Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD)

CONSTRUCCION SOCIAL DE LA CULTURA POLITICADEMOCRATICA EN BOLIVIA

Elaborado por: Rolando Sánchez Serrano (PhD)

La Paz, febrero de 2005

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C O N T E N I D O

Pág.

Introducción………………………………………………………………………………. 2

1. Cultura y política…………………………………………………………….………… 3

2. La transición hacia la democracia………………………………………………….…… 8

3. Necesidad de una cultura política democrática……………………………………..… 12

4. La cultura política democrática entre avances y bloqueos……………………………. .15

5. La cultura política de conflictos y consensos…………………………………………...23

6. Algunas conclusiones……………………………………………………………………28

Referencia bibliográfica……………………………………………………………………30

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CONSTRUCCION SOCIAL DE LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA ENBOLIVIA

…un contexto social diverso es importante no sólo para larealización de los derechos políticos asociados a un régimendemocrático. Un contexto semejante es también el espacio socialdonde los/as ciudadanos/as (…) ejercen derechos y poderes queno han transferido al estado ni “prestado” temporariamente a losfuncionarios electos. Este es un ejercicio público, en la medidaque estimula (…) el diálogo abierto sobre cuestiones que son, oque los interlocutores suponen ser, de interés general.

Guillermo O’Donnell

INTRODUCCION

El presente trabajo versa sobre las posibilidades de construcción de una cultura políticademocrática en el país, viendo la trayectoria del proceso sociopolítico que ha dado lugar alemprendimiento de la vida democrática, donde los comportamientos autoritarios,paternalistas y de enfrentamiento fueron cultivados por largo tiempo, mientras que losvalores de tolerancia, respeto, deliberación y compromiso con los asuntos públicos han sidopromovidos apenas en los últimos 22 años. Por tanto, dentro del contexto democrático,persisten muchos elementos de la tradición autoritaria en el comportamiento que asumentanto los actores políticos como las organizaciones sociales que pretenden ser protagonistasdel cambio; pero al mismo tiempo se percibe la exigencia generalizada por el respeto ycumplimiento de normas institucionales. Así, las medidas extremas adoptadas por lasorganizaciones sociales y el gobierno, como las marchas, los bloqueos de caminos así comola represión policial y militar que se desata para aplacar las acciones de protesta, sejustifican haciendo referencia a las normas legales. De manera que hay una suerte deimbricación entre principios de tradición autoritaria y ciertos valores de carácterdemocrático en las actitudes y comportamientos de los actores políticos y sociales, lo cualva configurando una cultura política de conflictos y consensos.

El ensayo se sustenta fundamentalmente en el análisis de la literatura existente sobre eltema de la cultura política así como en la revisión de resultados de encuesta acerca de lademocracia y los valores democráticos, complementado con información periodística. Porlo tanto, las aseveraciones que se hacen a lo largo del texto se consideran como líneas dereflexión y discusión respecto a la configuración de la cultura política en el país, por lo queno se pretende establecer una “verdad” en el conocimiento y la comprensión del problemaen cuestión. Los analistas políticos y sociales, han sostenido que el desarrollo de unacultura política democrática en el país es muy precario, arguyendo que loscomportamientos y las acciones autoritarias son la forma más regular de expresión políticay que existen pocos signos de práctica democrática. Sin embargo, hay que decir que esoselementos culturales de carácter autoritario, solidificados en el imaginario colectivo pordecenios de años, no pueden cambiarse en pocos años. Tampoco parece sostenible plantearque la manifestación de movilizaciones sociales (bloqueos de caminos y marchas) nosllevarían pronto a un desastre, porque después de cada convulsión social de magnitud se hallegado casi siempre a acuerdos importantes entre los gobernantes y gobernados, dando

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lugar al reajuste de los parámetros institucionales que permitieron a su vez una mayordemocratización de los espacios de decisión política y los canales formales de participaciónciudadana. Se puede decir que las acciones de protesta social han provocado la imaginacióny creación de nuevas instituciones de inclusión ciudadana. Sin embargo, con esto no sepretende indicar que los bloqueos y las marchas sean por definición positivos para laconstrucción democrática, sino sólo se señala que sus efectos pueden ser importantes parael desarrollo de un sistema político más inclusivo.

El texto se divide en seis apartados. En el primero se hace un planteamiento conceptualsobre la relación entre la cultura y política, estableciendo que la cultura política puedeimplicar tanto elementos democráticos como no democráticos. Mientras que laproblemática de la transición a la democracia y los cambios que ha provocado en elquehacer político se desarrolla en el segundo apartado. En tanto, la descripción de losavances y dificultades que se han dado dentro del proceso democrático, así como lasposibilidades de construcción de una democracia más deliberativa e incluyente, sepresentan el tercero y cuarto apartados. Asimismo, la imbricación entre pautas autoritarias ydemocráticas que se manifiestan en el comportamiento y la acción de los actores políticos ysociales se discuten en el apartado cinco. Y finalmente se hace una breve conclusión dondese presentan aquellos aspectos que se consideran más relevantes.

1. CULTURA Y POLITICA

Los valores, actitudes, comportamientos, aspiraciones, proyecciones y otras formas deinclinaciones más o menos colectivas, que se conforman en la dimensión sociocultural de lavida social, influyen también –al igual que los factores económicos o materiales- sobre laesfera política, y más aún cuando el sistema político se abre a las iniciativas sociales comoefecto de la democratización del mismo. De manera que la cultura, entendida como formasde comportamientos compartidos por los miembros de la sociedad, afectasignificativamente sobre el quehacer político. Es en este sentido que es posible hablar deuna cultura política que puede favorecer o perjudicar las prácticas democráticas departicipación de la gente en las decisiones políticas, la discusión respetuosa de lasdiferentes iniciativas de la gente, el respeto y la tolerancia entre los participantes, aspectosque tienen que ver principalmente con las pautas regulares de comportamiento que asumentanto los actores políticos como sociales frente a los elementos y problemas relacionadoscon el poder político. Pues, las tradiciones culturales modelan la conducta política de lassociedades, donde las personas tienen ciertas preferencias en momentos de resolver losproblemas y conflictos de intereses, promoviendo u obstruyendo la concreción de proyectospolíticos de convivencia democrática en los países de reciente democratización. Así,determinadas pautas sociopolíticas empujan a las personas a asumir actitudes intolerantes, yotras conducen hacia la tolerancia y el respeto mutuo entre los actores. Existen tambiénambientes socioculturales que fortalecen las prácticas democráticas y otras que debilitan lasinstituciones democráticas, dependiendo del tipo de relaciones que se van estableciendoentre la sociedad y el estado así como las formas de acción que efectúan los miembros de lacomunidad política para canalizar sus demandas. Es decir, las variaciones culturales afectanal proceso de construcción de la democracia.

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La relación entre la cultura y la política, se ha estudiado de manera más sistemática desdeprincipios de los años sesenta, cuando Almond y Verba publicaron La cultura cívica,examinando las estructuras y procesos sociales que sostienen la democracia de un país1.Estos autores entienden la cultura política como pautas y orientaciones específicamentepolíticas y relacionadas con diferentes elementos del sistema del poder político, señalandoademás que en el futuro una gran parte del mundo tendría una cultura políticapreponderantemente participativo. Se trata de pautas de orientación que asumen losmiembros de la comunidad política frente a los objetos políticos, pautas que implican elconocimiento, las creencias, los sentimientos y la evaluación respecto al sistema político,las instituciones políticas y sus resultados.

Las orientaciones cognitivas tienen que ver con los conocimientos que tienen las personasrespeto a los objetos, las instituciones, las prácticas y los rendimientos políticos así como delos actores existentes en un determinado contexto sociopolítico. En tanto que lasorientaciones normativas se relacionan fundamentalmente con los derechos y deberes de losmiembros de la comunidad política, en términos de participación en la determinación de losasuntos públicos. Mientras que las orientaciones de evaluación implican los juicios yopiniones sobre los fenómenos políticos que se van conformando a partir de losconocimientos y afectos que tienen los diferentes actores respecto al sistema político.Almond y Verba (1970) establecieron tres tipos puros de cultura política: la parroquial, lade súbdito y la de participación; la parroquial se da en las sociedades simples donde lasinstituciones específicamente políticas no existen o en su caso se hallan subsumidas a lasestructuras económicas o religiosas; en cambio la de subordinación se da en las sociedadesautoritarias donde los conocimientos, sentimientos y evaluaciones se dirigen principalmenteal sistema político que debe responder a la diversidad de demandas sociales sin unaparticipación activa de la gente; mientras que la de participación supone una contribuciónactiva de los ciudadanos en la adopción de decisiones políticas. Pero en los hechos, lo quese produce es una cultura política mixta que comprende tanto actitudes y comportamientosparroquiales, de subordinación y de participación. Sin embargo, conforme con losargumentos de los autores antes mencionados, en las democracias de las sociedadesoccidentales se tiende hacia una cultura política de participación, obviamente con ciertapresencia de pautas parroquiales y de subordinación2.

De manera que, las recientes investigaciones sobre el tema incorporan muchos elementosconceptuales formulados por Almond y Verba, donde uno de los aspectos centrales dediscusión es precisamente la condicionante sociocultural que se manifiesta en cada contextopolítico concreto y sus efectos sobre el sistema político democrático. Pues, se trata decaptar las condiciones socioculturales que se expresan en un conjunto de representaciones,

1 Dentro de los estudios sobre la cultura política, la obra de Almond y Verba se ha convertido en un textoclásico, donde se establece la relación entre las condiciones culturales y la sostenibilidad de la democracia.Véase Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura cívica: estudio sobre la participación política democráticaen cinco naciones, Euramérica, Madrid, 1970.2 Hay que aclarar que el estudio comparativo de cinco países (Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos yMéxico), a pesar de las distintas críticas al modelo y los procedimientos metodológicos empleados porAlmond y Verba, aparte de la autocrítica por parte de sus creadores, varios planteamientos centrales delenfoque sobre el análisis de la cultura política forman parte del debate actual sobre el tema, a pesar de que hatrascurrido cuarenta y dos años desde su publicación en inglés (1963).

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actitudes y comportamientos intersubjetivos y su impacto sobre el proceso político. Sonestas actitudes y comportamientos de los distintos actores sociales y políticos que finalmenteconducen hacia un determinado orden político autoritario o democrático. En este sentido, unacultura política democrática se caracteriza principalmente por la participación activa quemuestra la gente en la solución de los problemas de interés comunitario, como laresponsabilidad y el compromiso con el destino de la comunidad política (Murillo y Pizano,2003). Entonces, la cultura política comprende aquellos valores, actitudes, creencias yorientaciones que comparten los miembros de una sociedad con respecto a la dimensiónpolítica como imaginario colectivo de la mayoría de la población: "Los valores, concepcionesy actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto deelementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder,se denomina cultura política." (Peschard, 1994: 9).

Ahora bien, la cultura política democrática es una noción que se vincula con la construcciónsociocultural de una convivencia democrática entre los miembros de la sociedad, mediante lapromoción de pautas de comportamiento de tolerancia, respeto, diálogo, inclusión ycorresponsabilidad entre los habitantes, a diferencia de inclinaciones hacia la intolerancia, laimposición, el enfrentamiento, la exclusión y la indeferencia que caracterizan a los regímenesautoritarias. Pues, para el florecimiento y la consolidación de la democracia es necesario quese desarrollen ciertas condiciones estructurales, institucionales y subjetivas. Por lo mismo, apesar de un cierto mejoramiento de la situación socioeconómica y el fortalecimiento de lasinstituciones políticas, las pautas de comportamiento de las personas no siempre sonfavorables a la democracia. Además, el desarrollo de una cultura política democrática requierede pautas de orientación sociopolítica basadas en conocimientos más o menos coherente sobreel sistema político así como del desempeño de los actores políticos, pues una cultura políticademocrática implica que los miembros de la sociedad se conciban como protagonistas deldevenir político y con capacidad de organización y proposición de demandas frente algobierno y las entidades políticas. Dicho en otros términos, el desarrollo de una culturapolítica democrática depende de la promoción de valores y aspiraciones implicadas en eltercer tipo de cultura política propuesto por Almond y Verba, como es la cultura políticaparticipativa, donde los ciudadanos tienen un amplio conocimiento del sistema político y sufuncionamiento, por lo que están en condiciones de poder influir en la adopción de decisionespolíticas.

