CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓNDE LOS BOSQUES NATIVOS EN CHILE

Conservación de la Biodiversidad en las Américas: Lecciones y … / E. Figueroa (Ed.)

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Capítulo 11

LECCIONES, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA EL MANEJO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

DE LOS BOSQUES NATIVOS EN CHILE

Antonio Lara1 y

Christian Little, Laura Nahuelhual, Rocío Urrutia e Ignacio Díaz

Universidad Austral de Chile

1. INTRODUCCION El informe de FAO de la Situación de los bosques a nivel mundial, señala que la superficie forestal de Chile ha aumentado en 57.000 y 40.000 ha anuales durante las décadas 1990 - 2000 y 2000-2010, respectivamente (FAO, 2011). Dicho aumento, dado principalmente por la expansión de las plantaciones forestales de especies exóticas (principalmente pino insigne (P. radiata) y eucaliptos (Eucalyptus globulus y E. nitens), han llevado a que Chile, en el contexto Latino Americano, sea un país conocido por la rápida expansión de las plantaciones forestales que en la actualidad alcanzan 2,3 millones de hectáreas y son la base de una industria forestal, con exportaciones por 5.453 y 4.162 millones de dólares en 2008 y 2009, respectivamente (INFOR 2010). Sin embargo, estas cifras no reflejan la desfavorable situación de los bosques nativos, cuya superficie actualmente continua disminuyendo y degradándose. Dentro de este contexto, es importante analizar los problemas de conservación de los bosques nativos, así como también los esfuerzos públicos y privados que se están haciendo para resolver dichos problemas y hacer las recomendaciones para asegurar la permanencia de estos valiosos recursos.

Los bosques nativos de Chile se desarrollan principalmente en la zona centro-sur, sur y Patagonia entre los 33º – 56º de latitud Sur, y cubren un área total de 13,4 millones hectáreas que representa un 30,3% de esta zona, y más

1Correo electrónico: [email protected]

Lecciones, desafíos y recomendaciones de política para el … / A. Lara et al. / 2011

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de la mitad de los bosques templados del hemisferio Sur (Alaback 1991; Donoso, 1993; CONAF et al., 1999). La mayor parte de los bosques nativos de Chile (78%) se encuentran en la Eco-región de los bosques valdivianos lluviosos (35º - 48º S), la cual en conjunto con las áreas boscosas adyacentes de Argentina, han sido clasificadas por la iniciativa Global 200 lanzada por el WWF y el Banco Mundial, entre aquellos ecosistemas con la más alta prioridad de conservación a nivel mundial (Olson and Dinerstein, 1998). Esta clasificación se debe a su alto grado de endemismo, las amenazas debido a diversas actividades humanas y estado crítico de conservación de diferentes especies y ecosistemas. El endemismo está reflejado en que un 34% de los géneros de especies leñosas, un 82% de las especies de aves, 94% de los mamíferos y 100% de los reptiles están presentes únicamente en la Eco-región (Armesto et al., 1996, Rozzi et al., 1996). La presencia de árboles longevos de gran tamaño también es característica de estos bosques, incluyendo a alerce (Fitzroya cupressoides) que puede vivir más de 3.600 años (Lara y Villalba, 1993).

Los bosques nativos han sido clasificados en diversos tipos forestales, siendo el más importante el tipo siempreverde (31% del total) dominado por una diversidad de especies perennifolias entre las que destacan el coigüe común (Nothofagus dombeyi), coigüe de Chiloé (N. nitida), tepa (Laureliopsis philippiana), ulmo (Eucriphya cordifolia) y diversas especies de mirtaceáeas. El segundo tipo forestal en importancia es lenga (25% del total), dominado por Nothofagus pumilio especie caducifolia especialmente abundante al sur de los 43o de latitud Sur. Las coníferas abarcan en conjunto un 11% del total y corresponden a los tipos forestales ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), alerce (Fitzroya cupressoides), araucaria (Araucaria araucana) y ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), todas ellas endémicas a Chile y Argentina (CONAF et al., 1999).

La mayor parte de los bosques nativos son de propiedad privada (9,5 millones de ha, 71% del total) y el resto del Estado, ubicados en Parques y Reservas (Lara et al., 2009). El uso de los bosques en la propiedad privada es mayoritariamente destinado a la producción de leña y madera de uso industrial. Por otra parte, un 16% de los bosques de propiedad privada (1,5 millones de ha) se destinan a la protección en diversas iniciativas de conservación.

Los bosques nativos han sido históricamente valorados para la obtención de leña y madera sin técnicas silviculturales adecuadas, y como tierra para la expansión de la agricultura, ganadería y plantaciones forestales. Lo anterior ha llevado por un lado a la degradación de la estructura y composición de los bosques nativos, comprometiendo su potencial productivo futuro para diversos bienes y servicios y a su eliminación en extensas áreas. Otra importante causa de degradación del bosque nativo es el pastoreo excesivo que compromete su regeneración, no existiendo estimaciones actualizadas de la extensión


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degradada por las diversas causas nombradas. Respecto a la eliminación de bosques, los monitoreos de cambio de uso de suelos encomendados por el Servicio Forestal de Chile (Corporación Nacional Forestal, CONAF), que cubren las diferentes regiones y períodos, mostraron una pérdida promedio de bosques para el período general 1993-2008, del orden de 10.000 hectáreas anuales. Esta pérdida ha sido estimada a partir de los monitoreos oficiales compilados en Lara et al., 2010). A pesar que frecuentemente no es reconocido por las autoridades y el sector empresarial, los monitoreos generados por CONAF indican que la sustitución por plantaciones forestales, principalmente de pinos y eucaliptus, es la causa de un 68% de la disminución de la superficie de bosque nativo, seguido de un 32% por habilitación agropecuaria (Lara et al., 2010). Por otra parte, las estadísticas llevadas por CONAF indican que los incendios de origen antrópico han afectado anualmente a un promedio de 13.000 ha de bosque nativo anuales, en el período 1995-2005, con una alta variabilidad inter anual asociada a la variación en las precipitaciones (Lara et al., 2006).

La situación de conservación de los bosques nativos en ciertas regiones es particularmente desfavorable, tal como en la zona costera de Chile Central en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador O´Higgins (33º S), donde se determinó que un 38% de los bosques pertenecientes al tipo forestal esclerófilo que existían en el año 1975 habían desaparecido en el 2008, principalmente debido a su transformación en plantaciones frutales, viñas y plantaciones forestales. Otro estudio en el sector Costero de las Regiones del Maule y Norte del Bío-Bío (36º S) demostró que un 67% de la cubierta de bosque de los bosques nativos mayoritariamente de roble y roble maulino (Nothofagus glauca y N. obliqua) que existían en 1975 habían sido eliminados en 2000, principalmente debido a sus sustitución por plantaciones (Echeverría et al., 2006). Un estudio sucesivo ratifica que en un periodo de 32 años (1975-2007) 60.43% de la cobertura de bosque nativo en 1975 había sido reemplazada por plantaciones en 2007, mientras que un 12.7% fue convertido a tierras agrícolas y praderas (Nahuelhual et al., en revisión). La destrucción del bosque nativo y su conversión a plantaciones ha desencadenado la expulsión de población rural hacia las áreas urbanas con el incremento de su marginalidad y otros efectos sociales negativos. Lo anterior es una clara consecuencia de pérdida de Servicios Ecosistémicos con impacto desfavorable al bienestar de las personas y sociedad.

En un estudio reciente en la Isla de Chiloé, Carmona et al. (2010) reportan tasas de deforestación del orden del 3% entre 1999 y 2007, para bosques mayoritariamente en manos de pequeños propietarios. Para un área de estudio en cuatro comunas de la zona sur de Chile y usando un modelo de sistemas, Marín et al. (en prensa) predicen que si no se toman acciones para reducir la pérdida de


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bosque nativo, sólo una pequeña cantidad de bosque secundario persistirá para el año 2017, mientras que el bosque nativo adulto se agotará.

Dentro de este contexto, los objetivos de este capítulo son: 1) analizar la situación de uso y conservación de los bosques nativos en Chile durante las últimas dos décadas; 2) evaluar las fortalezas y limitaciones de la actual legislación forestal y de los distintos mecanismos e instrumentos orientados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, incluyendo aquellos dirigidos desde el Estado, el sector privado y los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales; 3) Formular recomendaciones de acciones desde el Estado y el sector privado, para mejorar la conservación de los bosques nativos y potenciar su contribución al desarrollo del país.

2. USOS DE LOS BOSQUES NATIVOS 2.1. Bienes y Servicios de los bosques nativos Los bosques nativos chilenos han sido fuente de una gran diversidad de bienes y servicios para nuestra sociedad, entre los cuales la leña y madera de uso industrial (madera aserrada, astillas, tableros) han sido históricamente los productos que han alcanzado el mayor valor total en el mercado. Ello comparado con los Productos Forestales no Madereros (PFNM) tales como frutos, hongos, follajes ornamentales (Nahuelhual et al., 2007) y los servicios ecosistémicos entre los cuales están la provisión de agua en cuencas forestales, captura de carbono, oportunidades de turismo y otros (Nahuelhual et al., 2007; Lara et al., 2010). El consumo total de madera para fines industriales y energéticos ha tenido una tendencia al aumento en las últimas dos décadas, incrementando de 4,6 millones de metros cúbicos en 1985 a 9,2 millones en 2007, siendo el uso energético el principal destino (Gómez-Lobo et al., 2006; INFOR 2008), Figuras 1a y 1b).


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Figura 1. Evolución del consumo de madera proveniente de los bosques nativos de Chile. a) Consumo industrial y energético (leña) para el periodo 1985-2007. b) Detalle consumo industrial para el periodo 1990-2007. Fuente: elaboración propia a partir de INFOR, 2008 y Gómez-Lobo et al., 2006.

2.1.1. Uso energético (Leña)

La leña es el principal producto maderero obtenido de los bosques nativos, aumentando su consumo de 4 a cerca de 9 millones de m3 anuales entre 1985 y 2007. En términos relativos, en el período 1985 y 1988, la leña representaba entre un 70 y 85% del volumen total de madera nativa utilizada, decreciendo a un 60-70% en el período 1989-1995, período en el cual el uso industrial para la producción de astillas experimentó un fuerte aumento (Figuras 1a y b). Posterior a esta fecha, el consumo de madera nativa para fines energéticos aumentó su importancia relativa, representando más de un 85% del total entre el año 2002 y 2007 (Figuras 1a y b). El sector que representa el mayor consumo es el residencial rural con un 44%, seguido por el sector industrial con un 27%, el residencial urbano (25%) y el sector comercial y público (4%) del total (Gomez-Lobo, 2006). El consumo de leña por parte del sector industrial ha experimentado un fuerte aumento de 200 mil a un millón de metros cúbicos anuales entre 2002 a 2006 (no se cuenta con cifras más actualizadas), debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, lo que ha llevado al recambio de calderas con el fin de utilizar biomasa como fuente de energía (INE, 2009). La fuerte reducción de los volúmenes de gas natural importados de Argentina a partir de 2004 por una decisión de dicho país, y el alza del precio del gas natural también han tenido un efecto en este proceso de recambio (Lara et al., 2010a).


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Entre los aspectos positivos del uso de la leña, está que este recurso representa un 19% de la matriz de energía primaria y un 73% de las energías renovables a nivel nacional (CNE 2007). Por otra parte, la leña es un combustible barato comparado con otros, siendo el petróleo diesel, el gas licuado y la electricidad 3, 3,4 y 4 veces más caros por gigacaloría, respectivamente (Lara et al., 2010a). De esta manera, la leña permite que los sectores de escasos ingresos de las áreas rurales y urbanas tengan el acceso a una energía barata. Por otra parte, la leña aporta un porcentaje significativo de los ingresos de los campesinos en áreas de extracción de leña, lo cual sumado al acceso a la energía indica el importante rol social de la leña como combustible. Reyes (2004) indica que en la Cordillera de la Costa de la Región de los Ríos dicho porcentaje alcanza a un 30%, y que el dinero que se genera en torno a la leña y sus beneficios se distribuye entre muy diversos actores (dueños de predios, trabajadores, transportistas, comerciantes), comparado con la energía proveniente de los hidrocarburos e hidroelectricidad. Desde un punto de vista ambiental la leña ha sido reconocida como una fuente de energía renovable que puede obtenerse mediante el manejo sustentable de los bosques nativos, existiendo el conocimiento y experiencias para ello, especialmente mediante el raleo de los renovales (bosques de segundo crecimiento, Donoso y Lara, 1999). Además, es una energía que puede ser limpia, segura y económica, que puede transformarse en combustibles líquidos, gaseosos y generar electricidad.

