Conservación y Desarrollo Sostenible en Venezuela 1992-2002 Visión de la Sociedad Civil en la Implementación de la Agenda 21 EDITORES Diego Díaz Martín, Biólogo, M.Sc. en Gerencia Ambiental, ddiazmartin@vitalis.net Mildred Real, Abogado, Especialista en Derecho Ambiental, mreal@vitalis.net Isabel Novo Torres, Biólogo, M.Sc. en Administración Ambiental, inovo@vitalis.net MaryCarmen Sobrino, Comunicadora Social, Especialista en Información y Opinión, mcsobrino@vitalis.net Ana María Giammarino, Industriólogo, M.Sc. en Gerencia de Recursos Humanos, amgiammarino@vitalis.net José Antonio Apostólico, Contador Público, Especialista en Finanzas e Inflación, jaapostolico@vitalis.net Cecilia Gómez Miliani, Ingeniero en Recursos Naturales, M.Sc. en Gerencia Ambiental, cgomez@vitalis.net Caracas (Venezuela), agosto del 2002 La publicación de este informe ha sido posible gracias al coauspicio de la Embajada Británica en Caracas Presentación Desde la celebración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro 1992, pocos han sido los esfuerzos del Estado venezolano para dar a conocer los alcances y compromisos de la Agenda 21 en favor del desarrollo sostenible, razón por la que tan importante declaración es poco conocida en Venezuela. Esta situación, unida a la carencia de un Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS), impulsaron a la organización no gubernamental VITALIS a promover un proceso de consulta para evaluar los avances y limitaciones de su implementación en el país desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, a los fines de expresar la visión no gubernamental y apoyar los esfuerzos del gobierno venezolano en la elaboración del informe de país que demanda la activa participación de todos los sectores involucrados de forma directa e indirecta. El presente documento comprende un análisis crítico, proactivo y constructivo de los principales avances, logros y limitaciones encontrados en la implementación de la Agenda 21 en Venezuela. El mismo comprende seis secciones fundamentales: Introducción a la Agenda 21 en el ámbito venezolano; contexto socio-económico-político del país; evolución del marco institucional; evolución del contexto jurídico; avances, limitaciones y logros de la gestión ambiental (resultados de la consulta desarrollada por la sociedad

civil) y principales conclusiones y recomendaciones, en la cual se señalan algunos temas emergentes de importancia para el país. Lejos de ser exhaustivo, este documento pretende brindar una visión de la sociedad civil venezolana, haciendo uso genuino del derecho a la participación, establecido en los artículos 55, 67, 70, 80, 81, 102, 119, 127, 128 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Nuestra intención con esta iniciativa es propiciar un debate de altura para conciliar enfoques, intereses y acciones en favor de la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente, a los fines de contribuir a la definición de una estrategia nacional para el desarrollo sostenible, que involucre a todos los actores y se sustente en las reales capacidades institucionales, políticas, económicas, sociales y ambientales existentes. El compromiso de VITALIS trasciende el desafío de Johannesburgo y se perfila a impulsar la construcción de los retos de conservación y desarrollo sustentable hacia el 2012. Los comentarios desarrollados en las primeras tres secciones de este informe son de exclusiva responsabilidad de los editores, basado en fuentes actuales y confiables disponibles en diversas organizaciones públicas y privadas. La sección de Avances, Logros y Limitaciones fue elaborada con los insumos aportados por las organizaciones de la sociedad civil consultadas a nivel nacional. VITALIS desea manifestar su sincero agradecimiento a todas las organizaciones no gubernamentales, universidades y demás asociaciones civiles que compartieron su visión del país en esta consulta, así como a la Embajada Británica en Caracas por el valioso apoyo financiero que permitió la realización del presente trabajo. Los Editores Introducción Venezuela posee una extraordinaria variedad de plantas, animales y ecosistemas que la ubica entre los primeros diez países con mayor diversidad de seres vivos del planeta y sexto en América, con al menos, 1.370 especies de aves; 351 de mamíferos; 341 de reptiles, 284 de anfibios y 1.791 de peces y 110.300 de insectos. Asimismo, cuenta con al menos 650 tipos de vegetación, que albergan unas 15 mil especies de plantas superiores distribuidas principalmente entre bosques, arbustales, herbazales y manglares. Cabe destacar, por ejemplo, que solamente en manglares Venezuela es el quinto país en el mundo en mayor cobertura de estas especies comúnmente costeras. A nivel de ecosistemas, Venezuela destaca por su especial condición geográfica de ser al mismo tiempo Amazónico, Andino, Atlántico, Caribeño y Llanero, lo que hace de nuestro país una real expresión del neotrópico, con una diversidad de ambientes que van desde nieves perpetuas en los Andes, hasta zonas desérticas o semi desérticas en Falcón, pasando por una enorme variedad de hábitats que incluyen arrecifes coralinos, sabanas, tepuyes y morichales, entre muchos otros.

Venezuela también se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Posee al menos 315 mil indígenas, localizados principalmente en los Estados Zulia, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que en su conjunto, representan el 1.5% de la población total del país. Por otro lado, al complejo y heterogéneo poblamiento hispánico, se agregan los descendientes de las etnias negras que desde África llegaron a Venezuela, y hacen de nuestra composición poblacional una estructura admirable, con lo cual es posible construir un futuro de desarrollo y prosperidad para todos. Asimismo, Venezuela posee una extraordinaria diversidad de recursos naturales susceptibles de ser aprovechados. Entre ellos figura el petróleo, del cual se sustenta principalmente la economía. Sin embargo, esta nación cuenta con un extraordinario potencial para poder crecer armónicamente, con recursos naturales que han sido tradicionalmente subvaluados o sobreaprovechados, tanto en el sector forestal, como pesquero y agrícola, por citar algunos, sin mencionar su extraordinario recurso humano que por décadas ha venido preparándose para asumir los retos del desarrollo. Pese a todo ello, en Venezuela, como en la inmensa mayoría de los países del mundo, las contradicciones de gestión aunadas a la falta de recursos económicos, técnicos, y en algunos casos jurídicos, y la profundización de la pobreza y la inequidad social, han hecho que su problemática ambiental sea compleja, con las subsecuentes consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida de las poblaciones humanas. La Agenda 21, aprobada el 14 de junio de 1992 por la CNUMAD, comprende un programa de acción con las estrategias para detener e invertir los efectos de la degradación ambiental del planeta en el contexto de la intensificación de los esfuerzos nacionales e internacionales para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente racional. Con la adopción de los principios de Río, Venezuela se comprometió a fortalecer sus acciones para impulsar un futuro más próspero, que permita promover una mayor justicia social y garantice un crecimiento sostenido de su economía que atienda y mejore las condiciones de vida de todos sus ciudadanos, sin menoscabo de los recursos naturales y el ambiente. Sin embargo, dada la compleja problemática socioeconómica, política y ambiental que ha vivido Venezuela desde 1992, su puesta en marcha ha sido difícil, aunado a dos razones fundamentales: el desconocimiento de la Agenda 21 por parte de las autoridades y la ciudadanía en general, y la falta de continuidad administrativa y de una visión compartida de país. Son muchas las lecciones aprendidas en estos últimos 10 años de gestión ambiental Venezuela. Una de ellas, de especial interés para la sociedad civil, es la necesidad de una sana gobernabilidad, basada en la activa participación de la ciudadanía y la transparencia de las decisiones sustentadas en un amplio consenso técnico y social, asegurando que se tomen en consideración tanto las opiniones de los más pobres y menos favorecidos, como de aquellos aventajados en el ámbito político, social o económico.

La definición de prioridades nacionales con presupuestos suficientes para alcanzar objetivos de bienestar humano y la obligación de las autoridades en la rendición de cuentas, también figuran entre los temas que preocupan a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo la democratización del acceso a la información y el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia y cooperación, tanto dentro del país como con diversos organismos internacionales. En el marco del desarrollo jurídico ambiental las acciones históricamente emprendidas por el Estado venezolano son muchas, sin embargo esto no es indicativo de que el país esté en el camino hacia la sustentabilidad, debido a su limitado cumplimiento. La construcción de una cultura de la legalidad y poderes judiciales sólidos que la garanticen, que aboguen por ella y hagan valer los acuerdos sociales, es otro de los temas que ocupan las agendas de conservación de las asociaciones civiles, y que se expresa claramente en los principios de la Agenda 21. La actuación ambiental responsable está basada en el cumplimiento de los deberes ciudadanos consagrados en la carta magna así como el disfrute de sus derechos. Si bien la realidad del año 1992 es muy distinta a la del 2002, a 10 años de la Cumbre de la Tierra los principios de la Agenda 21 cobran más vigencia que nunca en Venezuela. De allí que resulta impostergable evaluar su aplicabilidad, documentar los avances, describir las principales limitaciones y logros que permitan al país encaminarse hacia un desarrollo realmente sostenible. Contexto socioeconómico y político Para la historia social, económica y política de la Nación, la década que concluye en el 2002 y que se inició con la Cumbre de la Tierra, ha sido una de las etapas más difíciles para el país en el ámbito político, económico y social, debido principalmente al manejo ineficiente de los problemas socioeconómicos en el contexto global en el cual se desenvuelve Venezuela. En el cuadro 1 se refleja la compleja situación que atraviesa el país. Cuadro 1. Contexto Socioeconómico de Venezuela (1992-2002) Indicador--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valor Económicos Inflación acumulada de la década ------------------------------------------------------------------------------- 2.975% (1) Devaluación acumulada de la década -------------------------------------------------------------------------- 1.590% (1) Deuda externa a Junio de 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- $ 22 millardos Deuda interna a Junio de 2002 (fuente no oficial) ----------------------------------------------------------- $ 12,8 millardos

Producto interno bruto para el primer trimestre del 2002 (millones Bs) -------------------------------- 138.252 (1) Desempleo (abril de 2002) ---------------------------------------------------------------------------------------- 15,9% (2) Economía informal (primer trimestre del 2002 ---------------------------------------------------------------- 50,4% (2) Salud y social Tasa de mortalidad infantil ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 de cada mil (3) Hogares con un miembro con enfermedad crónica --------------------------------------------------------- 44% (3) Enfermos crónicos que no se controlan por falta de prevención o dificultad económica ---------- 20% (3) Hogares que no reciben agua diariamente -------------------------------------------------------------------- 40% (3) Hogares que no cuentan con disposición de cloacas ------------------------------------------------------ 27% (3) Educación Niños entre 4 y 6 años que no asisten a la escuela --------------------------------------------------------- 41% (3) Niños entre 4 y 15 años que no asisten a la escuela ------------------------------------------------------- 13% (3) Deserción escolar de niños entre 4 y 15 años ---------------------------------------------------------------- 69% (3) Jóvenes excluidos del sistema educativo ---------------------------------------------------------------------- 44% (3) Fuentes de información: 1. Banco Central de Venezuela 2. Instituto Nacional de Estadística (INE) 3. INE y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Durante esta década ha persistido en el país la inestabilidad política y el ámbito económico se ha caracterizado por una depreciación del bolívar en más del 1500%, así como una dependencia significativa de las exportaciones petroleras, cuya reducción en producción ha mermado la participación del país en dicho mercado. A ello debemos agregar el poco aprovechamiento de las grandes reservas de gas natural, la crisis financiera que afectó al sector bancario, todo esto con el subsiguiente incremento sostenido del costo de la vida y la cesta alimentaria. Estos efectos negativos han agudizado el desempleo y con ello se ha incrementado en forma significativa la economía informal llevando a altos niveles de pobreza. En el ámbito de la salud se observa el resurgimiento de enfermedades como el Sarampión, el Paludismo y el Dengue.

