos legales y ambigüedades que dificultan la toma de decisiones, así como la enorme magnitud de las problemáticas actuales y acumula-das (Peláez, 2009). A lo largo de todos estos años, el código minero aún vigente (Ley 1777), ha sido un enorme obstáculo para el cumplimiento cabal de la Ley del Medio ambiente y sus reglamentos, a lo cual se suma la preeminencia del sector en las decisiones de Estado.

La revista especializada PetroPress (Nº 13, enero 2009), critica la per-sistencia del sistema legal, el cual permite un fácil acceso a yacimientos mineros, que a pesar de la inmovilización de nuevas concesiones, existen situaciones de alto riesgo en la recuperación de antiguas concesiones (al-gunas posiblemente ya abandonadas o revertidas), especialmente en la región de la Chiquitanía. Los casos más recientes se han dado en la Re-serva de Tucavaca, con los intentos de explotación de hierro al interior de un área protegida, por parte de las empresas SIDERESTE y KILENO.

Por otra parte, a raíz de los recurrentes avasallamientos mineros por las comunidades originarias que se presentaron hace algunos meses, se anun-ciaba, en julio del 2009, que el Gobierno preparaba un reglamento de con-sulta a los pueblos originarios y las comunidades, antes de que se instale cualquier nuevo emprendimiento de explotación de minerales. Desde el Ministerio de Minería se informaba a mediados del 2009, que junto a las organizaciones de las comunidades y los pueblos originarios, se discute dicho reglamento, que reconozca los derechos que tienen ambos secto-res para aprobar una operación minera. Este proyecto forma parte de

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la nueva Ley Minera que se compatibilizará con la actual Constitución Política del Estado y que incluirá el tema de los avasallamientos (Econo-ticias Bolivia. julio 2009). Lo anterior se puede interpretar de varias for-mas, una intención dirigida posiblemente a la conciliación y la prevención de emergencia de conflictos. Sin embargo, también puede preverse como un intento de facilitar acciones dirigidas a reducir la capacidad de veto u oposición de las comunidades locales a los proyectos de explotación minera, esto en plena concordancia con la intencionalidad del sector de hidrocarburos, que elabora una norma que evitará la “obstaculización de las inversiones en las áreas petroleras” por las comunidades originarias.

Respecto a la nueva Ley o nuevo Código minero, supuestamente se en-cuentra en fase de revisión y análisis; diversas instancias de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Minera de LIDEMA, hicieron llegar sus pre-ocupaciones, propuestas y recomendaciones, sin embargo, el proceso se desarrolló con escasa o ninguna participación de los movimientos socia-les, la sociedad civil u organizaciones que trabajan en el tema ambiental. En general es una Ley (al igual que la Ley de hidrocarburos), elaborada desde el sector minero, sin pluralidad, ni debate con la parte afectada o de los actores que hacen defensa del los aspectos socio ambientales.

Al momento, poco se conoce al respecto, aunque no se espera demasiado en cuanto a una inclusión más sólida de aspectos de protección social y ambiental. Se conoció a inicios del 2010, que la Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y la Minería chica, preparan una norma alternativa a la propuesta del Órgano Ejecuti-vo, de la cual se podría esperar incluso menos en materia de respeto socio ambiental. A fines del 2009, la Dirección de Minería del Ministerio de Minas, anunció que la nueva Ley minera, a ser aprobada el 2010, obligará a las empresas de todo el sector a cambiar a nuevos contratos, eliminará las concesiones privadas y revertirá al Estado aquellas que no cumplan

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la función económica, además que las comunidades donde se desarrolle algún emprendimiento recibirán regalías (Hidrocarburosbolivia.com 17 agosto 2010).

En fecha 1 y 2 de octubre de 2009, la Secretaría de Minería y Metalurgia, de la Prefectura del departamento de Oruro; realizó el foro taller de pro-puestas para el nuevo Código de Minería (OBIE, 23 octubre 2009). En cuanto a los aspectos ambientales y sociales destacan los siguientes ele-mentos, los cuales constituirían enfoques altamente positos para la bús-queda de elementos de conciliación entre los aspectos socio ambientales y la minería:

1. Se propone que las actividades mineras se realicen conforme al prin-cipio de desarrollo sostenible en sujeción a la constitución política del Estado, Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos,

2. Se propone que los concesionarios u operadores mineros están obli-gados a controlar todas las causas que ocasionen impacto ambiental negativo que se originen dentro del perímetro de sus concesiones, el área de influencia directa e indirecta, así como en sus actividades mi-neras, incluyendo aquellos que solo realicen las actividades de pros-pección y exploración.

3. Los concesionarios u operadores mineros están obligados a evitar, minimizar, mitigar, remedirá, reparar y resarcir los daños ambienta-les que se originen en sus concesiones y actividades mineras, según reglamentación especial, incluyendo a aquellos que solo realicen las actividades de prospección y exploración. Se propone también que tanto los delitos como las infracciones ambientales no prescriban en función al artículo 347 de la nueva CPE

4. Se propone que la Licencia Ambiental para la realización de activi-dades mineras, establecida por la legislación ambiental vigente, será

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otorgada por la autoridad ambiental competente en base a los instru-mentos de regulación de alcance particular, dicha licencia ambiental incluirá en forma integrada todas las autorizaciones, permiso o re-querimientos de protección ambiental legalmente establecidos para las actividades mineras

5. Las normas y limites permisibles ambientales que regulen las activi-dades mineras establecidos en los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, considerarán parámetros estandarizados y adecuados a condiciones nacionales

6. Existe diferentes opiniones con relación al punto de si es permitida la actividad minera en áreas protegidas, unos que no consideran que de-bería haber actividad minera porque contamina y otros si, en al caso que cumplan con la evaluación y la normativa debería ser permitido

Todo parecería indicar que el 2010, se dio un paso atrás en cuanto a la ge-neración de propuestas al nuevo Código o Ley de minería, cuando a partir de un seminario taller para el análisis de la nueva Ley, organizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia (www.mineria.gob.bo 7-10 junio 2010), en la localidad de (Huajchilla La Paz), emergieron las siguientes conclusiones, referidas supuestamente a los temas ambientales:

1. Hubo coincidencia que el principio general que debe regir el trata-miento medioambiental es el de preservar la actividad minera.

2. En criterio de la gobernación de Santa Cruz, algunas competencias de control y fiscalización respecto al medio ambiente deben bajar a los niveles subnacionales, vale decir, gobernaciones y municipios.

3. La Ley minera, en materia ambiental y social, debe ser proteccionista a favor del trabajador.

4. Debe existir control social en las tareas de fiscalización en todas las operaciones mineras.

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5. Debe regir una Ficha Ambiental y Licencia Ambiental común para operaciones mineras ubicadas dentro de una cuenca específica.

6. La Cámara Minera del Oriente considera que debe reintegrarse los áridos a la ley minera.

7. Se expresó un rechazo generalizado a los avasallamientos de ope-raciones productivas mineras, cualquiera que fuese su procedencia.

8. Respecto a la consulta pública, existe consenso de que este proceso no tiene carácter vinculante o de veto, se considera que es imprescin-dible definir el alcance jurídico y procedimientos claros respecto a la consulta pública.

9. La consulta debe aplicarse sólo a las operaciones nuevas.

10. El Ministerio de Minería considera que el proceso de consulta no debe terminar antes de la operación minera, sino también en el trans-curso de ella.

Se puede observar claramente, que los aportes en el tema ambiental para la nueva Ley minera en este evento organizado por el Ministerio del sec-tor, fueron extraordinariamente pobres y superficiales. Llama la atención, la primera conclusión, la cual, o está mal redactada, o realmente la visión del sector minero está profundamente distorsionada, puesto que el postu-lado lógico debería ser a la inversa: los tratamientos mineros, deben tener el principio fundamental de preservar el medio ambiente y no al revés. Se nota además, por las conclusiones, el tono defensivo del sector y la marcada resistencia a la consulta pública. Adicionalmente, muchas de las conclusiones del listado, no corresponden al tema ambiental. A pesar de ello, el Ministerio de Minería aseguró que dicho seminario taller de Hua-jchilla dio excelentes resultados.

En cuanto al tema de las licencias ambientales, al igual que en el caso del sector hidrocarburos, el 2009, se generó una intensa problemática y deba-

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te. Es por demás conocido, que la Licencia Ambiental, permite avalar el cumplimiento de todos los requisitos previstos, sobre procedimientos de prevención y control ambiental. Se supone, que la Autoridad Ambiental Competente, al emitir la Licencia Ambiental tiene elementos para realizar el seguimiento control y regulación de los impactos previstos, así como dar seguimiento a las acciones de mitigación en los procesos de contami-nación y deterioro de la base de recursos,

La norma ambiental considera a la Licencia Ambiental, un instrumento de gestión que estipula una serie de consideraciones y recomendaciones, que las empresas públicas o privadas, deben tomar en cuenta para desa-rrollar su actividad, obra o proyecto. Desde los sectores extractivistas e industriales, la Licencia Ambiental, desafortunadamente es interpretada como un obstáculo al desarrollo de las actividades, obras o proyectos, es decir, una pérdida de tiempo. De igual forma, la elaboración de la Ficha Ambiental, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental o EEIA, las Medidas de Mitigación, los Planes de Adecuación y Seguimiento, etc., se consideran como meros formalismos, una luz verde obligatoria para arrancar cualquier proyecto.

Análisis crítico sobre la utilidad real de la Ficha Ambiental y el EEIA Fuente ProPia

Un comentario crítico central es, que los EEIA en pocos casos han sido tomados en la real dimensión que prevé la norma y considerando efectivas medidas de previsión y minimización de los impactos ambientales. Una de las principales deficiencias en el manejo de este instrumento, está en los procedimientos de asignación de categorías, para asignar el tipo de EEIA que debe realizar un proyecto o no. La negligencia en la aplicación de la norma ha ocasionado que proyectos de alto impacto ambiental, por ejemplo caminos dentro de áreas protegidas, hayan buscado ser calificados como de categoría 3 o 4 y por tanto sin EEIA, tal es el caso del camino que se pretende construir cruzando el Parque Nacional Madidi. Algunas oficinas estatales han llegado a desarrollar los estudios de evaluación de impacto, sin haber elaborado y presentado la Ficha Ambiental, adjudicándose de facto la categoría I, pero sin los elementos de orientación que da la Ficha, tal es el caso del proyecto de la Represa Cachuela Esperanza a cargo de la empresa estatal de energía.

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La mayoría de los estudios de evaluación de impacto ambiental en el país, se han caracterizado por su escasa consistencia y profundidad científica. Su generalidad y enfoque genérico, así como el reducido trabajo de campo que en general se realiza, impide que se preste atención a aspectos ecológicos y SOCIO AMBIENTALES críticos y de especial relevancia. Por ejemplo en la parte biológica, los estudios en general se han limitado a procesos de listados de inventarios de especies sin mayores desgloses, ni tratamiento de distribución espacial o del estado de conservación en la zona estudiada. Pocos EEIA, identifican comunidades naturales frágiles o de alta sensibilidad, aún menos, hace recomendaciones al proyecto para la toma de recaudos y medidas preventivas, o alternativas de trazo, etc. En tanto que muchos aspectos relativos a lo socio-cultural son definitivamente soslayados. Como resultado se ha ocasionado enormes impactos socio-ambientales, los cuales podían haber sido evitados o adecuadamente mitigados.

Las falencias incluso se encuentran a nivel de la propia Norma de Prevención y Control Ambiental, que define el alcance de los instrumentos de forma muy genérica y superficial.

Llama la atención el concepto y enfoque generalizado y trivial con el que se considera a los EEIA, en especial desde los sectores petrolero, minero y de construcción, vale decir la de un simple formalismo que permite aprobar el proyecto y que en general tiene un bajo o nulo nivel de cumplimiento. El incumplimiento a la elaboración del EEIA, es frecuente en proyectos que impulsan prefecturas y municipios.

En términos generales, el nivel de aplicación y cumplimiento de estos diversos instrumentos en los últimos 20 años, ha sido muy parcial y con seguridad ha alcanzado dificultosamente un 30% (industria, minería, hidrocarburos, obras públicas), situación que obedece a la debilidad de la gestión ambiental e institucional en el país y que explica en parte los pronunciados niveles de deterioro ambiental en muchas regiones.

El hecho de que los EEIA en el país sean considerados como meros formalismos y la negligencia con que son elaborados, evaluados y aprobados, tiene como una de sus raíces principales a la debilidad crónica de la gestión ambiental, situación que se enfrenta desde hace varios años.

El cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental (revisión de la Ficha Ambiental y el EEIA, aprobaciones, ajustes, emisión de la Licencia Ambiental), son consideradas como simples tramitaciones, que deben ser cumplidos lo antes posible y sin mayores dilaciones. De existir observaciones de la Autoridad Ambiental, sobre inconsistencias o vacíos, estos se toman como intentos de obstaculizar la obra o proyecto, todo esto refleja una notoria falta de responsabilidad y alto menosprecio por el marco normativo referido a temas socio ambientales

De esta forma, los EEIA han perdido credibilidad general. Los sectores de “desarrollo” como minería o hidrocarburos, lo consideran un obstáculo, una dilación en el marco del costo transaccional de cualquier proyecto. Las empresas, consorcios o equipos que hacen o elaboran los EEIA, saben que están elaborando un documento figurativo en la ruta crítica hacia la aprobación, puesto que las directrices o recomendaciones incorporadas, remotamente serán tomadas en cuenta ni por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) o por la empresa. Por su parte, la AAC (revisores, aprobadores) actúan por inercia o resignación, bajo la certeza de la inefectividad del instrumento. Esto implica, que la (AAC) aprueba los EEIA, de manera casi forzada, vale decir con

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una enorme presión por parte de las oficinas estatales ligadas a sectores preeminentes como hidrocarburos o minería. En más de una oportunidad la AAC no ha tenido tiempo suficiente para realizar una evaluación cuidadosa, ni realizar las recomendaciones de ajuste pertinentes.

Los EEIA tienen varios “males congénitos”, derivados de su marco conceptual internacional que ha llegado a funcionar como una escuela, y han sido adoptados en las normativas de los países. Un elemento crítico se refiere a que la elaboración del EEIA, está bajo entera responsabilidad contractual de la empresa o responsable legal de la actividad, obra o proyecto, y la AAC o la autoridad sectorial, sólo son revisores externos de los resultados. El EEIA, difícilmente puede llegar a cuestionar un determinado proceso, magnitud o tramo, y sus recomendaciones son mayormente superficiales y de forma. Una tendencia casi perversa, parte además, del concepto de que el impacto puede ser de carácter positivo o negativo, lo cual es cierto, sin embargo esto ha dado lugar a que, en muchos casos, se sobre-jerarquicen los supuestos positivos (p.e. empleos temporales, caminos de acceso), procurando al mismo tiempo minimizar los impactos negativos. Otro mal congénito de los EEIA, parte de los marcos o moldes metodológicos de manuales y guías internacionales (p.e. de Canter, o de Conesa) que son aplicados como “recetas de cocina”.

De acuerdo con Gudynas (2009), frente a la crisis de confianza que producen los EEIA, se necesita un nuevo sistema de evaluación del impacto ambiental, el cual debería partir de negar la existencia de un solo resultado dado por el equipo consultor, sino apuntar a admitir la incertidumbre, y dar lugar a una verdadera gestión del riesgo ambiental.

Un ejemplo muy claro, del mal manejo de los instrumentos de gestión ambiental, se vivió a finales del año 2009 y se relaciona con el tema de la Planta Hidrometalúrgica de Coro Coro. Una denuncia realizada por representantes de CONAMAQ, respecto del proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro, daba cuenta que dicha planta no tenía Licencia Ambiental y que sus operaciones para la producción de cátodos de cobre, ya ocasio-naron deterioros a los ecosistemas de Corocoro. El Presidente de COMI-BOL consideraba que a pesar de la ausencia de la Licencia ambiental, “no hubo mucho daño” (El Diario, octubre 2009). Esta autoridad reconocía que “en los ajustes sí hemos tenido indudablemente ciertos desprendimientos de algunas substancias que pueden ocasionar daños al medioambiente. Los cortes de energía eléctrica, nos han ocasionado algunas fugas que pudieron ir hacia el lado de los ríos”, (El Diario, octubre, 2009). Con estas declaraciones, se percibe un

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reconocimiento tácito de la existencia de afectaciones por contaminación en ausencia de la Licencia.

Las siguientes declaraciones de personeros de COMIBOL en Coro Coro, muestran claramente las anomalías y la discrecionalidad con que se ma-neja la aplicación de la norma ambiental, constituyendo una apología de la anomia institucional:

La “licencia ambiental está en proceso”, reconocía la presidencia de CO-MIBOL, y mencionaba que el Viceministerio de Medio Ambiente tenía “algunas observaciones” que en la Corporación “las estaban corrigiendo”. La empresa estatal consideraba que “no” era ilegal la producción de cobre metálico que fue iniciada, a pesar de no contar con la Licencia Ambiental, ni las correcciones y ajustes requeridos por la autoridad ambiental. Vo-ceros de la empresa estatal añadían: “Tenemos prácticamente la autorización correspondiente del Ministerio de Minería”. Lo que más llama la atención, es que dicha autorización habría sido dada por el Ministerio de Minería y no por la Autoridad Ambiental Competente, que es el Viceministerio de Medio Ambiente (El Diario, octubre 2009). Por su parte la Gerencia de la Empresa de Corocoro, reconoció que hubo un retraso con el trámite de la ficha ambiental para la planta hidrometalúrgica, “pero que de ninguna manera se puede decir que eso es ilícito”. (ERBOL, noviembre 2009).

La situación es aún más crítica en cuanto al manejo de las normas am-bientales, si se consideran las declaraciones del entonces Ministro de Mi-nería, quien negó que con la producción de cobre en Corocoro y en la planta Eucaliptus (planta de ácido sulfúrico, que tampoco tenía licencia ambiental para su fase de ampliación), se había vulnerado la Ley ambien-tal: “aunque ninguno de estos emprendimientos tiene la licencia ambiental, no se vulnera nada, eso es falso”.

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Otro elemento que se ha suscitado, asociado al problema de las licencias de Coro Coro, fue que el Viceministerio de Medioambiente, “en tiempo record”, habría entregado a mediados de noviembre de 2009, la Licencia Ambiental de la Planta Hidrometalúrgica de Cobre de Coro Coro, que operó sin dicho instrumento, logrando una producción de 20 a 30 tone-ladas, “como operaciones de prueba”. Lo de tiempo record, posiblemente se refiere a que la entrega de dicha licencia se hizo sin verificar los daños ambientales que se habrían causado, como la contaminación de ríos (ER-BOL/La Razón, 13 noviembre 2009). De acuerdo al Viceministerio de Medioambiente y Biodiversidad, se enviaría una comisión para verificar las denuncias de los comunarios, sobre la posible contaminación de ríos y, que de comprobarse aquello, no se descartaba sancionar a la Corporación Minera de Bolivia (La Razón, 13 noviembre 2009).

Las licencias ambientales previstas a ser emitidas por la AAC, correspon-dían al Manifiesto Ambiental y al Plan de Adecuación Ambiental, esto en función a que se trataba de un “proyecto antiguo en marcha” y por tanto no requería un EEIA. Con seguridad similar subterfugio se utilizará para el Proyecto Cobrizos, que evidentemente tiene data de explotaciones an-tiguas. Esto significa una nueva forma de flexibilizar los procedimientos ambientales de regulación y control, ciertamente amparada en la norma, pero no en el sentido común, puesto que bajo las grandes inversiones de las empresas KORES o VIET-HAN, las magnitudes e intensidades de operación, exceden el alcance del Manifiesto Ambiental o el Plan de Ade-cuación. Considerando la ampliación de la industria a gran escala, bajo la figura de asociación con grandes corporaciones, es pertinente exigir la realización de un EEIA categoría I, debido a los riesgos SOCIO AM-BIENTALES que existirían. También cabe preguntar si COMIBOL y la gerencia de Coro Coro, realizaron la Auditoría de Línea Base (ALBA) para la cuantificación de pasivos, dado que el nuevo proyecto ingresa a

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una región con muchos pasivos ambientales producto de otras etapas de explotación.

Otro tema debatible en la minería y que emergió en Coro Coro, se refiere a la lógica de que el solo hecho de tratar colas y relaves (pasivos), ya sería una acción “medio ambiental” (y por tanto proclive a ser manejada con mayor discrecionalidad). Los responsables de la Planta de Coro Coro, mencionaban que dicho proyecto podría considerarse un proyecto “medio ambiental porque se aprovecha los relaves que antes dañaban el medio ambiente, pues tendría un diseño moderno que protege el ecosistema”. Lo cierto es que si bien el proyecto de Coro Coro (como el de San Bartolomé en Potosí), tiene una lógica orientada al uso de colas, pallacos o relaves, vía tecnolo-gía de punta, el tratamiento de estos materiales genera, otros materiales y emisiones que tienen contaminantes residuales, lo cual conlleva un riesgo de dispersión de estos, a los cuerpos de agua y suelos, proceso que igual-mente debe contar con recaudos ambientales y medidas de control.

En relación a la planta piloto de producción de carbonato de litio que se construye en el Salar de Uyuni en Potosí, ésta ya contaría con el permiso de la prefectura de ese departamento. La información fue proporcionada por voceros del Ministerio de Minería: Como se trata de un proyecto piloto, éste no requiere de una ficha o licencia ambiental para comenzar a operar, seña-lando que la planta recién está en la etapa de análisis de laboratorio, por lo que el acopio de sal es aún reducido. Una vez que se defina el proceso de producción industrial de carbonato de litio, cloruro y sulfato de pota-sio, además de ácido bórico, se pasará a la fase de producción en escala industrial. Ambas autoridades coinciden en que la licencia ambiental para el proyecto industrial deberá estar lista para iniciar la explotación en esa dimen-sión. (ANF, 4 diciembre 2009). En este caso, es posible que también se argumente un uso anterior de salmueras en el salar, y que por ello no se

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requeriría un EEIA y que la Licencia solo se emita con un Manifiesto y el Plan de adecuación.

Respecto a la no procedencia o no necesidad de contar con Licencia am-biental (no realizar una Ficha Ambiental y EEIA), para la fase piloto que ha venido realizando COMIBOL, situación argumentada por las autori-dades del Viceministerio de minería y la empresa de recursos evaporíti-cos, es algo que reviste un elevado riesgo y nuevamente muestra la discre-cionalidad en cuanto la interpretación y omisión de los instrumentos de control y regulación ambiental. Las operaciones de la planta de litio en la zona de la desembocadura del Río Grande de Lípez, no solo se refieren al proceso industrial experimental para la obtención de carbonato de litio (que probablemente no ameritarían un Ficha o un EEIA), sino que tam-bién ha significado una intensa actividad de movimiento de tierras salinas en la zona sudeste del salar, afectando grandes superficies de este sitio geológico con maquinaria pesada, para el acondicionamiento de las pisci-nas de evaporación. Estas operaciones “piloto” de movimiento de tierras a gran escala, necesitaban de un cuidadoso proyecto y un plan de uso del espacio y sin lugar a dudas de una ficha ambiental y un EEIA, situación omitida y que incluso habría contado en su momento con la autorización de la prefectura de Potosí.

A fines del 2009, el gobierno anunció que la consulta pública, con el pro-pósito de otorgar la licencia social para las empresas públicas y privadas que buscan explotar un yacimiento minero, será sometida a un proceso de socialización y concertación con los diversos actores del sector para fijar límites. Participarán en la reglamentación el Ministerio de Minería y Metalurgia con la minería mediana, chica y las cooperativas de todo el país. Se informaba que la Dirección de Medio Ambiente y Consulta Pú-blica del Ministerio de Minería, dio inicio a este proceso, en procura de lograr una relación armónica en la exploración y explotación de recursos

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minerales con los operadores mineros. Dicha instancia consideraba que es un proceso que debe fortalecer las relaciones entre la comunidad o la región que posee estos recursos y la actividad extractiva y que un pri-mer documento del CONAMAQ, fue elaborado junto con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (La Prensa, octubre 2009). Aparentemente, estas buenas intenciones quedaron en ello, puesto que el año 2010, nue-vamente se puso en duda el valor y necesidad de las consultas, algo que ya se expresa en los borradores de la nueva Ley de minería. Además estas buenas intenciones, quedaron en el discurso luego de los acontecimientos de Coro Coro o de las arremetidas del sector hidrocarburífero que preten-de adecuar la consulta pública a los intereses de las operadoras petroleras y considerar los reclamos y demandas de las comunidades locales como una amenaza.

Casos Especiales

LITIO

A lo largo del 2009, uno de los temas mineros más comentados fue el del Litio. En abril del 2008, el gobierno emitió el Decreto Supremo 29496, que declaraba de prioridad nacional el proceso de explotación e indus-trialización del litio existente en el Salar de Uyuni, a fin de garantizar el desarrollo del Departamento de Potosí y del país.

La Consultora Internacional Meridium, hizo hace varios años, una esti-mación de 300.000 TM de Litio existentes en el salar de Uyuni, cifra par-ticularmente baja, considerando las dimensiones del Salar. Posteriormen-te, la US Geological Survey, dio una cifra de 5,5 millones de toneladas. Como dato de referencia, Chile en la zona del desierto de Atacama, tiene una reserva de 3.6 millones de toneladas. Según las prospecciones promo-vidas por el Ministerio de Minería y la Oficina de Recursos Evaporíticos

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de COMIBOL, el año 2010, el Salar de Uyuni tendría una reserva de 18 millones de toneladas, es decir más del 50% de las reservas mundiales de este mineral, una cifra que al momento sería un record mundial, pero que necesita ser certificada (www.elpotosi.net, enero 2010).

La expectativa mundial por autos eléctricos y la supuesta contribución a reducir el calentamiento global, se entremezclan con los sueños capi-talistas, por ejemplo una publicación de la “Gaceta de España” el 2008, mencionaba que Bolivia podría convertirse en “La Dubai” del 2050, en referencia a la exuberante ciudad progresista de los Emiratos Árabes Unidos. Las proyecciones más ambiciosas del gobierno, de alguna ma-nera estarían apuntando a dichos escenarios, puesto que Bolivia atrajo el interés de las grandes empresas automovilísticas, porque posee los ma-yores  yacimientos mundiales de litio, un metal considerado “el energéti-co  del futuro”. Debido a su demanda, cada vez mayor, para la fabricación de  baterías eléctricas de alto rendimiento, se incrementó su precio de 350 $US la tonelada en el año 2003, a 3.000 $US en el 2009. 

La extracción de litio en Bolivia se ha iniciado con la  construcción de una planta piloto estatal, previsto para un costo de 5,7 millones de dólares, ubicada en la localidad de Río Grande en Nor Lípez, cerca del Salar de Uyuni. La infraestructura de la planta piloto demandará 1.181.569 $US en infraestructura, 1.500.000 $US en la planta química, 543.728 $US en equipamiento, 1.660.000 $US en la planta de bombeo, 255.748 $US como capital de operaciones y 18.500 $US para organización interna. Se espe-raba que esté en funcionamiento a fines del 2009. La planta piloto forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos de la minería nacional. Se aseguró, que brindará empleo directo a 95 personas e  indirecto a 130 personas (cifras nada impresionantes si se las compara con el rubro de tu-rismo en la región). Las previsiones gubernamentales de inversión futura al 2013, prevén la producción de 500 Tn/año, aunque se han mencionado

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inversiones de 150 millones de $US para una producción de hasta 30.000 Tn/año, sin mencionar los 1.200 millones de $US, ofertados por las cor-poraciones francesas, que incluiría la industrialización.

El gobierno espera empezar a exportar a gran escala en 10 años. La plan-ta piloto ya contaba a fines del 2009, con un permiso de operaciones de la prefectura de Potosi. A inicios del 2010 se creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), como responsable del proceso de ex-plotación e industrialización.

La puesta en marcha de La Planta Industrial de Litio en el Río Grande de Lípez, está sirviendo como justificación para la instalación del complejo geotérmico de Laguna Colorada con una proyección de generación de 100 MW/año. La planta del Litio requerirá asimismo, de 600 millones de me-tros cúbicos de gas por año. (hicrocarburosbolivia.com noviembre 2009).

Desde al año 2008, diversas industrias transnacionales como SUMITONO y MITSUBISHI, además de la LG de Corea, expresaron al  Gobierno Boliviano interés en participar en la explotación de litio. El gobierno de Bolivia manifestó la búsqueda de valor agregado e invertir en fábricas de baterías de litio en lugar de explotar solamente la materia prima (carbonato de litio), esto desalentó a algunos inversionistas que tenían como es usual, la vista sólo en la materia prima boliviana. Ya el año 2007, la Empresa Automovilística Francesa Bolloré, había iniciado el acercamiento con una propuesta de inversión parcial de 1.200 millones de dólares para la explotación de yacimientos de litio en el Sur de Bolivia, que incluye la construcción de plantas procesadoras de carbonato de litio y de potasio. El tema fue tratado con motivo de la visita del presidente boliviano a Francia en febrero del 2009. A inicios del 2010 las transnacionales Bolloré y Eramet ofrecieron a Bolivia, formar una sociedad para la explotación e industrialización de automóviles eléctricos y baterías (www.hoybolivia.com). La Bolloré, a fines de abril del 2010,

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presentó una propuesta de explotación e industrialización al Gobierno Boliviano, esta empresa tiene ya algunos emprendimientos de explotación de Litio en la Argentina. Es posible que la propuesta del consorcio francés Bolloré-Eramet (con fases de industrialización ventajosa para Bolivia), sea la que tuvo una mayor acogida por el Gobierno Boliviano, existiendo aparentemente un casi preacuerdo de sociedad. Esto puso, en una situación de desventaja a la comitiva del Japón a inicios del 2010.

El megaproyecto San Cristóbal, debido a la extracción expoliativa de agua que realiza, puede ocasionar una competencia con la futura planta de litio, ubicada en la boca del Río Grande de Lípez, zona de donde extrae el agua San Cristóbal.

Al momento el tema del litio es un campo virgen donde aún no se han pre-sentado anomalías, al contrario de lo que ocurre con el Hierro del Mutún, proceso que ha enfrentado varias situaciones conflictivas. Sin embargo, la explotación del litio implicará un megaproyecto con la afluencia de gran-des capitales externos y con apetitos mal disimulados. El gobierno boli-viano aún no ha realizado una licitación pública para el proceso del Litio, como lo hizo en el caso del Hierro del Mutún, lo cual tiende a generar desconfianza.

La segunda mitad del 2009, se realizaron algunos foros y seminarios so-bre el tema de la industrialización del litio, con participación mayoritaria de empresas y expertos en economía e industrias extractivas de diversas regiones del mundo. Como ya es costumbre en este tipo de eventos, muy poco y casi nada, se habló de los temas ambientales y sociales que impli-caría la explotación minera a gran escala de este recurso.

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El Litio en Latinoamérica Fuente: ecoPortaL. www.ecoPortaL.net

Las principales naciones productoras de litio a nivel mundial son Estados Unidos, Rusia y Chile. Este último país tendría en el Salar de Atacama la mayor reserva mundial (3.000 millones de toneladas), con una concentración promedio de diez veces mayor que los depósitos salinos de los Estados Unidos. Actualmente existen cinco principales productores “básicos” de compuestos químicos de litio en el mundo, (países que poseen yacimientos propios y que obtienen carbonato de litio). Dos de ellos se encuentran en Estados Unidos y son las empresas Food and Machinery Corporation (FMC) y Cyprus Foote Mineral Company, las que poseen alrededor del 36 por ciento de la capacidad mundial de producción (4.170 Toneladas de litio metálico), siendo líderes a nivel mundial en la producción y venta de productos químicos del litio.

Chile participa con un 40 por ciento de la producción mundial, a cargo de la Sociedad Chilena del Litio, empresa que formaban originalmente la CORFO y Foot Mineral Company y que según el contrato suscrito podrían explotar hasta 200.000 toneladas de litio metálico, concentrado en el Gran Salar de Atacama, al interior de Antofagasta. La producción de litio en Chile está a cargo de la Sociedad Chilena de Litio Limitada, ésta obtiene carbonato de litio a partir de las salmueras contenidas en el Salar de Atacama, siendo actualmente el productor de litio con los costos más bajos del mundo.

El litio está presente en concentraciones que son alrededor de diez veces superior a aquellas concentraciones encontradas en los salares norteamericanos, y el hecho que este siendo explotado con respaldo norteamericano, obedece a que disponen de la tecnología y según estudios, la rentabilidad de construir y operar una planta de litio en el Salar de Atacama, es tres veces mayor que hacerlo en una mina de materiales pegmatíticos de Estados Unidos, sin considerar que además se pueden extraer otros elementos valiosos, tales como el Potasio y Magnesio entre otros.

En la Argentina, el Salar del Hombre Muerto, uno de los yacimientos más grandes de litio, se encuentra en plena puna catamarqueña, en el Departamento Antofagasta de La Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC Lithium Corp. y es un emprendimiento estratégico en lo político y económico: A raíz del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno (que contempla la “cooperación mutua para la disminución de costos operativos y el aprovechamiento de infraestructura”), cuenta con la facilidad de una salida directa al Océano Pacífico (ahorrándose de este modo el traslado a puertos del Atlántico). Tiene una capacidad para producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio, con una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego (www.aminera.com).

El conocimiento sobre la existencia del metal litio en el salar de Uyuni en Bolivia, data de las primeras décadas del siglo XX, no es algo nuevo. El interés económico del carbonato de litio en el mundo, hasta hace dos décadas, estaba mayormente orientado a las industrias de cerámicas, lu-

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bricantes o medicinales, no es sino hacia mediados de los años 90 cuando este mineral ingresa en el campo de la tecnología, bajo una expectativa de alternativa energética automotriz. El interés por el litio se ha debatido en-tre dos corrientes, una, la de encontrar un sustituto ventajoso al progresi-vo agotamiento del petróleo y su derivados en el mundo, y otra, como una eventual solución a la crisis ambiental planetaria derivada, agudizada por la quema de carburantes. Con seguridad un cambio tecnológico mundial hacia automotores eléctricos basado en el uso de baterías de litio, daría un respiro a la acumulación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero sin duda no sería la solución como pregonan discursos en exceso optimistas. De hecho, a pesar de que actualmente se estima la existencia de algo más de mil millones de motorizados en el mundo, (una cifra que se quintuplicó en los últimos cuarenta años y que tiene una tendencia de crecimiento sostenido), las emisiones por automotores o fuentes móviles representan sólo menos de un 30% de las emisiones globales, en tanto que las emisiones mayoritarias provienen de las industrias, grandes ciudades, termoeléctricas y el cambio de uso del suelo. De cualquier forma y más allá del cálculo aritmético de emisiones, es innegable que el uso de bate-rías de litio en automotores, podría reducir sustancialmente las emisiones de gases de combustión.

El otro problema del litio, como de cualquier mineral, significa que es un recurso no renovable y que está sujeto al agotamiento progresivo al igual que el petróleo, algo que por supuesto, puede darse a muy largo plazo. El carbonato de litio además tiene importantes volúmenes comprometi-dos, en varios otros usos industriales que al momento no tienen sustitutos económicamente ventajosos. Si en el futuro la industria automotriz da un salto vertiginoso hacia los autos eléctricos, la demanda mundial del mineral como materia prima, sería de una magnitud tal, que implicaría tasas volúmenes e intensidades de extracción muy elevadas, esto podría

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ocasionar importantes impactos ambientales y sociales en la región del Salar de Uyuni.

En el caso de una explotación extremadamente alta, por ejemplo de 30.000 TM/año (proyección del gobierno de Bolivia) y considerando la cifra de 19 millones de TM como reserva, la oferta de materia prima, po-dría extenderse por más de cinco siglos. A la larga ocurría lo que se viene dando con el petróleo, sólo que a una velocidad de disminución mucho más rápida. Algunos expertos en energía han empezado a sugerir que se debería dar inicio a la búsqueda de fuentes de energía más abundantes y más baratas que el litio.

En lo que respecta a los costos socio ambientales que se podrían esperar en la región de Uyuni, es importante hacer las siguientes reflexiones. Si bien el litio no es un mineral altamente contaminante y su extracción o procesamientos llevados a cabo con recaudos industriales y ambientales efectivos, reducen los riesgos de contaminación e inseguridad laboral, existen otros riesgos inherentes a una explotación a gran escala.

Un megaproyecto de explotación del litio, al ser un proceso a cielo abierto u “open pit”, ocasionaría una fuerte degradación en importantes super-ficies del Salar. Aun cuando la explotación esté bastante localizada, la calidad escénica y natural de este desierto de sal (considerado una joya de la naturaleza y digno de declararse un patrimonio mundial), el paisaje re-gional, será fuertemente afectado por la construcción de infraestructuras, caminos de acceso y tránsito de motorizados y maquinarias. Otro proble-ma, sin duda, será la demanda de grandes caudales de agua, desde ya muy escasa en una ecoregión semidesértica y donde la Minera San Cristóbal amenaza ocasionar un desastre hidrológico por la explotación masiva de las aguas subterráneas.

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El proceso industrial que implica transporte masivo de cargas, apertura de caminos, afluencia de gran cantidad de personas, líneas de transmi-sión eléctrica, etc. tendrá efectos sobre la calidad turística de la zona. El plan piloto de la planta de Río Grande, en septiembre del 2010, mostraba importantes impactos en una amplia zona del salar, al noreste de la des-embocadura del Río Grande de Lípez, con socavaciones y explanaciones de enormes piscinas, construcción de caminos y terraplenes, con uso de maquinaria pesada. Todos estos impactos al salar se realizaron sin una Licencia Ambiental, ni ningún instrumento de control establecido en los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente. Si el futuro emprendimiento se realiza a mayor escala, es posible que el turismo, como se da actualmen-te, colapse y se traslade a otras regiones del país o de Chile y Argentina. También las condiciones de vida en la población de Uyuni cambiarán, a la par de un crecimiento económico posiblemente más acelerado que el actualmente dado por el turismo, se enfrentarían problemas de encare-cimiento, de subida de precios de productos básicos, mayor demanda de servicios y una mayor contaminación urbana, que actualmente el munici-pio no puede controlar de forma efectiva.

El proyecto del litio, justifica y desencadena otros megaproyectos regio-nales de alto costo ambiental, como es la Planta de Energía Geotérmica de Laguna Colorada que amenaza otra región de extraordinario valor natural y patrimonial.

También el Salar de Coipasa en Oruro, parece ser la nueva veta a la que apunta el Gobierno para producir potasio, de acuerdo a la Dirección Ge-neral de Desarrollo de Proyectos Mineros, este mineral es utilizado en el mundo como fertilizante y por ello el Gobierno realizará estudios de factibilidad el próximo año. El siguiente paso previsto por el gobierno es instalar una estación experimental similar a que la se construye para el litio en Uyuni, con el fin de probar los procesos de producción de potasio.

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El Proyecto del Salar de Coipasa fue iniciado por la Prefectura de Oruro, pero ahora será emprendido en forma conjunta con el gobierno central. (hidrocarburosbolivia.com, octubre, 2009). Hay claros indicios de que existe una fiebre extractivista de recursos evaporíticos en el Sudoeste de Bolivia.

El LitioFuentes: Litio. nº 1. 1991. cePromin. La Paz, boLiVia. www.drromeu.net/Litio2; www.ionLitio.com

El litio encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica. En la naturaleza se encuentra como una mezcla de los isótopos Li6 y Li7. Es el metal sólido más ligero, es blando, de bajo punto de fusión y reactivo. Muchas propiedades físicas y químicas son tan o más parecidas a las de los metales alcalinotérreos que a las de su grupo. El litio es un elemento moderadamente abundante.

Entre las propiedades físicas más notables del litio están: El alto calor específico (capacidad calorífica), el gran intervalo de temperatura de la fase líquida, alta conductividad térmica, baja viscosidad y muy baja densidad.

Una de las principales aplicaciones del litio es su utilización en baterías y acumuladores (para vehículos de transporte industrial). El carbonato de litio se aplica en industrias del vidrio y como un aditivo para esmaltes, y para disminuir la viscosidad de compuestos. El principal uso industrial del litio es en forma de estearato de litio como espesante para grasas lubricantes, aceites y grasas. El hidróxido de litio (LiOH), se aplica como un agente limpiador de gases, ya que se une al dióxido de carbono. Finalmente el litio se usa para producir tritio (3H), en armamento nuclear. Tanto el bromuro como el cloruro de litio forman salmueras concentradas que tienen la propiedad de absorber humedad en un intervalo amplio de temperaturas; estas salmueras se emplean en los sistemas comerciales de aire acondicionado. Otros usos en la industria son espejos de telescopios, vidrio de cocinas y construcción y en hormigones especiales. Además se usa en aplicaciones médicas (síndrome bipolar, alzheimer).

La batería de iones de litio, también denominada batería Li-ión, es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica (celdas de energía) que emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Las propiedades de las baterías de Li-ión, como la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño de acumuladores livianos, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente adaptados para las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo. Una de sus mayores ventajas es la elevada densidad de energía: Acumulan mucha mayor carga por unidad de peso y volumen.

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El hidróxido de litio al ser extremadamente corrosivo representa un peligro potencialmente significativo a los organismos acuáticos. Muchos investigadores consideran que no supone una gran amenaza para la fauna y la flora. Aunque el litio no es un elemento esencial, influye en el metabolismo, y es fácilmente excretado. El carbonato de litio se aplica en psiquiatría en dosis bastante próximas al máximo nivel de ingestión. Con concentraciones de 10 mg/L en sangre, se presenta un envenenamiento parcial, con 15 mg/L aparecen síntomas como confusiones y debilitación de la capacidad de expresión, y a 20 mg/L aparece riesgo de muerte. El contacto con el litio, como con otros metales alcalinos, da lugar a la formación de ampollas. La cantidad de litio en el cuerpo humano es aproximadamente de 7 mg. Se conoce que el uso de cloruro de litio como sustituto de la sal, ha ocasionado muertes. También hay evidencias de que el litio (Carbonato de Litio), puede provocar malformaciones en el primer trimestre de gestación, razón por la cual debería suspenderse.

Entre los síntomas de intoxicación por inhalación se han descrito: Sensación de quemadura, tos, respiración trabajosa, falta de aire, dolor de garganta. Los síntomas también pueden incluir: Enrojecimiento de la piel, quemaduras cutáneas, ampollas. Enrojecimiento de los ojos, calambres abdominales, dolor abdominal, sensación de ardor, náuseas, debilidad. La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo si es ingerido. Normalmente los síntomas del edema pulmonar no se manifiestan hasta después de unas horas y son agravados por el esfuerzo físico.

Su calentamiento puede provocar combustión violenta o explosión. La sustancia puede arder espontáneamente en contacto con el aire cuando se dispersa en finas partículas. Cuando se calienta se forman vapores tóxicos.

ORO

La explotación del oro en el país se remonta a muchos siglos atrás. Lo procesos tecnificados se inician a mediados del siglo XX y se concentran especialmente en el Yungas bajo y subandino del Departamento de La Paz (Tipuani, Teoponte, Guanay).

En cuanto a las reservas auríferas del país, nunca han existido precisio-nes, algunas estimaciones en la década de los 90 mencionaban el dato genérico de 1.000 Tn, distribuidas en diversos yacimientos cordilleranos, del altiplano central y la Chiquitanía. Entre 1952 y 1995 se explotaron en el país unas 150 toneladas de oro en diversas regiones del país, mientras que las operaciones de Inti Raymi en Kory Collo extrajeron en sólo 10 años cerca de 100 toneladas, con un valor de 1.200 millones de dólares (Montes de Oca, 2004).

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El oro inició su ascenso de records altos en abril del 2009 (980 $US/ot), lo que provocó un “boom” de la actividad minera en países como Bolivia, donde el mineral se extrae, fundamentalmente, en forma artesanal. Las agencias internacionales han informado que a partir del 2009, el alza se debe a que países como China, India, Brasil, Japón y Rusia, aumentaron sus reservas de oro, como resguardo frente a la debilidad del dólar de EEUU. En diciembre del 2009, batía un nuevo record de 1.216 $US/ot, mientras que en agosto del 2010, el oro llegaba a alcanzar 1.241 $US/ot, dando lugar a una auténtica “fiebre del oro” en diversas regiones del país.

India es el mayor consumidor de oro a nivel mundial, lo cual se basa en as-pectos culturales y de lógica de ahorro por una gran parte de la población, así como de una acumulación de grandes volúmenes, por algunos sectores sociales de altos ingresos y el propio Estado. Otro gran consumidor es China, que desde el 2005, alentó la compra de oro (Le Monde Diplo-matique, abríl 2009). El oro ha sido calificado como una de las bases del trípode de poder económico a nivel mundial. Bajo esta lógica, el año 2009, algunos países comenzaron a comprar grandes volúmenes de oro con el fin de incrementar sus reservas, tal es el caso de la India que compró 200 toneladas en octubre del 2009 y en menor escala Mauricio que compró 2 toneladas con el mismo fin. Se conoce que otros países imitaron estas me-didas. Como resultado de estas compras masivas, el oro se disparó en sus precios, llegando a alcanzar sus máximo records históricos (Le Monde Diplomatique, abril 2009) y con una tendencia a seguirse elevando.