No obstante, en la situación actual la leña como combustible y como uso de los bosques en Chile presenta serias limitaciones ambientales. Entre ellas destacan la escasa aplicación de técnicas silviculturales apropiadas y el bajo control fiscalizador por parte del Estado que llevan a la degradación y destrucción de los bosques nativos. Lo anterior está asociado a que gran parte de la leña proviene de bosques localizados en predios de pequeños y medianos propietarios y comunidades indígenas los cuales no cuentan con la tenencia legal de la tierra, capital, ni la apropiada capacitación y asistencia técnica (Reyes, 2000; Sáez, 1994; Sáez y Scholz, 1998; Carmona et al., 2010). Bajo estas condiciones, la extracción de leña en respuesta a una demanda poblacional creciente, fue identificada como una de las principales causas de la pérdida de bosque nativo (Marín et al., en prensa), y de sus degradación.

Otra limitación de la leña, es que un 90% de su mercado es informal, es decir se transa sin pagar impuestos ni respetar la normativa que regula el uso de los bosques (Gómez-Lobo et al., 2006; Molina 2010). Debido a esta informalidad, en general no hay contratos de trabajo, condiciones de seguridad para los trabajadores y frecuentemente se vende un producto que tiene un menor volumen, y mayor contenido de humedad (lo cual reduce la eficiencia y aumenta la contaminación) que el ofrecido al consumidor. Las pérdidas tributarias asociadas


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solamente a la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se estiman entre 16 y 18 millones de dólares al año (Gómez-Lobo et al., 2006). Otro problema asociado a la leña es la grave contaminación atmosférica en varias ciudades del sur de Chile (por ejemplo Temuco, Osorno) por el uso de leña con altos contenidos de humedad y estufas y calderas inadecuadas. 2.1.2. Uso industrial de la madera

El consumo de maderas nativas con fines industriales desde el año 2000 a 2007 ha representado menos de un 4% del total. El restante 96% corresponde a madera proveniente de plantaciones de pinos y eucaliptos, que según se ha indicado constituyen la base de la industria forestal en Chile.

Entre 1990 y 1995 el consumo industrial de madera nativa experimentó un fuerte aumento (de 2,3 a 4,0 millones de m3 anuales), aumento explicado por la irrupción del mercado de las astillas para la exportación. Este producto que se exportaba a Japón aumentó su participación respecto al consumo total desde un 58% en 1990, a un 74% en 1995, para iniciar un proceso de disminución hasta alcanzar un 23% en 2002 desapareciendo como producto a partir de 2003 (INFOR, 2008, Figura 1b). La evolución de las astillas se explica por las presiones de grupos conservacionistas nacionales e internacionales, y por la generación de un mercado de astillas provenientes de plantaciones de pinos y eucaliptus, que sustituyeron completamente a las astillas nativas. El consumo para la producción de madera aserrada fluctuó en torno a los 800.000 m3 anuales entre 1990 y 1994, para disminuir gradualmente hasta los 345.000 m3 anuales (Figura 1b). La importancia relativa de la madera aserrada aumentó después de la retirada de las astillas y a partir de 2002 ha representado entre un 57% y un 67% del consumo total (como es el principal destino industrial de los bosques nativos). Esta disminución se explica por el agotamiento de la madera de calidad en las áreas más accesibles debido a la ausencia de esquemas silviculturales adecuados, con el consecuente incremento de los costos, y a la disminución de la demanda por la existencia de madera más barata proveniente de las plantaciones. A partir de 2001 el consumo de madera para la producción de tableros aumenta desde un 14% del total a un 32% en 2007 debido a la instalación de dos plantas para producir tableros de partículas para la construcción (OSB).

En cuanto a los aspectos positivos del consumo con fines industriales, es que éstos representan una oportunidad de diversificar y dar un mayor valor agregado a los productos del bosque nativo, lo cual puede generar ingresos que permitan su manejo adecuado por parte de los propietarios. Ello además de satisfacer parte de una demanda por tableros o por maderas de calidad. No obstante, parte de los problemas señalados para el uso de los bosques para leña


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se aplican a la producción de madera con fines industriales, aunque en menor intensidad. La inexistencia de planes de manejo con herramientas silviculturales orientadas al largo plazo, sistemas de fiscalización adecuados, capacitación y asistencia técnica y desarrollo de mercados y promoción de la comercialización, han sido y continúan siendo los factores que llevan a la degradación y destrucción de los bosques nativos y frustran las oportunidades señaladas. 2.1.3. Obtención de productos forestales no madereros (PFNM) La utilización no maderera de algunas especies del bosque nativo sigue estando presente en las costumbres de la población rural, formando parte importante de su economía, y mostrando una tendencia al incremento en las últimas dos décadas (Lara et al., 2010). Semillas y frutos comestibles de especies arbóreas y arbustivas, como avellanas, piñones, murta o cestos de enredaderas y la ornamentación con helechos y follaje, son algunos de los productos que se producen y comercializan en muchas zonas del sur del país (Tacón et al., 2005). Si bien, el grueso de los PFNM se utiliza para el autoconsumo, paulatinamente se han ido abriendo mercados a nivel nacional e internacional, siendo reflejo de ello la exportación que prácticamente se ha duplicado en las últimas dos décadas desde 12 a 21 mil toneladas anuales en 1990 y 2008, respectivamente (Lara et al., 2010). En términos económicos este aumento de las exportaciones ha sido de 12,7 millones dólares en 1990 a 71,9 millones de dólares (INFOR 2009).

Los PFNM presentan una oportunidad interesante para que los propietarios de tierras y los habitantes rurales en general aumenten sus ingresos, y su recolección puede hacerse en una forma que no ocasione la degradación de los bosques o el agotamiento de los productos colectados. Entre las limitaciones a la contribución de los PFNM al desarrollo rural están las dificultades en la cuantificación de la producción y el consumo de estos productos, debido a los altos niveles de autoconsumo y a la gran informalidad existente en la cadena de comercialización, en que muchos de los productos se venden solamente en ferias locales o por vendedores ambulantes. Otra limitación importante son los bajos precios pagados a los productores, lo que ha sido estudiado para el caso de los follajes ornamentales de Romerillo y Avellano, en localidades rurales de la Cordillera de la Costa de la Décima Región y para un grupo de recolectoras indígenas (Nahuelhual et al. 2008). Este estudio indica que el retorno financiero neto por recolectora fue modesto, representando una contribución inferior al 1% del ingreso familiar, mientras que el valor presente neto por hectárea a perpetuidad alcanzó US$ 80,3 para Romerillo y $4,3 para Avellano. También se señala que el diseño e implementación de nuevas iniciativas en torno a los PFNM,


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debieran basarse en reconocer que, dadas las condiciones actuales de mercado, es necesario identificar los productos que pueden entregar un real soporte a las formas de vida rurales y a quiénes realmente pueden mejorar sus condiciones de vida más allá de la subsistencia. 2.1.4. Producción de Servicios Ecosistémicos (SE) Como se ha mencionado, la visión histórica de los bosques nativos como productores de madera ha limitado su valoración como importantes productores de servicios ecosistémicos (SE), cruciales para el desarrollo económico y el bienestar social (Costanza et al., 1997). Los SE tienen un alto potencial para alinear objetivos productivos y de conservación, aumentando simultáneamente el bienestar humano y protegiendo la biodiversidad (Nahuelhual y Núñez, 2010). Sin embargo, estos servicios hasta ahora no han sido considerados en la toma de decisiones por los organismos estatales, las empresas y los propietarios de bosques, lo que ha contribuido a la disminución de la cantidad y calidad de dichos servicios, debido a la degradación y destrucción de los bosques nativo. La inadecuada cuantificación y valoración económica de los SE han provocado que en la mayor parte de los casos estos servicios carezcan de un precio de mercado que los haga comparables a otros bienes (Costanza et al., 1997; Nahuelhual et al., 2007; Lucke, 2008). Sin embargo, en los últimos años se ha producido un avance sustantivo en la cuantificación y valoración de los SE de los bosques nativos en Chile. La investigación de la relación directa entre la cobertura de bosques nativos y producción de agua en seis cuencas forestales en el Sur de Chile (Región de los Ríos) indican que un aumento del 10% en la cobertura de bosque nativo produce un incremento del 14,1% en el caudal de verano, y que la disminución del bosque nativo, produce una reducción del caudal de igual magnitud (Lara et al., 2009). Por otra parte, en el caso de las plantaciones un incremento de su superficie en un 10% en las cuencas produce una disminución de los caudales de esa misma estación en un 20,4% (Lara et al., 2009). Otra investigación determinó la reducción del caudal en 42 y 33% para dos cuencas grandes en que los bosques nativos disminuyeron su participación de un 53% a un 14,2% y de un 36,1% a 8,1% entre 1975 y 2000, debido principalmente a su sustitución por plantaciones de pinos y eucaliptos (Little et al., 2009). Los resultados de ambos estudios muestran que los bosques nativos como ecosistemas, tienen un papel clave en la acumulación de agua en el suelo y subsuelo, así como en la entrega gradual de ésta a los arroyos y ríos. Por otra parte, el raleo (entresaca de árboles para la producción de madera) en una cuenca cubierta de renovales de roble-raulí (Nothofagus obliqua - N. alpina) aumentó el caudal en un 40% en verano (estación seca) comparada con una cuenca no raleada (Lara et al., 2009). Lo anterior indica


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que el manejo adecuado de los bosques para producción de madera puede ser compatible y contribuir a la producción de agua. Estos hallazgos, asociados a la valoración económica de algunos SE, tales como la producción de agua para el consumo humano, las oportunidades de turismo en áreas protegidas del Estado y la mantención de la fertilidad del suelo (Nahuelhual et al., 2007; Nuñez et al., 2006), dejan de manifiesto la importancia de los bosques nativos, más allá de la madera o leña que puedan producir. Las estimaciones del valor económico de la producción de agua por los bosques nativos en la cuenca de Llancahue, que provee de agua potable a la ciudad de Valdivia (39º 38’ S- 73º 5’W). El valor de este servicio, estimado usando el método de función de producción, que considera al agua “cruda” proveniente de la cuenca como un insumo fue de 162 US $/ha año para el verano cuando este servicio es más escaso y de US$ 61,2/ha año para el resto del año (Nuñez et al., 2006). Figueroa y Pasten (2008) señalan que estos valores sería un 400% más altos que aquellos estimados por Nuñez et al., (2006).

Por otro lado, otro estudio, Nahuelhual et al. (2007) estimó el valor económico de las oportunidades de recreación como un servicio ecosistémico de los bosques nativos dentro de los Parques Nacionales Puyehue y Vicente Pérez Rosales, usando el método de costo de viaje. Este estudio estimó un valor de US $1,6- 6,3 /ha año cuando toda el área de los parques nacionales fue incluida y un valor de 35 – 178 US $/ha año cuando sólo el área de uso intensivo fue incorporada. Finalmente, Nahuelhual et al., (2007) estimaron el valor de la mantención de la fertilidad del suelo en bosques de Nothofagus de la Cordillera de Nahuelbuta usando el método de costo de reemplazo. Este método generó el valor de mantener la fertilidad del suelo, a través de la estimación del costo de reemplazo de los nutrientes que se pierden cuando los bosques son sustituidos por uso agrícola. En este estudio el valor económico de la mantención de la fertilidad del suelo fue calculado en US$26,3/ha año. Los valores estimados para la recreación en los parques nacionales (US $1,6-6,3 /ha año) y para la mantención de la fertilidad del suelo (US$26,3/ha año) se encuentran dentro del amplio rango de los costos operacionales reportados en áreas privadas de distinto tamaño en el sur de Chile (US$1,5 – 24 /ha, Lara y Urrutia, 2010). Esta comparación sugiere que el establecimiento del pago por servicios ecosistémicos basado en el valor estimado de los servicios podría cubrir los costos operacionales en áreas de conservación. Por otra parte en el caso del valor estimado para la producción de agua potable y la recreación en áreas de uso intensivo, éstos valores proveerían recursos extras para la conservación, superando ampliamente los costos operacionales de las áreas estudiadas en el sur de Chile (Lara y Urrutia, 2010).

