CONSEJO DE LA JUDICATURA ESCUELA DE FUNCIÓN JUDICIAL

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE JUECES

Formador: Dr. Blacio Pereira Lucy Elena

Fecha: 19 de febrero de 2013

Malla: Formación Inicial

Area: Violencia contra la mujer y la familia

Módulo: El rol del juez/jueza en el juzgamiento de la violencia contra la mujer y la familia

Modalidad: Presencial

Duración: 16 Horas

SYLLABUS

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar los elementos críticos que implica para la Jueza, el Juez y la Unidad Judicial un

proceso de violencia contra la mujer y la familia, permitiendo a las o los postulantes

considerarlos, definirlos y evaluarlos.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Analizar los estándares de protección en materia de administración de justicia para

que en su futuro rol de Jueza o Juez los puedan interpretar y aplicar.

2. Asociar la relación existente entre la deshumanización de la administración de

justicia en los casos de violencia contra la mujer y la familia, con los efectos

derivados del estrés secundario para provocar en las y los postulantes mayor

conciencia al respecto.

3. Describir el enfoque integral interdisciplinario que deberá adoptar la o el Juez para

manejar adecuadamente la resolución de conflictos que se generen en los casos de

Violencia contra la Mujer y la familia.

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La capacitación estará compuesta de una fase de exposiciones magistrales a cargo de la

capacitadora, para lo cual, se utilizarán medios tecnológicos, como la herramienta de Word,

Power Point y el trabajo en plenaria con los participantes.

3. EVALUCIÓN:

El sistema previsto por el Consejo Nacional de la Judicatura consiste en una sola evaluación

escrita, la cual se realizará mediante medios tecnológicos y está compuesta de 25

preguntas de opción múltiple y la resolución de 3 casos prácticos. Esta evaluación se

aprobará con el 80% de los puntos a obtenerse.

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

INTRODUCION:

El 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Registro Oficial del Estado La Ley contra la

Violencia a la Mujer y la Familia. Concluyendo de esta manera un largo proceso de lucha

del Movimiento de Mujeres del Ecuador que demandaba al Estado el reconocimiento de que

la violencia contra las mujeres era una infracción, que tenía que ser tipificada y sancionada.

Esta norma reconoce, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico que el fenómeno

de la violencia contra las mujeres no era un asunto privado, sino un grave problema social,

que tenía que ser enfrentado y requería de respuestas del Estado.

Estándares Nacionales e Internacionales en justicia de Género e Intrafamiliar

En Ecuador, el desarrollo del marco constitucional, establece que la administración de la

justicia aplique estándares mínimos para enfrentar la problemática de la violencia contra la

mujer e intrafamiliar. Sobre la base de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, se hace necesario que la actuación de las y los

operadores del sistema de justicia aplique los siguientes estándares1:

1.1. Estándar general relativo a la investigación y primeras diligencias frente a

actos de violencia contra las mujeres

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado a la investigación como una

etapa crucial en casos de violencia contra las mujeres, una debida investigación aseguraría

el procesamiento y sanción a los responsables.

Esta tiene que ser realizada de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. La

investigación se debe efectuar con “seriedad y no como una simple formalidad condenada

de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como

un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que

1 En el Protocolo de actuación para Operadores frente a la Violencia contra las Mujeres en el Marco de las Relaciones de Pareja, del Centro de Derechos Humanos, de la Facultad de Universidad de Chile, es establece un compendio de los principales estándares internacionales en materia de violencia de género.

dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada

de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”2.

La legislación ecuatoriana3 define la obligación de que el conocimiento de las causas con

respecto a violencia contra las mujeres e intrafamiliar, se las pueda conocer tanto de oficio

como por la demanda de la víctima, sus familiares o cualquier persona que tenga

conocimiento del hecho4. Las juezas y los jueces tienen la obligación de buscar la verdad

de los episodios violentos de los cuales han resultado víctimas una mujer o cualquier

miembro de la familia.

Estándares específicos en materia de investigación y primeras diligencias frente

a actos de violencia contra las mujeres

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia dictada por el caso

González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, menciona que es obligación de los

estados miembros, dentro del marco de su derecho interno:

d) Confieran a la policía la autoridad requerida para responder con prontitud a todo

incidente de violencia contra la mujer;”5

Pese a que la normativa nacional, no existe la disposición de crear una Policía Especializada

en materia de violencia contra la mujer y la familia, esta se constituye en un apoyo

fundamental para la administración de justicia, en el sentido de cumplir con las diligencias

investigativas ordenadas por las juezas y jueces, recolectar las evidencias de la escena del

delito, proteger a las víctimas y hacer cumplir las medidas de amparo6 que se adopten para

salvaguardar la integridad de las víctimas, sus familiares y de las personas que denunciaron

los hechos.