El hecho de que las grandes transnacionales mineras dejen los países de origen donde tradicionalmente se explotaba oro, para buscar otros esce-narios de explotación en el mundo, trajo a discusión el tema del descenso de las reservas mundiales o “pickgold”, como en el caso del petróleo. Según Rivas (Le Monde Diplomatique, abril 2009), estaríamos en el peor de los casos, en un inicio de algo que se podría llamar un “pickgold” , dado que

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la producción mundial se ha triplicado, pasando de 750 toneladas el año 1953 a 2.330 toneladas el año 2008 y con tendencia a incrementarse. De cualquier manera, asistimos a nivel mundial a una reducción o agotamien-to de los stocks de alta ley, aunque posiblemente sin haber llegado al “pic-kgold”. Rivas menciona que en 1966, en Sudáfrica se obtenían 16 gramos de oro, por cada tonelada de mineral removido, en tanto que el 2006, se lograban solo 4 gramos por tonelada, con el aditamento de que esto fue posible sólo a 4 kilómetros de profundidad (a un elevado costo de produc-ción). Esto muestra entonces claramente que las grandes transnacionales del oro, como la BARRIK GOLD o la NEW MONT, han migrado a los escenarios de explotación de países no desarrollados de Sudamérica, donde existen depósitos de mediana a baja ley, se dan costos de inversión mucho menores y posibilidades de mayores ganancias, además donde las condiciones impositivas son ampliamente favorables al capital extranjero, y desde luego, también una mucha mayor flexibilidad, de la normativa ambiental-fiscal y sus regulaciones.

Algunos datos sobre el oroFuente: carLos riVas; Le monde diPLomatique, abriL 2009.

En 1966, Sudáfrica lograba 16 gramos de oro por cada tonelada de mineral explotado de las minas. El año 2006 fueron solamente 4 gramos por tonelada de mineral. Esos 4 gramos por tonelada se extraen de minas que han tenido que llegar a 4.000 metros de profundidad, en condiciones humanas indescriptibles y a un costo energético muy alto. Desde fines del siglo pasado, el panorama mundial minero cambió drásticamente, las minas a cielo abierto fueron relevando a las minas de vetas subterráneas, evidentemente con menores costos energéticos, con concentraciones más bajas de oro (depósitos de baja Ley), pero también con costos ambientales mucho más altos que en el caso de explotación de filones. A fines de los 90, los costos de producción para obtener una onza de oro en Sudáfrica era de 301 dólares, en Australia 261 dólares, en Canadá 220 dólares y 216 en Estados Unidos, teniendo una media internacional de 250 dólares. Entonces se empezó a sacar oro de países periféricos, como Argentina con costos mucho menores (186 dólares) o incluso más bajos, como en el caso de Perú o Chile (120 dólares la onza). En general una explotación a cielo abierto genera entre 1 a 3 gramos por toneladas de tierra removida, esto con un elevado costo ambiental para las poblaciones locales.

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Según información de la Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz, el número de cooperativas que trabajan en el Norte de La Paz subió de 55 a 105. Mientras los trabajadores se duplicaron de 3.500 a 7.000. El repunte del precio del oro ha provocado que la cantidad de tra-bajadores mineros en las cooperativas de La Paz se duplique. Con los pre-cios de este metal en constante alza, se espera una explotación mucho más intensa, una auténtica “fiebre del oro” (La Razón 27 noviembre 2009).

Prevalece una elevadísima vulnerabilidad para muchas regiones del país con historial aurífero, debido al incremento de la demanda. A fines del 2009, en varias zonas cordilleranas de La Paz, como en la Chiquitanía (San Ramón, Guarayos, Concepción) se desencadenaba una auténtica “fiebre de oro”, afectando inclusive ecosistemas al interior de Áreas prote-gidas, como el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Apolobamba o el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Cotapata. Una gran parte de las nuevas explotaciones son informales y están fuera de cualquier regulación estatal. Se están generando elevados impactos devastativos de los ecosistemas y cuencas de ríos en las zonas de actual explotación, además existe una fuerte contaminación por el uso de mercurio. La tendencia de incremento del precio internacional del oro, puede implicar la aparición de iniciativas de explotación a gran escala y a cielo abierto, utilizando tecnología de punta para depósitos de baja ley, poniendo en riesgo regiones frágiles como la Chiquitanía o incluso el Su-bandino del Parque Nacional Madidi (p.e. Serranía del Tutumo).

La explotación en la zona de Suches-Antaquilla-Suches en el área prote-gida Apolobamba, ha ocasionado un auténtico desastre ecológico implica, devastando grandes extensiones en la Cuenca Alta del Río Suches, y ha llegado a afectar drásticamente amplias superficies de los bofedales de esta zona altoandina. La remoción de grandes volúmenes de tierra en esta zona, se relacionarían con la baja concentración o baja ley del metal, que

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tiene un promedio de 0.3 gr por metro cúbico de aluviones fluvio glacia-les (Montes de Oca, 2004). El ritmo de remoción actualmente es muy intenso, trabajando prácticamente las 24 horas. Las cooperativas con alta mecanización, necesitan obtener 20 gramos del metal en cuatro horas de operaciones, sólo para asegurar el funcionamiento y pago de la maquina-ria, quedando el resto de la obtención diaria como base de utilidad neta (com.per. O. Loayza), lo cual tiene implicancia con el bajo costo de opor-tunidad, dados los elevados precios y la escasa regulación impositiva.

En marzo del 2010, el panorama en la región de Lago Suches-Antaquilla, resultaba pavoroso (com.per. O. Loayza); la explotación aurífera desor-denada de al menos 70 cooperativas mineras, han ocasionado una especie de inmenso “open pit”, con cientos de excavaciones dispersas en alrede-dor de 2.000 hectáreas, con una devastación ecosistémica sin precedentes hasta el momento y en una zona que supuestamente cuenta con protec-ción legal del Estado. Sólo dos de las 70 cooperativas tiene un manifiesto ambiental y muchos de los operarios y cooperativas son de nacionalidad peruana (com.per. O. Loayza). Las cooperativas estaban compuestas por un alto número de ciudadanos peruanos, igualmente gran parte de la nu-merosa maquinaria (retroexcavadoras, volquetas, tractores) provenía de ese país, e inclusive se llegó a crear una organización fantasma denomi-nada “maquinarias sin frontera”, algo incluso risible. Todo esto estuvo ocurriendo, en un Área protegida de enorme relevancia cultural y natu-ral, además de estar en una zona fronteriza, ante la total pasividad de las autoridades nacionales. Sin embargo, en agosto se produjo un enorme operativo a la cabeza de las Fuerzas armadas de Bolivia, concretamente, el Comando Andino Conjunto al mando del Coronel Alcazar, ocupó la zona, desalojó alrededor de 400 súbditos peruanos, decomisa maquinaria y reestableció el Hito 19 a orillas del río Suches. Este operativo puso de manifiesto, que más allá de la devastación por la excavación masiva de las

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cientos de operaciones dispersas, la propia laguna Suches está sufriendo un elevado impacto por la extracción no regulada de grandes volúmenes de agua y existe el riesgo de un accidente de vaciamiento de esta gran laguna, por socavación de un barranco. A todo esto se suma la utilización de grandes volúmenes de mercurio.

Hace diez años, operaba una empresa minera (Downer Mining Ltda.) que explotaba la concesión aurífera en dicha zona, con la diferencia que utilizaba un sistema de tecnología de punta que realizaba de forma simul-tánea la extracción y la reposición del suelo, proceso que generaba mucho menor impacto que las actuales cooperativas.

El área protegida ANMI Apolobamba, es una de las más afectadas por la explotación irresponsable del oro. A los impactos antes mencionados en la zona de suches, se suma otra noticia crítica, referida al dinamitado de los glaciares de Flor de Nevado en el sector de Pelechuco (La Razón, 15 agosto 2010). Dicha explotación en absoluto expoliativa, ha dañado los cuerpos de agua de varias comunidades de la zona de Agua Blanca y abre el riesgo de un conflicto violento entre las comunidades y los mineros que operan en esta zona de extrema fragilidad. De acuerdo a las autoridades locales, las comunidades elevaron denuncias del hecho, desde hace dos años, incluso al Presidente Morales, pero no obtuvieron respuesta alguna.

Según Bocangel (et al. MEDMIN, 2009), operaban en el ANMI Apolo-bamba, unas 30 operaciones de explotación por cooperativas afiliadas a las federaciones de cooperativas departamentales y regionales en conce-siones privadas y bajo arriendo a COMIBOL. Muchas operaciones son rústicas y de pequeña dimensión, bajo el sistema de barranquilleo y sin uso de mercurio, especialmente si se trata de filones de grano grueso. Las operaciones que trabajan yacimientos cuarcíferos utilizan maquinaria pe-sada, explosivos y uso de cianuro o mercurio para fines de amalgamación en molinos o trapiches. Las rocas cuarcíferas tienen alto contenido de sul-

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furos por lo cual se generan aguas ácidas. La mayoría de las actividades mineras que usan mercurio, alcanzan unos 28 Kgr/mes de este metal para la amalgamación (Bocangel et al. 2009). Se suponen efectos nocivos en la salud de los trabajadores que operan con mercurio o cianuro, aunque no existen estudios biomédicos al respecto. Las cifras de cooperativas y operaciones mineras, dadas por estos autores, no coinciden sin embargo, con las registradas el año 2010.

Otras regiones del país, también se encuentran en elevado riesgo. De acuerdo a la revista especializada Reporte Energía (García, noviembre 2009), “Definitivamente la Chiquitanía es tierra de nadie”. La fiebre de oro es tal que en la población de Santa Rosa de la Mina, en el Municipio de San Ramón, existen pretensiones y planes para derrumbar la iglesia del pueblo en busca del metal precioso. Dicho informe especializado reporta un descontrol absoluto en todas las fases de la explotación y, desde luego, en el manejo medioambiental, en las regiones de San Ramón, San Javier, Concepción y Guarayos. Muy pocas empresas están inscritas en el regis-tro municipal y ninguna paga regalías o patentes a la prefectura o a las alcaldías. Reporte Energía (noviembre, 2009) menciona que la mayoría de los explotadores son brasileros sin permiso de trabajo y totalmente al margen de las leyes bolivianas, los cuales alquilan predios para explotar-los. La devastación de suelos y vegetación es total en ecosistemas ribere-ños (cauces, terrazas), como en planicies y bases de serranías, con el uso de dragas de gran capacidad y maquinaria pesada, como retroexcavado-ras es usual, sumándose el uso irrestricto de reactivos de alta toxicidad como mercurio o cianuro. El ritmo e intensidad de las explotaciones fue incrementándose desde hace algunos años atrás a medida que el precio internacional del oro iba subiendo. Esto ha implicado la acumulación de numerosos pasivos ambientales en diversas zonas y un marcado deterioro del paisaje y los ecosistemas.

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De acuerdo con el Ministerio de Minería, la Cámara Minera del Oriente y la Prefectura de Santa Cruz, en general, la actividad aurífera en Boli-via se apoya en la informalidad y en un sistema de extracción a menor escala, que no permite una producción industrial. Según las autoridades, la Empresa Minera PAITITÍ, que explota el yacimiento Don Mario y el Grupo Minero LA ROCA, son los únicos emprendimientos mecanizados que declaran su producción y realizan un trabajo ajustado a la norma (El Deber 27 Nov. 2009). El resto de estas actividades, es realizado de manera informal donde el contrabando es su principal componente. Para la Oficialía Mayor de San Ramón, la presencia de empresarios brasileños que alquilan las tierras, sacan el oro y se lo llevan a su país sin pagar nin-gún impuesto, es uno de los mayores problemas que deben enfrentar (El Deber, 27 nov. 2009).

Similar panorama se observa en cuanto a la declaración de la producción aurífera en la región cordillerana de La Paz, que llega a cifras llamativa-mente exiguas. En general, esto significa que la comercialización informal y el contrabando de oro, tendría al momento, dimensiones inimaginables. Aunque el sector minero ve el fenómeno como una gran oportunidad de expansión, la nación percibe muy poco beneficio, dada la informalidad e ilegalidad que existe en la comercialización y el efecto del contrabando, a la par de la escasa capacidad de regulación. En mayo del 2010 el propio Ministro de Minería (J. Pimentel), aseveraba que el Gobierno carece de mecanismos para controlar la explotación aurífera en el país, así como su comercialización interna y externa (La Razón, 10 mayo 2010).

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Impacto ecológico de la explotación aurífera. Fuentes: bbc amazonía / Larmer, nationaL geograPhic, enero 2009.

En un día de trabajo en una mina a cielo abierto se usa: seis toneladas de cianuro de sodio. Un millón de litros de agua. Se dinamitan 42.000 toneladas de roca. Se realizan 2 explosiones grandes, para lo cual se usa siete toneladas de explosivos. Se muelen 3.000 toneladas de roca, hasta convertirlas en polvo. Se usan 400 kg. de ácido clorhídrico; 400 kg. de soda cáustica; 46 kg. de litargirio; 23.300 kg. de cal y 2.500 kg. de azufre. Para obtener una onza de oro se procesan más de 250 toneladas de roca y mineral.

El apetito por el oro también se ha trasladado nuevamente al norte de Potosí, donde la Empresa Minera NUEVA VISTA, que operará en Ama-yapampa, presentó un nuevo modelo minero para la explotación de este metal, motivo que sirvió de inductor del conflicto entre las empresas y los ayllus de la región. El proyecto pretende invertir 59 millones de $US en la gestión 2010. Esta empresa minera que viene a ser una subsidiaria de la empresa australiana REPUBLIC GOLD, mostró sus avances acerca de la actividad que desarrollan en Bolivia y en particular del proyecto aurífe-ro que se pretende ejecutar en Amayapampa. El Director de REPUBLIC GOLD, Greg Barns, mencionó que la empresa australiana tiene como principio “el respeto a los derechos humanos, a las comunidades y la sostenibilidad del medio ambiente” (El Diario 6 Nov. 2009). La Empresa Minera NUEVA VISTA S.A. anunció que está proyectada una inversión de más de 35 mi-llones de $US, en el montaje de la planta de operaciones, que implica la operación minera a cielo abierto u “Open Pit”, el tratamiento de los yaci-mientos con voladuras, molienda, lixiviación con cianuro y electro-depo-sición del oro, en una reserva probable de 1,6 millones de onzas. Para evi-tar problemas con el cianuro, la empresa minera construirá una planta de la destrucción de las moléculas de cianuro para evitar efectos nocivos a la salud ambiental y de la población. “Se construirá un dique de colas que recibirá todos los elementos tóxicos que afecte al medio ambiente y por evaporación elimina-rá todos los elementos dañinos; este proceso contempla también la impermeabilidad de paredes y el sistema de monitoreo que evitará cualquier filtración o derrame”

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(El Diario, 6 noviembre 2009). El sistema de remediación ambiental que realizará la empresa, será con la reposición de tierra que se quito antes de la operación, e incluso se realizará la forestación en lugares donde se realice la operación. Más de 200 trabajadores recibirán una constante ca-pacitación sobre el nuevo modelo de minería, con responsabilidad social y trabajo de eficiencia. Además comunidades aledañas recibirán el apoyo social, a través de la Fundación que se encargará de realizar proyectos de desarrollo (El Diario, 6 noviembre 2009). Este anuncio se realizaba, cuando aún no se había informado sobre la solución al conflicto con las comunidades locales que se oponen a dicho proyecto y las transferencias de los yacimientos que se produjeron entre empresas, lo cual fue obser-vado en su momento por la Superintendencia de Minas (Ribera, 2008).

Los deseos y las intenciones en torno a la oportunidad de los elevados precios del metal son buenas, así se reflejan en las declaraciones de per-soneros de la Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz: “Queremos hacer esta explotación en otros sectores como en los ríos, pero siempre preservando el medio ambiente y con responsabilidad social y queremos trabajar en impedir más contrabando”. El Coordinador de la Organización Mine-ra Cumbre del Sajama, Daniel Lafuente, dijo que esa institución viene orientando a las cooperativas de La Paz para que trabajen bajo estrictas normas de respeto al medio ambiente, para lograr una exportación legal a los mercados europeos (La Razón, nov. 2009). Por su parte, el Ministerio de Minería, anunciaba la creación de la Empresa Estatal del Oro, con especial énfasis en las acciones de regulación recaudatoria de las opera-ciones auríferas.

Más allá de las buenas intenciones, los riesgos y amenazas al futuro, en correlación a los elevados precios de este metal, presentan una panorama sombrío en lo ambiental y social.

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COBRE

El cobre tiene una data centenaria (precolombina) de explotación en el país, los yacimientos tradicionalmente explotados han sido el de Coro Coro, Chacarilla, Cobrizos y Turco. El Centro Minero de Coro Coro, produjo mineral desde la década de los años 50 (hasta 3000 Tn/día), Pos-terior al cierre de la minería estatal en los años 80, la explotación se rea-lizó de forma artesanal y a pequeña escala por pequeños grupos y coope-rativas de la zona.

Como se vio anteriormente, el cobre y Coro Coro dieron mucho que ha-blar y debatir el año 2009. El nuevo proceso se inició el año 2008, cuando los poderes del Estado promulgaron la Ley de Exploración y Explotación de Cobre, en el Centro Minero de Coro Coro, ubicado en el Departamento de La Paz, que contará con la inversión de una Empresa de Corea del Sur (“KORES”), que comprometió diez millones de $US a fondo perdi-do para la etapa de exploración y estudio de factibilidad, y alrededor de 200 millones de $US para la etapa de explotación e industrialización del mineral. Según el Ministerio de Minería se proyecta el tratamiento de entre 10 y 15 mil toneladas diarias de mineral para producir entre 30 y 50 mil toneladas de cobre electrolítico al año. El yacimiento cuenta con reservas de 15 millones de toneladas métricas brutas de mineral de cobre (La Prensa julio, 2010). De acuerdo a Energy Press (noviembre 2009) la producción inicial será de 10 toneladas de cobre metálico/día y 3.500 Tn. anuales de cobre electrolítico con perspectiva a incrementarse a 5.000 Tn/año. A mediados del 2010, se anunciaban otras cifras: llegar a las 100 Tn/mes y 3.000 Tn/año (Reporte Energía. Julio 2010)

Los acuerdos para la explotación de la mina de cobre beneficiarán, tanto al Estado con el 55% de utilidades, como a la empresa Kores, con el 45% de ganancia, al margen de los impuestos, que harán que el Estado reciba

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una mayor proporción por ese concepto (Boliviaentusmanos.com, octu-bre 2009). En la actualidad, la explotación a cielo abierto se ha iniciado e implica volúmenes importantes de movimientos de tierras. Hasta agosto del 2010, se produjeron 629 Tn de cobre catódico y se prevé la venta de 300 toneladas.

De acuerdo a información de técnicos de la COMIBOL (Energy Press, noviembre 2009), el sistema de procesamiento de cobre tiene dos vías, una que pasa por la aplicación de tecnología de punta, con métodos de agitación y separación sólido-líquido, a través de sedimentación en tan-ques lamelares, obteniendo cobre líquido que se almacena en piscinas. La otra vía implica apilar la carga y adicionar ácido sulfúrico y agua, que por percolación, genera también cobre líquido. La solución de cobre líquido obtenida por ambas vías (40 gr. cobre /litro), es transportado hasta los tanques de electrólisis para obtener cobre catódico (ánodos de cobre o láminas de alta pureza).

Entre tanto, en marzo del 2010, se informaba que la exploración que la Corporación Estatal Coreana KORES, realiza en el Yacimiento de Co-bre de Corocoro llegará a 30.000 metros de profundidad. El nivel de las reservas mineras del lugar se conocerá a fin de año. La información tiene como fuente a la COMIBOL. Según esta instancia, en abril del 2010, una comisión de la empresa coreana, arribará a Bolivia para acordar la ejecución de la segunda etapa exploratoria. La prospección se inició en octubre del 2009 con una inversión de 10 millones de $US (La Razón 24 marzo 2010). Ya en abril del 2010, la COMIBOl anunciaba, que en las perforaciones realizadas por la empresa KORES, se han encontrado mantos macizos de cobre, algunos de ellos entre 4 a 5 metros de ancho” (OBIE, abril 2010).

La apresurada explotación y procesamiento de cobre en Coro Coro, trajo varios conflictos sociales y ambientales. En octubre del 2009, se cono-

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cieron denuncias en sentido que las operaciones mineras ya ocasionaron daños ambientales en el sector aledaño a Coro Coro. El dirigente de una de las comunidades aledañas al sitio de explotación, Rafael Quispe, ase-guró que el proceso ya está ocasionando daño a los cultivos y el ganado (El Diario, octubre 2009). Paralelamente se denunciaba que el proceso productivo, había sido acelerado y sin contar con la Licencia Ambiental, aspecto confirmado por las propias autoridades de Minería, pero que al mismo tiempo minimizaron los daños ocasionados.

Además de la denuncia de contaminación y desacato a la norma, se de-nunciaba que tres comunidades habrían quedado sin agua después que la Corporación Minera de Bolivia desviara un río, dirigiendo sus aguas hacia la Planta Metalúrgica de Corocoro para mejorar la producción del cobre en dicho yacimiento. Las comunidades Chijchi, Pando y Rosapata Huan-carani, habrían quedado sin agua, porque el río que les proveía del líqui-do elemento ahora beneficia a la planta de Corocoro, según autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), constatada además por una periodista de radio ERBOL. El reporte seña-la que el desvío fue realizado a la altura de la comunidad Sicuipata, en el Jacha Suyu Pakajaqi. Los campesinos de las tres comunidades señalan que el río fue desviado sin su consentimiento respectivo (La Razón, 20 nov. 2009). La Dirección de Minería, como en otras oportunidades, negó tal versión. La problemática social de Coro Coro ha sido analizada y dis-cutida con mayor detalle en el acápite de conflictos sociales.

Otro aspecto denunciado por las autoridades locales de las comunidades de la zona de Coro Coro, en junio del 2010, fue que la empresa KORES, después de realizar la prospección y abrir extensas zanjas de hasta dos metros de profundidad, no realizó ninguna tarea de remediación de los lugares afectados en las tierras comunitarias. Además, abrieron indiscri-minadamente caminos de ingreso hasta las zonas de prospección, Ni la

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AAC, ni las autoridades ambientales sectoriales de minería, realizaron labores de inspección y control de estos aspectos. Dichos representan-tes comunales, mencionaron que de las 56 cuadrículas que detentaba la COMIBOL en la zona, 51 fueron otorgadas a KORES y 5 cuadrículas a la Cooperativa local MULTIACTIVA. Al mismo tiempo COMIBOL buscaba ocupar más tierras comunales con cuadrículas de acuerdo con los resultados de la exploración de KORES.

Mercados para el cobre

Un hecho que llama la atención es que a fines del 2009, parecían no haber mercados para acomodar la producción de cobre extra puro producido en Coro Coro. El propio vocero de la Dirección de Minería afirmó, que las 10 Tn/día que se producen, se acumularán para garantizar la oferta del mine-ral a futuros compradores. En cuanto a la exportación, mencionó que aún no se habían identificado mercados específicos (Energy Press, noviembre 2009). La ausencia de estudios de mercado genera incertidumbres sobre la real seriedad del proceso. Al respecto sería interesante plantearse las siguientes preguntas, ¿Se justifica una operación de reactivación, inver-siones, y grandes joy ventures con transnacionales, sin tener mercados medianamente asegurados, ni visualización de interesados en la oferta que hace la empresa?, ¿No debía hacerse un estudio de mercado y tener alguna idea de posibles fuentes de demanda?, ¿Es que todo el afán de la gran planta de cobre electrolítico fue principalmente un montaje electo-ral? Al respecto, la aventura del cobre de Coro Coro, desembocó en una subasta a inicios del 2010, anunciándose la puja abierta para adjudicar en-tre 250 y 300 toneladas métricas de cobre electrolítico producido en dicha planta y que generaría al menos 2 millones de $US, según expectativas del Ministerio de Minería (ANF, marzo 2010). Casi a mediados del 2010 las condiciones para la búsqueda de mercados para el cobre eran óptimas, debido a que en mayo del 2010, este metal había alcanzado un máximo

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histórico de 264.4 centavos de dólar la libra, situación que obedecería a posibles escenarios de escasez en los próximos meses, principalmente como resultados de los eventos sísmicos en Chile (www.infobase.com).

La eventual demanda internacional de cobre, significaría oportunidades óptimas para el cobre boliviano, sin embargo, también implica mayores riesgos socio ambientales, considerando los penosos antecedentes del ma-nejo de estos temas por parte del sector en la zona.

Mineración, industria e impactos

El cobre es un elemento muy común en la naturaleza y los seres vivos, pero puede ser muy contaminante dependiendo de las concentraciones y tiem-pos de exposición, como cualquier otro elemento. Posiblemente no es uno de los más contaminantes, no se lo puede comparar con el zinc, el plomo, ni con el cadmio, que son metales pesados. Es un elemento al cual mu-chos organismos tienen bastante tolerancia, pues en términos generales, de forma natural existe bastante cobre en los seres vivos, al igual que en las plantas; pero hay ciertos límites, por ejemplo, en la sangre es 1.3 mgr/litro, y si se sobrepasa esa cantidad por la exposición, ya sea de los trabajadores o la población local, comienzan a verse graves daños por acumulación en el sistema hepático donde ocasiona cirrosis y necrosis hepáticas, así como daños gástricos muy severos; esto es especialmente crítico en la población infantil, que es la más vulnerable (Moreno Grau, 2003).

El tratamiento de cobre y su explotación, conllevan un riesgo, no sola-mente en términos de la posible contaminación en los procesos extracti-vos, sino en los posteriores tratamientos industriales, que son complejos e implican el uso de diversas tecnologías metalúrgicas. Por ejemplo, en Coro Coro la explotación se realizará a cielo abierto, una modalidad que implica, desde ya, la devastación de segmentos de ecosistemas o la afecta-ción de cuencas y otros aspectos que requieren un cuidado riguroso. Por

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otra parte la extracción del cobre normalmente está asociada a yacimien-tos que tienen bastante azufre (calcosina en el caso de Coro Coro), esto implica junto con los procesos de molienda y/o flotación, la generación de aguas ácidas y contaminantes que llegan a los ríos. Las colas son especial-mente ácidas y cargadas con residuos de azufre.

La producción de cobre en Coro Coro, implica además una intensa fase de industrialización, esto significa que hay un proceso de tratamiento y procesamiento de purificación de las cargas del material cuprífero vía electrólisis, esto implica un tratamiento muy intenso con ácido sulfúrico en diversas etapas, que tiene un elevado riesgo para la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en general. Se estima que el uso de ácido sulfúrico, en una planta de la magnitud prevista como la de Coro Coro, puede alcanzar las 50 toneladas de este reactivo por día.

El proceso de electrólisis para obtener los denominados ánodos, o sea cobre electrolítico de alta pureza, implica riesgos ambientales en términos indus-triales. La circulación de grandes volúmenes de azufre (calcosina, sulfato de cobre y ácido sulfúrico), puede generar riesgos de acidificación de aguas y riesgos de lluvias ácidas. El tratamiento industrial del cobre a escalas ma-yores, conlleva otros riesgos puesto que al requerir grandes cantidades de ácido sulfúrico, condiciona una demanda que repercute en el aumento de la producción de este reactivo en la planta de Eucaliptos (Oruro) y puede inducir la explotación de azufreras en otras regiones del país (por ejemplo las expectativas sobre las azufreras de Capuratas en la Provincia Sajama de Oruro). Esto implica otras medidas adicionales en cuanto a recaudos, control y fiscalización; en el fondo no sólo se trata de Coro Coro.

Todos estos procedimientos de mediana a gran escala, significan tam-bién, la utilización de grandes volúmenes de agua (con seguridad miles de metros cúbicos por semana), lo cual debe estar explicitado en los ins-trumentos de adecuación y de manifiesto ambiental y evidentemente, vi-

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sibilizados en las recomendaciones de la Licencia Ambiental; debiendo considerarse los sitios de captación, el reciclado del agua o la devolu-ción del agua y su estado después de tratamientos de descontaminación. Otro elemento crucial, además de la contaminación de aguas, es que Coro Coro, está en una región notablemente seca del Altiplano, básicamente en una transición a la puna árida, en la cual el agua es un elemento escaso y actualmente bajo efectos del cambio climático global, en forma de sequías recurrentes. Esto, es por demás crítico para las comunidades de la región, por tanto es un tema que necesita una tratamiento especialmente riguroso en los instrumentos ambientales que soportan la Licencia Ambiental, es decir, cómo las empresas van a utilizar el agua, cuáles son las fuentes, cuá-les los volúmenes y cuál va a ser el tratamiento del agua posteriormente a su utilización.

En la situación de operación minera del cobre en Coro Coro, han habido 2 falencias, uno atribuible a COMIBOL, la cual ha obviado los procesos de una consulta pública formal y ha acelerado un proceso hidrometalúrgico de notable nivel de riesgo, sin contar con la aprobación y emisión de la Licen-cia Ambiental. Por otra parte, la otra falencia parece darse a partir de las autoridades ambientales competentes (nivel central y departamental), que aparentemente no han desarrollado un seguimiento estricto a ese proceso de arranque sin Licencia Ambiental. Evidentemente, la emisión de una li-cencia (previa revisión del Plan de Adecuación), no es una cosa que puede hacerse en corto tiempo, y muchas veces las autoridades de las oficinas mi-neras o hidrocarburíferas, exigen una celeridad de aprobación inaceptable a la autoridad ambiental, poniéndola en situaciones muy difíciles.

A inicios del 2010, se enunciaba en prensa (El Diario, 11 abril 2010) el proyecto de explotación de los yacimientos de cobre, Cobrizos y Abaroa (Potosí), a partir de un Join Venture entre empresas privadas que de-tentan los yacimientos mencionados y la compañía de Vietnam, la VIET-

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HAN CORPORATION, con apoyo del Ministerio de Minería. Las pro-yecciones productivas son elevadas, 300 Tn de cobre catódico por mes, con una inversión de 12 millones de $US.

Hierro y otros minerales en la Chiquitanía

En cuanto al hierro, la explotación del Cerro Mutún, quedó paralizada a inicios de mayo del 2010, por el conflicto entre el gobierno y la transna-cional JINDAL, que casi lleva a la ruptura. La JINDAL evadió inicial-mente el proceso conciliatorio y amenazó con varias demandas legales al gobierno boliviano, manteniéndose una situación de incertidumbre sobre su situación hasta inicios del mes de mayo y se En tanto el encaminaban posibles acuerdos de explotación del hierro y otros procesos industriales mineros con Venezuela. A pesar de dos años de avances muy parciales y sin proceso en siderúrgico, queda un cúmulo de amenazas socio am-bientales inminentes en curso, tanto por la propia explotación (p.e. uso expoliativo de grandes volúmenes de agua) como por el conjunto de mega infraestructuras viales entre el Mutún y Puerto Busch. Sin embargo, el Mutún implica sólo una parte de la problemática socioambiental en la región sudeste de Bolivia.

Otras zonas de la Región Chiquitana soportan amenazas de la minería de explotación del hierro a gran escala. La Reserva Departamental Valle de Tucavaca (Santiago de Chiquitos-Roboré), una auténtica joya del bosque seco chiquitano mejor conservado de Bolivia, es el centro de atención de dos empresas grandes con proyecciones de exploración y explotación. Una de ellas, KYLENO (Reporte Energía noviembre 2009), persigue la concesión minera La Esperanza, cuyos planes de exploración incluyen magnetometría y perforación. Las consultas públicas no pudieron ser rea-lizadas, debido al masivo rechazo al proyecto, de las comunidades locales y el Municipio de Roboré, esto en razón a que se trata de una reserva

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natural declarada. Entre tanto en septiembre del 2009 (Reporte Energía, septiembre 2009) otra empresa de capitales cruceños, SIDERESTE, pre-tendía realizar una gran explotación a cielo abierto en la Reserva de Tu-cavaca, con la diferencia de que pretendía saltarse el proceso de consulta pública. SIDERESTE busca explotar las concesiones mineras ubicadas precisamente al pie de la serranía de Santiago (Proyecto Naranjos: 94 cuadrículas, 2.350 has.), la región de mayor valor ecológico y paisajístico del Área Protegida Tucavaca, afectando a las comunidades San Loren-zo, Candelaria y Naranjos (PROBIOMA, septiembre 2009). Como ya es costumbre, en todos estos casos, se enarbola el discurso demagógico de los cientos o miles de fuentes de empleo a ser generados y el “absoluto respeto al medio ambiente” y un mínimo impacto, discursos que ya hace tiempo han dejado de tener credibilidad alguna.

Además del hierro, otros minerales están en la vista de potenciales inver-siones, como es el caso del níquel en la región de Rincón del Tigre (ANMI San Matías), que es además una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), donde las empresas VOTORANTIM y GLOSOBYK, pretenden reali-zar exploraciones, esto a pesar de las limitaciones legales por ser área de conservación y TCO indígena. Como antecedente, el año 2008 se hizo la denuncia (El Deber, febrero 2008), de otorgación de 19 concesiones entre Santo Corazón y El Carmen a la Empresa Brasilera VOTORANTIM, una empresa minera del Brasil con proyección transnacional, pro ejemplo con operaciones de explotación de zinc en el Perú (Cajamarquilla), y con antecedentes de denuncias de impactos ambientales y sociales, dentro y fuera de su país (CEPRID, 2009: www.nodo50.org / ceprid).

Como parte fundamental del modelo primario exportador en el que se encuentra sumido el país, se abre el interés minero por la Chiquitanía, habiéndose realizado exploraciones no sólo para hierro o níquel, sino también uranio, torio, kimberlita, otras piedras preciosas, fosfato, y por

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supuesto el oro. No deja de llamar la atención el inusitado entusiasmo de algunos analistas del tema minero (R.A Cardona: Plataformaenergetica.org, 29 abril 2010): “Felizmente se ha detectado a través de expertos bolivianos, como el geólogo senior Salomón Rivas, que en el precámbrico oriental boliviano se encuentran grandes depósitos y yacimientos de aquellos metales raros componentes de los aceros especiales caros, como manganeso, niobio, tantalio, wolfram o tungste-no, vanadio y otros. Esto favorecerá la investigación y las inversiones en el precám-brico boliviano oriental “.

Es difícil compartir dicho entusiasmo, cuando se sabe que estaría en serio riesgo, componentes muy relevantes del Patrimonio Natural remanente del país, como el Área Natural y Manejo Integrado (ANMI) San Ma-tías, El Pantanal, la Reserva Tucavaca, e incluso el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (un auténtico icono emblemático del departamento de Santa Cruz). Además de conocer de sobra, el desapego a respetar las normas ambientales, que tienen las empresas mineras, así como el laxo accionar de los mecanismos de regulación ambiental por parte del Estado.

Es posible que exista una suerte de correlación, entre el incremento de las proyecciones mineras en la región Chiquitana, y el fracaso de medidas de protección y mitigación ambiental y social en el corredor bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez (IIRSA).

URANIO

A fines del 2008 e inicios del 2009, se empezó a hablar del uranio en Bo-livia, esto en relación a noticias sensacionalistas relacionadas a supuestas situaciones de acercamiento diplomático con países de Medio Oriente. Un año antes, en el 2007, el Ministerio de Planificación y el Instituto Bo-liviano de ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) generaron un conato de alarma al hablar de plantas de energía nuclear en Potosí, con la misma soltura que si se hablara de energía eólica y solar. Desafortunadamente,

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como se ve más adelante, de forma periódica, los sectores de minería y energía, vuelven a incorporar el tema, aumentando el nivel de riesgo am-biental, más allá de lo que normalmente lo hacen.

De acuerdo a diversas fuentes y procesos de exploración realizados, exis-te uranio en Bolivia, en forma de diversos minerales, tanto en el Escudo Chiquitano, como en la Zona Andina. En general el uranio se encuentra en concentraciones muy bajas en diversos minerales, por eso su explo-tación implica una fuerte carga ambiental por los grandes volúmenes de “escorias” o colas que se producen al concentrar el mineral, dichas “colas de uranio”, quedan con bastante material radiactivo contaminante y son el principal riesgo a la salud humana y de los ecosistemas. Esto ocurre en diversas regiones del mundo, sin ir muy lejos, en la Argentina, donde va-rias zonas están enfrentando esta problemática desde hace varios años, por ejemplo Sierra Pintada y Malargue, incluso la ciudad de Córdoba en re-lación a disposición de residuos radiactivos (www.secyt.unc.edu.ar/isea/; www.noalamina.org). Según información difundida en la WEB (www.ecoportal.net), en la zona de Carabaya en Puno-Perú, también se enfren-tan similares riesgos ambientales por la presencia del mineral, existiendo un contrato de explotación de este mineral por una empresa canadiense y expectativas de explotación por parte de la población local, que desconoce los peligros del mineral.

Lo primero que hay que tener muy claro, es que cuando nos referimos al uranio, no estamos hablando de minerales comunes como estaño, plomo o zinc, los cuales a pesar del riesgo inherente por ser metales pesados, no representan los riesgos del uranio. Hablar de este mineral no es lo mismo que hablar de litio o cobre. El uranio es un mineral radiactivo, emite ra-diaciones ionizantes con alto poder cancerígeno y mutagénico y a pesar de encontrarse en general en bajas concentraciones, significa un riesgo mucho mayor que cualquier otro mineral.

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La ansiedad por un desarrollismo a ultranza, tiene el riesgo de conducirnos cada vez más a aventuras productivas, a cual más riesgosa, en el que los recaudos y precauciones ambientales y sociales (salud principalmente), están siempre ausentes. La lógica de país productor de materias primas e inmerso en el modelo del extractivismo más básico, parece impedirnos vi-sualizar los riesgos que implica su posible explotación. Esto también nos muestra una vez más, lo rezagada y debilitada que se encuentra la gestión ambiental en el país, al igual que la gestión de energías alternativas amiga-bles. Ante un tema tan delicado, no se conoció una voz de advertencia por parte de la Autoridad Ambiental Competente y únicamente el LIDEMA, entre las organizaciones de la sociedad civil, dio la alerta.

Como claro ejemplo de lo mencionado, a mediados del 2009, la Prefectura de Potosí confirmó que se iniciaría la exploración de uranio en el Cerro Cotaje, ubicado en la Provincia Antonio Quijarro de este departamento, manifestando que durante el 2009, se harán los estudios de prospección y, de hallarse este recurso energético para su explotación, los trabajos de explotación podrían ser iniciados el 2010 (La Razón, mayo 2009). Vo-ceros de la prefectura de Potosí indicaron que es esta instancia la que se está haciendo cargo del proyecto de exploración, que tiene un costo que supera los dos millones de bolivianos. La Secretaría de Minería y Metalurgia de la Prefectura de Potosí, fue quien confirmó esta noticia: “Existe la posibilidad de registrar, confirmar reservas de uranio, la Prefectura se está haciendo cargo de este proyecto con un costo que equivale 2.093.276 bolivianos” (La Razón, mayo 2009).

El 2009 se percibía que en las oficinas del Estado y analistas del sector, no existía conciencia sobre la gravedad de estas iniciativas, al contrario el tema era recibido con beneplácito y un gran optimismo mercantilista como muestra el siguiente recuadro.

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La visión exitista sobre el uranio La Patria en Línea (mayo, 2009)

Hay uranio en Bolivia, eso ya está claro por tanto no debería preocupar su existencia a no ser por el marcado interés de ese país “amigo” que fabrica bombas nucleares y que posiblemente se interese en una buena yellow cake con sabor boliviano, para lo que deberán definirse estrategias abiertas para su explotación bajo rigurosas normas de cuidados de la salud y preservación ambiental. Como nuestro país es pacifista, no se puede pensar en que se logren tratos para la venta de uranio a países belicistas, pero tampoco por eso puede desestimarse la posibilidad de su explotación que con seguridad y un futuro proceso de exportación podrá redituar importantes ingresos para el país, si además se oferta de manera abierta y se lo vende al mejor postor. No está demás recordar, que existen normas internacionales para comercializar materiales radioactivos enriquecidos si antes no se justifica su uso pacífico y se garantiza su utilidad en fines científicos, medicinales o tecnológicos, pero no para fabricar bombas mortales. Uranio hay, su buen uso debe ser verificado.

Se conoce que en la década de los 80, en la localidad de Cotaje, en Poto-sí, se explotó uranio en bajas cantidades (cinco toneladas por mes), bajo la cobertura del IBTEN y que incluso se llegó a producir cierta cantidad de la denominada “torta amarilla” (concentrado del mineral radiactivo altamente contaminante), y que nunca se supo que paso con dicho con-centrado. Sin embargo el 2009, autoridades del Ministerio de Minería, manifestaron que en Bolivia no se había explotado uranio, y que en Santa Cruz se exportaba solo tantalita. En ese mineral llamado tantalita (óxido de tantalio), hay uranita que es óxido de uranio en bajas concentraciones, lo cual muestra que, de cualquier forma, estaría saliendo uranio en dicho mineral a Houston, Estado Unidos (La Razón, mayo 2009).

En el mes de octubre del 2008, el periódico El Diario publicaba: “El país sí tiene yacimientos de uranio, pero el gobierno tiene la información clasificada como “reservada”. Este mineral radioactivo está en el altiplano y, también, hay interés en el oriente del territorio nacional, donde los trabajos explora-torios dieron resultados halagüeños, según informes del joint venture canadiense MEGA URANIUM-INTREPID MINES. En tanto que el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIN) identificó,

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con prospección, once “puntos” con uranio en estado natural, en el Dis-trito de Cotaje, entre las poblaciones de Huari en Oruro, Sevaruyo en la frontera de ambos departamentos y río Mulato en Potosí. La información técnica señala, que no son propiamente yacimientos concentrados de ura-nio, sino “pequeños puntos” pero con confirmación prospectada, puntua-lizando que se desconoce la cantidad de reservas existentes, puesto que para la cuantificación se requieren millonarias inversiones. La compañía canadiense MEGA URANIUM llegó al país como resultado de un joint venture con INTREPID MINES CORPORATION, suscrito en marzo del 2006, desde entonces realizó trabajos de prospección en Sevaruyo, también en el Precámbrico del este Boliviano, con resultados que hacen prever existencia del metal.

Mientras tanto, también en un medio de prensa (El Deber, mayo 2009), se había publicado lo siguiente: “La sociedad canadiense MEGA URA-NIUM-INTREPID MINES, que realizó trabajos exploratorios en 2006, arroja resultados satisfactorios, pues identificó 25 bloques en demanda. “Los traba-jos de prospección se dieron en Sevaruyo y en el Precámbrico, con resultados que hacen prever la existencia del mineral”, revela en su página  www.megauranium.com. Asimismo, señala que en marzo de 2006, MEGA URANIUM anunció que llegó a un acuerdo con INTREPID MINES para obtener el 75% del uranio-molibdeno que pueda extraer de las concesiones de Intrepid en Bolivia, que abarca zonas del altiplano y el oriente, donde tiene concesiones. Además, agrega que en el Cinturón Sevaruyo encontró contenido de mioceno ignimbritic volcánico con potencial de uranio, similar a la mineralización del Cinturón Macusani en el sur de Perú”.

La enorme lejanía de dichas regiones, sumado a la voracidad de la cor-poraciones mineras y al corto alcance de la acción fiscalizadora de las autoridades sectoriales y ambientales, debería ser causa de preocupación, sobre lo que podría estar ocurriendo en las serranías del precámbrico o las recónditas cordilleras del país.

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Mientras que en algunas regiones de Latinoamérica (Argentina), Europa (España), o Australia, emergen voces de alerta sobre los elevados ries-gos ambientales y de salud, que implican las iniciativas de exploración y explotación de depósitos de uranio, en nuestro país, no se dice nada y se mantiene una suerte de tolerancia hacia las desenfadadas declaraciones de autoridades nacionales y departamentales sobre las acciones de explo-ración de uranio y su posible explotación.

Temerosos del la temeridad y acciones poco meditadas de ENDE o el Viceministerio de Energía, no podemos descontar la amenaza de querer producir algunos cientos de MW en base a minerales y producción de energía de elevado riesgo. A inicios del 2010 nuevamente se conocía, por una información de prensa (El Diario, 9 marzo 2010), que la Mina Cotaje (Potosí), será rehabilitada para la explotación de uranio y que profesio-nales especializados en centros europeos, en la búsqueda de minerales radiactivos, se ocuparán de una prospección de alto nivel en ciertos lu-gares del territorio nacional, donde se presumía la existencia de uranio. La participación de la prefectura de Potosí en esta riesgosa operación minera, está siendo protagónica. Es importante mencionar que el Regla-mento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), no considera la realización de EEIA, pues se trataría de una fase de exploración (se otor-ga Ficha 4), sin embargo el nivel de riesgo es muy alto, si se trata de mi-nerales radiactivos como el uranio. La explotación de uranio en las punas de Potosí y Oruro (asociada a la demencial idea de una central nuclear) conllevaría un altísimo riesgo ambiental y para la salud de las comunida-des de la región.

Entre los más peligrosos acercamientos diplomáticos que viene realizan-do el actual gobierno, no solo está Iran, que se destaca por su marcado apego a jugar con la energía nuclear, sino que también está Rusia. En abril del 2010 (El Deber), se mencionaba la “buena voluntad” del Gobier-

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no de Rusia que ofrecía a la administración de Evo Morales la instalación de una planta nuclear y hasta misiles, en el marco de una nueva etapa de relación bilateral, buscando en apariencia, convertir a Bolivia en la pun-ta de lanza para avanzar y afianzar su influencia en la región. (Noticias Bolivia/http//boliviabb.com, 18 abril 2010; www.cbh.org.bo, mayo 2010).

En el plano internacional destacan, el capricho del gobierno de Francia (Le Monde Diplomatique, enero, 2010), que proyecta saturar la matriz energética de ese país con usinas nucleares, al igual que la inusitada re-apertura nuclear en Estados Unidos por la administración del presidente Obama. Más cerca de nosotros, la nueva gestión presidencial de Chile, ha manifestado las buenas perspectivas de recurrir a la energía nuclear, lo cual significa un mercado para los minerales radiactivos como el uranio.