En esta perspectiva, las democracias de los países con larga tradición democrática comoEstados Unidos o Inglaterra muestran rasgos significativos de una cultura cívica en elcomportamiento de la población3. Se trata de una ciudadanía responsable y comprometida conlos asuntos públicos y con el destino de sus semejantes, en términos de una suerte decorresponsabilidad con los procesos políticos. Esto supone el desarrollo de ciertos valoresdemocráticos como la participación activa en la adopción de decisiones políticas,predisposición para organizar encuentros de deliberación, responsabilidad para enfrentar losretos del proceso democrático, sujeción a las normas institucionales, solidaridad, cooperación

3 Los rasgos más sobresalientes de la cultura cívica son: 1) participación activa en los asuntos públicos de lamayor parte de la población, 2) involucramiento y alto compromiso con los procesos políticos, 3) confianza yconvicción para influir sobre las determinaciones gubernamentales, 4) capacidad para la conformación deasociaciones, y 5) valoración del sistema política democrático.

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y honestidad en la administración pública (Peschard, 1994). En cualquier caso, la construcciónde una cultura política democrática requiere de creación y recreación de pautas decomportamiento que promuevan prácticas deliberativas para establecer compromisos yconsensos respecto a los diversos problemas sociopolíticos y económicos.

Por otro lado, se estima que las transformaciones socioeconómicas y políticas que se han dadocomo efecto del colapso del comunismo, el resurgimiento de la democracia, la globalización yel llamado consenso de Washington, afectaron notablemente el contexto de la acción política,en términos de redefinición de las estrategias y pautas de comportamiento, donde los códigosde interpretación ya no son adecuados para dar cuenta de los nuevos acontecimientos políticos,lo cual implica el establecimiento de nuevos mapas mentales de representación de la realidadsocial y política (Lechner, 1997). Además las políticas de descentralización que se aplicaronen la mayoría de los países de América Latina, han motivado la conformación de un nuevoentramado entre lo global y lo local, debilitando el marco referencial de la política en el nivelnacional y posibilitando la emergencia de nuevos actores sociales y políticos con diferentesalcances socio-territoriales. Además, la política no debe entenderse sólo como un aspectocircunscrito al estado sino presente en toda la relación social que puede afectar notablemente alas estructuras del poder vigente, por lo mismo es importante comprender las aspiraciones delos actores sociales que producen y reproducen las pautas culturales, mediante elentendimiento de lo que anhelan y sueñan (Krotz, 1997).

Asimismo, los estudios de cultura política han introducido otros criterios sobre laconfiguración de valores y pautas culturales que influyen sobre el desenvolvimiento de lapolítica, como el tipo de redes sociales predominantes en una determinada sociedad. Pues, lasredes y las intersubjetividades sociales pueden ser más verticales u horizontales, lo cual haceque la cultura política sea autoritaria o democrática respectivamente. Es decir, en una sociedaddonde la estructura primaria se funda en la familia patriarcal con predominio de relacionessociales verticales, la cultura política tiende a promover rasgos autoritarios; mientras en unasociedad donde prevalecen las relaciones horizontales entre grupos sociales, se establece unacultura política menos autoritaria y más democrática (Lomnitz y Melnick, 1998). Estosignifica que las culturas políticas que originan acciones autoritarias y de intolerancia sefundan en estructuras sociales muy verticales, en cambio una cultura política que favorece lainteracción más dinámica y cooperativa entre los habitantes se basa en estructuras socialesmenos verticales. Dicho en otros términos, la configuración de una cultura políticademocrática requiere de redes sociales más horizontales que verticales, donde la tolerancia, elrespeto, la solidaridad y la cooperación con el prójimo sean valores dominantes.

No obstante, la realidad sociopolítica concreta no sólo contiene valores y actitudes favorablesa la construcción de una democracia deliberativa e incluyente, sino también comportamientosy acciones de intolerancia y exclusión con manifestación de rasgos fundamentalistas, lo cualparece empeorar cuando se trata de sociedades heterogéneas compuestas de grupos étnicosdiversos y hasta enfrentados. El proceso de democratización y la misma globalización que hantenido lugar de manera más clara en las dos últimas décadas del pasado siglo, nonecesariamente impulsan a las sociedades hacia una cultura global, puesto que las sociedadesnacionales o locales oscilan en un continuo que va de la aceptación al rechazo de las corrientessociopolíticas y culturales que tienen origen en esos procesos de cambio que vive el mundocontemporáneo, pero también hay posiciones intermedias -aunque siempre diversas- entre la

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aceptación y la resistencia militante, entre la fascinación por una cultura global y elaislamiento parroquial (Berger y Huntington, 2002). Esto significa que la cultura política delas naciones, hoy en día están siendo afectada además por esas oleadas de pautas ycomportamientos que tienen lugar en el mundo globalizado, lo cual en ciertos contextossocioculturales y políticos puede ser favorable o perjudicial para la construcción de una culturapolítica democrática, porque las identidades étnico-culturales pueden reaccionar abrazandoideologías fundamentalistas, basadas en argumentos de derechos humanos, derecho a ladiferencia, la justicia etnocultural, los derechos de las minorías o en principios nacionalistas.Es decir, el impulso ingenuo del multiculturalismo puede tener graves riesgos para lademocracia y la estabilidad política en la medida de que se caiga en actitudesfundamentalistas, separatistas o de resistencias a la integración, produciendo una suerte dechoque de identidades culturales (Kymlikcka, 2003; Huntington, 1997).

Es más, en determinadas situaciones socio-históricas la intolerancia, la exclusión, la resistenciay el enfrentamiento pueden convertirse en pautas regulares de comportamiento y de acciónpolítica, donde la cultura política del autoritarismo gane más fuerza sobre la cultura políticadel entendimiento democrático. Pues, la continua explosión de conflictos sociopolíticos puedemotivar a los actores políticos y sociales a abrazar proyectos extremistas que conducen a laviolencia política, creando una cultura política de enfrentamiento con deseos de mejorar lasituación de vida de los involucrados en las acciones violentas. Es más, a veces, las accionesviolentas terminan dando sentido a la existencia humana, se constituyen en una razón paravivir; de manera que la violencia atrae a las personas como una droga en una situación dedesesperación, creando esperanzas de mejoramientos socioeconómico y político. Porque:“Pocas cosas generan más rabia entre los desposeídos que aquellos que, pese a ser incapacesde ejercer el poder, intentan obtener enormes recompensas”. (Hedges, 2002: 24). Cuando laexclusión y el enfrentamiento dominan las relaciones sociales, existen pocas posibilidades deestablecer acuerdos duraderos respecto a la solución de los problemas; porque: “Desde elpunto de vista de una organización que funciona según el principio de que todo lo que no estáincluido está excluido, todo el que no está conmigo, está contra mí, el mundo en generalpierde todos lo matices, diferenciaciones y aspectos pluralistas, que en cualquier caso se hantornado confusos e insoportables para las masas”. (Hannah Arendt, citado en Hedges, 2002:33).

En cualquier caso, las condiciones socioculturales existentes en una determinada sociedadafectan positiva o negativamente sobre los procesos políticos que se dan dentro del ordendemocrático, dependiendo de la predominancia del tipo de valores que promueva la sociedad,que pueden ser “valores de supervivencia” o “valores de autoexpresión”. Las sociedades queaprueban más los valores de autoexpresión son las que tienen más probabilidades de generarprácticas democráticas y una ciudadanía activa, mientras que aquellas que ponen énfasis en losvalores de supervivencia tienden hacia relaciones políticas autoritarias (Inglehart, 2001).Dicho en otros términos, la construcción de la cultura política democrática requiere más devalores y actitudes de autoexpresión que de supervivencia, porque la participación activa ycomprometida de los ciudadanos es fundamental para expansión de prácticas democráticas einclusivas donde la mayor parte de los ciudadanos se sienta como parte consubstancial de losprocesos sociopolíticos (Bustelo, 1998). De manera que la producción de una democraciadeliberativa supone a su vez la configuración de una cultura política democrática, aunque estono significa la eliminación de comportamientos paternalistas y autoritarios.

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La consolidación de la democracia en los países de América Latina y por tanto en Bolivia,depende en parte del ambiente cultural de cada país. Porque el mantenimiento del sistemapolítico democrático requiere de ciertas condiciones sociales que permiten elfuncionamiento de la democracia, como los valores cívicos de interés por los asuntospúblicos y los problemas de los demás conciudadanos. Y esto es más notable en lassociedades de reciente democratización, donde aún persisten los valores tradicionales delautoritarismo practicados por mucho tiempo. Sin embargo, con la democratización y laadecuación de las instituciones políticas al orden democrático, se han logrado avancesconsiderables en la expansión de los espacios de participación ciudadana que ha permitidouna cierta inclusión de amplios sectores sociales marginados.

2. LA TRANSICION HACIA LA DEMOCRACIA

Desde los principios de los años ochenta, se desató la ola de democratización en los paísesde América Latina, después de muchos años de gobiernos autoritarios, donde la elecciónpopular de autoridades públicas se fue haciendo cada vez más frecuente, mediante laimplantación de una variedad de reformas político-institucionales orientadas a fortalecer elorden democrático. En lo que toca a nuestro país, la transición hacia la democracia se dioentre 1978-1982, momento en se inicia una nueva etapa sociopolítica caracterizada por larealización de elecciones regulares para la conformación de autoridades gubernamentales.Tanto los actores políticos como los actores sociales cohesionados en diversasorganizaciones de carácter corporativo han reconocido que la democracia es una opciónpreferible a cualquier otro tipo de gobierno, reconocimiento que favoreció elestablecimiento de acuerdos políticos y sociales para crear instituciones necesarias paraprofundizar la democracia, aunque no siempre han faltado actitudes de resistencia a loscambios, tanto en los sectores privilegiados como en los estamentos desfavorecidos por elsistema.

Así, desde principios de los años ochenta, Bolivia entró en una nueva etapa deordenamiento político como efecto de la democratización del sistema político, con lo cualempezó también la implantación de políticas de ajuste estructural y la aplicación dereformas político-institucionales orientadas a la ampliación de canales de participación dela gente en la adopción de decisión políticas. Esto ha permitido que los sectores socialesmarginados dispongan de oportunidades para influir sobre los asuntos públicos a través delos canales regulares establecidos por las reformas, en particular aquellas referidas a ladescentralización que han dado lugar a que el poder político ya no sea asunto exclusivo delos partidos políticos sino también de las organizaciones sociales. Sin embargo, antes delproceso de descentralización política, los sectores sociales marginados y excluidos de losámbitos del poder político han venido reclamando continuamente la “inclusión” y laparticipación en la determinación de las políticas públicas, en procura de lograr una ciertaautodeterminación, en tanto protagonistas de la construcción de un destino propio, digno ylibre. Es este propósito sociopolítico, trascendente en el tiempo, que ha impulsado lasdiferentes revueltas populares, movilizaciones o subversiones de los sectores socialesoprimidos, tanto en la colonia como en la vida republicana.