Durante el 2002 el país experimenta un déficit fiscal originado principalmente por el incremento sostenido del gasto público. A partir de febrero de 2002 el ejecutivo nacional ha establecido medidas tendentes a mitigar dicho déficit, tales como un nuevo esquema de libre flotación cambiaria que ha originado una devaluación de 70% en cinco meses, una propuesta de incremento en un punto porcentual del impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor (IVA) y el establecimiento del impuesto a las transacciones bancarias (0,75%). Asimismo, el Ejecutivo Nacional ha buscado alternativas de financiamiento por medio de los mercados financieros internacionales y locales, sin logros satisfactorios debido a lo poco atractivo y seguro que resulta el país y sus propuestas ante los inversionistas extranjeros y locales. Actualmente, cerca del 60% del parque industrial se encuentra en situación de cierre o extrema emergencia; el comercio ha perdido 20% del mercado, afectado no sólo por la baja en el poder adquisitivo de la población sino por el creciente comercio ilegal; la economía informal se estima oficialmente en 51,8% de la población económicamente activa. El turismo, especialmente el sector hotelero, ha tenido pérdidas que llegan a 70%, afectado no solo por componentes internos, sino por la situación mundial del sector ante los atentados terroristas. El país no ha emprendido la construcción de ninguna obra de infraestructura de envergadura nacional que pudiera generar empleos y/o servicios y los representantes del sector agrícola y pecuario tienen dudas sobre el respeto a la propiedad privada y sus derechos sobre las tierras que trabajan, además de recibir pocos incentivos para la producción. La población desocupada alcanza 15,8% según cifras oficiales, aunque sectores privados estiman alcance 21,5%; la canasta alimentaria para familias de cinco miembros, se estima en Bs. 278.000 mensuales (aproximadamente US $ 214), la básica (que incluye servicios de primera necesidad y vivienda) en Bs. 821.000 (aproximadamente US $632), pese a que el salario mínimo oficial es de Bs. 190.080 (aproximadamente US $147). La expansión y densificación de los barrios, el deterioro de los servicios y el incremento de la pobreza se expresan en una sensible baja de la calidad de vida con variados efectos en el plano social, económico, cultural, psicológico, sanitario y ecológico, que marcan el paisaje natural de la Venezuela urbana (Cendes, 1999). En 1999 se inició un nuevo período gubernamental con una carga de cambio ideológico político profundo, fortalecido a finales de ese mismo año cuando se promulgó la CRBV que derogó la Constitución de 1961, con la consecuente reformulación del Estado, incluyendo todos sus poderes. Frente al panorama antes descrito, la actual gestión de gobierno ha propuesto un nuevo plan de desarrollo basado en cinco equilibrios que comprende: El económico, social, territorial, internacional y político, los cuales también han sido considerados de una u otra forma en administraciones anteriores. Según las autoridades gubernamentales, la práctica de estos cinco equilibrios se fundamenta en la participación protagónica de todo el pueblo venezolano sin

discriminación alguna, pese a que algunos sectores del país, como la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), las Asociaciones de Industriales y de Comercio (FEDEINDUSTRIA y CONSECOMERCIO), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otros gremios de profesionales como maestros, médicos y abogados, unidos a representantes de la Sociedad Civil Organizada (la mayoría con tradición de más de 12 años en el país), han manifestado públicamente la falta de una apropiada consulta sobre la toma de decisiones nacionales en cuanto a los asuntos que les afectan. Al igual que en administraciones pasadas, el Equilibrio Económico, plantea la reactivación del aparato productivo, procurando pasar de una economía rentista petrolera a otra de tipo productivo para permitir mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, en tanto se consideran los aspectos políticos, territoriales, sociales e internacionales. Sin embargo, a tres años de aplicación de este esquema, el balance de los indicadores macroeconómicos compromete el optimismo de este planteamiento. Cabe destacar que en esta área hemos contado con 5 ministros de Finanzas y dos ministros de Planificación en solo 3 años de gobierno. Asimismo, la agudización de la actual situación socioeconómica y política del país, y los estilos de acción, tanto del gobierno como de la oposición, han traído como consecuencia la polarización de la sociedad, lo cual ha retrasado todos los esfuerzos públicos y privados para resolver los problemas sociales y ambientales del país, colocando la agenda política por encima de las necesidades del colectivo, entendido éste como el total de los hombres y mujeres que habitan en la Nación. La profunda desigualdad social, agudizada durante el último decenio sustenta, la propuesta oficial hacia un Equilibrio Social, está orientada a corregir las enormes distorsiones con su gran carga de exclusión e injusticia, así como también potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia. Ello responde a la necesidad de alcanzar el bienestar colectivo, de forma tal que la distribución de la riqueza y el ingreso que la crea, permitan un alto grado de justicia político-económica y la erradicación de la pobreza como la gran meta a alcanzar, tal como lo propone la Declaración de Principios de Río 92. Con la aprobación de la CRBV, continúan y se exacerban las exigencias de la ciudadanía, ahora por el incumplimiento de sus mandatos, especialmente en leyes y en la conformación de instituciones sociopolíticas de altísima importancia para la práctica de una verdadera democracia. Por ejemplo, pese a dos años de su promulgación, aún no ha sido instituido el Poder Ciudadano, con representantes elegidos de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna (Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo), quienes son cuestionados por importantes sectores del país en cuanto a su grado de independencia y eficiencia. Tanto la Fiscalía General de la República como la Defensoría del

Pueblo poseen funciones importantes en el sector ambiental de Venezuela, tal como lo establece el marco jurídico vigente. Hasta la presente fecha, tampoco se ha promulgado una Ley de Seguridad Social, y su discusión ha sido pospuesta en varias ocasiones. El Poder Electoral no ha sido establecido y adicionalmente, del país más del 40% de los jueces son provisorios, y tampoco se ha reestructurado definitivamente el Poder Judicial. En materia de ordenación y ocupación del territorio, Venezuela ha realizado importantes esfuerzos en toda la geografía venezolana, dado que la mayoría de la población se localiza al norte del Río Orinoco, concentrándose alrededor del 55% de la población en menos del 4% del territorio nacional, en la franja norte costera del país. Por esta, y otras razones, la tesis del Equilibrio Territorial cobra especial interés para el país, siempre y cuando el Estado se plantee el adecuado uso y ocupación del territorio, propiciando mejores condiciones para sustentar un desarrollo armónico y sostenible, incentivando actividades económicas en los lugares apropiados, con la tecnología adecuada y la inversión necesaria para no comprometer las variables ambientales y ocasionar daños irreversibles en los sistemas naturales. Vale citar que sólo una justa valoración de la vocación de las tierras y los suelos, puede llevar a una justa ordenación y ocupación del territorio, con estricto apego a la normativa ambiental vigente, respetando el derecho a la propiedad privada y a los usos y actividades cónsonas con las necesidades de conservación y desarrollo. Sobre este último punto, preocupa la tendencia observada en varios sectores de la geografía venezolana, donde diversas poblaciones, mayoritariamente desasistidas, por motivación propia o incitados por terceros, iniciaron diversas "ocupaciones espontáneas", entendidas como invasiones de la propiedad, que han generado caos y agudizado los problemas de ocupación territorial, particularmente en terrenos supuestamente improductivos o utilizados para actividades "no estratégicas", afectando inclusive a algunas ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial), tales como Parques Nacionales y Refugios de Fauna Silvestre, destinados a la protección estricta de los recursos naturales. También destacan los esfuerzos oficiales por lograr la desconcentración urbana, aunque hasta la presente fecha la creación de ciudades fronterizas y las condiciones de empleo y mejora de la calidad de vida en tales localidades se encuentra en sus esfuerzos iniciales. En el ámbito internacional, Venezuela se ha destacado como miembro de diversas redes de actuación profesional en el sector ambiental y el desarrollo, particularmente dentro de la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Cooperación Amazónica, Asociación de Estados del Caribe, Grupo de los 15 (G15), Grupo de los 3 (G3) y el Grupo de los 77. En este sentido, una propuesta de Equilibrio Internacional descansa en la reafirmación de la vocación integracionista del país, donde se pretende

desarrollar una política de relaciones internacionales "equitativa y mutuamente respetuosa", que intensifique los procesos de cooperación e inserción de Venezuela en el ámbito mundial, enfatizando la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, es oportuno reconocer que la práctica de esta política ha generado diversas dudas en varios sectores, particularmente por la falta de claridad en posiciones internacionales como el libre comercio, la globalización y los acuerdos multilaterales así, como la pendiente ratificación del Protocolo de Kyoto, el incumplimiento de compromisos con la Comunidad Andina en el tema del arancel interno, el rol político y técnico de Venezuela como Líder del G77 para el año 2002, y otras actuaciones que obedecen a posiciones de gobierno inconsultas con la sociedad civil. Sobre este asunto, vale decir que el país tiene una extraordinaria responsabilidad al presidir el Grupo de los 77, que fuera creado en 1964 por 67 países en desarrollo y que en la actualidad engloba a 133 naciones que conforman la coalición más grande del tercer mundo en las Naciones Unidas. Su misión es proveer medios al mundo en desarrollo para articular y promover intereses económicos comunes y mejorar sus capacidades de negociación conjunta en todos aquellos asuntos internacionales de importancia mundial, en el cual se circunscribe lo ambiental, que comprende adicionalmente mecanismos técnicos y de cooperación entre sus miembros. Dicha actuación está siendo seguida muy de cerca por una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, pues en algunas oportunidades su rol parece haber pasado desapercibido frente a temas claves de la gestión ambiental internacional. Vale citar que recientemente Venezuela, en nombre del G77 y China, ratificó su compromiso con los principios contenidos en la Declaración de Río y la Agenda 21, y ha insistido especialmente en la importancia de erradicar la pobreza, cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo, promover la mejora de la salud y de la calidad de vida, impulsar un efectivo manejo y conservación de los recursos naturales y fortalecer el sistema de gobierno como base de un desarrollo sustentable, entre otras. En cuanto al Equilibrio Político, la nueva CRBV define a la nación como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Tales principios, basados en un auténtico ejercicio de soberanía, deben fundamentarse en el respeto a la actuación de todos los sectores en el marco de una estrategia de sustentabilidad de la gobernabilidad, base de la democracia que ha persistido en Venezuela por más de cuatro décadas. Un elemento fundamental de tal equilibrio es la continuidad administrativa, que preocupa a diversos sectores del país. Para dar un ejemplo, y como se

mencionó en párrafos anteriores, en los últimos tres años Venezuela ha contado con 3 Vicepresidentes, 2 Ministros de Planificación, 5 de Finanzas, y 5 de Producción y Comercio. La alta concentración de poder en la Presidencia de la República y con ello mayor centralismo en la toma de decisiones nacionales y regionales, ha sido motivo de cuestionamientos luego de haberse dado importantes pasos hacia una mayor independencia de las regiones a comienzos de la década que nos ocupa. Esa misma concentración de poder es vista con reserva por varios sectores de la vida nacional e internacional en cuanto a la real independencia de las instituciones públicas del país. Todos estos factores, y una alta conflictividad en el debate político, motivan la polémica sobre la gobernabilidad de la nación. Evolución del contexto institucional Al momento de realizarse la Cumbre de la Tierra, Venezuela vive un momento de especial importancia en su movimiento gubernamental y no gubernamental. Por un lado el país cuenta con el primer Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables de Latinoamérica y único hasta la década de los 90, hoy Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN). Por el otro, la década de los 80 marcó el surgimiento y el fortalecimiento de los órganos de integración, tipo redes y coordinadoras, de carácter regional o temático, por lo que la década de Río a Johannesburgo es recibida con un movimiento ambiental y social amplio, diverso y altamente reconocido por su importancia para la sociedad. Lejos de promoverse un proceso coordinado, con visión de futuro, progresivo en su diseño e implementación, coherente con las necesidades de desarrollo y ajustado a la complejidad ambiental de Venezuela, en solo 10 años de gestión ambiental nuestro país ha propiciado al menos tres procesos estructurales de reestructuración general de la máxima autoridad ambiental del país representada por el MARN y al menos 45 cambios en su alta gerencia a nivel de Direcciones Generales, sin contar que en 10 años de gestión, hemos tenido 7 Ministros del Ambiente y 7 presidentes del Instituto Nacional de Parques, algunos de ellos sin una formación técnica sólida en la materia para ser realmente efectivos. Las consecuencias de este alta rotación de los niveles estratégicos y tácticos en la gestión oficial, ha generado continuos cambios en el estilo y las políticas de gestión determinadas por la ausencia de una planificación estratégica que supere la actuación administrativa de un determinado gobierno. Así vemos como algunos proyectos que se iniciaron en una administración fueron desechados o eliminados en otra gestión, en tanto que otros se iniciaron con muy buen diseño, pero nunca arrancaron. En el caso de Hidroven y la Cartografía Nacional (hoy Instituto Geográfico Simón Bolívar) estas organizaciones han tenido 3 presidentes y 2 directores generales respectivamente, con lo cual se ha podido garantizar la continuidad