Uranio, un mineral de alta peligrosidadFuentes: www.noaLamina.org; www.ecoPortaL.net; www.eco-sitio.com.ar; www.nonucLear.org.ar; mendozacontaminada.bLogsPot.com

El uranio en la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones (unas pocas partes por millón o ppm), en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Para su uso, el uranio debe ser extraído y concentrado a partir de minerales que lo contienen como por ejemplo la uranita (ver minería del Uranio). Las rocas son tratadas químicamente para separar el uranio, convirtiéndolo en compuestos químicos de uranio. El residuo se denomina estéril. Esos estériles contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio. El uranio natural está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (U-238), uranio-235 (U-235) y uranio-234 (U-234). De cada gramo de uranio natural el 99,284% de la masa es uranio-238, el 0,711% uranio-235,[] y 0,0085% uranio-234. La relación Uranio-238/Uranio-235 es constante en la corteza terrestre, salvo ciertas excepciones.

El U-235 se utiliza como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido, mientras que la porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido. El uranio natural, enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico. El uranio empobrecido es el menos radiactivo y el enriquecido el más radiactivo. El uranio en cualquiera de sus formas (natural, enriquecido o empobrecido), al ser un metal pesado, posee una cierta toxicidad, pudiendo afectar al sistema renal, dependiendo los efectos de la cantidad incorporada al organismo. Además, el uranio es el padre de una de las cadenas naturales, siendo uno de sus hijos radiactivos el radón-222, considerado cancerígeno.

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Las afecciones que los proyectos mineros de uranio causan, según la información de otros colectivos que sufren estos proyectos en lugares como Ciudad Rodrigo (España), son:

• Emisión de partículas de polvo radiactivo y gas radón • Método de extracción muy destructivo (1 Kg de combustible de uranio = remoción

de 190.000 Kg de roca) • Contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos • Impacto en los ecosistemas • Gran cantidad de residuos con materiales radiactivos

Un informe preparado por la Asociación Médica de British Columbia (Canadá), a pedido del gobierno de esa provincia, advierte que: “Debido a la desintegración o decaimiento de los radionuclueidos de larga vida (radio y torio), en las parvas de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento gradual de emisores de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y potencialmente inhabitable”.

Tanto las radiaciones de alta intensidad, como las de baja intensidad, modifican la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento, problemas cutáneos, problemas digestivos, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte. Es evidente que cualquier actividad que produzca o use materiales radioactivos, genera desechos y residuos nucleares. La minería nuclear, la generación nucleoeléctrica y varios procesos en la industria, medicina e investigación científica producen subproductos que incluyen a los residuos y desechos radioactivos. La basura radioactiva puede encontrarse en forma gaseosa, líquida o sólida y su nivel de radioactividad varía. Estos residuos y desechos pueden mantenerse radioactivos desde unas cuantas horas hasta miles de años. Dada la complejidad y peligrosidad de estos residuos y desechos, encontrar un lugar acorde para su confinamiento es altamente difícil y costoso. Dependiendo del tipo de basura nuclear, se necesitan contenedores con diferentes características para períodos de tiempo muy prolongados. La apropiada disposición de desechos y residuos nucleares es esencial para garantizar la protección a la salud y seguridad de la población y la calidad ambiental del aire, suelo y agua. Una mina que produce unas 1.000 toneladas de uranio al año, deja 250.000 toneladas anuales de colas radiactivas. En general por cada kilogramo de uranio procesado se genera una tonelada de residuos altamente radiactivos con abundancia de radio 226 o torio 234.

Cabe recordar que en la Argentina ya existen serios problemas de colas radiactivas en las zonas de Sierra Pintada y Malargue en Mendoza. Nunca se realizó la remediación, los residuos generados siguen en Sierra Pintada: 1.700.000 toneladas (Tn) de “colas” de uranio, 5.340 tambores comunes (algunos enterrados en trincheras comunes con tierra encima y otros directamente a la interperie); 1.200.000 Tn de agua contaminada (agua de lixiviación del proceso de extracción) con materiales radiactivos, metales pesados y ácidos fuertes, ubicada en las canteras y diques de evaporación. Hay que sumarle los residuos ubicados a 1.000 metros del centro de la ciudad de Malargüe: 700.000 tn de “colas” de uranio y el “abandono” de 19.500 m3 de estériles de explotación y 2.500 m3 de marginales, en los alrededores de la mina Hüemul (en Malargüe).

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El Salto Industrial

El nuevo enfoque del gobierno nacional para el sector minero, tiene que ver con la intervención directa del Estado en todo el proceso productivo; esto es en el procesamiento e industrialización de diversos recursos me-tálicos (cobre, zinc, hierro, litio, etc.) y la obtención de aleaciones, bron-ces, latones, entre otros emprendimientos, además de la búsqueda de la recuperación de metales valiosos como el cadmio, oro e indio. La base de esta propuesta tiene como origen el Plan Nacional de Desarrollo del año 2007, está inmersa en la nueva Constitución Política del Estado y también incorporada en el Programa de Gobierno denominado “Bolivia: País Lí-der” del MAS, presentado para las elecciones del 6 de diciembre y a ser ejecutado de 2010 a 2015. Se plantea, además buscar la inversión privada y el desarrollo tecnológico para seguir en la senda de la industrialización del sector (hidrocarburosbolivia.com; octubre 2009).

A fines del 2009, el gobierno anunció la proyección de avanzar en la pri-mera fase de industrialización en el sector minero y en cuatro años, con-vertir todos los minerales explotados en el país en metálicos, para utili-zarlos en la industria interna y también exportarlos a mejor precio y con menores costos (La Razón, 9 noviembre 2009). Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se anunció que en ocho años, se espera producir artículos de uso específico, como peltre, maquinaria de hierro, motores, grifería, alambrón de cobre para cables, latón metálico que se usa en la industria alimenticia, baterías de litio, fertilizantes, soldadura, bronce, en-tre otros. Se mencionaban prácticamente todos los minerales existentes en el país, como ser plomo, plata, zinc, oro, cobre, estaño, litio, hierro y wolfram. Además, las proyecciones gubernamentales se extienden a otros productos mineros no metálicos con potencial de valor agregado como el potasio (fertilizantes, medicamentos, explosivos), el boro (cerámica, vi-drio, pinturas, jabones y detergentes) y el magnesio (material para la esta-

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bilización de caminos). Las bases de industrialización, según las autorida-des mineras, se fundamentan en la producción del plomo metálico y zinc metálico en Karachipampa (hidrometalúrgica de Potosí), hierro metálico en Puerto Suárez, bismuto metálico en Telamayu, además de antimonio y wolfram metálico (La Razón, 9 noviembre 2009).

Algunos pasos hacia la industrialización, ya se han venido dando, espe-cialmente en cuanto a la fundición y beneficiado de minerales, un ejemplo real parecía ser Vinto (estaño), o las proyecciones para Karachipampa, que estaría en fase de reactivación (zinc, plomo). Esta planta que costó unos 200 millones de dólares, fue abandonada durante 20 años, e iba ser puesta en funcionamiento gracias a un convenio que ha logrado la CO-MIBOL con la empresa norteamericana ATLAS PRECIUS METALS, la cual tenía que hacerse cargo del complejo metalúrgico, sino se hubiera suscitado el conflicto con el gobierno a mediados del 2010. Se tenía pre-visto, que ATLAS PRECIUS Metals invirtiera 85 millones de $US, para el tratamiento de unas 25 mil toneladas de plomo-plata en los hornos ya instalados, además de 25 mil toneladas de residuos de zinc y un prome-dio de 85 mil toneladas de concentrados, cosa que nunca ocurrió (EXE-CLUB, 2009).

Las noticias sobre la industrialización del zinc por parte del gobierno son difusas, en enero del 2010, la Dirección de Minería del Ministerio del ramo declaraba que “la futura planta hidrometalúrgica” de zinc y otros minerales complejos, tendría una capacidad de producción de 80.000 toneladas año. No se conoció la información sobre la ubicación y se hacía referencia a que era un proyecto en fase de estudio (La Patria, enero 2010). En tanto, en abril del 2010, se hablaba de un proyecto de industrialización del wol-fram (ferroaleaciones como el ferrotungsteno) presentado al Ministerio de Minería por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FEN-COMIN), que implica la construcción de una planta de procesamiento en

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la ciudad de El Alto y la creación de una empresa a denominarse Empresa Boliviana de Ferroaleaciones (La Razón, 11 abril 2009). Se menciona que la producción de wolfram en el país, alcanza unas 800 Tn anuales.

Entre las experiencias de industrialización en curso, está el caso de la planta de cátodos de cobre purificado de Coro Coro, la fallida producción de hierro en el Mutún, proyectada a la acerería y la también fallida meta-lurgia de estaño en Vinto.

En cuanto al litio, las proyecciones son enormes como se ha analizado en el acápite específico a este mineral. De inicio, y además de la planta piloto ya existente, se creó la Red Nacional de Ciencia y Tecnología (RENA-CyTI) en la industrialización del litio, recursos evaporíticos y la indus-trialización de química básica. Esto se dio precisamente en el primer Foro Internacional del Litio, realizado en la localidad de Uyuni, en el cual se enfatizó sobre las nuevas tecnologías para explotar e industrializar el litio con técnicas y nuevos modelos y sistemas tecnológicos de otros países (El Diario noviembre 2009).

Fuentes del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, informaron que los países que tienen la tecnología para la producción del carbonato de litio, agilizan los pasos científicos que se dan en Bolivia para la industrializa-ción de las reservas en Uyuni y valora las recomendaciones de la cons-trucción de un complejo industrial, sobre la base del litio, paralelamente se impulsará la industrialización de insumos y se creará otro tipo de in-dustrias, que generen valor agregado, (plantas para la obtención de ácido bórico, cloruro de potasio, ácido sulfúrico, acido clorhídrico, entre otros). El encuentro de conclusiones en Uyuni ingresaba a una instancia de con-sideraciones y deliberaciones, entre las entidades del Estado, para que tomen decisiones y acuerdos para la consideración de sociedades para la fabricación de baterías y otros subproductos del carbonato del litio (El Diario, noviembre 2009). La única referencia ambiental indirecta de este

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foro, se encuentra en la perspectiva de la concreción de un trabajo con-junto entre los institutos de investigación científica de las universidades del Estado e instituciones internacionales para encontrar el mejor sistema ambiental sostenible y altamente económico para obtener el mayor bene-ficio de la industria del litio.

La industrialización ha sido desde hace muchas décadas un anhelo na-cional, los procesos industriales han avanzado en torno a iniciativas ma-nufactureras básicas, muy poco en torno a las materias primas de expor-tación masiva y a gran escala. Las barreras siempre fueron de carácter tecnológico, económico, de inversiones y organizacional. En cualquier proceso de industrialización, existe la incertidumbre y el riesgo de adicio-nar mayores impactos y amenazas ambientales, a las ya generadas por la extracción y mineración. Si bien la industrialización de materias primas implicaría el inicio de una reversión del modelo exportador primario, ello no deja de significar una elevada incertidumbre y riesgo socio ambiental. Esto significa, que el salto industrial nos encuentra en un alto grado de vulnerabilidad, considerando el marco normativo insuficiente y una ges-tión ambiental muy debilitada y con tendencia a empeorar; lo que ocurre en Coro Coro es un claro precedente, en todo caso, un proceso ordenado y sociombientalmente responsable, sería deseable.

Uno de los requisitos para el salto industrial debería ser el fortalecimien-to del marco normativo (no su flexibilización como plantea el sector de hidrocarburos) y de la gestión ambiental en general. El análisis de Gu-dynas (2009) en este sentido, menciona que si bien en Bolivia se invocan los derechos a la calidad ambiental,  la constitución agrega un énfasis inesperado, como mandato para el Estado, en la “industrialización de los recursos naturales”. Según este analista, esto constituye un paso atrás en el abordaje de los temas ambientales, debido a que distintas medidas de protección del entorno podrían ser declaradas como inconstitucionales,

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al poner en  entredicho esa industrialización de la naturaleza. Ninguna constitución de América Latina presenta un mandato de ese tipo.   

Desde otra óptica, la figura de industrialización a ultranza, es debatible, por ejemplo, si el salto industrial, debería referirse a la generalidad de los recursos, o si este mandato, debería ser para determinados recursos estra-tégicos. La industrialización tiene enorme dependencia de la tecnología y la investigación (donde en ambos temas estamos muy rezagados), de si-tuaciones de competitividad y, por tanto, de acceso a mercados. La indus-trialización podría llevarnos a situaciones como la del cobre en Coro Coro, donde se están stockando importantes volúmenes de cobre purificado y cátodos de cobre de alta pureza, sin tener mercados asegurados, ni estu-dios de mercado y recurriendo a subastas para adjudicar los productos.

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Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental competenteCEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y AgrarioCGIAB La Comisión para la Gestión Integral del Agua en BoliviaCODERIP Comité de Defensa del PilcomayoCORIDUP Coordinadora de Defensa de las Riberas del río Desaguadero-Uru Uru-PoopóCOMIBOL Corporación Minera de BoliviaCONAMAQ Confederación Nacional de Ayllus y Markas del QollasuyoDS Decreto SupremoEAE Evaluación ambiental estratégicaEEIA Estudio de Evaluación de Impacto AmbientalENDE Empresa Nacional de ElectricidadESM Empresa Siderúrgica del MutúnFA Ficha AmbientalFAOI-NP Federación de Ayllus Originarios indígenas del Norte de PotosíFENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas Mineras FMI Fondo Monetario InternacionalFRUTCAS Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano de

BoliviaLA Licencia Ambiental LIDEMA Liga de Defensa del Medio AmbienteLMA Ley del Medio AmbienteMDRAMA Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio AmbienteMEDMIN Medio Ambiente, Minería e Industriaot Onza troyPASA Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental PIEB Programa de Investigación Estratégica de BoliviaPPM Programa de Prevención y Mitigación PND Plan Nacional de DesarrolloRASIM Reglamento Ambiental del Sector de Industria ManufactureraRPCA Reglamento de Prevención y Control AmbientalRGGA Reglamento General de Gestión AmbientalSERGEOMIN Servicio Geológico Minero SOPE Sociedad Potosina de Ecología UTO Universidad Técnica de Oruro

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Devastación sin precedentes de la pradera y bofedales altoandinos de la zona de Suches al interior del área protegida Apolobamba, por explotación del oro. Foto O. Loayza

Barcaza que draga oro en los grandes ríos de la Amazonía boliviana. Foto M. Ribera LIDEMA

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Típico paisaje de baja calidad ambiental en un centro minero de Oruro. Se observan lagunas abiertas y acumulaciones de colas. Foto M. Ribera LIDEMA

Cuenca del río Japo (Oruro) fuertemente afectada por la minería de estaño. Foto M. Ribera LIDEMA

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Salar de Uyuni. Fuerte perturbación a partir de la etapa piloto exenta de Licencia Ambiental. Septiembre 2010. Foto M. Ribera LIDEMA

Salar de Uyuni. En la fase piloto se utilizó maquinaria pesada para construir caminos y excavar extensas piscinas de evaporación. Foto M. Ribera LIDEMA

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El color de las aguas del río Huanuni en Oruro revelan el elevado nivel de contaminación (2009). Foto M. Ribera LIDEMA

El enorme pasivo de San Miguel en la cuenca alta del Pilcomayo, Potosí. Foto M. Ribera LIDEMA

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PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DEL MEGAPROYECTO MUTÚN

Estado

El proceso de explotación y transformación del hierro por la empresa india JINDAL (una corporación transnacional formada por diversos ca-pitales), se encontraba paralizada hasta fines del 2009, en tanto existía una presión creciente de los municipios y comités cívicos de la región para reactivar el proceso.

En enero del 2009, se conoció que el megaproyecto estaba paralizado por los problemas de saneamiento (INRA), que enfrentaba situaciones conflictivas de expropiación, las mismas que finalmente serían definidas en base al Código Minero (El Diario, enero 2009). Existían 15 predios ganaderos y comunitarios a ser afectados. Una vez saneadas las tierras, JINDAL debía invertir 300 millones de $US. Se analizó la expropiación de 2.300 hectáreas en la zona del Mutún, esto implicó un conflicto con unos 23 a 30 predios, entre pequeñas parcelas de campesinos y grandes estancias o haciendas, las cuales exigieron en total, unos 3 millones de $US de indemnización. Esta situación había paralizó el proceso de explo-tación. Contradictoriamente, el Ministerio de Minería y Metalurgia infor-mó que la JINDAL, tenía vía libre para iniciar la explotación de hierro en el Yacimiento del Mutún, después que se consolidó la expropiación de

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243 hectáreas de tierra de un latifundista que obstaculizaba ese proyecto minero (CEDIB, marzo 2009).

En marzo del 2009, los ejecutivos de JINDAL reconocieron que no te-nían definido el cronograma de trabajo, y la Licencia Ambiental no había sido aprobada por el gobierno. De acuerdo a versiones de algunos fun-cionarios de la JINDAL, el asunto con la concesión de las tierras colin-dantes con el Mutún, representaba un problema menor, comparado con el de la incertidumbre del gas necesario para el proceso siderúrgico y la generación de energía (La Razón, 26 abril 2009).

El 26 de abril del 2009, el gobierno entregó a la empresa india 5.537 hec-táreas de tierra saneada para que inicie la explotación del yacimiento. El 21 de julio, la JINDAL, denunció que no recibió la totalidad de las tierras para comenzar sus operaciones. El INRA, corroboró que la empresa, re-cibió 5.400 hectáreas de las 6 mil que le iba a entregar el gobierno. Añadió que 600 hectáreas todavía estaban en conflicto. Al respecto, el ex titular de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), indicó que el conflicto de tie-rras se produjo luego de la modificación del área de concesión, ya que los predios estaban inicialmente en la parte norte. (La Razón, 8 septiembre 2009). Sin embargo, a fines del 2009, la entrega de las tierras aún estaba pendiente en un 50%, debido a la modificación del área de concesión en la que pasaron de forma muy arbitraria, unas 1.200 hectáreas del lado sur, al norte.

A inicios del 2009, se conoció que la JINDAL, tramitaba la Licencia Am-biental para la captación de agua y el desarrollo del proyecto, de cualquier forma, el resto del año persistió una elevada incertidumbre sobre el tema de uso de fuentes de agua para el procesamiento y siderurgia, al igual que sobre la provisión de gas, tanto para la reducción del hierro como para provisión de energía (termoeléctrica).

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El Estudio de Impacto Ambiental fue escasamente socializado con instan-cias de la sociedad civil, y al acceso a su información fue difícil; al respecto existen varias observaciones sobre claras inconsistencias técnicas, algu-nas de las cuales ya habían sido detectadas en la Ficha Ambiental.

En cuanto a las operaciones, en abril del 2009, dos chancadoras funcio-naban en etapa de prueba en la selección del mineral. Ambas maquinarias fueron instaladas en dos plataformas del cerro Mutún en medio de la ve-getación y en etapa de prueba, produciéndose un importante volumen de material de concentrados de hierro (La Razón, 26 abril 2009).

A pesar de las limitaciones en el desarrollo del proceso, la ESM, plan-teaba que el gabinete económico ejecute el proyecto, para convertir a Puerto Suárez en un polo de desarrollo. Bajo este enfoque se mantuvo la situación de riesgo, derivado del nutrido conjunto de megaproyectos asociados, algunos ya en ejecución: vía férrea y camino Mutún - Puer-to Busch, Canal Mutún - Puerto Busch, y la infraestructura portuaria de Puerto Busch propiamente, además de líneas de transmisión eléctrica, termoeléctrica y gasoducto. Esta acumulación de obras, podrían generar un severo deterioro socio ambiental, especialmente en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Otuquis y en el Pan-tanal, una ecoregión particularmente fragil. A esto se suman los riesgos de ocupación desordenada del suelo urbano y peri-urbano de poblaciones importantes, acicateada por la visión de polo de desarrollo.

Ya en septiembre del 2009, se denunció que la JINDAL estaba renuente a invertir en la explotación de hierro, desviando sus actividades a la ex-ploración gasífera conjuntamente la empresa GLT. Mientras que a fines del 2009, imperaba una incertidumbre sobre el desarrollo de las operacio-nes de la JINDAL, debido a diversos contratiempos y conflictos internos de la Empresa Siderúrgica Mutún, incluido un anuncio de recorte de la inversión total. El segundo trimestre del 2009, tres aspectos se conside-

128

El sector minero

raron como obstáculos, que impidieron que la empresa Jindal inicie el proyecto siderúrgico: a) la caída del precio del hierro, b) la demora en la entrega de tierras y c) la falta de gas como energético, para el inicio de la reducción directa.

Un editorial del periódico La Prensa (www.hidrocarburosbolivia.com, mar-zo 2010), resume la situación en sentido de que hay fallas de ambas partes en el contrato. Por un lado, el gobierno dudaba de que la empresa hubiese avanzado en todo lo que se había comprometido, por otro lado, la empresa decía que el Gobierno Boliviano no le había entregado todavía (desde julio de 2007 hasta el 2009), todo el terreno que está comprendido en el contra-to. En el proceso, como se sabe, algunos funcionarios de la ESM, habrían cometido irregularidades que llegaron a ser calificadas de corrupción, lo que llevó a la destitución de algunos de ellos. A fines del 2009, el malestar tanto de la empresa como del gobierno, iba en incremento.

Por otra parte en octubre del 2009, la empresa australiana RGL había expuesto su interés en explotar el restante porcentaje del cerro Mutún aún no concesionado (Reporte Energía, septiembre 2009), aunque el go-bierno manifestó a inicios del año 2010, que dicha explotación sería reali-zada por el Estado. Meses después, afluían varias ofertas y propuestas de interés en la explotación no solo de la mitas del cerro Mutún, sino de todo cerro, esto en vista de las amenazas de salida de la JINDAL del proceso.

Precio del Hierro

En los primeros meses del 2009, de acuerdo a la empresa, la baja en el precio del hierro en el exterior, hasta en un 42%, afectó de sobremanera al proyecto (La Razón, 26 abril 2009). El precio más alto anterior, fue registrado entre octubre y diciembre del año 2008, cuando el hierro se cotizaba en 224 dólares por tonelada. La crisis financiera provocó que el precio bajara inicialmente a 130 dólares la tonelada y luego bajara todavía

129

El sector minero

en un 50%. Se conocía que los precios del mineral de hierro iban a caer en el 2009, en relación a la crisis mundial (Reuters, marzo, 2009), este fue el primer declive en siete años, pero no se esperaba que la caída se tan drástica. En mayo del 2009, el mineral de hierro se vendía alrededor de 60 dólares la tonelada, en tanto que el acero tenía un precio de 0,57 dólares por libra, con un descenso de 0,15 dólares la libra. Según el di-rector de JINDAL, Dhira Nirod Parida, pese a esta crisis de precios, se hacen todos los esfuerzos para comenzar las operaciones, “Estamos en una posición difícil debido a los precios del acero en el mercado internacional” (El De-ber, 29 marzo, 2009). En esa oportunidad el ejecutivo de la transnacional mencionaba que la crisis estaba afectando al conjunto de las compañías en todo el mundo y que un ejemplo era que varias industrias en Corumbá no estaban trabajando.

Sin embargo, a fines del 2009, el precio del hierro procesado empezó a mostrar una franca recuperación, hasta alcanzar precios muy elevados (135 $US/TM), llegando a remontarse incluso en un 180 % en el 2010 respecto del año 2009 (Siglo XXI, marzo 2010), producto del incremento de la demanda industrial y de ajustes en las modalidades de asignación de precios internacionales. Diversos analistas del tema minero, observaron la pérdida de oportunidad por las dilaciones en el arranque del proceso de explotación del Mutún. Aparentemente, a la JINDAL, más que inte-resarle los altos precios coyunturales del mineral de hierro, le preocupa-ba más los parámetros referenciales referidos al precio del acero. Es así que la empresa JINDAL, en febrero del 2010 exigía respetar el precio referencial de venta del acero, establecido por el contrato en 500 $US la tonelada, argumentando que la Ley 3787 redujo el precio a 340 $US, el cual es “irrazonable” debido a que el costo de producción del acero es su-perior. El valor sirve para calcular la alícuota adicional al IUE, cuyo pago impacta en las ganancias de la empresa (La Razón, 22 febrero 2010).

130

El sector mineroEx

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131

El sector minero

Operaciones

Como recordatorio: La producción programada del proyecto siderúrgico en el cerro del Mutún incluye 10 millones de toneladas métricas de con-centrado por año, 5 millones de toneladas de pellets, 2 millones de esponja de hierro, y 1,7 toneladas anuales de acero (El Diario, junio 2009). Las reservas brutas de hierro concesionadas a JINDAL alcanzan a 20.000 millones de toneladas (de 40.000 millones de toneladas en toda la forma-ción geológica), con una ley promedio del 50%, por lo que las reservas netas alcanzan a 10.000 millones de toneladas. El concesionario garantiza una recuperación metálica mínima del 58%, que los expertos metalurgis-tas consideran muy baja. Las reservas metálicas concesionadas alcanzan a 5.800 millones de toneladas, que con la cotización espectada de 135 $US/TM, tienen el impresionante valor de 203 mil millones de $US. Sin em-bargo, según el plan de producción mínimo, comprometido en el contrato, se ha determinado que en los 40 años de la concesión, el adjudicatario llegará a procesar tan sólo 1.781 millones de toneladas de mineral de las 20.000 millones de toneladas concesionadas, es decir el 8.91% (El Diario, 31 de mayo 2009).

La empresa india, al terminar el proceso de elaboración del contrato, planteó la necesidad de hacer una “producción anticipada” para exportar los primeros productos (no se menciona si la empresa se refería a la expor-tación de pellets producto de la separación magnética e hidro-separación o del hierro esponja ya reducido vía metalurgia). Ante esta petición, el gobierno observó que la producción de acero también tenía que antici-parse y pidió a la JINDAL, proceder a la industrialización siderúrgica del hierro (vía reducción directa con gas), en los primeros cinco años de producción anticipada de minerales, en la perspectiva de exportar con-centrados (El Fronterizo, julio 2009). Sin embargo, el principal obstáculo

132

El sector minero

en ese momento y hasta ahora, era la falta de flujo de gas natural para desarrollar el proceso de reducción directa.

Según el Ministerio de Minería, la JINDAL debía empezar el año 2009, la producción anticipada de minerales en la perspectiva de explotar y ex-portar hasta un millón de toneladas de concentrados, según la cláusula de la producción anticipada del contrato. Se esperaba entonces el embarque de las primeras cargas de esta producción, lo que implicaba también una anticipación de los trabajos generales de industrialización del hierro. Si la JINDAL, no extraía hierro antes de lo señalado, entonces la acería debía empezar al terminar el sexto año.

Llama la atención que el Ministerio de Minería, exigía la industrialización (procesamiento a hierro esponja) y que la JINDAL, aceptara la figura, en total ausencia del flujo de gas natural necesario para la metalurgia, sin mencionar esta situación, que es definitivamente crucial para arrancar el proceso de transformación de los concentrados.

De acuerdo a la JINDAL, la producción anticipada de concentrados de hierro, debía ir en incremento, argumentando que según el contrato, es-taba acordado un máximo anual de 10 millones de toneladas métricas. A inicios del 2009 se dio por hecho, tanto por la JINDAL, como por el gobierno, que la “producción anticipada” de hierro iba a comenzar en julio del 2009. Si bien la ESM, aceptó y se estableció en el contrato de riesgo compartido la “producción anticipada”, se acordó que “la aceración también sea adelantada”, la cual estaba prevista recién para el 2013.

A mediados del 2009, aparecía la noticia de que la JINDAL exportaría entre uno y dos millones de toneladas de concentrado de hierro en el primer año, en tanto que la acería estaba anunciada para diciembre del 2013, según la presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún (El Diario, 4 de junio 2009). Según voceros de la ESM, la JINDAL estaba trabajando

133

El sector minero

con dos equipos, con una capacidad para triturar 400 toneladas por hora, y tres grupos de trabajo, en turnos de ocho horas cada uno (hidrocar-buros.com, julio 2009). La empresa JINDAL no ubicó un sólo lugar de explotación, sino que de manera selectiva tiene boquetes de explotación diseminados por varios sitios de la parte superior, donde está la concen-tración más pura de hierro (Pedraza, 2009).

Es así, que la empresa JINDAL, anunció que a mediados del 2009, ya tenía 100.000 toneladas de hierro triturado, o concentrados en forma de pellets, almacenadas y “listas para la exportación”, sin embargo, la pre-sencia de fósforo en el mineral, era una traba que frenaba el inicio de las exportaciones. Esto indica, que había un proceso industrial previo de eli-minación de fósforo, que la empresa JINDAL no pudo realizar.

El Director de la JINDAL en Bolivia, Arvind Sharma, señaló que es importante controlar la presencia de fósforo, pues ningún mercado está interesado en comprar un producto que no sea de calidad, al respecto se habrian hecho pruebas en Canadá, India, China y Brasil. Desde el Mi-nisterio de Minería, se aseveró  que el tema de la presencia de fósforo es algo que debe solucionar la JINDAL, puesto que es un problema que recién impacta cuando se está haciendo la fusión (hidrocarburos.com, ju-lio 2009). Según la Prefectura de Santa Cruz, “la presencia de fósforo en el Yacimiento Mutún no es una noticia nueva. Ya se lo conocía hace 30 años y era una información que a todos los interesados por ganar la licitación se la hacía conocer, siendo lo primero que se pedía. Eso lo sabía JINDAL y la solución que tiene es la de recurrir a la tecnología para controlar, separar o reducir la presencia de fósforo en el hierro, porque si no habrá problemas cuando este mineral se lo quiera transformar en acero” (hidrocarburosbolivia.com, julio 2009).

En la conformación del hierro, la presencia de fósforo ronda entre un 0,12% y un 0,14%, que debe ser reducido al 0,8% o al 0,10% para tener los valores ideales. Cabe hacer notar, que en una comisión de alto nivel de

134

El sector minero

empresarios industriales brasileros, que llegó al país los primeros meses del 2010, manifestó que no existía interés por el hierro del Mutún, por la elevada cantidad de fósforo existente.

Hacia fines del 2009, la empresa JINDAL empezó a proponer al gobier-no boliviano nuevas modificaciones al contrato de riesgo compartido, fir-mado con el Estado boliviano, “con el fin de encaminar el proyecto”.

Unos meses antes, en septiembre del 2009, el Gobierno y la empresa ha-bían acordado de manera arbitraria, cambiar el área de concesión del contrato (La Razón, 6, octubre 2009), situación que tiene implicancias ambientales y de falta de manejo de los instrumentos de gestión ambiental con debida rigurosidad.

El conflicto se agudizó cuando el Ministerio de Minería, observó que la explotación anticipada del cerro del Mutún, no estaba ajustada al contrato de industrialización, situación que la empresa JINDAL debía explicar. La explotación anticipada, fue también observada por el Comité Cívico de Puerto Suárez. Sin embargo, todo esto es curioso, porque el propio Mi-nisterio de Minería y la ESM, aceptaron a inicios del 2009, la posibilidad de la explotación anticipada que la JINDAL propuso. A pesar del con-flicto, la explotación y procesamiento con dos trituradoras, continuaba el último trimestre del 2009.

El conflicto entre la JINDAL y el gobierno, posteriormente se trasladó al plano de los formalismos de entrega de documentos (planes). La Direc-ción de Desarrollo Minero del Ministerio de Minería, informó que debido a la falta del Plan de Exportación Anticipada y Plan de Inversiones, la Empresa JINDAL no podía “exportar ni un sólo gramo de hierro de El Mu-tún”, pese a tener una producción de 100.000 toneladas en reserva acumu-lada de hierro no procesado (El Diario 17 noviembre 2009). El proceso de exportación debía pasar por la aprobación de dichos planes, por el

135

El sector minero

Directorio a Riesgo Compartido y el Estado boliviano. El Ministerio de Minería, volvió a señalar a fines del 2009, que la exportación del mineral que ya obtuvo JINDAL, sólo se podía realizar con un “plan aceptado”.

Se conocía que hasta mediados del 2009, la empresa debía haber invertido 300 millones de $US por año, pero antes debía recibir la propiedad com-pleta del yacimiento y entregar su plan de inversiones. Ambos requisitos no se habían cumplido hasta el último trimestre del 2009 (La Prensa, 5 octubre 2009).

A fines del 2009, la empresa JINDAL hizo la propuesta de invertir un monto inferior al acordado y aprobado en el contrato de riesgo compar-tido. Este nuevo monto fue presentado en el Plan de Inversiones ante el Directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún. La justificación de la empresa JINDAL se basaba en que se encontró fósforo mezclado en el mineral, lo que demanda hacer un cambio en la tecnología que se usará en la reducción del hierro esponja, lo que les permitiría entrar en la indus-trialización. Adicionalmente se mencionaba que existían problemas sobre la infraestructura que se usará para sacar la producción y que faltaba la provisión de energía eléctrica (La Prensa, 2 diciembre 2009). Este fue otro motivo de intensificación del conflicto.

En diciembre del 2009, la reactivación del proyecto siderúrgico se enfren-taba a varios obstáculos, se mencionaba que el gobierno no había cumpli-do con la parte del contrato que establece la instalación de una vía férrea y la provisión de gas natural para la refinación de hierro, además de la cons-trucción de una planta termoeléctrica en el Mutún, para generar energía eléctrica (El Día, 18 diciembre 2009).

En febrero del 2010, el Vicepresidente de la JINDAL, V. Gujral, planteó reformular los montos y las fases de inversión. Propuso que en los prime-ros cuatro años se invierta 1.100 millones y el resto en un plazo similar.

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En consecuencia, a inicios del 2010, el megaproyecto estaba paralizado, debido al conflicto de la JINDAL con el gobierno y las peticiones de la transnacional para cambiar el contrato (y la Ley que lo avala), buscando reducir, tanto las inversiones inicialmente comprometidas, como los mar-co impositivos.

La única explotación que se había realizado hasta ese momento, fue el acopio de material mecánicamente procesado (molienda) y no hubo nin-guna operación siderúrgica propiamente. Entre tanto, la JINDAL conti-nuaba insistiendo con la modificación del contrato. De cualquier forma, el Ministerio de Minería, parecía estar proclive a revisar el contrato, incluso el techo de inversiones, el marco impositivo y hasta la Ley, aunque otros sectores del gobierno pedían la ejecución de la boleta de garantía y proce-der con otra licitación internacional. En tanto, la región de Puerto Suárez se declaraba en emergencia y exigía la revisión del contrato a fin de que el megaproyecto avance.

En febrero del 2010, los representantes de la JINDAL se reunieron con personeros del Ministerio de Minería con el fin de anunciar sus inten-siones originales de invertir 2.100 millones de $US de acuerdo al con-trato suscrito con el gobierno boliviano. Se anunciaba que la empresa proyectaba realizar concentrados de acero, hierro reducido y acería en la última etapa, para lo que se tenía planificado construir dos hornos de 135 toneladas cada uno y que debían funcionar en base a electricidad, motivo por el cual, también se reunieron con el Ministerio de Energía. En dicha oportunidad, la JINDAL presentó a las autoridades nacionales, un docu-mento que incluía el plan de inversión revisado, el mismo que contempla dos fases: La primera, que durará cinco años con un desembolso de 1.200 millones de $US, y la segunda etapa que tomará otros tres años, con una inversión de 900 millones de $US (ambas fases completan los 2.100 millo-nes $US, originalmente comprometidos).

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Dichos montos implican una modificación a las proporciones de inversión según el cronograma inicial. La inversión realizada hasta inicios del 2010, de acuerdo a la empresa y después de más de dos años, había ascendido únicamente a 60 millones de $US, que incluye la adquisición de dos chan-cadoras de mineral. Sin embargo, el plan de inversión presentado en fe-brero de 2010 por directivos de la siderúrgica a autoridades de Gobierno, daban cuenta que el gasto total había llegado solamente a 26 millones $US. El propio ministro de Minería J. Pimentel, recordó que JINDAL, hasta el momento, no invirtió más de 20 millones de $US, cuando de acuerdo al contrato debían ser de 300 millones de $US, En dicha oportunidad, según el Ministerio de Minería, dichas diferencias ya habían sido superadas y lo que restaba era conocer cuál sería el cronograma de inversión y el trabajo propuesto por la empresa india”, (www.hidrocarburos.com, marzo 2009).

Adicionalmente, se habían desembolsado otros 6 millones de $US para mejorar el terraplén del camino Mutún-Puerto Busch. Según el plan pre-sentado al Gobierno, también se emitió una boleta de garantía de cum-plimiento de contrato por 18 millones de $US. No obstante, este último ítem no entraba dentro de los gastos considerados como inversión. Una auditoria realizada en marzo del 2010, por la Empresa Delta Consult, revelaba que la empresa india, apenas había invertido el 2% de los 600 millones de $US, comprometidos para la primera etapa. Algunas líneas de opinión llegaron a conjeturar que la JINDAL no tenía los montos de inversión acordados y que buscaba captar inversiones a partir de juegos especulativos en la bolsa.

La empresa india solicitó también en febrero del 2010, la declaración de la zona del proyecto (Puerto Suárez), exenta del gravamen arancelario y el IVA (Impuesto al Valor Agregado) recibiendo el mismo beneficio que se ha establecido para otras zonas productivas del país, como El Alto, Oruro y el Trópico de Cochabamba, además la exención al Impuesto a las Utili-

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dades de las Empresas (La Razón, 22 febrero, 2010). La JINDAL reiteró así, su compromiso de invertir el monto originalmente establecido para el procesamiento del hierro del Mutún, pero demandó a las autoridades na-cionales, además de los tratamientos impositivos especiales, dar solución a cinco obstáculos que afectaban la ejecución del proyecto:

y Modificar el precio referencial para la venta de acero fijado por la Ley 3787 (340 $US/tonelada) y respetar el contrato (500 $US la tonelada). Ese valor sirve para calcular el pago adicional al IUE (Impuesto Único a las Exportaciones).

y Que el porcentaje de mineral primario y secundario se decida luego del beneficiado (una vez se haya reducido el fósforo), ya que con la actual relación 30/70, el nivel de fósforo llega a 0,116%, que es inaceptable para la exportación.

y Agilizar la posesión de los dos predios que impugnaron la resolución de expropiación del INRA ante el Tribunal Agrario y fijar como fecha cero (del contrato), el instante en el que se tengan todas las tierras.

y Permiso gubernamental para realizar mejoras en la infraestructura de Puerto Busch (actualmente sin uso), para crear una salida al Océano Atlántico, con alta capacidad para exportar hierro.

y Realizar el dragado de un tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná (ubi-cado en Asunción, que tiene rocas y dificulta el tránsito durante todo el año), y así permitir el flujo permanente de la producción minera.

Sin duda, este último es un aspecto muy delicado e implica situaciones de negociación internacional y que no depende únicamente del país o del gobierno.

La posición del gobierno ante las solicitudes realizadas por la JINDAL, fue esencialmente distractiva, aduciendo que se analizarían y darían curso a las propuestas, en tanto no comprometan los intereses del Estado. El

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gobierno además alegaba que la JINDAL no había pagado el derecho de explotación.

Si bien JINDAL ratificó la inversión global de 2.100 millones, quedaba pendiente la propuesta de bajar el monto de inversión inicial para los pri-meros cuatro años a 800 millones de dólares, 400 millones menos que lo comprometido en principio.

En marzo del 2010, nuevamente resurgía el conflicto entre la empresa y el gobierno, la primera alegando que contaba esta vez con 200.000 TM de concentrados (hierro en pellets) para exportación. En tanto el Ministerio de Minería seguía sosteniendo que “ni una molécula de hierro” en forma de concentrado no procesado siderúrgicamente, puede ser comercializada por la JINDAL, sino en forma de hierro reducido o hierro esponja (Siglo XXI, 18 marzo 2010). Curiosamente, un alegato que no hizo la JINDAL, fue que para la reducción a esponja, se requiere de la provisión de gas, que en dicho momento no estaba ni remotamente disponible (al contrario, existían incumplimientos de entrega de gas al Brasil y la Argentina).

A parte de no contar con el gas a lo largo del 2009 y parte del 2010, tam-poco existía ni las inversiones, menos las acciones, para la instalación del gasoducto, ni la planta termoeléctrica tan mencionada en diversas opor-tunidades. Pero, tampoco existía la infraestructura siderúrgica, puesto que recién en agosto del 2010, los ejecutivos de la JINDAL hablaban de diseño final la planta de siderurgia y de la adquisición de los equipos (La Razón, 8 agosto 2010). Todo esto deja entrever una marcada negligencia e improvisación, tanto por parte de la JINDAL, que aparentemente tenía reparos en iniciar las inversiones, como por parte del gobierno y la ESM, que no fueron rigurosos en cuanto el seguimiento de los compromisos propios y de la transnacional.

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Nos preguntamos ¿sí, en estos aspectos relacionados al proceso produc-tivo las cosas estuvieron relegadas y llevadas con poca eficiencia, con que seriedad están siendo llevados los temas ambientales y sociales?

Es importante advertir, que la falta de gas y la premura del gobierno para producir hierro reducido, pudo llegar a significar la apertura del riesgo de usar carbón vegetal como sustituto del gas, una amenaza ambiental que se había contrarrestado el 2006.

El ejecutivo de la JINDAL, A. Sharma, explicó a inicios del 2010, que el único problema que observaba la compañía era la falta de entrega de 5.250 hectáreas, de las que sólo tiene el 43%. En marzo del 2010, la JIN-DAL seguía alegando, que el Gobierno no le entregó ni el 50% de los pre-dios, para la planta y el campamento en el cerro Mutún, y argumentaba que por esta razón aún no había iniciado las actividades de explotación en esa región. En tanto, la Dirección Nacional del INRA afirmaba que se realizó la entrega del total de los predios requeridos a la empresa siderúr-gica (ADMIN/boliviabb.com, marzo 2010). Definitivamente es algo que debería ser investigado a fondo, puesto que en alguno de los lados no se manejaba la verdad.

Después de la tensión entre la empresa JINDAL y el gobierno boliviano, el gabinete ministerial dio respaldo a la continuidad del proyecto siderúr-gico El Mutún, con todas las consideraciones técnicas y el compromiso de entrega del plan de inversiones, el cual será aprobado en la Asamblea Plurinacional (La Razón, marzo 2009). La autoridades de gobierno expli-caron, que el proceso de reinicio de obras será después de la entrega del plan de inversiones y de operaciones, y una vez que cumpla con todos los requisitos del contrato. Paralelamente, se dijo que la empresa siderúrgica ESM, iniciará operaciones con inversiones del Estado boliviano, en el otro 50% del yacimiento. Lo anterior significó, que la JINDAL busca-ría recuperar el año perdido, en el que se hizo sólo una inversión de 20

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millones de $US, lo cual supondría, que en cuatro años se estaría produ-ciendo acero para la exportación. La JINDAL en marzo del 2010, retiró las seis peticiones en cuanto a modificación del contrato en la producción, impuestos y la calidad del producto, haciendo conocer su plan de inver-siones. Así mismo, la JINDAL se comprometió a respetar el contrato en todos y cada uno de sus aspectos, retiró las peticiones realizadas y renovó su boleta de garantía por 18 millones de dólares (La Razón, marzo 2009). En resumidas cuentas, un tráfago de varios meses de dimes y diretes, declaraciones y desmentidos, solicitudes, hasta amenazas de rescisión de contrato, para volver prácticamente a la misma situación del 2008. Hasta aquí, parecía que las cosas volvían a la calma, pero en abril del 2010, a partir de presiones de la ESM, el gobierno ejecutó la boleta de garantía de la JINDAL por incumplimiento de contrato, a lo cual la empresa ame-nazó con retirarse del proceso y apelar a un tribunal internacional (El Diario, 13 abril 2010).

Por su parte los representantes cívicos de Puerto Suárez, mantuvieron su estado de emergencia, exigiendo que la JINDAL retorne a las opera-ciones en el Mutún. Entre tanto, el Ministerio de Minería, anunció que se realizaban modificaciones en una nueva carta de acuerdo y las partes parecían seguir negociando, de cualquier forma, el Directorio de la ESM, impulsaba la figura de ejecución de la boleta de garantía, y la salida de la JINDAL del proceso era inminente. La JINDAL por su parte acudía a una medida judicial precautoria para evitar el cobro de la boleta de ga-rantía y mantenía la amenaza de una demanda de arbitraje internacional y presentaba un amparo constitucional en contra de la ESM. En mayo del 2010, el gobierno criticaba a la JINDAL, el haber roto el progreso del régimen de controversia, al interponer recursos legales, al mismo tiempo que desde el Ministerio del Minería se amenazaba con exigir a la transna-cional una indemnización de 1.000 millones de $US (La Razón, 6 mayo

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2010). Posteriormente, a mediados de mayo, la JINDAL, retrocedía una vez mas en sus posiciones, retirando el amparo constitucional y abriéndo-se a una nueva posibilidad de negociación con el gobierno, pero a fines de mayo se mantenía el conflicto entre la JINDAL y la ESM.

En agosto del 2010, la Asamblea plurinacional aprobó mediante la Ley Nº 32, las modificaciones al contrato con la JINDAL, que implica prin-cipalmente, el cambio de las 51 cuadrículas del lado sur del cerro, al lado norte (La Razón, 8 de agosto 2010). El nuevo cronograma de la JIN-DAL, mantiene el techo de 2.100 millones de $US de inversión total, pero modificando las inversiones iniciales (primeros cinco años) y las corres-pondientes a los últimos tres años de la vida útil del proyecto. En general las modificaciones al cronograma, no parecen ser muy significativas. En tanto la JINDAL, seguía insistiendo en la devolución de sus boletas de garantía, ejecutadas por presión de la ESM. Hasta este punto, la contro-versia entre la JINDAL, la ESM y el gobierno, parecería ser una juga-rreta sin mucho sentido.