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Desde Katari al Mallku4 -pasando por Zárate, por Marka T’ula, por Chipana, por Flores,entre otros líderes de los pobres y excluidos-, la lucha ha sido casi siempre por laautodeterminación política, por eso la Revolución Nacional de 1952 tuvo un gran apoyo delas masas obrero campesinas. Dicho en otros términos, decidir políticamente sobre eldestino propio, ha sido siempre un asunto recurrente para las comunidades campesinas delaltiplano y los valles así como para los barrios populares urbanos. En consecuencia, laposible configuración de una cultura política democrática está de cualquier modocondicionado por esas pautas y comportamientos sociopolíticos de larga data que hacaracterizado a los sectores sociales mayoritarios de este país. La misma transición hacia lademocracia obedeció en parte a la extensión e intensificación del movimiento popular,donde la participación activa de los diferentes segmentos sociales posibilitaron eldebilitamiento de los gobiernos autoritarios, porque la apuesta colectiva fue por lademocracia como una opción para superar las carencias y lograr una mejor condición devida; aunque después se produjo una gran decepción y desencanto generalizado en lapoblación dado que la democracia no llenaba las expectativas de los diferentes sectoressociales (Laserna, 1992; 2004). Para la mayor parte de la población, lograr la democraciarepresentaba una oportunidad histórica para alcanzar la libertad política y de expresión quehabían sido prácticamente anuladas durante los regímenes dictatoriales; se trataba tambiénde pensar y actuar políticamente en función de los problemas candentes que enfrentaban lossectores populares, como la pobreza y la exclusión socioeconómica y política.

4 La historia muestra que las poblaciones originarias del altiplano boliviano no han sufrido en absolutasumisión la explotación y opresión colonial y republicana, sino que se han levantado con fuerza en procura dereivindicar sus derechos, en ocasiones en armas. Así, Tupac Katari hizo una gran movilización sociopolíticaen 1780-1781, sitiando la ciudad de La Paz por más de tres meses; de la misma forma, Pablo Zárate, eltemible Willka, se alzó en armas durante la guerra Federal de 1899 entre conservadores y liberales;igualmente, los caciques y autoridades originarias de los ayllus Machaca y otras poblaciones del altiplano sesublevaron en los años veinte; asimismo los excombatientes de la guerra del Chaco empezaron a organizarmovilizaciones sociales en contra del poder oligárquico minero-terrateniente, lo cual en parte influyó sobre elestallido de la revolución de 1952. Y en el 2000 y 2003, Felipe Quispe, El Mallku, organizó una granmovilización campesina, paralizando la parte occidental del país. Puede verse a Xavier Albó, “Etnicidad yclase en la gran rebelión aymara-quechua: Kataris, Amarus y bases 1780-1781”, en: Fernando Calderón yJorge Dandler, Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, Cochabamba, CERES; Fausto Reinaga, Larevolución india, La Paz, Partido Indio de Bolivia; Ramiro Condarco, Zárate, el temible Willka, La Paz,Talleres Gráficos Bolivianos, 1965; Roberto Choque, “De la defensa del ayllu a la creación de la Repúblicadel Qullasuyu: historia del movimiento indígena en Bolivia (1912-1935)”, (ponencia al III Encuentro deEstudios Bolivianos, Cochabamba, 1985); Javier Hurtado, El katarismo, La Paz, Hisbol, 1986; Silvia Rivera,Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, La Paz, Hisbol, 1986;Julio Mantilla y otros, La ch ampa guerra: del tinku de la guerra al tinku del amor, La Paz, CentroMultidisciplinario de Ciencias Sociales, 2000; Raquel Gutiérrez y otros, Democratizaciones plebeyas, La Paz,Muela del Diablo, 2002; entre otros

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A pesar de que el orden político democrático era nuevo en el país5, los diferentes sectoressociales han apoyado resueltamente el proceso de democratización, sobre todo los mineros,fabriles, campesinos, gremiales, universitarios y demás sectores populares urbanos quetenían el objetivo común de terminar con las dictaduras que habían reducido a lo mínimolas libertades sindicales, donde los dirigentes de las organizaciones sociales y los partidospolíticos de izquierda estaban confinados en la clandestinidad. Entonces, una vez decretadala amnistía política6, los dirigentes y los líderes volvieron a la lucha política buscandoespacios en procura de jugar un papel protagónica en la pelea por la democracia, y ahí seestableció el gran acuerdo sociopolítico entre los actores políticos y sociales por alcanzar lademocracia. Pero la instalación del orden democrático significó una gran batalla que fuelibrada por los trabajadores mineros, fabriles, campesinos, gremiales, estudiantes y demássectores populares aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) que llevó adelante lasdistintas medidas de presión para “tumbar” a los gobiernos golpistas. La pelea por lademocracia (1978-1982) se efectuó entre el voto ciudadano y las acciones de protesta, conmanifestaciones de violencia política. En este período de transición hacia la democracia elpaís se debatió entre urnas y fusiles7, donde se dieron cuatro golpes de estado, treselecciones municipales y siete gobiernos diferentes. La transición hacia el nuevo ordenpolítico democrático fue un verdadero parto.

El nacimiento doloroso de la democracia fue “asistido” tanto por masajes violentosfundados en la cultura política tradicional y autoritaria como por premisas racionalessustentadas en una exigua e incipiente cultura política democrática. La violencia arrogantey el ensayo de un entendimiento argumentativo, marcaron de inicio, el proceso detransición hacia la democracia, donde tanto los actores políticos como sociales se valieronde acciones violentas como de argumentos racionales para conseguir sus objetivos. Así, lasmarchas y los bloques callejeros así como el reclamo por el respeto de la Constitución

5 Como se sabe, la práctica democrática en el país fue ocasional a lo largo de la historia republicana, porquedesde su fundación, los que dominaros el poder político fueron los gobiernos caudillistas en el siglo XIX, larosca minero-terrateniente durante la primera mitad del siglo XX y los regímenes dictatoriales-militares en losaños sesenta y setenta. Además antes de la revolución nacional de 1952 la participación política de lasociedad civil obedecía a la lógica de exclusión censitaria. Sólo entre la revuelta popular de abril de 1952 ygolpe de estado de 1964 se puede decir que se ha dado una cierta participación democrática de las masas,como efecto de la implantación del voto universal, sin embargo las elecciones estaban atravesadas pormanipulaciones fraudulentas.6 Pese a la persecución violenta desatada contra los trabajadores y la prohibición de las huelgas por parte de ladictadura de Bánzer (1971-1978), los dirigentes mineros, fabriles y campesinos seguían impulsando laresistencia al gobierno de facto, así en diciembre de 1977 se instala la huelga de hambre de mujeres concuatro esposas e hijos de trabajadores mineros en el Arzobispado de La Paz, multiplicándose rápidamente enlos centros mineros y demás regiones del país, lo cual marcó prácticamente el fin de la dictadura, pues elgobierno presionado por el ascenso de la fuerza de los trabajadores, lanza la convocatoria a eleccionesgenerales para 1978 y decreta la Amnistía Política. Véase a Roberto Laserna, Productores de democracia:actores sociales y procesos políticos en Bolivia 1971-1991, CERES – FACES, Cochabamba, 1992.7 La historia política del país ha sido fuertemente marcada por dos formas de comportamiento y acciónsociopolítica ejercidas tanto por los políticos como por la sociedad civil, que se expresan en la violenciapolítica y la acción mediante canales institucionales. Pues, la disputa violenta por el poder estatal y la aperturade espacios de participación política fue muy recurrente en las diferentes manifestaciones de actores políticosy sociales, pero al mismo tiempo se ha reclamado insistentemente el ajuste de las acciones políticas a lasnormas institucionales, lo cual es muy visible dentro del actual orden político democrático que vive el país. Alrespecto véase a Carlos de Mesa, Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles, Gisbert, 2 ed., La Paz, 1990;Salvador Romero B., Electores en época de transición, Plural – Caraspas, 1995.

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Política del Estado, han llevado finalmente al país a recorrer el camino escabroso de laconstrucción sociopolítica de la democracia.

La dramática transición hacia la democracia ha significado para los actores políticos ysociales la actualización de viejas prácticas de lucha y la adopción de nuevas pautas deacción política. Los golpes de estado perpetrados por los uniformados así como las accionesde protesta efectuadas por el movimiento popular, estuvieron sazonados por discursoslegalistas, donde la alusión a las normas de la Constitución Política del Estado fuefrecuente, pues cada acción de fuerza se trataba de justificar con argumentos legalistas. Dela misma forma, las negociaciones enmarcadas de algún modo en el marco legal,estuvieron acompañados por amenazas de “acción directa” ante el presunto incumplimientode los acuerdos, las elites encaramadas en el gobierno sea militar o civil advertían a losdirigentes de las organizaciones sociales con el uso de la fuerza ante la eventualidad de losdisturbios sociales, mientras que éstos también insinuaban paralizar el país con bloqueos ymarchas multitudinarias. Una misma acción de protesta no institucional o legal presentabaal mismo tiempo rasgos tanto formales como informales, donde la imposición forzosa y eldiálogo se conjugaban en un mismo acontecimiento sociopolítico. De hecho, la huelga dehambre de mujeres mineras que inició la transición hacia la democracia, se movió entre laacción directa y la exigencia legal del respeto de los derechos políticos. De la misma forma,la cantidad de movilizaciones sociales que realizaron los mineros, fabriles, campesinos,gremiales, estudiantes y otros sectores populares contra los golpes militares, implicó tantoacciones de violencia política como el reclamo de las normas constitucionales, por ejemploel respeto de los resultados de las elecciones presidenciales; lo cual finalmente posibilitó engran parte a que Hernán Siles Zuazo se posesionara como presidente constitucional, enoctubre de 1982, haciendo valer su victoria alcanzada en las elecciones generales de 19808.Igualmente, los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha exigían elacatamiento de los resultados electorales conforme a las normas formales, pero al mismotiempo convocaban –sobre todo las organizaciones políticas de izquierda- a lasorganizaciones sociales a efectuar movilizaciones de protesta, como ser los bloqueos decaminos, las marchas o las huelgas de hambre.

En esta perspectiva, la transición hacia la democracia significó entre otros aspectos labúsqueda más o menos colectiva de fortalecimiento o transformación de las institucionespolíticas, con una clara pretensión de dejar atrás las imposiciones y arbitrariedades de losgobiernos dictatoriales así como la ausencia de normas en la lucha política y laadministración publica, para luego construir un orden político democrático sustentado eninstituciones legalmente establecidas y la legitimidad brindada por la sociedad civil(Mayorga, 1991). Entre las instituciones políticas, se dio un significativo reconocimiento delos partidos como uno de los componentes importantes para la consolidación de lademocracia, por eso es que el electorado ha participado con mucho entusiasmo en las

8 La Unidad Democrática y Popular (UDP), había obtenido la victoria relativa en dos ocasiones, en laselecciones generales de 1979 con 31% y en las de 1980 con 34%; victoria que fue admitida por sus rivales.Pero no pudo jurar como presidente constitucional como consecuencia del golpe de estado perpetrado porLuis García Meza en julio de 1980. Véase a Opiniones y Análisis, Datos estadísticos elecciones generales1979-1997, FUNDEMOS, La Paz, No. 31, febrero de 1998, T. I.

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diferentes elecciones generales y municipales efectuadas en la etapa democrática9. Lapoblación boliviana ha mostrado durante las justas eleccionarias una participación políticaimportante mediante el voto en las urnas, incluso en momentos más difíciles, por ejemplo larealización del Referendo sobre la venta del gas (1994), cuando algunos dirigentes de lasorganizaciones sociales convocaban abiertamente al boicot de la consulta popular, laciudadanía respondió de manera responsable, mostrando una madurez política cultivada alo largo de los 22 años de convivencia democrática. En cualquier caso, el establecimientode la democracia ha significado la conformación de diversos acuerdos entre partidospolíticos y las organizaciones sociales para impulsar las distintas reformas estructurales y lamodernización del estado, con ese propósito de consolidar el orden democrático: “…lameta de todo este proceso de reforma y modernización política e institucional, es el ajustemutuo desde abajo y desde arriba, entre Estado y sociedad y la conformación de una nuevacultura de la sociedad y del poder”. (Lazarte, 1991: 44). De manera que, dentro del tiempodemocrático se ha producido una suerte de desplazamiento de los modos de interacciónpolítica, que va desde el enfrentamiento más o menos extremista hasta la búsqueda depactos políticos para encontrar salida a los diferentes problemas, aunque no siemprefaltaron actitudes basadas en la defensa de determinadas posiciones intransigentes.