de algunos de los problemas, aunque en opinión de diversos especialistas, la continuidad no necesariamente es sinónimo de efectividad. El Sistema de Información REVISA (Red Venezolana de Información Social para la Acción) y el fichero de organizaciones de desarrollo Portafolio Social desarrollados por SOCSAL, presentan de manera sistemática información de más de 1.000 organizaciones de desarrollo, con más de 1.500 acciones o programas en diversas áreas, dirigida a una variada población, principalmente de escasos recursos, con el fin de alcanzar cada vez más un mayor bienestar en procesos democráticos participativos (Vargas, 2000). En la década de los 90 se crean diversas redes, coordinadoras y consorcios dedicados a la infancia, vivienda, educación, género y economía popular. Su predominio geográfico es fundamentalmente hacia el norte, centro y occidente del país, donde se concentra alrededor del 80% de la población (Vargas, 2000). La década de los 90 también se caracterizó por una alta capacidad de respuesta técnica en las diferentes instancias públicas y privadas. Ello se tradujo en la cantidad de acciones y decisiones que en materia administrativa se tomaron, incluyendo la elaboración de planes, programas y proyectos, que llegaron a contar con el financiamiento de diversas instituciones bilaterales y multilaterales. En el año 2000, la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) bajo la coordinación de Fundación Tierra Viva y con el apoyo de Fundación Polar, Fundación Banco Mercantil, el Banco Mundial, Petróleos de Venezuela (PDVSA), SOCSAL y WWF, llevó a cabo una investigación que demostró que para la fecha existían más de 400 instituciones en el país, cuyo espectro abarcaba organizaciones de base, asociaciones civiles, fundaciones privadas, redes y fundaciones empresariales. Como producto de esta investigación se produjo un directorio donde se incorporaron estas instituciones. El mencionado estudio, señaló que 54% de las ONG ambientales habían sido creadas entre 1990 y el 2000, pero que la presencia de estas organizaciones nacidas del interés de los ciudadanos de agruparse para conocer y conservar el ambiente data de finales de los años 80. Posiblemente la erupción de las ONG ambientales entre los 80 y 90 esté vinculada al reconocimiento de la riqueza biológica del país, la profesionalización del sector, la referencia del movimiento internacional en pro del planeta, la baja capacidad de los organismos del gobierno y su propia responsabilidad en la generación de muchos problemas ambientales, junto a la necesidad de participación del ciudadano en los asuntos vinculados a la conservación del medio (Luy, 2002). De ese período son, entre otras, PROVITA, EcoNatura, Fundación Tierra Viva, SOCOCARACAS, ACOANA, Fundación de Parques Nacionales, Ecojuegos y Fundhonat. De más reciente data son Fundación Agua Clara, VITALIS y Bioparques. Es importante reconocer que como representantes de organizaciones privadas y sin fines de lucro, muchas - sino todas - ONGs de carácter ambiental,

frecuentemente están sujetas a la vulnerabilidad asociada a la consecución de recursos económicos y humanos para el logro de sus objetivos (Luy, 2002). Posiblemente el mayor reto de las ONG ambientales del país sea la sustentabilidad económica que garantice la continuidad de sus acciones en pro de la educación, la conservación, el desarrollo sustentable, y en última instancia, de una mejor calidad de vida de los venezolanos. Sobre este particular destaca el trabajo de las Redes en Venezuela, tales como REDSOC, ARA, Red Agroecológica Venezolana, SINERGIA, el Comité Venezolano de la Unión Mundial para la Conservación (UICN), FORJA, la Red de Alerta Petrolera (Oil Watch) y CERA-Lara, entre otras, quienes han logrado establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y cooperación, en áreas claves del interés nacional. De acuerdo con REVISA, la población atendida en forma directa por los 1.500 proyectos anteriormente mencionados, y ejecutados por las ONG, alcanza 3.384.434 personas, impactando en número de servicios a 8.703.308 personas, lo cual alcanza a un tercio de la población del país en condición de pobreza (Vargas, 2002). En relación a los poderes legítimamente establecidos, la reciente creación de la Defensoría Ambiental, dentro de la Defensoría del Pueblo, llenó de muchas expectativas al sector. Sin embargo, su actuación parece no haber respondido a las exigencias de la colectividad, por lo que resulta imprescindible sincerar sus capacidades y funcionamiento (VITALIS, SVDA y UNIMET, 2002). En cuanto al Ministerio Público, la Dirección General de Ambiente de la Fiscalía General de la República, creada en el año 2000, ha logrado mantener la atención de denuncias de hechos violatorios de la normativa ambiental y contrarios a la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente formuladas por cualquier persona, natural o jurídica que tenga conocimiento de tales hechos. Si bien siempre ha existido la fiscalía ambiental dentro de esta dependencia, el rango de Dirección Ambiental le otorga al sector una mayor atención y responsabilidad, pese a que aún su capacidad de actuación y respuesta sigue siendo limitada (VITALIS, 2002). Vale mencionar que los órganos con competencia especial en lo ambiental comprenden a la Fuerza Armada Nacional, por órgano de sus componentes cuando estuvieren ejerciendo funciones de investigación de delitos en el ámbito de sus atribuciones legales (Armada y Guardia Nacional), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y cualquier otro órgano al que se le asigne por Ley esa competencia. En este sentido, destaca la continua labor de la Guardia Nacional y la Armada de Venezuela, pese a las serias limitaciones presupuestarias que no les permiten desplegar sus acciones de manera satisfactoria en todo el territorio nacional, particularmente en lo relativo al ejercicio de las funciones de guardería y control, la investigación científica de apoyo a los procedimientos, y la educación y extensión, según sus áreas de competencia. Son órganos de apoyo para dirigir y ejecutar las investigaciones ambientales las policías

estadales, municipales y los servicios mancomunados de policía, los órganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la Protección Civil y administración de desastres; los cuerpos de bomberos y de administración de emergencias; los cuerpos policiales de inteligencia; las unidades de servicio autónomo, secciones, departamentos y demás dependencias de las universidades e institutos tecnológicos y científicos de carácter público y privado, todas dedicadas a la investigación y desarrollo científico, entre otras. Un elemento a favor del fortalecimiento de la gestión ambiental durante esta década es la consolidación de la gestión descentralizada en las competencias municipales, que ha conllevado a la creación de diversos Institutos Autónomos de la Gestión Ambiental, y ha elevado al rango de Direcciones Generales de Ambiente algunas unidades operativas de Gobernaciones y Alcaldías. El desafío de estas instancias está en lograr los recursos financieros para funcionar cabalmente, y realizar las coordinaciones pertinentes con las autoridades locales nacionales y regionales. El proceso de descentralización de los poderes públicos no ha sido uniforme en todos los estados, pues la transferencia de recursos se ha visto obstaculizada por mecanismos burocráticos y político-partidistas. Sin embargo, en el camino de la descentralización de competencias a nivel institucional, se percibe un avance significativo por cuanto las regiones tienen poder decisorio en lo relativo a la solución de los problemas que directamente los afectan. Es el caso de las competencias delegadas a los municipios en materia ambiental no puede negarse que se trata de un avance significativo, pero no se ejercen dichas facultades, por razones que veremos más adelante, como la falta de mecanismos para exigir su cumplimiento y en otros casos por desconocimiento de las obligaciones que les han sido transferidas. Frente a esta situación, se hace indispensable la capacitación a nivel local sobre el ámbito de competencia para lograr el efectivo ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Evolución del Contexto Jurídico La regulación jurídica del tema ambiental en Venezuela ha tenido siempre rasgos de avanzada y se ocupa tanto de la conservación como del uso racional de los recursos y la contaminación. En 1976, se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), hoy vigente y sometida a un proceso de revisión aún inconsulto. Esta ley marco no define la política nacional ambiental pero la orienta dentro de la política de desarrollo del país y, en concordancia con el principio de jerarquía de la norma, da lugar a una serie de instrumentos jurídicos para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente como señala el enunciado de su artículo 1°. Aún cuando persiste el concepto de "explotación", en lugar de aprovechamiento, la visión holística del ambiente alcanza su máxima expresión jurídica en 1983, al regularse los recursos naturales como un todo con la promulgación de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOPOT),

vigente hasta la fecha y la cual en su artículo 2 establece "... la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de la explotación y el uso de los recursos naturales y la protección y valorización del ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral." Objeto de análisis son los instrumentos jurídicos que se generaron en el marco de la LOA y la LOPOT, dado que refieren a otras sectoriales y reglamentarias que en su mayoría han sido sancionadas, aunque no siempre el resultado de su implementación sea el más feliz y las necesidades de adecuación han sido poco satisfechas. El interés del Estado es darle eficacia y eficiencia al ordenamiento jurídico. Finalmente, en 1992 en cumplimiento del mandato de la LOA (artículo 36), se promulgó la Ley Penal del Ambiente (LPA) que cierra con oro el ciclo de Estocolmo iniciado en 1972, para asumir el reto de Río. Esta ley se percibió para entonces como un logro significativo en el desarrollo de esta disciplina en el país, dándole carácter de especial a la materia en cuanto al carácter supletorio que se le confiere a las normas de derecho civil y penal vigentes. La CNUMAD influye en forma positiva en el desarrollo del derecho ambiental y su aplicación en Venezuela, enfatizando su tendencia con las iniciativas de carácter jurídico que promovió al reafirmar la Declaración de Estocolmo con la Declaración de Río, que al proclamar 27 principios y su plan de acción por áreas temáticas se constituye en la Agenda 21. Con referencia a la aplicación del Principio 11 de la Declaración de Río sobre el deber del Estado de promulgar leyes eficaces sobre el ambiente, expresado en el capítulo 8 de la Agenda 21, Venezuela ha experimentado un crecimiento normativo pertinente en los últimos 10 años, lo que evidencia el interés del Estado en avanzar sobre el tema de la instrumentación jurídica de los cambios ambientales propuestos en la CNUMAD, y pone de manifiesto una serie de limitaciones en el logro de este objetivo. En atención al Principio 10, la Constitución de 1999, promueve un modelo de desarrollo sustentable al prescribir como un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estipulando que "...es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad..." (Art. 127). En correspondencia con el Principio 1 de la Declaración de Río, la CRBV reconoce el derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, garantizando que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidas.

Sin menoscabo de las consideraciones técnicas de los expertos, este es un salto jurídico cuantitativo con referencia al tradicional modelo económico de desarrollo, que deberá verse fortalecido en términos cualitativos para el próximo período gubernamental. Con relación al Principio 2 de la Declaración de Río sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la CRBV prevé el deber del Estado de proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los Parques Nacionales y Monumentos Naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Una vez más la Constitución remite a una Ley que deberá promulgarse en materia de principios Bioéticos, cuando prohíbe la patente sobre el genoma de los seres vivos, sin avances a la fecha. A su vez, en materia de ordenación del territorio, la CRBV en su artículo 128 dispone el desarrollo de una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Asimismo adquieren rango constitucional diversos asuntos ambientales al ser contemplados en la CRBV en más de treinta artículos, regulando otros derechos humanos inherentes al tema como la educación, donde se reafirma la transversalidad de la materia ambiental, así como los desastres naturales al prever los estados de excepción, calificando expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y la responsabilidad contractual del daño ambiental, entre otros. También en materia de seguridad de la Nación, la CRBV en su artículo 326 ha incorporado el principio de desarrollo sostenible, lo cual implica un avance significativo. Con respecto a la aplicación judicial del derecho ambiental, los avances a nivel constitucional son importantes en la materia, pues señala que "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente" (Art. 26). Asimismo, "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles." Son muchos los esfuerzos que la sociedad civil venezolana ha adelantado en esta materia. Uno de los casos más significativos es una iniciativa de la Fundación Jurídica para la Calidad de Vida (FUJUCAVI) que en conjunto con otras organizaciones como FUDENA y VITALIS, y con el apoyo de diversas organizaciones públicas y privadas, organizan anualmente el Congreso Venezolano de Derecho Ambiental que llegó este año a su octava edición dedicada a evaluar los avances en la materia desde Río hacia Johannesburgo.

