INDICE

1. Conflictos sociales en el Perú1.1 Aproximación teórica a los conflictos sociales

1.1.1 ¿Qué son los conflictos sociales? 2. Un modelo teórico para explicar los conflictos sociales

a) La teoría de la privación relativa b) Teoría de la movilización de recursosc) La estructura de la movilización: “Teoría de la acción colectiva”d) Teoría de la estructura de la oportunidad política e) Procesos de encuadramiento o construcción de marcos de referencia: El marco interpretativo de la protesta2.1 Estado, tipos y fases de los conflictos sociales en el Perú2.2 Breve evolución histórica de los conflictos sociales en el Perú 1980 – 2008

2.2.1 Conflicto armado interno en el Perú 2.2.2 La época de la anti-política: Fujimori y la desestructuración del sistema de intermediación política2.2.3 La democracia en transición: Toledo y el auge de los conflictos sociales2.2.3 El País de la Protesta: Los conflictos sociales durante el segundo Gobierno Aprista

2.3 Los conflictos sociales mineros en el Perú2.3.1 A modo de definición 2.3.2 Antecedentes 2.3.3 Aproximaciones a las causas de los conflictos sociales mineros2.3.4 Clasificación

CONFLICTOS SOCIALES

1. Conflictos sociales en el Perú

1.1 Aproximación teórica a los conflictos sociales

La construcción de una propuesta teórica para entender los conflictos sociales no es nueva . Dado que los conflictos sociales son hechos consustanciales al ser humano y la vida en comunidad, es necesario profundizar en conocimientos que nos permitan comprender su proceso de formación, formas de manifestación y soluciones que resuelvan las causas que los originaron. Sin embargo, quizás por amplitud y complejidad, aún no se ha consolidado una sola propuesta teórica que enmarque completamente el entramado social, cultural, psicológico, económico e incluso político que pueden influir en el desencadenamiento de procesos sociales tendientes a la protesta.

Por tales motivos, el desarrollo del presente capítulo remite sus consideraciones a propuestas elaboradas en otras áreas del conocimiento (ciencias sociales), las cuales han sido formuladas con la finalidad de dilucidar una serie de interrogantes que permitan explicar de manera integral una serie de cuestionamientos respecto a las causas que determinan la aparición de conflictos sociales, los recursos que se movilizan para protestar, los mecanismos facilitadores de la acción colectiva, las condiciones políticas para protestar y qué papel juega aquel marco referencial o “discurso” que explica las razones de la protesta e integra a los participantes de la misma. 1.1.1 ¿Qué son los conflictos sociales?

Antes de iniciar el desarrollo teórico, es necesario advertir que los conflictos sociales en mención no presentan punto de comparación con conflictos armados internos o internacionales. Asimismo, la aplicación de las categorías que se señalan a continuación están pensadas dentro de contextos democráticos donde el derecho a protestar se encuentra plenamente reconocido. Inclusive, independientemente que parte de las protestas sostengan a falta de legitimidad del gobierno o la poca representatividad de las autoridades públicas (entre otros casos) en sus acciones de protesta, ello no implica necesariamente un desconocimiento del Estado Democrático de Derecho en que vive el Perú. Si bien en muchos casos las acciones de lucha buscan cambiar las decisiones políticas que deciden el destino del país se mantiene un nivel de respecto por la institucionalidad y los derechos fundamentales que considero son parte del aprendizaje que nos dejo el periodo de violencia política que desangro al país. Aunque es evidente que durante protestas violenta pueden ocurrir excesos, estos hechos

tienden ser la excepción procurándose por los actores (generalmente luego de momentos de mucha violencia) alcanzar un punto que permita dialogar y consensuar una solución democrática para el conflicto.

A lo largo del texto he utilizado el concepto de conflicto social como una categoría universal, única con un solo significado; en otras palabras, como si su delimitación conceptual no presentará mayor inconveniente; sin embargo, ello no sería necesariamente así. Llegado el punto de analizar teóricamente los conflictos sociales es necesario especificar su contenido, diferenciarlo si fuera necesario de otras denominaciones que también son usadas como sinónimos, ello con la finalidad de dejar en claro algunas definiciones para el posterior desarrollo de la propuesta teórica.