2 CIDH. Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Amércias. Párrafos 40 y 41. 3 Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal y Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 4 Art. 9 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre. 6 Art. 15 y 17 de la Ley contra la violencia contra la mujer y la familia.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos mediante el

estudio Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas OEA, insta

a sus estados miembros a:

“3. Adoptar medidas destinadas a institucionalizar la colaboración y el intercambio de

información entre las autoridades responsables de investigar los actos de violencia y

discriminación, particularmente entre el Ministerio Público y la policía.”7

a) Recepción de denuncias y uniformidad de criterios en la recopilación de

información

Este mismo estudio menciona que otro estándar necesario para poder realizar una

administración de justicia eficaz y que responda a sus principios básicos, es el impulsar el

diseño de un formulario único para recopilar información de incidentes de violencia y

discriminación que pueda ser utilizado por todos los sectores tanto como por instituciones

del gobierno, administración de la justicia, salud, organismos internacionales, el sector

académico y la sociedad civil entre otros8. Los Estados en cumplimiento de su deber de

debida diligencia deben garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás

información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres,

con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la

violencia contra las mujeres, así como también para el diseño y evaluación de las políticas

públicas. La recomendación de expertos y expertas internacionales es que la obtención de

información se realice en colaboración y consulta con todos los sectores y que esta sea

institucionalizada para que su difusión sea pronta y efectiva, a las víctimas, a la sociedad

civil y al público en general.

Por otro lado se hace necesario diseñar protocolos unificados para facilitar y fomentar la

efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y

psicológica, que incluya una descripción de la complejidad en las pruebas, y el detalle de

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH). Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Párr. 298 y ss. 8Ibidem. Supra nota 4. Párrs. 40 y 41.

las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación

probatoria adecuada, que incluya pruebas científicas, psicológicas, físicas y testimoniales.

Es importante incentivar la investigación multidisciplinaria de estos delitos.

b) Implementación del marco normativo de protección y efectiva

persecución penal de los actos de violencia contra mujeres

Otro estándar necesario que ha sido señalado en la normativa internacional, el cual

consideramos que se convierte en un puntal importante para la administración de justicia

es:

La estricta observancia de aquellas normas de sus códigos y leyes y procedimientos

relativos a la violencia contra la mujer, a fin de que el sistema de justicia penal persiga

todos los actos criminales de violencia contra la mujer y les dé la respuesta que

corresponda.9

En nuestra normativa interna, este estándar se encuentra dispuesto en la Ley contra la

Violencia a la Mujer y la Familia, en la cual se dispone la sanción de la violencia física,

psicológica y sexual ocurrida en el ámbito intrafamiliar, por lo que al constituir una

infracción penal impone que las Juezas y Jueces especialistas en violencia de género la

investiguen y sancionen, estableciéndose que cuando un episodio de violencia ha

degenerado en un delito, este sea conocido por los Jueces y Juezas penales competentes

para el juzgamiento de este tipo de infracción, sin perjuicio de disponer las medidas de

amparo necesarias para proteger a la víctima y a su familia.

c) Información precisa a la víctimas.-

Este estándar menciona que es obligación de los Estados facilita información a las mujeres

que hayan sido víctimas de violencia sobre sus derechos y el modo de hacerlos valer, sobre

la forma de participar en un proceso penal y sobre la preparación, el desarrollo y la

9 Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal. Supra nota 7. Párr. 8.

clausura de un proceso, así como alentar y asistirlas en la presentación, en la debida

forma, de su demanda y a lo largo del proceso.10

Este estándar, si bien es cierto no se encuentra taxativamente establecido en la norma, se

plasma en el Código de Procedimiento Penal como un derecho de la persona ofendida11,

constituyendo una obligación cierta para la administración de justicia, la cual no recae

necesariamente donde el juez o jueza, sino que puede ser encargada al equipo

interdisciplinario que conforma la unidad técnica judicial.

d) Registro de órdenes de protección

El Estudio “Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra

la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal”, expresa que se hace

necesario que se establezcan un registro de medidas de amparo judicial, a fin de que tanto

la policía, como las autoridades de la justicia penal puedan determinar rápidamente si una

orden está en vigor o no.12

e) Conducta general exigible a los operadores de justicia: no discriminatoria

y orientada a la seguridad de la víctima y sus familiares

Este estándar se hace básico al momento de que el juzgador o juzgadora, tanto como el

equipo interdisciplinario inician el ejercicio de la administración de justicia, esto es sobre

evadir cualquier tipo de discriminación en su trabajo en base a consideraciones sexuales,

de etnia o de cualquier otra condición.

Las y los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer sus deberes

sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales,

respetando así los derechos humanos de todas las personas. Igualmente se ha afirmado el

deber de la policía de tener como consideración prioritaria la seguridad de la víctima y sus

familiares en las decisiones relacionadas con el arresto y detención del agresor.