Avances en la cuantificación y valoración económica de los SE, son aspectos muy positivos para la conservación y manejo de los bosques nativos y son la base para proponer investigación de largo plazo para ensayar los efectos


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de la restauración de bosques nativos y su impacto en la recuperación del SE producción de agua (Little y Lara, 2010). Otro avance relevante es el estudio para el diseño de un esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la cuenca del río Pudeto en la ciudad de Ancud, sin que dicho sistema se haya puesto en marcha aún. En la localidad de Chaihuin en la zona costera de la Provincia de Valdivia también existe una iniciativa tipo de PSA en fase de diseño (Lara et al., 2010). Ambos modelos basados en modificaciones tarifarias para el abastecimiento de agua para poblaciones urbanas y rurales, respectivamente, pueden servir de experiencia replicable a muchas áreas del País.

Por otra parte, los servicios ecosistémicos de los bosques nativos brindan la oportunidad de contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la captura y secuestro de carbono. En relación a la adaptación al cambio climático los bosques nativos también pueden jugar un rol muy importante especialmente en lo que respecta a la producción de agua. Lo anterior es especialmente valido debido a las proyecciones de cambio climático en nuestro país para fines del siglo XXI que indican un aumento de la temperatura y una reducción de las precipitaciones de verano de un 40% en la zona central y sur del país 33º a 45º S, Fuenzalida et al., 2007).

Las principales limitaciones relativas al uso de los bosques para la obtención de servicios ecosistémicos han sido la ausencia de una política y legislación que reconozca dichos SE y su importancia social, así como la existencia de instrumentos públicos que promuevan la provisión de dichos servicios. Además de este marco poco favorable para el establecimiento de mecanismos de PSA, el insuficiente reconocimiento por parte de los usuarios de SE de que la provisión de estos servicios depende de la conservación y uso adecuado de los bosques y que ello tiene un costo que deben pagar a los propietarios de estos bosques como proveedores de SE han imposibilitado la implementación de esquemas de pago. En relación a la captura de carbono como servicio ecosistémico, a la fecha, tampoco se han materializado negocios asociados al mercado del carbono que involucre bosques nativos o forestación con especies nativas (Lara et al., 2010).


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3. POLITICA LEGISLACION E INSTRUMENTOS RELATIVOS A LOS BOSQUES NATIVOS.

3.1. Política y Legislación Forestal El Estado Chileno ha carecido de una visión estratégica y del diseño de una política explícita para promover la conservación y uso sustentable de los bosques nativos. La política de facto que se ha aplicado al menos desde 1974 con la promulgación del Decreto Ley 701 que establecía subsidios (bonificaciones) a la forestación, exenciones tributarias, inexpropiabilidad de los terrenos y otras medidas, determinaron la rápida expansión de las plantaciones de especies exóticas, sustituyendo en amplias áreas a los bosques nativos (Lara y Veblen, 1993). Esta visión y política estatal ha prevalecido hasta la actualidad y han privilegiado las plantaciones de especies exóticas en desmedro del bosque nativo. Cabe destacar que si bien los subsidios entregados por el DL 701 permiten la plantación de especies nativas, su uso para estos fines ha ocupado un porcentaje estimado menor a un 5% del total debido a un mercado e industria dominados por las especies exóticas. Una clara expresión de la falta de prioridad que el Estado ha otorgado a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, fue la demora en la dictación de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (LBN), promulgada en 2008 después de más de 16 años de tramitación. Lo anterior contrasta con la rapidez con que fue promulgada la Ley de continuación del DL 701 al vencerse en el año 1994, lo que permitió que los subsidios a las plantaciones nunca se vieran interrumpidos. Más recientemente, en 2009 se hizo una modificación legal para ampliar las actividades sujetas a los incentivos de forestación y facultar a CONAF para incrementar los valores a pagar por los subsidios a la forestación, proceso que demoró 15 días de trámite legislativo en el Congreso nacional. La carencia de una Política Estatal clara y efectiva hacia los bosques nativos, también se manifiesta en las serias limitaciones de los reglamentos y normas legales destinadas a su protección y a las deficiencias y restricción de los recursos destinados a la fiscalización y sanción a los infractores de la Ley.

Otra manifestación de una política sesgada hacia las plantaciones, es que los subsidios entregados a las plantaciones a través del DL 701 son entregados a los propietarios que los solicitan y cumplen los requisitos, se pagan al año siguiente de la plantación y tienen un monto mayor para las mismas condiciones de densidad y otras especificaciones. Por el contrario, en relación a los subsidios entregados a través de la LBN, los propietarios deben concursar pudiendo obtenerlos o no y se pagan en varias cuotas en los siguientes tres años en el caso de la plantación (pues existen subsidios a otras actividades, los cuales serán


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discutidos más adelante), y consideran un menor monto por hectárea (ver acápite sobre subsidios en el punto 3.2.1). La política señalada, en gran parte determinada por los intereses de las empresas forestales, ha tenido como consecuencia el rápido y sostenido crecimiento de las plantaciones y de la producción industrial que sustenta, junto al proceso de deterioro y destrucción del bosque nativo discutidos en las secciones 1 y 2.

Dentro del contexto desfavorable de política de Estado hacia los bosques nativos, la promulgación de la LBN en Julio de 2008, representa un avance sustantivo y el más importante de las últimas décadas. Esta Ley introduce diversas regulaciones orientadas a la conservación de los bosques, las aguas y los suelos y establece subsidios (bonificaciones) a diferentes actividades de conservación y manejo, las cuales son discutidas en el punto 3.2.1 sobre instrumentos públicos para la conservación y uso sustentable. Otro importante aporte de la LBN, es la creación del Consejo Consultivo del Bosque Nativo, en que participan representantes de los diversos organismos públicos, organizaciones conservacionistas, gremiales, representantes de grandes y pequeños propietarios y del ámbito académico. Las funciones de este Consejo son responder a las consultas que le formule el Ministro de Agricultura, pronunciarse sobre los proyectos de reglamento y sus modificaciones, emitir opinión sobre la ejecución de la presente Ley y proponer las adecuaciones normativas y legales que estime necesarias y formular observaciones respecto a las políticas para la utilización de los recursos de investigación. Además, tiene la función de proponer criterios de priorización, focalización, y de asignación de las bonificaciones, así como los criterios de evaluación técnica y ambiental. Por otra parte, la LBN crea un Fondo de Investigación, destinado a incrementar los conocimientos en materias vinculadas con los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación que será discutido en la sección 3.2.3 v. 3.2. Instrumentos y mecanismos para la conservación de los bosques

nativos en Chile Como en la mayoría de los países, en Chile la conservación de los bosques nativos se basa en una mezcla de instrumentos públicos y privados. El Cuadro 1 contiene una clasificación de los principales instrumentos disponibles, organizados por arreglo institucional y servicios ecosistémicos o productos forestales con los cuales tienen una mayor vinculación. A partir de esta clasificación, se discuten posteriormente las fortalezas y limitaciones de aquellos considerados más relevantes o con mayor potencial de desarrollo futuro.

Durante la última década los arreglos institucionales predominantes han sido los siguientes: 1) arreglos públicos asociados a instrumentos de política


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pública y administrados por el Estado, (por ejemplo el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE), y subsidios (bonificaciones) asociados a cuerpos legales específicos; 2) transferencias internacionales que corresponden a recursos para el financiamiento directo y generalmente parcial, como es el caso de los proyectos financiados por el Banco Mundial a través del Fondo Mundial para la Naturaleza (Global Environmental Facility, GEF) y la Comunidad Europea, los cuales tienen una contraparte de aportes estatales y privados; 3) arreglos privados sin participación del Estado, como es el caso de las áreas protegidas privadas (APP) y la certificación de productos por el Forest Stewardship Council (FSC); y público-privados, en base a alianzas estratégicas entre agentes privados y el sector público como es el caso de algunas certificaciones (por ejemplo Sistema Nacional de Certificación de Leña).

Conservación de la Biodiversidad en las Américas: Lecciones y … / E. Figueroa B. (Ed.)

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3.2.1. Instrumentos Públicos Bajo este arreglo institucional se incluyen los instrumentos legales o de política pública que incluyen aquellos de comando y control (áreas protegidas del Estado, sanciones) y también aquellos basados en incentivos (exenciones tributarias y subsidios). i) Sistema de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Este sistema representa la principal iniciativa para la conservación en Chile y la de más larga trayectoria. La primera área silvestre bajo protección estatal (Reserva Forestal Malleco) fue creada en 1907 a fin de excluirla de la colonización, habilitación agropecuaria y uso destructivo de sus bosques (Simonetti et al., 2010). Posteriormente la Ley de Bosques de 1925 (D.L. No 656) incorporó la categoría de Reservas de Bosque y Parques Nacionales de Turismo, determinando la creación de numerosas áreas protegidas. Las áreas protegidas del Estado tuvieron un fuerte impulso con la creación de CONAF en 1973 alcanzando 10 millones de ha y posteriormente con la dictación del Decreto Ley No 1939 de 1977 que reguló la creación, administración y desafectación de Parques Nacionales y Reservas Forestales (Simonetti et al., 2010). Actualmente, el SNASPE cuenta con un total de 95 unidades entre Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, las cuales suman 14,1 millones de ha, correspondiente a un 19% de la superficie nacional.

El contar con un sistema de áreas protegidas del Estado consolidado, con profesionales y guardaparques capacitados, reconocido por la ciudadanía y cuya tendencia visitas en el período 1985 - 2009 de 600 mil a más de 2 millones de personas, respectivamente (Figura 2), da cuenta del incremento de la valoración social por los bosques nativos y las oportunidades de nuevos mercados asociados a la industria del turismo.


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Figura 2. Evolución del número de visitantes al sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado durante el período 1985–2009. Fuente: INFOR, 2010.

Claramente el SNASPE es uno de los principales aportes a la conservación de la biodiversidad en Chile, sin embargo , entre las sus principales debilidades puede mencionarse la concentración en más de un 80% en la Patagonia al Sur de los 43º S (Regiones de Aysén y Magallanes), donde dichas áreas protegidas representan casi un 50% de dicho territorio (Lara y Urrutia, 2010) y la insuficiente representatividad como en la zona desérticas del norte del país (18º - 26º S) y la situación particularmente grave en la zona central (30º - 36º S) donde menos de un 1% de los bosques están protegidos, a pesar de ser un área de alta biodiversidad clasificada como Hotspot y cuya densidad poblacional expuestos a los boques y otros ecosistemas a graves amenazas y presiones (Squeo, 2003). Por otra parte, solo 3,9 de los bosques nativos está incluida dentro del SNASPE, lo que representa un 27% del total. Otra limitación del SNASPE es la situación de debilidad legal que ha primado, ya que la ley No 18.362 promulgada en 1984 que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas bajo la administración de CONAF nunca entró en vigencia. En 2010 se promulgó la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y dentro de dicho Ministerio, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Con esta modificación legal se ha establecido que la administración del SNASPE será transferido desde el Ministerio de Agricultura al


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Ministerio de Medio Ambiente, existiendo opiniones encontradas dentro de administración pública y de otros actores respecto a la conveniencia de esta modificación para la eficacia del SNASPE y sus objetivos. El Proyecto de Ley que crea el Servicio y Sistema antes mencionado, actualmente (marzo 2011) está en trámite legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. ii) Regulaciones: Desde 1873 se dictó la primera Ley Forestal en Chile, y posteriormente en 1925 (D.L. No 656 la Ley de Bosques, la que entró en vigencia en 1931, estableciendo una serie de regulaciones y prohibiciones a la corta de árboles en terrenos cercanos a los cursos de agua y manantiales. Más recientemente, la LBN promulgada en 2008 introdujo diversos artículos orientados a la conservación de los bosques, las aguas y los suelos. Entre ellos define como bosque nativo de preservación a aquél, que presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en peligro de extinción, vulnerables, raras e insuficientemente conocidas. El Artículo 19 prohíbe la corta, eliminación, destrucción o decepado de las especies clasificadas en las categorías mencionadas que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat, considerando una serie de excepciones que se discutirán más adelante. La ley también establece normas de protección de suelos y aguas a través del Reglamento de aguas, suelos y humedales que limita la corta de árboles en las áreas cercanas a los cursos de agua, terrenos con pendiente pronunciada y humedales.