En un interesante artículo, Rolando Luque señala que hay una leyenda negra alrededor de los conflictos sociales, en la medida que hay quienes ven en los conflictos manifestaciones absolutamente negativas de la sociedad que se deben condenar y aplacar sin miramientos. Según Luque, la palabra tiene ganada en el habla popular una connotación negativa que los medios (de comunicación) han multiplicado ad nauseam . El conflicto – afirma el autor – pasa a ser en los despliegues de la vida diaria algo repudiable de antemano y, como todo lo que merece ciega condena, escasamente analizado.

Entonces llegamos a un punto donde ni siquiera el diccionario de la academia de la lengua española nos puede dar un significado que nos permita sintetizar la idea de conflicto y menos aún de conflicto social. En este punto, volvemos al texto de Luque , quien señala que un conflicto social no puede ser analizado desde una pizarra “académicamente”, requiere más que matrices de análisis, diagramas de actores, triángulos de conflictos etc.

Entonces – siguiendo a Luque – si el planteamiento de la realidad del conflicto es en muchos casos distinta de la verdad del problema que lo ocasiona y determinar el nivel de complejidad de la realidad en la que nos encontramos requiere ejercicios multidisciplinarios compuesto; intentar definir en que consiste esa serie de hechos sociales que se desarrollan paralela y sucesivamente en una única explicación resulta antes que imposible contraproducente para los procesos de análisis.

Por ello, fotografiar la realidad y darle un contenido lógico ha sido la mayor preocupación de los profesionales de las ciencias sociales; sin embargo, en la mayoría de los casos esta imagen no permite entender la dinámica y complejidades que acompaña la interacción de los actores; por tanto, se exige a los analistas observar los conflictos en conjunto (se podría decir diversas fotografías) con hechos que involucran tanto a los actores principales como pueden ser las comunidad campesina o la empresa minera y otras actores conexos. Así, en base a estas consideraciones sostengo que otorgar un contenido específico a la definición de conflicto social sería una limitación desde el inicio al proceso de comprensión de los elementos que desencadenan la protesta social.

Resulta relevante para la comprensión del conflicto, diferenciarlo de ideas que muchas veces son adscritas a su configuración sin la mayor justificación; un ejemplo de ello es la relación entre violencia y conflicto. Si bien como señala Luque, la violencia en nuestro país ha ganado prestigio, sobre todo ante las relaciones de marcado desequilibrio, donde la superioridad se sustenta en algún tipo de poder (lo cual explica por que la violencia termina siendo un medio más que un fin en los casos de conflictividad social en nuestro país) que facilita el trabajo a quienes quieren demonizar los conflictos como parte de una estrategia para ocultar los problemas estructurales del país, descalificando a los protagonistas y transmitiendo la idea que los conflictos y violencia son la misma cosa .

En todo caso, en el Perú el diálogo llega después de cerrada la carretera, retenida las autoridades o paralizada las actividades extractivas de la zona en conflicto. Ello demuestra que es necesario comúnmente tomar medidas extremas para obtener la atención del poder ejecutivo que será muchas veces el llamado a resolver mediante mecanismos informales los conflictos que ocurren en las distintas zonas del país; esta situación a seudo institucionalizado el papel de las manifestaciones de los protestantes sobre todo las realizadas con violencia pues permiten poner en la agenda pública las razones que generan el conflicto .

2. Un modelo teórico para explicar los conflictos sociales

Tal como he señalado previamente, el análisis teórico de los conflictos sociales en nuestro país se encuentra en construcción. No obstante ello, durante los últimos años, desde las ciencias sociales se ha publicado importantes trabajos que aportan al entendimiento de este complejo fenómeno. Estas investigaciones han desarrollado nuevos bosquejos teóricos que permiten un análisis “científico” de las causas, interacciones entre otros elementos de los conflictos apuntando a obtener soluciones aplicables a nuestra compleja realidad.