10. Ibíd. Párr. 10 11

Código de Procedimiento Penal, artículo 69. 12

Ibíd

En este contexto la legislación ecuatoriana, esto es Constitución y Código Penal, es clara al

mencionar la obligación de eliminar toda actuación discriminatoria y elevarlas a delitos si

estas se cometen.

f) Utilización de técnicas de investigaciones eficaces y no intrusivas

Por otro lado se establece la obligación de introducir técnicas de investigación que no sean

degradantes para las mujeres, niños, niñas y adolescentes objeto de violencia y que

minimicen toda intrusión en su intimidad, estén a la altura de las prácticas más eficaces

para la obtención de pruebas.

g) Seguridad y no revictimización de las víctimas

Por otra parte, una serie de instrumentos internacionales13 de protección contra la tortura y

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, destacan la importancia de proteger la

salud mental y física de las víctimas durante el transcurso del proceso penal, incluyendo la

etapa de investigación, para evitar la revictimización de la víctima:

Este es un principio que debe reglamentar la actuación de cada uno de los administradores

de justicia, equipos técnicos, policía nacional, organizaciones de la sociedad civil, casas de

salud, en general todos los sujetos de protección de las víctimas de violencia intrafamiliar.

En la legislación nacional, este principio se encuentra contemplado, en la Constitución de la

República14 y en el Código de la Niñez y Adolescencia.

13 Convención de los derechos del niño, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y Convención interamericana contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. 14 Constitución de la República, artículo 78, “Las víctimas de infracciones penal gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación”.

h) Recopilación y análisis de evidencias

En cuanto a las evidencias que deben examinarse en casos de violencia, se deben recopilar

y analizar todas las pruebas materiales y documentales y las declaraciones de los testigos.

Al respecto, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que la

recopilación de evidencias físicas, en estos casos, debe ser efectuada por especialistas

capacitados en el tipo de violencia que se está investigando, y preferiblemente deben ser

del mismo sexo de la víctima.

En todo momento, la cultura de la víctima y el contexto en el que se produjo la violencia

deben tomarse en consideración y de ser necesario un intérprete, éste debe hacerse

disponible y no ser un funcionario público.

2. Estándares relativos a la adopción de medidas cautelares y de protección

frente a actos de violencia contra las mujeres

i) Estándar general en materia de protección de víctimas de violencia contra

las mujeres

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto como los estudios que han nacido

de esta, tomados como bibliografía para este contenido, indican la obligación de proteger

con la debida diligencia a la mujeres que son víctimas de la violencia o corren el riesgo de

serlo y garantizar que éstas tengan acceso a la justicia y a servicios de atención de salud y

apoyo que respondan a sus necesidades inmediatas, las protejan contra otros daños, se

ocupen de las consecuencias que se derivan de la violencia para la mujer.

j) Otorgamiento de facultades suficientes a los tribunales de justicia para la

adopción de medidas de protección

El Estudio Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra

la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal, establece que es una

necesidad imperiosa que:

g) Los tribunales estén facultados, a reserva de lo dispuesto en la norma constitucional de

su Estado, para dictar mandatos judiciales de amparo y conminatorios, en casos de

violencia contra la mujer, que prevean la expulsión del domicilio del autor de los hechos,

con prohibición de todo contacto ulterior con la víctima y demás personas afectadas, dentro

o fuera del domicilio, y de imponer sanciones por el incumplimiento de esas órdenes;

h) Se pueden tomar medidas cuando sea necesario para garantizar la seguridad de las

víctimas y de sus familias y para protegerlas contra la intimidación y las represalias.15

En Ecuador, esta facultad si está otorgada a los organismos de administración de Justicia,

esto en el sentido de poder determinar por si mismos medidas de amparo ante una

situación de violencia contra la mujer o la familia. El artículo 13 de la Ley contra a la mujer

establece esta facultad.

k) Diseño e implementación de recursos judiciales cautelares que sean

sencillos, rápidos y accesibles

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, menciona que es necesario diseñar e

implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles, que

puedan funcionar como un remedio idóneo y efectivo, para prevenir situaciones de

violencia contra las mujeres. 16

15 Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el

campo de la prevención del delito y la justicia penal Supra nota 7. Párr. 7 16

CIDH. Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas. Ibíd. Párr. 298 y ss.

l) Información y adopción de medidas de protección a víctimas y testigos a

lo largo de todo el proceso penal

La CIDH por su parte ha determinado la necesidad de que en el proceso de protección

deben adoptarse medidas de protección para proteger la seguridad, la privacidad y la

intimidad de las víctimas. Igualmente debe proporcionarse a las víctimas información sobre

sus derechos y la forma de ejercerlos dentro del proceso penal, en todas las fases de

éste.17

En este sentido en el Ecuador, se ha establecido el programa de protección de víctimas y

testigos, sin embargo su cobertura no alcanza a las víctimas de violencia intrafamiliar en los

procesos sujetos a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cuando la infracción

compete a las juezas o jueces de Violencia. La recuperación y protección para las víctimas

de violencia contra la mujer y la familia, puede y debe ser otorgada por parte del Juez o

Jueza de Violencia, así como materializarla a través de medidas de amparo, su seguimiento

y vigilancia de cumplimiento a través de la policía nacional, así como del apoyo del equipo

interdisciplinario.