3. NECESIDAD DE UNA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA

Después de los procesos de democratización que han experimentado los países de AméricaLatina y entre ellos Bolivia, desde principios de los años ochenta, una de las preocupacionesmayores, tanto para los políticos como para los analistas, ha sido la consolidación del ordendemocrático mediante la implantación de una variedad de reformas político institucionales, enprocura de crear condiciones favorables para la gobernabilidad democrática. Y una de estasreformas ha estado orientada a producir una suerte de descentramiento del poder estatal, yaque el modelo centralista había generado la ineficiencia en la administración de los recursospúblicos, de manera que se trataba de modernizar el aparato público10. La ejecución de lasreformas institucionales se ha considerado como un aspecto fundamental para la consolidacióny profundización de la democracia, por lo menos en su base fundamental como es larealización regular de elecciones populares para la conformación de los gobernantes, tratandode hacer eficiente y transparente las justas eleccionarias. Sin embargo, las diferentes reformaspolítico institucionales no siempre han sido suficientes para la gobernabilidad y la estabilidadpolítica, dado que los comportamientos y acciones de los agentes políticos y sociales han

9 Después de la recuperación de la democracia en 1982, en las diferentes elecciones nacionales de 1985, 1989,1993, 1997 y 2002, la abstención electoral no ha superado el 40%; y en la última elección municipal de 2004la abstención alcanzó a 36%, aunque en las municipales de 1989 y 1993 la abstención fue mayor, 46% y 53%respectivamente. En cualquier caso, la población se ha movilizado notablemente en torno a las eleccionesgenerales y municipales.10 Desde mediados de los años ochenta se han hecho varios estudios sobre las posibilidades de consolidaciónde la democracia en los países de América Latina a través de reformas políticas de fortalecimiento de lasinstituciones políticas y la descentralización administrativa, dando mayor importancia a los espaciosregionales y/o locales, en términos de un acercamiento mayor entre el estado y la sociedad civil. Al respectopuede verse a Dieter Nohlen (ed.), Descentralización política y consolidación democrática: Europa América del Sur, Nueva Sociedad, Venezuela, 1991; Guillermo O’Donnell, Contrapuntos: ensayos escogidossobre autoritarismo y democratización, Paidós, Argentina, 1998; Jordi Borja y otros, descentralización ydemocracia: gobiernos locales en América Latina, CLACSO – SUR – CEUMT, Santiago de Chile, 1989;entre otros.

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desbordado a menudo la reglas de juego. Muchas veces, las posiciones intransigentes hanllevado a desenlaces violentos, donde las acciones de protesta social y la represión estatalinfluyeron notablemente sobre el desenvolvimiento gubernamental y la determinación depolíticas públicas. Es decir, la resolución de los conflictos de intereses y la adopción dedecisiones políticas, se han hecho en parte, al margen de las normas institucionales, porquetanto los gobernantes como los gobernados han tenido que resolver los problemasobedeciendo a diferentes coyunturas políticas. Esto ha llevado a sostener que las democraciasen los países de la región son frágiles como efecto de la debilidad de las instituciones y laescasa adaptación de la población a las normas democráticas. En consecuencia, se haplanteado la urgencia de “educar” a la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos yobligaciones conforme con las normas institucionales establecidas11. Es decir, la consolidaciónde la democracia requiere el desarrollo de una cultura política democrática por parte de losactores políticos y sociales.

Como se sabe, en nuestro país, desde 1985 se han aplicado ajustes estructurales y reformaspolítico institucionales con el fin de crear condiciones adecuadas para la sostenibiliad de lademocracia y el logro de la estabilidad política. De manera que las reformas de la llamadaprimera y segunda generación han aportado significativamente a la construcción de un ordenpolítico más estable y participativo. La implantación de modelo económico de corte neoliberalen octubre 1985 permitió detener la hiperinflación que había azotado al país, con lo cual seinicia una nueva etapa de relación entre estado y sociedad, ya que se pasó de una economíacentrada en el estado a una tendiente hacia la privatización de las empresas públicas. Esto a suvez ha posibilitado crear una cierta confianza en la estabilidad económica por parte de lapoblación. No obstante, las reformas que tuvieron mayor impacto sobre el sistema político y lasociedad civil fueron aquellas que se implantaron en los años noventa, marcando el inicio de laexpansión de los espacios de participación política. Sin embargo, dichas reformas estuvieroninfluidas por los reclamos y la acción de los diferentes sectores sociales que han demandado alos gobiernos un tratamiento más justo a las demandas de los sectores sociales másempobrecidos, dándose un proceso sostenido de democratización e institucionalización.

Empero, detrás de los cambios político institucionales como la reforma de la ConstituciónPolítica del Estado, la aplicación de la participación popular, la reforma del sistema electoral,la elección de diputados uninominales, la implantación de la cuota de la participación de lamujer en las listas de candidatos en 30%, entre otros, estuvo presente la valoraciónsociopolítica de la negociación y concertación de las decisiones políticas, haciendo que elestablecimiento de los pactos se torne en un habito entre los actores políticos12. Así lainsostenibilidad política del gobierno de Siles Zuazo, como efecto de la hiperinflación, la

11 Tanto desde el gobierno como desde las ONG’s se ha empezado a ejecutar programas orientado a la“educación ciudadana”, con el objetivo de fortalecer los espacios de debate político y las capacidadesdeliberativas en la sociedad civil.12 Las negociaciones y la concertación política ha sido muy importante para el mantenimiento de lademocracia y la implantación de las distintas reformas de modernización del estado y transformación de lasinstituciones políticas, lo cual se ha reconocido como la conformación de pactos democráticos, aunquesiempre con rasgos de radicalismo enraizado en las organizaciones corporativas, mineros, fabriles,campesinos, gremiales y estudiantes. Sobre la conformación escabrosa de los pactos políticos dentro delcontexto democrático puede verse a René Mayor (comp.), Democracia a la deriva: dilemas de laparticipación y concertación social en Bolivia, CLACSO – CERES, La Paz.

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fragmentación y la proliferación de las protestas sociales, fue enfrentada mediante un acuerdoentre los partidos políticos con representación parlamentaria, determinando el acortamiento dela gestión gubernamental de Hernán Siles. Luego después de las elecciones generales de 1985se instituye la concertación política del “pacto por la democracia”13 entre el MNR de PazEstenssoro y ADN de Hugo Bánzer, lo cual sirvió como sustento político para la implantacióndel ajuste estructural mediante el decreto supremo 21060 que significó la implantación de unnuevo modelo económico de corte neoliberal. Esto representó un reordenamiento de lasrelaciones entre la sociedad y el estado. Es decir, la aplicación de las reformas de la primerageneración gozaron de un cierto respaldo por parte de la sociedad civil, sobre todo del sectorcampesino y las clases populares urbanas; pero al mismo tiempo los mineros se movilizaronen contra de la nueva política económica que se implantaba en un momento de colapso de losprecios de estaño14, lo que provocó la denominada “marcha por la vida” que partió de Oruro aLa Paz, como otra de las medidas radicales ante el despido de más 23 mil trabajadoresmineros. La marcha que representaba un inminente enfrentamiento violento entre los minerosy las fuerzas del orden, fue detenida en Calamarca, donde se firmó un acuerdo para que losmineros vuelvan a sus distritos, con lo cual el gobierno continuó el proceso, lo cual significópara los mineros su derrota histórica.

Posteriormente, el establecimiento de acuerdos políticos ha sido regular en la conformación dediferentes gobiernos, entre estos el de Jaime Paz Zamora (1989-1993), la presidencia deGonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); la “megacoalición” que se conformó en torno aBánzer (1997-2002) y el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002), obligado a ladimisión del mandato por la presión social que se desató desde la ciudad de El Alto. Laconformación de coaliciones políticas ha sido fundamental para lograr la gobernabilidad y laimplantación de políticas públicas con el apoyo del parlamento, aunque esto se ha criticadocomo una simple distribución de espacios de poder (el cuoteo político) y formación del“rodillo parlamentario” para la imposición de leyes. Pero de cualquier modo, los pactospolíticos han sido importantes para la ejecución de las reformas político institucionales y lagobernabilidad política. La relación entre los partidos políticos se ha tornado más deadversarios que de enemigos, porque después de las contiendas electorales los líderes políticoshan tratado en lo posible establecer acuerdos para conformar un gobierno fuerte. A lo largo delos 22 años de democracia, los políticos han aprendido que la negociación y los pactos sonmás fructíferos que el enfrentamiento intransigente. Aunque en los últimos dos años se estimaque los cambios logrados en el proceso de la institucionalización y la virtud de los pactospolíticos estarían en riesgo: “Los avances políticos, económicos e institucionales logrados porBolivia desde la transición democrática y a través de audaces e innovadoras reformas, están enriesgo de perderse. Con la perspectiva nublada por la recesión económica y unas expectativasque se relacionan más con la cultura del consumo que con las realidades del trabajo, a lapoblación boliviana le resulta casi imposible reconocer los avances que ha logrado en estosaños”. (Laserna, 2004: 9).

13 El “pacto por la democracia”, marcó una nueva forma de conformación de acuerdos políticos, dejando atráslas posiciones intransigentes que habían bloqueado la viabilidad político administrativa durante el gobierno deSiles Zuazo.14 Entre 1985 y 1986, el precio del estaño había caído de 5.5 a 2.5 dólares por libra fina, lo cual hacíainsostenible el funcionamiento de la minería estatal.

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Asimismo, en el ámbito de la sociedad civil, los dirigentes y las bases de las organizacionessociales han aprendido en cierta medida a actuar dentro del contexto democrático, además deque habían luchado para conseguirlo, pues han empezado a valorar la participación ciudadanay sus efectos sobre la estructura política. Los ciudadanos saben que su participación es tomadaen cuenta por el gobierno, porque después de las marchas, bloqueos de caminos, huelgas dehambre y demás acciones de protesta, las cosas no siempre quedan como estaban, pues seestablecen acuerdos y convenios que afectan en la determinación de políticas y la elaboraciónde las leyes. Se puede sostener que las movilizaciones sociales conllevan signos de mayordemocratización, en la medida que ocasionan el reajuste continuo de las normasconstitucionales y el mejoramiento de las políticas públicas. Es decir, las reformas políticas yla transformación de las normas constitucionales no sólo respondieron a la iniciativa y labuena voluntad de los actores políticos sino también al empuje de las fuerzas sociales que habuscado constantemente una mayor democratización de los espacios de poder político; lo cual,en una sociedad de actores pasivos sería muy diferente, pues una sociedad civil sumisa a lasdeterminaciones de elites sociales crea condiciones favorables para la instalación de tiranías ygobiernos autoritarios. Pero esto no significa que todas las acciones sociales de protesta seanconstructivas y democratizadoras, dado que existen posiciones casi autoritarias que asumenciertos dirigentes de las organizaciones sociales en oposición a la aplicación de determinadasleyes del estado, e incluso frente a otras organizaciones sociales, enfatizando en los derechosde la ciudadanía antes que en los deberes.

La construcción de una cultura política democrática no siempre ha encontrado un ambientesociopolítico muy favorable, porque a pesar que los actores han aceptado la democracia comouna opción preferible, no han faltado los comportamientos y acciones intolerantes que enocasiones han desembocado en enfrentamientos violentos. En consecuencia, hay unanecesidad de promover y fortalecer los valores democráticos de convivencia en una sociedadvisiblemente fragmentada; porque se estima que: “Uno de los medios probados, por laexperiencia histórica para evitar…[que la democracia se desplome], es fortalecer la culturademocrática. La cultura democrática refuerza a la democracia porque la hace deseable por símisma en virtud de los principios o valores que la definen, independientemente delrendimiento del gobierno, sobre el cual la población se pronuncia sin apelación el día de laselecciones.” (Lazarte, 2000: 9).

4. LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRATICA ENTRE AVANCES YBLOQUEOS

Como se ha dicho, tanto los actores políticos como sociales han abrazado las banderas de lademocracia como una opción de orden político más adecuado. De cualquier modo se haconfigurado ciertas pautas de práctica democrática que se podrían considerar como sustratosde la construcción de una cultura política democrática. Pero también se han manifestado confrecuencia comportamientos y acciones reñidas con las normas institucionales tanto en ladimensión política como en la social. El esfuerzo por mantener relaciones de entendimientodemocrático entre los políticos, las organizaciones sociales, el estado y la sociedad civil se havenido desarrollando entre avances y bloqueos.

En el ámbito estatal, el establecimiento de los acuerdos políticos entre partidos ha permitidodesarrollar y fortalecer las virtudes de negociación y flexibilización de posiciones

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intransigentes y autoritarias que predominaban al principio de la instalación del ordendemocrático. Esto ha sido muy favorable para la gobernabilidad del sistema político y laaplicación de las reformas político institucionales15, que posibilitaron avanzar en el proceso dedemocratización y consolidación de la misma. Aunque en los últimos dos años, el valor de losacuerdos políticos ha perdido importancia como efecto de la desconfianza notable que semanifiesta en la sociedad civil respeto a los partidos políticos y sus formas de actuar, como lasnegociaciones de reparto de los espacios del poder, o incluso en el nombramiento deautoridades que requieren el voto congresal, por ejemplo el nombramiento vocales de la CorteNacional Electoral, el Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional,Contralor de la República, que requieren dos tercios del voto congresal. Ante estas“negociaciones” más o menos oscuras entre los políticos de los partidos con mayorrepresentación parlamentaria, la población ha terminado creyendo que lo único que interesa alos políticos es aprovechar los espacios de poder en beneficio partidario y personal. A talpunto que los partidos tienen un apoyo menor respecto a los demás organismos como laiglesia, los medios de comunicación, Fuerzas Armadas o las alcaldías municipales16. Es más,el 69% de la población consultada indica que la desaparición de los partidos políticos no seríagrave para la continuidad de la democracia. El desplome del grado de aprecio a los partidos espreocupante en relación a lo que tenían en 1990, cuando el 63% de la gente se pronunciabaque los partidos eran imprescindibles para la democracia17.

La población tiende a desvalorizar cada vez más el rol de los partidos políticos dentro delcontexto democrático, sobre todo de aquellos llamados tradicionales como el MNR, ADN yMIR, que han estado en el gobierno dentro del período de estabilización política oconsolidación de la democracia, a pesar de que cada gobierno aportó con lo “suyo” al procesode la modernización del sistema político y la expansión de los espacios de participaciónciudadana. Con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (MNR) se estableció el primer acuerdopolítico dentro del la fase democrática, con el llamado “pacto por la democracia” y se

15 Desde principios de los años noventa, en el país se han producido reformas político institucionales de grandimensión, pero las más impactantes fueron la modificación de la Constitución Política de Estado (en dosoportunidades, 1994 y 2004); la Participación Popular (1994); la Descentralización Administrativa (1995);elección de diputados uninominales (reforma a la Ley Electoral, aplicación de Art. 60 de la CPE, 1996);participación de las mujeres en elecciones nacionales y municipales con un cuota no menos al 30% (Art. 19de la Ley de Partidos Políticos, 1999, Art. 112 del Código Electoral, 1999); Ley de Agrupaciones Ciudadanasy Pueblos Indígenas (2004); Ley de Municipalidades (1999); participación de la sociedad civil en el diseño depolíticas destinadas a la reducción de la pobreza (Ley de Diálogo Nacional, 2001); entre otros cambios.16 Los resultados de la Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, muestran que los partidospolíticos tienen, sobre una puntuación de 7 como máximo, apenas una de 2.6, es la institución en la que lagente menos confía en relación a las otras como los medios de comunicación (5.6), iglesia católica (5.3),juntas vecinales (4.6) o las Fuerzas Armadas con 4.2; casi lo mismo ocurre con el grado de representatividad,donde los partidos ocupan el último escalón. Véase a Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia yValores Democráticos, CNE, La Paz, 1999. La indicación de “datos” que se hace más adelante en el texto, sesustenta en los resultados de la encuesta indicada. Señalar también que, existen dos trabajos referidos a lacultura política basados en estos resultados de la encuesta: Jorge Lazarte, Entre dos mundos: la cultura políticay democrática en Bolivia, Plural, La Paz. 2000; Roberto Laserna, La democracia en el ch enko, FundaciónMilenio – CERES, La Paz, 2004.17 La encuesta sobre la cultura política en Bolivia, realizadas por Encuestas y Estudios (1990), por encargodel Congreso Nacional, fue interpretada por Jorge Lazarte, quien publicó en forma libro los resultados de lamisma en Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia (partidos, problemas de representación yreforma política), ILDIS – Los Aminos del Libro, 1993.

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consiguió estabilizar la hiperinflación y el cambio del modelo económico hacia una economíade mercado, con lo cual se ha emprendido el camino de las reformas estructurales y políticasorientadas hacia el mantenimiento de la estabilidad económica y la gobernabilidad del sistema;se puede decir que el país se salvó de una inminente catástrofe social, económica y política, noera un simple discurso cuando Paz Estenssoro dijo, en 1985, de que “Bolivia se nos moría”.En tanto que durante la presidencia de Jaime paz (MIR), si algo importante se logró es lapromulgación de la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, queha permitido modernizar el aparato estatal y las relaciones entre el estado y la sociedad civil.Asimismo, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), se aplicó entre otraspolíticas que impactaron directamente sobre la sociedad civil, la ley 1551 de ParticipaciónPopular que ocasionó la municipalización del territorio nacional y la consiguienteconformación de los gobiernos locales; la Ley de Descentralización Administrativa quepermitió la conformación de los consejos departamentales; y obviamente la promulgación dela Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado que posibilitó por ejemplo, entreotras cosas, la elección de diputados uninominales así como el reconocimiento estatal de lacualidad diversa de la sociedad civil como multiétnica y pluricultural, que también seráfundamental para la ampliación de los espacios de participación ciudadana. Igualmente, en elmandato de Hugo Bánzer – Jorge Quiroga (ADN) se aprobó nuevamente la Ley de Necesidadde la Reforma de la Constitución Política del Estado y, lo más significativo para los sectoressociales empobrecidos del país, la Ley del Diálogo Nacional 2000, que ha dado apertura a laparticipación de las distintas organizaciones sociales en el diseño de las políticas de luchacontra la pobreza, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos de alivio a lapobreza (HIPC, por su sigla en inglés) entre los municipios según el índice de pobreza. Y porúltimo, en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (MNR), reemplazado por el actualpresidente Carlos Mesa, se promulgó la Ley de Reforma de la Constitución Política delEstado, dando lugar a su vez a la publicación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas yPueblos Indígenas, lo cual permitió una participación más directa de la ciudadanía en ladisputa por los espacios de poder municipal.

Como se ve, cada gestión gubernamental ha contribuido al mejoramiento del sistema políticodemocrático, la participación ciudadana y –aunque escasamente- la situación económica ysocial del país. Así, en 22 años de vigencia de la democracia política representativa, el país haavanzado bastante en términos de configuración de una convivencia humana de tolerancia,respeto y concertación en la solución de los conflictos. Y esto es más reconocible y meritorio,tratándose de una sociedad heterogénea o abigarrada como llamaba René Zavaleta, así comoazotada por la exclusión interétnica, la marginación y la pobreza; el estoicismo sociopolíticode los bolivianos fue probado en el recorrido del camino escabroso de la construccióndemocrática; pues, no sólo se ha mantenido la elección mediante el voto popular de lasautoridades gubernamentales, sino que se han ensanchado los canales institucionales departicipación política, donde los ciudadanos tienen mayores posibilidades de influir sobre laadopción de decisiones políticas. Los más excluidos de los círculos de poder político durantedecenios, ahora pueden acceder a cargos políticos de importancia en los gobiernos locales, porejemplo los sectores sociales llamados indígenas.

Además, las diferentes coaliciones gubernamentales que se formaron a lo largo del tiempodemocrático, incorporaron en la administración estatal a los partidos de “izquierda” y hastaaquellos de tendencia populista y katarista, partidos que también tuvieron su aporte en la

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producción de las reformas político institucionales y el fortalecimiento de la ciudadanía. Estofue más significativo durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), dondeformaron parte de la coalición gobernante el Movimiento Bolivia Libre (MBL) -partido deizquierda-, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) –partido detendencia katarista con proyección de integración al sistema- y a la Unidad Cívica Solidaridadde inclinación populista. Y precisamente, es en esta gestión gubernamental que se aplica una elas políticas de mayores efectos de inclusión de aquellos sectores socio-territorialesmarginados como las provincias, con la promulgación de la Ley de Participación Popular(LPP); además, por primera vez en la historia republicana llega al palacio de gobierno unvicepresidente de origen aymara, marcando tal vez el avance significativo del proceso dedemocratización de los espacios del poder estatal y el acercamiento entre dos sectores socialestradicionalmente enfrentados: entre los excluidos y los integrados, o como otros dirían entre“indios” y “q’aras”18. Asimismo, la llamada “megacoalición” que se conformó en el gobiernode Bánzer – Quiroga, también incluyó a partidos populistas con bastante apoyo electoral comoCONDEPA19 y UCS, y una agrupación política de orientación katarista como el MovimientoKatarista Nacional (MKN) de Fernando Untoja.

Además, la aprobación de la necesidad de las dos reformas a la Constitución Política delEstado (1993 y 2002) estuvo respaldada por el acuerdo de los “jefes” de los partidos conrepresentación parlamentaria. Se puede decir que las reformas institucionales que han marcadouna profunda transformación de las relaciones entre el estado y la sociedad civil en términosde acercamiento y mayor interacción sociopolítica, son producto de esa disposición y voluntadpolítica que han mostrado los líderes de los partidos para establecer los pactos degobernabilidad y la implantación de las reformas institucionales. La democracia pactada,desde 1985 hasta la actualidad ha permitido al país avanzar en la construcción de unademocracia más participativa e incluyente, a favor sobre todo de los sectores sociales másdesfavorecidos por el sistema. A pesar que algún partido político como el MNR ha tendidocasi siempre a mantener al movimiento social subordinado al gobierno, la mayor parte de lospolíticos han impulsado en cierta medida una cultura política democrática de negociación másflexible y de respeto al adversario.

Sin embargo, no todas las acciones gubernamentales fueron tan democráticas a lo largo deestos 22 años, pues algunas políticas fueron impuestas con violencia, como los “estados desitio”20 y las represiones policiales y militares de las movilizaciones sociales de protesta que

18 Una interesante reflexión sobre las movilizaciones sociales de abril y septiembre de 2000, como unamanifestación étnica de “indios” en busca de integración a través de la acción conflictiva y sus efectos sobrela democracia, en términos de mayor democratización, puede verse en Diego Ayo, Indios violentos :discursos, percepciones y miedos de las movilizaciones de abril y septiembre de 2000, Viceministerio dePlanificación Estratégica y Participación Popular, La Paz, 2001.19 Conciencia de Patria (CONDEPA), es un partido que desde su fundación –sin incluir en su sigla la nociónde katarismo- adoptó varios símbolos y rituales del katarismo como la wiphala, el mito escatológico depachakuti o la esperanza de jach’a uru, hasta hizo aparecer al extinto Carlos Palenque como la encarnacióndel pachakuti. Sobre el surgimiento y la trayectoria de los partidos populistas y kataristas en Bolivia,considerados como outsiders, véase a René A. Mayorga, Antipolítico y neopopulismo, CEBEM, La Paz.20 En el gobierno de Paz Estenssoro se dictó el “estado de sitio” en dos ocasiones, el primero en 1985 paradesbaratar la huelga general de la COB -que duró casi medio mes- e implantar el decreto 21060; y otro, en1986, para controlar el descontento abrumador que se desató en los centros mineros con motivo del despido

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emergieron desde distintas ciudades y regiones del país, en particular desde el altiplanopaceño, el trópico cochabambino y la ciudad de El Alto. Pero las acciones de fuerza ejercidaspor los gobiernos para aplacar la convulsión social, se justificaron como argumentos legales einstitucionales en términos de uso legítimo de la fuerza estatal para el resguardo del ordensocial. Pero las acciones de represión gubernamental y resistencia social ocasionan a veces lapérdida de vidas humanas, exacerbando de ese modo los ánimos de los movilizados; aunquefinalmente se encuentran salidas negociadas, donde juegan un papel fundamental losmediadores como la iglesia o la organización de los Derechos Humanos. Dicho en otraspalabras, al final del túnel de los conflictos sociales protagonizados por los cocaleros delChapare, los campesinos de Achacachi y los vecinos de la ciudad de El Alto, se hanencontrado casi siempre arreglos fundados en principios democráticos, por eso los bolivianostodavía podemos gozar de las libertades democráticas y de una convivencia más o menospacífica entre identidades socio-territoriales y étnico-culturales diversas.