En atención al Principio 22 de la Declaración de Río la participación de los pueblos indígenas adquiere rango constitucional y en la actualidad se dispone de la Ley de Demarcación de Hábitats y Pueblos Indígenas. El rol del derecho internacional, como medio de ejecución de la Agenda 21, se percibe como una fuente significativa de los avances del derecho ambiental en nuestro país. Los compromisos asumidos a nivel internacional así lo demuestran y las discusiones en torno a la materialización de los acuerdos internacionales en el derecho interno es una de las principales preocupaciones del Estado venezolano, que en buena parte de los casos, ha logrado instrumentar en el plano nacional dichos acuerdos mediante la promulgación de legislación interna . Mención especial merecen la protección de la capa de ozono y la conservación y uso racional de la diversidad biológica. En la primera se ha logrado la reducción y posterior eliminación de los CFC con la adopción del Protocolo de Montreal. En la segunda se decretó la Ley de Diversidad Biológica y elaboró la Estrategia Nacional y su Plan de Acción. Pero los avances en el aspecto jurídico no alcanzan a modificar significativamente la situación existente y son motivo de análisis las limitaciones encontradas para alcanzar los objetivos propuestos, de suerte que se propongan acciones capaces de salvar estas barreras que comprometen la viabilidad del desarrollo sustentable. Han sido diversas las razones por las cuales se ha visto comprometida la adecuación de las leyes y reglamentos a las condiciones particulares del Estado para poner en práctica las políticas de ambiente y desarrollo. La relación dialéctica entre los distintos elementos del sistema jurídico venezolano ha generado innumerables contradicciones entre el objetivo que se propone uno y los que alcanza otro. Esto denota la persistencia de un marco normativo inapropiado para el desarrollo sustentable al no incorporarse sus principios en todo el ordenamiento jurídico como es el caso de los incentivos perversos. La falta de expedición de leyes, reglamentos y normas técnicas en virtud de un mandato constitucional o legal, producen la ineficacia de la norma al imposibilitar su acatamiento. Es este el caso de la LPA que remite a reglamentos y normas técnicas que en su mayoría no existían en el ordenamiento jurídico o eran insuficientes. La misma suerte se corre en el caso de la CRBV, cuyo marco para la promulgación de normas directas y conexas es tan amplio que han de requerirse estudios sistemáticos que permitan respaldar eficientemente el mandato constitucional. En este sentido, no se evidencian cambios significativos en relación con el Principio 13 sobre el deber de desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

Con referencia a temas como la jerarquía e ineficiencia de la norma, la situación venezolana no escapa de la problemática latinoamericana. Especial mención merecen las garantías, procedimientos y normas para regular las actividades susceptibles de degradar el ambiente mediante autorizaciones, lo cual se tradujo en el desarrollo de una normativa técnica (Decreto 1257, 1990), hoy en conflicto con el mandato constitucional de exigir que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural (CRBV, Art. 129). Existe una falta de mecanismos jurídicos que permitan la aplicación de la normativa por parte de los órganos jurisdiccionales. El acceso a la justicia se encuentra seriamente limitado por la concurrencia de varios factores: costos del proceso, pues se requiere de criterios técnicos, estudios onerosos y a veces inéditos para probar sí hubo o no daño, y la legitimación del accionante que es toda una apología a la concepción del ambiente en y por partes y no como un todo. De allí que son muchos los expedientes que se inician y muy pocos los que se procesan y deciden, lo cual incrementa la inseguridad jurídica al limitar la capacidad de los tribunales de emitir jurisprudencia que permita entre otros, subsanar los vacíos normativos. El desconocimiento de la normativa jurídica ambiental que se extiende desde los ciudadanos comunes hasta los organismos competentes, atenta contra su aplicabilidad. Además, la falta de adecuación de ésta y de sus mecanismos de aplicación al contexto nacional, han hecho poco probable el encaminarse al desarrollo sustentable, dadas las implicaciones que tiene la regulación de una situación a nivel jurídico, ignorando los factores políticos, económicos y sociales que la producen, negando así su eficiencia. En algunos casos se trata de normas que se adoptan de otros países con estas limitaciones de contexto. Por otra parte no se han incorporado en el ordenamiento jurídico ambiental los conceptos de valoración económica de los bienes y servicios ambientales, y la contabilidad ecológica y económica integrada en virtud de una aproximación hacia la función del ambiente como fuente de capital natural y sumidero del impacto del hombre. En materia de áreas protegidas, durante esta década han sido promulgados al menos 14 Planes de Ordenación y Manejo de los Parques Nacionales (MARN, 2000), pese a que 44.19% de los Parques Nacionales y 55.89% de los Monumentos Naturales aún no cuenten con el respectivo instrumento jurídico (VITALIS, 2001). En Venezuela, la concentración de poderes con la subsiguiente descentralización acentuó el problema del solapamiento de competencias entre las instancias gubernamentales encargadas de la gestión ambiental, lo que sumado a las limitaciones ya mencionadas, complica la situación, debido a la complejidad que representa su inteligibilidad. Cuando se aclaran los niveles de competencia comienza a hacerse incompresible el criterio bajo el cual ha sido

estimada la división de las cargas por su incongruencia con otros principios fundamentales de la gestión. Desafortunadamente y con toda probabilidad en perjuicio propio, Venezuela no ha ratificado algunos acuerdos, como se señala en el cuadro 2. Cuadro 2. Convenios internacionales suscritos, ratificados y/o por ratificar en Venezuela (1992-2002) Convenio Fecha Ratificación Convenio de Diversidad Biológica 1994 Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 1994 y 1997 Protocolo SPAW 1996 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1992 Convención de las Naciones Unidas sobre Lucha contra la Desertificación 1998 Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación 1998 Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 2002 Protocolo de Kyoto Sin ratificar Protocolo de contaminación marina proveniente de fuentes y actividades terrestres en la Región del Gran Caribe Sin ratificar Protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación Sin ratificar Convenio sobre el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional Sin ratificar Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas 1998 Depositario Fuente: Oficina Sectorial de Gestión y Cooperación Internacional, MARN Para fortalecer el sistema jurídico ambiental es indispensable contar con el apoyo técnico internacional, en cuanto a servicios de asesoramiento, capacitación institucionalizada, aumento de la capacidad institucional y recursos para el desarrollo.

La capacitación de abogados litigantes, jueces, funcionarios y ciudadanos en cuanto al desempeño y ejercicio de los derechos ambientales, es una necesidad imperativa para el desarrollo y consolidación de ésta disciplina en el país. El derecho ambiental internacional, como fuente del derecho ambiental interno, debe inclinarse a la adopción de tratados vinculantes y a su vez, debe proveer mecanismos prácticos de acceso a los recursos. En el ámbito nacional e internacional se debe velar por la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todo cuanto pueda lesionar sus intereses, considerando que la representatividad no puede alegarse, so pena del representado y, por razones éticas, el apoyo de la comunidad internacional no puede supeditarse a la aprobación gubernamental del país receptor. Preguntarse a diez años de la CNUMAD si estamos en el camino no puede ser mera retórica. Es ahora cuando debemos esforzarnos por "enderezar las cargas" y trabajar en conjunto para sentir la satisfacción del deber cumplido. Avances, Logros y Limitaciones Metodología de la Consulta Para el desarrollo de la presente investigación, el equipo técnico de VITALIS elaboró un instrumento de consulta conformado por 40 interrogantes cerradas, en base a los principios que conforman la Agenda 21, a los fines de estimar los avances, logros y limitaciones en Venezuela para cada uno, incluyendo una sección abierta para documentar tales apreciaciones. Este instrumento incluyó asimismo un listado de aquellos temas emergentes que pudieran ser de interés para Venezuela, cuya revisión general es tratada dentro de las conclusiones y recomendaciones de este documento (Anexo 1). A los fines de lograr la mayor consulta posible, se estableció un grupo de trabajo conformado por 15 ONG quienes apoyaron la distribución del documento a nivel nacional, incluyendo la REDSOC de Organizaciones para el Desarrollo Social y la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, RED ARA. Asimismo, se incluyó una sección especial en el site de VITALIS (www.vitalis.net). En total se recibieron 55 respuestas de igual número de expertos y/u organizaciones, más dos adicionales que apoyaron la distribución del documento. El listado de tales organizaciones, representativas de todo el territorio nacional, se observa en el Cuadro 3. Vale mencionar que una gestión limitada pretende ilustrar que aún persisten obstáculos o dificultades para asegurar que tal acción o compromiso se haya logrado cabalmente en Venezuela durante la década que se inicia con Río 92. Evaluación del cumplimiento de la Agenda 21 Sección I. Dimensiones Sociales y Económicas Cooperación para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas asociadas.

En relación al fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio, la facilitación de recursos financieros suficientes a los países en desarrollo y el estímulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible, 93.2% de las organizaciones consultadas considera que este principio ha confrontado severas limitaciones para su cumplimiento, dadas las condiciones señaladas en los capítulos anteriores. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, Venezuela siempre fue un centro atractivo para la formulación, desarrollo y puesta en marcha de propuestas de proyectos y programas que, bajo la guía de CORDIPLAN, hoy Ministerio de Planificación y Desarrollo, canalizaba importantes inversiones tanto para el sector público como privado. Esta situación ha cambiado notoriamente en los últimos años, cuando se percibe una disminución notoria de la cooperación bilateral y una especialización de la multilateral. En relación a su grado de prioridad, 70.4% le confiere la mayor importancia (alta y muy alta), en tanto que 27.3% le asigna una prioridad media y 2.3% baja. Lucha contra la pobreza. En torno a la capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible, 93.3% de los consultados considera que la lucha contra la pobreza está lejos de ser alcanzada, siendo su nivel de prioridad muy alta (77%). Evolución de las modalidades de consumo. La elaboración de políticas y estrategias nacionales para fomentar la transformación de las modalidades insostenibles de producción y consumo también ha confrontado severas limitaciones para su logro en Venezuela de acuerdo con la opinión del 97,8% de las organizaciones entrevistadas. Su importancia ha sido reconocida como alta a muy alta (55%), seguida de media (25%) y baja a muy baja (20%). El programa de sustitución escalonada del plomo en la gasolina, la conversión de vehículos a gas natural como combustible y la gasolina sin plomo son algunos de los logros más significativos. Sin embargo, el porcentaje de vehículos con gas natural es bajo y todavía en Venezuela se utiliza gasolina con plomo. En cuanto a la adopción de tecnologías limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental la industria se ha visto obligada a mejorar su plataforma tecnológica para adaptarse a los parámetros permitidos por la normativa técnica para prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes, como consecuencia de los controles ejercidos por las autoridades ambientales, bajo los lineamientos de la Dirección de Calidad Ambiental del MARN. En la actualidad apenas de cuenta con algunas exenciones tributarias del impuesto a las ventas con el objetivo de cumplir con convenios de la Comunidad Andina, pero estos no se manejan en términos de incentivar la inversión ambiental en sistemas de control de la contaminación y sistemas de seguimiento y monitoreo.

En materia de optimización del uso de los recursos naturales y las materias primas, no se conocen programas a escala nacional que puedan generar cambios significativos en los patrones de consumo, y el tema del aprovechamiento de residuos tampoco ha sido atendido. Dinámica demográfica y sostenibilidad. El desarrollo y difusión de conocimientos sobre la relación entre las tendencias, los factores demográficos y el desarrollo sostenible fue reconocido por 92.3% de los entrevistados como limitado, otorgándole la prioridad de alta y muy alta (65%), seguida de media (17.5%) y baja (17.5%). Con la entrada en vigor de la Ley que regula el Subsistema de Salud, a partir del 1 de julio 2002, se esperan cambios significativos en materia de prevención de la natalidad para lo cuál deben darse todos los supuestos de eficacia y eficiencia de la norma ya mencionados. La localización y distribución de la población en las zonas urbanas, rurales e industriales debe darse en armonía con el aprovechamiento racional de los recursos. En este sentido, se cuenta con una Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y una Ley de Ordenación Urbanística, cuyo objeto es procurar el crecimiento armónico de los centros poblados y salvaguardar los recursos ambientales y la calidad de vida en los centros urbanos. Aunque estas leyes son anteriores al período en cuestión, están siendo objeto de amplios debates en la Asamblea Nacional en el último año. Protección y fomento de la salud humana El 93% de las organizaciones encuestadas considera como limitada en sus avances la satisfacción de las necesidades de atención primaria de la salud, sobre todo en las zonas rurales, así como la lucha contra las enfermedades transmisibles, la protección de los grupos vulnerables, la solución del problema de la salubridad urbana y la reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales. A manera de ejemplo destaca el trabajo del Centro de Atención Infantil Antímano, dedicado a la atención de niños con malnutrición, el cual ha desarrollado un programa de nutrición comunitaria, con enfoque preventivo, así como ha incentivado la formación de Promotores Comunitarios de Salud, para la vigilancia de problemas nutricionales y promoción de acciones preventivas, que bien pudiera servir de modelo para otras regiones del país. Esta sección fue considerada por 60% de los entrevistados como alta a muy alta, en tanto que 28% le confiere prioridad media y 12% baja a muy baja. Cabe señalar que Venezuela cuenta con una Ley Orgánica de Salud, Ley de Defensa contra Enfermedades Venéreas, Ley de Inmunizaciones, de Defensa contra el Paludismo, de Transfusiones y Bancos de Sangre y de Transplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Vivos. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos La gestión en el suministro de viviendas adecuadas para todos, el mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos, la promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra y de