3.- Estándares relativos al inicio, tramitación y fallo de causas originadas en

actos de violencia contra las mujeres

3.1 Estándar general en materia de inicio, tramitación y fallo de causas

originadas en actos de violencia contra las mujeres

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que:

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización

inclusive.”18

Esto se traduce en que es obligación de los estados, a través de la norma, transmitir un

mensaje inequívoco de que la violencia contra la mujer es un acto grave que será

17

Ibidem 18 Comité CEDAW. Recomendación General N° 19. Supra nota 14. Párr. 24 letra i)

investigado, enjuiciado y castigado. Este estándar se plasma en la Constitución de la

República, en el cual se establece que es una garantía de las víctimas de infracciones

penales la reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y

satisfacción del derecho violado19. Los jueces y las juezas, así como los demás operadores

del sistema, deben recibir capacitación adecuada para tratar los casos de violencia sexista

de una manera que tengan en cuenta la perspectiva de género.

m) Eliminación del uso de la conciliación como forma de resolución de los

procedimientos originados en actos de violencia contra las mujeres

Es de reconocimiento internacional que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no

es recomendable como método para resolver estos delitos. La conciliación asume que las

partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual

generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Los acuerdos

generalmente no son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas y

consecuencias de la violencia en sí.

Sin embargo en la legislación nacional, en el artículo 21 determina la posibilidad de realizar

estos acuerdos entre víctimas y agresores, en el marco de la Audiencia de Conciliación, más

consideramos que por la naturaleza de este proceso, tanto como por los derechos que han

sido violentados, la conciliación parece lejana o más bien ajena a este proceso que es

eminentemente de protección y no de negociación.

Más si el Juzgador/a ve, luego de haber analizado el caso y teniendo en cuenta la

imposibilidad de negociar el cometimiento de los episodios de violencia, puede conciliar, los

tiempos en los cuales el agresor tendrá para, por ejemplo, desalojar la casa de familia, o

entregar alimentos emergentes puede hacerlo, sin que esto implique la vulneración de

derechos de las víctimas.

n) Especialización y perspectiva de género de los operadores de justicia

19

Constitución de la República del Ecuador, artículo 78.

Un estándar importante y pertinente en este momento, de creación de las unidades

judiciales de violencia contra la mujer es que estos Juzgados, estén conformados no solo

por Juzgadores y Juzgadoras, sino también por personal interdisciplinario especializados en

derechos de las mujeres, de familia, derechos humanos y legislación nacional, esto no

solamente dentro de los Juzgados sino dentro de la Fiscalía, la Policía Nacional y en general

la Administración de Justicia, se requiere que estos estén dotados de conocimientos

especializados y con experiencia en interponer recursos efectivos ante actos de violencia.

o) Obligación de reparar rápida y adecuadamente a las mujeres víctimas de

violencia

La obligación de proporcionar reparaciones adecuadas implica garantizar a la mujer el

acceso a acciones penales y civiles, así como la creación de servicios efectivos de

protección y apoyo para mujeres víctimas de la violencia.

La compensación por actos de violencia contra la mujer puede consistir en la concesión de

una indemnización económica por las lesiones físicas y psicológicas sufridas, por la pérdida

del empleo y de oportunidades educativas, por la pérdida de prestaciones sociales, por

daños a la reputación y a la dignidad así como por los gastos legales, médicos o sociales

incurridos como consecuencia de la violencia. Los Estados también deben garantizar que

las mujeres víctimas de la violencia tengan acceso a servicios apropiados de rehabilitación y

apoyo.

La legislación nacional, en específico la Ley contra la violencia a la mujer y la familia,

especifica, en su artículo 22, establece que el Juez o Jueza podrá condenar al agresor al

pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a la víctima, así como la restitución de las

cosas dañadas o perdidas.

Más es necesario tener en cuenta que la reparación integral a la víctima es una garantía

constitucional20, que no solo se limita a los daños materiales sino también a los

20

Constitución de la República del Ecuador, artículo 78.

inmateriales, esto por las consecuencias que un acto violento provoca en la víctima, cuya

evaluación debe ser también un ámbito a trabajar con el equipo interdisciplinario de la

unidad técnica judicial.

Inmediación Obligatoria

Para el juzgamiento de los casos dispuestos a conocimiento y seguimiento de las medidas

de amparo para las víctimas, la jueza o juez deberá fundar su decisión en la valoración

precisa de pruebas y testimonios presentados por las dos partes en la sustanciación del

proceso.

p) Reserva

El equipo interdisciplinario, tanto como la jueza o juez, debe guardar la necesaria

confidencialidad tendiente a mantener el "secreto confesional" del cual deben estar

enterados el paciente y el equipo de atención.

q) Celeridad

Dadas las delicadas, condiciones bio-psico-sociales de la agredida como de su familia, hay

que garantizar que la atención sea inmediata, para ello el equipo tendrá que utilizar todos

los recursos disponibles.

