POlA ORTIZ

CONSIDERACIONES SOCIALES

Y ECONOMIC AS DE LA VIVIENDA

RURAL E INDIGENA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL

DE VIVIENDA RURAL E INDIGENA

CONSIDERACIONES SOCIALES

Y ECONOMICAS DE LA VIVIENDA

RURAL E INDIGENA

Ponencia de la Dra. Pola OrtlzPresidenta de la Asociación Mundialde Vivienda Rural.

Individuo de Número de la AcademiaNacional de Ciencias Económicas

Maracay, 14 de marzo de 2006

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CONSIDERACIONES SOCIALESY ECONÓMICAS DE LA

VIVIENDA RURAL E INDíGENA

El desarrollo de las comuni­dades rurales es fundamental pa­ra el bienestar nacional. N o puedehaber un desarrollo armónico enel país, si no hay un desarrolloequilibrado de los diversos sec­tores que integran la vida nacio­nal.

De aquí que, los responsablesde los problemas y políticas eco­nómicas y sociales en las nacionesen vías de desarrollo como la nues­tra, se han concientlzado de quees imposible alcanzar un desa­rrollo equilibrado y armónico, sino se jerarquiza y atiende debida­mente a los campesinos e indí­genas que habitan en las zonasrurales.

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La relativa menor atención dadaa las áreas rurales y las priorida­des otorgadas a las inversionesurbanas e industriales de las ciu­dades, han intensificado el proble­ma de las migraciones rurales ha­cia centros urbanos, agravandocon este éxodo los considerablesproblemas que hoy se tratan desolucionar.

En el Censo de 1941 la pobla­ción rural constituía el 61 % Y laurbana el 39% de la población delpaís y en el Censo de 1961 la pobla­ción urbana comprendía el 67.5%Y la rural el 32.5% de la pobla­ción total, situación que se fueacentuando hasta el punto de que,de acuerdo al último Censo delafto 2001, la población rural re­presenta solamente el 11,6% dela población total y la urbana el88,4%. En lo que respecta a lapoblación indígena, cifras oficia­les del Instituto Nacional de Estadís­tica indican que asciende a 506.341habitantes, de los cuales 316.530,ó sea, el 62,5% residen en centros

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urbanos y 189.811 indígenas, equi­valente al 37,5%, habitan en áreasrurales.

Debido a la carencia de edu­cación y de mano de obra espe­cializada de estos contingentesmigratorios rurales que los inca­pacita para satisfacer la deman­da del mercado de trabajo, el re­sultado neto es una transferen­cia de miseria del campo haciala ciudad, con la difusión de suscostumbres, hábitos y, en algunoscasos, hasta de vicios.

Pero si tomamos en conside­ración que entre los objetivos se­ñ.alados en la Constitución y enel Plan Económico-Social de la Na­ción 2001-2007, está el desarrolloarmónico urbano-rural del país,abrigamos la firme expectativade que ese éxodo será revertidoy en un futuro próximo estare­mos presenciando las migracio­nes urbanas hacia las zonas ru­rales.

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Entre las razones que se pue­den dar para explicar ese éxodo,está el hecho de la existencia degrandes desniveles entre el sectorrural y los demás sectores de lavida nacional.

El sector agrícola no puedeconsiderarse solamente como unafábrica de alimentos y de mate­rias primas para la industria. Loshombres y las mujeres que tra­bajan y viven en el campo no sonmáquinas o meros implementosde producción; el campo es tam­bién un sistema de vida, una fuen­te creadora de empleo y un ele­mento de estabilidad social y po­lítica del país y de su progresointegral.

En consecuencia, es necesa­rio propender al mejoramiento so­cial de la población rural e indí­gena mediante la satisfaccióncuantitativa y cualitativa de susnecesidades. En esta forma, selogrará que el mejoramiento desu situación económica se traduz­ca en un mejoramiento de su con-

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dición social. Y es precisamenteese mejoramiento social, el queactuará como mayor estimulo paramantener y alcanzar niveles eco­nómicos cada vez más altos, por­que cuandb la gente adquiere unstandard de vida superior, se re­siste a abandonarlo, y, por lo tanto,se esfuerza en mantenerlo.