la integración de la infraestructura ambiental (agua, saneamiento y gestión de los residuos sólidos), fue valorada por 88% de las organizaciones encuestadas como limitada. Sin embargo, 12% reconocen importantes avances y/o logros. Esta percepción incluye la promoción de sistemas sostenibles de energía, el mejoramiento del transporte en los asentamientos humanos, la promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción y el aumento de la capacidad para el adelanto de los asentamientos humanos. Su prioridad es considerada por el 60% como alta o muy alta, en tanto que 28% la considera media y 12% baja a muy baja. Dimensión ambiental en la toma de decisiones La Integración del ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planificación y gestión, así como el establecimiento de un marco jurídico y reglamentario eficaz, la utilización de instrumentos económicos e incentivos de mercado y de otro tipo, y el establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y economía integrada, fue considerada por 78.6% de los entrevistados como limitada. Sin embargo, 21.4% señala importantes avances y logros en esta materia. En relación a su prioridad 67.5% la considera de alta a muy alta, 17.5% media y 15% de baja a muy baja. Resulta importante destacar la creación de una figura jurídica llamada Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES), con el propósito de ejecutar planes, dinamizar y coordinar los esfuerzos del Estado e incentivar la iniciativa privada para fomentar el desarrollo de la productividad y adecuada explotación de los recursos, elevando los niveles de bienestar social y calidad de vida de la población. El camino recorrido es muy corto para evaluar sus alcances ya que ésta fue promulgada a finales del año 2001. Sección II. Conservación y Gestión de los Recursos Protección de la atmósfera El perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones relacionadas con la prevención del agotamiento del ozono estratosférico y en general la contaminación atmosférica transfronteriza, fue reconocida como limitado por el 85.4%, seguido por 14.6% que lo considera avanzado o logrado. Sobre este particular, destaca la inexistencia de una red funcional para monitorear la calidad del aire en las principales ciudades, así como la carencia de personal capacitado para su control, con lo cual se ha incumplido el programa de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas. Por estas razones, su prioridad fue valorada por los entrevistados como alta a muy alta (57%), seguida por media (26%) y baja a muy baja (17%). Sin embargo, es importante destacar la labor que en materia de control de las emisiones a la atmósfera desarrollan las autoridades ambientales, específicamente por el MARN, a través de la Dirección de Calidad Ambiental, y el órgano de Guardería y Control de la Guardia Nacional.

La normativa técnica que rige la materia ha sido el soporte de dicha gestión y el parque industrial se ha visto obligado a presentar anualmente estudios de emisiones a la atmósfera y de calidad del aire, dentro de un plan de adecuación. Desafortunadamente la contribución del parque automotor a la contaminación atmosférica ha sido regulada recientemente y los mecanismos para su implementación aún no han sido adoptados y, en materia de emisiones másicas no existe en Venezuela ninguna regulación. Planificación y ordenación de los recursos de tierras La gestión de enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras fue catalogada de limitada por 67.4% de los consultados, seguida de 32.6% quienes reconocen importantes avances y/o logros. En el año 1992, 9 entidades contaban con Planes Estadales de Ordenamiento del Territorio, cifra que ha aumentado significativamente, ya que para el año 2000, 20 estados ya contaban con sus respectivos planes (MARN, 2000). En este punto vale citar la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en noviembre de 2001, que tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable. Esta Ley se encuentra en revisión por la Asamblea Nacional, a los fines de garantizar la incorporación del punto de vista de la sociedad civil organizada y el empresariado, entre otros sectores que no fueron debidamente consultados. Su prioridad para Venezuela es de alta a muy alta (67%), en tanto que 12% la considera de mediana prioridad y 21% de baja a muy baja. Lucha contra la deforestación El mantenimiento de las múltiples funciones de todos los tipos de bosques, tierras forestales y regiones forestadas, así como el aumento de la protección, ordenación sostenible y conservación de todos los bosques y aumento de la cobertura vegetal en tierras degradadas, mediante la rehabilitación, la forestación, la reforestación y otras técnicas de restauración, fue considerada por 90.76% de las organizaciones civiles como limitada, en tanto que 9.24% indica importantes avances y/o logros. Su importancia ha sido reconocida por 78.5% de los entrevistados de alta a muy alta, seguida de 2.5% como media, y 19% de baja a muy baja. El interés de la administración actual por el tema de los bosques ha sido manifestado en distintas esferas del quehacer nacional e internacional, al punto que el antiguo Servicio Forestal Venezolano, pasó a conformar la Dirección de Recursos Forestales en el MARN. En este sentido, se avanza con la instrumentación de una serie de iniciativas que contribuyan a la conservación de los mismos. Por citar algunos ejemplos, el manejo comunitario del bosque, la reforma del decreto sobre Plantaciones Forestales y la Ley de Bosques, integrando a la sociedad civil en estos procesos. El tema de los incendios forestales también preocupa y ocupa a todos los sectores del Estado, es así como emprenden iniciativas abocadas a prevenirlos, por medio de la creación del Comando Nacional Unificado contra

los Incendios Forestales, en el cual participan el MARN, INPARQUES, Protección Civil (antes Defensa Civil) y Guardia Nacional, entre otras organizaciones. Son ejemplos a citar la preocupación por los Incendios en el Parque Nacional El Ávila cuenta con el respaldo de organizaciones como la Universidad Metropolitana, ExxonMobil de Venezuela, Procter & Gamble, FUNDARBOL, TELCEL, PANAMCO, PDVSA y VITALIS. En el caso del Parque Nacional Canaima, destaca el programa de control de incendios de CVG-Edelca en coordinación con INPARQUES. Es importante señalar que la posición política que asuma Venezuela en el Protocolo de Kyoto incidirá directamente en el manejo de los Bosques. La implementación de Estrategias como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) terminarán siendo la piedra angular en la ratificación de este acuerdo. Lucha contra la desertificación y la sequía El fortalecimiento de la base de conocimientos y la elaboración de sistemas de información y observación sistemática respecto de las regiones propensas a la desertificación y la sequía, y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas, fue reconocido como limitado por 78% de los consultados, en tanto que 22% refiere avances y logros significativos. Recordemos que este principio también incluye el desarrollo de medidas contra la degradación de las tierras mediante la intensificación de las actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación, así como la elaboración y fortalecimiento de programas integrados para la erradicación de la pobreza y la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a la desertificación, además del fomento y promoción de la participación popular y la educación ambiental, con especial hincapié en las medidas contra la desertificación y las actividades para hacer frente a los efectos de la sequía. Las organizaciones consultadas asignan a este principio en Venezuela 70% de alta a muy alta prioridad, seguida de 15% baja a muy baja y 15% media. Desarrollo sostenible de las zonas de montaña La generación y consolidación de conocimientos sobre la ecología y el desarrollo sostenible de los ecosistemas de montaña fue considerada como limitada por 85.7% de las organizaciones participantes, valorando su prioridad de alta a muy alta (57.5%), seguida de 32.5% que la cataloga de media y 10% de baja a muy baja. Venezuela cuenta con una serie de áreas protegidas representativas de los ecosistemas montañeros como estrategia para su conservación, incluyendo diversos Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Zonas Protectoras, tanto en la región andina como en la Cordillera de la Costa. Agricultura y desarrollo rural sostenibles El estudio, planificación y programación integral de la política agrícola en vista del aspecto multifuncional de la agricultura, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, fue apreciada por 91% de los entrevistados como limitada, en tanto que 9% considera avances y logros

significativos. Su prioridad para Venezuela fue estimada como alta a muy alta (70%), seguida de media (11.5%) y baja a muy baja (18.5%). El tema de la agricultura ha sido ampliamente recogido en nuestra legislación, pero el alcance sobre la sustentabilidad del mismo aún está en discusión. Es el caso tradicional de la regulación normativa de créditos para el sector que como consecuencia de externalidades, inciden en el aprovechamiento de los recursos y afectan tierras cuya vocación no es agrícola. Conservación de la diversidad biológica La gestión y manejo de la diversidad de animales, plantas y sus ecosistemas, fue considerada como limitada por 62.1% de las organizaciones consultadas, en tanto que 37.9% reconoce importantes logros y avances en esta materia. Es importante destacar que Venezuela posee 43 Parques Nacionales, que ocupan una extensión de 12.980.512 hectáreas, y 21 Monumentos Naturales, que cubren 1.123.874 hectáreas. Igualmente cuenta con 7 Refugios de Fauna Silvestre que ocupan 480.000 hectáreas, lo cual sumado a lo anterior representa alrededor del 16.5% del territorio nacional protegido. De igual manera, gracias a la existencia de un complejo sistema de ABRAE, Venezuela posee alrededor del 65% de su territorio bajo alguna figura jurídica de administración especial, muchas de ellas destinadas a la protección, conservación o uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con MARN (2000) la diversidad biológica ha sufrido importantes daños en Venezuela, a pesar de que el país dispone de todo un establecimiento jurídico, una extensa y dilatada política ambiental y una Red de Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas de Biosfera y otras áreas protegidas, por lo que hay que fundamentar las razones de este deterioro en el incumplimiento de leyes, en la trasgresión de lo pautado, en la discrecionalidad de quienes tienen a su cargo la aplicación de las normas, en la falta de educación ambiental de sus ciudadanos e incluso en la corrupción que ha existido tradicionalmente, por lo cual es necesario promover una nueva ética para el uso sustentable de la diversidad biológica. Entre los logros de esta década destaca la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción, elaborada por el MARN, siendo su principal desafío contar con los recursos financieros para su debido cumplimiento. De igual forma destacan los diversos proyectos y programas que de manera continua y sistemática han desarrollado organizaciones como FUDENA, PROVITA, FUDECI, Fundación Científica Los Roques, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (SVCN), Fundación La Salle y EcoNatura en coordinación con diversas organizaciones públicas y privadas, en apoyo al MARN e INPARQUES. Mención especial merece la red de Jardines Botánicos y Zoológicos existentes en Venezuela, algunos de los cuales poseen importantes programas dirigidos a divulgar el conocimiento botánico y zoológico, además de proveer

oportunidades para la investigación científica, la propagación de especies y la educación ambiental. Su prioridad ha sido determinada de alta a muy alta por 75% de los entrevistados, seguido de 16% que la considera de baja a muy baja, y 9% media. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología La gestión de la biotecnología para mejorar la atención de la salud, promover la seguridad alimentaria, propiciar prácticas agrícolas sostenibles y en general la protección del ambiente, entre otros aspectos claves, fue reconocida por 93% de los consultados como limitada. En relación a la prioridad 63% le asigna una prioridad alta a muy alta, 11.5% media y 25.5% baja a muy baja. Protección de Océanos y Mares La ordenación integrada y el desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas, entre ellas las zonas económicas exclusivas, fue considerada por 81.4% de los consultados como limitada, en tanto que 18.6% opina que se han alcanzado importantes avances en esta materia. Pese a que el país no cuenta con un Plan para el Manejo integrado de las Costas, en noviembre de 2001 se promulgó la Ley de Zonas Costeras dada la exigencia de una gestión eficaz de los programas de desarrollo e inversión que los particulares y el propio Estado pretendan realizar en dichos espacios geográficos, así como el establecimiento de medidas dirigidas a una utilización económica planificada y ambientalmente racional. También destacan los esfuerzos adelantados en este período para sanear ejes costeros de importancia nacional, incluyendo las acciones específicas adelantadas en los estados Nueva Esparta, Falcón y Vargas. Las acciones adelantadas en el Estado Zulia aún lucen muy débiles, dada la magnitud de la complejidad administrativa y ambiental de la cuenca del Lago de Maracaibo. Es importante destacar el trabajo desarrollado en dos humedales de importancia internacional (RAMSAR). Por un lado, la Fundación Científica Los Roques en el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, además de los esfuerzos adelantados por la Autoridad Única del Área, VITALIS, la Oficina de Biodiversidad del MARN y The Nature Conservancy-Venezuela. También destaca el trabajo desarrollado por FUDENA de manera ininterrumpida en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare en el Edo. Falcón. La constitución del Comité Nacional RAMSAR, el cual adelanta acciones para la inclusión de otros humedales en la lista de la Convención, también es percibido como un logro de este período. En relación a su prioridad, 66.4% la considera de alta a muy alta, 12% media y 21.6% baja a muy baja. Recursos de Agua Dulce El ordenamiento y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos en Venezuela fue evaluado por 95.5% de las organizaciones participantes como limitado y sólo 4.5% la considera con importantes avances.