Por otro lado, a parte del ejercicio de los principios que la ley menciona, es necesario que

también se tomen en cuenta los siguientes principios, a fin de que no solamente se aplique

la norma sino que la misma otorgue a las víctimas la atención necesaria y completa.

r) Calidez.

Establecer empatía con la persona agredida y su entorno familiar y social, guardando un

marco de respeto a la persona humana y sus decisiones en el proceso judicial.

s) Gratuidad

El principio de gratuidad, es aquel que establece que para el juzgamiento de los casos

sometidos al conocimiento del Juez o Jueza, como el seguimiento de las medidas de

amparo interpuestas en el mismo, no se solicitarán pagos, ni prebendas para las servidoras

y servidores judiciales. Todo procedimiento y diligencias son gratuitos.

Las obligaciones del Estado en materia de protección a las víctimas de violencia

contra la mujer e intrafamiliar.

Tanto el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como el Sistema

Interamericano, han tenido, en las últimas décadas, especial preocupación por abordar el

fenómeno de la Violencia contra las mujeres, la cual ha sido definida como “cualquier

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Dicho

fenómeno ha sido tratado desde varias perspectivas, una es la obligación del Estado de

actuar con la debida diligencia para combatir y erradicar todos los actos constitutivos de

violencia contra las mujeres.

La obligación de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra las mujeres,

implica adoptar medidas de “carácter jurídico, político, administrativo y cultural que

promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales

violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito

susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de

indemnizar a las víctimas.

Actuar con debida diligencia comporta el cumplimiento de cuatro obligaciones:

a. La Prevención

b. La investigación

c. La sanción

d. La reparación

El adecuado cumplimiento de esta obligación implica que el Estado no solo adopte un

marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres, sino también debe “fortalecer

la capacidad institucional de instancias judiciales, como el Ministerio Público (Fiscalía), la

policía, las cortes y tribunales, y los servicios de medicina forense, en términos de recursos

financieros y humanos, para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia

contra las mujeres, a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un

seguimiento judicial apropiado, garantizando así una adecuada sanción y reparación”.21

a) Diligencia debida en la prevención y respuesta del Estado frente a la

violencia estructural contra las mujeres, a través de la investigación y

producción estadística sobre los alcances de este fenómeno

El deber de debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre todo en el

contexto de prácticas extendidas o estructurales, impone al Estado, el deber de vigilar la

situación social mediante la producción de información estadística adecuada que permita el

diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como el control de las políticas que se

implementen por parte de la sociedad civil.

Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política

encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Para lo cual podrán promover la

investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la

violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia

contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad

y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas

para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las

conclusiones de las investigaciones.

b) Capacitación y sensibilización de los operadores de justicia que

intervienen en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres

Otra de las obligaciones que pertenece en general al Estado, es la continua y especializada

capacitación de todos los operadores de justicia en materia de violencia intrafamiliar, con

esta categorización no se trata de desvincular a los equipos interdisciplinarios, sino más

bien incluirlos al entenderlos parte de la administración de justicia.

Esta capacitación continua requiere un plan sostenido de capacitación que implica que el

mismo aparte de ser continuo, tenga un grado de especialización tanto por quien lo

21

imparte, como asegurar de que quienes lo reciben puedan aprovechar el mismo para

asegurar su propia especialización.

c) Acceso a tutela cautelar efectiva a través de diversos recursos y servicios

especializados

Una obligación que nace necesariamente del Estado, en cumplimiento de los tratados

internacionales suscritos tanto en materia de la erradicación de la violencia contra la mujer

y la familia, sino en general contra la violación de los derechos humanos, es la de

precautelar y garantizar el acceso a servicios especializados que otorguen ayuda preventiva

y paliativa a la situación que se encuentran enfrentando.

Los servicios especializados, no necesariamente implican que sean restrictivos, sino que

pueden ser generales, sino que los profesionales que los prestan tengan la experiencia

necesaria y el conocimiento suficiente para poder asistir a las víctimas, esto quiere decir

que, no es necesario que exista un hospital que atienda solamente a víctimas de violencia,

sino que puedan haber médicos que sepan y puedan atender de manera correcta y

necesaria a las víctimas de violencia.

d) Disposición de centros de acogida y otros servicios de atención de salud

física, psicológica y jurídica para las mujeres víctimas de violencia

Finalmente, otra de las obligaciones del Estado en general, es dotar tanto a la

administración de justicia, para la mejor aplicación de medidas de amparo, cómo y en

especial a las víctimas de violencia, de servicios de atención y centros de acogida para la

recuperación integral de esta tanto como del agresor.

Integralidad e interdisciplinariedad de acuerdo al modelo de gestión y tipología

de la unidad judicial en materia de violencia contra la mujer e intrafamiliar.

Ninguna intervención que tenga que ver con violencia dará resultado óptimo, si no se la

trabaja en equipo interdisciplinario, en donde cada uno de las o los miembros se

comprometan consigo mismo, con los demás miembros del equipo y por supuesto, con la o

el paciente y su compleja problemática. 22

La familia y la comunidad desempeñan un papel importante, en la prevención,

identificación, atención, referencia, seguimiento y vigilancia en los casos de violencia o

maltrato.