Ahora bien, en el ámbito de la sociedad civil, a primera vista se percibe que las movilizacionessociales están fuertemente marcadas por signos de violencia política como bloqueos decaminos, marchas callejeras, incendio de edificios gubernamentales o destrucción de bienespúblicos. Pero la mayor parte de las acciones de protesta se orientan fundamentalmente haciala apertura de mayor participación en la determinación de políticas de gobierno, entendiendoque sus demandas no son atendidas por los gobiernos en turno, lo cual se considera comoconsecuencia de menor influencia sobre las instancias de decisión política por parte de lossectores sociales marginados. En este sentido, las movilizaciones sociales son principalmentela expresión de la potencialidad de participación política que existe en aquellos sectoressociales tradicionalmente desfavorecidos por el sistema, y no son simplemente accionesreñidas con las normas institucionales. El impulso ciudadano para influir sobre ladeterminación de políticas de gobierno y, en particular, sobre aquellas orientadas hacia losestamentos sociales empobrecidos, ha llevado a las organizaciones sociales a optar por losmedios que regularmente tienen más efectos, como las movilizaciones de protesta, porque lasdemandas hechas por canales institucionales por lo general no son tomadas en cuenta por lasautoridades gubernamentales, sobre todo en el nivel nacional. Entonces, la falta de espacios dedeliberación de iniciativas y reclamos de los sectores sociales empobrecidos ha obligado aéstos a seguir con lo que mejor saben hacer: la acción directa. No obstante, en el nivelmunicipal van surgiendo signos de deliberación de conflictos, donde las autoridadesmunicipales y las organizaciones sociales resuelven los problemas internos por mediospacíficos, como el diálogo, pero el diálogo no como un instrumento para dirimir sólo losenfrentamientos ya enfrascados en violencia política sangrienta –como se acostumbra hacer enel nivel nacional- sino para imaginar, proponer y discutir las diversas opciones de desarrollolocal. Es decir, el diálogo para planear la resolución de los problemas locales y para programaruna política municipal consensuada, y no solamente como un último recurso para evitar lacatástrofe política que anuncia la radicalización de los conflictos sociopolíticos. Sin embargo,en el nivel municipal, a pesar de estos visos de diálogo, los conflictos también han estado a laorden del día, que en ocasiones han terminado con el azote de alcaldes, destrucción de bienesmunicipales, cierre de alcaldías y hasta con actos siniestros de incineración de la primeraautoridad local, como lo ocurrido en el municipio de Ayo Ayo (2004).

de 23 mil trabajadores mineros bajo la consigna de “relocalización”, lo cual produjo la Marcha por la Vidaque partió de Oruro a La Paz para exigir el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

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El reconocimiento del pacto como un valor sociopolítico para encauzar los desacuerdos, haestado sin embargo acompañado por la persistencia de actitudes y comportamientospaternalistas y autoritarios que se expresan tanto en la esfera política como en la dimensión dela sociedad civil. Así, conforme con el estudio de Laserna (2204), entre 1970 – abril de 2004,en Bolivia se han producido 9831 manifestaciones conflictivas, ascendiendo en momentos demayor incertidumbre política, como en los gobiernos de Juan José Tórrez, Luis García Meza,Hernán Siles Zuazo y el segundo gobierno de Sánchez de Lozada; y los sectores sociales queprotagonizaron más acciones de protesta son los obreros, sectores populares urbanos,cocaleros y campesinos. Además, este estudio muestra que las acciones de protesta planificaday activa han ganado más espacio, como son los bloqueos de caminos o las marchas, enrelación a las medidas pacíficas como las huelgas y los paros. Pues, desde la perspectiva de losactivistas, protesta que no es movilizada no es protesta, de modo que la movilización quetermina paralizando la ciudad es tomada como el mejor ejemplo para las futuras acciones.

La movilización de los diferentes sectores sociales siempre ha estado presente en la historiapolítica de Bolivia, afectando sobre el proceso político nacional y hasta originando cambios degobierno21, pero la mayor parte de las acciones se orientaron fundamentalmente hacia unamayor apertura de espacios de participación política. En esta perspectiva, las acciones deprotesta pueden considerarse como elementos centrales del proceso de “liberación”22, entérminos de debilitamiento de alzos de sujeción y ampliación de espacios de participaciónpolítica, tanto en el nivel nacional como en el local.

Dentro del período democrático, las “exigencias” ciudadanas por una mayor participación enlos espacios de decisión política han aportado significativamente a la construcción de unademocracia más tolerante e inclusiva en los diferentes niveles del estado y la sociedad. En laesfera política, las movilizaciones sociales lograron flexibilizar y abrir los círculos de poderfuertemente cerrados, lo cual se expresa por ejemplo en la presencia de los excluidos o losllamados indígenas en el parlamento y muy esporádicamente en el poder ejecutivo23. Ademáslos gobiernos han tomado en cuenta las diferentes demandas sociales en la aplicación de laspolíticas para evitar la sanción social, expresada en el “voto castigo” o en la explosión de lasmovilizaciones sociales de protesta. De la misma forma, en el ámbito de la sociedad civil, loscaudillos de las organizaciones sociales campesinas o vecinales van cediendo sus espacios depoder a los nuevos líderes que surgen cuestionando a los viejos dirigentes, creando una suertede competencia por el liderazgo dentro de las organizaciones. Es más, la convocatoria para lasmovilizaciones sociales pierde fuerza cuando los campesinos o vecinos ven que los dirigentes

21 Un análisis sociológico de las movilizaciones sociales y sus efectos sobre la política boliviana, puede verseen Jean-Pierre Lavaud, El embrollos boliviano: turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982,IFEA – CESU – Hisbol, La Paz, 1988.22 Las manifestaciones sociales de protesta entendidas como un proceso de liberación y estrechamiento de losespacios de dominación en desmedro del control y monopolio de las instancias de poder político quemantienen los sectores dominantes de la sociedad; y un desarrollo de las capacidades organizativas así comoel fortalecimiento de la rearticulación social, se puede ver en el interesante ensayo de Luis Tapia, “Crisis ylucha de clases”, en Álvaro García y otros, Memorias de octubre, Muela del Diablo, La Paz, 2004.23 Los llamados indígenas han tenido una escasa participación en el gobierno central, además esto ha sidoposible solamente dentro del contexto democrático, donde los excluidos accedieron a ciertos cargos degobierno como la vicepresidencia (Víctor Hugo Cárdenas) o la prefectura (Mateo Laura), por citar algunosejemplos.

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lo hacen sólo para mantenerse en la dirección de la organización social; por ejemplo, losúltimos llamados del Mallku (Felipe Quispe) o del dirigente vecinal Roberto de la Cruz (ahoraconcejal del municipio de El Alto) ya no tienen la misma respuesta que antes por parte de loscampesinos y vecinos respectivamente. La ciudadanía se moviliza cuando considera que lalucha es por una causa “justa”.

Dentro del tiempo democrático, se han dado ejemplos notables de movilizaciones sociales deinclusión sociopolítica y apertura de más espacios de participación ciudadana, ocasionando uncierto viraje en la lógica política y el comportamiento de los “jefes” políticos. En septiembrede 1991, por primera vez en la historia de Bolivia, los pueblos originarios de las tierras bajasefectuaron una marcha desde Trinidad hacia la sede de gobierno, la llamada “marcha por ladignidad y el territorio”, reclamando al estado y la sociedad en su conjunto el reconocimientoy la inclusión de las distintas etnias del oriente boliviano24, lo cual indujo a los gobernantes aconsiderar seriamente la problemática de la diversidad étnica y cultural. El impacto de lamovilización étnica fue tan fuerte como para modificar el Art. 1 de la Constitución Política delEstado25 y crear un nuevo ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, durante elprimer gobierno de Sánchez de Lozada. Obviamente que para la reforma de la constituciónfueron también importantes las demandas de las poblaciones del occidente boliviano por elreconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades originarias y la inclusión en lavida política, lo cual es de larga data. El debate político y académico acerca de la cuestión“indígena”, ha dado lugar a la creación de nuevos espacios de participación política para laspoblaciones originarias, a esto se debe por ejemplo la aplicación de la Ley de AgrupacionesCiudadanas y Pueblos Indígenas, que permitió a los “indígenas” participar de manera másdirecta en la pugna por los espacios del poder municipal al margen de la intermediaciónpartidaria.

Casi lo mismo se puede decir de la movilización social protagonizada por los vecinos yvecinas de la ciudad de El Alto durante las jornadas luctuosas de octubre de 2003, reclamandoun acceso más democrático a los excedentes de la explotación de los hidrocarburos yobligando a Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia. Esto permitió el establecimientode llamada “agenda de octubre” que implica la realización del referendo sobre la venta del gas

24 Como efecto de la movilización realizada por las distintas etnias del oriente boliviano (mojeños, chimanes,ibiatos, yucarés, etc.), el gobierno de Paz Zamora tuvo que reconocer los territorios originarios de estaspoblaciones para su administración y control, así como el derecho de propiedad. Además la “macha por ladignidad y el territorio” sensibilizó a los gobernantes y a la ciudadanía en general de que existen otrasidentidades étnico-culturales con los mismos derechos que los demás bolivianos, lo cual permitió a losllamados indígenas del oriente a constituirse en actores dentro del proceso político nacional, a tal punto que ellíder (Marcial Fabricano) de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviana (CIDOB) sepostuló a la vicepresidencia de la república por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), para la eleccionesgenerales de 1997.25 Como consecuencia de la discusión sobre los derechos de los llamados pueblos indígenas, una de lasmodificaciones hechas a la Constitución Política del Estado fue precisamente en su artículo primero que ahoradice: “I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria,adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y lasolidaridad de todos los bolivianos. II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene comovalores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la Justicia.”, a diferencia del textoanterior promulgada en 1967: “Bolivia, libre independiente y soberana, constituida en República unitaria,adopta para su gobierno la forma democrática representativa”.

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–que ya fue efectuada en junio de 2004- y la asamblea constituyente prevista para el presenteaño. La “agenda de octubre”, entre otras cosas, provocó la articulación de las fuerzas socialesy/o cívicas del oriente boliviano en torno al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que desde junio de1994, planteó una agenda distinta a la que llevaron adelante los alteños y el presidente CarlosMesa; lo cual tuvo su mayor trascendencia cuando en enero del presente año el presidente delComité Cívico, ante una concentración multitudinaria, anunció el establecimiento de un“gobierno provisorio autónomo” a través de un cabildo abierto, aunque después lo anunciadono llegó a concretarse. Sin embargo, el cabildo abierto de los cruceños motivó el lanzamientodel decreto de la elección popular de prefectos y la posible realización del referendo sobre lasautonomías, ambos eventos políticos previstos para esta gestión. Para el gobierno se presentóuna nueva demanda de la sociedad civil, la llamada “agenda de enero”, que consistejustamente en el pedido de elección de prefectos y el referendo sobre las autonomías.