En ese orden de ideas, la propuesta sostenida por Meléndez (2008) y desarrollada también por otros autores constituye actualmente lo más nuevo y resaltante en el ámbito académico peruano respecto a estos temas en los últimos años .La propuesta pretende abordar el análisis de los conflictos sociales desde una perspectiva desmitificadora de elementos evidentes en toda protesta como pueden ser la violencia estructural, la impronta ideológica de algunos “lideres radicales”, la falta de institucionalidad, la relación pobreza – desigualdad, etcétera . Esta nueva manera de enfocar el conflicto busca centrar su atención en determinados factores que intervienen en la aparición de los mismos los cuales están conformados por las identidades de los actores, las capacidades de organización de la protesta, los costos y beneficios de la acción colectiva, los cambios en el contexto político y construcción de marcos de referencia sobre la protesta. Ahora bien, es importante

señalar que las propuestas teóricas que se señalan resultan ser un marco teórico de carácter referencial en el desarrollo de la tesis, toda vez que la raíz de nuestra investigación tiene como principal objetivo centrarse en los aspectos jurídicos relativos a la propiedad sobre las tierras de las comunidades campesinas en un contexto de conflictividad social generada por la actividad minera.

No obstante ello, a pesar de no ser la intención de la presente investigación profundizar en el desarrollo de esta propuesta teórica, considero que aporta a los fines de la investigación el hecho de presentarlo; por lo tanto, debe considerarse que el análisis desarrollado a continuación contiene una finalidad expositiva y complementaria la cual aportará multidisciplinariamente a la visión jurídica del problema que busca resolver la presente investigación.

a) La teoría de la privación relativa

La teoría de la privación relativa ha sido tomada de las ideas de Ted Robert Gurr, quien sostiene que:

La relación percibida entre privación (entiéndase privación de bienes y derechos) y el concepto de la teoría frustración-cólera-agresión otorga un fundamento para una definición más general de la magnitud de la violencia y más precisión en la especificación de que comprende. La proposición básica sobre la relación frustración-agresión es que a más grande la frustración, más grande la cantidad de agresión en contra de la fuente de la frustración .

Siguiendo a Gurr, Meléndez sostiene que las condiciones que determinan los comportamientos extremos se encuentran enmarcados en cambios estructurales que producen comportamientos psicológicos disruptivos, un aislamiento social que genera alienación y ansiedad, y las inconsistencias de status que provocan disonancias cognitivas conformando esto en su conjunto el núcleo de la acción violenta (2008).

La variabilidad de las determinantes señaladas se encuentran en relación con las expectativas y capacidades de los sujeto. Así, la propuesta teórica sostiene que la distancia, entre las mismas (brecha) marca el nivel de frustración del colectivo. Por ejemplo, ante las expectativas generadas en un contexto determinado como puede ser el «proceso de descentralización» se abre una enorme brecha frente a la poca o nula capacidad de los gobiernos regionales y locales para implementar y cumplir las nuevas funciones delegadas lo que coincide además con la pobre ejecución de sus presupuestos; un caso similar se repite ante las expectativas derivadas del canon minero energético que colisiona con la incapacidad – nuevamente – de los

gobiernos regionales y locales para gestionar proyectos de inversión pública ocasionando una enorme frustración en la población que conoce de la existencia de ingresos pero no percibe mejoras a costa de este. Ahora bien, un punto importante de esta teoría es la necesidad que tiene el colectivo de determinar la fuente de la frustración, el denominado “culpable” que se será objeto de la acción colectiva; por otra parte, existen ocasiones en que reconocer al o los responsables no será sencillo, en todo caso la aplicación de esta noción esta en función a la complejidad del hecho a analizar.