Es importante mencionar que Venezuela cuenca con un Programa Nacional de Cuencas, desarrollado por el MARN con el apoyo de PDVSA. Asimismo, se han continuado desarrollando diversas acciones para mantener recursos hídricos de buena calidad para toda la población, pese a los continuos racionamientos. También resaltan las diversas iniciativas educativas, como el proyecto promovido por la Fundación Polar en cooperación con las empresas hidrológicas, para dar a conocer la importancia del recurso y sus necesidades de conservación. Preocupan a las organizaciones consultadas la inexistencia de efectivos sistemas de tratamiento de aguas servidas en muchas localidades a nivel nacional, así como la inexistencia de cloacas y/o sistemas de alcantarillado. Su prioridad fue catalogada de alta a muy alta por 77% de los entrevistados, seguido de 14% que la considera de baja a muy baja; 9% la considera media. Productos Químicos Tóxicos La expansión y aceleración de la evaluación internacional de los riesgos de los productos químicos fue evaluada por 83.7% de los consultados como limitada, mientras que 16.3% reconoce importantes avances o logros. La prioridad para este tema fue estimada de alta a muy alta (67%), seguida de media (16.5%) y baja a muy baja (16.5%). Desechos Peligrosos Los esfuerzos adelantados para la promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los desechos peligrosos, el fortalecimiento de su capacidad de manejo, el incremento de la cooperación internacional en materia de gestión de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y la prevención de su tráfico internacional ilícito, fueron evaluados por el 83% de los consultados como limitados, mientras 17% resaltan importantes avances o logros en esta materia. Cabe resaltar que el 13 de enero de 2001 se promulgó la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos que regula la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente. Dada su relevancia para el país, 77% de los consultados le concede una prioridad de alta a muy alta, 5% media y 18% de baja a muy baja. Desechos Sólidos La prevención y reducción al mínimo de estos desechos fue catalogada por 73% de las organizaciones consultadas como limitada, seguido de 27% quienes resaltan importantes avances en esta materia. Vale mencionar que Venezuela no cuenta con un plan o programa nacional para el manejo integral de residuos, y los esfuerzos adelantados por los Municipios, a quienes les ha sido descentralizada esta función con la Ley Orgánica de Régimen Municipal lucen descoordinados e ineficientes. Tanto es así, que en las consultas nacionales desarrolladas por VITALIS a más de 150

expertos a finales del 2000 y 2001, la basura sigue apareciendo como el principal problema ambiental del país. Su prioridad para los encuestados es de alta a muy alta (70%), seguida de media (15%) y de baja a muy baja (15%). Tan importante es el tema que la Asamblea Nacional, el 11 de junio de 2001 acordó declarar "el problema de la basura como emergencia nacional, y de atención prioritaria el manejo integral apropiado de los residuos y desechos sólidos en el país" (Gaceta Oficial 37.216). Desechos Radiactivos La promoción de la gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radioactivos durante esta década fue evaluada por 82% de los entrevistados como limitada, seguida de 18% que alegan importantes avances o logros en esta materia. Su prioridad es catalogada de alta a muy alta (62%), pese a que 27% de los entrevistados le otorga baja o muy baja importancia y 11% media. Sección III: Fortalecimiento de los Grupos Sociales Mujeres en la ordenación Nacional e internacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación ambiental La participación de las Mujeres en la ordenación nacional e internacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación ambiental fue catalogada por 70% de los entrevistados como limitada, en tanto que 30% reconoce importantes avances o logros en esta materia. Su prioridad es 55% de alta a muy alta, seguida de 23.7% que la considera baja a muy baja, y 21,3% media Con la perspectiva de la equidad de género, es importante apuntar que en el año 1993, con el objeto de garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, se promulga la ley que regula el ejercicio de los derechos y garantías necesarios para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley de Igualdad de Oportunidades para La Mujer) Infancia y juventud en el desarrollo sostenible En cuanto a la infancia y la juventud en el desarrollo sostenible, 86.5% considera que aún persisten importantes limitaciones para lograr avances significativos, pese a que 13.5% indican logros relevantes en su participación. Por la estructura etaria de la población venezolana, mayoritariamente menor de 30 años, su prioridad es 80% de alta a muy alta, seguida de 11% media y 9% baja. Poblaciones indígenas y sus comunidades En opinión de las organizaciones consultadas, el fortalecimiento de las poblaciones indígenas y sus comunidades es quizás uno de los principios de la Agenda 21 que mayores avances ha logrado en la presente década en

Venezuela representado por 37.2%, pese a que 62.8% señala que aún persisten serias limitaciones para su consolidación. Es el caso del reconocimiento de los territorios indígenas dentro de la CRBV, incluyendo la creación de la Dirección General de Asuntos Indígenas adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Sin embargo, aún persisten condiciones de salud, vivienda, educación y empleo que deben ser atendidas, razón por la cual se considera de alta a muy alta prioridad (65%), seguida por 21% como media, y 14% de baja a muy baja. Organizaciones No Gubernamentales Dado que muchas Organizaciones No Gubernamentales han logrado importantes avances en la adopción y cumplimiento de los principios de la Agenda 21, los consultados refieren 52.3% de avances o logros, en tanto que 47.7% concuerdan en una gestión limitada. Por su alto contacto con las comunidades y el apoyo que puede brindar al Estado en los diferentes proyectos y programas que promueven el desarrollo sustentable, 81.8% de los entrevistados le otorgan de alta a muy alta prioridad, 11.4% media y 6.8% de baja a muy baja. Autoridades locales y Agenda 21 Pese a los importantes avances en los procesos de descentralización, 87.5% de los entrevistados considera limitada la gestión de las autoridades locales en torno a la adopción y cumplimiento de los principios de la Agenda 21. Dado su importancia, 67.5% le otorga la mayor prioridad, seguida de baja a muy baja en 22.5% y media 10%. Trabajadores y sus sindicatos En relación a los trabajadores y sus sindicatos, 88.4% de los consultados opina que persisten serias limitaciones para que puedan incorporarse activamente a las acciones orientadas a promover la sustentabilidad, probablemente debido a la falta de sensibilización, información y formación sobre el tema, tanto de sus patronos como de las organizaciones para las cuales trabajan. Dada su directa relación con varios de los principios de la Agenda 21, los entrevistados consideran a este grupo de alta a muy alta prioridad (58%), seguido de baja a muy baja (26%) y media (16%). Comercio e industria Para el sector comercio e industria, 81% de los consultados considera que persisten limitaciones para lograr importantes avances, sin embargo 19% señala la existencia de logros en esta materia. Su prioridad fue estimada de alta a muy alta (63.5%), seguida de baja a muy baja (24.5%) y media (12%). Comunidad científica y tecnológica La comunidad científica y tecnológica es quizás uno de los grupos que más se ha integrado al conocimiento, adopción y puesta en práctica de los principios de la Agenda 21, reconocido por 40.5% de los entrevistados con avances y logros importantes. Asimismo, se señala 59.5% con persistencia en las limitaciones para consolidar su progreso.

En relación a la prioridad, 72% la considera de alta a muy alta, 14% media y 14% de baja a muy baja. Agricultores Según los encuestados, agricultores y demás trabajadores de la tierra fueron reconocidos como uno de los grupos con mayores dificultades para adoptar y cumplir los principios de la Agenda 21 (93%), debido entre otras razones, a la dificultad de integrar el desarrollo sostenible en la planificación agrícola, mejorar la productividad, diversificar el empleo, conservar y rehabilitar las tierras, manejar los biocidas y luchar de manera integral contra las plagas. Su prioridad es considerada alta a muy alta (74%), seguida por 16.5% baja a muy baja y 9.5% media. Sección IV: Medios para la puesta en práctica Recursos y mecanismos de financiamiento Pese al ingreso per cápita de Venezuela y las opciones internacionales de financiamiento, las dificultades institucionales, políticas y financieras acontecidas en esta última década y los crecientes niveles de pobreza que abren la brecha de la inequidad social y diversifican las prioridades de atención, han hecho que 93.4% de los entrevistados considere como limitado su progreso. Sin embargo, diversos han sido los esfuerzos adelantados para alcanzar este objetivo, como los nuevos proyectos del Fondo Ambiental Global (GEF) emprendidos en Venezuela, tanto en el Delta del Orinoco como en Los Llanos, por citar algunos, así como la "sobremarcha ecológica", iniciada por el MARN para apoyar diversas obras y proyectos de alcance nacional. También destaca el Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Parques Nacionales" financiado por el Banco Mundial y ejecutado por INPARQUES. A nivel no gubernamental, destaca el esfuerzo del Centro Internacional de Desarrollo de Aguas y Tierras (CIDIAT), organización que en los últimos 5 años, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), ha capacitado a más de 6.404 profesionales: 5.293 venezolanos y 1.111 de otros países de Latinoamérica y El Caribe, incrementando las capacidades de asistencia técnica, documentación, investigación, capacitación y los conocimientos técnicos en distintas áreas relativas a la sustentabilidad. Sin embargo, las necesidades programáticas y los desafíos de conservación para la promoción del desarrollo sustentable, determina estos medios como de alta y muy alta prioridad (80%), seguida de 15.6% que los considera de baja a muy baja prioridad, y 4.4% como media. Transferencia de tecnología La transferencia de tecnologías, transversal a muchos de los principios de la Agenda 21, fue considerada como limitada por 76.8% de los participantes consultados, en tanto que 23.2% señalan importantes logros o avances en esta materia.

Sobre este último punto destacan la incorporación de procesos y tecnologías ecológicamente racionales en las actividades productivas, como es el caso de la cada vez más frecuente certificación de empresas con las series ISO 9000 y 14000; el desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio; la producción ecoeficiente de diversas empresas a nivel nacional y la diversificación de la agricultura orgánica, entre otras. Asimismo, FUNDAGREA y FUNDABITAT han desarrollado e implementado proyectos con Tecnologías Apropiadas y Sistemas de Información para grupos populares. Por su parte FUNDABITAT ha estructurado las bases para la puesta en marcha de la RETAM –Red de Tecnologías Apropiadas de la Amazonía-, con énfasis en construcción, saneamiento básico ambiental y energías alternas, para concretar el objetivo de aumentar los conocimientos y el intercambio de experiencias entre las poblaciones de las diversas regiones amazónicas con un aprovechamiento integral de los recursos propios. Dada su importancia, 67.5% la considera alta a muy alta, seguida de 20% como media y 12.5% de baja a muy baja. Ciencia para el desarrollo sostenible Este principio se relaciona muy directamente con el grupo de la comunidad científica y tecnológica, razón por la cual presenta un alto porcentaje de avance o logro (34.9%), sin embargo, 65.1% de los consultados opina que aún se confrontan serias limitaciones para su efectivo progreso. Durante esta década destaca bajo revisión la elevación de la gestión de la ciencia y tecnología a rango ministerial, antes Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, así como el apoyo financiero en áreas prioritarias enmarcadas en una visión de desarrollo sustentable. En este punto merecen destacarse los esfuerzos realizados por diferentes organizaciones para generar publicaciones de referencia importantes en el área, tales como: Primer Informe de Venezuela sobre Diversidad Biológica editado por la Oficina Nacional de Diversidad Biológica, MARN (2000), Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción, MARN (2001), Libro Rojo de la Fauna Venezolana editado por PROVITA y la Fundación Polar, Mamíferos de Venezuela (Linares, 1998) patrocinada por la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela y BP Venezuela, Manual de Monitoreo del Sistema Nacional de Parques (Sharpe, 1998), Ciencia y Conservación en el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela (Novo et al, 1997). También merece mencionarse el Libro Rojo de la Flora de Venezuela elaborado por la Fundación Instituto Botánico de Venezuela que esta en la actualidad en proceso de edición. Por lo anteriormente expuesto, 69% de las organizaciones consultadas le confieren de alta a muy alta prioridad, 19% le confieren de baja a muy baja prioridad y 12% una prioridad media. Educación, capacitación y toma de conciencia La educación como proceso permanente, progresivo y coherente, dirigido a la formación de valores, conocimientos y conductas, cónsonas con la