Entre las debilidades de las regulaciones de la LBN está el hecho que ésta no contiene un enfoque territorial del manejo de los bosques nativos que considere las cuencas ni una visión ecosistémica del bosque que incorpore adecuadamente los servicios ecosistémicos. De esta forma no se ha considerado el conocimiento que se ha generado por la investigación durante los últimos años, discutida en la sección 2.1.4.

Otra debilidad importante es que la LBN establece excepciones a la protección a las especies clasificadas en las categorías de conservación, permitiendo su destrucción para la ejecución de actividades u obras de interés nacional. Estas excepciones fueron ampliadas a partir de 2009 con la dictación del DS 654. El cual determina que las especies declaradas monumentos naturales entre las que se cuentan alerce, araucaria, podrán ser intervenidas, o alterado su hábitat, previa autorización de CONAF. Con respecto a los bosques definidos como bosques de uso múltiple, susceptibles de aprovechamiento con fines madereros y para la obtención de PFNM, la Ley no establece los criterios de protección que regirán. Por otra parte, la LBN considera un tamaño mínimo de 0,5 ha y 40 metros de ancho, lo cual deja fuera de toda normativa y protección a los fragmentos pequeños de bosques, los cuales son de gran importancia para la


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conservación o para iniciar la restauración en torno a ellos, especialmente en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte del país. iii) Sanciones. Las sanciones se inspiran en el principio de “quien contamina paga” y aplican a quien no cumpla con las medidas de protección establecidas en las leyes. Por ejemplo en el caso de la LBN concretamente las multas que van desde 380 y 1.180 US$/ha por incumplimiento en los planes de protección, así como multas de 787 y 1.180 US$/ha por incumplimiento grave a la obligación de reforestar. Estas y otras sanciones se establecen de acuerdo a las prescripciones contenidas en los planes de manejo estipulados en la Ley. Una debilidad de las sanciones estipuladas por la LBN es que las infracciones denunciadas por CONAF continúan siendo vistas en los Juzgados de Policía local y no en tribunales de mayor jerarquía, según la recomendación efectuada por diversos actores sociales con anterioridad a la dictación de la ley (Lara et al., 2006). Salvo en el caso de los delitos relacionados con malversación de instrumentos públicos y entrega de certificados y antecedentes falsos para acogerse a las bonificaciones, que serán de conocimiento de los Jueces de Garantía o de los Tribunales de Juicio Oral y sancionados con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados. La experiencia ha demostrado la poca efectividad de estos tribunales para establecer sanciones, ya que debido a la normativa que rige a dichos juzgados, las multas solicitadas (que pueden ser cuantiosas) son conmutables por pocos días de reclusión nocturna, existiendo evidencias que en muchos casos dichas reclusiones no se han cumplido por los infractores (Lara et al. 2006). iv) Incentivos Tributarios: Las exenciones tributarias corresponden a instrumentos de incentivo. Específicamente, los bosques nativos incluidos en los planes de manejo dentro del marco de la LBN están exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no son considerados para efectos de otras leyes como la del Impuesto sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones (Ministerio de Agricultura 2008). Estas exenciones son un instrumento valioso que ha beneficiado a los propietarios que destinan sus bosques a la conservación dentro de Áreas Protegidas Privadas (APP). v) Subsidios (Bonificaciones): Este instrumento establecido por la LBN establece un sistema de subsidios (definidos como bonificaciones en la ley) a través de 2 concursos anuales, uno para pequeños propietarios y otro para los demás interesados. En el primer año de ejecución, cada concurso recibirá el 50% de los fondos totales para bonificaciones. Como referencia, para el primer año (2010) el monto asignado para los concursos es de un total de 8 millones de dólares. La LBN permite que el plan de manejo incluya varios predios y establece


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que los pequeños propietarios puedan organizarse para acogerse a sus beneficios mediante postulaciones colectivas, efectuadas directamente o a través de sus organizaciones. Las bonificaciones a pagar a los pequeños propietarios están incrementadas en un 15%. Las anteriores son fortalezas de este instrumento. Las acciones bonificadas son las siguientes: i) Actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o bosques nativos de preservación (hasta 390 US$/ha); ii) Actividades silviculturales dirigidas a la obtención de productos no madereros (hasta 390 US$/ha); iii) Actividades silviculturales destinadas a manejar y recuperar bosques nativos para fines de producción de madera (hasta 780 US$ /ha). Estos valores corresponden al máximo a acumular en diferentes actividades realizadas en la misma superficie. Para definir los montos de bonificación para cada actividad en particular, el Ministerio de Agricultura publica anualmente una tabla de valores, la cual puede ser modificada también en forma anual.

El establecimiento de bonificaciones para la protección, recuperación y manejo tan esperados por los propietarios, eran vistos como uno de los principales instrumentos de fomento de estos ecosistemas constituyen en si un gran avance. No obstante, se requiere completar una fase de implementación inicial comenzada en 2010, con el fin de evaluar el grado en que dichos subsidios cumplen su objetivo y sus impactos esperados en la conservación y beneficio para los propietarios de bosques y la sociedad.

Una de las limitaciones más importantes de las bonificaciones actualmente otorgadas por la LBN es que la tabla de valores a bonificar hasta ahora no ha incluido actividades tendientes a mantener o aumentar los SE (o ambientales). Ello a pesar que la ley contiene una definición de servicios ambientales como “aquellos que brindan los bosques nativos y las plantaciones que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente”. Por otra parte, la ley otorga el marco legal para incluir bonificaciones a las acciones que contribuyan a aumentar los servicios ambientales. Las actividades bonificables hasta ahora son acciones silviculturales convencionales orientadas a la plantación, siembra directa, cercado, raleos y podas. Además, los montos considerados en la Tabla de Valores para la plantación de especies nativas representa un 69% y un 76% del monto bonificado en condiciones similares si es que el propietario se acoge a las bonificaciones de DL 701, en cuyo caso no requiere concursar y basta con que cumpla con los requisitos y especificaciones de densidad y sobrevivencia de las plantas. Los montos de bonificación para el caso de los raleos con fines madereros también son bajos con valores de 78 a 312 US$/ha, siendo que la ley fija un máximo de 780 US$/ha en sucesivas intervenciones a través del tiempo. Otra debilidad importante es que el pago de bonificaciones para las actividades que involucran plantaciones, se hace entre el segundo y cuarto año de efectuada dicha actividad


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y una vez que se ha comprobado su éxito. Esto es una seria dificultad pues la ley no incorpora un mecanismo de crédito lo cual representa una barrera de entrada especialmente para los pequeños propietarios.

Otras limitaciones de las bonificaciones establecida hasta ahora en la tabla de valores, es que ésta no incluye subsidios a actividades destinadas a la obtención de PFNM para los tipos forestales araucaria (Araucaria araucana) y alerce, especies protegidas que no pueden cortarse, por lo el aprovechamiento de los productos no madereros representa una importante opción para sus propietarios. Tampoco existe un enfoque territorial en la asignación de los subsidios que considere cuencas prioritarias por ejemplo, ni una visión ecosistémica del bosque que incorpore adecuadamente los servicios ecosistémicos. De esta forma no se ha incorporado el conocimiento generado por la investigación durante los últimos años, discutida en la sección 2.1.4. Por último, la LBN considera la realización de inventarios de la cobertura de bosque nativo cada diez años y que el fondo de investigación en parte debe utilizarse para evaluar el impacto de las intervenciones silvícolas establecidas por la ley. No obstante, los esfuerzos y recursos para el monitoreo y evaluación de la efectividad de la aplicación de los incentivos a fin de asegurar su adicionalidad para conseguir metas de conservación son superiores a los actualmente contemplados por la LBN. 3.2.2. Instrumentos de financiamiento y transferencia internacionales i) Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN) CONAF – Cooperación Alemana: El PCMSBN fue ejecutado desde 1996 por CONAF, el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) y el Servicio Alemán de Cooperación Técnica (GTZ), con el financiamiento del Banco para la Reconstrucción (KfW) de Alemania y el Estado Chileno. Entre 1996 y 2002 se implementó la Fase I del proyecto, y entre 2003 y 2007 la Fase II. Los principales resultados de esta última son presentados en este capítulo. El PCMSBN tuvo por finalidad promover el manejo sustentable del bosque nativo en aquellas zonas del país donde el recurso es abundante y representa un alto potencial de desarrollo para sus propietarios. Esta iniciativa estuvo orientada hacia pequeños y medianos propietarios con título de dominio al día, y se implementó en zonas específicas del Centro Sur y Sur de Chile (35º a 48º S). Entre el 2003 y el 2007 el PCMSBN invirtió un total de 3,3 millones de Euros, de los cuales 2,1 se gastaron en incentivos al manejo del bosque nativo, un millón en ordenación forestal y asistencia técnica y 0,2 millones en otras actividades (Lara et al., 2010).

Durante los 5 años que duró la segunda fase del PCMSBN, se trabajó en 2.663 predios y una cifra similar de propietarios, abarcando 108 mil hectáreas de bosque nativo. La superficie efectivamente manejada fue de 35.557 hectáreas, de


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las cuales 21.840 hectáreas fueron intervenidas con incentivos (61%) y 13.717 hectáreas sin incentivos (39%). En promedio, se elaboraron 532 planes de ordenación y se manejaron 7.111 hectáreas al año (Lara et al., 2010). La principal actividad de manejo implementada en los bosques fue el raleo, con un 73% del total de superficie intervenida, seguida muy detrás por el manejo de la regeneración y la poda con un 13 y 6%, respectivamente. El resto de las actividades fueron menos relevantes (Lara et al., 2010). El PCMSBN jugó un papel fundamental en la promoción del manejo sustentable del bosque nativo y benefició a un número grande de propietarios entre 1996 y 2007, desarrollando experiencia para la implementación de los incentivos al manejo del bosque nativo a partir de 2008. Su principal debilidad fue que tenía una fecha de término para el aporte de fondos de Alemania, y que las capacidades profesionales y técnicas desarrolladas y los componentes de asistencia técnica y elaboración de planes de ordenación no fueron continuadas por la LBN u otros programas. ii) Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) financiado por el PNUD y el Banco Mundial: El GEF ha financiado dos proyectos relevantes para la conservación de los bosques nativos. El primero es “Conservación y uso sustentable de los bosques de la Ecoregión Valdiviana (proyecto GEF SIRAP 2009-2013), con un monto de US$ 5 millones aportados por el PNUD, lo que sumado a los aportes pecuniarios y no pecuniarios de organismos públicos y privados, alcanza un total de cerca de los US$ 31 millones. El otro proyecto a nivel nacional, pero que también involucra a los bosques nativos es el llamado “Desarrollo de un sistema integral de áreas protegidas en Chile”. Ambos proyectos son administrados y parcialmente ejecutados por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y están en actual ejecución, por lo que es prematuro evaluar su desempeño. Otra iniciativa relevante es el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde 1994 al 2009 ha financiado 237 proyectos, de los cuales un 60% ha sido en el área de conservación de la biodiversidad. Durante estos 15 años el PPS ha invertido 6,6 millones de dólares, constituyéndose así en la principal fuente de financiamiento para la conservación y el manejo de recursos naturales accesible a las organizaciones campesinas, indígenas y ONGs (PPS/GEF- PNUD, 2009). A partir del año 2007, el PPS/GEF-PNUD ha estado trabajando con la Unión Europea, apoyando iniciativas que promueven la recuperación y el uso sustentable de suelos, bosques y aguas. Los fondos de este programa son considerados capital semilla para que las organizaciones puedan articularse con


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los instrumentos del Estado, de forma tal que sus iniciativas se mantengan en el tiempo (Lara et al., 2010). 3.2.3. Instrumentos basados en incentivos asociados a arreglos privados

y público-privados En la actualidad es ampliamente aceptado que uno de los principales problemas que enfrenta la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos en Chile, es que raramente la conservación o el manejo representan una propuesta financiera viable, mientras que la explotación forestal y la deforestación siguen siendo actividades rentables. El problema de los incentivos débiles o insuficientes para el manejo sustentable y la conservación ha generado una preocupación global en torno a cómo “dar valor” a los bosques, especialmente a aquellos cuyas funciones y servicios ecosistémicos generan altos beneficios para la sociedad. En este contexto, han surgido una serie de mecanismos, genéricamente denominados mecanismos de incentivos para la conservación (MIC), los que buscan disminuir cambios no deseados en el uso del suelo y mantener las funciones y SE de los bosques. Un MIC se define aquí como un arreglo institucional que resulta en la transferencia de más o nuevos recursos financieros desde aquellos agentes dispuestos a pagar por la provisión sustentable de SE del bosque hacia aquellos dispuestos a proveerlos a cambio (Verweij, 2002). El fin último de estos mecanismos, los que ocurren bajo distintos arreglos institucionales (Cuadro 1), es ayudar a los propietarios de bosque y a quienes los manejan a sumar valor financiero a sus recursos en función de los beneficios que éstos generan, aumentando así los incentivos para conservar y restaurar los bosques nativos.