Se puede concluir en relaciónal éxodo de los campesinos e in­dígenas de las áreas rurales enque habitan a las ciudades ur­banas , que en la medida en quese aminoren las diferencias decondiciones de vida entre las zo­nas rurales y los centros urbanos,en esa misma medida se lograrádisminuir el éxodo rural y el de­sempleo en el país.

Programa Nacional de Vivienda Rural

El Programa Nacional de Vi­vienda Rural nació hace 48 afias,como elemento transformador dela situación sanitario-social de losconglomerados campesinos e indí-

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genas profundamente afectadospor las endemias rurales, talescomo el mal de chipo, la malaria,la parasitosis instestinal, etc., ynó como una respuesta al pro­blema habitacional existente. Estaes la razón por la cuál estuvo ads­crito, junto con los programas deacueductos y cloacas rurales, alMinisterio de Sanidad y AsistenciaSocial.

Su objetivo fundamental erala sustitución del rancho campe­sino, que era un reservorío delchipo trasmisor del mal de eha­gas, por una vivienda higiénica,salubre, económica y digna, condotación de los servicios básicosde agua potable y disposición deexcretas. Dicho programa cons­tituyó un aporte considerable ala prevención de enfermedadesendémicas y fue un factor funda­mental de arraigo y consolidaciónde los núcleos familiares bene­ficiarios del mismo, al medio ruraly a su desarrollo socio-económico­cultural.

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El ambiente en que vive elhombre es una fuerza dominanteen la determinación de su saludfísica y mental y de su bienestarsocial. De aquí que, dentro delprograma de saneamiento ambien­tal, se haya contemplado la sus­titución del rancho insalubre poruna vivienda capaz de garanti­zar la salud de la familia cam­pesina y de mejorar y adecentarsu calidad de vida. De acuerdoal Censo de 1961, se estimabaque en Venezuela 2.818.711 perso­nas habitaban en 563.000 ranchoso chozas.

Desde que se creó el ProgramaNacional de Vivienda Rural hastael presente, se han construido464.503 viviendas que han bene­ficiado a 2.787.018 habitantes.Así mismo, se'han construido du­rante el referido período, 8.961obras de acueductos y cloacas ru­rales. Sin embargo, el crecimientodemográfico y la reaparición delas enfermedades endémicas enel medio rural, condujo nueva-

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mente a la proliferación de ran­chos, estimándose el déficit ac­tual de viviendas en 350.000 uni­dades. 1

De ahí, la preocupación de lasautoridades gubernamentales desaldar esta deuda social con lascomunidades rurales e indígenas.

Fue criterio de las autorida­des competentes, de que el Pro­grama de Vivienda Rural origi­nalmente concebido, no constru­ya las casas y se las entregue lis­tas a los campesinos para habi­tarlas, sino que debía basarse enla auto-construcción, aportandoel campesino y su familia sus es­fuerzos propios y el referido pro­grama los créditos necesarios, laasistencia técnica y educativa. Laamortización de los préstamos sehacía mediante el sistema de "Plande Pagos Variables", con el objetode ajustar las posibilidades depago de las cuotas parciales delos campesinos a las oscilacionesde sus ingresos.

l. Datos de Informe de 8avir10

El éxito que se ha reconocidoal Programa Nacional de Vivien­da Rural se debe, además de subuena concepción y organizaciónoriginal, a la selección cuidadosade sus beneficiarios y de las zonaspara su implementación, concen­trando su acción en aquellascomunidades que reunían lascondiciones potenciales de mejora­miento social y económico y des­cartando aquellas otras que, porno reunir dichas condiciones, ten­derían a desaparecer en un futuroo minarían el éxito del Progra­ma.

Es digno de destacar el ca­rácter educativo del Programa Na­cional de Vivienda Rural, en vistade que después de que las casasestaban construidas, un grupode Demostradoras del Hogar y Pe­ritos Agrícolas, previamente en­trenados, trabajaban con la fa­milia campesina que en ella ha­bitaba a nivel de hogar y a nivelde campo.