conservación ambiental y el desarrollo sustentable, fue valorado por los entrevistados como limitado (69%), pese a que 31% reconocer importantes avances o logros. En esta área destacan diversos programas de capacitación y organización comunitaria para el uso sostenible de los recursos (incorporación de redes cooperativas-agroalimentarias), desarrolladas tanto por el sector público como las ONG, además de la incorporación de la temática ambiental regional en el diseño curricular de educación preescolar, básica y diversificada, pese a que aún no se ha logrado su incorporación formal a nivel universitario, salvo algunas excepciones, como la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Fundación Tierra Viva, por ejemplo, ha ejecutado 4 programas en los estados: Aragua, Carabobo, Falcón y Delta Amacuro, todos ellos apuntando a contribuir al desarrollo sustentable a través de metodologías educativas que promuevan la conservación de los recursos y el mejoramiento de la calidad de vida, fomentando alianzas y proyectos participativos. Igualmente destacan los esfuerzos adelantados por EcoNatura, Fundación La Salle, Ecojuegos y VITALIS en la formación de valores y conocimientos cónsonos con la conservación ambiental y el desarrollo. De igual forma, durante esta década destaca el crecimiento en el número y cobertura de los espacios de difusión de temas ambientales a nivel nacional, regional y local, en los diferentes medios de comunicación, pese a que los mismos han venido decreciendo en forma dramática durante los últimos años, razón por la cual VITALIS ha emprendido diversas acciones para revertir esta tendencia, tales como las columnas en medios impresos como El Globo y diversos reportajes en Ultimas Noticias, además de secciones especiales en diversas revistas y programas radiales. También destacan algunas iniciativas municipales y empresariales, para la formación ciudadana, mediante brigadas ecológicas y grupos de participación. Sin embargo, su continuidad en el tiempo e impacto en la solución de los problemas ambientales, continúan sin ser evaluados para medir su efectividad. En materia de capacitación destacan nuevas oportunidades de formación ambiental especializada, incluyendo postgrados dedicados a la formación jurídica, educativo-ambiental y gerencial. Dada su importancia en la movilización de la ciudadanía para la atención y respuesta ante muchos de los conflictos que limitan la sostenibilidad del desarrollo, 88% de las organizaciones consultadas consideran esta estrategia de alta a muy alta prioridad, seguida de 8% de baja a muy baja y 4% media. Mecanismos nacionales y cooperación internacional Tal y como se describiera anteriormente, la cooperación internacional fue durante muchos años una extraordinaria herramienta para apoyar la gestión ambiental y el desarrollo en Venezuela. Por ello, 74.4% de los consultados opina que la misma se ha limitado, cifra que contrasta con los logros y avances aseverados por 25.6% de los entrevistados.

Cabe mencionar que desde Río 92, la cooperación bilateral en Venezuela ha disminuido, en tanto que la multilateral se ha especializado en temas e iniciativas específicas de apoyo financiero y técnico. A ello se suma la baja capacidad instalada en el país para generar y negociar propuestas, situación que se complica debido a la duplicación de esfuerzos entre diferentes dependencias oficiales y al Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela que confunde a los inversionistas internacionales al considerar a la nación como un país rico que no es prioridad en la mayoría de los escenarios de inversión. Entre las agencias, organismos bilaterales y multilaterales y organizaciones no gubernamentales internacionales que han venido apoyando los esfuerzos de conservación y desarrollo en Venezuela, destacan el Fondo de Cooperación de la Embajada Británica, la Agencia de Cooperación Española, la Unión Europea, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio de Parques Nacionales, ambos de Estados Unidos de América, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy y World Wide Fund for Nature (Internacional) y World Wildlife Fund. Por ello, 68% de los consultados considera el tema de alta a muy alta prioridad, seguido de 21% como media y 11% de baja a muy baja. Arreglos institucionales internacionales En relación a la integración de las cuestiones ambientales y el desarrollo en los planos nacional, subregional, regional e internacional, 74.4% de los consultados opina que se encuentra en proceso pero con limitaciones para su alcance en Venezuela, en tanto que 25.6% resalta importantes logros o avances en esta materia. Desde la década de los 50, Venezuela reconoce la cooperación como el medio más conveniente para fortalecer los vínculos entre los países y, en función de ello, declara su propósito de contribuir a hacer efectiva esa cooperación mediante fórmulas prácticas para la solución de problemas que afecten el bienestar de los pueblos (Ley sobre Cooperación Internacional). La agenda ambiental internacional debe ser permanentemente analizada para identificar y aprovechar los beneficios que de éstas negociaciones se derivan. Asimismo, se deben identificar y desarrollar mecanismos para evaluarlos y los compromisos asumidos deben obedecer a un consenso nacional. En relación a su prioridad, 65% los considera de muy alta a alta prioridad, 28% de media y 7% de baja a muy baja. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales La mitad de los consultados (50%) refiere importantes avances o logros en esta materia, en tanto que la otra mitad indica que aún persisten limitaciones para su logro, las cuales se manifiestan en la falta de ratificación de convenios internacionales cuya dimisión afectaría notablemente a la Nación y en el caso de convenios ratificados, su implementación es siempre lenta y difícil de cumplir por las causas antes expresadas. Su prioridad es considerada de alta a muy alta (68%), seguida por media (22%) y baja a muy baja (10%).

Información para la adopción de decisiones En muchas de las preguntas consultadas, los entrevistados resaltaron las limitaciones en el acceso a la información, por lo cual 83% considera que existen importantes limitaciones para su exitosa puesta en marcha en el país. Vale resaltar la necesidad de un efectivo sistema de estadísticas e indicadores ambientales y la dispersión documental de los centros de referencia del MARN e INPARQUES, así como del resto de las organizaciones oficiales, con excepción de contadas organizaciones. Un elemento positivo que destaca en este período es la creación y diversificación de los Infocentros a nivel nacional, adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y una reciente iniciativa del MARN, en la cual se pretende centralizar los diversos centros de documentación y bibliotecas adscritos al MARN, los cuales se encuentran en toda la geografía nacional. En relación a su prioridad, 73% de los entrevistados la consideran alta a muy alta, seguida de 20% como baja a muy baja, y 7% media. Conclusiones y Recomendaciones La década desde Río hacia Johannesburgo ha sido para Venezuela un período de limitados intentos por iniciar de manera firme y decidida la tarea del desarrollo sustentable. Pese a los esfuerzos de diversas organizaciones públicas y privadas, los indicadores de pobreza en Venezuela son bastante claros y coincidentes en cuanto a las fuentes que han sido consultadas: Decrecimiento económico; aumento sostenido del desempleo y la pobreza; aumento de la economía informal; ausencia de nuevos empleos sustentados en un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de todos los niveles de educación, de salud y de la seguridad. Si no logramos poner en práctica un modelo de progreso ambientalmente sustentado, no será posible mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta. Por estas razones, dentro de los temas emergentes consultados destaca el ambiente y la pobreza como la principal preocupación de los entrevistados, con una fuerte limitación para la adopción y puesta en marcha de los principios para garantizar un desarrollo sostenible. El análisis se da en ambas direcciones, tanto como una causa que determina la ocurrencia de otros problemas ambientales, como una consecuencia derivada de la compleja problemática actual. Las organizaciones consultadas también reconocen como un problema de gran importancia a la equidad social y el acceso a los servicios básicos (particularmente el agua). La generación de empleo, la aplicación de la normativa legal, la vulnerabilidad ante desastres naturales y la debida atención sanitaria (fundamentalmente preventiva), incluyendo la educación, figuran entre las principales demandas. La democratización en el acceso a la información y la toma de decisiones, el apoyo a la descentralización, el fortalecimiento de la gobernabilidad y el trabajo de los gobiernos regionales y municipales son reconocidas como condiciones

fundamentales para lograr el apoyo de las comunidades en la mejora de la calidad de vida. Existe un aparente aislamiento entre las instituciones de investigación (generadoras de conocimiento) con las organizaciones gubernamentales (demandantes del conocimiento) responsables de la toma de decisiones significativas para el desarrollo sostenible de Venezuela. La formulación de políticas para el desarrollo sostenible y el establecimiento de lineamientos ampliamente consensuados en materia de educación ambiental y participación ciudadana a favor del desarrollo surgen como tareas fundamentales tanto a corto como a mediano plazo en Venezuela. El incentivo al uso de tecnologías ambientalmente responsables, la gestión ecológicamente racional de la biotecnología, el fomento de las capacidades públicas y privadas para la sustentabilidad, la lucha contra la deforestación y la planificación y manejo de la biodiversidad y la protección de ecosistemas estratégicos, requieren de esfuerzos importantes en materia de financiamiento, capacitación y monitoreo. La ética y la globalización, y los contaminantes orgánicos persistentes, también son reconocidos como temas emergentes de alta prioridad. En torno al tema del manejo de los residuos, sean estos peligrosos, domésticos, de salud u otros, ya considerados de interés nacional, destaca la ausencia de un plan estratégico nacional, único y consolidado que permita integrar en forma coherente y sistemática las acciones de todos los actores involucrados, y que además cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros para acometer los retos que impone la crítica situación de esta problemática. Esta evaluación, que de ninguna manera pretende ser un análisis exhaustivo, nos lleva a reflexionar sobre los efectos de las distorsiones entre los factores que deben converger para lograr hablar de un país con una clara visión de su futuro, en el cual tengamos indicadores de progreso que nos permitan construir una sólida plataforma para el cumplimiento de los objetivos esperados en el programa de acción amplio acordado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. La última década venezolana, y particularmente los últimos tres años de nuevas políticas, enfrenta el reto fundamental de lograr consenso nacional e internacional, en una sola dirección: consolidar el desarrollo humano con la satisfacción integral de las necesidades de su gente, sin exclusión alguna. A partir del presente diagnóstico se formulan las siguientes recomendaciones: 1. Informar periódicamente sobre los alcances de la Agenda 21 y lo que la comunidad internacional espera del país, así como la situación en que se encuentra su implementación en Venezuela. 2. Diseñar de un Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible que articule los esfuerzos que se desarrollan en el país, integrando todos los sectores y asegurando la continuidad de los procesos con independencia político-

partidista. Este debe obedecer a un proceso participativo que garantice la legitimidad de la sociedad civil en la toma de decisiones. 3. Crear el Comité Nacional de Desarrollo Sostenible, para coordinar efectivamente todas las acciones derivadas de la adopción de los programas de la Agenda 21, así como de aquellos que se deriven de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. 4. Desarrollar un sistema de indicadores de la gestión de la sustentabilidad para monitorear el progreso en la adopción de los principios de la Agenda 21 en Venezuela, basados en objetivos y metas cuantificables en un horizonte temporal de gestión. Tales indicadores alertarían en forma temprana en torno a la situación de los bienes y servicios ambientales del país y sus necesidades de conservación y desarrollo, esto con la finalidad de mantener a todos los actores informados sobre los progresos y las dificultades en la gestión ambiental, así como las acciones que cada sector de la ciudadanía debe emprender, en procura de la mejora de la calidad de vida. 5. Reactivar el Consejo Nacional para la Educación Ambiental, las correspondientes comisiones regionales y los comités municipales, como entes institucionales autónomos coordinadores de todas las actividades relacionadas con esta materia. 6. Diseñar programas de capacitación que abarquen todos los niveles y modalidades educativas para cumplir con el Art. 107 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por la revisión, actualización o creación de toda la base conceptual de la temática ambiental. 7. Definir las prioridades ambientales del país, con una amplia y representativa participación de los diferentes sectores, aceptando el concepto del trabajo secuencial hacia grandes temas. Identificar claramente los problemas es esencial para poder proponer soluciones, en donde cada sector de la sociedad entienda y se comprometa a cumplir con su responsabilidad en la solución. El proceso debe ser transparente, democrático, altamente técnico, representativo y participativo. 8. Promover la definición de una clara política ambiental, coherente con las otras políticas nacionales, de progresiva administración, basada en una continuidad técnica y gerencial, con conocimiento de los problemas y de las posibles alternativas de solución, y transversal a todos los sectores de producción del país. 9. Promover la activa coordinación de esfuerzos entre la sociedad civil organizada, el empresariado, la comunidad científica y tecnológica, el resto de los poderes públicos y los medios de comunicación social. Las autoridades gubernamentales, por si solas, no podrán acometer los retos ambientales de la década que se inicia con el año 2002. 10. Fortalecer el desarrollo del derecho ambiental para promover la eficiencia de la norma de manera que sea lo suficientemente idónea como para alcanzar los objetivos propuestos, enfatizando la seguridad jurídica frente a la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho a un ambiente sano.