En esta sección se describen aquellos MIC que están siendo aplicados en Chile o se encuentran en etapa de desarrollo. Ellos son las áreas protegidas privadas (APP), el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA), la certificación de bosques y leña, y el derecho real de conservación. En las siguientes sub-secciones se describe cada uno de ellos en términos generales y se presentan además las fortalezas y debilidades que ellos presentan para su exitosa aplicación en el caso de Chile. i) Las Áreas Protegidas Privadas (APP) como estrategia de conservación de bosques en Chile: Las APP comenzaron a surgir en Chile a contar de 1990, siguiendo un proceso de gran dinamismo. El primer catastro realizado en 1997 registró 39 áreas que cubrían cerca de 400.000 ha. Actualmente, se estima la existencia de 500 APP que cubren más de 1,5 millones de ha a lo largo de todo Chile, y en un 66% de dichas áreas los dueños son personas individuales (Sepúlveda y Villarroel, 2006). Diez de estas áreas protegidas creadas a partir de


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1997 tienen 35.000 a 317.000 ha y se concentran en la zona sur del país (al Sur de 40º S) y cubren aproximadamente un total de un millón de ha (Lara y Urrutia, 2010). La propiedad de las APP involucra a una diversidad de actores, siendo las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras, tales como The Nature Conservancy y Wildlife Conservation Society, grandes propietarios extranjeros (por ejemplo el Parque Pumalín), así como fundaciones chilenas que a menudo están vinculadas a grandes corporaciones privadas. Las áreas de menor tamaño con superficies desde una pocas hectáreas a unos pocos miles de hectáreas generalmente son de propiedad de individuos o grupos de personas.

No existe incentivo Estatal o marco regulatorio alguno para la creación de las APP y su establecimiento obedece a la iniciativa de individuos o instituciones actuando por diversas motivaciones. En algunos casos hay una clara orientación altruista hacia la conservación como en el caso de las APP pequeñas y medianas y las áreas protegidas indígenas, o el deseo de proteger ecosistemas con una alta prioridad a nivel internacional, como es el caso de The Nature Conservancy, con la protección de 60.000 hectáreas de bosques de alto valor de conservación en la Cordillera de La Costa Valdiviana. En el caso de las empresas y corporaciones hay una motivación asociada a mejorar la imagen o imagen o cumplir con las exigencias de desempeño ambiental, existiendo también inversionistas con fines inmobiliarios o de ecoturismo (Sepúlveda y Villarroel, 2006).

El hecho que las APP continúen surgiendo de manera espontánea, es una indicación de la creciente preocupación de una variedad de agentes por la conservación de los bosques nativos y otros ecosistemas naturales, y constituye una fortaleza. Recientemente, (Octubre de 2010) se constituyó la Asociación de Áreas Protegidas Privadas e Indígenas, bajo la figura de asociación gremial, lo que representa una enorme oportunidad para el fortalecimiento de este instrumento de conservación. La constitución de esta Asociación se produce en un momento clave para la conservación nacional, ya que está en preparación el proyecto de Ley que crea el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, marco en el cual las APP esperan alcanzar el reconocimiento legal.

Diversos autores han destacado la importancia y fortalezas de las APP en la conservación de los bosques nativos y la biodiversidad en Chile (Armesto et al., 2002; Sepúlveda et al., 1997 Simonetti et al., 2006, Lara y Urrutia, 2010). Dicha importancia puede asociarse a los siguientes aspectos: 1) una cantidad importante de biodiversidad ocurre en tierras privadas; 2) los propietarios privados han demostrado disposición y capacidad para proteger ecosistemas y especies en peligro de manera exitosa a la vez que incorporar usos económicos de manera innovadora y sustentable; 3) las APP representan un complemento esencial de los esfuerzos públicos de conservación al proteger corredores, áreas buffer, áreas sub-


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representadas en el SNASPE, y otros componentes ecosistémicos no protegidos por el Estado, permitiendo el desarrollo de paisajes de conservación, además de proveer servicios ecosistémicos a un costo comparativamente bajo para la sociedad; 4) los modelos de conservación privada son flexibles permitiendo a los propietarios acomodar objetivos de manejo, tipo de actividades y niveles de protección, a la vez se amplía el rango de beneficios sociales y económicos; 5) existe una tendencia creciente de los propietarios a formar redes de colaboración, lo que es relevante para aumentar la eficacia de las APP para promover la conservación.

No obstante las fortalezas de las APP, es importante mencionar algunas de sus debilidades. Entre ellas se encuentran su insuficiente contribución a la conservación de los ecosistemas del Norte y Centro de Chile insuficientemente representados en el SNASPE; en cuanto a los objetivos, identificación de los objetos de conservación, falta de estándares para fijar el tamaño mínimo, metas de conservación, zonificación, acciones de conservación y aquellas a evitar o reducir, y manejo de las unidades; tamaño pequeño para un número importante de APP, por debajo del mínimo requerido para asegurar la conservación de especies y ecosistemas. Por otra parte, la sola creación y denominación como APP no implica que se haya un manejo de las áreas para la conservación efectiva de la biodiversidad. Otra debilidad importante es su vulnerabilidad al tener una base legal débil ya que a pesar de ser reconocidas por la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley Nº19.300) de 1994, nunca se ha dictado el reglamento que las norme y establezca incentivos a su creación y manejo. A esto se suman las fluctuaciones causadas por cambios en la condición de vida y sobrevivencia de sus propietarios, así como de las condiciones económicas debido a políticas públicas locales, nacionales e incluso internacionales las que pueden incrementar la rentabilidad de los usos competitivos de la tierra. Mientras las APP estén sujetas a condiciones económicas cambiantes y sin condiciones legales vinculantes que aseguren su permanencia y conservación en el largo plazo, no es posible asegurar su impacto sostenido en términos de las metas de conservación del país. ii) Pago por Servicios Ambientales (PSA): El PSA surge con el fin de dar solución a las fallas de mercado asociadas a la conservación de los bosques nativos (externalidades y bienes públicos) y estudiar la importancia económica de los beneficios sin valor de transacción. El PSA en su descripción original, se basa en mecanismos de mercado donde los usuarios compensan económicamente a los proveedores de dichos servicios, con el fin de mantener o modificar un uso particular del suelo (FAO, 2009). En el caso de los bosques, el PSA se ha visto como una alternativa para otorgarles “valor económico” y por ende, justificar su protección o conservación, porque en muchos casos éstos son considerados de bajo valor luego de retirar la


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madera (Pagiola et al., 2002). Además, porque se considera que los mecanismos basados en el mercado pueden generar incentivos poderosos y medios eficientes para conservar los bosques y los bienes públicos que ellos proveen, mientras que a la vez, ofrecen nuevas fuentes de ingreso a los habitantes rurales (Pagiola et al., 2005).

Si bien en la actualidad no existe consenso en la definición de PSA, una definición más precisa, basada en la teoría, define el mecanismo mediante cinco criterios (Wunder 2005): 1) transacciones voluntarias mediante las cuales: 2) un servicio ambiental bien definido (o un uso de la tierra que promueva la provisión de ese servicio); 3) es comprado por (al menos) un comprador; 4) a (al menos) un proveedor; 5) si y solo si el proveedor asegura la provisión continua del servicio (condicionalidad) (Wunder et al., 2007).

En la práctica los esquemas en aplicación son más bien similares al PSA, pero en general no cumplen con todos los requisitos enumerados anteriormente. Si se revisan las experiencias de Bolivia (Robertson y Wunder 2005), Costa Rica y México por nombrar solo algunas, ni una de ellas cumple estrictamente con s los cinco criterios de la definición. Podríamos señalar que el rasgo más notorio en la implementación de estos esquemas y que afecta su naturaleza de instrumento genuino de mercado, es la intervención de agentes externos, estatales o privados, que actúan como catalizadores e intermediarios en los procesos. En la mayor parte de los casos estos son agentes (donantes) internacionales como el Banco Mundial, ONGs o el Estado directamente.

El grado de intervención del Estado ha sido variable, desde ser un simple fiscalizador del mecanismo hasta financista directo del mismo. En este último caso el esquema se aleja notoriamente de un PSA acercándose más bien a un instrumento de comando y control (subsidio), como en Costa Rica, donde el Estado transfiere recursos financieros provenientes del gravamen de un sector de la economía hacia la conservación y restauración de los bosques nativos.

En Chile, la única experiencia que apunta a la implementación de un PSA fue la llevada a cabo por el Instituto Forestal dependiente del Ministerio de Agricultura a través de un proyecto INNOVA-CORFO (recursos del Estado) en la comuna de Ancud, Isla de Chiloé. A la fecha se han llevado a cabo los estudios biofísicos y económicos para caracterizar el SE hídrico en relación a los cambios de uso de suelo de la cuenca, y determinar el valor económico del mismo para los consumidores y el costo de oportunidad de los propietarios de bosque para proveerlo. Si bien el PSA no se ha podido implementar aún, la experiencia de INFOR ratifica las dificultades que existen en la implementación de este mecanismo. Por otra parte, entre las principales fortalezas para el caso de Ancud se destacan: 1) la presencia de una demanda concreta representada por los consumidores domiciliarios e industriales de agua, frente a un problema evidente de abastecimiento de agua; y 2) la existencia de una zona acotada bien


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identificada que provee agua, cuya tenencia está formada por un conjunto de pequeños propietarios con derechos claramente definidos sobre sus recursos. Al igual que otras experiencias en América Latina, el caso de Ancud ha surgido con apoyo del Estado, lo cual ha permitido la visualización del problema por parte de los distintos actores involucrados.

Más allá de esta iniciativa puntual, la aplicación de este mecanismo en Chile puede verse favorecido por: 1) el creciente reconocimiento nacional de los SE, al menos en el ámbito de la investigación; 2) la existencia de un marco regulatorio que promueve el uso de mecanismos de mercado en materia de regulación ambiental (La Ley de Bases del Medioambiente) y al menos un reconocimiento general en la Ley de Bosque Nativo; 3) el predominio de derechos de propiedad de los bosques bien definidos (privados) ya sean estos individuales o comunitarios.

Las principales dificultades para el desarrollo de los PSA que también se aplican a Chile incluyen las siguientes: 1) el mercado en torno a los SE generalmente no es “visible”. Es decir compradores y proveedores no necesariamente saben qué es lo que se está transando. Por ello, muchas iniciativas en diseño o en implementación en Latinoamérica han requerido la presencia de agentes externos, estatales o privados, que sirvan de catalizadores; 2) la implementación puede implicar altos costos de los estudios biofísicos, de valoración e implementación del sistema, ya que los bosques en distintas áreas presentan características diferentes y esto determina los servicios que pueden ofrecer y a quiénes (Wunder, 2006), sumado a la necesidad de identificar la utilidad de los diferentes SE según el grupo al que benefician; 3) la condicionalidad en la provisión del SE requiere un plan de monitoreo tal que asegure el flujo del SE bajo las condiciones estipuladas entre las partes (consumidores y proveedores); 4) finalmente, y una debilidad común de diversos mecanismos de conservación, es la dificultad de medir adicionalidad, es decir, cuánta más conservación es capaz de generar el mecanismo. Aunque a nivel latinoamericano existen pocos estudios para cuantificar los impactos de los sistemas de PSA, se puede establecer que éstos dependen del diseño del sistema, la organización social de los proveedores y compradores del servicio o los servicios y la zona de aplicación, entre otros (FAO, 2009). A las limitaciones anteriores - en el caso de Chile- se suma el hecho ya comentado en la sección 3.2.1 que la ley de bosque nativo (LBN) no está actuando como catalizador de los PSA ya que sólo define los servicios ambientales de los bosques, sin que hasta ahora haya incorporado incentivos o subsidios para promoverlos la producción de SE a través de la conservación, manejo adecuado y restauración del bosque nativo.