En concordancia con los estándares expresados anteriormente, para la correcta

administración de justicia a mujeres víctimas de violencia, uno de ellos el de

interdisciplinaridad, es necesario que el Juez o Jueza de violencia y la familia apoye su

gestión con un grupo de profesionales que puedan ser un real aporte a la consecución de

la medidas dispuestas, así como la reparación del daño causado por la violencia a la que ha

sido sometida la víctima, por lo que es menester ver como el apoyo de estos profesionales

hace la diferencia en la administración de medidas y en la reparación del daño, esto sobre

todo en la interpretación de informes periciales y pruebas.

La valoración integral que realizarán estas unidades técnicas conlleva, la elaboración de

informes periciales completos y precisos que faciliten la constatación de la realidad de la

violencia padecida, lo que le permitirá al juez o jueza adoptar medidas cautelares en

protección de las víctimas así como también resolver adecuadamente la conducta del

agresor.

Área legal

La función principal es la de asesorar y orientar tanto a la Autoridad como a las mujeres,

hombres, niños, niñas y adolescentes que se encuentran atravesando problemas de

violencia y la familia.

El asesoramiento no solamente se limita al problema concreto de la denuncia, sino a otras

inquietudes legales que tienen las víctimas, como por ejemplo, divorcio, consecuencias de

este proceso o de los procesos que se soliciten, tenencia de hijos, alimentos, repartición de

bienes, etc.

22

Referencia tomada del artículo “Género, Violencia y Salud, Proyecto Mujer, Salud Integral y Educación”. Quito Ecuador., 2001.

Área social

Las integrantes de esta área a pedido de la autoridad pueden realizar visitas domiciliarias a

hogares en conflicto, además de realizar reuniones de parejas, reuniones de seguimiento,

talleres de autoayuda.

Las visitas domiciliarias, se realizarán en los casos que sean necesarios, estas visitas tienen

un alto componente educativo, se utilizan contenidos de género para incidir en el cambio

de concepciones y prácticas en las relaciones familiares.

Los talleres de autoayuda, son espacios alternativos donde las mujeres socializan su

problemática, se solidarizan con otras mujeres y juntas buscan estrategias para enfrentar la

violencia y la familia.

Área psicológica

Dentro de la atención psicológica es importante rescatar el trabajo sea desarrollado en

estas líneas:

Orientación psicológica para casos que ameriten un seguimiento y tratamiento.

Atención emergente en estado de crisis.

La atención psicológica está basada en el trabajo con mujeres y hombres de manera

individual, de pareja y en grupo. En estas sesiones se tenderá a dar una ayuda de

contención emocional para que los hombres y mujeres sientan que no están solos en el

problema, que hay muchas mujeres sintiendo y soportando lo mismo que ellas, es decir,

pretendemos encontramos en un espacio de reconocimiento entre iguales.23

23Referencia tomada del Artículo “Género, Violencia y Salud, Proyecto Mujer, Salud Integral y

Educación”. Quito Ecuador., 2001.

Definición de: a) estrés secundario como efecto de la atención de la violencia y

b) deshumanización de la justicia como efecto del estrés secundario.

Quienes trabajan en el campo social, de cualquier ámbito sea público, privado, judicial o de

restitución, con frecuencia asisten a víctimas de situaciones traumáticas. Trabajan en y con

comunidades arrasadas por desastres naturales o conflictos, víctimas de todo tipo de

violencia, a todo nivel o de toda edad, su trabajo puede representar un desafío extremo. En

ocasiones, ellos mismos son objeto de violencia. A consecuencia de todas estas

circunstancias, es probable que estas personas experimenten cambios psicológicos y

espirituales duraderos en el modo en que se perciben a sí mismos y al mundo.

Algunos de esos cambios pueden ser positivos. Con frecuencia, estas personas dicen que el

presenciar y a veces compartir el sufrimiento de aquellos a quienes fueron a auxiliar, les

produjo cambios personales que aprecian, tales como más compasión y gratitud, así como

una mayor comprensión de lo que valoran en su propia vida y por qué.

No obstante, algunos de los cambios que provoca haber presenciado y experimentado el

sufrimiento pueden ser más problemáticos, y dejar cicatrices que pueden llegar a ser

permanentes.

¿Qué es el estrés traumático secundario?

El estrés traumático secundario, también conocido como traumatización vicaria, es el

proceso de cambio que tiene lugar cuando alguien cuida de personas que se han visto

damnificadas, y se siente comprometido y responsable de ayudarlas.

Con el transcurso del tiempo, este proceso puede ocasionar cambios en su bienestar

psicológico, físico y espiritual. Es importante que toda persona que trabaja con personas

víctimas comprenda el proceso del estrés traumático secundario, pues es muy probable

que le afecte, y que no sólo le afecte a él, sino también a su familia, a la organización a la

que pertenece y a los beneficiarios de su trabajo.