No obstante, mediante un acuerdo entre el gobierno de Carlos Mesa y el congreso nacional, entorno a la actual situación política que vive el país, se decidió integrar las “agendas” deoctubre y enero en una nueva denominada “agenda de Bolivia”26 que supone la elección deprefectos, el referendo sobre las autonomías y la concreción de la asamblea constituyente.Como se ve, dentro del contexto democrático, el despliegue de la acción ciudadana a través demovilizaciones sociales ha influido significativamente sobre proceso político, posibilitandouna mayor democratización de los espacios del poder político y un ajuste de las políticasgubernamentales. En consecuencia, las manifestaciones sociales de “acción directa” no son enesencia antidemocráticas sino expresiones –en la mayor parte de los casos- de inquietuddemocrática ciudadana, además dichas manifestaciones pueden efectuarse en defensa delgobierno constitucional, como ocurrió con las marchas de apoyo al gobierno de CarlosMesa27, ante el anuncio del Comité Cívico Pro Santa Cruz de conformar un “gobiernoprovisorio autónomo”. Y ante ese repudio casi generalizado respecto a los intentos deresquebrajamiento de la unidad nacional y de la misma democracia, los mismos participantesdel cabildo abierto cruceño terminaron con loas a la integridad nacional y el procesodemocrático.

Se puede aseverar que los bolivianos mal que bien hemos desarrollado a lo largo de losúltimos 22 años una capacidad y voluntad sociopolítica encomiable para construir y defenderlos principios y valores de convivencia democrática, lo cual significa que se va gestando –aunque con bastantes tropiezos- tanto desde la esfera política como desde el ámbito de lasociedad civil una cultura política democrática de tolerancia, respeto, deliberación,

26 El 21 de enero del presente año, se reunieron el primer mandatario Carlos Mesa y los presidentes de la cámaraalta y baja del parlamento, donde se convino impulsar una sola agenda para superar la situación conflictiva delpaís; al respecto el presidente Mesa afirmó lo siguiente: “Para el Presidente de la República no existe agenda deoctubre ni agenda de junio ni agenda de enero. Para mí, y creo que para el país, hay una agenda de Bolivia yesa agenda de Bolivia incluye autonomías, elección de prefectos y Asamblea Constituyente”. (La Razón, 22-02-2005).27 Las manifestaciones de protesta (marchas y pronunciamientos) contra las planes separatistas de algunosdirigentes cívicos de Santa Cruz y de apoyo a la preservación de la unidad nacional y el proceso democrático–que tanto sacrificio costó a los bolivianos construir el mismo-, se llevaron a cabo en diferentes ciudades ypoblaciones del país, pues desde las juntas vecinales hasta los alcaldes de los municipios, pasando por losgremiales, transportistas, artesanos, campesinos y hasta los mismos pueblos originarios del oriente,manifestaron su repudio a las pretensiones divisionistas de la integridad nacional. Véase el matutino La Razón(27-01-2005).

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responsabilidad y compromiso con el destino del país. Aunque obviamente persisten actitudesy acciones paternalistas y autoritarias practicadas durante décadas, que se manifiestanconjuntamente con los reclamos legítimos de los ciudadanos que lo único que quieren escontar con más espacios y oportunidades de expresión de sus inquietudes y consecución de sus“proyectos” en busca de un mejoramiento de las condiciones de vida dentro de un ambientepacífico y democrático. Por eso es que la mayor parte de la población rechaza las marchascallejeras que se hacen por cuestiones de menor importancia para la sociedad. Aunque ladisponibilidad de involucrarse en las acciones de protesta sigue latente, y que puedemanifestarse en cualquier momento, pero más en pro de mayor equidad y justicia social y noen contra de la democracia. Sólo así se explica el hecho de que más de dos terceras partes delos bolivianos sigamos apoyando a la democracia como un sistema de gobierno preferible acualquier otro.

La democracia ha cambiado sustancialmente el margen de libertad de expresión de lasinquietudes ciudadanas, pues desde el confinamiento de los dirigentes de las organizacionesvivas de la sociedad civil se ha pasado en el último tiempo a la participación casi directa de losexcluidos de los círculos de poder, en la disputa democrática por los espacios del podermunicipal. Parece previsible que en un futuro próximo, las organizaciones ciudadanas y losllamados pueblos indígenas estarán pugnando de manera más directa por las prefecturas y lamisma presidencia de la república en un ambiente sociopolítico de respeto de las normasinstitucionales. Esta apertura de espacios de expresión ciudadana y de control social sobre lasinstancias de decisión política, parece además extenderse hacia el terreno de la explotación delos recursos naturales como el gas, donde los llamadas indígenas del oriente boliviano tendránintervención sobre las empresas transnacionales que explotan los energéticos, conforme con lafutura ley de hidrocarburos28.

5. LA CULTURA POLITICA DE CONFLICTOS Y CONSENSOS

Las prácticas sociopolíticas de construcción democrática se caracterizan fundamentalmentepor la resolución de los problemas y conflictos de intereses sin recurrir a métodos violentossino por medio de la deliberación y el establecimiento de acuerdos entre el estado y lasociedad civil, entre los políticos y entre los ciudadanos, donde debe primar la tolerancia yel respeto sobre el enfrentamiento y la exclusión. Pero para seguir construyendo unademocrática más equitativa e incluyente es necesario sustituir las prácticas políticas delpasado (paternalismo, autoritarismo, corrupción) por nuevos valores de implicanciademocrática como la responsabilidad ciudadana con los asuntos públicos, el arreglodeliberativo de los conflictos, la ética patriótica en el manejo de recursos públicos, elcompromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida y la solidaridad con los

28 La nueva Ley de Hidrocarburos que está en proceso de ajuste y aprobación en el parlamento, contemplaentre los artículos aprobados, la consulta vinculante (Art. 115), que establece que cualquier actividadhidrocarburífera tendrá que ser consultada a las comunidades “indígenas” y originarias donde se pretendaexplotar, y la respuesta será de cumplimiento obligatorio, además esa consulta debe ser hecha previamente yde modo obligatorio. Es decir, el carácter vinculante significa que si el “pueblo indígena” rechaza lapropuesta de alguna actividad hidrocarburífera, las empresas empresas, incluida YPFB, no podrán ejecutarla propuesta. (La Razón 25-02-2005).

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sectores sociales empobrecidos. Es decir, cambiar los códigos de confrontación violenta porpautas de tolerancia y respeto mutuo entre los ciudadanos que promueven diversosproyectos de sociedad y estado. Se trata de una edificación de una auténtica cultura políticademocrática que inspire y fortalezca una convivencia pacífica entre los diferentes sectoressociales y entre las distintas identidades étnico-culturales.

Ahora bien, en términos discursivos, tanto los actores políticos y sociales comparten más omenos determinados principios y valores que implica la democracia, pues tanto lospolíticos como los dirigentes de las organizaciones sociales consideran sin vacilación deque es importante preservar la democracia, pocos son los que se atreven a execrar a lademocracia haciendo reminiscencias del pasado autoritario. Así, entre los bolivianos queoptarían en determinadas circunstancias por un gobierno no democrático, alcanza apenas al12%, y los que asumen una actitud de indiferencia respecto a la democracia al 15%, frenteal 71% que considera a la democracia como la mejor opción de gobierno; tal como seobserva en el gráfico 1.

GRÁFICO 1

PREFERENCIA POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO

71%

15%

12%2%

Preferencia por lademocraciaIndiferencia respecto a lademocraciaPreferencia por ungobierno autoritarions/nr

Fuente: Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, 1999.

Sin embargo, a pesar del apoyo ciudadano preponderante a la democracia, la gentemanifiesta que no está satisfecho con los resultados o el rendimiento de la democracia,dado que el 52% de la población indica no estar satisfecho; tal como se observa en elgráfico 2.

GRÁFICO 2

25

SATISFACCION CON LA DEMOCRACIA

45%

52%

3%

SatisfechoNo satisfechons/nr

Fuente: Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, 1999.

Es más, el apoyo ciudadano a la democracia ha bajado para 2002, donde una encuestamuestra que ante una situación de desorden político y social, la gente optaría por ungobierno autoritario, inclinación que ha pasado de 12% en 1999 al 20% en 200229; lo cuales preocupante si es que esto sigue incrementando. Pero en cualquier caso, se percibe que lamayoría de los bolivianos sigue apostando a la democracia para superar los diversosproblemas que los afectan, aunque persisten las manifestaciones de enfrentamiento yviolencia política en la exigencia de la atención de las demandas sociales y la resolución deconflictos.

Asimismo, en el gráfico 3 se muestra que la preferencia por la democracia es mucho másalta en cuanto se quiere una mayor participación en el gobierno, a diferencia de los queoptan por un gobierno de mano dura, pues un 77% de la gente prefiere una democraciaparticipativa, en contraste con el 59% que escoge un gobierno de mano dura, pero endemocracia. Existe una tendencia por mantener la democracia pero con mayor ejercicio deautoridad en la solución de los conflictos y el orden social.

GRÁFICO 3

29 Defensor del Pueblo, Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2002.

26

59

77

23

11

18

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% p

refe

renc

ia p

or e

l tip

o de

régi

men

Democracia Autoritarismo Da lo mismoPreferencia por régimen

PREFERENCIA POR LA DEMOCRACIA Y PREFERENCIA POR LAPARTICIPACIÓN

Mano duraParticipativo

Fuentes: Mitchell,Seligson, La cultura política de la democracia en Bolivia 2000, Universidad CatólicaBoliviana, La Paz, 2001, p. 67.

En conclusión se puede decir que los ciudadanos prefieren simultáneamente tanto ungobierno de mano dura como participativo, lo que significa que el proceso democrático sesostiene al mismo tiempo en valores sociopolíticos de carácter autoritario y democrático;además hay signos que muestran una tendencia hacia una convivencia más democrática.

No obstante, es pertinente señalar que en términos sociológicos el conflicto es un aspectoconsubstancial a la existencia de los seres humanos en sociedad, dado que las inquietudes,las aspiraciones, los intereses y los proyectos de vida son diversos y frecuentementecontrapuestos, lo que provoca el surgimiento de conflictos sociales en cualquier sociedad.La cuestión es la forma de resolución de los conflictos, que puede ser mediante el uso demétodos pacíficos como la negociación y el establecimiento de pactos, o por vías deenfrentamiento y acción violenta, esto depende de la capacidad social y/o institucional quelas sociedades hayan desarrollado en su trayectoria histórica. En esta perspectiva, la políticaes una de las formas de canalización de conflictos sociales sin mucha violencia y pormedios institucionales sustentados en determinados pactos sociopolíticos, así como losostuvo Thomas Hobbes de que el estado se constituye a través de un pacto social paraasegurar la paz entre los hombres y la defensa común. Casi en este mismo sentido haplanteado Michel Foucault, considerando que la paz es una situación lograda en la esferapolítica por los actores en conflicto, pero esto no significa la eliminación de los conflictosde intereses, de la potencialidad del enfrentamiento y la violencia, dado que la política seentiende como una guerra continuada por otros medios: “En otras palabras, detrás de la pazse debe saber descubrir la guerra; la guerra es la clave misma de la paz. Estamos entonces

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en guerra los unos contra los otros: un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continuay permanentemente, poniendo a cada uno de nosotros en un campo o en otro. No existe unsujeto neutral. Somos necesariamente el adversario de alguien”. (Foucault, 1992: 59). Demanera que, dentro de la sociedad, la manifestación de los conflictos, los enfrentamientos yla violencia política así como el encauzamiento de los mismos por medios no violentoscomo la negociación, la deliberación y el establecimiento de acuerdos sociopolíticos, sonaspectos subyacentes del proceso de construcción de principios y valores democráticos y,por lo tanto, de la misma de democracia.