b) Teoría de la movilización de recursos

Primero, la conducta (colectiva) implica costos; por tanto, los sufrimientos o deprivaciones no se traducen fácil o automáticamente en la actividad de los movimientos sociales, especialmente en la actividad de movimientos sociales de alto riesgo; el cálculo de costos y beneficios, no importa cuán elemental, implica elección y racionalidad a algún nivel. La movilización fuera de las rutinas de la vida social y familiar, fuera del trabajo y el ocio, es problemática. Segundo, la movilización de recursos puede ocurrir tanto desde dentro del grupo afectado como por fuera de éste. Tercero, los recursos son movilizados y organizados; por tanto, el proceso de la organización es crucial. Cuarto, los costos de la participación pueden ser aumentados o disminuidos por el Estado, por respaldos sociales o por represión. Y quinto, en tanto la movilización es por mucho problemática, también lo son los resultados de los movimientos. No hay correspondencia directa o unívoca entre el nivel de la movilización y el éxito de la misma .

Es decir, nos encontramos antes un paradigma teórico que señala la posibilidad de analizar los conflictos (en este caso vinculados a la actividad minera) relacionando la protesta con los costos y beneficios de la movilización, y como se logran articular recursos materiales, simbólicos y organizativos que permiten llevarla a cabo. El análisis prestará atención sobre la importancia de los procesos organizativos: sólo puede protestar quien es capaz de articular todo lo necesario para ello, y para esto es necesario experiencia, redes preexistentes, recursos, tiempo y mostrar que los beneficios de la movilización superarán los costos en términos de riesgos, posibilidades de éxito, entre otros (el subrayado es mío). Dentro de este paradigma, es crucial la intervención de brokers o empresarios políticos, agentes externos, que por consideraciones políticas, ideológicas y de muy diverso tipo intervienen en los conflictos, asumen parte de los costos de la acción colectiva, realizan gran parte de las tareas organizativas y hacen posible la movilización. Aquí el énfasis está puesto en los cálculos estratégicos quehacer de los actores de las ganancias y pérdidas asociadas la movilización (De Echave).Finalmente, sobre esta teoría es importante señalar que durante la década de los ochentas se la presentaba como postura alternativa al paradigma de la identidad, también llamado paradigma de los “nuevos movimientos sociales” que postulaba un análisis a partir de lo que estaría detrás de las protestas sería una disputa por estilos de vida, relaciones entre pobladores y

entorno; de un lado, comunidades que buscan preservar relaciones tradiciones y, del otro, empresas y Estado que aceptan que la minería altera sustancialmente esas relaciones, pero consideran que los beneficios que se generan sobrepasan largamente los costos. Actualmente esta diferenciación ha sido superada, la teoría de los movimientos sociales propugna una suerte de modelo integrado entre el paradigma de la identidad cultural y la movilización de recursos en el cual se deben atender por igual tanto las variables relacionadas con los temas de identidad, percepciones y visiones culturales, así como con variables organizativas y los cálculos y evaluaciones de costos y beneficios que realizan los actores .

c)La estructura de la movilización: “Teoría de la acción colectiva”

La teoría de la acción colectiva desarrollada por Mark Irvin Lichbach en su libro The Rebel´s Dilemma plantea que la disyuntiva entre protestar o no protestar se resuelve a partir de las respuestas ante las distintas barreras que pueden impedir que la gente proteste. Es decir, desde un principio la acción colectiva presenta un dilema entre manifestarse o no hacer nada; ante aquel hecho los responsables de la acción colectiva tienen que desarrollar mecanismos o tomar medidas que establezcan las condiciones necesarias para que la gente proteste.

Debemos tener presente – tal como lo señala Meléndez – que lo racional es no protestar (2008). Por ello, entre las acciones que se debe definir será cuan costosa es la protesta, si requerirá periodos largo y a través de que mecanismos plantearemos las soluciones si se presentarán inconvenientes para la acción colectiva planificada o no planificada. Por su parte, De Echave et ál, identifican esta disposición por la acción colectiva como las estructuras de la de movilización, serían los vehículos colectivos, informales así como formales, a través de los cuales las persona se movilizan y comprometen en acciones colectivas .