Es evidente que la JINDAL, no supo realizar planteamientos concretos y claros, todo parece indicar que en todo este tiempo, tuvo malos nego-ciadores y peores portavoces, por su parte el gobierno en sus diversas instancias responsables del tema, tampoco lo hizo mejor. La JINDAL, ha sostenido hasta el último momento, la limitante de la falta de entrega de tierras saneadas, también el tema de las concentración de fósforo en el mi-neral de hierro, además el tema de la falta de gas natural para la siderur-gia de arranque. Pero está además el tema de limitaciones de volúmenes suficientes de agua, que podía ser uno de los más críticos y más sensibles desde el punto socio ambiental y del éxito del proceso de explotación propiamente, todo pare indicar que es un tema, que se lo ha tratado de mantener en secreto.

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En cuanto a las expectativas en torno al hierro del Mutún, ya el año 2009, se conoció que Venezuela estaba interesada en todo el Yacimiento del Cerro Mutún, con un acuerdo entre empresas estatales (formación de las empresas “gran-nacionales”). Mientras tanto, el Embajador de Rusia en Bolivia, L. E. Golubev, confirmaba que su Gobierno esperaba el “visto bueno del Ejecutivo Nacional para ingresar en el Mutún” (La Prensa, 29, abril 2010). En mayo del 2009, el Mutún despertaba la atención no sólo de ve-nezolanos y rusos, sino también de la China, e incluso había una propuesta de la Armada Nacional para explotar el Mutún con un requerimiento de inversión del Estado superior a mil millones de $US. Se conocía además, que la Empresa Siderúrgica del Mutún, entregó al gobierno un plan de operaciones para explotar por su propia cuenta el otro 50% del mega ya-cimiento de hierro del Mutún (Plataformaenergetica.org.11, mayo 2010).

A mediados del 2010 se conoció que la ESM, seleccionó tres firmas in-ternacionales como proveedoras de maquinaria y equipos para instalar la fábrica de acero del Mutún. (la empresa italiana Danieli, y las coreanas Hiundai y Kores) quienes asistirán a la ESM en el emprendimiento esta-tal en el 50% de los yacimientos que le corresponden al Estado boliviano (Cambio, 9 julio 2010). De forma paralela, la ESM busca recursos econó-micos para el proyecto, también de los gobiernos de China, Japón y Corea. Sobre la intención del Gobierno de Venezuela de adscribirse al proyecto, la ESM no descartó ni confirmó esta posibilidad (Cambio, 9 julio 2010).

Energía y demanda de gas

De acuerdo a los ejecutivos de la JINDAL, para el abastecimiento de la electricidad, la empresa instalará su propia generadora que, de producir un excedente, además exportará energía. La provisión de gas, dijo Shar-ma, está comprometida en el contrato, por lo que esperan que el gobierno cumpla la oferta del volumen requerido (www.execlub.net, marzo 2010).

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A inicios del 2009, según el Ministerio de Minería, estaba asegurada la provisión de 4,6 millones de metros cúbicos de gas natural para los prime-ros cuatro años, que ascenderán a 7,7 millones de metros cúbicos diarios a partir del quinto año, al estar el proceso inscrito en el Plan Estratégico de YPFB. El megaproyecto Mutún, utilizará 3 trillones de pies cúbicos en su tiempo total de explotación (El Diario, 19 enero 2009). El análisis que realiza L. Urdiminea (2009), sobre la economía del gas en torno al megaproyecto Mutún, es por demás elocuente, mostrando que en térmi-nos generales y a largo plazo, el mayor beneficio está orientado hacia la transnacional y no al país.

Ambigüedades e incertidumbres en torno al gas para el MutúnFuente: josé Luis urdiminea meLgar. 2009 (eL diario, 31 de mayo 2009)

Los estudios realizados y los datos extraídos del contrato a riesgo compartido entre el gobierno, representado por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y la Empresa Jindal Steel, demuestran que el Proyecto de Explotación Minera del Mutún se convertirá en una gran pérdida para el Estado Boliviano (El Diario, 31 de mayo, 2009). El contrato establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debe suministrar gas natural subvencionado a Jindal Steel, por el lapso que dure el proyecto metalúrgico (40 años). Finalmente, las pérdidas en los 40 años que dure el proyecto de explotación minera ascenderían a más de 19 mil millones de dólares. De acuerdo al documento presentado por Urdininea, YPFB estaría incumpliendo el contrato, con relación a la provisión de gas natural, razón por la que la empresa concesionaria habría anunciado oficialmente, a través de su vicepresidente, que durante los cinco primeros años sólo exportará concentrados de mineral de hierro, ya que sus necesidades de energía propia, debieron ser suplidas, con la provisión de energía eléctrica, mediante una nueva turbina termoeléctrica instalada en Puerto Suárez y el tendido de cables, desde esa localidad hasta la zona, donde se encuentran las reservas del Mutún.

La demanda de gas natural por parte de Jindal Steel ($us 1,955 el millar de p3 para la termoeléctrica y $us 3,91 el millar de p3 para la metalúrgia y siderurgia), en la primera y segunda etapa del proyecto, y la generada por la Argentina ($us 5 el millar de p3), permite concluir, que se gana más vendiendo el gas que haciendo industria. La primera etapa, que tiene una duración de 5 años, requerirá para la metalurgia y siderurgia 4.690.250 metros cúbicos de gas natural y para la termo-eléctrica 3.777.750 metros cúbicos. La demanda total de gas natural para la termoeléctrica, metalurgia y siderurgia, en su primera etapa, alcanzará a 8.468.000 metros cúbicos de gas natural. En la segunda etapa – resalta Urdininea– con una duración de 35 años, se precisará para la metalurgia y siderurgia 71.795.500 metros cúbicos de gas y para la termoeléctrica, 26.444.250 metros

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cúbicos. Entonces el requerimiento de gas natural para la termoeléctrica, metalurgia y siderurgia, en la segunda etapa, alcanzará a 98.239.750 metros cúbicos de gas natural. En conclusión la demanda total del energético para la termoeléctrica, metalurgia y siderurgia, en los cuarenta años de concesión, alcanzará a 106.707.750 metros cúbicos de gas natural.

La demanda de gas natural por parte de Argentina, en el lapso que dure la primera y segunda etapa del proyecto minero ejecutado por JINDAL (40 años), al precio convenido (5 $US el millar de pies cúbicos) generaría un ingreso total de más de treinta y un mil millones de $US, entretanto, los ingresos por la venta de gas a JINDAL, en el caso de la termoeléctrica (1.9 $US el millar de pies cúbicos) y la metalurgia y siderurgia (3.91 $US el millar de p3), en su primera etapa (5 años) alcanzarían a 900 millones de $US. En la segunda etapa (35 años) por la demanda de gas generada por la metalurgia y siderurgia, y la termoeléctrica los ingresos llegarían a casi doce mil millones de $US. En conclusión la venta total de gas natural para la termoeléctrica, metalurgia y siderurgia, a los precios pactados, ascendería a doce mil seiscientos millones de $US.

El resumen comparativo demuestra que el saldo final es negativo para Bolivia, después de estimar el cálculo de utilidades anuales de 200 millones de $US desde el primer año de operaciones, lo que es irreal y 8.000 millones de $US en los 40 años de la concesión, que deja un saldo final negativo (por año) de más de 278 millones de $US y de once mil millones de $US en los 40 años, precio muy alto para tener una de las más importantes industrias del país. Las compensaciones económicas para la empresa concesionaria JINDAL, se producirán por los mercados externos, con productos finales sofisticados a los que podrá llegar con precios competitivos, pues la importante subvención recibida, por la vía del precio del gas, que teóricamente sólo debiera aplicarse a la industrialización del gas, en Bolivia, se la está destinando a la industrialización del hierro.

A fines del 2009 y tras el fracaso del Campo El Palmar que perforó GTL, estaba claro que los 8 millones de metros cúbicos/día, de gas natural a la siderúrgica (semejante al consumo interno de Bolivia), tenía serias dudas y había incertidumbre sobre si las reservas de gas natural probadas, que alcanzan a 19 trillones de pies cúbicos (TPC), a ser confirmadas por el Ministerio de Hidrocarburos, podrían alcanzar para cubrir el abasteci-miento del proceso siderúrgico. (El Día, 18 diciembre 2009). Esto ponía nuevamente en riesgo, no sólo al proyecto  metalúrgico, sino que abría nuevamente la posibilidad de usar carbón vegetal (para la reducción de hierro), con serios riesgos para los bosques secos de la región, los cua-les ya enfrentan diversas amenazas derivadas de la explotación forestal y la expansión de fronteras agropecuarias.

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Asociado al tema del gas para los procesos siderúrgicos de reducción, está el tema energético para el funcionamiento del complejo industrial (ener-gía termoeléctrica).

En julio del 2008 se sabía que la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), había firmado dos contratos con la JINDAL, para la provisión de energía y la construcción de redes de distribución de media tensión, hasta las instalaciones del megaproyecto. Se mencionaba que, en principio, la potencia requerida será de 2 MW y a partir de noviembre, se duplicará a 4 MW (www.fmbolivia.com). Suponemos que dichos montos tan reducidos habrían tenido un destino mayormente doméstico a los campamentos del proyecto, puesto que los requerimientos industriales son mucho más altos.

La JINDAL declaraba en agosto del 2009, que Bolivia no produce la energía eléctrica suficiente como para permitirle la producción de ace-ro, que es la meta del proyecto de explotación de hierro del Mutún. El Director de la empresa en el país, Arvind Sharman, sostuvo que la com-pañía llegará a demandar hasta 3.500 MW de electricidad para un horno especial, cuando la producción boliviana nacional es de apenas 1.200 MW. (El Deber/El Día/EFE/Opinión, agosto, 2009). Sharman explicó que se han analizado varias opciones para solucionar el problema de la provisión de electrici-dad, e incluso estudiaron la opción de una importación desde Brasil, pero las generadoras de este país se encuentran alejadas de la frontera, lo cual sube los costos. En opinión del Viceministerio de Electricidad y la ESM, la empresa JINDAL debe construir su propia planta de generación de electricidad para solucionar el problema. Según las fuentes, la siderúrgica debió ha-ber tomado sus previsiones al respecto, cuando decidió hacer la inversión en Bolivia, es decir, “debe solucionar sola su problema de generación de energía eléctrica para la producción de acero a partir del año 2013, como lo establece el con-trato”. (Opinión, agosto 2009). Mientras tanto el gobierno descartaba la posibilidad de que la Empresa Siderúrgica del Mutún se enlace al Sistema

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Interconectado Nacional (SIN) o a la red del Brasil, porque no existe la capacidad instalada y además significaría una inversión estatal millonaria (La Razón, agosto 2009).

La capacidad de generación de electricidad del país en el SIN (Sistema Interconectado Nacional), ronda los 1.000 MW, en tanto que la JINDAL necesitará una potencia energética superior a los 3.000 MW, cuando esté en el máximo de operación (esta última cifra es aparentemente excesi-va). La eventual conexión al SIN, significaría una inversión del Estado de 300 millones de $US, pero para ello el SIN debería triplicar su carga energética, lo cual no está previsto para los próximos años. Tampoco se puede pensar en la conexión al Brasil, pues la inversión representaría 200 millones de $US. La comisión técnica, compuesta por el Viceministerio de Electricidad, ENDE y el Comité de Despacho de Carga, señaló que una empresa del tamaño de JINDAL no podía iniciar un proyecto descono-ciendo este problema (La Razón, agosto 2009).

En agosto del 2009, el Viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, de-claraba que: “La empresa JINDAL requiere instalar una planta con capacidad de 500 MW, para algunos momentos de la producción e instalar un requerimiento de potencia de corto circuito de al menos 3.000 megavoltamperios (MVA) de capacidad de transformación. Conociendo las limitaciones del SIN, este no puede proporcionar ese caudal de energía al proyecto Mutún “ (El Mundo/www.hoybolivia.com).

Los ejecutivos de la JINDAL y del Viceministerio de Electricidad, hi-cieron referencia al rango máximo de potencia de energía que necesi-taría la explotación del Mutún (500-3.000 MW de potencia). En general, los documentos oficiales como el Plan de Inversiones de YPFB Corporación, y en diversos medios de información (www.fambolivia.com.bo; CEDIB, 2009), se mencionó que la etapa de siderurgia del Mutún, en base a una termoeléctrica, tendrá una demanda de 400 – 500 MW. Por su parte la revista especializada ReporteEnergía (febrero, 2010) menciona que en la

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primera fase (hasta el año 8) JINDAL construirá una planta de 150 MW, duplicando esta potencia en la segunda fase de la acerería. Como se puede ver, existe una alta dispersión en cuanto a las cifras de energía necesaria.

El principal ejecutivo de la ESM recordó que el 2013, la siderúrgica con-sumirá 450 MW más de energía para producir hierro y acero, lo que re-presentará incrementar la actual generación del SIN en un 50%. La ge-neradora termoeléctrica de la ESM, podrá satisfacer ese requerimiento, pero el problema se presentará en los momentos de bajo consumo. La em-presa instalará maquinaria y hornos de arco de altas temperaturas (que alcanzarán más de 1.000 ºC.), pero el consumo de electricidad fluctuará entre demandas muy altas y bajas. El excedente, en momentos de baja demanda, podría derivar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) o ser vendida a la red de energía de Brasil, a fin de evitar que se produzcan daños en las instalaciones (La Razón, agosto 2009). Se conoce prelimi-narmente que la generadora demandará 2.07 millones de metros cúbicos de gas natural por día y su instalación demandará una inversión de 300 a 320 millones de $US, tomando en cuenta los precios actuales (ANF, 29 septiembre 2009). Para la fase de concentrados (no la fase siderúrgica), la provisión de energía eléctrica (2-4 MW) estaría a cargo de la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE) de Santa Cruz, informaron las autoridades, asegurando que el suministro para esta etapa está garantizado.

De cualquier forma, ya sea en déficit o superávit, la generación de altos volúmenes de energía eléctrica, se convierte en un problema para el de-sarrollo de las operaciones en el Mutún, pues la termoeléctrica que se instalaría en la empresa, a partir del 2013, producirá altos volúmenes de electricidad y en ocasiones, grandes excedentes, que necesariamente de-ben tener un destino, lo que ahora implica extender redes de transmisión y conseguir mercado, aspectos que no estaban contemplados.

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Llama la atención que en toda esta discusión de los requerimientos de energía por parte del Mutún, no se llegó a mencionar ni por asomo, la energía que se busca producir con los proyectos hidroeléctricos que im-pulsa el gobierno, como el caso de Cachuela Esperanza o Rositas.

Presión

La excesiva atención, tanto por los actores institucionales como por la prensa, a temas técnicos y burocráticos como los planes de inversión y ex-plotación, así como los jurídicos en torno a la tierra, marginaron muchos otros temas que debieron ser debatidos, pero que tuvieron una atención superficial, especialmente las problemáticas ambientales y sociales inhe-rentes al proceso, temas que son considerados como “externalidades”. In-clusive el tema del gas natural, que implica también a situaciones ambien-tales de fondo, tuvo un tratamiento ligero y parcial.

Como era de esperar, en el 2009, las presiones SOCIO AMBIENTALES en torno al Mutún, continuaron con una tendencia creciente, esto a pe-sar del estancamiento de la fase de explotación minera por los conflictos ya analizados. En la zona del Mutún, se produjo la explotación minera inicial que acumuló 200.000 TM. de concentrados de hierro, sin que se den a conocer reportes de fiscalización ambiental a este proceso extrac-tivo. El avance de las amenazas ambientales para la región tuvo relación con las grandes iniciativas anexas o colaterales al megaproyecto minero-siderúrgico, como la tendencia al incremento poblacional y ocupación del uso del suelo urbano y rural, o el aumento de la demanda de servicios en localidades como Puerto Suárez. Sin embargo, las amenazas mas críticas, se intensificaron al interior del Parque Nacional y Área Natural de Mane-jo Integrado (PNANMI) Otuquis, con el paquete de vías en construcción (camino, ferrovía y canal fluvial), para facilitar el transporte del hierro a puertos de exportación.

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Explotación y modificación del área de concesión

A lo largo del 2009, la Empresa JINDAL anunció los trabajos de explo-tación y procesos de trituración con chancadoras, llegando un volumen inicial de concentrados (de hierro. Esta explotación “preliminar”, se pro-dujo en la zona sur del cerro, inicialmente adjudicada. Posteriormente, hacia el tercer trimestre del 2009, la JINDAL y la ESM, “firmaron un acuerdo para cambiar el área de concesión establecida en el contrato de explotación del yacimiento de hierro” (La Razón, 8 septiembre 2009). Es decir, el área determinada según contrato y aprobada con rango de Ley, sufrió una mo-dificación, debido a que según el tenor del contrato, el Estado no tenía acceso a la otra mitad del cerro Mutún. La modificación se realizó en julio del 2009 y el convenio fue protocolizado en la Notaría de Gobierno de la prefec-tura de Santa Cruz, faltando sólo remitir el documento al Congreso para que se convierta en ley (este proceso fue muy dilatado y se concreto en agosto del 2010). El director regional de la JINDAL, confirmó que hubo cambios en el terreno original “para que el acceso al yacimiento sea más prác-tico y también para que no hayan problemas de entrega de tierras. El tamaño de la concesión no varió. En el plano del terreno, “51 cuadrículas (1.275 hectáreas) del sur, han sido sustituidas con 51 cuadrículas en el norte”. Explicó que la parte sur presentaba tres problemas: Estar sobre reservas comprobadas, cortar el ingreso al sur del cerro y afectar a las comunidades Warnes y San Juan del Mutún. (La Razón, 8 septiembre 2009).

Las reservas comprobadas son volúmenes de materiales, que de acuerdo al análisis de datos geológicos y de ingeniería, son estimados con razo-nable certeza, sobre la base de ser comercialmente recuperables. El año 2008, la JINDAL realizó un proceso exploratorio inicial con diversas perforaciones, de forma que la empresa tenía información sobre la dis-ponibilidad de reservas. No se explica porqué es un problema el hecho de que la zona abandonada, tenga reservas comprobadas. La afirmación

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haría suponer que los volúmenes encontrados (comprobados), no eran económicamente atractivos, de ser así su proceso exploratorio inicial, ha-bría sido un fracaso.

El cambio de localización del área de concesión, habría tenido también como otro de sus fines, que algunas comunidades como Colonia Warnes o San Juan, no queden dentro la concesión. De cualquier forma la explo-tación inicial produjo impacto en la zona sur concesionada inicialmente y ahora la JINDAL se traslada a la zona norte, tan fácil como si se tratara de cambiar la dirección de un letrero.

El discrecional cambio de zona de explotación, tiene sin embargo, otras repercusiones técnicas, por ejemplo en torno a la aprobación del EEIA, el cual fue realizado para una determinada zona (la del sur del cerro), con determinadas condiciones ecológicas, no necesariamente idénticas a las nuevas del norte. Esto implica una ligereza e improvisación, además de notorias fallas en la etapa planificatoria del proyecto. De cualquier forma, el EEIA a pesar de ser genérico y superficial para el detalle que se habría requerido, tenía especificidad al área de trabajo originalmente definida por la JINDAL en la zona sur, y sólo una interpretación arbitraria, mal justificaría su aplicación en cualquier otra zona del cerro.

Explotación del restante porcentaje del cerro Mutún

Desde la ESM, se informaba, en septiembre del 2009, que la firma aus-traliana REPUBLIC GOLD está interesada en explorar la otra mitad del yacimiento (ReporteEnergía, septiembre 2009). REPUBLIC GOLD ya posee una concesión en el país, la de la mina Amayapampa, en el Departa-mento de Potosí, donde se suscitaron conflictos con las comunidades por la sucesión de derechos privados de dicha mina. Para el tema del Mutún, suscribieron una carta de intenciones con el gobierno departamental de Santa Cruz, buscando una alianza y cooperación estratégica institucional.

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El proceso avanzó al punto de firmar una carta de intenciones con la pre-fectura cruceña y hablar de proyecciones en torno a la explotación de dos millones de toneladas de hierro anuales, en un inicio, además de explorar la explotación del manganeso, e invertir 100 millones de $US. Personeros de la ESM, manifestaron que en caso de darse, la explotación de la otra mitad del yacimiento rico en hierro, pasaría por un proceso de licitación por parte del gobierno.

Sin embargo, ante estas iniciativas regionales, el gobierno tendría otra visión y es la de explotar la otra mitad del cerro Mutún, de forma directa por el Estado y sin participación de terceros. Esto fue corroborado por el Ministerio de Minería a inicios del 2010, en sentido que la explotación del 50% restante del cerro Mutún está en manos de la Corporación Minera de Bolivia y que en primera instancia se va a precisar 1.100 millones de $US. El Ministro de Minería J. Pimentel manifestó: “Si se quiere que este proyecto funcione, no se deben cometer los mismos errores que hubo con la JINDAL. Antes se deben sanear todos los terrenos que limiten con nuestro centro de explotación. Este dinero está destinado a trabajo técnico y producción” (www.hidrocarburos.com marzo 2010). En abril del 2010 se conocía que la Dirección de la ESM propuso que el Gobierno Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de Puerto Suárez, exploten el restante 50 % del cerro Mutún, bajo una figura de Sociedad Anónima Mixta (Reporte Energía, Nº 32).

Utilización del agua

Una de las primeras cosas que LIDEMA observó el año 2009, fue la su-perficialidad con la que se abordó el tema del uso del agua en la Ficha Ambiental, situación que se mantuvo en el Estudio de Evaluación de Im-pacto Ambiental.

El tema de la utilización de agua en el proceso de migración y de side-rurgia del hierro del Mutún, es posiblemente uno de los más sensibles y

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preocupantes, en directa relación con la magnitud del mega proyecto y de la fragilidad de la región. Ya el 2008, LIDEMA manifestó gran pre-ocupación por los grandes volúmenes de agua que requería la producción de concentrados y de siderurgia (más de 200.000 met.cúbicos/día, según la Ficha Ambiental). Al estar inmersa en la región de transición Chaco-Chiquitanía y Cerrado-Pantanal, ecológicamente clasificada como seca, la disponibilidad del agua en la zona del Cerrado-Pantanal es limitada, esto a pesar de estar relacionada con los humedales del pantanal.

Respecto a la disponibilidad de agua en la región, un medio de prensa nacional difundía la siguiente opinión técnica de A. Bazoberry (El Dia-rio 15 septiembre 2009), quien presenta datos realmente preocupantes respecto del uso el agua: El Ministerio de Minería y Metalurgia que realizó estudios hidráulicos, juntamente con las empresas McKKE, Wooster, verificó que en la Laguna Cáceres, Canal Tamengo y en el Río San Juan, por estudios de aguas subterráneas realizados, no existen caudales suficientes para atender demandas de agua durante la explotación e industrialización de los minerales del Mutún, sa-biendo que se precisaba producir 850.000 Ton. de hierro (Etapa I); de 3,518 metros cúbicos/hora para la producción de 1.000.000 Ton. de hierro (Etapa II) y de 5,278 metros cúbicos/hora para la producción de 2.550.000 Ton. de hierro (Etapa III). En opinión de Bazoberry, la empresa JINDAL, sólo estaba interesada en conseguir contratos en Bolivia, legalmente firmados y avalados por el Es-tado, siguiendo la estrategia de las empresas transnacionales de llevar un proyecto altamente rentable al mercado de valores de EEUU, donde se vende y compra acciones por empresas interesadas en invertir. Según di-cha opinión, la Empresa India JINDAL estaría entre las transnacionales que buscan entidades financieras internacionales interesadas en la cons-trucción y administración del Proyecto Mutún, comprometiendo grandes inversiones, es decir que la empresa, no dispondría en realidad de dichos recursos financieros.

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El EEIA del Mutún prevé, que los dos primeros años, la demanda será de 50 a 100 mt.cub./hora de agua y desde el tercer año, la demanda se incre-mentará aproximadamente a 2.000 mt.cub./hora (PROBIONA, 2008). La demanda en la fase de la siderurgia será de 5.500 mt.cub./hora aproxi-madamente, en tanto que Bazoberry (2009) menciona 5.278 mt.cub/h para esta etapa. Sin embargo la Ficha Ambiental del megaproyecto men-ciona una extracción de 11.800 met.cúb /h, (esto es unos 283.000 metros cúbicos/día). Los caudales entonces pueden variar desde 2.400 mt.cub/día, supuestamente en la fase inicial hasta 132.000 mt.cub/día en la fase si-derúrgica, e incluso a la cifra extremadamente elevada de más de 280.000 mt.cub/día, volumen previsto en la Ficha Ambiental.

El tema de uso del agua por un megaproyecto minero, es uno de los de mayor preocupación, más aún cuando las operaciones se realizan en una región con notables limitaciones hídricas (seco a subhúmedo: 700-1.300 mm./año). Existen varios arroyos en la zona del Mutún (Quebrada del Anta, Quebrada Seca, Quebrada del Cementerio, Quebrada de la Cruz, Quebrada de la Piscina, Quebrada del Tigre y Río San Juan), algunos de estos son de curso permanente. Lo anterior no significa que la zona sea pletórica en recursos hídricos, por tanto los volúmenes de extracción que requiere el megaproyecto, son definitivamente una amenaza para la estabilidad ecológica de la región.

Desde ya, el EEIA prevé que las operaciones de explotación ejercerán un enorme impacto en las cabeceras de la Quebrada Tigre y la Quebrada de la Cruz, por lo que estos cursos de agua prácticamente desaparecerían. De acuerdo con PROBIOMA (2008) el EEIA, no considera medidas de mitigación alguna sobre la alteración del régimen hídrico en esos cursos de agua, los cuales son utilizados actualmente para consumo humano y de animales.

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Adicionalmente, para explotar el Mutún, la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A. planea utilizar aguas subterráneas, agua de las quebradas y cauces naturales ubicados cerca del área de la concesión minera, hasta que el su-ministro de agua de la Laguna Cáceres esté funcionando (PROBIOMA, 2008). Según la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EEIA), presentado por la Empresa JINDAL, para cubrir con la demanda de agua en la etapa de operación, se producirán modificaciones a 10 cuencas en un espacio entre 0.2 y 3.4 Km. cuadrados Asimismo, se proveerán de agua de la cuenca del río San Juan, que se encuentra casi en su totalidad fuera del área de concesión pues atraviesa al sur del área a una distancia aproximadamente de 1, 2 Km. (PROBIOMA, 2008).

La zona del Mutún, y todo el triángulo Foianini en general, es una de las más ricas en manantiales del país (Montes de Oca, 2005), dando lugar a cursos de agua permanente, en una región eminentemente seca, factor ex-plicado por la importancia de las aguas subterráneas. El EEIA establece que, como medida de compensación por la pérdida de los cauces natura-les, será necesario perforar pozos que suplan el caudal de agua perdida y que estarán bajo administración de la empresa, lo cual suena irónico, puesto que la empresa, responsable de la pérdida de las fuentes de uso comunal, pretende administrar además el agua subterránea.

JINDAL analizó cuatro alternativas para abastecer sus requerimientos industriales y domésticos, éstos son:

1. Captar agua de la laguna Cáceres.

2. Captar agua del río Paraguay en Puerto Busch.

3. Captar agua del río de Tucavaca.

4. Captar agua del río Paraguay entre las poblaciones brasileñas de Co-rumbá y Ladario.

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Sin embargo, la opción elegida fue la Laguna Cáceres. El EEIA indica: “La extracción o bombeo de agua de la Laguna Cáceres, no tendrá ningún impacto ambiental negativo”. Para implementar ésta opción la empresa requeriría l la aprobación de la población mediante una consulta pública. Es impor-tante recordar que Laguna Cáceres se encuentra al interior de los límites legales del PNANAMI Otuquis (sector norte), es parte de un Sitio RAM-SAR (bajo convenio internacional de protección), parte del Pantanal, e identificado como de elevada vulnerabilidad. Por tanto, la afirmación de la empresa PCA en el EEIA, de que la extracción o bombeo de agua (en enormes volúmenes por hora), no tendrá ningún impacto ambiental nega-tivo, es absolutamente temeraria y poco responsable, todo lo contrario a la aplicación del principio precautorio.

La laguna Cáceres con apenas 200 kilómetros cuadrados de superficie, caracterizándose por un delicado equilibrio de flujo y reflujo de agua a través de los canales Tamengo y Tuyuyú, los cuales conectan la laguna con el río Paraguay, el reflujo hacia la laguna sólo se produce cuando el nivel de dicho río es máximo, cuyo caudal en general no llega a superar en promedio los 400 met.cub./seg. No se conoce, si para semejante aventura de manipulación hídrica, la empresa consultora o la JINDAL, realizaron algún modelo de simulación que permita afirmar “ningún impacto ambien-tal”. El EEIA, tampoco considera, en relación al tema del uso del agua, los actuales escenarios de riesgo derivados del cambio climático global.

Al margen de las necesidades de agua de la minería en la zona del Mutún, se incrementó la demanda de este servicio en la zona de Puerto Suárez, debido a la intensa afluencia de gente.

Presión social

En un inicio, las promesas de la explotación del Mutún hablaban de 10.000 empleos. Cuando se realizaba el EEIA, las cifras de expectativa

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laboral, llegaron solo a 1.250 fuentes de empleo. La empresa JINDAL, como parte de su política de búsqueda de apoyo para obtener la Licencia Ambiental, realizó promesas de oferta de trabajo a las comunidades de la región, situación que ha sido olvidada una vez que la empresa obtuvo la Licencia Ambiental (PROBIOMA, diciembre 2008).

El año 2008, se conocía la enorme expectativa regional relacionada al ini-cio de la explotación del Mutún, dicha expectativa, ya había encarecido la vida en las poblaciones fronterizas. Por ejemplo, en menos de dos años. la población se incrementó de 12 mil a 20 mil habitantes, los terrenos en-carecieron sus precios de 8 bolivianos a 10 $US por metro cuadrado, al igual que el precio de los alquileres de viviendas y los alimentos en general (El Día, 20 mayo 2009). Dos años después, un creciente desempleo y un notorio bajón comercial, golpeaba a los habitantes de Puerto Suárez. El comercio se redujo drásticamente. Algunos comerciantes estimaron que se dio una caída de hasta un 70% en la actividad comercial, mientras que la hotelería decayó hasta un 50%. Hace dos años, en los nuevos barrios se empezaron a construir casas,  aunque precarias, pero que, significaban un movimiento económico. Son cuatro los nuevos barrios que han nacido en Puerto Suárez, habitados mayormente por gente del interior; los ba-rrios San Jorge, Victoria, Coquero 1 y Coquero 2. La Alcaldía de Puerto Suárez manifestó su preocupación por el riesgo de contaminación y el uso del agua (El Deber, marzo 2010). Al momento los Planes de Desarrollo Municipal de los municipios relacionados a los megaproyectos en general, no están considerando estos aspectos.

Entre el 2006 y el 2010, se produjo una intensa actividad de ocupación del suelo en la región de Puerto Suárez, no solo en relación al Mutún, sino también en función a las facilidades del corredor bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez, que es parte de la iniciativa IIRSA.

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Principales impactos y amenazas socio ambientales derivadas del megaproyecto minero

Tipo de obra-megaobra Impacto inmediato Futuro inducido

Planta termoeléctrica del Mutún. A cargo de la JINDAL y prevista en total, para una generación de 400 MW de potencia.

Ocupación localizada de espacios, generación de emisiones, ruido. Construc-ción de líneas de transmisión asociadas.

Eventual ampliación en función a mayores necesidades energéticas.

Ductos de provisión de gas natural, al complejo siderúrgico y planta termoeléctrica.

Afectación de vegetación y suelos a lo largo del tendido.

Alteración del paisaje regional.

Modificación en el movimiento de la fauna.

Riesgo de fugas e incendios en los ecosistemas vulnerables a quemas (ejemplo, bosque tipo Abayoy).

Campamento de grandes dimensiones en la zona del Mutún. Prevista original-mente para albergar a más de 1000 trabajadores.

Modificación de la vegetación y uso del suelo, así como del paisaje local. Alta demanda de servicios de agua y energía. Importantes volúmenes de emisiones domésticas y de residuos sólidos.

Cambios en las costumbres de la gente de las comunidades y trastornos sociales, como aumento del consumo de alcohol, aumento del nivel de precios de diversos artículos. Riesgos de actividades furtivas como la caza. Aumento de los niveles de contaminación por emisiones y residuos.

Mejora del camino a Puerto Busch y elevación del terraplén vial. Bajo financia-miento de la JINDAL con cargo a futuros impuestos o ganancias que perciba el Estado.

Elevación de la actual plataforma (5-6 metros por encima de la llanura). Excavaciones para materia-les de préstamo. Impedimento de los flujos hídricos en la zona. Alteración del paisaje regional.

Trastornos en la dinámica hidrológica por efecto de endicamiento. Aumento de la intensidad de flujo migracional, ocupación de tierras y extracción de recursos.

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Ferrovía a Puerto Busch y elevación o construcción de un terraplén.

La plataforma correría paralela al sentido de la carretera Mutún – Puerto Busch.

Construcción de una nueva plataforma o eventual ampliación de la plataforma caminera. Mayor alteración del paisaje local. Incremento del efecto de endicamiento que tendrá el camino, entorpeciendo el flujo de aguas.

Incremento del efecto sobre la dinámica hidrológica regional que ya tiene la plataforma del camino.

Canal fluvial a Puerto Busch. Posiblemente basado en la propuesta de Bazoberry del 2005. No se conocen detalles sobre el proyecto de diseño, el estudio de factibilidad, ficha ambiental, EEIA, etc.

Intenso movimiento de tierras, producto de la excavación del canal. Captaciones fluviales para su llenado. Alteración del paisaje y de la dinámica de escurrimiento y transporte de agua fluvial en la zona.

Proliferación de vegetación acuática que puede dificultar el flujo de embarcaciones. Trastornos hidrológicos en toda la región, aumento de las inundaciones. Incremento de emisión de gases de efecto invernadero.

Infraestructura portuaria (P. Busch). Proyecto asociado al Ferrocarril Motacucito-Puerto Busch, estudio realizado inicialmente por la Fuerza Naval y una empresa inglesa.

Alteración localizada de los ecosistemas ribereños y estuarinos sobre el Río Paraguay. Construcción de grandes infraestructuras para el embarque y carguío de barcazas.

Migración e intensa ocupación del suelo en torno al complejo portuario.

Aumento de la presión sobre los recursos naturales locales.

Líneas de transmisión y torres de alta tensión hacia Puerto Busch. No se tiene información sobre el proyecto y costos.

El funcionamiento de la infraestructura portuaria en Puerto Busch, necesariamente deberá contar con energía. Alteración paisaje y aumento de la mortalidad de aves.

Rutas de vuelo de grandes poblaciones de aves (cigüeñas, garzas, rapaces), se verán amenazadas ocasionando alta mortalidad.

Caminos y otras infraestructuras

La explotación del Mutún, implica proyecciones para la construcción de múltiples infraestructuras viales, que faciliten no solo la exportación, sino el transporte de materiales y gente: una carretera de uso permanente, una vía férrea, y un canal fluvial hacia puerto Busch, la infraestructura

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portuaria de Puerto Busch sobre el Río Paraguay, sin olvidar las líneas de transmisión para las operaciones del puerto. Además el camino entre Puerto Suárez – Mutún, la termoeléctrica y los ductos de aprovisiona-miento de gas. También, se tenía previsto edificar una ciudadela para los trabajadores que migren a la zona. De haberse realizado un Estudio Am-biental Estratégico, además de los respectivos y aislados EEIA, se habría tenido un mejor dimensionamiento de los impactos y riesgos en la región.

A pesar de la paralización del megaproyecto a fines del 2009 y parte del 2010, algunas obras anexas, como la mejora del camino Mutún – Puerto Busch o el diseño del terraplén de la ferrovía, ya estaban en pleno desarrollo.

Ya a fines del 2008 había sido priorizada la construcción de la Carretera Puerto Suárez – Puerto Busch (www.oopp.gov.bo) a través del Decreto Supremo 29738, que establece que los recursos para dicho proyecto serán otorgados por la firma JINDAL, con cargo al 38% que corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN) en el marco del contrato de riesgo compartido con la ESM. Esta ruta de 140 kilómetros, significará una in-versión superior a 100 millones de $US y la licitación para su ejecución será bajo la modalidad de llave en mano. Esta carretera está clasificada como fundamental y para facilitar la exportación, según el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

A mediados del 2009, voceros del Ministerio de Obras Públicas mencio-naban, que para la exportación de hierro, es obligatorio mejorar la carre-tera y trabajar otras vías alternativas, haciendo referencia al Proyecto Vial Mutún-Puerto Busch y el camino de Puerto Suárez - Mutún. Según este ministerio se busca “soluciones alternativas rápidas”, una de ellas es la cons-trucción de un terraplén. El asunto de la infraestructura vial fue tratado en reunión con representantes de JINDAL y la Administradora Bolivia-na de Carreteras (ABC). El ministerio aseguró que “hay recursos” para la construcción de la vía más conveniente para el traslado del mineral,

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estando comprometido un préstamo de JINDAL (El Diario, 4 de junio 2009). En ningún momento se ha comentado la posibilidad de la mejora de los puertos ya existentes sobre el Río Paraguay en la zona de Tamengo.

En junio del 2009, se inauguraba el inicio de obras del terraplén de la Carretera Puerto Suárez-Puerto Busch, la cual es vista como una de las vías de transporte del hierro a puertos de exportación. El Viceministro de Transportes, José Kinn, manifestó que el proyecto carretero se ejecuta de manera conjunta entre el gobierno y la empresa transnacional. La autori-dad de Transportes, informó que JINDAL se haría cargo, de los trabajos de la capa asfáltica de la ruta Puerto Suárez – Puerto Busch, costo que será cubierto en su totalidad por dicha empresa. Esta carretera en su pri-mera etapa, demandaba una inversión de aproximadamente 20 millones de $US (terraplén y asfaltado).

En ningún momento las declaraciones ministeriales, mencionan que dicho camino atraviesa un Área Protegida: el PNANMI Otuquis, además de ser un sitio RAMSAR, según la Convención Internacional para la Protección de Humedales, y una zona muy frágil del ecotono Chaco-Pantanal. No se habló sobre el EEIA o su Licencia Ambiental de la obra, o los recaudos especiales que deberían adoptarse al cruzar una zona de alta sensibilidad ecológica. Tampoco se conocieron declaraciones o manifestaciones de la Autoridad Ambiental Competente al respecto.

El año 2003, WWF-Bolivia, realizó una evaluación del proyecto ferro-viario (que también implicaba la elevación de una plataforma), en la cual quedó de manifiesto el elevado riesgo de perturbación hidrológica a gran escala en la zona del Triángulo Mann Césped o Foianini, que puede oca-sionar un impedimento de flujo y cambios en la dinámica de drenaje, des-de los bañados del Tucavaca hacia el Río Paraguay y viceversa.

Una notable particularidad de la región es su escaso relieve (84-78 msnm.) lo cual hace que los flujos de agua a lo largo del año sean atípicos y cam-

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biantes de un año a otro. Por ejemplo algunos ríos y arroyos presentan reflujos de agua, desde cuerpos de agua mayores en ciertas épocas del año (por ejemplo desde el río Paraguay cuando suben sus caudales en la época húmeda), y una restitución de flujos, cuando se producen las gran-des llenuras estacionales en los extensos bajíos, como las cubetas panta-nosas (bañados), ubicadas antes de ingresar al triángulo Mann Césped y relacionadas a la pérdida del cauce del río Tucavaca. Esto se da en el río Tucavaca muy cerca a la frontera con el Paraguay, al igual que en el caso del canal Tamengo y laguna Cáceres más al norte. Estos aspectos no han sido estudiados a detalle, lo cual incrementa los niveles de riesgo.

Desde el año 2007, se empezó a considerar que los grandes volúmenes de hierro y acero producidos y las necesidades de facilitar su exportación, demandarían la construcción de un canal artificial para facilitar, econo-mizar y acelerar el transporte, esto a partir de las proyecciones expuestas por Bazoberry en una publicación el año 2005 y analizadas por Ribera en el 2008. Según datos oficiales, ya existe una propuesta de inversión de 30 millones de $US para la compra de barcazas que trasladen el hierro desde Puerto Busch hacia el Atlántico. El propio presidente boliviano Evo Mo-rales afirmó: “Hay que hacer un estudio para hacer un canal artificial para expor-tar el hierro, la obra deberá garantizar que se saquen diez millones de toneladas, que se alcanzarán en cinco años, cuando concluya la instalación del proyecto completo” (hidrocarburos.com, mayo 2009). La primera autoridad del país, mencio-nó que ya se tienen dos estudios, el primero de la Armada Boliviana y el segundo del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, en junio del 2009, se conocía que el primer mandatario, había “urgido” a las organizaciones sociales de Puerto Suárez por una serie de estudios de factibilidad para la construcción de un canal artificial de 100 km., o una ferrovía de la misma longitud, desde el Mutún a Puerto Busch, en miras de la exportación del hierro, mencionando que estaba

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pendiente, si la obra sería una ferrovía o un canal artificial. El mandatario se dijo dispuesto a conjugar el proyecto de su gobierno con una propuesta proveniente de las organizaciones sociales del área de influencia del Mu-tún: “Por supuesto, que por nuestra parte tenemos algunas propuestas y todavía no estoy definiendo. Quisiera, con ustedes, definir. Que nos digan, de verdad no tengo ningún miedo, si lo mejor es la ferrovía o un canal artificial para exportar el hierro por ese conducto. Ahí queremos su participación” (ABI, junio 2009). Sin duda una interesante forma directa de socializar y compartir decisiones de alto compromiso. Se supone que si algo sale mal al futuro, y existen muchas probabilidades, dado el riesgo ambiental, también se compartirían las res-ponsabilidades.

El Canal Fluvial a Puerto Busch, Peligrosa Manipulación de El PantanalFuente: ribera, mo. (Lidema, 2008): hierro y PantanaL, Los riesgos de La exPLotación deL cerro mutún.

El Proyecto del Canal “Nuevo Puerto Suárez”, propuesto y publicado por A. Bazoberry el año 2005 (Plural editores), se debe mencionar, que constituye una idea proyecto de muy elevado riesgo ambiental. Su lógica se deriva de la manipulación de cursos de aguas naturales y conformación – adecuación de hidrovías, que facilitan la navegación, como es el caso de la Hidrovía Paraguay-Paraná. De alguna forma, el “soporte legal” de este megaproyecto es precisamente el DS. Nº 23143 de 1992, que crea e impulsa a la Comisión Nacional Permanente de la Hidrovía Paraguay – Paraná, esto durante el mandato MIR-ADN. Este megaproyecto de relevancia continental, fue duramente criticado por el enorme costo ambiental que representaba y, en cierto modo, fue archivado, hasta la llegada de la iniciativa IRSA, que lo reedita con mayores connotaciones de alto riesgo ambiental. El megaproyecto Hidrovíal Canal Nuevo Puerto Suárez, toma como referencia la cota 80 msnm., y pretende unir la zona de Puerto Suarez con el Río Paraguay (población de Puquio). La proyección de Bazoberry (2005), con una longitud prevista de 120 km., implica inicialmente acciones de excavación en el margen derecho del Río Paraguay, para formar una pequeña bahía de acceso. El canal previsto tendría una altura máxima de 7 metros (con un período de retorno de 30 años), una altura mínima de 3 metros, un ancho total de luz de 140 metros y ancho de base o fondo de 100 metros.

Esto facilitaría según el proyectista, el tráfico fluvial todo el año, de barcazas de 2.96 metros de calado, 60 metros de eslora y capacidad de carga de 1.500 toneladas métricas. Esta dimensión, según el proyectista, además de facilitar la navegación, evitaría la inundación de las haciendas existentes en el tramo, hacia Puerto Busch y posibilitaría la ampliación de áreas agrícolas y agropecuarias, todo ello dentro de una de las áreas protegidas, ecológicamente más sensibles del país.

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El análisis que se realizó de los impactos ambientales del canal, es muy poco serio y los enfoques son absolutamente superficiales, textualmente se lee: “El agua que ingresaría al canal fluvial por derivación del Río Paraguay, influirá en la recuperación del paisaje vegetal, la reproducción del plancton que se denomina fitoplancton cuando está compuesto por vegetales, que son elementos naturales de un ecosistema favorable para la reproducción de peces, aves y organismos invertebrados que viven en el fondo de canales, de lagos y ríos. Esta perspectiva constituye, la ventaja mayor para la mitigación de los factores que actualmente están afectando el medio ambiente en los Bañados de Man Césped”. Esta aseveración escapa de cualquier sentido de rigurosidad científica, además de vulnerar el principio precautorio. Para empezar, existe una intencionalidad del autor, en mostrar a la región de dichos bañados “afectados medio ambientalmente”; posiblemente se refiere y no lo menciona, a la inundación estacional que es el motor de la enorme productividad y riqueza biológica que tiene la zona, y el benefactor – controlador es el monstruoso canal que se proyectaría. El argumento del fitoplancton en un análisis de este tipo, es del todo incongruente, previéndose al contrario un rápido proceso de eutrofización y acumulación de materia orgánica, que afectarían la calidad ambiental de la zona.