El surgimiento de los conflictos y el establecimiento de los consensos sociopolíticos sonparte integral de la transformación política y social en democracia, donde los actorespolíticos y sociales buscan ser protagonistas de la generación y consecución de proyectossocioeconómicos y políticos. Porque la condición democrática permite justamente laexpresión de las diferentes inquietudes, aspiraciones y “proyectos que surgen tanto desde laesfera política como desde el ámbito de la sociedad civil, y como no siempre es posible laatención y la satisfacción de las distintas opciones a través de las instancias regulares deprocesamiento de las demandas, se va creando una situación de tensión en la medida quelos políticos y los dirigentes de las organizaciones sociales no se resignan a ser postergadosen sus aspiraciones y proyecciones. Entonces, cuando los medios institucionales del estadoson insuficientes o limitados para procesar las demandas de la sociedad, los sectoressociales desatendidos por el sistema optan por canalizar sus reclamos por vías informalescomo las marchas o bloqueos de caminos en procura de flexibilizar los marcosinstitucionales del estado, pero lo cual en ocasiones termina con la modificación de lasnormas o la aplicación de nuevas leyes, por ejemplo la reforma de la Constitución Políticadel Estado. En este sentido, la mayor parte de las manifestaciones no institucionales(huelgas de hambre, paros, tapiados, marchas, bloqueo de caminos y hasta amenazas deincendio de edificios gubernamentales) se orientan sobre todo hacia el ajuste de losparámetros constitucionales y no tanto hacia el debilitamiento de las bases de lademocracia, por eso es que la ciudadanía asiste a las urnas con entusiasmo y esperanza enlas elecciones generales y municipales. Esto significa que el proceso de la construcción deuna democracia deliberativa e incluyente se va produciendo fundamentalmente a partir dedos formas de acción sociopolítica: la de enfrentamiento y la de consenso. Ambas hanmarcado el desenvolvimiento del proceso democrático, pues tanto las movilizacionessociales de protesta como la participación política institucionalizada sirvieron para lamodernización de estado, el perfeccionamiento de las instituciones político administrativasy la ampliación de los espacios de participación ciudadana. De manera metafórica se puededecir que el edificio de la democracia se va construyendo a partir de la contribuciónsimultánea del esfuerzo y “acción directa” de los ciudadanos y la dirección normativa queproporciona la ingeniería institucional. La democracia boliviana se nutre tanto de losenfrentamientos como de los pactos entre los actores políticos y sociales así como entre elestado y la sociedad civil. Esta configuración de la democracia basada tanto en prácticas deprotesta social como en pautas institucionales de influencia política, puede esquematizarsedel siguiente modo.

DIAGRAMA DE LA CULTURA POLÍTICA DE CONFLICTOS Y CONSENSOS

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Además, tratándose de un país como el nuestro, parece poco sostenible pensar lademocracia sólo en términos de institucionalidad, tolerancia, respecto, negociación, diálogoy establecimiento de pactos, porque las prácticas autoritarias, paternalistas, patrimonialitas,prebendalistas así como de confrontación y violencia política, fueron internalizadas ysolidificadas en la mentalidad colectiva de los bolivianos por decenios de años, antes deemprender el camino de la democracia (1982), asumiendo en momentos opciones extremasde revolución, guerrilla o dictadura y en otras ocasiones -muy esporádicas- intentandogestar una “democracia social” como la Asamblea Popular, instalada en mayo de 1970. Así,interpretando desde la visión teórica planteada por Almond y Verba, se puede decir que elpaís ha cultivado por muchísimos años una cultura política parroquial y de súbdito, desumisión y de rebelión, en suma: de tiranía y de insurrección revolucionaria. Poco se hapromovido los valores de una cultura política participativa que caracteriza a lasdemocracias de larga trayectoria. De manera que nuestra cultura política fue configuradamás por elementos de tipo parroquial y de súbdito que de componentes participativos; locual se desarrolló a lo largo del período que precede a la etapa de democratización queempieza en 1982. En relación a esta trayectoria de enfrentamiento y violencia política entreimposición señorial y la rebeldía de los sectores sociales oprimidos, René Zavaleta sostuvoque: “En la construcción de la política en esta sociedad ¿cuál es el significado de lo que sellama un golpe de estado? Es, hay que decirlo, una suerte de costumbre colectiva o, más

- Acato de las normas legales- Voto ciudadano- Negociación- Tolerancia- Respeto- Deliberación- Diálogo- Acuerdos, pactos y consensos- Interés por el bien común- Solidaridad con el conciudadano- Cambio gradual y pacífico

DEMOCRACIADELIBERATIVAE INCLUYENTE

PROCESOSOCIOPOLITICODEMOCRATICO

- Cuestionamiento de las normas legales- Acción directa: bloqueos, marchas,tapiados, incendio de edificios públicos,inmolaciones, etc.- Hostilidad- Intransigencia- Imposición- Enfrentamiento- Manipulación- Desacuerdos, ruptura de negociación ydesavenencias- destrucción de bienes públicos- Discriminación racista delconciudadano- Posiciones extremistas de cambio yplanteamientos fundamentalistas

VALORES,COMPORTAMIENTOS YACCIONES SOCIOPOLÍTICAS

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bien, es la manera que adoptan el cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia.Primera consecuencia, no se trata de una anomalía o ruptura en la normalidad de la vida”.(Zavaleta, 1993: 14). En consecuencia, es poco probable dejar atrás en 22 años deexperiencia democrática aquellas pautas no democráticas de comportamiento y acciónpracticadas durante más de un siglo y medio.

No obstante, en el transcurso del tiempo democrático se han promovido valores tendientes ala concertación, la tolerancia, el respeto, el diálogo, la solidaridad y el compromiso y laresponsabilidad con las tareas de interés colectivo. Tanto en la esfera política como en elámbito de la sociedad civil se ha tratado de resolver los problemas y conflictos mediantemétodos no violentos, encontrando al final de las confrontaciones y la convulsión social amenudo una salida negociada y pacífica. Es decir, dentro del contexto democrático, losheridos y muertos causados por el enfrentamiento entre las fuerzas represivas del estado ylos movilizados de los diferentes sectores sociales (vecinos, cocaleros, campesinos,gremiales, mineros), no han llevado a la sociedad a un fin trágico y a la liquidación de lademocracia, por el contrario el sistema político, los espacios de participación ciudadana y lamisma democracia van siendo fortalecidos al final de las turbulencias sociopolíticas; talcomo se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas. Dicho en otros términos, elproceso democrático que vive el país ha permitido cultivar pautas y actitudes de tolerancia,respeto, diálogo, negociación y compromiso con los asuntos públicos, en una interacciónconstante entre la norma y la acción informal, entre el conflicto y los arreglos concertados,posibilitando la configuración de una cultura política cada vez más participativa ycomprometida con el destino del país, y tal vez en un futuro muy próximo podamossentirnos orgullosos por haber construido entre todos una cultura política democrática.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

Históricamente, Bolivia ha tenido un proceso sociopolítico marcado por prácticas deenfrentamiento, violencia política y un cierto intento de generación de gobiernodemocrático, lo cual fue una suerte de costumbre hasta antes de la democratización delsistema político (1982). La tiranía y opresión de los gobiernos autoritarios sobre la mayoríade la sociedad civil ha provocado constantes levantamientos de los sectores socialesmarginados y excluidos. De hecho, la república se instituyó sobre un ambiente sociopolíticode beligerancia, y posteriormente hasta finales del siglo XIX la disputa por los espacios depoder político entre los caudillos militares se hizo principalmente mediante métodos deviolencia política, incluso algunos accedieron a la presidencia tras cometer actos demagnicidio. Asimismo, la primera mitad del siglo XX, se caracterizó por el despliegue delas rebeliones de las poblaciones llamadas indígenas y la represión violenta de lasmovilizaciones campesinas como por ejemplo la masacre de Jesús de Machaca (1921. De lamisma forma, las dictaduras militares de los años sesenta y setenta ejercieron acciones deviolencia contra la población civil, en particular contra los trabajadores mineros ycampesinos, como la masacre de San Juan en 1967 o la masacre de los agrarios de Tolata yEpizana en 1974, en el valle de Cochabamba. Es decir, la manifestación de la violenciapolítica ha sido un especto consubstancial al proceso sociopolítico boliviano.

De la misma forma, antes del período democrático las trasformaciones trascendentes delestado y la sociedad estuvieron precedidas por acciones de violencia, como la guerra

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Federal de fines del siglo XIX que dio lugar al inicio de los gobiernos liberales y una ciertamodernización del país. Igualmente, la guerra del Chaco fue el arranque del procesorevolucionario de 1952, y obviamente el cambio profundo que experimentó Boliviaobedeció a la insurrección popular de abril del mismo año. Es más, los gobiernos de larevolución hasta el golpe de estado de 1964, estuvieron apoyados por las milicias obreras ycampesinas. Y en los años sesenta y setenta –incluso dentro de la fase democrática-surgieron focos guerrilleros con afanes de desencadenar una revolución socialista de mayoralcance.

La misma transición a la democracia significó una lucha de acción directa por parte de losdiferentes sectores obrero-populares y los militares golpistas. La democracia surgió de uncontexto atravesado por la violencia política, donde la convulsión social y la represiónestatal estuvieron a la orden de día, hasta que en 1982 se emprende el camino de latransformación democrática sobre esas bases sociales y políticas de enfrentamiento yviolencia.

Así, el primer gobierno democrático (1982-1985) enfrentó muchos problemas, ya que lasexpectativas de los distintos sectores sociales no pudieron ser satisfechas por el primerpresidente de la era democrática (Hernán Siles), las marchas y los bloqueos de caminoseran la forma más regular de manifestación o intento de participación política, así como lasposiciones intransigentes de los políticos que todavía se movían dentro de la lógica deamigo-enemigo, a tal punto que fue necesario acortar el período de gobierno constitucional.

No obstante, se ha logrado establecer el primer acuerdo político por la preservación de lademocracia, lo que condujo a la conformación de los diferentes pactos políticos que se handado dentro del proceso democrático. De algún modo se pasó de la lógica de oposiciónexcluyente a la lógica de pactos entre actores y en la misma relación entre el estado y lasociedad civil; aunque obviamente han seguido persistiendo las actitudes y acciones deenfrentamiento. De manera que, la trayectoria de la vida democracia del país ha estadomarcada por la generación de consensos y conflictos sociopolíticos. En cualquier caso, elpaís ha avanzado significativamente en la construcción de un orden político democráticomás deliberativo e incluyente, dado que se han logrado modernizar las institucionespolíticas y ampliar los espacios de participación ciudadana, mediante la aplicación dereformas político institucionales, como la modificación de la Constitución Política delEstado, la descentralización del poder político hacia los municipios, la elección dediputados uninominales, el referendo para decidir temas de interés nacional, o la recientepromulgación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que permite unaparticipación más directa de los excluidos. Estas reformas hubieran sido poco probables dehacer en un sistema político no democrático.

La democracia boliviana se va construyendo a partir de dos modos de comportamiento yacción sociopolítica que manifiestan y efectúan los actores políticos y sociales, como son elenfrentamiento y el pacto, la acción directa y la norma legal, el conflicto y el consenso. Yes dentro de este contexto de conflictos y consensos que se configura la cultura políticacaracterizada por actitudes y comportamientos tanto autoritarios como democráticos, pueslas pautas de intransigencia, imposición, enfrentamiento, exclusión, así como de tolerancia,respeto, diálogo, solidaridad y el compromiso con los asuntos públicos, se manifiestan

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simultáneamente dentro del proceso sociopolítico democrático. La construcción de unacultura política democrática en el país enfrenta muchas dificultades en tanto persistenprincipios y valores sociopolíticos autoritarios cultivados por decenios de años. Perotambién es cierto que los bolivianos hemos encontrado al final de los conflictos una salidanegociada y pacífica, por eso es que todavía podemos gozar de las libertades democráticas.En consecuencia, tanto los conflictos como los consensos han tenido sus efectos sobre latrasformación democrática del país, donde tanto las acciones de protesta social como lasnormas legales influyeron en la generación de las reformas político-institucionales.

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