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iii) Certificación forestal como incentivo a la conservación y uso sustentable: La certificación forestal se entiende como el procedimiento voluntario y formal, por el cual una empresa o productor adhiere al cumplimiento de requisitos específicos en sus productos, procesos y/o servicios, con el objetivo de conectar al consumidor informado con los productos generados de forma responsable, tanto ambiental como socialmente, fomentando de esta forma el uso sustentable del bosque. Generalmente esta certificación va seguida de la cadena de custodia de productos de los bosques certificados y del etiquetado de los productos. En Chile, existen varias iniciativas certificación forestal desarrolladas con mayor fuerza en los últimos años como son: ISO 14.001, CERTFOR (Sistema de Certificación Forestal Chileno), FSC (Forest Stewarship Council) y el SNCL (Sistema Nacional de Certificación de Leña). Las dos primeras iniciativas se han aplicado casi exclusivamente a las plantaciones forestales, razón por la cual el análisis se refiere a los sistemas FSC y SNCL.

Forest Stewarship Council (FSC) es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro que administra la certificación forestal FSC, correspondiente a un mecanismo de control voluntario. El sistema FSC inició sus operaciones en Chile como ICEFI (Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente) y fue reconocida por FSC Internacional en octubre de 2004. Para la certificación, el manejo forestal debe garantizar que la materia prima, recursos madereros o no madereros, fue obtenida a partir de un manejo que maximice los beneficios sociales y la conservación ambiental, considerando su viabilidad económica en el largo plazo. Por tanto, la certificación no se refiere a la empresa, sino que a la madera extraída del bosque en un área determinada y específica. Dentro del FSC también existe la certificación de productos intermedios (insumos) o finales, la que se realiza a través de la certificación de la cadena de custodia de la empresa manufacturera, dando garantía de origen al establecer que la madera usada en el proceso de elaboración del producto fue debidamente certificada.

Actualmente, en Chile existen 383.878 ha certificadas por FSC, de las cuales sólo un 12,5% corresponden a bosque nativo. De acuerdo a la información disponible, FSC representa el 100% de las áreas de bosque nativo reconocidas con manejo certificado. Dentro de las iniciativas certificadas, no solo están las grandes empresas forestales, sino además grupos de pequeños propietarios. Los dos grandes consorcios forestales de Chile representados por Forestal Arauco, Forestal Mininco y sus filiales, han solicitado certificación bajo los estándares FSC, habiendo sido rechazados en primera instancia y en proceso de conseguir dicha certificación. Lograr que estos consorcios cumplan los estándares de certificación implicaría un mejoramiento importante en el desempeño ambiental y social en el ámbito forestal. Ello, en cuanto al mejoramiento de las prácticas de cosecha de las plantaciones y reducción del daño a los bosque nativos, tales como fajas


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protectoras a lo largo de los cursos de agua, no sustitución de bosques nativos por plantaciones, identificación y protección de bosques nativos de alto valor de conservación, restauración del bosque nativo en áreas en que éste ha sido sustituido por plantaciones, mejoramiento de las relaciones y del acceso a los beneficios de los bosques y plantaciones a los vecinos de los predios de las empresas, incluyendo a comunidades campesinas e indígenas, entre otras acciones positivas. Por otra parte, FSC genera la posibilidad de trabajar en conjunto con otros sellos que permiten acercar los productos forestales provenientes de los bosques nativos, a nuevos mercados.

Una limitante del sistema FSC, es que las funciones centrales de todo sistema: la propia certificación, la evaluación de la conformidad y la acreditación, se llevan a cabo por entidades que operan internacionalmente, y que obtienen ganancias del proceso de certificación. Únicamente la generación de los estándares adaptados al contexto Chileno, se transfiere a organizaciones o procedimientos a escala nacional o local. Otra desventaja, es el costo de la certificación, lo cual limita el acceso a los pequeños propietarios y comunidades, que han requerido asociarse y recibir el apoyo de otras organizaciones para poder certificarse, como es el caso de la Asociación Gremial Mawidakon en la Comuna de Curarrehue (Lara et al., 2010).

Por otra parte, el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) es una iniciativa público privada de carácter voluntario, que ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña. El año 2003, un grupo de instituciones comenzaron a trabajar para crear un sistema de certificación de leña para en Chile que garantice que la leña proveniente de bosques manejados con técnicas silviculturales adecuadas y que además corresponda al volumen, especie y contenido de humedad ofrecido al consumidor final. Esta iniciativa surgió el 2005 por iniciativa de una Organización No Gubernamental Local (Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN), que recibió fondos de la fundación AVINA. En el año 2007. La misma ONG Local recibe fondos la Comunidad Europea (CE), para financiar el proyecto Energía renovable para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile, donde se logra ampliar los objetivos del proyecto original a gran parte del territorio Chileno, donde la leña representa el principal combustible para la calefacción y cocina. Con el apoyo de la CE, (4,6 millones de Euros) se promueve el Sistema Nacional de Certificación de Lena (SNCL), como una iniciativa público-privada de carácter voluntario, que fija los estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña y cuyo sistema es administrado por un Consejo Nacional con representatividad a escala regional.

Esta certificación tiene el espíritu de resolver dos problemas a los cuales el uso de la leña ha estado históricamente asociada: 1) la degradación y destrucción


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de bosques nativos y 2) contaminación atmosférica en áreas urbanas. Actualmente 83 comerciantes de leña certificados, distribuidos en 9 regiones. El volumen de leña comercializado por estos comerciantes es de aproximadamente 60 mil metros cúbicos anuales, lo que muestra que una de las principales debilidades del SNLC es su baja cobertura, abarcando menos de un 0,7% del consumo nacional (9 millones de metros cúbicos anuales), aunque en determinadas ciudades como Temuco y Valdivia, dicho porcentaje aumenta a un 5% y 10%, respectivamente (Lara et al., 2010). Otra limitación del SNCL, es que cuenta con un financiamiento limitado, el cual le permite trabajar solamente en algunas ciudades, y que dicho financiamiento depende en gran medida de una fuente extranjera constituida por la Comunidad Europea. Por otra parte, la implementación de este sistema de certificación ha dejado en evidencia problemas estructurales graves que dificultan avanzar hacia la formalización del mercado de la leña y el manejo sustentable de los bosques. Uno de ellos ha sido el escaso número de predios con plan de manejo aprobados por CONAF, lo cual está directamente relacionado con problemas de tenencia de la tierra. Muchos propietarios, pequeños y medianos han heredado la tierra y no tienen los títulos legales de la propiedad por tanto no pueden acceder a planes de manejo forestal. Por esta razón, estos productores hacen leña a partir de cortas ilegales que generalmente terminan en la degradación y destrucción de los bosques. v) Financiamiento para la investigación, desarrollo, y transferencia tecnológica. El Estado de Chile posee una serie de fondos para el financiamiento directo de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica a los cuales las instituciones e individuos pueden postular y competir para obtener recursos en diversas áreas temáticas incluyendo los bosques nativos. La agencias Estatales que administran los fondos, resuelven la orientación de los objetivos de los proyectos, y naturaleza de estas agencias definen si ellos pueden ser concursados por instituciones públicas, privadas, publico-privadas, organizaciones de la sociedad civil, personas naturales o una mezcla de ellos. Entre los fondos más importantes que han aportado a investigación en ecología, silvicultura, conservación y manejo de los bosques nativos, destacan (a) el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile (FONDECYT) que apoya principalmente el desarrollo de ciencia básica y la formación de capital humano avanzado; (b) el Programa de la Iniciativa Científica Milenio (ICM) del Ministerio de Planificación que financia a equipos de investigadores para practicar ciencia básica y aplicada, como por ejemplo el caso del núcleo milenio FORECOS que durante 2002 a 2008 estudió los servicios ecosistémicos de los bosques nativos del centro sur de Chile, (c) el Programa de innovación y transferencia tecnológica INOVA Chile, administrado por la Corporación de Fomento de la Producción, para


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la promoción de las acciones en materia de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos mercados, destacando el financiamiento de los proyectos relacionados al manejo de cuencas forestales y sus servicios ecosistémicos (por ejemplo el Proyecto Innova cuencas en ejecución por la Universidad Austral de Chile, 2011-2014) y proyectos asociados al turismo sustentable en la Eco-Región de los Bosques Valdivianos y la conservación de la biodiversidad, (d) el Fondo de investigación de la LBN cuyos aportes se asignan por concurso entre los interesados, siendo las principales áreas a financiar el bosque nativo y protección de su biodiversidad; protección del suelo, recursos hídricos, flora y fauna y ecosistemas asociados al bosque nativo; capacitación de comunidades rurales que viven del bosque nativo; y evaluación del impacto de las intervenciones establecidas por la ley. En el primer concurso correspondiente al año 2010 se seleccionaron 24 proyectos por un monto total aproximado de 1,4 millones de dólares, y (e) el Fondo de Protección Ambiental, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, que apoya los proyectos presentados por diversas instituciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos de difusión y transferencia con clara orientación en aspectos de conservación de la biodiversidad. vi) Derecho real de conservación: una iniciativa en discusión: Los derechos de propiedad constituyen una herramienta importante en el diseño de estrategias que incentiven la participación privada en la consecución de los fines de conservación. La creación de derechos de propiedad sobre características ecológicas, vía servidumbres de conservación, constituye un mecanismo que permite evitar los incentivos perversos existentes en la denominada tragedia de los comunes. Esto ocurre debido a que: (1) el derecho de propiedad tiene la ventaja de incentivar a las personas a ser cuidadosas con los recursos bajo su control, y porque (2) permite la internalización de los costos externos provocados por el actuar de los agentes respecto de los bienes comunes. La creación de DRC puede facilitar la negociación y reducir los costos de transacción envueltos en la creación de áreas protegidas privadas.

El establecimiento del Derecho Real de Conservación (DRC) es una iniciativa público-privada desarrollada por la colaboración de profesionales de The Nature Conservancy, abogados altamente calificados de prestigiosos estudios, la Cámara Comercial Chileno-Norteamericana (AmCham), otros empresarios y diputados que se está llevando a cabo en Chile y que se encuentra en la Cámara de Diputados desde 2009 (Tepper y Alonso, 2010). El derecho real que recae sobre un predio y que cede en favor de una persona natural o jurídica (servidumbre personal), que impone restricciones al ejercicio del dominio del predio o incluso al titular del derecho real, con el objeto de proteger o conservar, en distintos grados, los recursos naturales existentes en tal predio Ubilla (2005).


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Es decir, el DRC es una servidumbre en favor de una persona, que constituye un gravamen para el dueño del predio, restringiendo el ejercicio de su derecho de dominio, con el objeto de conservar o proteger a perpetuidad ciertas áreas de relevancia ambiental.

El DRC constituye un mecanismo altamente flexible y adaptable a los diferentes modelos regulatorios posibles. La flexibilidad de este mecanismo se debe, básicamente, a su carácter eminentemente privado, a las múltiples posibilidades de combinación con otros mecanismos de conservación, y a la variedad de objetos susceptibles de conservarse y protegerse a través de ellos. Bajo algunas miradas, los DRC podrían ser aplicados no solo en áreas de valor ecológico, sino también a áreas verdes en general, cuerpos de agua de relevancia ecosistémica o áreas con cultural o histórico.

Las principales debilidades para que el DRC funcionase como mecanismo para la conservación. La primera de ellas es que el velar por el cumplimiento de una servidumbre de conservación constituye una tarea compleja y desafiante para su titular. Esto se debe básicamente a tres elementos: (1) al carácter generalmente perpetuo o de larga duración de la servidumbre, (2) a la posibilidad cierta de que en el transcurso del tiempo, el predio tenga diversos dueños, distintos de aquel que originalmente la constituyó; y (3) la necesidad de llevar a cabo acciones permanentes de monitoreo de las variables que den cuenta del estado de conservación del ecosistema y especies que se está protegiendo, y en caso de ser necesario, implementar y ejecutar las medidas y acciones tendientes a lograr el éxito de los objetivos de la servidumbre y/o exigir el cumplimiento forzado de los términos de la servidumbre. 4. Conclusiones y Recomendaciones 4.1. Conclusiones 4.1.1. Síntesis y balance de la situación de los bosques nativos Chile es reconocido internacionalmente, como uno de los países de América Latina que ha tenido un mayor crecimiento de su sector forestal, a partir de una política aplicada en forma continua desde 1974. Esta política estableció bonificaciones a las plantaciones por parte del Estado, a la vez que un sistema económico de mercado determinó la transferencia de patrimonio, industrias y experiencia desde del mismo Estado a las empresas privadas y favoreció la inversión. Claramente, esta política alineada con los intereses económicos y las condiciones de mercado, jugó un rol clave y catalizador en el crecimiento del


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sector forestal basado en plantaciones. Estos factores determinaron la expansión de las plantaciones, la industria y las exportaciones, cuadruplicando la valoración nominal de la producción primaria y silvícola en el mercado externo e interno en más de 4 veces (INFOR, 2010), durante los últimos 20 años, con una alta concentración económica por parte de dos consorcios privados nacionales.