Entre todas las mega-proyecciones que giran en torno al Mutún, la del Canal Nuevo Puerto Busch, opaca al resto en términos de peligrosidad ambiental, y más aun cunado se produciría dentro de un área protegida. No se menciona en la proyección publicada, la dinámica del flujo de aguas, se supone que inicialmente el agua ingresaría, por reflujo del Río Paraguay, una vez abierto el paso-muelle en la zona de Puquio. El Canal aparentemente en el norte, empezaría en una zona aledaña a Puerto Suarez, no se menciona si se prevé una eventual conexión con la zona de Laguna Cáceres o Tamengo, lo cual complicaría en extremo el proceso, al tratarse de aguas internacionales y mayores compromisos para la cuenca. Al ser tan poco precisa la información de Bazoberry (2005), da la impresión que será un canal cerrado esencialmente sin flujo, lo cual implicaría la gran acumulación de vegetación palustrina o pantanosa, intensa descomposición de la vegetación muerta acumulada, incremento de vectores de enfermedades como mosquitos. No se menciona qué pasará con las aguas del Tucavaca, que alimentan parcialmente los bañados Mann Césped, supuestamente se acumularían al costado oeste del canal aperturado, e inclusive socavándolo. El mismo canal, podría ocasionar procesos erosivos a gran escala, en la región central de los bañados. Esencialmente, el sistema de drenaje abierto haría desaparecer el bañado natural más importante y más rico en vida silvestre del sudeste del país. Tal como se lo presenta, es un proyecto descabellado que ocasionaría tremendas e imprevisibles perturbaciones hidrológicas.

Desde un inicio, el tema de transporte de carga por ferrocarril o hidrovía-canal y de la infraestructura portuaria en Puerto Busch, fue visualizada en función a la movilización facilitada y a menor costo de la producción del hierro o acero del Mutún, además de las exportaciones de soya y otros comoditties, que también fueron elementos que ingresaron, reforzando las proyecciones. Los proyectos viales están profundamente interrelacionados por las lógicas económicas y del comercio exportador, y es aquí donde el tema del IIRSA juega un rol preponderante, proporcionando el marco de infraestructuras viales a gran escala.

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De acuerdo a una declaración de la JINDAL (ReporteEnergía, febrero 2010) a inicios del 2010, la primera previsión para la exportación era la vía caminera, luego el ferrocarril y posteriormente el transporte fluvial directo, a través del nuevo canal a construirse, según aumente la pro-ducción de mineral y empiece el proceso siderúrgico. En la actualidad la navegación por el canal Tamango, que conecta al río Paraguay, tiene muchas restricciones por las variables de problemas de navegación. Se-gún V. Gujral, la empresa JINDAL está trabajando para habilitar vías de mejor transporte y navegación. En marzo del 2010, y en relación con las vías de transporte, uno de los principales ejecutivos de la JINDAL dijo que se usará la vía fluvial desde Puerto Busch, hasta donde se llegará por un terraplén que la compañía construye (www.execlub.net, marzo 2010). Lo que se conocía a inicios del 2010, era que la empresa JINDAL finan-ciaba la mejora del actual terraplén del camino a Puerto Busch, a cargo de la empresa Vostok, pero a partir de las declaraciones del ejecutivo de la JINDAL, se podría suponer que con la construcción del terraplén del camino (implica extracción de materiales o de préstamo), ya se estén dan-do los primeros pasos para la apertura del canal fluvial. Hasta el momento no se han mencionado los Estudios de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales para obras de semejante magnitud, tampoco la Autoridad Ambiental Competente se manifestó al respecto.

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Presión socio ambiental al otro lado de la frontera Fuente: eL diario, agosto, 2008

La minera inglesa RÍO TINTO invertirá 2.150 millones de dólares para sextuplicar a 12,8 millones de toneladas la producción de su mina de hierro en Corumbá, situada en la región Oeste de Brasil, en la frontera con Bolivia, se anunció en un comunicado. La mina, que actualmente opera a 2 millones de tonelada por año, debiera alcanzar la nueva tasa de procesamiento, el cuarto trimestre del 2010, según RÍO TINTO. La empresa está elaborando un estudio de factibilidad para una segunda fase de ampliación que elevaría la capacidad por año. La ampliación de Corumbá eleva a casi 11.000 millones de dólares la inversión total que ha destinado RÍO TINTO, desde el 2003, para desarrollar sus negocios de mineral de hierro. A fines del año pasado, la empresa definió la meta mundial de alcanzar 600 millones de tonelada por año en la producción de mineral de hierro frente a los 179 millones de tonelada por año actual. Los planes de crecimiento deben someterse al escrutinio de diversas autoridades. Cabe recordar que RÍO TINTO, era una de las más fuertes interesadas en la explotación del mineral de hierro del Mutún, pero que en las últimas calificaciones y tras la sucesiva modificación del contrato de arrendamiento, desistió de continuar en las negociaciones.

La ampliación de Corumbá está diseñada para abastecer la creciente demanda sudamericana y del Medio Oriente, así como aumentar la presencia de RÍO TINTO en Europa, según el Comunicado Oficial que emitió en las últimas horas. Es un paso muy importante en nuestros esfuerzos por ampliar las operaciones de mineral de hierro más allá de la región de Pilbara, en el oeste de Australia, señaló el gerente general de RÍO TINTO, Tom Albanese. El desarrollo de Corumbá, afianza nuestra capacidad de elevar rápidamente la producción, para satisfacer la creciente demanda cuando esta se presente, agregó. Según la empresa, se invertirán 2.110 millones de dólares para ampliar la Mina Corumbá y mejorar la logística. También se destinarán 42 millones de dólares al estudio de factibilidad de la fase II, que debiera estar listo a mediados del 2009. Se construirán dos puertos y se mejorarán las redes de infraestructura para conectar la cadena de suministro de 2.500 kilómetros de la mina. Durante la construcción, el proyecto creará cerca de 2.500 empleos en Corumbá.

En lo que respecta a la infraestructura de Puerto Busch, es necesario in-sistir en lo expuesto el año 2008 (Ribera, 2008), sobre una evaluación que hizo WWF (2005) al EEIA del proyecto ferroportuario, realizado por la Empresa InterProyectos e impulsada por la Sociedad Ferroportuaria Boliviana (SFPB). La evaluación de WWF sostiene que la construcción del puerto en el sitio propuesto, resultaría mucho más cara, que mante-ner o mejorar la actual infraestructura sobre el Río Paraguay en Puerto Quijarro, aún mejorándola sustancialmente. El estudio de WWF, pone de manifiesto la potencial insostenibilidad de la construcción de dicho puer-

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to, en sentido de que la ubicación y la ingeniería previstas, no se adaptan a la región; existiendo el peligro de erosión regresiva, subsidencia y altos costos de mantenimiento e interrupción eventual de servicios. El estudio sostiene que con este proyecto se arriesga perder la inversión y tener otro “elefante blanco”, en pleno Pantanal boliviano, toda vez que en 1970 se construyó una terminal portuaria en esta región, misma que quedó inun-dada a partir de 1974, fue costosa y no solucionó los problemas ni las necesidades de comunicación con el río Paraguay. .

También se debe insistir nuevamente, en la alta probabilidad de pérdida o profundo deterioro de las enormes congregaciones de aves acuáticas descritas por el científico Al Gentry, hace unos años, como una de las más espectaculares de Sudamérica. Con seguridad todos los proyectos asocia-dos al Mutún y en especial las líneas de transición eléctrica, se ocuparán de quitarle dicho honor a este excepcional valor natural.

Todos los impactos y riesgos descritos, se ocasionan al interior del área protegida, Otuquis, espacio de protección derivada de las recomendacio-nes del Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz. Desafortunadamente, sería oportuno abrir un debate realista, sobre si ameritaría seguir considerán-dola como un área protegida o considerar su desafectación, en función al tremendo avasallamiento proyectado.

Riesgos de volver a la lógica del carbón

En cuanto al conflicto suscitado en torno a la intención de la JINDAL, de exportar concentrados, éste tiene un trasfondo de ausencia del gas. La JINDAL siguió procesando material de hierro triturado hasta pellets, pero sin la posibilidad de hacer la reducción a hierro esponja. En tanto el gobier-no, que no ha hecho mayores esfuerzos para dotar del gas, según el com-promiso acordado, se opone a dicha exportación, y exige el procesamiento siderúrgico. La situación es tan discordante, que parecería, que el propio

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gobierno habría estado en un momento, forzando como una salida, el uso de carbón vegetal, de la misma forma que la EBX lo planteara el 2005.

Junto con el uso expoliativo de agua, el riesgo de uso de carbón para el proceso reductivo del hierro, es uno de los más críticos y significaría una devastación ecológica en pocos años, de grandes superficies de los bosques chaqueños y chiquitanos de la región. Hasta el año 2005, las propuestas de explotación y transformación del hierro del Mutún tenían una expectativa de uso de carbón vegetal para la reducción siderúrgica.

En la provisión de gas natural al Mutún, existe una competencia entre dos usos, por una parte la termoeléctrica que provee energía para los diversos procesos siderúrgicos, y por otro la reducción directa para elaborar el hierro esponja. La eventual limitación de provisión de gas natural hacia el Mutún, tendría dos repercusiones: Se paraliza el proyecto por falta de energía para las operaciones, o el proceso industrial de reducción directa falla, y no se produce hierro esponja. Curiosamente, al menos en parte, esto es lo que parece haber sucedido hasta el momento. Si hay gas para abastecer sólo uno de los procesos, con seguridad se elegiría el del funcio-namiento de la planta termoeléctrica, pues dicha planta dificlmente po-dría funcionar con diesel por motivos de costos. En cambio la elaboración del hierro esponja, desgraciadamente sí.

El EEIA, da por hecho el uso de gas natural para el proceso de reducción del hierro, y no considera los riesgos de un eventual uso de carbón ve-getal, lo cual implicaría una acelerada destrucción de los Bosques Secos de la región, tanto por extracción directa, como por el reemplazo con bosques de eucalipto y otras especies, para obtener carbón, práctica que se realiza en el Brasil. En el tema de carencia del gas sólo se ha hablado del riesgo de la paralización por falta de gas natural, no del alto riesgo de que el gobierno decida, como alternativa forzada, abrir la posibilidad del uso de carbón vegetal para la reducción directa hacia el hierro esponja.

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Esta situación no debería extrañar, dadas las cada vez más agresivas po-líticas de desarrollo que se han ha venido impulsando, por ejemplo a ini-cios del 2010, abrió la posibilidad de producción de biocombustibles, algo que hasta hace poco tiempo se había rechazado. Ante esta posibilidad, el EEIA tenía la responsabilidad de alertar sobre la necesidad de una even-tual paralización del proyecto, en caso de riesgo de un acelerado deterio-ro ecológico regional. El gas viene presentando precios muy bajos desde fines del 2008, además desde el Brasil se argumentó que ya no necesitaría el gas boliviano, aunque se lo iba a comprar por “solidaridad”, ¿no sería mejor destinar al Mutún, los volúmenes de gas que van al Brasil y a bajo precio, que obtener mejores ganancias por el hierro, cuyos precios están elevados? Las situaciones contractuales parecen dificultar una salida que podría ser más ventajosa, ¿o será que el Brasil no quiere competencias re-gionales en el tema del hierro? El EEIA, al ser un documento plano, lineal y genérico, desde luego no ingresa en este tipo de análisis estratégicos.

El problema del fósforo

El EEIA, tampoco consideró el problema de las elevadas concentraciones de fósforo en los concentrados de hierro, que fue aparentemente detecta-do después y que ameritaba una nueva tecnología de separación, pues el alto contenido de fósforo en el concentrado, significa una deducción en el precio de venta. En la descripción del proyecto y en el EEIA de la fase de exploración (2008), se mencionaban bajos a moderados contenidos de fósforo, lo cual implica de cualquier forma, un mal manejo de la informa-ción, pues recién a fines del 2009, la JINDAL argumentó el elevado con-tenido de fósforo. Es particularmente llamativo que desde hace muchos años atrás se conocía que los depósitos de hierro en el lado brasilero, eran más ricos en Ley de mineral (70%) y tenían menos fósforo y azufre, que el hierro del cerro Mutún. La recuperación (un promedio de 27% peso)

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es baja y para producir una tonelada de concentrado, se necesitan 3.7 toneladas del mineral crudo.

La molienda del mineral y la peletización, a través de la depuración mag-nética, producen materiales de descarte, ricos en fósforo y silicio, los cua-les pueden ser recuperados (en especial el fósforo) si existiese una rela-ción costo/beneficio favorable, de lo contrario pueden ser desechados en depósitos de colas. Una eventual lixiviación de fósforo a partir de grandes volúmenes de colas, puede ocasionar procesos de eutrofización de cursos de agua. Este aspecto no es considerado por el EEIA.

Respuesta

Elementos de Evaluación del Impacto Ambiental

La respuesta de las Autoridades Ambientales Competentes, tanto nacio-nal, como departamental, y desde luego de la sectorial, fue muy escasa y débil. En más de dos años, sólo se destaca en la prensa, una resignada de-claración de los responsables de la Dirección General de Medio Ambien-te (DGMA) del MMAA, quienes explicaron en marzo del 2009, que el proyecto carretero sería ejecutado mediante un trabajo coordinado entre la constructora de caminos y la Dirección de Medio Ambiente, para que éste tenga un plan de manejo sostenible en la zona, con el fin de reducir el im-pacto ambiental. Según personeros de la DGMA se tomaron las medidas preventivas necesarias para que el impacto sea menor, porque inevitable-mente la ejecución de un proyecto de estas características tiene un im-pacto ambiental, además se dieron recomendaciones técnicas oportunas para el cuidado del ecosistema y la biodiversidad (OBIE, marzo 2009). Respecto al resto de situaciones, referidas, al uso de agua, el cambio de ubicación de las cuadrículas o la construcción del canal a Puerto Busch, la AAC, simplemente pareció no existir.

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Por otra parte, se confirma una vez más la extraordinaria debilidad y mar-ginamiento institucional del SERNAP, puesto que en más de dos años, no se llegó a conocer ni una sola intervención pública de la instancia res-ponsable de las áreas protegidas del país, siendo que el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Otuquis, será poco menos que devastado ecológicamente, considerando la acumulación de megaobras, tanto al interior, como en su zona de influencia inmediata.

La emisión de la Licencia Ambiental por parte de la AAC, no fue un motivo para el retraso del proyecto, como en algún momento se quiso mostrar. De acuerdo al Ministerio de Minería y Metalurgia, en mayo del 2009, el Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad, otorgó la licencia ambiental para la etapa de explotación a la empresa JINDAL, según las autoridades mineras, un “documento que allanaba todos los caminos para iniciar la explotación” de hierro (www.hidrocarburosbolivia.com). La Licencia Ambiental era el último requisito para comenzar la producción, que consistió en el proceso extractivo y el procesamiento hasta pellets (El Mundo, mayo 2009). Considerando las ambigüedades y vacíos que presentó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (elaborado por la empresa PCA), no queda duda sobre los niveles de presión ejercidos sobre la AAC, para su rápida aprobación.

Cabe recordar que la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para la región del Mutún, planificada para el año 2008, nunca fue llevada a cabo.

Al igual que otras instituciones del país, el acceso al EEIA de la fase de explotación, fue tardía y recién a inicios del 2009, se pudo conocer dicho documento, de una forma casi subrepticia. LIDEMA, al igual que otras instituciones que exigen responsabilidad socio ambiental por parte de las empresas y el Estado, manifestó su disconformidad sobre la forma en que se manejó la socialización de los instrumentos de gestión ambiental (Ficha

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ambiental, EEIA, Consulta Pública). En general, se observó, una abso-luta falta de transparencia en el manejo de información, por parte de la empresa JINDAL. La empresa JINDAL, actuó como muchas transna-cionales que operan en Sudamérica, aparentando cumplir los temas am-bientales y sociales, en el margen del mero formalismo, o usándolos como elemento de imagen.

El EEIA no fue socializado con la suficiente amplitud, con organizaciones de la sociedad civil, el acceso a dicha información fue muy dificultoso, como en muchos de los grandes proyectos impulsados por el gobierno. Esta es una situación que se arrastra desde hace muchos años y gobiernos atrás y no se observan indicios de cambio. Tampoco la AAC hizo demasia-dos esfuerzos para promover una adecuada dicha socialización. Tampoco se consideraron los efectos colaterales del conjunto de megaobras relacio-nadas al transporte y exportación del hierro o el acero del Mutún. Ya en el momento de la presentación de la Ficha Ambiental, el argumento de no considerar el impacto futuro de los proyectos asociados, se amparaba en que cada uno de estos proyectos tendrá una ficha y un EEIA específico, y el EEIA del Mutún asume dicha posición. Desafortunadamente, esta visión fragmentada de la realidad, con evaluaciones aisladas y desvincu-ladas, y que no considera impactos sinérgicos entre proyectos, obedece a la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. Es necesario men-cionar que si el EEIA del Mutún, adoleció de serias fallas de oportuna socialización y consulta, los EEIA de los proyectos viales, del canal fluvial y otros, son absolutamente desconocidos, y es posible que ni siquiera se hayan realizado.

Algunas instancias como PROBIOMA (boletín Nº 30, 2009), manifestaron su preocupación por el alcance y enfoque de dicho documento, sin embargo hubo una escasa respuesta por parte de la empresa y de las autoridades sectoriales. También LIDEMA a partir de sus organizaciones miembro,

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mantuvo una posición crítica respecto de la discrecionalidad en el manejo de los instrumentos de gestión ambiental. A finales del 2008 e inicios del 2009, la empresa JINDAL se opuso a que técnicos de LIDEMA realicen una visita evaluatoria a la zona de operaciones del megaproyecto.

En cuanto a la sociedad regional, el año 2008, algunas autoridades muni-cipales y pobladores de la región, llegaron a manifestar su preocupación ante los riesgos de contaminación y degradación ambiental del Pantanal Boliviano. Sin embargo, estas manifestaciones pronto fueron sobrepasa-das por las crecientes expectativas generalizadas de desarrollo y los be-neficios económicos en torno al megaproyecto y luego por la preocupa-ción del atraso de la explotación del hierro. El resultado final a inicios del 2010, era un creciente malestar y desazón en la población regional (en especial de Puerto Suárez), asociado a un bajón económico respecto de la efervescencia observada el 2008 y parte del 2009. Al momento, la gente en la región está más preocupada por las promesas incumplidas, como las fuentes de empleo y el crecimiento económico que no se dieron, que por los riesgos ambientales crecientes sobre la región y el Pantanal. Al final de cuentas, el parámetro de desarrollo en el imaginario regional, está referi-do al vecino coloso del otro lado de la frontera.

Comparativamente, la sociedad nacional en su conjunto parece estar to-talmente indiferente sobre lo que puede o no pasar en el Mutún, por su parte, en el Departamento de Santa Cruz, la mayor y general preocupa-ción, es semejante a la de los pobladores de Puerto Suárez, es decir refe-ridas a la pérdida de oportunidad económica. Obviamente, los analistas mineros y económicos, se lamentaron en esa misma lógica, frente al no arranque del megaproyecto, los altos precios internacionales que tuvo el hierro desde fines del 2009 en adelante y la pérdida de oportunidad.

Una información escasamente difundida, se relaciona con el proceso de creación y consolidación de un área protegida municipal, en el Munici-

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pio de Puerto Quijarro, con el propósito de disminuir los daños al medio ambiente que ocasionará la explotación del hierro en el Mutún. La docu-mentación de justificación del proyecto municipal menciona los riesgos de polución del ambiente, destrucción de la vegetación, generación de residuos sólidos y otros impactos a la naturaleza. El área a ser protegida se encontraría, entre la serranía del Mutún y el Parque Nacional Otu-quis, donde existe una franja de unas mil hectáreas de vegetación intacta. Como primera medida, la comuna identificó los espacios naturales de la región, que actuarán como colchones de amortiguamiento y zonas de re-fugio de la fauna silvestre (www.elfronterizo.net. abril, 2009). No se sabe, si el cambio de ubicación de las cuadrículas de explotación, afectó este espacio o no.

Una importante reflexión y llamada de alerta, apareció en la prensa na-cional en marzo del 2009. La denuncia pública, correspondió al analista cruceño José Urdiminea Melgar, quien manifestó, que con la entrega del permiso ambiental a la empresa JINDAL, se afectaba más de 100 kiló-metros del Parque Nacional Otuquis, con daños irreversibles al ambiente y la destrucción del ecosistema del sureste de Santa Cruz, (El Diario, marzo 2009). La advertencia sobre el Pantanal Boliviano, se refería a la construcción de carreteras, la explotación minera a cielo abierto, conta-minación por el uso del manganeso, la apertura de rutas alternas para el gas y otros, “se destruirá irremediablemente el ecosistema de la Provincia Germán Busch del Departamento de Santa Cruz”. Según Urdininea, todo el proceso de desarrollo del proyecto metalúrgico-siderúrgico y en cada una de sus eta-pas, los trabajos generarán contaminación ambiental en atmósfera, suelos y aguas superficiales y subterráneas, por lo que es imprescindible que la Empresa Siderúrgica del Mutún y JINDAL cumplan las normas ambien-tales e implementen políticas preventivas de mitigación de gases, líquidos y materiales tóxicos. A lo anterior, añadía: “los estudios deben ser consistentes,

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con el fin de garantizar la certificación ISO 14000 de protección del ambiente y los correspondientes ISO 9001 de gestión de calidad; además de la OHSAS 18001 de seguridad y salud ocupacional, y la SA 8000 de responsabilidad social” (El Diario, marzo 2009). Asimismo, señaló Urdiminea que la misma actividad meta-lúrgica y siderúrgica, por constituirse en procesos pirometalúrgicos y por ende, consumidores de grandes cantidades de agua y energía, emitirán gases contaminantes, como el dióxido de carbono y anhídrido sulfuroso, que producen la nociva lluvia ácida (OBIE, 2009). Estos aspectos fueron también alertados por LIDEMA el año 2008 (Ribera, 2008). También PROBIOMA, fue otra institución con sede en Santa Cruz, que hizo co-nocer de forma sistemática sus críticas fundamentadas a la forma en que se desarrollaron muchas acciones.

Ante la necesidad de un mayor control y participación de los pobladores de la zona de la Chiquitanía y el Pantanal, respecto a los impactos so-ciales y ambientales que ocasionan los megaproyectos de construcción y explotación, como el corredor bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez o El Mutún y ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de las em-presas, las comunidades conformaron los Comités de Fiscalización Socio Ambiental, los cuales tuvieron un rol especialmente relevante para po-ner en evidencia la escasa responsabilidad socio ambiental del IIRSA, de cuya lógica, el Mutún forma parte (www.redunitas.org, enero 2009). No se obtuvo mayor información sobre la continuidad del funcionamiento de dicho comités.

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Fuentes de consulta BAZOBERRY,A. 2005. Canal Fluvial Nuevo Puerto Suárez. PLURAL eds. PRODEM. La Paz, Bolivia. 86 p.

BAZOBERRY, A. 2009. Denuncia en prensa. (El Diario 15 septiembre, 2009)

PEDRAZA, R. 2009. Informe de Estado Ambiental del Departamento de Santa Cruz. LIDEMA/MHNNKM. Santa Cruz, Bolivia.

PROBIOMA: Agosto.2009. Voces del Pantanal. Boletín especializado Nº 30

PROBIOMA: Diciembre 2008. Voces del Pantanal. Boletín especializado Nº 22

MONTES DE OCA, I. 2005. Enciclopedia Geográfica de Bolivia. Ed. Atenea. La Paz, Bolivia. 871 p.

RIBERA, A.M.O. 2008. Hierro y Pantanal. Los riesgos de la explotación del Cerro Mutún. Estudio de caso Nº 4. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 60 p.

URDIMINEA, J.L.M. 2009. Nota de prensa especializada sobre las ambigüedades e incertidumbres en torno al gas para el Mutún.

Páginas Webwww.redunitas.org

www.hidrocarburosbolivia.com,

www.execlub.net

www.hoybolivia.com

www.oopp.gov.bo

CEDIB (marzo, 2009): www.cedib.org

Reuters: agencia-reuters.html

Siglo XXI: Publicación especializada en economía

Reporte Energía: www.reporteenergia.com

Energy Press: www.energypress.com.bo

Hidrocarburos Bolivia, com. www.hidrocarburosbolivia.com

El Mundo www.elmundo.com.bo

La Prensa www.laprensa.com.bo

El Diario: www.eldiario.com

La Razón: www.larazon.com

El Deber www.eldeber.com.bo

El Día elnuevodia.com.bo

ABI (Agencia boliviana de Información): www.abi.bo

El Fronterizo: www.elfronterizo.net

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Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental competente

ANMI Área Natural de Manejo Integrado

AP Área Protegida

COMIBOL Corporación Minera de Bolivia

EAE Evaluación ambiental estratégica

EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

ESM Empresa Siderúrgica del Mutún

DGM Dirección General de Medio Ambiente

GLT Gas To Liquid Transfer (Empresa hidrocarburífera)

IIRSA Iniciativa para la Integración Regional de las Infraestructuras Sudamericanas

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

ISO Certificaciones voluntarias de la Organización Internacional para la estandarización de prácticas ambientales, sociales y de seguridad industrial.

LA Licencia Ambiental

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

MMAA Ministerio de Medio Ambiente y Aguas

MW Megawatts de potencia

OHSAS Evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

PNANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

PROBIOMA Productividad, Biosfera y Medio Ambiente

RAMSAR Convención Internacional para la Protección de Humedales

SA 8000 Certificación voluntaria (Social Accountability), promueve mejores condiciones laborales

TM Tonelada métrica

TGN Tesoro General de la Nación

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza

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Camino de acceso a la zona del Mutún. Foto PROBIOMA

El Mutún fue hasta ahora una de las muestras mejor conservadas del Cerrado en la región. Foto PROBIOMA

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Vista aérea del cerro Mutún. Fuente noticias. bolivia.com

Vista aérea del cerro Mutún visto desde el oeste. Fuente M.Gruber google earth

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Los megaproyectos de explotación del hierro tienen un elevado costo ambiental. Fuente tribunadonorte.com.br

Laguna Cáceres, parte del PNANMI Otuquis, en riesgo por la extracción expoliativa de agua. Fuente redboliviana.com

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Vista google earth del yacimiento Urucum en el Brasil. Este paisaje devastado se replicará en el Mutún. Fuente google earth

El pantanal boliviano es una región ecológica de excepcional belleza y gran fragilidad, y está muy amenazado por las mega-infraestructuras derivadas del Mutún. Foto JL. Cartes google earth

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PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL MINERA EN LA CUENCA POOPÓ

Estado

La región este del Lago Poopó, sigue siendo una de las más críticas en términos de contaminación, destacando la cuenca fluvial Huanuni–Sora Sora, como una de las más severamente afectadas por operaciones actua-les de explotación, procesamiento y por pasivos ambientales. La situación ha cambiado muy poco desde hace tres años, cuando se intensificaron estudios y denuncias sobre el estado ambiental de la cuenca (CAMINAR, 2008; Quintanilla et al. 2007; 2008), constatándose a fines del 2009, que la provisión de agua había empeorado debido a la contaminación de las principales operaciones mineras y afectaba por igual a la salud y medios de vida de la gente. Existen compromisos de mitigación y una reciente aprobación para la construcción del dique de colas de Huanuni. Sin em-bargo, paralelamente, se siguen introduciendo agentes de presión, como el ingenio de Machacamarca, dependiente de la empresa minera Huanu-ni, el cual vierte todos los días entre 20 y 25 litros por segundo de aguas ácidas con presencia de metales pesados y sólidos disueltos (EXECLUB, 2009). El Decreto Supremo de Declaración de Emergencia de la Cuenca Huanuni, abre las posibilidades de canalizar procesos efectivos de preven-ción, remediación y mitigación. Algunas zonas y comunidades bajo riesgo de afectación, que antes no estaban adscritas a la Coordinadora de los Ríos Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), como zona de emergen-

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cia, buscan ahora adscribirse a dicha organización. El estado ambiental del Lago Uru Uru, es también crítico debido a múltiples fuentes de con-taminación, incluidos los drásticos pasivos del megaproyecto Kori Kollo (Montoya y Pérez, 2009). El aumento de la contaminación, tiene relación con la tendencia de incremento de los precios de los principales minerales y la reactivación de las operaciones mineras.

La conflictividad social en torno a la minería en Oruro, se ha centrado en-tre las posiciones de reclamo hacia una mayor responsabilidad ambiental por la minería, posición asumida principalmente por CORIDUP-CEPA, y la minería cooperativizada, que defiende su accionar argumentado úni-camente temas de generación de empleos y economía en la región. El rol de movilización ambiental de la CORIDUP en contra de la minería no responsable, ha sido determinante para el logro de una mayor atención a la problemática minera, destacando la demanda y logro de aprobación de la cuenca Huanuni como Zona de Emergencia.

Destacan los diversos proyectos de investigación promovidos por el PIEB, entre los cuales están los de investigación biomédica relacionada a la contaminación, y el de remediación y mitigación de aguas contamina-das a través del uso de compost y piedra caliza, a cargo de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).

En el tema de investigación destacan, las actividades del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB), dentro de su Programa de Investigación Ambiental, en tanto que la labor del CEPA ha tenido ópti-mas repercusiones en aspectos de incidencia y comunicación.

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El sector minero

Presión

Entre las actividades minero - metalúrgicas que ocasionan fuerte impacto y amenaza ambiental en la cuenca del Poopó, destacan cinco por su gra-vedad: La empresa minera Huanuni, las minas Santa Fe, Japo, Moroco-cala y el ngenio de Machacamarca, además de las operaciones dispersas de decenas de cooperativas mineras. Los mismos afectan directamente al río San Juan de Sora Sora; río Huanuni y el río Santa Fe, convirtiéndose de esta forma en víctimas de la contaminación minera y urbana (Mollo, 2009b). La Empresa Minera Huanuni, detenta uno de los más ricos yaci-mientos de estaño y complejos de Bolivia, no cuenta con un dique de colas y tratamiento de aguas, para tratar los residuos generados por la concen-tración de sus minerales, por lo tanto los mismos se vierten directamente hacia el Río Huanuni que desemboca en el río San Juan de Sora Sora, el que a su vez los arrastra hacia el Lago Poopó. La acumulación de tonela-das de residuos mineros, se han convertido en enormes cerros de pasivos ambientales mineros, generando aguas ácidas o Drenaje Ácido de Roca (DAR), que son aguas extremadamente tóxicas, las mismas son vertidas directamente sobre los ríos más cercanos.

Sólo para dar un ejemplo de las presiones sobre la cuenca lacustre del Poopó, el impacto de la mina Huanuni (yacimiento Pozoconi), se deriva de una producción intensificada que ronda las 1.000 Tn/día, y una salida total de materiales de emisión y vertidos a la cuenca del Huanuni-Sora Sora de casi 260 mil toneladas (sin contar los concentrados), para el año 2008, en tanto que la planta de procesamiento como Santa Elena, llega a procesar hasta 1.200 Tn/día de material (López et al., 2009). Similares valores de emisiones derivadas de la explotación de plomo y zinc, se pro-ducen en el caso de COMSUR-mina Bolívar y Sinchi Huayra (López et al. 2009). Otra presión ya crónica, proviene de las operaciones mineras de Kori Chaca por la empresa Inti Raymi (Mollo, 2009a), ubicada casi en

193

El sector minero

cercanías de la ciudad de Oruro, cuya fosa u “open pit” en las cercanías de los cerros “Víbora”, habría contaminado las reservas existentes de agua dulce. (Mollo, 2009, b).

Evaluaciones realizadas a fines del 2009, por CEPA, LIDEMA y la UTO en el río Sora Sora, evidenciaron una fuerte contaminación de sulfuros por la turbidez lechosa y lecturas de pH muy ácidos, además de reportes locales de daños al ganado y la salud humana, derivados del consumo de esta agua. Adicionalmente las lecturas de metales pesados como arsénico, plomo, estaño y cadmio, en especial para suelos y plantas, son alarmante-mente altas. Una de las nacientes del río Sora Sora, se ubica en la planicie aluvial próxima al río Huanuni, en forma de ojos de agua o vertientes, la cuales denotaban el inicio de la turbidez lechosa y lecturas de pH muy ba-jos. Esto hace suponer que se puede estar produciendo un flujo de aguas contaminadas al subsuelo. Por su parte, el río Huanuni a fines de 2009, presentaba un elevado nivel de arrastre y deposición de residuos de mi-nería en las terrazas aluviales y planicies adyacentes, la coloración de las aguas del río Huanuni, variaba de plomo oscuro en el flujo principal, has-ta tonalidades rojizas de copajira en algunos remansos y playones de agua más lenta. A la contaminación minera se suma el arrastre de residuos só-lidos domésticos en gran cantidad. Comunarios que desarrollan activida-des agropecuarias en la planicie interfluvial manifestaron el temor de un eventual rompimiento del cauce del río Huanuni en la época de torrentes y que pueda ocasionar grandes riadas, lo cual afectaría sus tierras. Bajo las eventualidades del cambio climático, un fenómeno de esta naturaleza, desafortunadamente es altamente probable.

El año 2010, CEPA, LIDEMA y la UTO, realizaron una evaluación ge-neral de la cuenca del río Japo. Las nacientes de este río, se encuentran en la región alta cordillerana por encima de los 4.200 msnm., donde está el centro minero del mismo nombre. Dicho centro minero estañífero per-

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El sector minero

teneciente a la COMIBOL, tuvo su tiempo de auge hace más de 30 años, para luego colapsar en los años 80 con el cierre de las minas estatales. La recuperación posterior fue parcial y en la actualidad una cooperativa con pocos socios, realiza el procesamiento de minerales en el antiguo ingenio, próximo a la población principal. Las explotaciones mineras de socavón, se encuentran en parajes a gran altura y no muy alejados del centro mine-ro, desde donde es posible escuchar las detonaciones de explosivos. Toda la zona circundante al centro minero, tiene un paisaje “minero”, fuerte-mente contaminado, con restos de colas, pallacos, relaves y lagunas con aguas rojizas de copajira. Toda la lixiviación de la parte alta y del entorno del centro minero, desemboca en el río Japo, el cual más abajo recibe las aguas del ingenio en operaciones. Las aguas se tornan rojizas intensas y las mediciones de pH realizadas arrojaron lecturas extraordinariamente bajas (2-3). Toda la planicie aluvial circundante al río Japo, se encuentra profundamente deteriorada por el accionar de los denominados “relave-ros”, operadores individuales que rescatan material de los depósitos alu-viales ricos en mineral o relaves, para reprocesarlos en el ingenio. Exca-vaciones y huecos superficiales, así como túneles profundos, caracterizan las terrazas del río Japo aguas abajo y a lo largo de grandes extensiones alejadas del centro minero. No existe un dique de colas, como tampoco una planta de tratamiento de las aguas ácidas, de forma que las aguas con-taminadas con su característica tonalidad rojiza de copajira se mantiene hasta la desembocadura misma del sistema lacustre Uro Uru-Poopo. El río Japo es típico un ejemplo del estado en el que se encuentran la mayo-ría de los ríos de la cuenca lacustre.

De acuerdo a una información de prensa, la contaminación ambiental de las cuencas Huanuni, Desaguadero, Cañadón Antequera y Poopó en Oruro, afecta a 80 comunidades y más de dos mil familias circundantes (El Diario, febrero, 2009). El Viceministerio de Medio Ambiente compro-

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El sector minero

bó que, por ejemplo, los niveles de zinc y cadmio en las aguas, están por encima de los niveles permitidos; estas mismas aguas son utilizadas para riego. Un hecho que muestra el nivel de la contaminación, es que se han encontrado al menos 20 mil toneladas de sulfato y 2 toneladas de arsénico y plomo por año, en las aguas de la subcuenca Huanuni, que desemboca en el Poopó. La contaminación se debe a la presencia de 300 minas. Los principales daños causados, van desde la desaparición de fuentes de agua, lo que ocasiona la muerte de peces, aves silvestres y otros animales; la degradación de suelos, abortos espontáneos en los animales, desnutrición, malformaciones, menor calidad y cantidad de los cultivos, entre otros. Las empresas mineras consumen abundante agua subterránea y del río (El Diario, febrero, 2009).

De acuerdo a los reportes de la Escuela de Líderes Ambientales, difun-didos por CEPA (2009), a partir de estudios realizados en la localidad de Huanuni, las condiciones de trabajo de la Empresa Minera Huanuni y los impactos negativos que dicha empresa genera en la región, son muy altos. Las actividades mineras realizadas en esta zona han generado, des-de hace mucho tiempo atrás, diversos daños a la salud de la gente y de sus medios de vida. Este reporte menciona que el Río Huanuni, aguas arriba, se encuentra aún limpio; sin embargo, al unirse con las aguas o efluentes descargados por la empresa minera sin tratamiento alguno, se convierte en un río de aguas venenosas, tanto para la salud como para la tierra y todo ser vivo. El suelo plomo, amarillento, es testigo del suelo contaminado. El cauce contaminado del río Huanuni desemboca en los lagos Uru Uru y Poopó, con los consecuentes perjuicios a la actividad agrícola y aún la generación de enfermedades en la población. La Escuela de Líderes Ambientales, apoyada por CEPA y LIDEMA, reportó que uno de los más grandes impactos ambientales negativos, se da en el punto de confluencia de los ríos San Juan y Desaguadero ya próximos al Lago

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El sector minero

Poopó. Antes se tenía que pasar las aguas en balsas y ahora sólo queda medio metro de aguas ácidas, sobre toneladas de pasivos ambientales, suelos completamente salinizados y erosionados como resultados de las actividades mineras sin control.

Por su parte, un equipo multi-insticional a cargo de uno de los proyec-tos promovidos por el PIEB (Montoya et al, 2009), advertía que hay un alto contenido de sulfatos y metales disueltos provenientes del ingenio Machacamarca, que están provocando la desertificación de los suelos en las zonas de desmontes y de relaves, e impactan directamente sobre el río Payrumani. Las comunidades afectadas por este impacto son Kochi Piacala, Karavi, Alantañita, Kochi Ishuaya y Pampa, de las provincias Dalence y Cercado Sur, cuyos habitantes demandan el tratamiento y la clarificación de esas aguas. La zona de estudio donde se encuentra el inge-nio de Machacamarca, está en el municipio del mismo nombre, pertenece a la provincia Dalence, donde se ubica la subcuenca Uru-Uru. Según Tu-dela M. (PIEB, 2009): “El nacimiento de animales con deformidades, la erosión e infertilidad de los suelos y el incremento de los casos de cáncer en zonas mineras, lanzan miradas acusatorias a la contaminación por metales pesados. Pero el rigor científico todavía no ha dado su veredicto en ninguno de estos casos”. Sin embargo, la situación de intensa contaminación, es evidentemente incuestionable en esencia. De acuerdo a estudios realizados por el Programa PIA del PIEB, el Lago Poopó está contaminado por cuatro minerales: Arsénico, zinc, plomo y cadmio, esto lo señala un estudio de la Universidad Técnica de Oruro (Zamora et al. 2009), que además que el río Huanuni está im-purificado con presencia de estaño. Las aguas ácidas de la mina Huanuni, contaminan las cuencas hidrográficas, afectando cuatro municipios del departamento de Oruro: Machacamarca, Huanuni, El Choro y Poopó (El Diario, 8 diciembre 2009).

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El sector minero

Este tipo de reportes, resumen la realidad de los impactos vigentes de la contaminación minera en la cuenca, situación favorecida por el reducido o ningún avance en términos de prevención, remediación y mitigación de las afectaciones que ocasiona el sector.

Si los impactos actuales son evidentes, también se prevén riesgos y ame-nazas al futuro. En abril de 2009, desde el Viceministerio de Cooperativas, se aseguraba que las perspectivas para el sector minero habían comenza-do a mejorar, a la par de la recuperación del precio de los complejos, prin-cipalmente los del zinc. El incremento implicaba que en dicha fecha, en el departamento de Oruro, los trabajadores volvían a sus fuentes laborales, vale decir unos 2.000 a 2.500 cooperativistas. Varios meses después, en octubre, se reportaba que el incremento de las cotizaciones de los mine-rales como la plata, plomo, zinc y el estaño, garantizaban los ingresos económicos de cooperativistas mineros que se dedican a la explotación en los yacimientos del departamento (El Diario, 30 octubre 2009).

El hecho fue calificado como un motivo de alivio a los trabajadores de las más de 30 cooperativas mineras que explotan yacimientos de minerales complejos como la plata, plomo, zinc, además de estaño, que es uno de los principales minerales que produce Oruro.

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El sector minero

El ingenio de MachacamarcaFuente: boLiViaminera.bLogsPot.com

Octubre 2009

El Ingenio de Machacamarca, perteneciente a la Empresa Minera Huanuni (EMH), ingresó desde hace dos meses al tratamiento de minerales complejos, en una cantidad de 30 Toneladas Métricas Brutas (TMB). La maquinaria que estaba destinada al tratamiento de mineral de estaño entre 200 Toneladas Métricas Finas (TMF), hoy maximiza su producción con la instalación del circuito de complejo, cuyo stock será comercializado hasta finales de noviembre. El ingenio recupera entre 48 a 50 por ciento de zinc, con 5 decimarcos de plata. El ingenio que trata concentrados de estaño, con una ley de 2 por ciento, recupera entre 40 a 50 por ciento de estaño, que es comercializado en la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV). El ingenio consume 25 metros cúbicos, de agua por tonelada tratada, la que es traída del sector de Pacopampa y recuperada de los diques de colas en un 80 por ciento. Después de siete años de paralización, el ingenio de Machacamarca fue rehabilitado y dentro de una semana estará listo para procesar 200 toneladas de estaño y otros complejos metálicos como zinc y plata, que la Empresa Minera Huanuni extrae del Cerro Posokoni. El mineral purificado será derivado a la Empresa Minera de Vinto (EMV).

Actualmente la compañía estatal procesa un promedio de 700 toneladas de estaño fino al mes, con la producción de Machacamarca alcanzará a 900 toneladas. El gerente de la empresa de Huanuni, Roberto Montaño, explicó a La Prensa que el objetivo a corto plazo es reactivar todos los ingenios que pertenecen a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Es así que está en proyecto la rehabilitación del ingenio de Santa Elena, que antes pertenecía a las cooperativas mineras que extraían estaño del cerro Posokoni, en el que serán procesados alrededor de mil toneladas de mineral. La planta metalúrgica de Machacamarca operó hasta el año 2000 de la mano de la Cooperativa Minera Unificada. Las volquetas de la empresa minera de Huanuni ya trasladaron unas 600 toneladas de mineral bruto. Cuando la carga esté lista, otras volquetas llevarán el mineral hasta Vinto. En el ingenio trabajarán 100 personas, que provienen de la Empresa de Huanuni. La producción bruta que se saca del cerro Posokoni, supera las 1.000 toneladas por día. Como el ingenio de la empresa sólo tiene capacidad para 700, la carga sobrante fue almacenada y se la procesará en Machacamarca.

Entre los impactos por pasivos ambientales, fuera de los provenientes de operaciones en las cuencas Huanuni, Poopó o Antequera, destacan sin duda, los que fueron producidos por la inmensa explotación de Inti Ray-mi en el Tajo Kori Kollo, megaproyecto que además de haber hecho des-aparecer un cerro y creado una laguna artificial supuestamente limpia, ha dejado el riesgo de severas contaminaciones por cianuro, aspecto que no ha sido dilucidado por una auditoria ambiental. Un elemento preocupan-te es el deterioro y perturbación de la cuenca del río Desaguadero, por

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El sector minero

manipulación de los cauces, situación que ha afectado a varias comunida-des ribereñas de la región.

Afectación Hidrológica del Megaproyecto Inti RaymiFuente: n. moLLo/cePa. inForme ambientaL dePartamentaL oruro, 2009.

Fotografías aéreas, antes y después de las operaciones mineras de Inti RaymiFuente n. moLLo (cePa). inForme ambientaL dePartamentaL 2009.

En la fotografía aérea de 1983, la situación más relevante observada, es la formación del brazo derecho del Río Desaguadero y la aparición de las lagunas al Oeste y Sud de la mina “Kori Kollo”. Además el Río Desaguadero, pasa por las orillas del cerro “Kori Kollo”. Aparentemente los responsables de la Mina, ayudaron a la formación del brazo derecho del río, a través del dragado en un tramo del río, situación que podría haberse efectivizado el año 1982. Por el mismo hecho de que la Empresa Inti Raymi necesitaba para sus operaciones abundante agua. Con el anterior curso del río, la distancia del Cerro Kori Kollo al brazo izquierdo, era relativamente lejano (1,8 Km.), sin embargo en el año 1983 la distancia se redujo a 200 m.

La formación del brazo derecho del río y las lagunas, parece no tener relación con eventuales precipitaciones pluviales abundantes en ese año. Los datos obtenidos de SENAMHI, la precipitación de ese año, más bien indican que fue la más baja en los últimos 25 años. Por ello se podría afirmar, que la intervención antrópica influyó en el cambio del curso del río Desaguadero y la morfología de la zona.

200

El sector minero

Respuesta

En septiembre del 2009 se realizaron las segundas mesas de trabajo: “Buscando soluciones a los problemas ambientales”. Entre las principales conclusiones destacaban las siguientes (CEPA, 11, septiembre 2009):

y La definición final sobre la ubicación del dique de colas de la Operación Minera Huanuni, y los mecanismos para su implementación.

y La implementación del dique de Colas y una planta de tratamiento del Ingenio Machacamarca cuya conclusión debe realizarse en un plazo de 30 días.

y El dragado del Río Desaguadero, desde el Lago Uru Uru, hasta el Lago Poopó, se debe inscribir en el POA de la Prefectura de Oruro para el 2010.

y En el caso de “SINCHI WAYRA” la gestión de la Reglamentación de la Consulta Pública, como complementación a la Ley.

y La Empresa Tiwanacu debe construir un nuevo dique de colas de acuerdo a com-promiso y que la Autoridad Ambiental Competente Departamental, debe hacer cumplir. La Empresa debe seguir realizando las actividades de mitigación de acuerdo al plan de adecuación ambiental. La prefectura debe exigir el cumpli-miento del PAA y hacer cumplir en forma estricta la Ley.

y Monitoreo por parte de la prefectura (Autoridad Ambiental Competente Depar-tamental), a la mina Candelaria, certificando si está o no en operaciones y si sus operaciones u actividades se encuentran enmarcadas dentro de la ley, caso contra-rio, emitir sanciones de acuerdo a norma legal.

y La COMINUR debe implementar un nuevo dique de colas de acuerdo a las nor-mas establecidas y de forma inmediata. Realizar un estudio de impactos en la cuenca, en coordinación con instituciones de apoyo.

y Se debe realizar un estudio general de los impactos y/o daños ambientales en las cuatro subcuencas, en coordinación con el Organismo Competente Sectorial de los ministerios y CORIDUP.