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Este Programa ha demostra­do cómo el mejoramiento socialactúa como factor determinantede estímulo y motivación para elmejoramiento económico, ya quese ha observado que la posesióndel campesino de una viviendadecente, ha despertado y ha creadoen él nuevas necesidades que an­tes desconocía. Así vemos, queen una encuesta hecha entre loshabitantes de las nuevas vivien­das rurales en los Estados Araguay Carabobo, se estaban adquiriendomuebles y otros útiles domésticos,lo cual era totalmente desconocidopara dichas familias cuando habi­taban en sus antiguos ranchosinsalubres.

Entonces vemos, cómo dichasfamilias campesinas confrontany tratan de resolver el problemade aspecto económico, que consis­te en cómo elevar sus ingresospara satisfacer sus nuevas nece­sidades y sus deseos de una vidamejor.

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Las necesidades de las fami­lias rurales son muy reducidas,tanto en cantidad como en calidad,lo cual les resta estímulo al aumentode sus ingresos, ya que no sabríancómo utilizar adecuadamente in­gresos adicionales ni sentiríanla necesidad de mantenerlo s y,por lo tanto, es probable quedescenderían a sus bajos nivelesanteriores.

Por otra parte, el ProgramaNacional de Vivienda Rural hacontribuido a consolidar la familiacampesina, ya que las casas nose otorgaron individualmente alos campesinos sino a la familiacampesina, con la condición expresade que si el campesino abandonabala familia, la casa le quedaba ala mujer y a sus hijos, lo cualcontribuyó a crear un mayor sentidode responsabilidad del campesinoante su familia y ante la proliferaciónde los hijos abandonados por suspadres, que constituye un problemaserio en las zonas rurales.

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Otro de los logros muy impor­tantes de este Programa ha sidoel cambio psicológico que tuvo lugaren sus beneficiarios, la transfor­mación de su actitud frente a lavida, el grado de iniciativa quese ha logrado despertar en ellos,la elevación de su nivel de autoes­tima y de confianza en sí mismosy en sus habilidades, y el desper­tar de su conciencia y de suresponsabilidad ante la soluciónde sus problemas mediante sucooperación y el aporte de suspropios esfuerzos, en vez de se­guir esperando pasivamente quesólo el gobierno les resuelva todossus problemas.

De lo expuesto se puede con­cluir, que el Programa Nacionalde Vivienda Rural constituye unfactor esencial en el mejoramientointegral de las comunidades ru­rales y, por ende, en el desarrollosocial, económico, cultural y políticodel país.

Corno reconocimiento al referidoPrograma, se le otorgó por unani-

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midad el Premio Nacional del HábitatLeopoldo Martínez Olavarría enel afio 1993, "por su fecunda ycontinua contribución al desarrollode los asentamientos humanosen toda la geografía nacional". Porotra parte, en septiembre de 1969,durante la VI Asamblea Mundialde Vivienda de las Naciones Unidas,se acordó, también por unanimi­dad, otorgar a la ciudad de Caracasla sede de la Asociación Mundialde Vivienda Rural para el DesarrolloEconómico y Social de las Comuni­dades _Rurales, en vista a las bon­dades del Programa de ViviendaRural venezolano y al éxito ensu implementación.

Nueva Visión de la Vivienda Rural

El basamento legal de la nue­va visión de la vivienda rural eindígena, se fundamenta en la Cons­titución de la República Boliva­riana de Venezuela, en la Ley delRégimen Prestacional de Vivien­da y Hábitat, en la Ley Orgáni-

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ca de Seguridad Social y en la LeyOrgánica de Pueblos y Comuni­dades Indígenas.

La Constitución Nacional esta­blece en su Artículo 82, que "todapersona tiene derecho a una vivien­da adecuada, segura, cómoda, h i­giénica, con servicios básicos esen­ciales que incluyan un hábitat quehumanice las relaciones familiaresy comunitarias. La satisfacciónprogresiva de este derecho es obli­gación compartida entre los ciu­dadanos y ciudadanas y el Estadoen todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a lasfamilias y garantizará los mediospara que éstas, y especialmentelas de escasos recursos, puedanacceder a las políticas sociales yal crédito para la construcción,adquisición o ampliación de vi­viendas" .