En contraste con el éxito del sector forestal basado en las plantaciones de rápido crecimiento, el Estado Chileno ha carecido de una visión estratégica y de una política que promueva la conservación y uso sustentable de los bosques nativos. La política de facto, que en forma continua han aplicado los sucesivos gobiernos desde 1974, claramente ha privilegiado la expansión de las plantaciones en desmedro del bosque nativo, de sus propietarios, y de la sociedad, la cual ha visto reducida la provisión de servicios ecosistémicos tales como producción de agua y oportunidades de recreación que dicha sociedad requiere para su bienestar y desarrollo. La más clara evidencia de la falta de prioridad y política hacia los bosques nativos. Fueron 16 años los que demoró promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal promulgada el 2008.

Cuatro son los factores determinantes para que los bosques nativos hayan sido y continúen siendo degradados, destruidos y convertidos en plantaciones forestales, terrenos agrícolas y praderas. Primero: un mercado que no incorpora el valor del capital natural de los bosques nativos ni de sus servicios ecosistémicos, valorando la leña y madera que se puede cosechar en un año sin considerar que se ha acumulado por varias décadas o siglos, debido a procesos ecológicos naturales, sin que en general se haya incurrido en costos por esta formación de capital, como ocurre en las plantaciones. Segundo: la menor rentabilidad estimada por parte de las empresas y propietarios individuales de manejar sus bosques nativos para la obtención de madera, leña o PFNM o de destinarlos a la conservación comparada con la rentabilidad de otros usos de la tierra (por ejemplo plantaciones o agricultura). Tercero: la falta de una política y legislación forestal, otras políticas asociadas (por ejemplo agrícola, de agua, energética, turismo), unidos a un rol activo del estado, recursos públicos y voluntad política destinada a corregir las condiciones de mercado señaladas, y que se valoren adecuadamente los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y su rol fundamental para el desarrollo socio-económico y bienestar de la sociedad. Cuarto: a los anteriores se agrega el hecho que los esfuerzos e iniciativas de diferentes instituciones privadas, no-gubernamentales e internacionales y su cooperación con el Estado a través de diferentes instrumentos son insipientes y no han sido lo suficientemente fuertes ni efectivos. Estas debilidades han impedido revertir la desfavorable situación del bosque nativo y sus consecuencias sociales y ambientales y lograr


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un balance positivo donde predomine su manejo sustentable y conservación, junto a un proceso extensivo de restauración.

Los procesos de destrucción de los bosques nativos se ven parcialmente reflejados en las estadísticas oficiales las cuales muestran que los incendios han afectado a un total de 137.000 ha entre las temporadas 1997-98 y 2008-09. Por otra parte, monitoreos encargados por el Gobierno que cubren períodos parciales dentro del período general 1993-2008 indican la pérdida de un promedio de 10.000 ha de bosque nativo al año, principalmente debido a la sustitución por plantaciones (68%) y habilitación como terrenos de uso agropecuario (32% del total). A esto hay que agregar la extensa superficie de bosque nativo que anualmente es degradado debido a la intervención destructiva sin criterios adecuados de manejo, para la producción principalmente de leña (85% del consumo total de madera nativa, que representa un 19% del total de energía producida en Chile) y en menor medida madera aserrada y tableros. No obstante, estas cifras no reflejan el impacto que ha implicado la expulsión de población rural hacia las áreas urbanas y otros efectos sociales derivados de la expulsión de población hacia las áreas urbanas, derivando frecuentemente en problemas de marginalidad y otros efectos sociales negativos. Tampoco dan cuenta de la inversión y gasto que el Estado ha debido hacer debido para atender las necesidades de la población desplazada. Por otra parte, está pendiente la evaluación del impacto de la destrucción del bosque nativo sobre la provisión de servicios ecosistémicos que son clave para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad y las personas. Entre estos servicios destacan la provisión de agua (en cantidad y calidad), mitigación del cambio climático a través de la captura y secuestro de carbono, conservación de la biodiversidad y belleza escénica. La reducción de la provisión y aseguramiento de estos servicios tiene un claro impacto negativo para actividades y sectores económicos relevantes que presentan altas tasas de crecimiento tales como la agricultura, salmonicultura, generación hidroeléctrica, turismo, sectores que dependen de la provisión y aseguramiento de dichos servicios en el largo plazo. La evaluación económica y social de la cadena de impactos negativos, sus interacciones, retroalimentación positiva y negativa y costo de una estrategia para reducir dichos impactos están pendientes. 4.2. Efectividad de los Instrumentos para promover el manejo y

conservación de los bosques nativos Los diferentes instrumentos que se han puesto en práctica para promover la conservación y manejo sustentable de los bosques nativos no han logrado resolver la situación de destrucción y deterioro de los bosques nativos y sus


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consecuencias sociales y ambientales descritas. No obstante, los instrumentos que han jugado un rol más importante son entre los públicos, el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), administrado por el Servicio Forestal (CONAF) que está formado por Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, abarcando un total de 14,1 millones de ha (3,9 millones de ha cubiertas de bosque nativo). Entre los instrumentos privados, destaca entre los más efectivos las Áreas Protegidas Privadas (APP) que han tenido un rápido crecimiento a partir de 1997 alcanzando un área de 1,5 millones de ha. Entre los instrumentos privados orientados al manejo con fines productivos, la certificación forestal es el instrumento que ha resultado más efectivo. En el caso de la madera la certificación del Sistema Forest Stewardship Council (FSC) alcanza a un total de 383.878 ha, de las cuales solo un 12,5% corresponden a bosque nativo, y el restante 87,5% a plantaciones que incorpora estándares y exigencias que tienen un impacto positivo sobre la conservación de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos (conservación de la biodiversidad, producción de agua, mantención de la fertilidad del suelo). Otro instrumento relevante para promover el manejo de los bosques nativos ha sido el Sistema Nacional de Certificación de Leña creado en 2007, aunque sólo abarca un 0,7% del consumo nacional, y en algunas ciudades entre un 5% y 10%. Otro instrumento relevante fue el Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo llevado a cabo por CONAF y agencias de cooperación alemanas el que entre 2003 y su término en 2007 trabajó con 2663 propietarios, abarcando 108 mil hectáreas de bosque nativo. Estos antecedentes demuestran que los principales avances en la conservación y manejo del bosque nativo se han realizado en las áreas protegidas públicas y privadas, y que los instrumentos dirigidos a promover el manejo sustentable del bosque nativo en los predios destinados a la producción de leña y madera, representan un porcentaje mínimo del total.

Lo anterior representa un desafío mayúsculo, pues de seguir esta tendencia, las áreas protegidas serían islas en una matriz de destrucción por mal manejo de los bosques nativos y por su conversión a plantaciones o terrenos agropecuarios. Este escenario desfavorable, afectaría gravemente la sustentabilidad de la producción en los bosques nativos y la conservación, ya que las áreas protegidas se verían expuestas a crecientes procesos de deterioro por incendios, colonización por especies invasoras, y otras amenazas asociadas a su fragmentación y aislamiento. Otros instrumentos públicos tales como las regulaciones y las sanciones presentan limitaciones y han tenido un alcance restringido. Una innovación importante es la promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en 2008, la cual introduce subsidios (bonificaciones) al manejo, conservación y recuperación de bosques nativos, y se espera que en los próximos años tenga un impacto favorable para los


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bosques nativos y el beneficio socio-económico derivado de ellos. No obstante, su efectividad podrá ser evaluada después de 5 o más años de aplicación. Entre los instrumentos privados, los sistemas de pago por servicios ambientales (PSA), no se han implementado, dándose la paradoja que Chile es uno de los países en América Latina donde se efectuado más investigación y existe más conocimiento respecto a la cuantificación física y valoración económica de los servicios ecosistémicos. Este mecanismo tiene un potencial considerable y requiere tal como en otros países que el Estado ejerza un rol catalizador.

Los avances descritos en la conservación y manejo del bosque nativo muestran que sus principales protagonistas han sido las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, el sector privado, propietarios de bosques, agencias de cooperación internacional y la comunidad académica, con una insuficiente participación del sector Estatal. 4.3. Recomendaciones En los últimos 20 años las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas ambientales y sociales, asociaciones de pequeños propietarios forestales, instituciones de investigación y otros actores han efectuado una serie de recomendaciones y propuestas relativas a la conservación y manejo de los bosques nativos. Sin embargo, no han sido consideradas ni seguidas por las autoridades de gobierno, legisladores, empresarios y otros tomadores de decisión. Es más, muchas veces las decisiones tomadas, han ido en el sentido opuesto, agravando los problemas de conservación y uso con claras consecuencias sociales y ambientales. Lo anterior, a pesar que dichas propuestas han tenido considerable respaldo social y acuerdo entre actores, y han estado sustentadas en conocimiento científico sólido, desarrollado en buena parte con recursos invertidos por el propio Estado. Tal es el caso de las propuestas respecto a la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal efectuadas durante el desarrollo hasta la promulgación de dicho cuerpo legal abarcando el período 1992 - 2008.

En este contexto, el diseño de propuestas de política pública, hacia los actores privados y no gubernamentales, requieren de un análisis muy profundo que permita entender las complejidades del problema con el fin de visualizar las soluciones viables a ser tomadas en consideración Un aspecto a incorporar en este análisis, es el reconocimiento de que Chile presenta una situación singular en el contexto de América Latina, caracterizado por una Constitución Política (dictada en 1981 bajo un gobierno dictatorial y muy escasamente modificada en Gobierno democrático), que es sustento de un sistema económico centrado en el derecho privado de los individuos y personas jurídicas, dejando un margen estrecho para limitar este derecho por razones de bien público, sociales o ambientales. Destaca


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la continuidad del sistema económico basado en la competencia de libre mercado, que ha contando con el amplio respaldo de los distintos sectores políticos a través de los diferentes gobiernos democráticos. Dentro de este contexto, el Estado tiene limitaciones para ejercer un rol planificador y regulador, frente a los diferentes temas sociales y ambientales. Si bien la economía de otros países de América Latina está regida por un sistema de mercado (por ejemplo Colombia o Brasil), el Estado juega un rol mucho más activo en la regulación de la economía y del comportamiento de los agentes económicos.

La comprensión de cómo este marco político y económico afecta el uso de los bosques nativos, se refuerza al analizar el caso extremo de la dimensión que alcanza el sentido de propiedad privada de los recursos naturales en Chile y sus consecuencias lo constituye el recurso agua. Este recurso está definido por un Código de Aguas como un bien nacional de uso público, pero que sin embargo, su aprovechamiento está sujeto al otorgamiento de derechos gratuitos a propietarios privados que posteriormente los pueden ceder, vender, permutar, tras el objetivo de generar un mercado del agua, que en la práctica ha llevado a la concentración de los Derechos de Agua (no consuntivos), en más de un 85% en manos de una empresa extranjera, creando crecientes conflictos, una demanda insatisfecha y barreras de acceso para amplios sectores sociales.