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El sector minero

CEPA-C0RIDUP 2009 (Madre Tierra Nº8), informaban en octubre del 2009, que la Empresa Minera Huanuni, estaba iniciando la construcción del nuevo dique de colas ubicado en el sector de Cataricagua, el cual ser-virá para la acumulación de residuos de los ingenios durante 4 años. El dique de colas que tiene previsto almacenar 5 millones de toneladas de residuos mineros, es la primera fase aguas arriba, y al futuro y si no hay oposición, se construirá en la parte de abajo para albergar otra cantidad de toneladas de residuos. En cuanto a la ubicación del dique de colas, pretende ser instalado a metros del río San Juan.

Respecto a estas obras y la construcción del dique de colas, las comuni-dades afectadas por la contaminación ambiental minera de la subcuenca Huanuni aglutinadas a la CORIDUP, manifestaron: “Estos proyectos que es-tán siendo planificados, deben ser informados y socializados por la empresa minera Huanuni, a las comunidades afectadas, que desde hace más de cuatro años están de-mandando y realizando el seguimiento correspondiente, y esperamos que no sea sim-plemente una declaración emotiva como siempre se ha estado haciendo, nosotros como comunidades queremos ver el trabajo de manera objetiva, y de esta forma coadyuvar en el trabajo que como empresa está planificando, siempre y cuando conozcamos a detalle los trabajos que están siendo planificados” (La Patria, octubre 2009).

Respecto a las acciones y proyecciones de respuesta a los impactos-ame-nazas de las operaciones mineras, se dio a fines del 2009 (La Patria, 10 noviembre 2009) cuando el Programa de la Unión Europea Apemin II y la Prefectura de Oruro, firmaron un convenio para ejecutar proyectos de mitigación ambiental en las cuencas del Lago Poopó, contaminadas por la actividad minera, proceso que empezará con el diseño del programa de 5 años, que beneficiará con “proyectos pequeños” para la remediación ambiental en los municipios contemplados en el Decreto Supremo 0335, que declara zona de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni. El convenio prevé la gestión de desarrollo sostenible de recursos natura-

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El sector minero

les, protección de la población vulnerable, gestión de riesgos y manejo de conflictos mineros y medio ambientales, implementación de normati-vas, gestión ambiental de recursos hídricos, capacitación y formación en desarrollo económico social, creación de plataforma de intercambio. Un monto de 14 millones de euros, es el primer aporte del programa, el cual se replicaría posteriormente para otras subcuencas que desembocan en el Lago Poopó. Este fondo fue canalizado a partir del Ministerio de Plani-ficación, notándose la ausencia del Ministerio de Medio Ambiente y del Viceministerio de Biodiversidad. Se ha mencionado que dicho fondo sería manejado de forma directa por el Parlamento.

De cualquier forma, el financiamiento para la remediación ambiental de la subcuenca Huanuni fue considerado insuficiente para su cometido, porque los 14 millones de euros del programa de la Unión Europea, no podrían cubrir los gastos para la magnitud de trabajos de remediación y control que se requieren en toda el área de influencia minera, de acuerdo a opinión del Director de la Carrera de Geología de la Universidad Téc-nica de Oruro, aspecto también afirmado en el seminario de socialización del Decreto Supremo 0335, que declara zona de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni (La Patria, 10, diciembre 2009).

Entre las acciones de gestión o respuesta más importantes ante la situación ambiental crítica de la Cuenca del Poopó, destacan las acciones realizadas por CEPA/LIDEMA-CORIDUP para demandar y lograr que la cuenca Huanuni-Sora Sora, sea declarada como zona de emergencia ambiental. Paralelamente, varios de los municipios afectados emitieron resoluciones municipales que declaraban la cuenca como Zona de Emergencia Muni-cipal, al igual que el Directorio de la Asociación de Municipios de Oru-ro (AMDEOR). El pronunciamiento público emitido por la Escuela de Líderes Ambientales de Oruro por el Día de la Conservación del Suelo (actividad apoyada por CEPA/LIDEMA), expresaba su “profunda pre-

203

El sector minero

ocupación por los graves problemas ambientales que viene atravesando la región y se adhiere a la petición de declarar “Zona de Desastre Ambien-tal” a la subcuenca Huanuni. A estas demandas se sumaron autoridades municipales, como el concejal del Municipio El Choro y representante de la Cuenca Huanuni, Jorge Aguilar, que pedía concretamente, se pare la contaminación y que las minas trabajen con mucha responsabilidad: “Estamos en el siglo XXI y Huanuni no tiene diques de cola, no tiene tratamientos de agua, muros de contención y el dique de cola natural es el Lago Uru Uru, el Río Desaguadero y Lago Poopó”.

Estas demandas se mantuvieron a lo largo del año 2009, conformándose un Comité para la Declaración de la Cuenca del Huanuni como Zona de emergencia Ambiental. En el mes de abril, el CORIDUP, el Consejo de Gobierno del Suyu Sura, la Central Vicente Ascarrunz de Sora Sora, la Central Kochi Piacala, las Siete Cooperativas Pesqueras del Lago Uru-uru, AMDEOR, FAM Bolivia, la Cooperativa Pesquera Urus de Tinta María, representantes de Machacamarca, Poopó, Huanuni y el Choro, manifestaron que más de 40 comunidades de los cuatro municipios, de-mandaban ante las autoridades competentes, la declaratoria de Zona de Emergencia Ambiental en la cuenca Huanuni.

En este transcurso, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio climático, “comprobó” los daños ambientales causados por la actividad de más de 300 minas que operan en cuatro cuencas hidrográ-ficas del Departamento de Oruro y apoyó la petición social de declarar a la cuenca de Huanuni en “emergencia ambiental”, siendo el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CON-RADE), la instancia que tomará la decisión final sobre dicha declaración (El Diario, enero, 2009). Por su parte, Defensa Civil solicitó que todas las instancias que conforman el CONRADE (11 ministerios), hagan llegar sus respectivos informes técnicos que indaguen los daños en la produc-

204

El sector minero

ción agropecuaria, inseguridad alimentaria, contaminación ambiental, en salud, problemas en las cuencas y otros, a fin de emitir la resolución de declaratoria de emergencia ambiental, la que será enviada al Presidente de la República para su consideración.

En julio de 2009, el Viceministerio de Defensa Civil, informó que el Con-sejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CONRADE), había aprobado la resolución que declara como Zona de Desastre Ambiental a la cuenca del Río Huanuni, en Oruro, debido a la contaminación minera. De cualquier forma dicha Resolución del CON-RADE, tenía que ser homologada a partir de un Decreto Supremo.

El 21 de octubre de 2009, se aprobó el Decreto Supremo Nº 0335, por el cual declara situación de emergencia con aplicación en los municipios de Huanuni, Machacamarca, el Choro y Poopó del Departamento de Oruro. El objetivo de este decreto es facilitar la ejecución de obras, compra de equipos, servicios de capacitación técnica integral de trabajadores del sec-tor minero-metalúrgico”, aspectos que también figuran en el documento firmado entre la prefectura del departamento de Oruro y la APEMIN. Va-rias comunidades de la cuenca del Huanuni, que no habían estado afiliadas a la CORIDUP, manifestaron su interés de sumarse a dicha organización, en función al logro de la declaración como Zona de Emergencia de dicha cuenca y los posibles beneficios en favor de dichas comunidades que se desprenderían de dicha medida. El asesor legal de la CORIDUP, Félix Laime, sostuvo que antes de la promulgación del decreto, se convocó a muchos encuentros para la redacción del decreto ambiental, y que en estos eventos los operadores mineros, no participaron ni emitieron su opinión.

El mencionado decreto fue utilizado como en otras oportunidades, para atacar y tratar de desvirtuar las reivindicaciones SOCIO AMBIENTA-LES de la región afectada por la minería., es así que el controvertido di-rigente minero Jaime Solares, mencionó que se iba a pedir la derogación

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del decreto supremo que declara situación de emergencia a la subcuenca del Huanuni, de manera que no afecte a las fuentes de trabajo en la zona (El Diario, 2 diciembre 2009).

El 10 de noviembre del 2009, las comunidades de  la subcuenca Poopó contaminadas por la minería, exigían a las autoridades medioambientales expliquen el verdadero contenido del Decreto Supremo a los mineros de base, para que se entienda que no  perjudica a nadie: “Expresamos firme-mente que nuestra forma de trabajo es el diálogo y no la confrontación, en muchas reuniones, seminarios, encuentros los mineros han expresado que van a cuidar el medio ambiente, es hora de que pasen del discurso a los hechos. Y juntos cuidemos la Pachamama. Pedimos alerta general a los hermanos del agro de todo el departa-mento y del país para defender nuestro anhelo de tener nuestros ríos y tierras sanas de la contaminación minera”. Al respecto, voceros del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, aseguraron que el Decreto de Declaración de Zona de Emergencia no ponía en peligró las operaciones mineras cercanas a la subcuenca Huanuni, además de implementar estrategias en beneficio de ambos sectores (La Patria 10 diciembre 2009).

No obstante, la declaración de Huanuni como Zona de Emergencia, hacia fines del 2009, continuaba causando susceptibilidad entre los operadores mineros. Ante la supuesta amenaza de avasallamientos de minas con raíz en esta normativa. Se podría afirmar que las expresiones del Secretario General, Genaro Canaviri rayan en el cinismo, cuando manifestaba que un cierre total de las operaciones mineras en Oruro, puede generar un daño económico al departamento, porque generará despidos, paralización de proyectos de desarrollo, los cuales benefician a las comunidades rura-les, “pero con responsabilidad ambiental”.

La susceptibilidad y reacción adversa del sector minero en el departamen-to, no sólo se dio en contra de la declaración de la Zona de Emergencia, sino también en contra de las investigaciones realizadas por un equipo

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del PIEB, sobre el impacto de la contaminación minera en el Distrito de San José, en niños menores, proceso que arrojó resultados preocupantes, como era de esperar. Representantes de algunas cooperativas mineras, criticaron, “que mediante esos análisis, se satanice a la minería, tomando en cuen-ta que de muchos centros mineros salieron estudiantes intelectuales, en muchos casos mineros, que estaban de cerca en contacto con las aguas acidas y los desmontes de carga de mineral”. La crítica del Secretario de Seguridad Social de la Fe-deración Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Félix Loredo, se dirigió al protagonismo de algunas organizaciones no gubernamentales “que presentan estudios fuera de la realidad”. Dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras, cuestionaron “que las mismas comunidades chantajean a los operadores, cuando quieren implementar medidas de remediación ambiental, con la construcción de dique de colas que también implica uso de suelos”.

No es la primera vez que emergen este tipo de argumentaciones irres-ponsables e interesadas del sector minero, buscando minimizar e incluso justificar la contaminación minera, como un hecho llevadero y que no tendría mayores efectos.

Investigación científica en torno a la minería

Por otra parte, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), ejecutada por su Programa de Investigación Ambiental (PIA), con el apoyo de la Embajada del Reino de Dinamarca, impulsó el trabajo de ocho equipos de investigación bajo la Convocatoria “Contaminación Mi-nera en los Departamentos de Oruro y Potosí”. El propósito final de estas inves-tigaciones, fue el de incidir en políticas públicas para la Gestión Ambiental Minera, a través de la producción de conocimientos que den respuestas concretas a la prevención y mitigación de los efectos ocasionados por la contaminación minera en dichas regiones del país (PIEB-PIA, 2009).

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Entre los diversos proyectos impulsados por el PIEB, destacan los re-lacionados a las afectaciones a la salud ocasionados por la minería, por ejemplo, el diagnóstico de daño genotóxico en niños y madres de la ciudad de Oruro, expuestos a contaminación polimetálica, el cual trabajó con cerca de un centenar de binomios madre-niño(a), que viven cerca de la Mina San José en la ciudad de Oruro, y que propuso acciones de inter-vención comunicacional-educacional, para modificar actitudes y prácticas en relación al problema. Otras investigaciones se orientaron a la determi-nación de los efectos neurotóxicos de los metales pesados, en niños de 6 a 8 años, producidos por la contaminación ambiental y bio-acumulación, en la zona minera San José de la ciudad de Oruro, encontrando eviden-cia de neurotoxicidad en niños(as) de 6 a 8 años, que habitan en el ex Campamento Minero San José de Oruro. Según los investigadores, se encontró un menor rendimiento en el coeficiente intelectual y en las fun-ciones mentales superiores en 50 de aproximadamente 200 niñas y niños. En el proceso de estudio se aplicaron evaluaciones clínicas neurológicas, nutricionales y neuropsicológicas, como el Test de Luria, que mide las funciones cognitivas (PIEB, PIA, 2009). Estos fueron los resultados de los estudios, que motivaron el malestar del sector minero de la región.

También las investigaciones promovidas por el PIEB, apuntaron a otras situaciones, como el referido al costo ecológico de la Política Minera en Oruro y si los auges mineros constituyen un crecimiento empobrecedor o un desarrollo sustentable (Lopez, et al. 2009), en este caso el trabajo abarcó las subcuencas de Huanuni y Bolívar en el departamento de Oru-ro. Este estudio demostró la existencia de una franca contradicción entre la generación de ingresos y la degradación ambiental, dando lugar a una situación de descapitalización del stock natural, por cuanto los niveles de ingresos monetarios generados por la extracción minera, no tienen co-rrespondencia con los volúmenes de extracción, constatando una vez más

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que los niveles de presión sobre suelos y disposición de aguas en ambas cuencas es causante, de algún modo, de la reducción de suelos cultivables y los niveles de déficit de agua. La propuesta del equipo liderado por López (2009), incide sobre la necesidad urgente de incorporar nuevos indicadores que permitan el seguimiento y la regulación de las presiones de la actividad extractiva minera, sobre los ecosistemas.

Otras acciones derivadas de las investigaciones del PIEB y dirigidas a buscar soluciones potenciales a los problemas de contaminación, se re-fieren al proceso de tratamiento de las aguas residuales del Ingenio Ma-chacamarca, Oruro con el uso de “compost” y piedra caliza, con el obje-tivo de recuperarlas y reutilizarlas en el riego de cultivos y forestación (PIEB-PIA, 2009; boliviaminera.blogspot.com). Este proyecto denomi-nado “Thuska Uma”, busca la mejora la calidad del agua a través de las reacciones biogeoquímicas, es decir, sin el uso de reactivos sintéticos y sin la aplicación de energía externa.  En este método denominado pasivo, se obtiene el compost más adecuado para el tratado de aguas ácidas de minas, sobrepuesto a una capa de material alcalino (calcita), con lo cual se baja la toxicidad de metales pesados y aumenta el pH del efluente. El aporte de este estudio radica que en la técnica de recuperación, se emplea-rá material local y su costo será relativamente más bajo que los tratamien-tos activos. Se usan membranas orgánicas producidas de material animal, ganado ovino, que tienen características semipermeables.

Otro proyecto se realiza a partir de investigadores de la UTO y consiste en una Propuesta técnica, social, económica y ambiental para el trata-miento de sedimentos de los ríos, como alternativa de remediación am-biental y desarrollo local. La idea es recuperar el estaño fino diseminado a la intemperie, en las riberas de los ríos, procesarlo, comercializarlo y generar utilidades para el desarrollo de las comunidades afectadas por la minería.

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Otro equipo del metalúrgico de investigación se abocó a la búsqueda de “Tecnologías limpias aplicables a la explotación del oro”, con el objeti-vo de solucionar los problemas ligados a la pequeña minería aurífera en Oruro. Los investigadores plantean que es posible reciclar el mercurio y evitar su derrame a las fuentes hídricas. El estudio no se concentró en buscar los beneficios monetarios, sino más bien en una mejora del nivel de vida de las poblaciones.

Auditoria a Kori Kollo

Las acciones de Inti Raymi, empezaron a desarrollarse ya en los años 80 en ausencia de una Ley del Medio Ambiente, la cual fue aprobada el año 1992, y sus reglamentos varios años después. Aún con la nueva normativa en funcionamiento, la gestión ambiental se ha caracterizado de manera re-currente por una extrema debilidad y limitado alcance regulatorio. Todo esto ha hecho prever durante muchos años, que las operaciones de Inti Raymi pudieron generar considerables impactos acumulativos, situación previsible además, por el largo tiempo de las operaciones, la magnitud de estas y las grandes cantidades de sustancias reactivas contaminantes que se utilizaron.

El año 2009 quedó pendiente la auditoría ambiental a Inti Raymi, después de muchos retrasos y la fallida consultoría de la Empresa Dillon, respon-sable del proceso, y observada por la inspectoría a cargo de la UMSA (CEPA 2008, Ribera, 2008). A fines del 2009, el Viceministerio de Bio-diversidad y Medio Ambiente, realizó una nueva convocatoria quedando adjudicada la empresa PCA Ingenieros, la misma que fue observada por instancias de la CORIDUP, debido a la incorporación de profesionales en el equipo, que estuvieron relacionados directa o indirectamente al sec-tor empresarial minero y a la propia empresa Inti Raymi, asumiéndose el riesgo de parcialidad. A pesar de las observaciones de la CORIDUP,

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PCA Ingenieros se adjudicó la realización de la auditoría ambiental al proyecto “Kori Kollo”, en tanto que la empresa CONAM, era adjudicada como fiscal del proceso.

En marzo del 2010, CEPA observaba que existían muchos retrasos en la auditoria a Kori Kollo, por ejemplo la empresa consultora tenía que haber presentado y hecho aprobar la fase I de planificación. La aproba-ción final de la fase I de planificación debía estar lista hasta el 20 de mayo para iniciar de una vez con la fase II de campo. Se observaba además, que prácticamente, la autoridad ambiental departamental no tiene par-ticipación ni interviene en este proceso. Otras críticas se dirigían a que tanto la empresa auditora, como la empresa fiscalizadora y la autoridad ambiental, han realizado muy pocas acciones de difusión sobre el avance del proceso, existiendo una marcada falta de voluntad respecto a la socia-lización de información.

En junio del 2010, la Autoridad Ambiental Competente (VMABCC) en-tregaba los resultados de la fase I de planificación, con las observaciones que había realizado, así como las respuestas o justificaciones por parte de la empresa PCA. La CORIDUP y las instancias asociadas como CEPA, hicieron conocer su disconformidad con el enfoque y alcances de la pro-puesta de planificación, así como el hecho de que el VMABCC no había considerado las observaciones y preocupaciones que el CORIDUP había hecho conocer respecto del curso del proceso.

Desde La Liga de Defensa del Medio Ambiente, se veía con preocupa-ción que un proceso demandando por muchos años por la población local y regional, y que ya tuvo un perjuicio por la adjudicación anterior a una empresa que demostró insolvencia técnica, vuelva a mostrar indicios de no poder llegar a los resultados esperados y demandados. Ya es un hecho poco objetable, que la explotación de Kori Kollo por el consorcio Inti Raymi, donde la figura central fue la poderosa corporación transnacional

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New Mont (camuflada tras los testaferros nacionales como EMIRSA), significó una expoliación de la riqueza mineral de Bolivia, al amparo de un código minero absolutamente favorable a los intereses empresariales. Este inmenso daño económico a la nación aparentemente nunca será au-ditado. En la actualidad el sector minero especialmente insiste en querer seguir mostrando los supuestos beneficios sociales y económicos que dejó la explotación a la región, sin querer reconocer que fueron solo míseras migajas de la enorme riqueza que salió del país. La cruel paradoja de los países latinoamericanos como Bolivia, Perú o Ecuador, es que poblacio-nes campesinas locales, siguen viviendo en la pobreza, habiendo tenido en sus espacios comunitarios una inmensa riqueza que el Estado no supo administrar.

En junio del 2010, LIDEMA hizo conocer al CORIDUP sus observacio-nes sobre el informe de la fase de planificación de la auditoria elaborado por PCA. Entre los puntos más importantes destacan:

1. Relación entre los TDR y los vacíos o debilidades halladas en la planificación y estructuración del trabajo

Un elemento crítico es que las organizaciones locales poco pudieron lo-grar en términos de incidir sobre la estructura de los términos de refe-rencia (TDR), básicamente estos fueron ajustados entre la autoridad am-biental convocante y el consorcio adjudicado para realizare la auditoria. La parte afectada, en este caso, representada por la CORIDUP, no tuvo participación en el proceso y las recomendaciones de TDR enviadas a la autoridad ambiental, de acuerdo a información de la CORIDUP, no fue-ron tomadas en cuenta. La estructura y enfoque que presentó la propues-ta de planificación de la auditoria, tuvo estrecha relación con los TDR aprobados y convocados, los cuales presentaron una marcada ortodoxia y no contemplaban elementos innovativos actualmente en aplicación en los procesos de evaluación ambiental.

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2. Estructuración del equipo de trabajo y enfoque metodológico general

Este punto tiene relación directa con la estructura de los TDR aprobados, Se observa que la distribución de los estudios está inmersa en una visión de especialistas, es decir un enfoque sectoralista, fragmentado por espe-cialidades, que da lugar a una figura de estancos con escasa interrelación. El equipo planteado es un conjunto multidisciplinario a la vieja usanza. Cada especialidad veía lo suyo y se mencionaban solo en algunos casos, acciones de coordinación. Los procesos de consulta a nivel de quipo y acciones de trabajo grupal que deberían explicitarse, no figuraban o solo eran mencionados de forma superficial. De ninguna manera se percibió un enfoque transdisciplinario y holístico. De esta manera el resultado puede llegar a ser una suerte de “collage” de conocimientos dispersos, lo cual tendrá efecto en la calidad de los resultados.

No se percibió, ni se mencionaba, una línea integradora o vertebradora en el proceso de realización de los diferentes estudios, solo un trabajo de síntesis a cargo de la especialidad de Evaluación Ambiental. Esta “espe-cialidad”, u otra similar con carácter de coordinación general, mas que ser un “sumidero” de los resultados, debía ser una suerte de paraguas or-denador, brindando un marco organizador al conjunto de especialidades. Es posible que dicho esfuerzo final de la especialidad de Evaluación Am-biental sea insuficiente y poco eficaz por la gran cantidad de información a ser sistematizada y organizada para los resultados finales y dictámenes. De esta forma, persiste el riesgo de que el esfuerzo, desemboque en un mero ejercicio académico, puesto que en ningún momento las metodolo-gías descritas prevén espacios de coordinación y diálogo, ya sea con las autoridades ambientales o las organizaciones sociales.

3. Consultas y participación social

La metodología propuesta para la auditoria, fue evidentemente de alto nivel técnico y tecnológico, especialmente en cuanto el despliegue de soft-

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wares especializados, sin embargo en ninguno de los casos (“especialida-des”), se observaron procesos de interacción con otros actores, en rea-lidad, la interacción entre los especialistas incluso fue mencionada muy superficialmente y solo en algunos casos (p.e. ecotoxicología-biología). De esta manera, no se definieron actividades de consulta en talleres o re-uniones con expertos o especialistas fuera del equipo, tampoco se mencio-naron talleres con las organizaciones sociales o comunidades de la zona afectada y la región. La única fase de consulta con la población local se preveía en el trabajo del especialista en “sociología-economía-antropolo-gía”. Ni el biólogo, ni el hidrólogo, ni el toxicólogo, es decir nadie del equipo, preveían una fase formal de consulta y diálogo con los pobladores locales o líderes de las organizaciones sociales. Solo se hacía referencia a los cientos de reclamos y denuncias existentes, como una fuente de infor-mación anexa y circunstancial.

4. “Especialidad” biología: inventarios

La ausencia de líneas base (a diferencia de otros aspectos como calidad de agua o suelos, que figuraban en los monitoreos iniciales de Inti Raymi), hacía que las actividades planificadas de inventarios y muestreo de grupos de animales y plantas, sea un muestreo actual sin posibilidades de alguna comparación con el escenario original, salvo en el caso de la estructura de la vegetación, donde través de imágenes satelitales multi-temporales, se pueden inferir los cambios. Es posible que la estrategia de trabajar solo con indicadores (p.e. anfibios), pueda mostrar indicios del impacto de contaminación, sin embargo es una metodología con alto rango de incerti-dumbre. El especialista no consideró la posibilidad de indagar en el cam-po del saber perceptual o percepción local, sobre la presencia-ausencia de especies de plantas y animales, o variaciones cualitativas de abundancia, en los escenarios pre-impactados por la minería (p.e. hace unos 25 años) y periodos sucesivos. Ciertamente, también existiría un elevado rango de

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subjetividad y de incertidumbre al usar esta información referencial, sin embargo es una herramienta que de alguna forma podría permitir algunas inferencias sobre las composiciones bióticas originales pre-explotación.

5. Superficialidad en el tratamiento salud humana

En la especialidad Salud Humana, el planteamiento metodológico fue no-tablemente más pobre y general, que en el resto de especialidades, lo cual llamaba la atención, considerando que es una de los aspectos que mas preocupación ha suscitado en relación a la contaminación minera. Al con-trario, el desglose metodológico en la especialidad Salud Animal es muy contrastante por el detalle y especificidad, además de considerar diver-sos análisis de laboratorio. No se mencionaba una interacción específica con el especialista en ecotoxicología ni el sociólogo-economista. Por una parte, se mencionaba que los análisis clínicos solo se realizarán en casos estrictamente necesarios, pero en las respuestas a las observaciones de la AAC, se excluye la realización de análisis de muestras humanas por el ele-vado costo que ello supondría. No hay claridad al respecto. En el caso de la especialidad Salud Animal, no se mencionaron evaluaciones específicas en las zonas y ranchos donde se denunció el nacimiento de animales con deformaciones.

6. Debilidad en el enfoque y alcance de “especialidad” derecho ambiental

En relación a la especialidad Derecho Ambiental, a pesar de su impor-tancia en la problemática de Kori Kollo, la argumentación y desglose de alcances es comparativamente pobre al resto de especialidades, y se con-centra especialmente a verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, lo cual puede recién ser aplicable a partir de mediados de los años 90 (cuanto se aprueban los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente y sus instrumentos). No se menciona un análisis legal en torno al efecto generado por el código minero aprobado en el gobierno de G.

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Sánchez de Lozada en las relaciones tributarias imperantes a lo largo de la explotación de Inti Raymi y que significaron la expoliación del recurso mineral, así como lo misérrimo de la compensación para el país y la región.

7. Enfoque de la “especialidad” sociología.- economía-antropología

Se observó que las encuestas eran demasiado extensas y abordando temas generales del perfil productivo y socio económico local y regional, pero con poco énfasis en preguntas concretas referidas a los impactos en los medios de vida y la salud humana y animal. Se observó una cierta tenden-cia a tratar de poner en relevancia los aspectos de oferta de servicios de salud en la zona en función a las postas de salud, en general, instaladas por la fundación Inti Raymi, cosa que no dejó de llamar la atención. Se observó además, que no se menciona un análisis crítico de las repercusio-nes económicas finales del proceso expoliativo en términos de la pérdida de oportunidad económica futura del recurso mineralógico expoliado.

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La Patria: www.lapatriaenlinea.com

Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental competenteAMDEOR Asociación de Municipios de OruroAPEMIN Asociación de Productores y Empresarios Mineros CEPA Centro de Estudios Andinos CEPA Centro de Ecología y Pueblos Andinos CODERIP Comité de Defensa del PilcomayoCORIDUP Coordinadora de los ríos Desaguadero, Lagos Uru Uru y PoopoCOMIBOL Corporación Minera de BoliviaPIEB Programa de Investigación Estratégica de BoliviaCONRADE Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de DesastresDAA Declaratoria de Adecuación Ambiental DAR Drenaje Acido de RocaDIA Declaratoria de Impacto Ambiental DS Decreto SupremoFA Ficha AmbientalFENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas Mineras LA Licencia Ambiental LIDEMA Liga de Defensa del Medio AmbienteMEDMIN Medio Ambiente, Minería e IndustriaOIT Organización Internacional del TrabajoPIA Programa de Investigación AmbientalPIEB Programa de Investigación Estratégica de BoliviaPPM Programa de Prevención y Mitigación RAAM Reglamento Ambiental de Actividades Mineras RPCA Reglamento de Prevención y Control AmbientalRGGA Reglamento General de Gestión AmbientalUTO Universidad Técnica de Oruro

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Río Sora Sora con aguas muy ácidas y visible contaminación por sulfuros. Foto M.Ribera LIDEMA

Río Japo en la cuenca alta fuertemente contaminado por aguas ácidas. Foto M.Ribera LIDEMA

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El río Japo sigue contaminado en la parte baja hacia su desembocadura al Lago Uru Uru. Foto M. Ribera LIDEMA

El río Japo sigue contaminado en la parte baja hacia su desembocadura al Lago Uru Uru. Foto M. Ribera LIDEMA

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Agua de kopajira en la cuenca del Lago Poopo, sector noreste. Foto M. Ribera LIDEMA

Los pasivos ambientales tienen presencia predominante en Oruro. Foto M. Ribera LIDEMA

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Típico paisaje muy degradado por la minería en la cuenca del río Japo. Foto M .Ribera LIDEMA

Intensa degradación de los ecosistemas de los valles aluviales en torno a los ríos afectados por la minería. Cuenca Japo. Foto M. Ribera LIDEMA

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Operaciones artesanales de relaveros en las cuencas aumentan el nivel de impacto a las cuencas. Foto M. Ribera LIDEMA

El deterioro de las terrazas ribereñas por la minería es intensa. Foto M.Ribera LIDEMA

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PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL MINERA EN LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO

ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010

Estado

De acuerdo a Rodríguez (2009), la actividad minera en el Departamento de Potosí se desarrolla con mayor intensidad en la cuenca alta del Pil-comayo, como en la cuenca del Atocha-Tumusla, hacia el sur del depar-tamento, vale decir a lo largo de toda la gran faja polimetálica, donde se explotan yacimientos de complejos de plomo-zinc-plata por minería subterránea. En el entorno de la ciudad de Potosí, vale decir en la cuenca superior del Pilcomayo, la empresa privada Pailaviri y más de 30 coopera-tivas pequeñas, que están arrendando el derecho de explotación de la con-cesionaria estatal COMIBOL, extraen entre 1.300 y 1.800 toneladas de material por día. Las cooperativas realizan la mayoría de sus operaciones a mano y con la ayuda de explosivos, mientras que la empresa Pailaviri cuenta con equipamiento mecanizado. El mineral extraído es procesado en 42 ingenios situados alrededor del área de la ciudad de Potosí, con una capacidad total instalada de aproximadamente 2.400 toneladas por día, de los cuales solamente 28 funcionan regularmente. El agua necesaria para el procesamiento de los minerales en los ingenios, proviene de embalses situados en las altas cuencas de los cuatro ríos de la ciudad de Potosí.

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Existe una marcada competencia con la demanda ciudadana, especial-mente en la época seca.

El estado actual de la cuenca alta y media del Pilcomayo, sigue marcada por la contaminación de emisiones mineras, activas y pasivas, esto a pesar del efecto mitigador y el supuesto abatimiento de la contaminación por el dique de colas San Antonio, que retiene efectivamente descargas de la Asociación de Ingenios, pero no cuenta con una planta de tratamiento de aguas. En tanto que existen varios ingenios (aprox.40%), que no son parte de dicha Asociación de Ingenios y que no vierten sus aguas residua-les al dique de colas, sino directamente a los afluentes de la parte alta del Pilcomayo, como es el caso del río Tarapaya. A esto se suma el tiempo de vida útil de dicho dique de colas (7 a 10 años), lapso que se va acortando de acuerdo a la intensificación de las operaciones mineras. El inmenso pasivo de San Miguel de responsabilidad de COMIBOL, no ha recibido ningún tratamiento mitigatorio y sigue afectando a pobladores de la ciu-dad de Potosí en expansión, en especial en la zona de Cantumarca, con graves afecciones a la salud.

De esta forma, el caso del Pilcomayo continúa siendo una de las proble-máticas SOCIO AMBIENTALES crónicas y más severas del territorio nacional.

En los últimos dos años se han reportado cambios en el río Pilcomayo, como del color de las aguas (mayor transparencia o menor turbidez) a la altura de Sotomayor y en octubre del 2009, se ha reportado el arribo de peces (sábalos) después de más de 20 años, un aspecto que debe ser estu-diado. A pesar del eventual optimismo de algunas autoridades del sector minero sobre la efectividad de la mitigación del dique San Antonio, los pobladores de las comunidades ribereñas siguen quejándose y denuncian-do afectaciones por contaminación, tanto a sus medios de vida como a la salud. Existen procesos de monitoreo periódicos realizados por algunas

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instituciones (p.e. Programa Pilcomayo), sin embargo los resultados no han sido dados a conocer de forma pública hasta el momento y persiste la incertidumbre.

Por su parte, la subcuenca del Atocha -Tumusla, sigue recibiendo fuertes cargas de contaminación producto de las numerosas operaciones mineras reactivadas; desde agosto del 2009 la marcada tendencia de recuperación de los precios de minerales, como la plata, zinc, plomo, estaño, ha in-cidido en la reactivación de varias operaciones mineras, especialmente cooperativizadas, las cuales pueden funcionar al límite del costo de pro-ducción y bajas utilidades, pero sin ningún tipo de medidas de control y mitigación ambiental (Rodríguez, 2009). Los efectos de la contamina-ción minera afectan a 18 municipios sólo en el departamento de Chu-quisaca. El sistema fluvial de la cuenca Pilcomayo, continúa recibiendo cargas contaminantes (aguas ácidas, afluentes de procesamientos y colas con metales pesados), tanto del subsistema norte (Tarapaya-Tasapampa) o cuenca alta relacionada a la minería de Potosí, como del subsistema sur (Atocha-Tumusla-Río Grande-Pilaya). Se asume que siglos de acumu-lación de metales pesados en los ecosistemas de playas y terrazas del río Pilcomayo y sus afluentes, han ocasionado un deterioro ambiental mayor en la cuenca, que sigue ejerciendo efectos negativos en la población hu-mana, en sus medios de vida, como cultivos y en la vegetación o la fauna.

De cualquier forma, de acuerdo a otras fuentes, la situación podría estar mejorando de algún modo. De acuerdo al Vicepresidente de Consejo De-partamental de Defensa del río Pilcomayo (CODERIP), Esteban Llanos, durante las gestiones realizadas para evitar la contaminación minera se lograron buenos resultados; sin embargo, aún falta que varias empresas mineras tomen conciencia sobre el tema, porque muchas de ellas no cuen-tan con los diques de cola. El dirigente de la CODERIP mencionó que, como resultado de las gestiones y presiones de la organización de la que

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El sector minero

es parte: “se evidencia la mejora de las aguas del río, donde ahora es posible obser-var peces y helechos del puente Méndez hacia abajo; incluso, añadió, el agua tiene mayor claridad”. (Correo del Sur, julio 2009), situación perceptiva, que sin embargo, no coincide con otras opiniones del mismo dirigente y de los pobladores de la cuenca en general, que siguen denunciando la contami-nación y afectaciones a la salud.

En concordancia con el anterior reporte, Romero (2009), menciona que en el presente periodo correspondiente a los años 2008 – 2009, se percibió una mejoría en la calidad del río Pilcomayo, con una mayor transparencia, observándose en visitas a la zona de Sotomayor, sobre el río Pilcomayo, que se están desarrollando algas y otras formaciones vegetales ribereñas, y se han detectado la presencia de animales, en especial de aves. Un he-cho aparentemente trascendental fue que en los primeros meses del 2009, en la comunidad de Sotomayor y alrededores, se pescó sábalo. Este pez había “desaparecido” de éstas comunidades, debido principalmente a la calidad de las aguas, contaminadas por metales pesados. Estos bioindica-dores, podrían ser interpretados como alentadores, porque estarían de-mostrando que el río Pilcomayo y sus afluentes se están recuperando, merced al efecto mitigador del dique de colas. Esta “mejoría” en la calidad del agua del río Pilcomayo y sus afluentes, no debería sin embargo, ser interpretada como si hubieran sido cumplidas las obligaciones ambienta-les con la sociedad civil. En todo caso, esto debería ser interpretado sólo como un principio del abatimiento de la contaminación (Romero, 2009), quedando la incertidumbre sobre si los niveles de metales pesados están realmente por debajo de los límites permitidos.

235

El sector minero

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236

El sector minero

Presión

A pesar de las aparentes reducciones de cargas contaminantes en el siste-ma Tarapaya de la cuenca del Pilcomayo a partir del dique de colas San Antonio, persiste la incertidumbre del riesgo ambiental por contamina-ción. En principio, porque solo una parte de las procesamientos mineros de la región (los ingenios de la Asociación), descargan sus aguas residua-les al dique San Antonio, existiendo otras operaciones que descargan di-rectamente a los afluentes del Pilcomayo. El sólo hecho de que las opera-ciones mineras, hayan seguido funcionando e incluso redoblando ritmos de explotación, para compensar las pérdidas por los bajos precios de fines del 2008 y la progresiva recuperación hacia el final del año 2009, nos hace suponer que las presiones de contaminación se han mantenido e incluso recrudecido, esto a pesar de las voces de optimismo del abatimiento de la contaminación. Es posible que en el sistema Tarapaya (hacia la cuenca alta en Potosí), el abatimiento de cargas de colas esté teniendo un cierto efecto positivo gracias al dique de colas San Antonio, pero de cualquier forma, esto podría ser muy parcial. Entre tanto hacia el sur, en el sistema Atocha-Tumusla, la situación estaría con tendencia a empeorar, a pesar del anuncio de las acciones de mitigación.

Según Esteban Llanos de CODERIP, en la cuenca alta del río Pilcoma-yo funcionan seis diques de cola, los cuales sólo detienen la parte sólida de los desechos mineralógicos que son echados al río, pero la contami-nación por los metales disueltos continúan afectando las aguas del río (por ausencia de una planta de tratamiento de aguas). “Dentro del proceso de flotación se disuelven varios minerales, muchos de ellos dañinos como el cadmio y el arsénico que están ingresando al río” (Correo del Sur, julio 2009). Por ejemplo en el municipio de Tacobamba hay cuatro ingenios que trabajan sin diques de colas, al igual que en Caiza D, donde la empresa minera Co-murana y otras cooperativas mineras en Don Diego, todavía contaminan

237

El sector minero

el río Pilcomayo. Se suman diversos ingenios en operación, los cuales no ingresan en el sistema de dique San Antonio y sus vertidos llegan al río de la Ribera. Tapia et al. 2009, cita a los diques Laguna Pampa I y II, ya en fase de cierre, como otros elementos de riesgo en la zona alta y próximos a la ciudad de Potosí. Únicamente en la zona de Cantumarca, la cantidad de desechos mineros tóxicos que los ingenios mineros tratan diariamente, es alrededor de 720 toneladas (Tapia, R. 2009/PIEB).

Es en extremo crítica la presencia del enorme pasivo de colas San Miguel, un pasivo que es responsabilidad de COMIBOL, que queda actualmente en el borde de la ciudad y pronto a quedar inmerso en ella, dado el cre-cimiento conurbano de las zonas de Cantumarca y aledañas. Forma una enorme meseta artificial de geomorfología caprichosa por los procesos ero-sivos, almacena en total más de cuatro millones de toneladas de materiales contaminantes con metales pesados, cuyos lixiviados son llevados a los ríos que alimentan el Pilcomayo en la cuenca alta, existiendo además una activa contaminación por polvo producto de los fuertes vientos de la época seca. Los resultados de elevada contaminación presentados el 2008 (Tapia. L, et al. 2008) permanecieron vigentes el 2009. Los daños a la salud en los residentes de dicha zona, pueden estarse manifestando en forma de metás-tasis estomacales, aunque faltan estudios concluyentes al respecto.

En relación al consumo de aguas contaminadas a lo largo de toda la cuen-ca, aún considerando que la concentración de metales pesados estuviera por debajo del límite permisible por la norma, existe un factor de riesgo, en función a la bioabsorción asociada a los cambios fisicoquímicos que ocurren en el organismo. Según Van de Ven y Sierra (2010), los metales pesados en el agua están unidos a coloides (partículas minerales y orgá-nicas en suspensión), debido al pH de los ríos de la región que tienden a ser básicos-neutros. Una vez en el tracto digestivo, el pH ácido estomacal hace que los metales se separen de las partículas en suspensión y así li-

238

El sector minero

berados sean biodisponibles para los organismos, sea humano o animal. Similar reacción se produce cuando los metales pesados forman sales re-lativamente estables en las aguas básico neutras (como es el caso del Pil-comayo) y se movilizan, cuando se dan cambios fuertes de pH (Moreno Grau, 2003).

Situación de Cantumarca y las colas de San Miguel Fuente: taPia. L, quintana, taPia. r, PenaiLiLLo, noViembre, 2008.

Cantumarca es capital del cantón del mismo nombre del Municipio de Potosí, se halla en la parte baja de la ciudad, a 7 Km. en el sector noroeste, a una altura aproximada de 3.700 m.s.n.m. Consta de dos áreas bien definidas, el antiguo poblado y la nueva urbanización que se halla al este del pueblo antiguo. Esta zona, se halla rodeada de fuentes de contaminación, puesto que al este se hallan los desmontes y hacia el oeste y norte, se encuentran instalados varios ingenios, sumándose a ello el polvo que se genera por el tráfico y descarga de minerales. Entre la nueva urbanización y el pueblo antiguo se tiene una población aproximada de 2.530 habitantes, lo que significa que actualmente en esta zona viven más de 500 familias. En sus partes colindantes se han instalado algunos ingenios para tratar minerales sulfurosos provenientes del Cerro Rico. Estas plantas tienen diferentes capacidades de tratamiento por día y generan fuentes de trabajo para sus habitantes.

También en estos sitios, se encuentran algunos depósitos de colas antiguas de diferente magnitud, siendo el más grande el de San Miguel que se halla cerca de Cantumarca. A ello se añade la presencia de los diques de colas de Laguna Pampa I y II, en proceso de cierre. Estas fuentes de contaminación minera están convirtiendo a la zona en uno de los sectores más contaminados del municipio, sin que hasta el momento las autoridades hayan puesto solución.

El funcionamiento de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí, dependiente de COMIBOL, ha generado residuos tóxicos mineros en el proceso de preconcentración y concentración del estaño, los mismos que fueron almacenados en el dique de colas de San Miguel hasta el año de 1985. Este dique se halla ubicado en la zona de Cantumarca, ubicada al noroeste de la ciudad de Potosí, cerca al Ingenio Velarde y al Río de la Ribera, y presenta dos acumulaciones marcadas: La primera ocupa una extensión aproximadamente de 18 ha. y fue destinada al almacenamiento de colas sulfurosas y la segunda es más pequeña con sólo una extensión de 2.58 ha. El material sulfuroso alcanza a 4.3 millones de toneladas y el material oxidado a 460.000 toneladas. Los diques ubicados en esta parte baja, generan agua ácida, así como lagunas ácidas con pH <2.0, mostrando de esta manera su carácter contaminador. Las aguas ácidas en épocas de lluvia fluyen en los ríos Korimayu y Ribera, además se produce el problema de la generación de material particulado por la acción del viento, que contamina los suelos circundantes, las viviendas de los habitantes de Cantumarca y por la acción de la lluvia, que actúa sobre estos polvos, el proceso de contaminación continúa.

239

El sector minero

Una mayoría de los ingenios mineros en la zona de Cantumarca es de reciente instalación, como resultado del alza de los precios de los minerales (plata, zinc, plomo, estaño y otros). Estos ingenios procesan complejos de plata, mediante la flotación diferencial de zinc-plomo-plata, empleando reactivos químicos de diferente naturaleza, en especial cianuro. Las colas del tratamiento de los minerales contienen residuos sólidos y efluentes alcalinos, que en conjunto tienen un pH de 9 a 10. Hasta el año 2004 los ingenios mineros descargaban sus colas de proceso de manera directa, sin ningún tratamiento al río principal de la Ribera.

El problema mayúsculo de esta acción radicaba en el hecho de que estas colas contienen enormes volúmenes de metales pesados como el plomo, zinc, cadmio y otros. Los ríos están contaminados por el escurrimiento de las aguas que corren de las colas de San Miguel, por las aguas servidas del matadero y los desechos de la cárcel, por ello, los pobladores manifiestan que el Río Huayna Mayu, con aguas grises de color metal, ya no sirven ni para la construcción.

Otro elemento de riesgo en la parte alta de la cuenca, proviene de las ope-raciones de San Bartolomé (consorcio COEUR DÁLLENE-MANQUI-RI), que a pesar de la tecnología de punta utilizada (dada a conocer por una costosa campaña mediática), sufrió el derrame de un ducto de colas, cuyos resultados no fueron dados a conocer públicamente, permanecien-do la incertidumbre sobre los daños ocasionados.

Mientras tanto, en el sistema minero del sur de Potosí, COMIBOL rea-lizó actividades mineras en las décadas 70 y 80, dando como resultado grandes montañas de pasivos ambientales, los que no fueron cubiertos tal como dice la norma ambiental, por lo que los deslaves, durante las épocas de lluvia, han sido siempre una amenaza constante, para el río Atocha primero, y en secuencia aguas abajo al Tumusla, Grande y San Juan del Oro, todos ellos afluentes del río Pilcomayo. En el año 2005 se cubrió uno de los pasivos más grandes con el apoyo de Cooperación Danesa (pasi-vo de Atocha) y se tenía previsto continuar el 2006 con otras zonas. Sin embargo, no se tiene conocimiento de la realización de dichos proyectos (Rodriguez, 2009).