El estrés traumático secundario es un proceso que se desarrolla con el tiempo. No se trata

de meras respuestas de la persona al contacto con una víctima, una historia o una

situación. Es el efecto acumulado del contacto con sobrevivientes de la violencia o de

catástrofes, o de personas que están atravesando una situación muy difícil.

El estrés traumático secundario se produce por una cuestión de sensibilidad, por sentir

empatía con quienes sufren.

La empatía es la capacidad de identificarse con el otro, de comprender y sentir el dolor y la

alegría del otro.

El estrés traumático secundario se produce cuando, sintiendo el compromiso y la

responsabilidad de ayudar, en ocasiones no es posible hacerlo. Ello puede generar enormes

expectativas de uno mismo y de los demás, así como de los frutos que se pretende del

propio trabajo. Con el tiempo, ese sentido de compromiso y responsabilidad pueden

generar una sensación de agobio, de consternación y de desesperanza ante la necesidad y

el sufrimiento extremos. También pueden generar un nivel de auto-exigencia que excede lo

razonable para el propio bienestar o para los intereses a largo plazo de los beneficiarios

mismos.

Un componente clave del estrés traumático secundario son los cambios que se suscitan a

nivel espiritual, y la profunda repercusión que ello puede tener en la propia visión del

mundo y en la percepción más profunda del sentido de la vida y la esperanza.

El estrés traumático secundario puede ser más problemático para aquellos que tienden a

eludir los problemas o los sentimientos conflictivos, que culpan a los demás por sus

dificultades o se alejan cuando las cosas se ponen difíciles.

Quienes han vivido una experiencia traumática pueden identificarse más estrechamente

con determinados tipos de dolor o pérdida padecidos por otras personas, y ser más

vulnerables al estrés traumático secundario.

El estrés añadido en otras áreas de la vida puede incrementar la vulnerabilidad al estrés

traumático secundario.

Carecer de una idea que dé sentido a la vida, de una motivación y de esperanzas

constituye un factor de riesgo de padecer un estrés traumático secundario más

problemático.

Una persona que carece de buen apoyo social —de personas con las que hablar, que se

interesan por ella y por su bienestar— está expuesta a un mayor riesgo de sufrir estrés

traumático secundario.

La ausencia de unos límites sostenibles entre la vida privada y la vida profesional o laboral,

y la existencia de ideales o expectativas poco realistas acerca del trabajo pueden contribuir

a un estrés traumático secundario más problemático.

Algunos estudios indican que las personas que por su trabajo tienen una mayor interacción

con sobrevivientes de situaciones traumáticas tienen más posibilidades de padecer un

estrés traumático secundario más problemático.

En los lugares u organizaciones que no fomentan una cultura institucional de gestión

eficaz, comunicación fluida y una buena atención al personal, exponen a éste a un mayor

riesgo de padecer estrés traumático secundario, a las personas que trabajan ahí. Generar

estos espacios de inatención o no entender las diferencias interculturales para expresar la

angustia y prestar y recibir asistencia, puede contribuir a un mayor riesgo de estrés

traumático secundario.

Por lo que se puede generar que este trabajo o profesión suele caracterizarse por la

desatención de uno mismo, la tolerancia a situaciones difíciles, la temeridad y la negación

de las propias necesidades. Todo ello puede contribuir a que el estrés traumático

secundario sea más grave.

Signos frecuentes de estrés traumático secundario

Entre las dificultades frecuentes asociadas con el estrés traumático secundario cabe señalar

las siguientes:

Dificultad para manejar las emociones;

Dificultad para aceptarse o sentirse a gusto con uno mismo;

Dificultad para tomar buenas decisiones;

Problemas para manejar los límites entre uno mismo y los demás (por ejemplo,

asumir demasiada responsabilidad, tener dificultad para irse del trabajo al terminar

la jornada, tratar de entrometerse y controlar la vida de los demás);

Problemas en las relaciones;

Problemas físicos como dolores, enfermedades, accidentes;

Dificultad para sentirse conectado con la realidad circundante, y

Pérdida del sentido de la vida y de la esperanza.

El estrés traumático secundario puede incidir negativamente en el trabajo, los

compañeros de trabajo, el funcionamiento de la organización en general y la calidad

de la asistencia que se presta a los destinatarios del propio trabajo.

El estrés traumático secundario influye en el modo de actuar e interactuar con los

seres queridos, lo cual afecta a los familiares y amigos.

Hacer frente al estrés traumático secundario

Enfrentar el estrés traumático secundario significa establecer estrategias que sirvan tanto

para evitar que el trastorno se agrave como para contribuir a su manejo en los momentos

en que se torna más problemático.