A partir de ese contexto, se formulan las siguientes recomendaciones para promover la conservación y manejo del bosque nativo. Dichas recomendaciones provienen del análisis de los puntos anteriores y están orientadas en incremente los beneficios sociales y económicos que se obtienen de los bosques nativos y ecosistemas asociados. Estas recomendaciones enfatizan la utilización de instrumentos de mercado, y de acciones desde el sector privado y no gubernamental, acordes con el sistema económico que ha determinado el éxito de las plantaciones forestales de especies exóticas.

i) Incorporar criterios económicos a las decisiones públicas y privadas: Se requiere que la toma de decisiones incorpore la valoración adecuada de los productos y servicios del bosque nativo y de su real aporte a la economía y como potenciarla. En necesario conocer los costos, beneficios y rentabilidad privada y social del manejo y conservación del bosque nativo. Estos análisis permitirían dimensionar los montos de las inversiones necesarias y las posibles fuentes, generando oportunidades para el sector privado, que podría participar en diversas iniciativas (por ejemplo público-privadas, concesiones). Como ejemplo, el mercado de la leña descrito en los puntos anteriores, no refleja el valor real de los bosques, su manejo y administración. Sin embargo, tiene un claro potencial de crecimiento como energía renovable, creando múltiples oportunidades de negocio por su uso en y de reducción de impactos ambientales de otras fuentes de energía


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(por ejemplo centrales termoeléctricas a carbón en expansión en Chile), pero que contrasta con su actual informalidad las cadenas del mercado, donde por ejemplo solo por evasión de impuestos el Estado deja de percibir alrededor de 16 a 18 millones de dólares anuales. Ese monto es dos o más veces mayor que el destinado anualmente a las bonificaciones en la LBN y más de 13 veces lo que se destina al Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Es necesario fortalecer las cadenas de valor de los productos y servicios del bosque, de tal manera de evitar que sus mercados se debilitan o desaparezcan, y que los bienes, servicios y usos asociados a los bosques mantengan su competitividad, incorporando el capital natural o ecológico.

ii) Promover fuertemente el desarrollo de esquemas de PSA: Es clave que el Estado juegue un rol catalizador en el desarrollo de esquemas de pago por servicios ecosistémicos de los bosques nativos. La Ley de bosque nativo define los servicios ambientales y faculta el pago de subsidios (bonificaciones) por actividades que contribuyan a promoverlos. Sin embargo, hasta ahora han estado fuera de la tabla de valores que fija las actividades y montos a bonificar. Una acción clave es modificar esta situación (por ejemplo plantación de árboles nativos a lo largo de las fajas ribereñas). Esto puede lograrse en un plazo breve, pues la tabla de valores la fija anualmente el Ministro de Agricultura y el Consejo Consultivo puede recomendar la focalización de éstos subsidios.

Para la efectiva implementación de PSA requiere avanzar en la valoración de los servicios ecosistémicos. Lo anterior servirá para compararlos con los costos en que incurre el Estado o las empresas, para compensar las desviaciones económicas que se producen por ejemplo cuando se invierte en recuperación de infraestructura, recuperación de ecosistemas en cuencas deforestadas, o abastecimiento directo de agua, cuando los caudales de verano no alcanzan a abastecer a la población o pone en riesgo la generación de hidroelectricidad o de riego. De igual manera se debiera promover el desarrollo del Derecho Real de Conservación, lo cual requiere una fuerte colaboración público-privada a fin de garantizar la conservación de las Áreas Protegidas Privadas a perpetuidad. iii) Promover la sinergia y complementariedad entre instrumentos y la colaboración público-privada e internacional. El análisis efectuado deja de manifiesto la necesidad de sinergia entre los diferentes instrumentos, no solo para potenciar los ya existentes, sino para permitir que los que están en etapa de desarrollo (por ejemplo PSA y Derecho Real de Conservación) puedan ponerse en marcha y resultar exitosos. El lograr eficiencia y efectividad para avanzar en la conservación requiere usar simultáneamente diversos instrumentos. Ejemplos de ello son la integración entre las áreas protegidas públicas correspondientes al


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SNASPE y las APP, a fin de crear paisajes de conservación, constituidos además por las áreas destinadas a la producción manejadas en forma sustentable. La cooperación e integración de fuentes de financiamiento internacionales con aportes privados y públicos permite también lograr una gran sinergia y obtener metas de conservación que difícilmente se lograrían, tal como el diseño y promoción de un Sistema Nacional de Áreas Silvestres integrando a aquellas públicas y privadas a través de un proyecto GEF en ejecución. También se requiere la participación activa de los gobiernos locales representados por los Municipios que tienen facultades para regular el uso del territorio a través de los planes de desarrollo comunal y planes reguladores del uso del suelo, y la posibilidad de decidir y priorizar la inversión de recursos para promover el manejo, conservación y restauración de los bosques nativos a escala de las Comunas o para potenciar actividades económicas o de impacto social asociadas.

En el mediano plazo (5-10 años), el fortalecimiento de estas sinergias requerirá de las siguientes acciones:

- Poner en marcha el monitoreo de los impactos de las políticas públicas y de la aplicación de subsidios y otros instrumentos y su evaluación social, ambiental económica a fin de generar retroalimentación y efectuar las adecuaciones necesarios.

- Asociado a lo anterior, mejorar los sistemas de información y de estadísticas, indicadores de los recursos y actividad económica, creando mecanismos efectivos para la creación de bases de datos compartidas, abiertas a diferentes usuarios para mejorar los procesos de toma de decisión por los diversos actores sociales.

- Fortalecer el marco legal y focalizar los incentivos económicos (de la Ley de Bosque Nativo y otros) para la conservación en tierras privadas, incluye la administración y manejo de las APP, la implementación de PSA y los derechos reales de conservación, etc., tendiendo a asegurar su permanencia en el tiempo.

- Fortalecer las capacidades institucionales en torno a la conservación en tierras privadas, aumentando los niveles de gobernanza para autorizar y monitorear esfuerzos de conservación formales, e integrar de mejor forma las acciones de conservación dentro de las estrategias más amplias que tienen relación con el manejo del territorio.

- Mejorar y expandir las oportunidades de educación y capacitación para la conservación, apuntando específicamente a profesionales del SNASPE, ONG, empresas propietarios, comunidades, etc.

- Promover el involucramiento de la comunidad, aumentando y profundizando la transferencia de tecnología, conocimiento y experiencia


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entre los propietarios privados y hacia funcionarios de Gobierno, de empresas y otros.

iv) En materia de Política Forestal, los organismos de Gobierno (CONAF, Ministerio de Medio Ambiente y otros) y los legisladores: debieran formular en forma participativa una política explícita para el bosque nativo que incorpore y potencie los avances significativos desarrollados por actores sociales relevantes en los últimos años. Las principales recomendaciones de política basadas en aquellas efectuadas por un panel científico en 2003 que siguen teniendo validez.

- Incorporar un enfoque ecosistémico al manejo de los bosques nativos, orientado simultáneamente a la obtención de madera, productos forestales no madereros y servicios ecosistémicos, integrando los ecosistemas terrestres y acuáticos.

- Impulsar la planificación territorial a distintas escalas (cuenca, comuna, región) que compatibilice los intereses de diferentes grupos sociales, y esté orientada a lograr metas de producción de bienes y servicios ecosistémicos,

- Promover la coordinación entre instituciones del Estado y en la definición de políticas y estrategias vinculadas al sector forestal, a fin de promover su compatibilización y sinergia eliminando su frecuente antagonismo (ej. política agrícola, energética, de cambio climático, descontaminación, vivienda).

- Priorizar la conservación, recuperación y restauración de los bosques nativos remanentes ubicados entre el Centro y Centro-Sur (33º - 37º S),

- Aumentar la inversión pública para apoyar iniciativas privadas de manejo sustentable, conservación y recuperación de ecosistemas forestales y mejorar la legislación relativa a regulación y sanciones, su fiscalización y seguimiento de los procesos judiciales

v) Fortalecer las organizaciones de propietarios de bosques: de áreas protegidas privadas, productores de madera y servicios ecosistémicos de los bosques nativos, y las redes de colaboración a fin de aumentar su poder de negociación e influencia en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Para ello debiera tomarse como modelo la organización de los productores agrícolas en diferentes instancias lo que ha permitido la definición de políticas, legislación e inversión pública que ha beneficiado a los propietarios y promovido el desarrollo de la agricultura. La experiencia muestra que sin organización siempre habrá otros temas, actividades y sectores sociales que estén priorizados en la agenda pública. La reciente creación de la Asociación de Áreas Protegidas Privadas e Indígenas es una muestra valiosa de estas iniciativas para cambiar una situación en que


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estas organizaciones han sido inexistentes o muy débiles. Un tema que ha sido identificado como prioritario y que podría ser abordado por estas organizaciones, es el saneamiento de títulos de las propiedades obtenidas como herencia, lo cual deja al margen de los beneficios de la Ley a un número grande de propietarios.

vi) Restauración bosques nativos a gran escala. Una tarea prioritaria y urgente es llevar a cabo un plan de recuperación de bosques en las Regiones Centro y Centro-Sur del país (Regiones de Valparaíso (33º S) a Región de los Ríos (40º S) mediante plantación de especies nativas en las cuencas, en reemplazo de las plantaciones forestales de rápido crecimiento. Ello a fin de recuperar servicios ecosistémicos, tales como la producción de agua en calidad y cantidad, que se ha visto seriamente disminuido por la expansión de plantaciones forestales y la tendencia decreciente de las precipitaciones. Ante las predicciones de cambio climático, que señalan una reducción de precipitaciones de 25% a 40% en estas regiones, la restauración del bosque nativo es una de las medidas de adaptación más importantes a incorporar en la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La valoración creciente del agua, como un bien escaso y su demanda para diferentes usos, y la existencia de una industria forestal basada en las plantaciones, hace necesario avanzar hacia un diseño y manejo del paisaje que busque satisfacer simultáneamente una demanda por madera y agua y otros bienes y servicios de los bosques y plantaciones. El proceso requerido para la transformación del paisaje forestal, es de tal magnitud que requiere de un nivel de colaboración público-privada sin precedentes, con una fuerte inversión pública (Ley bosque Nativo y modificación de la tabla de Valores), Inversión privada, la colaboración entre instituciones Académicas, Empresas Forestales, Organizaciones Conservacionistas y Gubernamentales, y la investigación y aprendizaje, así como la Capacitación y Transferencia. Una de las prioridades es focalizar la inversión público-privada, y articular los diversos programas de financiamiento que permitan el uso eficiente de los recursos. Un ejemplo en esta línea, es un convenio entre una ONG internacional (TNC), una empresa forestal (MASISA) y una institución académica (Universidad Austral de Chile) para desarrollar una investigación de largo plazo y experiencias piloto en la restauración del bosque nativo para la recuperación de la producción de agua. Los procesos de solicitud de certificación FSC a que se encuentran sometidas las empresas pertenecientes y los nuevos compromisos ambientales que dicha certificación implica, claramente será un impulso clave para este proceso masivo de restauración del bosque nativo en reemplazo de las plantaciones.


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Finalmente, el crecimiento económico de los últimos años y los logros de los gobiernos y del sector privado durante las últimas dos décadas en los diversos ámbitos de la economía en Chile, así como los avances obtenidos en materia de conservación del bosque nativo con una activa participación de las iniciativas privadas, organizaciones no-gubernamentales e internacionales, otorgan una base sólida para iniciar una nueva etapa. En esta nueva etapa se requiere que el Estado y las grandes empresas forestales cambien la mirada que han tenido respecto a los bosques nativos, atiendan a las preferencias de los ciudadanos y señales de mercado nacional e internacional -caracterizados por una valoración creciente del medio ambiente y la naturaleza- y materialicen las acciones e inversiones pendientes. Ello, en sinergia y cooperación con las iniciativas privadas, no-gubernamentales e internacionales permite visualizar un futuro en que se frenen los procesos destructivos de los bosques nativos y sus consecuencias negativas y donde prime el manejo, conservación y extensiva restauración de estos ecosistemas. Lo anterior generaría múltiples oportunidades para los propietarios de bosques y otros actores promoviendo el desarrollo económico y social del país y el bienestar de las personas. AGRADECIMIENTOS Agradecemos el apoyo de la Universidad Austral de Chile y a los siguientes proyectos que han dado la oportunidad a los autores de desarrollar la investigación, reflexión y propuestas plasmadas en este capítulo: CRN II 2047 del Instituto Interamericano para la investigación del Cambio Global (IAI), que es apoyado por la US NSF Grant GEO-0452325; REFORLAN INCO-CT 2006-032132, de la Unión Europea; CONICYT RUE-33 (Apoyo complementario de contraparte para proyectos de cooperación internacional aprobados por Unión Europea, REFORLAN); Fondecyt 1085077 (Integrating environmental, social, and economic systems in modeling land-use change in southern Chile), Fondecyt 1110741 (Spatial integrated assessment of ecosystem services in a rural landscape of southern Chile), proyecto CONAF 2010/023 que es financiado por el Fondo de Investigación de la Ley del bosque Nativo y apoyado por The Nature Conservancy, la empresa forestal MASISA S.A. y Fundación Centro de los Bosques Nativos Forecos. También a los numerosos colegas a quien sería muy largo nombrar que trabajan en los organismos de gobierno, empresas, ONGs, académicos, propietarios de tierras, estudiantes y a nuestras familias que han contribuido a la inspiración y desarrollo de las ideas que aquí presentamos.


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