El estudio realizado por Apolonia Rodríguez de ASE-LIDEMA, en la Cuenca Atocha-Cotagaita-Tumusla, comparó los monitoreos realizados

240

El sector minero

en los años 2005 y 2008, arrojando los siguientes resultados (Rodríguez, 2009):

y La concentración en el punto Quechisla, sobrepasa los valores máxi-mos permisibles por el Reglamento en Materia de Contaminación Hí-drica de la Ley de Medio Ambiente (Nº 1333).

y Tomando como referencia los límites máximos permisibles del Regla-mento en materia de contaminación hídrica de la Ley 1333, se concluye que existe contaminación con Arsénico, Plomo y Antimonio en la zona de La Palca - Higuera, (Municipio de Cotagaita, Potosí).

y Existe contaminación en las aguas del río Tumusla, en la localidad de La Vidriera (2005), y en Palca Higuera (2008), donde resalta la conta-minación por plomo.

y En lo que se refiere a los sedimentos, en el río Tumusla, en la localidad de la Vidriera, (muestreo 2005) y en las muestras del año 2008, existe contaminación por arsénico.

y En las muestras de sedimentos del 2008 para dichos puntos, existe con-taminación por antimonio.

y Existen indicios de contaminación por arsénico, plomo y antimonio, en los ríos La Palca, Higuera y Quechisla, en muestreos del 2008. Es-tos resultados coinciden con un análisis antes y después del cierre del pasivo, donde se consideraron los estudios realizados en aguas de los mismos ríos (años 2000, 2004 y 2008).

y De todos los puntos evaluados, el punto más contaminado es el de los ríos La Palca e Higuera, seguido de Quechisla en el Departamento de Potosí.

y Existe contaminación por arsénico y antimonio en las muestras analiza-das para las zonas Camblaya (Chuquisaca), y Palca Higuera, Cotagaita y Quechisla (Potosí).

241

El sector minero

Chuquisaca es considerado un Departamento receptor de los contami-nantes del Pilcomayo, considerando dos regiones de flujo, una desde las cabeceras en la parte alta de Potosí (La ribera, Tarapaya) y otra, desde sus afluentes del sur (Tumusla-Camblaya.

Nuevas presiones en el 2010

A pesar de los problemas de contaminación severa ya existentes, los pro-ductores mineros de Potosí preveían un incremento en las exportaciones de los minerales a lo largo del 2010, debido a la recuperación en la cotiza-ción internacional y por tanto, en la dinamización de la actividad produc-tiva. Según la Presidencia de la Asociación de Ingenios Mineros de Poto-sí, la mayor actividad extractiva minera tendrá un repunte en el volumen y precio de las exportaciones de minerales que, a su vez, se traduce en beneficios económicos (Cambio, noviembre 2009). Esta nueva bonanza minera, significará sin embargo, mayores impactos ambientales de conta-minación a la cuenca, tanto por la intensificación de las operaciones, como por la consabida y asumida ausencia de medidas de control, mitigación y de fiscalización por las diversas autoridades ambientales.

La opinión generalizada en la parte baja de la cuenca, es que la presión de contaminación continúa fluyendo con regular intensidad, especialmente desde la parte alta de la Cuenca en Potosí, ello a pesar de las medidas de mitigación aportadas por el Dique San Antonio. Esto entraría en con-tradicción con las percepciones de que en alguna medida ha bajado la contaminación desde hace un par de años, al menos en relación a la carga de sólidos en suspensión (“río más claro”). De cualquier forma las con-centraciones de plomo en especial, podrían seguir altas y no por debajo del límite permitido por la norma, como sería de esperar. Es importante acotar que el río Pilcomayo presenta de forma natural, elevadas concen-traciones de ciertos elementos como arsénico o aluminio (Van de Ven y

242

El sector minero

Sierra G, 2010). Esto también ha sido descrito para otras cuencas, como la del Poopó (Quintanilla, et al. 2007).

Los muestreos y análisis realizados en la época seca del 2010, por las organizaciones ambientalistas SOPE (Potosí) y ASE (Chuquisaca), pa-recerían indicar una tendencia a la reducción de la contaminación por me-tales pesados (plomo, zinc, cadmio y arsénico) en la cuenca alta y media del Pilcomayo, pues las lecturas inicialmente muestran estar por debajo o cerca de los limites permitidos por la normativa ambiental. Sin embar-go las lecturas de sulfatos tienden a ser muy elevadas y por encima del límite permitido. Mientras que los niveles de carga de metales pesados y sulfatos, para la subcuenca Atocha-Cotagaita-Tumusla (cuenca media-baja del Pilcomayo), muestra valores muy elevados de cargas contami-nantes de metales pesados y sulfatos. Posiblemente, es todavía prematuro sacar conclusiones sobre la limpieza del Pilcomayo y sería aconsejable realizar otra serie de muestreos y análisis en la época húmeda, cuando son arrastradas importantes cargas sedimentarias. Los datos son de gran valía, pues mostrarían una tendencia a la reducción de concentraciones contaminantes (metales pesados), sin embargo deberían ser tomados con cautela, hasta que se realicen mayores investigaciones.

Respuesta

En los últimos meses del 2008 e inicios del 2009 (SOPE, 2009, R. Tapia com.per.), se suscitó una acción paradójica de intento de remediación de las inmensas colas San Miguel, lo paradógico radica que el “remedio fue peor que la enfermedad”. Esta situación se produjo por las acciones de la COMIBOL (oficina regional) para el traslado de 18.000 toneladas de colas desde el pasivo San Miguel hasta la zona de Agua Dulce. Dicho traslado carecía de planes autorizados por las Autoridades Ambientales Competentes del nivel nacional o departamental, no tenía Ficha ambien-

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tal u otros instrumentos ambientales o licencias respectivas, tampoco se aplicaba la tecnología de aislamiento o encriptamiento necesarias. Ni si-quiera la oficina nacional de COMIBOL estaba enterada de las acciones. El traslado se realizó a terrenos comunitarios alquilados por pobladores de la comunidad de la zona Agua Dulce, pero fue paralizado pues afecta-ba zonas de bofedales. Se desconoce la motivación para iniciar un proceso tan poco responsable, considerando además la enorme dimensión de las Colas San Miguel, cuya remediación respondería a un gran proyecto de remediación, con uso de tecnología de punta.

A lo largo del 2009, las respuestas o acciones de gestión para reducir y mitigar los impactos SOCIO AMBIENTALES de la minería en la cuenca Pilcomayo, fueron marcadamente magras, especialmente desde el apara-to estatal con responsabilidad directa en el tema, algo ya demasiado re-currente. La prensa en general, a diferencia de años anteriores, redujo notablemente su atención al tema del Pilcomayo. Tampoco se conocieron posicionamientos del sector académico sobre la problemática. En tanto que la posición de las organizaciones sociales fue de constante denuncia y reclamo, aunque con reducido efecto debido a la disminución del protago-nismo y fortaleza del CODERIP (Comité de Defensa del Río Pilcomayo). En marzo del 2010, una comisión de representantes de los municipios de Betanzos, Yotala, Yamparez e Icla (Departamentos de Potosí y Chuquisa-ca), que forman parte de la Cuenca del Pilcomayo y tienen amplios espa-cios afectados por la contaminación minera, se aproximaron a La Paz, con el fin de contactar, tanto con autoridades ambientales del Gobierno, como con instituciones de la sociedad civil como LIDEMA. También en dicha comisión estaban representantes de la CODERIP (Comité de Defensa del Río Pilcomayo) y la ONG PRODEC que apoya en temas de desarrollo municipal. El motivo fundamental de dicha comisión fue manifestar su preocupación ante la persistencia de la contaminación minera en la cuenca

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y sondear qué tipo de apoyo podían obtener. Considerando la magnitud de las operaciones mineras, principalmente en la parte alta de la cuenca (reactivadas debido a la recuperación de los precios de los minerales), la labor parcial de mitigación que realiza el dique San Antonio y los gran-des pasivos ambientales sin tratamiento, como las colas San Miguel de la COMIBOL, fue difícil dar muchas opciones optimistas a dicha comisión. Entre las preocupaciones comunes, volvió a emerger el hecho del limitado tiempo de vida útil del dique San Antonio, que además, sólo retiene colas y no cuenta con una planta de tratamiento de aguas. Una recomendación dada a la comisión fue realizar esfuerzos para fortalecer la participación social y la capacidad de denuncia, reclamo y negociación, siendo un ejem-plo interesante de análisis, el proceso de crecimiento y consolidación de la CORIDUP (Coordinadora del Río Desaguadero, Uru Uru y Poopó) en Oruro, la cual ha logrado aunar una visión común, plasmada en logros concretos, como el Decreto de Emergencia de la Cuenca de Huanuni-Sora Sora.

Los esfuerzos para el desarrollo de medidas de mitigación en la cuenca del Pilcomayo, fueron también muy limitados. Según Apolonia Rodríguez (2009), considerando la magnitud y complejidad de la actividad minera en Bolivia, es difícil formular una propuesta de mitigación, si no existen las condiciones dadas, como la voluntad política de las autoridades na-cionales, departamentales o locales, y de los concesionarios mineros. A pesar de las limitaciones expresadas, podrían existir algunos resquicios positivos, por ejemplo, las acciones de mitigación y remediación como las del dique de colas San Antonio y cierre de diques Laguna Pampa, en Potosí. Algunas empresas mineras medianas como SINCHI WAYRA, Grupo COMESAL y otras, habrían invertido en infraestructuras que han permitido que los lodos crudos provenientes de los ingenios mineros, tengan un tratamiento, general de precipitación de los sólidos en suspen-

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sión, que permite que los sedimentos más gruesos y densos se precipiten. Sin embargo, los materiales más finos se encuentran en el “agua clara” que es vertida a los diferentes ríos y otros cursos de agua, y esta agua todavía tiene en su composición diferentes concentraciones de metales pesados (Romero, 2009). Esteban Llanos, del CODERIP sugiere que es necesaria la creación de una planta de tratamiento de agua físico-químico después de los diques de colas: “Lo que queremos son acciones inmediatas para seguir frenando la contaminación” (Correo del Sur, julio 2009).

Llama extraordinariamente la atención que una Comisión de Medio Am-biente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, concluyó una inspec-ción al dique de Colas San Antonio, mencionando que “la contaminación del río Pilcomayo ha mermado a niveles que la Ley de Medio Ambiente califica como permisibles, en tanto que los ingenios mineros han empezado a adecuar su trabajo” (Correo del Sur, 17 diciembre 2009). Según voceros de dicha Comisión, “Se está contaminando menos, porque ahora el dique San Antonio se controla con tecnología de punta. Todavía resta controlar los pasivos ambientales; la contamina-ción que había hace cinco o seis años cuando había denuncias de malformaciones, se fueron controlando y ahora los desechos que vierte el dique de colas San Antonio están dentro de los límites permisibles que dicta la Ley 1333 (Medio Ambiente)”. Estas aseveraciones fueron en extremo antojadizas y muy poco responsa-bles, puesto que una conclusión tal, no puede emerger de una simple visi-ta de inspección y con poco conocimiento de la realidad del proceso, sino que tiene que estar avalada por al menos algunos análisis de laboratorio, mientras que, tampoco hay evidencias de una readecuación de las opera-ciones por muchos ingenios que no usan el dique San Antonio. Podemos considerar una intervención muy poco responsable en torno a un tema tan delicado. Mientas tanto, desde la organización ASE en Chuquisaca (Romero, 2009), se reclama la construcción de Plantas de Tratamiento de

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aguas, anexas a los diques de colas en la cuenca alta (Potosí), las cuales realmente puedan abatir los niveles de contaminación.

En relación a la subcuenca Atocha, se implementó en Chuquisaca el pro-yecto Impacto del Cierre de Pasivos Ambientales Sistema Minero del Sur en la Mitigación de la Contaminación Minera de las Aguas del Río Tumusla-Grande (Rodríguez, 2009) del cual se mencionaron algunos resultados en el apar-tado de presión. Este proyecto se desarrolló a partir de noviembre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2009, con el objetivo de realizar una eva-luación del impacto de las actividades de cierre del pasivo ambiental de Atocha (Telamayu) y el estado ambiental del la subcuenca del río Tumus-la. El trabajo consistió en identificar cuatro puntos de muestreo, tres en Potosí: Palca Higuera, Cotagaita y Quechisla y un punto en el Depar-tamento de Chuquisaca, situado en la comunidad de Camblaya Chica, correspondiente al municipio de Villa Abecia. Se tomaron muestras de aguas de río y de sedimentos en cada uno de los puntos. Los resultados fueron considerados junto a los límites máximos admisibles por las leyes y normas vigentes, tanto nacionales como internacionales. Las conclusiones de este estudio, se presentaron en el acápite referido a impactos. Según Apolonia Rodríguez, el impacto mitigador del cierre del pasivo ambiental de Atocha no ha sido efectivo para reducir la contaminación en la cuenca, debido a que existen otras fuentes contaminantes (otros pasivos no trata-dos) y diversas operaciones mineras reactivadas debido a la subida de los minerales, entre los años 2007 y 2008, hecho que significó que la actividad minera se reactivara e intensificara en toda la región. Entre las recomen-daciones de este estudio destacan: Que las autoridades competentes, ins-tituciones públicas como privadas, deben realizar una propuesta técnica coordinada, sobre los niveles máximos admisibles por norma, para los componentes ambientales como los sedimentos, ya que al no contar con una referencia técnica, existen errores en la interpretación de los resulta-

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dos de muestras de este tipo. Además se recomienda, la continuidad del monitoreo para la cuenca ya que en la actualidad no existe una institución que realice el proceso al futuro.

En general, las acciones de seguimiento e incidencia en torno a las activi-dades mineras por instancias de la sociedad civil, se han dado a partir de las organizaciones miembros de LIDEMA: SOPE (Potosí) y ASE (Chu-quisaca), así como de la Comisión Minera de LIDEMA. Estas institu-ciones o grupos de acción, reciben un pleno rechazo y hostigamiento por parte del sector minero, poco dispuesto a aceptar las responsabilidades ambientales de la contaminación en la cuenca.

El año 2009, se evidenció la dificultad para obtener información y acceso a las zonas afectadas por las operaciones mineras, por ejemplo en el de-rrame del ducto de colas del megaproyecto San Bartolomé, el consorcio COEUR DÁLLENE-MANQUIRI, negó una solicitud de inspección solicitada por la Organización Potosina SOPE, llegando incluso a no per-mitir las acciones de inspección previstas por la propia Prefectura y ale-gando que la relación de la empresa es con el Ministerio de Minería y no con la Prefectura del Departamento, un claro ejemplo del trato arrogante y falta de transparencia de la minería transnacional.

De acuerdo a Romero (2009), fueron vanos los intentos de conseguir información del monitoreo ambiental tanto de la Prefectura como de la Comisión Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo. La Prefectura de Chuquisaca realiza monitoreo en tres puntos de este departamento una vez al mes, durante todo el año, mientras que la Comisión Trinacional, cuya base ahora se encuentra en la ciudad de Formosa en la Argentina, también lo hace en un número más extenso de puntos de muestreo. Esta información no estaba disponible a fines del 2009, de ninguna de las fuen-tes mencionadas. Este hermetismo en cuanto a la provisión de informa-ción podría incluso ser interpretado como de falta de transparencia. Es

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realmente importante conocer los niveles reales de abatimiento de metales pesados y si éstos se encuentran por debajo de los límites permitidos.

Las acciones de investigación sobre impactos SOCIO AMBIENTALES de la minería se han enriquecido con el Programa de Investigación Am-biental del PIEB-PIA (Gutiérrez, 2009), que impulsó mediante el trabajo de ocho equipos de investigación en la Convocatoria “Contaminación Mi-nera en los Departamentos de Oruro y Potosí”. La agenda temática del PIEB, concertada en las dinámicas de mesas de trabajo, incluía las siguientes grandes líneas:

y Políticas públicas para la gestión ambiental (legislación ambiental, pro-cesos productivos de transformación, ciencia y tecnología, mecanismos de gestión ambiental).

y Conflictos SOCIO AMBIENTALES en la gestión de los recursos hí-dricos y suelos (fuentes de conflictos, gestión de conflictos, formulación de estrategias de prevención y resolución, inclusión de demandas).

y Políticas de salud y exposición a los riesgos de contaminación (fuentes de contaminación por metales pesados, diagnósticos de salud, seguri-dad ocupacional, percepción de riesgo sanitario, políticas publicas en salud ambiental, estrategias de comunicación y prevención).

y Tecnologías limpias aplicables a la pequeña minería (tratamiento de residuos y efluentes, mitigación de impactos, seguridad ocupacional, capacidades en ciencia y tecnología, normativa vigente).

El propósito final de estas investigaciones fue incidir en políticas públicas para la gestión ambiental minera, a través de la producción de conoci-mientos que den respuestas concretas a la prevención y mitigación de los efectos ocasionados, por la contaminación minera en dichas regiones del país. Uno de los equipos de investigación, indagó sobre las concep-ciones, actitudes y prácticas respecto a la contaminación minera y sus

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efectos en la salud de los habitantes de Potosí. Se abordó un enfoque de epidemiología sociocultural que atribuye las dolencias de los habitantes del Distrito Cuatro de la ciudad, a la elevada contaminación derivada de la actividad minera. El equipo de investigación propuso un plan de salud ambiental frente a la contaminación minera, con el fin de captar la aten-ción de la red de servicios de salud del municipio de Potosí, respecto a las patologías causadas por contaminación de metales pesados. Asimismo, dicha propuesta contempla la incorporación, en la formación de futuros profesionales en salud, de la temática de enfermedades ambientales y la profundización de los conocimientos de valores y actitudes subyacentes a los comportamientos de las poblaciones mineras.

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ANEXO

Problemática minera en potosi - resumen

Lourdes Tapia. 2009

Coordinadora Departamental de LIDEMA-SOPEFuente: inForme de estado ambientaL dePartamentaL 2009

La actividad minera pasa por varios procesos, la extracción, el tratamien-to y su comercialización. El proceso de industrialización es mínimo. To-das estas etapas generan impactos ambientales negativos de gran mag-nitud, debido al tipo de minería que se desarrolla. Probablemente los mayores impactos se producen con la generación de Drenaje Ácido de Rocas (DAR), que tiene lugar cuando los minerales ricos en sulfuros, de los desmontes y colas de ingenio, sufren una exposición al oxígeno del aire y al agua, para formar ácidos que disuelven los metales. Esta acción es natural, pero la minería puede acelerar la velocidad para la producción de estas reacciones, cuyo destino final es la contaminación de los suelos y las corrientes de agua. Los diques que acumulan los residuos de los ingenios mineros son fuentes de generación importante de aguas ácidas, que tienen su efecto sobre las aguas superficiales y subterráneas, siendo la más afectada la vida acuática, ya que una combinación de aguas ácidas y metales pesados disueltos elimina todas las formas de vida, en especial del medio acuático. A su vez, las aguas contaminadas ocasionan el deterioro de los suelos.

Por otro lado, todos los procesos, el transporte, la trituración primaria, la molienda y en general el manipuleo de los minerales, produce grandes can-tidades de polvo que alcanza espacios y distancias de grandes proporciones, cubriendo el suelo y forma parte del aire que se respira; además, se asienta en las plantas, en especial en las hojas, provocándoles serios impactos.

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En los últimos años, el incremento de los precios de los minerales ha dado lugar a una intensificación del trabajo minero, sobre todo del Cerro Rico de Potosí y de otras minas que se encontraban cerradas, las mismas que fueron reactivadas aprovechando la coyuntura de los precios. En el si-guiente cuadro se puede ver la evolución de las cotizaciones para los di-ferentes minerales, en general, a partir del año 2003 se ha producido un aumento de los precios, especialmente en cuanto al estaño, antimonio, plata y plomo se refiere.

Cuadro 1: Cotizaciones Oficiales de los Principales Minerales Promedios Anuales (en Dólares Americanos)

AÑOSZINC ESTAÑO PLATA ANTIMONIO PLOMO WOLFRAM

L.F L.F. O.T. U.L.F. L.F. U.L.F.

2002 0,35 1,83 4,59 1875,00 0,21 31,54

2003 0,37 2,16 4,83 2369,81 0,23 39,96

2004 0,47 3,81 6,61 2761,55 0,40 51,79

2005 0,61 3,37 7,24 3361,72 0,44 106,25

2006 1,44 3,89 11,39 5034,97 0,57 150,33

2007 1,51 6,49 13,32 5490.45 0,15 160,00

2008 1,02 9,13 17,25 5967,21 1,15 160,00

Fuente: secretaría dePartamentaL de minería. PreFectura de Potosí

Pasivos Ambientales

En el departamento de Potosí, de acuerdo a información proporcionada por la COMIBOL, existen 24 depósitos de colas, 44 zonas de desmontes y 3 de residuos. Algo que llama la atención del informe presentado por COMIBOL, es el hecho de no haber tomado en cuenta el dique de Colas de San Miguel que se encuentra en la zona de Cantumarca de la ciudad de Potosí y constituye uno de los pasivos con mayor riesgo, por cuanto se encuentra ubicada dentro de una zona urbana de la ciudad de Potosí. Este enorme pasivo ambiental se acumuló en épocas pasadas cuando todavía

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no existía la Ley del Medio ambiente. Estas colas son residuos sólidos producidos por la antigua Planta de Flotación denominada Velarde, que trabajaba la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí, pertenecien-te a COMIBOL. Las características de estas colas son las siguientes:

y Área colas sulfurosas: 18.0 [ha] y Área colas de óxidos: 2.58 [ha] y Volumen estimado solo sulfuros: 4.3 [MTn.] y Tamaño de partículas: entre 0.5 [mm] y < 400 mallas (38 mm). y Contenidos de Sn = 0.79%, Ag = 133 g/Tn. y Otros metales: Cu, As, Sb, Pb, Zn, Bi, Si. y Compuesto por 5 plataformas donde se forman lagunas ácidas con pH < 2.0

De acuerdo a los estudios realizados por la SOPE y LIDEMA (2008), sobre la presencia de 12 metales en muestras de las colas tomadas en dos oportunidades, se ha establecido que la presencia de arsénico es muy elevada, así como el zinc, plomo y cadmio, que presentan valores altos. También se encuentra valores importantes de mercurio, selenio y cobalto. Además, por la mineralogía compleja del Cerro se dan otros componen-tes, como por ejemplo el cuarzo. A continuación se puede ver la presencia y los valores de diferentes metales.

Figura No. 1

Fuente: soPe - Lidema

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Las colas sulfurosas de San Miguel son varias acumulaciones que cubren un área aproximada de 25 hectáreas. No cuentan con sistemas de protec-ción contra la erosión eólica ni pluvial en las cinco plataformas distingui-bles. Estas contienen agua estancada, formando lagunas de agua ácida en los terraplenes; mientras que los laterales, en todo su entorno, muestran canales sub-paralelos generados por corrientes o rebalses de agua pro-ducidos durante los periodos de lluvia, generando cárcavas de distintas magnitudes (SOPE-LIDEMA, 2009). Según la Academia de Minas de Freiberg, la composición media de las colas de San Miguel, entre otros minerales, presenta 40% de pirita, 33% de cuarzo, 3% de sulfatos solubles en agua, y otros minerales en proporciones menores. La pirita que se halla en cantidades apreciables es el causante para la generación de agua ácida.

Otro pasivo ambiental que existe en la ciudad de Potosí, son los diques de colas Laguna Pampa I y II, de propiedad de la asociación de inge-nios, que se encuentran también en la zona de Cantumarca, pero que ya cuenta con un plan de cierre en plena ejecución. Los pasivos ambientales tienen impactos en el agua, suelos y aire, los mismos que repercuten en la producción agropecuaria y en la salud de la población. Pero además los pasivos ambientales y la minería en general, tienen impactos en los ecosis-temas y paisajes que tienen potencial turístico, lo que puede repercutir en la disminución de las actividades de turismo.

Una de las amenazas más importantes de la presencia de diques y des-montes, es cuando producto de lluvias intensas, se producen arrastres de colas del cuerpo de los diques,hacia las viviendas aledañas o a los cursos de ríos cercanos. Las lluvias van erosionando el cuerpo del dique y pro-vocan el arrastre de colas hacia las viviendas; incluso ingresando a ellas, generando pérdidas económicas y serios impactos en la salud de la pobla-ción afectada.

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Al ser la mayoría de los pasivos del departamento de propiedad de CO-MIBOL, la respuesta tendría que venir de esta instancia; sin embargo es muy poco lo que se ha avanzado en este tema. Gracias al apoyo financie-ro de DINAMARCA, COMIBOL ha encarado los siguientes proyectos: Remediación del dique de colas Tatasi, Control y mitigación ambiental de los diques de colas Telamayu, Santa Ana, Chocaya y Tasna Buen Re-tiro. Sin embargo, no se tiene información de los resultados de dichos proyectos. El tema de las colas de San Miguel hasta la fecha no ha sido solucionado, pese a que constituye uno de los más peligrosos, debido a su ubicación. La Sociedad Potosina de Ecología, la Liga de Defensa del Medio Ambiente y el Programa de Investigación Estratégica para Bolivia (PIEB), están demandando la solución a través de gestiones con el Comi-té Cívico Potosinista, para exigir la pronta solución a este problema, que no sólo está afectando a la población de Cantumarca, sino a toda la ciudad de Potosí. Hasta la fecha, ya se ha realizado una reunión con presencia de COMIBOL, Prefectura, Comité Cívico, SOPE-LIDEMA, PIEB, ve-cinos y organizaciones sociales, habiéndose impulsado la creación de un Comité Interinstitucional que trabajará específicamente en la solución al problema de las colas de San Miguel.

Por otra parte, las autoridades competentes no tienen la suficiente ca-pacidad de exigir a COMIBOL la solución al problema de los pasivos, a ello se suma la resignación de los afectados, que se han acostumbrado a vivir en ese medio, y que ante la indiferencia de las autoridades, ya no exigen soluciones y menos sus derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación.

En relación a los diques de colas Laguna Pampa I y II, la Asociación de Ingenios ha elaborado un plan de cierre, el mismo que se encuentra en plena ejecución y contempla las siguientes fases: Control de filtraciones y construcción de los sistemas de drenaje necesarios, tratamiento de es-

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tabilización en los pies de talud en sectores inestables, construcción de cuerpos de reforzamiento y/o regulación, remoción y transportes de colas desde los diques auxiliares, tratamiento de estrangulamiento del área de embalse y recubrimiento del mismo, encapsulamiento en los taludes con-formados en colas y cobertura de la superficie de embalse, tratamiento de rehabilitación ambiental del área de la operación, construcción del sis-tema de drenaje superficial, control y monitoreo. Por tanto, la respuesta por parte de la Asociación de Ingenios, ha sido positiva en la mitigación ambiental a partir de los diques de colas Laguna Pampa I y II.

Gran Minería

El proyecto San Bartolomé que opera en el Cerro Rico de Potosí, está constituido por la empresa minera MANQUIRI, en consorcio con la transnacional COEUR DÁLLENE-MANQUIRI y en sociedad de ries-go compartido con siete cooperativas. La planta está ubicada en la zona Morado Punta y el dique de colas en el Valle Martínez. Entre algunos de sus objetivos figuran la producción y comercialización de plata metálica y concentrados de estaño a partir de recursos mineralógicos secundarios de baja ley (colas, relaves y pallacos) es decir vía tratamiento de pasivos, que existen en los alrededores del Cerro Rico, y no afectar la estructura física del Cerro ni su perfil estructural, contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental de Potosí y sus áreas circundantes, que están muy de-terioradas por la acumulación de pasivos ambientales. A la fecha vienen desarrollando sus labores pese a las constantes denuncias de afectación a la roca dura del Cerro a partir de sus actividades.

Según la empresa, el proyecto generaría impacto positivo al departamen-to a través de mayores ingresos por concepto de regalías mineras, genera-ción de empleos y apoyo al desarrollo con diferentes proyectos implemen-tados por la fundación, creada para tal efecto. Sin embargo, la generación

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de empleo es mínima, alrededor de 300 trabajadores, de los cuales hay un número importante de técnicos extranjeros, pues la empresa sostiene que necesita personal altamente calificado, y si bien ha contribuido a la dina-mización de los servicios en la ciudad, esta situación es temporal como ocurre siempre con este tipo de proyectos.

El 17 de junio del 2009, un ducto de la Empresa Minera Manquiri que opera en el Cerro Rico, sufrió un desperfecto en una de las juntas de trazo, supuestamente por las bajas temperaturas que se presentaba en la zona. Dicho ducto transportaba agua proveniente del dique de colas de esta Empresa, para el tratamiento en la planta. Según denuncias de los comunarios de la zona de San Sebastián y Jesús de Machaca, estas aguas ingresaron al canal que viene de la Laguna Pati Pati, hasta San Sebastián, las lagunas del Kari Kari y las poblaciones aledañas al proyecto. Sin em-bargo, el superintendente de Medio Ambiente de la Empresa Manquiri, desestimó cualquier tipo de contaminación por esta causa, porque es agua de circulación de proceso y no sería agua de colas. Sin embargo, el Ge-rente de AAPOS, manifestó que existía contaminación con cianuro libre en la indicada laguna y por este motivo se decidió cerrar ese reservorio de agua en forma total o temporal, por el lapso de 3 meses o el tiempo nece-sario, para la completa volatilización del cianuro. Por su parte la SOPE - LIDEMA (2009), realizó un monitoreo después de más de un mes de producido el problema de la supuesta contaminación, habiendo estable-cido que no existe contaminación por sólidos suspendidos o sulfuros y sólo en una muestra se encontraron valores elevados de SDT (sólidos disueltos totales); sin embargo, es necesario realizar un control periódico y mayor fiscalización al trabajo de la empresa. Según los pobladores de comunidades vecinas y barrios cercanos al centro de operaciones, existe intensa generación de polvos y ruidos y se estarían contaminando el siste-ma de lagunas artificiales que provén agua a los barrios altos de la ciudad.

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Según la autoridad competente departamental, éste es el tercer accidente de este tipo. Además las actividades mineras que se desarrollan en torno al cerro emblemático, se estarían realizando arriba de la cota 4.400, afec-tando roca dura, lo cual hace que su estabilidad física se vea seriamente comprometida. El proyecto San Bartolomé constantemente ha afirmado que no afectará la roca dura, sin embargo, las entidades cívicas y sociales del departamento, incluso autoridades departamentales, en varias inspec-ciones han constatado que se está afectando la estructura del Cerro, por lo cual se ha pedido al gobierno que ordene cesar operaciones por encima de la cota 4.400, porque es el sector de mayor riesgo. Por esta situación el proyecto San Bartolomé se constituye en una amenaza y un problema social, que en momentos ha desencadenado conflictos, debido a las di-versas movilizaciones en defensa del Cerro. En relación a la afectación de roca dura, el gobierno ha ordenado a la empresa paralizar los trabos por encima de la cota 4.400 y retirar su maquinaria pesada. Por su parte la empresa movilizó a sus trabajadores reclamando la permanencia de MANQUIRI para preservar sus fuentes laborales, de igual manera se pa-san spots televisivos con empresarios potosinos que prestan sus servicios a la empresa y manifiestan el apoyo que el proyecto realiza a sus empresas y la gran generación de beneficios laborales.

A su vez, el Ministerio de Minería ha conformado un Comité Insterins-titucional para el Estudio Geotécnico del Cerro Rico conformado por el Ministerio de Minería y de Culturas, Prefectura de Potosí, COMIBOL, Alcaldía de Potosí, Universidad Tomás Frías, SERGEOTECMIN, Em-presa MANQUIRI, FEDECOMIN, COD Y SOPE, todas excepto las dos últimas aportan económicamente para el estudio.

Ante el incidente de la mencionada ruptura del ducto del dique de colas de la Empresa San Bartolomé, en el trabajo realizado por la SOPE–LI-DEMA (2009), se pudo conocer que la Secretaría de Recursos Naturales

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y Medio Ambiente, habían establecido que ya en tres oportunidades se produjeron incidentes similares, habiendo realizado las recomendaciones correspondientes, pero al no haber sido atendidas esta Secretaría, pro-cedió a sancionar a la empresa con el 3 x 1000, sin embargo, la empresa recusó esta sanción arguyendo que la licencia fue otorgada por el Minis-terio de Minería, por lo tanto era esa la instancia que debía proceder con cualquier sanción. Esto nos muestra las limitaciones que tienen las autori-dades departamentales frente a instancias nacionales. Por su parte, los co-munarios se ven limitados en su accionar, puesto que ellos o sus familiares pueden ser trabajadores de la empresa, lo cual muestra el poder que tiene la empresa sobre los afectados a partir de la prebenda de la fuente laboral.

Los megaproyectos, como San Bartolomé en la ciudad de Potosí o San Cristóbal en el Sudoeste potosino, han sido diseñados para operar mine-ral con leyes muy bajas, por lo tanto requieren remover enormes cantida-des de tierras diarias para que sea rentable, por lo que el uso de reactivos químicos también aumenta en la misma proporción que la cantidad de mineral procesado. Por ejemplo, en el uso del cianuro de sodio que se emplea como depresor en el tratamiento de los minerales complejos de zinc, plomo y plata, se requiere aproximadamente 50 gramos para tratar una tonelada de mineral crudo, lo que significa que para 10.000 toneladas de mineral a tratarse se usará media tonelada de este compuesto químico venenoso. (PIEB, 2009).

Ingenios mineros

En el último período las condiciones de trabajo minero han cambiado, pro-ducto probablemente, del tipo de mineral que se explota, que a su vez tiene relación directa con el tipo de reactivos que deben utilizarse en el tratamiento de los mismos, en las plantas de concentración de minerales, y la tecnología en la construcción de equipos para ingenios mineros que ha

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generado grandes expectativas para el tratamiento de menas de bajo con-tenido mineralógico. Este tipo de trabajo de los ingenios mineros, generan desechos tóxicos muy peligrosos, que salen al entorno físico y ocasionan contaminación ambiental; que puede durar mucho tiempo, causando efec-tos severos en la salud de la población que habita en áreas circundantes a estas plantas. Por otro lado, en el tratamiento de los complejos de zinc, plomo y plata, como se encuentran en estado de sulfuros, los residuos pro-ducidos en el ingenio, contienen estos metales pesados, pero además como esta materia prima cruda es poli metálica, tiene también otros componen-tes que pertenecen a esta serie, como el cromo, arsénico, cadmio y otros, que en conjunto constituyen un material con grandes volúmenes y concen-traciones de contaminantes, que merecen mucha atención, sobre todo en lo que respecta a los efectos que puede provocar especialmente en la salud de las personas, la biodiversidad y en la calidad ambiental en general.

Las cantidades de reactivos químicos que emplea cada ingenio para tra-tar una tonelada de mineral, son variables y se encuentran en relación a los tipos de minerales que tratan, sin embargo, es de destacar el empleo del cianuro de sodio, que es un reactivo altamente contaminante y muy peligroso, si no se toman en cuenta las normas para su adecuado manejo. El resto de los reactivos empleados, asimismo, son contaminantes, cuya acción en el medio ambiente es muy agresivo.

La construcción, instalación y operación de los ingenios mineros en el departamento y principalmente en la ciudad de Potosí, además de generar niveles elevados de contaminación en el aire, suelo y agua, destruyen los recursos culturales, históricos y sitios religiosos indígenas y sobre todo afectan la salud de las personas que van ingiriendo los contaminantes pro-ducidos por los ingenios, por diferentes vías.

La Asociación de Ingenios aglutina a 32 ingenios mineros de los más de 40, que están operando en la ciudad de Potosí, los ingenios que no son

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parte de esta asociación no están mitigando la contaminación de aguas. Esta Asociación actualmente utiliza el dique San Antonio para el depósito de sus colas, el mismo que en cierta medida ha mitigado la contaminación del río Pilcomayo. Sin embargo, los otros ingenios aún están aportando a la contaminación de aguas, sin que la autoridad competente pueda incidir para evitar esta situación.

Por otro lado, la asociación de ingenios ya se encuentra ejecutando el plan de cierre de los diques de colas Laguna Pampa I y II, por cuanto en un corto tiempo se estaría dando solución a la contaminación por este pasivo de los ingenios. Los ingenios no están cumpliendo con sus medidas de mi-tigación en relación a la generación de polvo y ruido, situación que no es controlada por las autoridades competentes, pese a los constantes recla-mos de vecinos; ya que la mayoría de los ingenios se encuentran asentados en zonas urbanas de la ciudad de Potosí.

Cooperativas

En el departamento de Potosí existen cooperativas mineras que de un tiempo a esta parte, se convirtieron en empresas mineras, son dueños prácticamente de todos los parajes de minas, tienen concesiones mineras, están trabajando en las fases de exploración y explotación. En la ciudad de Potosí operan alrededor de 48 cooperativas, 36 en el área urbana y 12 se hallan ubicadas en el área rural. La entidad que las agrupa es La Fede-ración Departamental de Cooperativas Mineras.

Con el auge y posterior recuperación de los precios de los minerales los cooperativistas mineros, también han tenido su repunta económico, no se conoce con certeza la magnitud de la producción de minerales de estas cooperativas, pero se estima que en este último periodo de auge, alcan-zaron a explotar aproximadamente unas 4.000 toneladas/día de mineral

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de complejos, de las cuales, parte es procesada en los ingenios mineros y parte es vendida a los comercializadores.

La tecnología utilizada por las cooperativas es precaria e intensiva en el uso de mano de obra, los trabajos de quebradura selectiva y voladura son en base a dinamita. En las cooperativas es muy común el trabajo de niños, a quienes se les llama “Chivatos” y mujeres que trabajan en la mina, que separan el mineral se llaman “palliris”, las porteras son llamadas “guar-das”, quienes no deben abandonar las bocaminas. Los trabajadores de las cooperativas, prácticamente son explotados, no tienen instrumentos de seguridad industrial y tampoco gozan de los beneficios sociales, es así que el 70% de estos trabajadores carecen de seguridad social.

Los impactos negativos del trabajo de las cooperativas mineras al medio ambiente, se traducen en la contaminación de aguas, suelos, generación de polvos por las voladuras, el chancado de minerales y el traslado de es-tos, sin ninguna seguridad, a ello se suma la contaminación acústica que se produce en el proceso de la molienda y las voladuras de los explosivos.

La causa de los problemas ambientales es precisamente el tipo de trabajo intensivo que realizan las cooperativas mineras, sin la aplicación de nin-gún tipo de medida de mitigación ambiental. Las cooperativas mineras se han resistido a cumplir la Ley del Medio Ambiente de forma sistemática, arguyendo que son un sector con capitales muy reducidos, que no les permite implementar medidas de mitigación, situación que no se puede generalizar, puesto que muchos cooperativistas ahora son empresarios; sin embargo este sector es socialmente muy fuerte y combativo, por lo que las autoridades del Estado no tiene muchas posibilidades de controlar ni fiscalizar su trabajo.

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CEDLA: www.cedla.org

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Lista de siglas AAC Autoridad Ambiental Competente

ASE Asociación Sucrense de Ecología

AAPOS Administración Autónoma Para Obras Sanitarias

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CODERIP Comité de Defensa del Río Pilcomayo

CORIDUP Coordinadora Interinstitucional del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó

COMIBOL Corporación Minera de Bolivia

DAA Declaratoria de Adecuación Ambiental

DAR Drenaje Ácido de Roca

DIA Declaratoria de Impacto Ambiental

DS Decreto Supremo

FA Ficha Ambiental

FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas Mineras

LA Licencia Ambiental

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

MEDMIN Medio Ambiente, Minería e Industria

OIT Organización Internacional del Trabajo

PIEB Programa de Investigación Estratégica de Bolivia

PPM Programa de Prevención y Mitigación

PRODEC Programa de Desarrollo de Comunidades

RAAM Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

RPCA Reglamento de Prevención y Control Ambiental

RGGA Reglamento General de Gestión Ambiental

SDT Sólidos Disueltos Totales

SERGEOTECMIN Servicio Geológico y Técnico de Minas

SOPE Sociedad Potosina de Ecología

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Muchas operaciones mineras no envían sus residuos al Dique de colas San Antonio y contamina las aguas de la cuenca alta. Foto M. Ribera LIDEMA

El enorme pasivo San Miguel se encuentra ya en el radio urbano de Potosí y sus lixiviados van directamente a la cuenca alta del Pilcomayo. Foto M.Ribera LIDEMA

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ISAT del año 2009 que muestra la magnitud de las colas San Miguel en la ciudad de Potosí. Fuente google Herat

Las operaciones mineras en la cuenca alta del Pilcomayo y la subcuenca Tumusla se incrementaron notablemente el año 2009. Foto ASE

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Cierre del Pasivo de Laguna Pampa. Las medidas de mitigación como ésta son escasas. Foto M. Ribera LIDEMA

Cierre del Pasivo de Laguna Pampa. Las medidas de mitigación como ésta son escasas. Foto M. Ribera LIDEMA

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El sector minero

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DEL MEGAPROYECTO MINERO SAN CRISTOBAL

Estado

Al momento es uno de los megaproyectos mineros con mayores niveles de riesgo socio ambiental, al desarrollarse en una región del país, de extrema fragilidad ecológica y extremo déficit hídrico. San Cristóbal tiene una his-toria de explotación de los yacimientos de plata, que se remonta al siglo XVII. Varias operaciones mineras de explotación de vetas ocurrieron en la etapa republicana, procesos que se mantuvieron hasta mediados del siglo XX inclusive. En los años 80, la Empresa Yana Mallku explotó el yacimiento Los Toldos en la zona de San Cristóbal, tanto en veta como a cielo abierto; también el grupo minero EMUSA buscó explotar plata en la zona, a inicios de los años 90, pero desistió debido a los bajos precios del mineral.

La APEX SILVER MINES LIMITED, es una empresa transnacional estadounidense creada en 1996, con relaciones de sociedad con las com-pañías SUMITOMO, la controvertida NEW MONT y el WASHING-TON GROUP INTERNATIONAL (CEDLA, 2007). La ANDEAN SILVER CORPORATION, una compañía minera norteamericana con-formada en 1994, creó una sucursal en Bolivia el año 1995, la subsidiaria ANDEAN SILVER CORPORATION BOLIVIA LDC (sucursal Bo-livia), la que realizó prospecciones en San Cristóbal desde 1997, bajo el

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El sector minero

nombre comercial de MINTEC. La ANDEAN SILVER, desde 1995 y hasta inicios del 2000, figuró como operadora del Yacimiento San Cris-tóbal (aunque solamente era prospectora). El año 1996 la ANDEAN SILVER empezó a fungir como filial de la transnacional estadounidense APEX SILVER MINES, en función a transacciones empresariales. De esta forma, el yacimiento San Cristóbal en la práctica ya era propiedad de la APEX SILVER el año 1996, a partir de las operaciones de su filial la ANDEAN SILVER. Entre 1997 y 1998, la APEX realiza las tramita-ciones para obtener la titularidad final de la propiedad del yacimiento. El año 1998 el gobierno boliviano entregó la concesión a esa transnacional. El año 2000, es constituida en Bolivia la MINERA SAN CRISTÓBAL S.A. (MSC) como propiedad de la APEX SILVER, en tanto que la AN-DEAN SILVER CORPORATION BOLIVIA LDC (sucursal Bolivia) transfería, en dicho año, todas las concesiones mineras que poseía en el distrito San Cristóbal a su matriz, la APEX SILVER CO. (www.minera-sancristobal.com).

La inversión prevista en unos 725 millones de $US, correspondió a la APEX SILVER, con apoyo financiero de BARCLAYS CAPITALS y DEUTSCHE BANK. De esta cifra, 698 millones corresponderán a ac-tivos fijos e intangibles y 27 millones a capital de trabajo. En años poste-riores la empresa transnacional declaraba haber invertido más de 1.000 millones de $US en el megaproyecto.

La entrega del mega-yacimiento de San Cristóbal se realiza entre los go-biernos de Sánchez de Lozada y Banzer-Quiroga, en tanto que su explo-tación formal se inicia a fines del 2006, con resultados de exportación de concentrados el año 2007. El Gobierno actual recibe así, un indeseable re-galo neoliberal (puesto que la regulación del Estado fue en extremo débil y favoreció el proceso concesionario). Se puede suponer que el gobierno del MAS en la actualidad, no sabe qué hacer con el proyecto, habiéndose

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El sector minero

atenido únicamente al infundado beneplácito de la Prefectura de Potosí, del sector minero y del Ministerio de Minería, que siguen viendo a San Cristóbal como una “gran maravilla”.

Se puede observar una dinámica de elevada discrecionalidad de transfe-rencias de los recursos mineros nacionales, entre empresas transnaciona-les, además de las consabidas creaciones de “sucursales bolivianas” (como la “Minera San Cristóbal”-MSC), que actúan como testaferros de los ca-pitales y los negocios internacionales.

Desde 1998 hasta fines del 2008, la APEX SILVER-MSC desarrollan el megaproyecto minero, con una propiedad accionaria del 65%, quedando hasta esa fecha, un 35% del paquete accionario, en manos de la SUMITO-MO, un conglomerado mundial de comercio e inversiones con sede en Tokio. Después de la crisis económica global de fines del 2008, la caída de los precios de los minerales, significó una supuesta “quiebra” de la APEX SILVER y el traspaso de las acciones a su socia SUMITOMO por 27 millones de dólares. En abril del 2009, SUMITOMO CORPORATION, concluyó la negociación con APEX SILVER MINES LIMITED, y se constituía como el único propietario de la mina y sus operaciones. A partir de mayo del 2009, la MSC es 100% subsidiaria de SUMITOMO COR-PORATION de Japón (EXECLUB, 16 Enero 2009).