Por otra parte, la Ley del Régi­men Prestacional de Vivienda yHábitat, regula la obligación delEstado venezolano de "garanti-

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zar el derecho a la vivienda y há­bitat dignos, y asegurar su pro­tección como contingencia de laseguridad social y servicio públicode carácter no lucrativo, para eldisfrute individual y colectivo deuna vida y un ambiente seguro,sano y ecológicamente equilibrado,que humanice las relaciones fa­miliares, vecinales y comunitarias.Serán corresponsables de la sa­tisfacción progresiva de este de­recho los ciudadanos y el Estadoen todos sus ámbitos, de acuerdocon lo establecido en la Constitu­ción de la República Bolivarianade Venezuela, la Ley Orgánica delSistema de Seguridad Social y loestablecido en los tratados, pactosy convenciones internacionalessuscritos y ratificados por el Es­tado".

Por otra parte, en el Articulo12 de la sefialada Ley se disponeque "es deber del Estado brin­dar protección especial a las per­sonas o familias que no tenganingresos, de menores recursos

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o de mayor necesidad, así comoproteger a los sectores socialesvulnerables, en razón de la edad,situación de discapacidad y con­dición de salud. Igualmente, adop­tará medidas orientadas a garan­tizar este derecho a los pueblosy comunidades indígenas".

Es oportuno sefialar que, deacuerdo a lo resuelto en la ConferenciaMundial de las Naciones Unidassobre Hábitat y AsentamientosHumanos, celebrada en Vancouver,Canadá, se entiende por "viviendaadecuada no solamente un techo,sino adecuada privacidad; adecua­da seguridad, incluyendo seguri­dad de tenencia; estabilidad y du­rabilidad estructural; adecuadailuminación y ventilación; adecuadainfraestructura básica, como su­ministro de agua, facilidades sa­nitarias y de manejo de desper­dicios; ubicación adecuada y acce­sible en relación al trabajo y alas facilidades básicas; todo lo cualdebe ser obtenido a un costo ase­quible. La adecuación deberá ser

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determinada conjuntamente conla gente involucrada, teniendo encuenta la idea de desarrollo gra­dual" .

Este punto fue objeto de lamayor discusión en la referidaConferencia, adoptándose final­mente el texto del derecho a lavivienda y "a la progresiva reali­zación del derecho a una vivien­da adecuada". De todas formas,se reconoció que el derecho a lavivienda es básicamente princi­pista, ya que es un derecho di­fícil de ejercer cabalmente, porqueno hay gobierno que esté en ca­pacidad de garantizar una vivien­da adecuada a todos los aspiran­tes que ocupan o puedan ocuparel territorio de un país y que esténen capacidad de reclamar sucumplimiento, sobre todo, si nosatenemos a la definición de vivien­da adecuada que emanó de laConferencia Mundial de las Na­ciones Unidas.

En lo referente a infraestruc­tura y servicios básicos, la mencio-

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nada Conferencia adoptó como cri­terio que a la comunidad se lesuministre la distribución de aguasegura, salubridad, manejo dedesperdicios, bienestar social, faci­lidades de transporte y comuni­caciones, energía, servicios de sa­lud y emergencia, escuelas, segu­ridad pública, y manejo de los es­pacios abiertos. Ello implica, quealgunas de las acciones debendescentralizar las políticas y suadministración hacia los ámbitossub-nacionales y locales, dentrode la red general de una estrate­gia nacional en lo social, econó­mico y ambiental. Es decir, serequiere de una efectiva descen­tralización de responsabilidadesy recursos entre los actores clavesque están más cerca y son másrepresentativos de sus comitentes,poniendo en movimiento un procesode gerencia participativa ancladaen una visión compartida.

Pero, hoy en día, en el sigloXXI, lo que ya está planteado, noes que los servicios sean indis-

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pensables, sino cuál es la plani­ficación y la organización que per­mitirán mantenerlos a un ade­cuado nivel de atención y eficien­cia.

Para ello, el gobierno debe crearmecanismos que promuevan unagerencia de servicios al nivel local,autónoma, transparente y respon­sable, promoviendo el diálogo entretodos los usuarios para ayudarel cumplimiento de su cometido.

Algunas Consideraciones Finales

La vivienda rural e indígenason parte de un complejo problemadentro del desarrollo rural inte­gral, el cual debe ser tratado conun enfoque interdisciplinario einterinsti tuciona1.