11. Evaluar los efectos en el ambiente de los planes, políticas y programas a la luz de los principios del desarrollo sostenible en la legislación nacional. 12. Realizar un estudio sistemático para la armonización de la legislación que rige la materia como fue propuesto en la Cumbre de las Américas en Santa Cruz, Bolivia, 1996, incluyendo el diseño y formulación de programas de evaluación periódica de la legislación para hacerla más eficaz. 13. Fortalecer la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, con una justa asignación presupuestaria, y el concurso de todos los actores involucrados, especificando los indicadores que permitirán medir la efectividad de tales acciones, incluyendo los mecanismos de seguimiento y control. Especial interés merece la planificación hidrológica, el manejo de las áreas protegidas y el control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente. 14. Fortalecer la capacidad jurídica de la gestión ambiental con la generación de instrumentos de carácter preventivo y de control que permitan la aplicación de la norma. 15. Evaluar y proteger los recursos de agua dulce y revisar los objetivos nacionales para la utilización, calidad, protección y mejora de su calidad. 16. Revisar los mecanismos de consulta y coordinación interinstitucional, a nivel gubernamental, no gubernamental y privado, a los fines de garantizar el intercambio sistemático de información entre los diversos sectores, para agilizar los procesos de toma de decisiones y evitar la duplicación de esfuerzos. El diálogo se impone como mecanismo de participación de los diferentes subsectores de la sociedad. 17. Incrementar la inversión pública y/o privada en la gestión ambiental, a los fines de fortalecer y consolidar la estructura administrativa oficial y/o privada existente a nivel nacional, favoreciendo particularmente los procesos de descentralización y los mecanismos de vigilancia y control de las acciones susceptibles de degradar el ambiente. 18. Establecer una política de producción limpia que incorpore incentivos económicos de tipo fiscal y créditos a la industria para propiciar la reconversión, así como programas encaminados a maximizar los beneficios derivados los programas de secuestro de Carbono, así como de aquellos dirigidos a conservar las reservas de Carbón existente, incluyendo el mejoramiento en el uso de combustibles fósiles. 19. Fomentar la creación y desarrollo de una estructura eficiente y efectiva que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de residuos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Asimismo, resulta imperativo evaluar y corregir en el menor plazo posible, los mecanismos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos domésticos, y el manejo apropiado de desechos peligrosos, tóxicos y/u hospitalarios. 20. Propiciar la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos con competencia e interés en la gestión ambiental, particularmente de aquellos con responsabilidad directa en la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente, incluyendo a las autoridades locales.

21. Propiciar la creación y mantenimiento de espacios en los medios de comunicación social dirigidos a la promoción de valores, conocimientos y conductas cónsonas con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, con énfasis en aquellos espacios orientados a sensibilizar, informar y formar a la ciudadanía en torno a la importancia de conservar un ambiente sano. 22. Identificar y documentar los problemas ambientales prioritarios y las necesidades de desarrollo sostenible, para su atención inmediata en el marco de una agenda única de país, intersectorial y multidisciplinaria, que convoque e incorpore a los principales sectores públicos y privados, incluyendo a la comunidad académica, científica y tecnológica, con una amplia participación de las comunidades, las ONG y los medios de comunicación social. Cuadro 3. Organizaciones participantes y/o auspiciantes de la consulta sobre la visión de la sociedad civil en la Implementación de la Agenda 21 ORGANIZACIONES PERSONA / EXPERTO Azul Ambientalistas del Zulia Elio Ríos y Beatriz Navas Rincón Asociación Rescate de Fauna Luci Alio Asociación Tenemos Derecho Gladys Fuenmayor A . Asociación Venezolana de Estudios Ambientales Oscar Bastidas Bello Asovem Anna De Luca Ateneo Ecológico del Orinoco Ricardo Aquino Bioparques Cesar Aponte y Viviana Salas Cenamb-UCV Carlos Monedero García Centro Cultural Victoria Díez . Institución Teresiana Ac M. Neus Edo I Ximenes Centro de Atención Nutricional Infantil Zulay Alarcón y Omaira Placeres Centro Deportivo, Recreativo y Cultural la Trinidad Ángel Portillo Sidita Miguel Cabez, José Pérez y Carlos Espinoza Comité de Enlace Regional Ambiental (Cera-Lara) Francisco Lau Consorcio Justicia Carlos Ponce Cooperativa Sol de Maracaibo Aarón Montiel Crisis Sin Frontera Cesar Mendoza De Armas Ecojuegos Alejandro Álvarez Econatura Luz Amelia Sánchez A. Ecoproyectos Carmen Teresa Senior Escuela de Vecinos de Venezuela José Israel Jaspe Fundación Jurídica Venezolana para la Defensa de la Calidad de Vida Alberto Blanco-Uribe Quintero Fundación Para la Defensa de la Naturaleza (Fudena) Deborah Bigio y Zoila Martínez Fundábitat Ruby de Valencia Fundacea José Cabrera Malo Fundación Biocarapa Haydaan Stenneider Rodríguez G. Fundación Bosque Macuto Patricia Jiménez Fundación Científica Los Roques Juan Carlos Fernández

Fundación Hombre y Naturaleza (Fundhonat) Fredery Calderón Fundación la Era Agrícola Alfredo Lascoutx Fundación para la Conservación de Los Árboles (Fundarbol) Alcira Ascanio Mujica Fundación Servicio para el Agricultor Luis Marcano G. Fundación Tierra Viva Alejandro Luy y Maria del Valle Nogueira Fundagrea Franco Manrique Grupo Keyeme Pedro Vásquez Grupo Eco 21 Carlos Matos Hommo Et Natura Egurid _Eguri y Lusby Portillo Instituto de Seguridad y Defensa para los Derechos Humanos Marilyn Bello Instituto de Estudios Fronterizos Alfredo Rincón Jawa Sarisariñama Franklin Sánchez M. Justicia de Paz - Edo. Monagas Marlene de Arreaza La Salamandra Javier Giraldez Mancomunidad De Barinas Gustavo Ramírez Provita Jeannette Rojas-Suarez Red Ara de ONGs Ambientales Comité Coordinador Redsoc Evelyn Pimentel Revemar – Red Venezolana para el Manejo de los Residuos Giorgio Restori Sociedad Conservacionista de Caracas Romer Sandrea F. Sociedad Conservacionista Amazonas Douglas Rojas Sociedad Venezolana de Ecoturismo Lourdes Russa Socsal Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental Vladimir Aguilar Unellez Cecilia Gómez Miliani Unimet María Acedo De Sucre USB – Postgrado Nelson Geigel Lope-Bello Vitalis Diego Díaz Martín Yoga, Arte y Sanación Universal Lucía Álvarez Zooconsult Esmeralda Mujica Referencias BCV (2002). Sección de Estadísticas en Internet del Banco Central de Venezuela: www.bcb.gov.ve CENDES (1999). Impacto Socio-Ambiental del Ajuste Estructural: Mercado de Trabajo, Pobreza y Medio Ambiente Urbano. C. Cariola, M. Lacabama y F. Velasco (editores), Nº 5, 51 pp CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36860 del 30/12/99 DECRETO Nº 1257 NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 34595 del 15/11/90

INE (2002). Sección de Estadísticas en Internet del Instituto Nacional de Estadística, antes Oficina Central de Estadística e Informática: www.ocei.gov.ve INPARQUES (s/f). Venezuela, Instituto Nacional de Parques. Edición producida en el marco del convenio con el Banco Mundial. 44 pp. LEY ORGANICA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, Publicada en la Gaceta Oficial (E) Nº 3238 del 11/08/83 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 31004 del 16/06/76 LEY ORGANICA DE ORDENACION URBANÍSTICA, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 33868 del 16/12/87 LEY PENAL DEL AMBIENTE, Publicada en la Gaceta Oficial (E) Nº 4358 del 03/01/92 LEY DE ZONAS COSTERAS, Publicada en Gaceta Oficial 37.319 del 7/11/2001 LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO, Publicada en Gaceta Oficial 37.323 del 13/11/2001 LEY DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS, Publicada en Gaceta Oficial 5.554 Extraordinaria del 13/11/01 LEY DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5.468 Extraordinaria del 24/05/2002 Linares, O. (1998). Mamíferos de Venezuela. Editorial Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela. Caracas, 691 pp. LUY, A. (2002). ONG Ambientales de Venezuela, Opinión y Análisis. En: www.cantv.net MARN (2000). Primer Informe de Venezuela sobre Diversidad Biológica. Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Ediciones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, 227 pp. MARN (2001). Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción. Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Editores E. Szeplaki, L., García, J. Rodríguez y E. González. 135 pp. Novo, I., G. Morales, C. Rodríguez, G. Martínez, & De Hertelendy, I. (1997). Ciencia y Conservación en el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela. Una experiencia de cooperación interinstitucional. Componente de Estudios Básicos del Programa Fortalecimiento del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela. Convenio Inparques-Wildlife Conservation Society, EcoNatura, Comisión Europea. Impresos Altamira S.A. Caracas, 356 pp. OCEI y PNUD (2001). Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, 2000. Caminos para superar la pobreza. CDB Publicaciones, Caracas. Rojas-Suárez, F. & Rodríguez Jon Paul. (1995). Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Editado por PROVITA y Fundación Polar. Editorial Exlibris. Caracas, 444 pp. Sharpe, Ch. (1998). Manual de Monitoreo del Sistema Nacional de Parques. Componente de Monitoreo del Programa Fortalecimiento del Sistema de

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(2) Asesorar, apoyar y colaborar en la planificación, organización, administración, coordinación y ejecución, y evaluación de los planes, proyectos y actividades ambientales del Estado Lara. Sede: FUNDASAB, Calle 24 con Carrera 17, frente Plaza de la Justicia. Reuniones Ordinarias: 1º y 3er Miércoles de cada mes, a las 9:00 am. Contactos Institucionales Permanentes: * Alicia Colmenárez - Coordinación de Finanzas del CERA-Lara - Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales, FORJA de Venezuela - Coordinadora, Grupo MACOTO - Telf. hab. (0251) 237.17.52 - E.Mail: alicia_colmenarez@latinmail.com * Antonio Rumbos - Coordinación de Organización del CERA-Lara - Concejal, Presidente, Comisión de Protección Ambiental, Concejo del Municipio Iribarren - Vocero Nacional y Coordinación de Organización y Proyectos, FORJA de Venezuela - Palacio Municipal, Piso 1, Sector Suroeste, Teléfono Oficina (0251) 230.19.19 - Cel. (0416) 651.80.96 * Beatriz Elena Vivas - Coordinación Académico-Técnica del CERA-Lara - Coordinadora, Departamento de Extensión, Facultad de Humanidades, Universidad Yacambú - Telf. Of. (0251) 717.03.64 - Cel. (0416) 453.53.77 - E.Mail: bevg25@hotmail.com * Francisco Lau - Moderador de la Red CERA - Editor del Boletín Informativo Electrónico del CERA-Lara: Ecos del Ambiente (agenda ambiental) - Telf. hab. (0251) 254.23.54 - Apartado Postal 549, Barquisimeto 3001-A – E-Mail: ceralara@icnet.com.ve * José Cambero - Coordinador, Unidad de Educación, Parque Bararida, Av. - Telf. Of. (0251) 251.48.38 y 252.47.74 - Fax (0251) 252.35.77 - Cel. (0414) 519.17.80 - E.Mail: zoobararida@telcel.net.ve * Kissi Alexandra Amaro - Coordinación de Logística del CERA-Lara - Coordinación de Planificación y Evaluación, FORJA de Venezuela - miembro de ECOCULTURA-UNEXPO - Cel. (0416) 458.10.37 - Tele-fax. hab. (0251) 273.61.18 - E.Mail: kissieco@hotmail.com * Luz Mariana Díaz - Coordinación de Eventos del CERA-Lara - Coordinación de Educación Ambiental, Dirección General Sectorial de Educación, Cultura y Deportes, Calle 25 c/Carr 18, Edif. Buría, Piso 1 - Telf. Of. (0251) 232.30.54 y 233.36.34 - Ext. 197 - Fax (0251) 231.21.57 - Cel. (0416) 350.43.13 - E.Mail: mecd_lara@cantv.net * Yris Rodil - Relaciones Institucionales e Internacionales del CERA-Lara - Defensora Auxiliar, Defensoría Delegada del Pueblo del Estado Lara, Calle 28 entre Carr. 15 y 16 - Telf. Of. (0251) 232.29.82 - Cel. (0416) 458.30.20 – E-Mail: yrisrodil@hotmail.com