Una buena estrategia para superar el estrés traumático secundario debe incluir todo

aquello que pueda servir para cuidar de uno mismo, en especial lo que ayuda a evadirse,

descansar y jugar. Entre otras cosas, podrían incluir:

Evadirse: apartarse de todo, física o mentalmente (leer libros, ver películas, tomarse

el día o la semana libre, jugar con videojuegos, hablar con amigos acerca de otras

cosas no relacionadas con el trabajo);

Descansar: andar sin objetivo definido, sin agenda, o en actividades de

esparcimiento (tirarse sobre la hierba y ver pasar la nubes, saborear una taza de té,

tomar una siesta, darse un masaje); y

Jugar: participar en actividades que hacen reír o iluminan el espíritu (intercambiar

historias divertidas con amigos, jugar con un niño, dar lugar a la creatividad, hacer

actividades físicas).

Transformar el estrés traumático secundario

Transformar el estrés traumático secundario significa algo más profundo que hacerle

frente. Hay que recordar que, con el tiempo, un componente clave del trastorno es que se

producen cambios a nivel espiritual. Se pueden poner en duda las más profundas creencias

acerca de la manera en que funciona la vida y el universo, y la existencia y naturaleza del

sentido de la vida y la esperanza. A un nivel más profundo, transformar el estrés

traumático secundario significa encontrar los modos de alimentar el sentido de la vida y de

la esperanza. ¿Qué le da sentido a la vida y el trabajo, y qué inspira y renueva a la

esperanza?

La resiliencia

Como una respuesta al estrés traumático secundario surge la resiliencia, que es la

capacidad humana, individual o grupal, de resistir a situaciones adversas, encontrando

recursos creativos para emerger de ellas. Vanistendael distingue dos componentes: la

resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad

bajo presión y, por otra parte, mas allá de la resistencia, la capacidad de forjar un

comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles.

En el Informe de Resiliencias Andinas24, se señala que son atributos o componentes que

están presentes en la resiliencia los siguientes: Autoestima consistente, es la base de los

demás componentes y es el fruto del cuidado afectivo por un adulto significativo, capaz de

dar respuestas sensibles; Introspección, como el arte de preguntarse a sí mismo y darse

respuestas honestas; Independencia, como la capacidad de mantener distancia emocional y

física entre uno mismo y los problemas; Capacidad de relacionarse, habilidad para

establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear la propia necesidad de

afecto, con la actitud de brindarse a otros; Iniciativa, exigirse y ponerse a prueba en tareas

progresivamente más complejas; Humor, encontrar la comedia en la propia tragedia;

Creatividad, capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden;

Altruismo (moralidad), entendida como la consecuencia para extender el deseo personal de

bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores; Capacidad

24

Resiliencia frente a la Violencia Política en Instituciones Educativas de dos Ciudades Andinas. Darsy Calderón Rojas. Lima, mayo 2009.

de pensamiento crítico, fruto de la combinación de los otros componentes, que permite

analizar críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre. A esto

se llega a partir de criticar el concepto de adaptación positiva o falta de desajustes, que en

la literatura anglosajona se piensa como un rasgo de resiliencia del sujeto.

Las estrategias para la construcción de la resiliencia, son: Fortalecer el crecimiento personal

y académico y, fortalecer y ampliar los vínculos y redes de apoyo.

8.- Casos Jurisprudenciales

Finalmente, la clase se compondrá de una parte práctica que se basará en la resolución

conjunta de casos por parte de los señores y señoras postulantes con la Capacitadora de la

materia. De igual manera se abordará una sentencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, el caso paradigmático de Maria da Penha Fernández25, en el cual se

aplica por primera vez la Convención Belem do Pará. En este caso, los peticionarios

sostuvieron ante la CIDH que el Estado de Brasil había fallado por más de quince años en

adoptar medidas efectivas y necesarias para procesar y sancionar a un agresor de violencia

contra las mujeres y la familia, pese a las denuncias efectuadas por la víctima.

BIBLIOGRAFIA:

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra

la Mujer, artículo 7.c

ESTRÉS TRAUMÁTICO SECUNDARIO Resumen de CARE de: Understanding and

Addressing Vicarious Trauma L.A. Pearlman y L. McKay (2008). Headington

Institute,

CIDH, Estándares Jurídicos vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de

las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y

Aplicación. Doc. 60. 2011

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra

la Mujer

CIDH. Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas.

25

CIDH, Informe de Fondo No. 54/01. Caso 12.051, María da Penha Fernández

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y

consecuencias. Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva

de Género: La Violencia contra la Mujer.

Comité CEDAW. Recomendación General N° 19.

CIDH. Informe Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las

Américas.

Guía para la atención emergente de los delitos sexuales en las instancia de

administración de justicia contravencional, CEPAM, DINAGE, UNIFEM,CONAMU,

mayo 2007.

El camino transitado, sistematización del proyecto “fortalecimiento institucional y

atención emergente de delitos sexuales desde las instancias de administración de

justicia contravencional, CEPAM, DINAGE, UNIFEM,CONAMU, mayo 2007.

Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la

violencia contra la mujer.

Resiliencia frente a la Violencia Política en Instituciones Educativas de dos Ciudades

Andinas.Darsy Calderon Rojas. Lima, mayo 2009.

Ley 103, contra la violencia a la Mujer y la Familia

Constitución de la República del Ecuador