Ahora que se ha creado y seestá estructurando el Ministeriopara la Vivienda y el Hábitat yque se cuenta con una legislaciónnueva sobre la materia, en la cualse contemplan importantes dispo-

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s iorone s sobre vivienda rural eindígena, sería conveniente apro­vechar y utilizar la larga experien­cia, tanto positiva como negativa,del Programa Nacional de ViviendaRural que se ha venido ejecutan­do desde el afio 1958. Dicho Pro­grama debe ser adaptado a loscambios sociales, económicos ypolíticos que está experimentan­do el país y a los nuevos precep­tos legales contemplados en laConstitución de la República Boli­variana de Venezuela, en la Leydel Régimen Prestacional de Vivien­da y Hábitat, la Ley Orgánica delSistema de Seguridad Social y laLey Orgánica de Pueblos y Comuni­dades Indígenas, yen cualesquieraotras disposiciones ratificadas porel Estado Venezolano.

El referido Programa antesadscrito al Ministerio de Sanidady Asistencia Social y desde 1.999a cargo del Servicio A u tónomo deVivienda Rural (SAVIR), ha contri­buido sustancialmente al sanea­miento ambiental de las locali-

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dades rurales concentradas y dis­persas, al sustituir el ranchotradicional por una estructurahabitacional adecuada y digna, quepermita combatir las enfermeda­des y sanear el medio ambiente,así como elevar la calidad de vidade sus moradores.

Hay que jerarquizar el Progra­ma de Vivienda Rural e Indíge­na, dándole la debida prioridaden las políticas, planes y progra­mas que en materia de vivienday desarrollo rural integral se for­mulen, si se quiere alcanzar eldesarrollo equilibrado y armónicodel país y su bienestar general.

Se debe evitar un sesgo pro­urbano en la formulación de laspolíticas públicas en detrimentodel desarrollo rural. Para ello esnecesaria una estructuración delgasto público y de su composi­ción que conduzca a una distri­bución equitativa de las inversio­nes en bienes públicos entre laszonas urbanas y las rurales. Eldesplazamiento de la composición

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del gasto público rural a favorde una mayor oferta de bienespúblicos, entre los cuales desta­ca la vivienda rural e indígena,sería un estímulo al crecimientode las regiones rezagadas y unaherramienta eficaz para el com­bate de la pobreza.

Las repercusiones sociales ypolíticas de cualquier acción quese tome o de la falta de acciónpara dar respuesta a la crisis ha­bitacional y a la satisfacción delas necesidades básicas de loscampesinos e indígenas, seránconsiderables. No se puede seguiracumulando la deuda social y laexclusión, sino tratar de saldarla;pero no se puede saldar esa deuda,si no existe un espacio adecuadopara vivir.

El desarrollo de asentamien­tos humanos sostenibles requie­re del activo compromiso de lasociedad civil, de la participaciónde la gente involucrada en el pro­blema y de estructuras guberna­mentales responsables en todos

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los niveles. Pero compromiso cívicoy gobierno responsable, requierendel refuerzo de los mecanismosde participación, incluyendo a lajusticia y la planificación de accio­nes, que puedan garantizar quetodas las voces sean oídas en laidentificación de las prioridades,ejercicio de los derechos legales,metas a lograr, servicios fundu-,mentales a suministrar, moviliza­ción de recursos e implementaciónde políticas y programas sensatosy pertinentes.

Hay que descentralizar el pro­greso del país. Dar a la poblaciónrural e indígena lo que ellos buscanen las ciudades a las cuales emi­gran, es la clave de la soluciónde su problema y esa clave pasapor una vivienda adecuada y dig­na que incluya un hábitat que hu­manice las relaciones familiares,vecinales y comunitarias, de acuerdoa lo estipulado en el articulo 82de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.

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Distinguido público:

Con los mejores deseos de laAsociación Mundial de ViviendaRural y los míos muy en particular,formulamos nuestros más fervien­tes votos porque en los próximosEncuentros Nacionales e Interna­cionales de Vivienda Rural e In­dígena, observemos balances al­tamente positivos de los logrosobtenidos en la solución de losproblemas planteados en este Pri­mer Encuentro, en pro de los me­jores intereses del país y del de­sarrollo equilibrado de todos lossectores que integran la vida na­cional.

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