Otro ejemplo de los negocios interesantes que se realizan entre las trans-nacionales con el patrimonio de una nación, es el hecho de que la APEX SILVER seguirá administrando sus propiedades y sus negocios en San Cristóbal, funcionando como “deudor en posesión” bajo la jurisdicción del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos. Bajo los términos del acuerdo de compra con la SUMITOMO, se liberarán de los pasivos aso-ciados a la Mina San Cristóbal, incluyendo la garantía de San Cristóbal para el endeudamiento. Después de la venta de San Cristóbal, la Apex Silver Mines seguirá administrando la mina San Cristóbal, servicios por

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El sector minero

los que recibirá un pago anual de 6 millones de dólares y un posible pago de 1,5 millones como “incentivo”. Entre los servicios de administración se incluyen la gestión de las actividades técnicas y de funcionamiento, apoyo administrativo, tecnología de la información y las relaciones con la comu-nidad local (EXECLUB, 16 Enero 2009).

El Megaproyecto Minero San Cristóbal se ubica en la región sudocciden-te del departamento de Potosí al sur del Salar de Uyuni, en la provincia Nor Lípez, municipio de Colcha K. El yacimiento propiamente se en-cuentra en una depresión rodeada de cerros entre los que destacan, el Ja-yula, Tesorera y Tres Gigantes, los cuales tenían una connotación cultural importante en la cosmovisión de las comunidades locales.

Otro yacimiento (Cobrizos), estaría dentro de la concesión, a 12 kilóme-tros al norte de la actual zona de operaciones. Las operaciones del mega-proyecto están previstas en una superficie de 2.357 hectáreas, consideran-do caminos, instalaciones, lagunas, etc. Además está el área del depósito de colas que es de 8.827 hectáreas. En total toda la concesión y la zona de operaciones suman más de 300 km2 (30.000 hectáreas). De acuerdo al proyecto, la concesión tiene una reserva probada de 230 millones de to-neladas métricas de minerales ricos en plata, zinc y plomo. El Yacimiento de San Cristóbal significa en términos de reservas de metales comerciales: 470 millones de onzas de plata y 8 mil millones de libras de zinc, además de 3 mil millones de libras de plomo.

El potencial de este yacimiento, lo convierte en el depósito superficial de plata más grande del mundo. El Proyecto San Cristóbal producirá anual-mente, en promedio, alrededor de 17 millones de onzas troy de plata, 369 millones de libras de zinc y 140 millones de libras de plomo. En el periodo de vida del proyecto, que será de 16-17 años, la producción de plata al-canzará, aproximadamente, 272 millones de onzas troy, 6.200 millones de libras de zinc y 2.300 millones de libras de plomo.

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Los ingresos anuales de la transnacional se estimaron inicialmente entre 400 y 600 millones de $US, esto significa una utilidad neta del proyecto, considerando los 17 años de explotación, en el orden de los 6.800 y más de 10.000 millones de $US. Existen estimaciones de analistas (CEDLA, 2007), que los ingresos por exportaciones anuales podrían superar los 900 millones de $us. San Cristóbal ingresó en fase de operaciones el año 2007, aprovechando el “boom” de los buenos precios. La reformulación del Có-digo Minero en los aspectos impositivos (2007-2008), obligó a la empresa a una modificación del monto de regalías algo más favorable para el país a pesar del malestar y oposición de la empresa. A fines de año 2007 la MSC realizó las dos primeras exportaciones de más de 12.000 Tn. de materiales concentrados por el puerto de Mejillones. A fines del 2008 las exportacio-nes de minerales iniciaban una caída que en los primeros meses del 2009, llegó a registrar un 40.6 % de reducción (La Prensa, abril 2009), factor que habría determinado la “quiebra” de APEX SILVER. A partir del se-gundo trimestre del 2009, la paulatina recuperación de los precios de los minerales dio lugar a un repunte gradual de la explotación y exportación de San Cristóbal.

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El sector minero

El Papel Rentista del Estado Boliviano: El Proyecto San Cristóbal (PSC) generará pocas ganancias para BoliviaFuente: www.cedLa.org/system. marzo 2007

El año 2007, se preveía que por concepto de Impuesto Complementario Minero (ICM), transformado a la figura de Regalía a partir de las modificaciones del marco tributario minero, el PSC generaría alrededor de 10 millones de dólares, correspondientes a tres meses, y en el 2008, aproximadamente 40 millones de dólares por exportaciones con un valor mayor a 800 millones de dólares. Comparando estos resultados con los 45 millones de dólares de ICM obtenidos en el 2006, por la exportación de minerales con un valor de 1.000 millones de $us, existía la expectativa de que con el PSC se duplicarían los ingresos fiscales provenientes de la minería. Así mismo, con la puesta en operación del PSC, el ICM del Departamento de Potosí supuestamente alcanzaría a 63 millones de dólares en el 2008, y cuando el proyecto minero opere a plena capacidad, lo que representaba casi el triple de su equivalente en el 2006. Sin embargo, se debe considerar que este incremento absoluto de ingresos fiscales, oculta el hecho de que en ningún caso los mismos, superarán el 5% del valor de la producción. Además, los espectados ingresos de 45 millones de dólares del 2006, corresponden a los impuestos pagados por la explotación de minerales de menor precio.

En realidad, la fracción que dejará la empresa para el Estado boliviano está constituida por el pago de regalía al Departamento de Potosí. Este impuesto alcanzará el tope máximo de 5% del valor de las exportaciones, situación que no cambia fundamentalmente en lo sucedido durante toda la etapa neoliberal. La persistencia del régimen tributario permite a las empresas obtener ganancias extraordinarias. Aunque los precios de la plata se incrementen en el mercado internacional, la tasa máxima del ICM para este proyecto será de 5%, que corresponde al impuesto de los concentrados de zinc-plata y depende de la cotización del zinc, un mineral mucho más barato que la plata. De este modo, la diferencia entre los costos y los precios favorecerá directa y únicamente a la empresa exportadora y no al Estado.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los gobiernos departamentales harán el cobro de regalías mineras de acuerdo a la Ley de Tratamiento Tributario Minero de 2008. Así lo establece el Artículo 28 del D.S. 29577. Antes existía el Impuesto Complementario Minero que manejaba Impuestos, pero con esta ley, se eliminó ese tributo y se han restituido las regalías mineras que son departamentales y se coparticipa con los municipios (cicsc.org.bo, marzo, 2010). Según el SIN, a escala nacional las regalías mineras están en el orden de 500 millones de bolivia-nos (71 millones de $US), y una mayor parte corresponde a Potosí por la Mina San Cristóbal.

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El año 2008, el Director General de Minería, Freddy Beltrán, menciona-ba que la caída de los precios internacionales de los metales no afectaba a la empresa Minera San Cristóbal, pero sí a los ingresos que recibe el Estado por la producción de zinc, plomo y plata de la transnacional. Se conocía que el año 2008, la MSC aportó 32 millones de $US por concepto de regalía minera al departamento de Potosí (www.constituyentesobera-na.org.bo, 2008), cifra que tuvo un reducido incremento el año 2009. De acuerdo a un reporte de Siglo XXI y El Día (17, marzo 2010), el Ministro de Minería J. Pimentel, manifestó públicamente su preocupación de que la Minera San Cristóbal esté reportando una ganancia anual de 1.000 mi-llones de $US, mientras sólo tributa al país un 3,5% , es decir, 35 millones de $US (OBIE, 2010), menos del 5% que ya causaba preocupación a los analistas del CEDLA el año 2007.

Es todavía más preocupante lo denunciado por Econoticias Bolivia (2009): A principios del 2008, el propio Ministro de Minería, aseguró, con cifras en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas. El valor de las ventas declaradas ofi-cialmente por los consorcios mineros privados al salir de las aduanas bolivianas fue de 1.072 millones de dólares, pero que los reportes de las aduanas extranjeras a las que llegaban los minerales bolivianos eran mayores a los 2.000 millones de dólares. Esta notable diferencia, según el Ministerio de Minería, se explica porque las trans-nacionales mineras exportan sin ningún control, minerales en bruto (concentrados mineralizados de alto valor mezclados con tierra, roca y otros minerales). A ellos les basta una simple “declaración jurada” y no hay un laboratorio gubernamental que certifique la cantidad y calidad de estos minerales y muchos menos el valor real de esta exportación. Se alerta (Econoticias Bolivia, 2009) que de ser correc-tas las apreciaciones del Ministro Echazú, los consorcios transnacionales, habrían extraído de Bolivia en los últimos tres años, una riqueza minera calculada en más de 8.000 millones de dólares, dejando en tributos para el

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El sector minero

Estado apenas 220 millones. Según el ex Viceministro de Minería, Pedro Mariobo: “Las empresas declaran (en Bolivia) el mineral de menos valor, cuando sale otro, o bien declaran plomo, pero hay indio, titanio, que van como basura; pero separados en el exterior, eso tiene más valor que lo que declaran”.

En cuanto al movimiento de tierras o ROM (“Run of mine”) de la MSC, fue previsto para 150.000 toneladas por día, ocasionando la acumulación de miles de toneladas de menas óxidos y desmontes. Las infraestructuras incluyen 200 km. de vías y 65 km. de ferrovía. El uso de aguas aguas subterráneas por parte de la empresa es de una enorme magnitud, esto en una región con marcado déficit hídrico y régimen semi-desértico, con un porcentaje de reciclaje mínimo. La explotación y producción de con-centrados, implica la utilización actual de más de 50.000 metros cúbicos de agua/día, cifra que en el lapso de la vida útil del proyecto, amenazaría con el vaciamiento de muchos acuíferos superficiales y de gran profundi-dad. Como dato de referencia, la minera San Cristóbal, estaría llegando a consumir más agua que la ciudad de El Alto, una urbe cercana al millón de habitantes, cuyo consumo es 44.254 met.cub agua/día, (www.mmaya.gob.bo, 2009).

La región está siendo profundamente afectada socio-ambientalmente. La ocupación de casi 20.000 hectáreas de tierras para las operaciones mine-ras se dio a través de compensaciones onerosas y poco favorables para las comunidades (San Cristóbal, Culpina K y Vila Vila), produciéndose fuerte cooptación de dirigentes comunales (CEDLA, 2007). Las comuni-dades locales han perdido significativos espacios productivos agrícolas y de cría de ganado. La Laguna Wila Kara, está siendo afectada al ser habi-litada como reservorio del dique de colas, mientras que desde el 2007, ya se han producido cuatro accidentes de derrames de colas. Desde el punto de vista social, más allá de los impactos socioculturales y organizacionales

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El sector minero

ocasionados, la empresa ha tenido un trato vertical y prepotente en los conflictos sociales con sus trabajadores como se analiza más adelante.

Adicionalmente, la empresa tiene políticas de hermetismo y ejerce muchas limitaciones a la prensa, a instituciones ambientalistas y sobre los propios pobladores de la región. Es menester recordar que el EEIA, nunca fue difundido públicamente, adicionalmente se observa un débil accionar de las oficinas ambientales y una inefectiva fiscalización y control ambiental, en relación a los impactos ambientales y sociales que se vienen generando.

De cualquier forma, las aparentes elevadas regalías y beneficios a la re-gión, han generado apoyo a la empresa, desde el nivel central, departa-mental y municipal. Sin embargo, la organización social regional FRUT-CAS, ha venido observando las políticas atentatorias de uso de agua de la empresa y advierte sobre la extracción de aguas subterráneas a gran escala, en tanto que la labor de organizaciones ambientalistas (ejemplo SOPE) y de periodistas independientes, ha sido muy limitada, habiendo sufrido hostigamiento y mal trato por parte de la empresa. Las demandas de la población local afectada son reducidas, debido a la cooptación por supuestos beneficios de compensaciones y de fuentes de trabajo o riesgos de despidos propios o de familiares. En resumen, el estado de la proble-mática socioambiental en torno a la minera San Cristóbal es muy crítico, en sentido de que a parte de los impactos localizados ya ocasionados por la modalidad devastativa del proyecto a cielo abierto, se enfrenta la enor-me amenaza de una perturbación hidrológica a gran escala, especialmente en el polígono Río Grande de Lípez-Salar de Uyuni-Alota.

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El sector minero

Presión

Se pueden reconocer tres tipos de impactos ambientales:

a) Uno directo y muy localizado, que implica una devastación total de los sitios de explotación, debido a la modalidad de cielo abierto, excesiva-mente agresiva para el entorno.

b) Otro, con mayor capacidad de afectación interzonal y que obedece a la construcción de infraestructuras viales y a los efectos de conta-minación, ya sea por accidentes de derrames de colas y efluentes, o procesos poco controlados.

c) El otro tipo de impacto es menos evidente o visible, pero que implica mayores efectos negativos, porque puede afectar extensas regiones y se relaciona con la extracción de enormes volúmenes de aguas subte-rráneas. Según SOPE/LIDEMA, (Tapia, L, 2008) ya el año 2008 se reportaba la disminución de las fuentes de agua y alteración en sus cursos, afectando a la actividad agrícola y pecuaria, cuya principal fuente de agua son los bofedales, desde ya, seriamente afectados por efectos del cambio climático.

Los informes de monitoreo realizados por la MINERA SAN CRISTÓ-BAL, alarmantemente positivos y exitistas, contrastan llamativamente con los informes del proyecto de seguimiento realizado por SOPE-LI-DEMA en torno a la problemática, los cuales hacen referencia a los gra-ves impactos SOCIO AMBIENTALES ocasionados en la región (Tapia, L. 2008). En el boletín informativo de la Comisión Minero Ambiental de LIDEMA, de noviembre del 2009, se hace referencia a la acelerada pérdida de costumbres y valores culturales-rituales, a partir del traslado del pueblo de San Cristóbal a la región de Ventilla y la enajenación de los Cerros Emblemáticos Tres Gigantes, El Soldado y la Achupalla por parte de la empresa minera. Las entrevistas realizadas por SOPE en la región,

284

El sector minero

dan cuenta que varias manifestaciones culturales y prácticas comunitarias vigentes hasta hace unos diez años, han desaparecido, debido principal-mente al fenómeno de desarraigo de la población local.

La perturbación social entre comunidades y la empresa se inició ya en el arranque del megaproyecto, cuando la compañía convenció a la pobla-ción local de que las negociaciones se desarrollen exclusivamente entre la empresa y la comunidad, sin intervención de ninguna institución cívica o estatal. El gobierno de entonces (2000-2003) no intervino en el proceso, debido a que en función al reconocimiento de la Región de San Cristóbal como TCO, la empresa adoptó el sistema de compensaciones directas con la población, consideradas en el Código Minero de 1997, situación que excluye la participación de las autoridades. La compensación económica se consideró desde un inicio como irrisoria y desventajosa para las comu-nidades. Esta tratativa implicó la indemnización de 100 $US por hectárea de cultivo a secano y 150 $US por hectárea de tierra con riego, pero sin considerar el doble uso que se da a las tierras, cuando en la época seca sirven como sitios clave para el forrajeo del ganado. De esta forma, más de 700 hectáreas de uso agrícola, pero además pecuario, cambiaron de uso, (CEDLA, 2007).

Los pobladores de la región han denunciado una fuerte afectación al ga-nado camélido, principalmente por la pérdida de campos de pastoreo, así como de los diversos cuerpos de agua relacionados a la zona del mega-proyecto minero. Existe una fuerte preocupación de los comunarios por los efectos de la perforación de pozos y el alto volumen de agua utilizado en las operaciones mineras, con escaso reciclaje, lo que estaría afectando los bofedales, vegas y ojos de agua que sirven para el consumo humano y de los animales domésticos y silvestres. También se observa que, debido a las fuentes de empleo que se están generando en la región por parte de la MSC, muchos comunarios no quieren reconocer la gravedad de los

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El sector minero

impactos y riesgos ambientales negativos que generan las actividades de la empresa. Se puede apreciar también que la mayoría de la gente local no percibe beneficios de la MSC, ya que hasta la fecha las familias continúan en las mismas condiciones del pasado sin que hayan mejorado sus condi-ciones de vida (Tapia. L. 2008).

Tapia, L., reporta el año 2009 que el Río Jaukiwa está siendo afectado por las aguas servidas que son vertidas desde el campamento minero sin ningún tratamiento, en tanto que los ojos de agua de la Llulluchera han disminuido notablemente. Entre otros diversos impactos se mencionan: cambio del paisaje debido a la habilitación de áreas para la explotación minera y sus campamentos, destrucción de hábitat y fragmentación del ecosistema, daños a la salud de la población que habita en el área de in-fluencia del proyecto y daños a la actividad productiva de la quinua y del ganado camélido. Según el estudio de SOPE-LIDEMA, una de las principales fuentes de contaminación localizada del aire son la grandes cantidades de polvo que se generan en la explotación de la mina a cielo abierto y procesos como la perforación y voladura (Tapia, L. 2008).

Asimismo, se produce material particulado en algunas de sus operaciones, como por ejemplo el carguío, transporte de minerales y descarga de los mismos. La generación de grandes cantidades de polvo está afectando los pastizales que sirven de alimento para el ganado camélido y lo más pre-ocupante es que está afectando la salud de los habitantes de la localidad de San Cristóbal y comunidades aledañas. Del monitoreo que se realizó en el estudio, se ha podido establecer que en la comunidad de Culpina K, el cadmio y el plomo en los análisis de polvo domiciliario, presentan valores por encima de los permisibles y son un serio riesgo de contami-nación para el ambiente de la zona y la salud de las personas. Similares resultados se encontraron en San Cristóbal, donde el arsénico, cadmio y plomo presentan valores elevados en relación al límite permisible; por la

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El sector minero

cantidad de estos metales pesados esta comunidad está expuesta a un se-rio riesgo a la salud (Tapia, L. 2009). En Culpina K, otra fuente potencial de contaminación constituye el dique de almacenamiento de colas que se encuentra en las cercanías.

Respecto al “open pit” de la minera San Cristóbal, este ya puede ser fácil-mente percibido en imágenes satelitales del 2009, desde una altitud supe-rior a 400 kilómetros, claro indicador del ya conocido efecto devastativo de esta modalidad de operación minera (Gratzfeld, 2004). Moran (2009), haciendo referencia al EEIA (Vol 1), menciona que las operaciones ex-tractivas de tajo están previstas en un radio de 1,6 a 1,3 kilómetros (unas 300 hectáreas) cifra que no coincide con el proyecto minero que habla de un radio de operaciones cercano a 2.400 hectáreas. Estimaciones de imágenes satelitales del 2008 ya mostraban un radio aproximado de 4,7 por 4,9 kilómetros de apertura de grandes operaciones, con varias zonas de extracción, incluida la red de caminos que las une y otras infraestruc-turas; esto ya significaría algo más de 2.270 hectáreas de área de opera-ciones. Lo anterior tiene correlación con los enormes volúmenes de tie-rras removidas (más de 100.000 toneladas/día) que significará más de 500 millones de toneladas removidas a lo largo de la vida del megaproyecto (Moran, 2009). El EEIA había estimado unas 240 millones de Tn de de-sechos (colas, relaves) en unos 20 años. Es probable que estas cifras sean sobrepasadas en el mediano plazo, como ya se está dando en la utilización de los volúmenes de agua.

Respecto a los accidentes por derrames, Lopez, E. (2009) hace referencia a cuatro que habrían sucedido desde el año 2007, el último en octubre del 2008, poniendo en riesgo la cuenca del Río Grande de Lípez. Estos derra-mes de colas y otros materiales como pulpas, ricos en metales pesados, se habrían producido por fallas tecnológicas (bombeo de colas) y afectado especialmente el río Jaukiwa, afluente del río Grande.

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El sector minero

La región de Nor Lípez – Valdivieso, se encuentra entre las isoyetas de 200 a 100 mm/año de precipitación, en tanto que la evapotranspiración en la zona se encontraría según Molina, (2006), por encima de los 1.000 mm/año. De acuerdo a estimaciones hidrológicas (SERGEOMIN, 2001) y opiniones de expertos (Alurralde, 2006; Molina, 2006), la acumulación de aguas subterráneas, esencialmente aguas fósiles, a gran profundidad en el sudoccidente potosino puede datar de muchos siglos, sino de mu-chos milenios (100 a 20.000 años), y obedecer a procesos hidrogeológicos pasados, en los cuales las condiciones climáticas e hídricas no eran co-rrespondientes con las actuales (períodos geológicos holocénicos mucho más húmedos). Existe así una íntima relación entre las aguas superficiales y las subterráneas, la formación y alimentación regular de lagunas y bo-fedales en la superficie ha dependido y depende del aporte de las aguas subterráneas fósiles que ahora están siendo sobre extraídas. Alurralde (2006), concluye que en condiciones normales actuales, la recarga de los acuíferos en la región de Los Lípez, es muy débil o casi inexistente, tra-tándose entonces de un recurso no renovable.

El proyecto demandará grandes cantidades de agua provenientes de acuí-feros subterráneos, a título gratuito. Los requerimientos de agua para las operaciones mineras de San Cristóbal superan los 40.000 metros cúbicos/día (es decir 14,76 millones de metros cúbicos por año). El cálculo para el procesamiento de 1.000 toneladas de concentrados, es del orden de 240 litros, mientras que el caudal requerido por la empresa es de unos 475 li-tros por segundo. El proyecto había identificado inicialmente a la Laguna Wila Kara como un “prolífico” acuífero capaz de proveer 26.600 litros por minuto (440 litros/seg.), que luego fue destinada como depósito de colas. La empresa ha realizado a lo largo del 2005 y 2008, numerosas captacio-nes de aguas superficiales y subterráneas (dos campos de pozos, más de 10 pozos en total), utilizando tuberías de gran grosor, posiblemente para

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El sector minero

cubrir el déficit existente y asegurar una provisión regular. Este juego de captaciones hídricas a gran escala, se realiza en una región excepcional-mente seca de Bolivia, catalogada ecológicamente como un semi-desierto, donde los niveles de recarga por lluvias y nieves, es prácticamente nulo.

Los datos oficiales de la empresa y la información del EEIA realizado por Knight Piesold (2000), sobre la precipitación y evapotranspiración, son según el informe de Moran (2009) inadecuados para ser utilizados en una evaluación razonable de los recursos hídricos disponibles. Algo muy poco admisible es el hecho de que, el EEIA de la empresa (Knight Piesold, 2000), manifestara en su línea base, que el agua subterránea su-perficial de la región no era apta (poco adecuada) para uso humano, del ganado o para riego, cuando los pobladores sostienen que las utilizaron desde siempre (Moran, 2009), pudiendo atribuirse dicha aseveración a artefactos del muestreo y del análisis, o a una intencionalidad expresa de la empresa, para justificar la extracción masiva con menor resistencia. Es evidente que las aguas de toda la región intersalar presenten de forma natural, una mayor conductividad por la alta cantidad de sales disueltas, lo cual no ha impedido su utilización a lo largo de siglos. Las aguas de los acuíferos profundos en la región pueden ser fuertemente salinas, sin embargo al estar semi-confinados, cumplen un rol en el mantenimiento de los acuiferos superficiales.

El último reporte del experto Roberto Moran, (Moran, 2009) pone de manifiesto los peores temores que ya causaban preocupación a inicios del año 2000. La Empresa Minera San Cristóbal extrae entre 42.000 y 50.000 metros cúbicos/día de aguas subterráneas, más de lo previsto en los estu-dios de impactos del proyecto. Según informes de la propia compañía, 10 pozos para extracción de agua del subsuelo, mientras que informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua informan de 16 pozos. Uno de los campos de pozos operados por la compañía se encuentra ubicado en

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El sector minero

la Cuenca de desague del Río Jaukiwa y otra cerca del Río Grande de Lípez, ambos en proximidad a la proyectada planta de Litio. Aparente-mente estos caudales subterráneos no son suficientes y la empresa estaría en fase de nuevas captaciones de aguas subterráneas en la región (Moran, 2009). Moran, asume que al ritmo de extracción de los actuales volúme-nes, durante el tiempo de vida útil del proyecto que es de 20 años, el volu-men total extraído sería de más de 290 millones de metros cúbicos de agua subterránea. La pregunta que se hace este investigador es ¿Cuánto tiem-po tendrá que transcurrir para que el nivel de los acuíferos superficiales recuperen su nivel original y para que los acuíferos profundos recuperen sus condiciones de agua presurizada confinada?. Considerando el balan-ce negativo entre precipitación y evapotranspiración y los milenios que tomaron llenar los acuíferos profundos, la repuesta podría ser en cientos o miles de años, o nunca. La posibilidad de “nunca”, es lamentablemente cada vez más alta, dado el avance de los efectos del cambio climático glo-bal, que se expresa en la región a través del incremento de la desertifica-ción, la pérdida de glaciares, sequías prolongadas, reducción del nivel de lagunas y bofedales, cambio en los regímenes de lluvias (lluvias atrasadas o erráticas), etc. Este es un elemento que aún no se está considerando en los análisis, pero que incrementa en mucho el riesgo del debacle hidroló-gico en la región.

La extracción o bombeo de agua por la empresa se produce a más de 50 metros de profundidad, esto implica que a medida que se bombea agua profunda, se produce una fuga o inmersión y reemplazo del agua desde los acuíferos superficiales (20-30 metros), hacia los acuíferos profundos (más de 50 metros). El agua que es extraída por el bombeo, sólo inicial-mente sería reemplazada por el agua superficial, pero la dinámica ya no se daría a medida que las aguas de los acuíferos superficiales van mermando y sumiéndose para finalmente también ser extraídas. Esto significa que se

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El sector minero

estaría produciendo un proceso de reducción progresiva del nivel freático superficial que alimenta bofedales, vegas, ojos de agua y manantiales en la región, especialmente en las zonas próximas a los pozos de extracción, reportes locales confirmarían que esto ya estaría sucediendo (Moran, 2009). De acuerdo a este experto, el acuífero superficial de los campos de pozos de la empresa minera, no está delimitado, en tanto que el acuífero profundo tiene delimitación, por lo cual las aguas subterráneas podrían moverse entre ambos acuíferos bajo efecto del bombeo de alto volumen, el efecto sería cada vez más drástico considerando el tiempo de explotación previsto. Si se vacía el acuífero profundo, el acuífero superficial va toman-do progresivamente su lugar, y como la velocidad de recarga es ínfima, el resultado es una desecación cada vez mayor.

Es menester recordar que la Minera San Cristóbal sólo recicla supuesta-mente un 18% de las aguas utilizadas en sus procesos de concentración, puesto que el Estudio de Impacto Ambiental, consideraba que el recicla-je del agua no era ventajoso, ni económicamente, ni “ambientalmente” (Knight Piesold, 2000; Moran, 2009).

El megaproyecto San Cristóbal podría incluso generar una fuerte com-petencia por agua, no sólo con las comunidades locales, cosa que ya está sucediendo, sino con el previsto proyecto del Litio en el Salar de Uyuni, puesto que uno de los campos de pozos de San Cristóbal se encuentra a no más de 30 kilómetros del emplazamiento previsto para la Planta de Litio y cerca de un pozo que provee agua para consumo doméstico local. Las reducciones progresivas de los niveles de aguas subterráneas super-ficiales y profundas, ocasionarían una reducción de flujos hacia el Río Grande de Lípez y el propio Salar de Uyuni (Moran, 2009). Enorme pre-ocupación debería suscitar el hecho de que las simulaciones que realizó la Empresa San Cristóbal (Knight Piesold, 2000), para la reducción de nivel de agua subterránea y la capacidad de recarga, arrojaron resultados

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El sector minero

de reducción muy bajos a moderados (17 metros), puesto que estaban cla-ramente subestimados, e incluso llegaron a sobrestimar la precipitación pluvial de la región (Moran, 2009). Otros estudios (Montgomery, 2008) estimaron descensos probables que oscilarían entre 61 y 128 metros. Mas allá de las elucubraciones técnicas, un informe de la Dirección General de Medio Ambiente (octubre del 2008), da cuenta que en la zona de mo-nitoreo de Jaukiwa, el nivel de las aguas freáticas disminuyeron entre 4 y 13 metros sin indicios de reposición después de la pasada época de lluvias (López, 2009).

La Minera San Cristóbal, a la cual aplauden tanto desde el gobierno cen-tral como desde la Prefectura de Potosí y algunos municipios, por sus aparentemente extraordinarios aportes económicos, está literalmente ma-tando el sudoccidente potosino. Si a estos beneficios provenientes de im-puestos y regalías se les hiciera la deducción del costo del agua por metro cúbico usado y desperdiciado (por la que no pagan ni un centavo), las utilidades para la región podrían incluso ser nulas.

Es crucial reflexionar sobre las intensas movilizaciones y logros en defen-sa del agua en la región durante los primeros años del 2000, que evitaron el despojo del valioso recurso hacia las mineras de Chile, pero que aparen-temente se quedaron en el camino por la intromisión de un megaproyecto minero, proveniente de ultramar, que ha acallado a toda una región a cambio de muy poco.

Respuesta

Es importante destacar que las autoridades competentes no cuentan con recursos técnicos y económicos para realizar las revisiones técnicas ade-cuadas de los informes que presenta la empresa y mucho menos para obtener la propia información de campo y realizar la respectiva inter-pretación, y dada la magnitud de la empresa y la inversión, es ésta la

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El sector minero

que controla la información, tomando las muestras e interpretándolas de acuerdo a sus intereses.

La transnacional a cargo del megaproyecto (SUMITOMO), continuó en la línea de su antecesora la APEX SILVER, manteniendo la escasa trans-parencia en cuanto al acceso y manejo de información, como se analiza más adelante. Se puede advertir el sello característico de las transnacio-nales con peor ranking de responsabilidad socioambiental, destacando la deficiente (desordenada) información que maneja, el mal trato a los pobladores y trabajadores locales, cooptación de líderes locales y, desde luego, el avasallamiento poco responsable de los escasos recursos hídricos de la zona. Cabe destacar una protesta de los trabajadores de la mina San Cristóbal a mediados del 2009, que reclamaban el nuevo tratamiento la-boral (contratos con muchas desventajas) que la nueva administración de la empresa por la Transnacional SUMITOMO incorporó al megaproyec-to. Los comunarios hicieron protestas y llegaron a tomar simbólicamente la plaza del nuevo pueblo de San Cristóbal. Ante ello la empresa bajo el mando de la SUMITOMO, intentó la criminalización de las demandas sociales en base a procesos legales. Ante ello diversas organizaciones am-bientalistas de Potosí y Oruro se manifestaron en contra del procedimien-to de la transnacional. (GBcom. Septiembre 2009).

Por su parte, las comunidades afectadas se encuentran divididas, puesto que gran parte de la gente trabaja en la empresa, la misma que como es-trategia ha empleado sobre todo a dirigentes, para evitar reclamos sobre los problemas ambientales que está generando, por tanto, la gente que trabaja en la empresa o sus familias, tienen temor de hacer cualquier de-nuncia. Sin embargo, a través de la Federación Regional Única de Traba-jadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) se están realizando algunos trabajos sobre los efectos que se están produciendo en el área de influencia de la Minera San Cristóbal y también realizando algunas

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El sector minero

denuncias y gestiones ante la Prefectura de Potosí, sin muchos resultados hasta la fecha, esto debido al beneplácito existente en esta instancia, por las regalías que recibe y que aparentan ser altas.

Uno de los aspectos más destacables a fines del 2009, fue la ya mencio-nada evaluación de la región por el hidrogeólogo Robert Moran, promo-vida por el FRUTCAS con apoyo de otras instituciones y que contribu-yó a definir la magnitud del riesgo de las operaciones del megaproyecto San Cristóbal en torno al uso expoliativo del agua. En cuanto a lo que supondría el acceso a la información y los procedimientos de fiscaliza-ción, el informe de este experto es muy revelador, ya que hace referencia concretamente a las fuertes limitaciones que impone la empresa, como se puede advertir en la siguiente descripción: Después de varios intentos in-fructuosos de ingreso a la zona de operaciones, la Empresa (Minera San Cristóbal) finalmente permitió al experto Moran ingresar a la zona, como parte de un equipo donde participaron personeros del MMAA, de los mu-nicipios y de otras instituciones, sin embargo, no se le permitió entablar discusiones técnicas con el personal de la empresa (PetroPress/Liégeois, enero 2010). Concretamente, Moran denuncia que la empresa aseguró que no mostraría o usaría datos reales o “números públicamente accesibles” para permitir un diálogo técnico con su personal. En opinión del experto, la empresa controla todo el flujo de información y selecciona aquella que desea proporcionar al gobierno.

Por su parte, el MMAA no realiza ningún esfuerzo para exigir a la em-presa datos completos, con interpretación cronológica fidedigna, como tampoco intenta realizar evaluaciones independientes. Los personeros del MMAA, en oportunidad de la visita oficial mencionada, no realizaron ninguna interacción ni con el experto Morán ni con representantes de la sociedad civil que acompañaron dicha comisión, es más únicamente interaccionaron con representantes de la empresa (PetroPress/Liégeois,

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El sector minero

enero 2010). En resumen, se puede asumir que el papel de la AAC fue poco riguroso y condescendiente con la empresa.

Recién a fines de marzo del 2010, varios medios de prensa y diversos analistas comienzan a interesarse y difundir la problemática de San Cris-tóbal, tanto por el tema de sobreexplotación de aguas subterráneas, como por la tremenda asimetría entre los beneficios empresariales y la irrisoria tributación al Estado. Mientras tanto el gobierno y sus oficinas sectoria-les, guardaban silencio, aunque era previsible que se tienda a minimizar la importancia del tema.

Evidentemente, pensar en un proceso masivo y total de nacionalización en la minería boliviana, puede ser muy difícil, por las connotaciones socia-les y económicas existentes. Sin embargo, sí puede ser válido pensar y de-mandar un proceso de nacionalización de la mega minera San Cristóbal, primero por que implica un asunto de dignidad nacional y la superviven-cia de toda una región, pero además por tener una necesaria concordancia con los postulados de respeto a la Madre Tierra. Esto debería desde luego considerarse como cosa de fondo. Una readecuación de la magnitud de la explotación en términos volumétricos de procesamientos, con el fin de reducir los costos SOCIO AMBIENTALES en general y en especial el uso excesivo del agua; recuperando al mismo tiempo para la nación y la región, un importante ingreso de beneficios monetarios, de los cuales ac-tualmente recibimos una retribución misérrima.

A mediados de abril explotaba un conflicto social violento en la Provincia Abaroa con la toma de las instalaciones de la Mina San Cristóbal por las comunidades de la región. Por los reportes de prensa (El Diario, 18 abril 2010) se percibía una escasa organización social y liderazgos difusos, tan-to en la protesta como en las peticiones, con opiniones contradictorias de los dirigentes de dicho movimiento, unos manifestando el descontento contra la Prefectura de Departamento y las autoridades nacionales y no

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El sector minero

con la empresa minera, y otros manifestando lo contrario. En concreto, emergían importantes elementos como la denuncia de la contaminación ambiental y la necesidad de un impuesto al uso del agua, peticiones que se entremezclaban con demandas de caminos, electrificación, renuncia de los dirigentes del FRUTCAS, etc.

En ningún momento, hasta el 19 de abril, se habló de la necesidad de nacionalizar el megaproyecto o de revisar el marco impositivo totalmente desfavorable para el país. La Minera San Cristóbal por su parte, emi-tió declaraciones cautas y débiles, pidiendo la aplicación del “estado de derecho”. El gobierno prefectural saliente, evadió el tema en general y convocó al diálogo al mismo tiempo que advertía con el uso de la fuerza pública, en tanto que el nuevo gobierno prefectural se abstuvo de inter-venir. El Gobierno Nacional a partir de la Vicepresidencia de la Nación, hacía un simple llamado al repliegue del movimiento social en conflicto, para ingresar a negociaciones. La peor actuación provino del Ministerio de Gobierno, desde el cual el entonces Viceministro Torrico, amenazaba con el uso de la fuerza pública. Se denotaba así una vez más, la escasísima vocación y experiencia de negociación y tratamiento de conflictos por parte del Gobierno, al igual que la absoluta ausencia de medidas de pre-vención en un problema que se veía venir desde hace muchos meses. No se conoció ninguna manifestación pública de la Comisión Permanente de Derechos Humanos u otras instancias afines.

En fecha 20 de abril, emergían recién las demandas de nacionalización de la mina San Cristóbal, incluso se hablaba en la prensa radial de las declaraciones del Canciller Choquehuanca (ERBOL, siglo XXI), en cuanto a la necesidad de revisar las operaciones del megaproyecto San Cristóbal por ser atentatorios al país. También resaltan las declaraciones del Vicepresidente de la Nación, quien asumía la necesidad de revisar el contrato con San Cristóbal, puesto que fue realizado en períodos de

296

El sector minero

gobiernos neoliberales y es opuesto a los intereses del país. De cualquier forma el conflicto suscitado en la región, que incluso fue sindicado como de intereses políticos, parece haber servido para hacer reflexionar a las clases gobernantes. En tanto la Minera San Cristóbal (SUMITOMO) ya amenazó el 20 de abril del 2010, en paralizar operaciones y retirarse del proceso. Como no podía faltar, diversos analistas mineros y económicos, se manifestaron bajo la típica lógica del entreguismo, en contra del movi-miento social y el riesgo de perder “las inversiones”.

La declaración de la Minera San Cristóbal

El 20 de abril de 2010, voceros de la Minera San Cristóbal, emitían decla-raciones refutando la posición del Canciller David Choquehuanca quien había manifestado opiniones en contra del uso irracional del agua y el saqueo de las riquezas de Bolivia. Dichas declaraciones de la empresa ponían énfasis en que el agua que explotan “era inservible”, al respecto es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

Para empezar, 50.000 metros cúbicos por día de agua con un reciclaje inferior al 18% puede ser calificado como un uso expoliativo y poco res-ponsable ambientalmente. Más aún cuando no se paga ni un centavo por dicho volumen utilizado y que en gran parte es desperdiciado. Aún es peor, que esto ocurra en la región más seca de Bolivia y desde ya afecta-da por el cambio climático y la desertificación. La Minera San Cristóbal manipula la verdad al considerar dicha agua como no útil o no aprove-chable. El agua subterránea que extraen de los depósitos fósiles confina-dos, es evidentemente salina, posiblemente algo más salina que muchas emanaciones de agua en superficie, pero no es inservible como mencionan los voceros de la transnacional. Esta aguas subterráneas que la MSC ex-trae expoliativamente, han mantenido durante siglos la estabilidad de los acuíferos superficiales no confinados (20-30 metros) y por tanto los cuer-

297

El sector minero

pos de agua en superficie, como bofedales, vegas, lagunas y manantiales. Cuando la MSC extrae los enormes volúmenes de agua subterránea a más de 50 metros de profundidad y semi-confinados (“inservible según ellos”), se crea un vacío que es ocupado progresivamente por el escurrimiento de los acuíferos superficiales que se van perdiendo. A la larga, como ya se ha advertido, se va produciendo un desecamiento de estos acuíferos super-ficiales y paulatinamente de los cuerpos de agua en superficie. Esta agua subterránea fósil de gran profundidad, que posiblemente no puede ser usada directamente, y que según la versión interesada de la empresa, “no es útil” por su elevada salinidad, es la clave del mantenimiento de la vida y del equilibrio ecológico en toda la región. La extracción voraz e irres-ponsable de la MSC de estas aguas fósiles, por la que tanto pelearon años atrás los movimientos sociales y cívicos en Potosí, significa en un mediano plazo, la muerte de la región. La muerte de una parte de la Madre Tierra.

El lunes 26 de abril del 2010 (Los Tiempos), La Minera San Cristóbal declaraba públicamente “a dos años y medio del inicio de operaciones, ninguno de los pozos de monitoreo registró impactos en los niveles freáticos de las microcuencas del acuífero Jaukiwa”. Otra cosa más, que se aleja de la verdad, puesto que contradice abiertamente los resultados del informe de evaluación de la Dirección General de Medio Ambiente de octubre del 2008. Las decla-raciones desde la MSC, no confirman ninguna hipótesis, más que la ya recurrente de ocultar y tergiversar la verdad.

En cuanto al tema económico, un pago impositivo (regalía) de 3.5 % res-pecto de 1.000 millones $us de ganancia, sobre un recurso mineral que sale de un país en volúmenes superiores a las mil toneladas de procesados diarios, podría ser calificado como engaño, fiasco, estafa, pero la masa adecuada es evidentemente saqueo. Otro resabio del código de minería aprobado a la medida de los intereses empresariales.

298

El sector minero

Por otra parte, el comunicado de la Minera San Cristóbal, tienen la rúbri-ca de una “empresa boliviana”, lo cual es una verdad a medias, por tanto una mentira. La MSC es una filial, una subsidiaria de la Corporación Transnacional SUMITOMO, que compró las acciones de la Mina San Cristóbal a la Transnacional de Estados Unidos APEX SILVER (en la práctica dos transnacionales negociaron entre ellas los recursos minerales de Bolivia ante nuestras narices). La Minera San Cristóbal es un testafe-rro de SUMITOMO, como muchas otras figuras que crean las transna-cionales en nuestros países (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú), para desviar la atención y camuflar la operación, como si fuera nacional.

Es imposible dejar de lado el hecho de que los contratos y la entrega del mega yacimiento de San Cristóbal se realizaron entre los gobiernos de Sánchez de Lozada y Banzer-Quiroga, caracterizados por su entreguismo y la subasta de la patria. De tal forma que el Gobierno actual tiene la obli-gación de tomar decisiones en concordancia con la nueva Constitución Política del Estado.

La gran paradoja: el ISO 14001 para San Cristóbal

“Un premio para los mayores afectadores ambientales del sudoccidente potosino”, así se podría calificar el inusitado hecho de que la Internacional Estándar Office (ISO) confiriera a la Empresa Minera San Cristóbal, nada menos que la certificación 14001, referido al “buen desempeño ambiental”

A fines de junio se conocía por la prensa (ERBOL, 29 junio 2010), que la Mi-

nera San Cristóbal se convertía en la “única empresa minera boliviana y una de

las pocas compañías en el mundo” que recibe una certificación triple (ISO 9001,

ISO 14001 y OHSAS 18001) de forma simultánea, lo cual según comunicado de

la empresa obviamente, “reflejaba la calidad de gestión administrativa, medio ambien-

tal, y de salud y seguridad laboral con la que opera la empresa”.

299

El sector minero

En realidad lo admirable debería ser el hecho, de que la MSC, sea la única empresa minera por recibir las certificaciones ISO (especialmente de la serie 14000) a pesar de estar ocasionando una devastación hidrológica en una región semidesértica.

Dicha certificación tiene la firma y respaldo de TÜV Rheinland, entidad internacional que auditó los resultados del trabajo de mejora de procesos de negocio aplicados en la compañía minera por la consultora Business Enterprise Mapping de Arizona (EEUU).

Lo más llamativo al margen del desempeño administrativo y el laboral (donde también hay serias dudas), es la certificación relacionada a un buen manejo medioambiental y que según los voceros de la empresa, acreditan el alcance de altos estándares de calidad. Raya en el cinismo la siguiente aseveración respecto del ISO 14001 otorgado a la MSC: “La certificación determina que MSC es una empresa que respeta el medio ambiente y asegura una gestión ambiental que detecta, evalúa y maneja los riesgos, previene la contaminación y mitiga impactos negativos, con la finalidad de hacer un uso racio-nal, eficiente y sostenible de los recursos naturales; y, que contribuye al desarrollo sostenible y aplica principios de responsabilidad social”.

Después de esto, para muchos ambientalistas que alguna vez confiamos en la seriedad de las certificaciones ISO, es realmente una gran desilu-sión. En relación a las empresas de evaluación y de provisión de solu-ciones empresariales que auditaron y avalaron a la MSC, simplemente cubren y cobran servicios, y es innecesario hacer otros comentarios.

300

El sector minero

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cicsc.org.bo

La Prensa: www.laprensa.com.bo

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El sector minero

Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental Competente

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CGIAB Comisión para la Gestión Integral de Aguas en Bolivia

COMIBOL Corporación Minera de Bolivia

EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

EMUSA Empresa Minera Unificada S.A.

FRUTCAS Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano de Bolivia

FSUMCAS Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud Bartolina Sisa

ICM Impuesto Complementario Minero

LA Licencia Ambiental

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

MMAA Ministerio de Medio Ambiente y Aguas

MSC Minera San Cristóbal

PCS Proyecto San Cristóbal

ROM Run of Mine (Tierras de remoción de mina)

SERGEOMIN Servicio Geológico Minero

SOPE Sociedad Potosina de Ecología

TCO Tierra Comunitaria de Origen

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El sector minero

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El sector minero

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El sector minero

Las operaciones de la mina San Cristóbal pueden apreciarse desde cientos de kilómetros en el espacio (círculo verde). Fuente google earth

El tajo abierto (open pit) y otras zonas de operación representan casi tres mil hectáreas. El cerro Jayula, emblema cultural de la región (en círculo rojo) queda en medio de las operaciones. Fuente ISAT google earth

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El sector minero

La región semidesértica de San Cristóbal, sujeta a una intensa expoliación de las aguas subterráneas a través de gruesas tuberías. Foto M. Ribera LIDEMA

La región semidesértica de San Cristóbal es extremadamente frágil a los embates de un megaproyecto como San Cristóbal. Foto M. Ribera LIDEMA

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El sector minero

Tajo abierto de la mina San Cristóbal. Fuente MSC SA.

Tajo abierto de la mina San Cristóbal. Fuente MSC SA

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El sector minero

La minería a cielo abierto es la forma de uso expoliativo de recursos más devastadora (Indonesia). Foto R. Olson National Geographic

La voracidad de los consorcios transnacionales necesita una mega-tecnología. Foto google

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317

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ANÁLISIS CRÍTICO Y PROBLEMATICAS SOCIOAMBIENTALES DE:MEGAPROYECTO MUTÚN, CUENCA DEL POOPÓ, CUENCA DEL

PILCOMAYO, MEGAPROYECTO SAN CRISTÓBALActualización 2009-2010

Marco Octavio Ribera Arismendi

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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA

www.lidema.org.bo