Por otro lado, es necesario diferenciar la administración de los recursos para la protesta y el dilema frente a la acción colectiva. Una buena administración de los recursos para protestar disminuirá considerablemente las posibilidades que los sujetos no opten por la acción colectiva, es decir, hay una relación – a mi parecer – de causa efecto entre estas dos posturas. Desde un punto de vista integrado, realizada una buena organización es muy probable que los sujetos llamados a protestar lo hagan, sin duda cabe la posibilidad que no se supere el dilema del rebelde planteado por Irving Lichbach, pero en todo caso las condiciones – al menos teóricamente hablando – deberían proyectar resultados exitosos en cuanto a la acción colectiva.Finalmente, Meléndez sostiene que frente a los problemas para la acción colectiva es importante determinar en que medida la solución al problema puede encontrarse en la estructura y relaciones preexistentes en el grupo u organización que plantea

la acción colectiva, es decir, desarrollar un marco donde se pueda anteponer los intereses colectivos a los individuales, se creen condiciones donde se incrementen los beneficios y se perciba con mayor facilidad la posibilidad de ganar.

d) Teoría de la estructura de la oportunidad política

La estructura de oportunidades políticas hace referencia al contexto en el que operan los movimientos sociales y las acciones colectivas en general; nos remite a cuán favorable o adverso es ese contexto para la movilización, hasta qué punto se enfrenta un sistema permeable o no a las demandas sociales y hasta qué punto se cuenta con apoyo de actores relevantes .La oportunidad política debe ser entendida como el “momento” que se genera en el escenario político y facilita la acción colectiva de determinados actores que buscan ejecutar algún cambio con la protesta. Esta estructura de oportunidad política puede generar una percepción de mejora en la posición desafiante de los que protestan, limitando así los costos de la misma, esta capacidad de enfrentarse permitiría acortar las distancias a la obtención del fin.Pero, ¿en que dimensiones se manifiesta un contexto de oportunidad política? La teoría no es uniforme en ello pero puede concluir que existen determinados escenarios políticos que favorecen la consolidación de un contexto de oportunidad política. En ese sentido, Meléndez (2008) señala que debemos considerar cinco supuestos donde se presentaría estas condiciones: i) Incremento de acceso al sistema político de manera parcial o limitada, un ejemplo de ello sería el proceso de descentralización que ha permitido la delegación de funciones y responsabilidades a distintas autoridades al interior del país, originando nuevas dinámicas políticas tanto en regiones, provincias y distritos; ii) Inestabilidad de los alineamientos políticos, esta característica se presentaría en los casos donde existe una falta de consenso político por la gobernabilidad y se ve reflejado muchas veces en la predisposición de determinadas autoridades hacia los conflicto sociales; iii)La presencia de aliados influyentes, esta situación se presenta cuando aparecen otros actores con capacidad de movilidad y apoyo a la protesta; dependiendo del caso, estos actores podrían ser también organizaciones internacionales y autoridades nacionales o extranjeras; iv) División de poderes, se presenta generalmente cuando el sistema político esta dividido, donde la inestabilidad da un paso adelante convirtiéndose en una lucha política por reconfigurar la distribución de poder y cambiar el sistema; y v)Represión estatal, esta característica requiere un manejo cauteloso pues mal administrada puede generar una protesta masiva a la que no se le puede hacer frente con la simple represión de las fuerzas policiales.En conclusión, las oportunidades políticas que se presentan en la coyuntura, dependiendo del grado de apertura presente en las autoridades y de la existencia de momentos percibidos como cruciales tendrán importantes consecuencias de mediano y largo plazo. En este plano es importante la intervención no sólo de actores nacionales, sino también de actores transnacionales, dada la naturaleza global de muchos de los conflictos asociados a la actividad minera. Muchas de las empresas son transnacionales, y los conflictos en una región en el mundo impactan en las conductas de las empresas en otras regiones .

e) Procesos de encuadramiento o construcción de marcos de referencia: El marco interpretativo de la protesta

Señala David Snow que la mayoría de los análisis sobre la participación en movimientos ha sido conceptualizado como variante de dos genéricas perspectivas sobre movimientos sociales: la perspectiva psicofuncional o psicología social y la teoría sobre la movilización de recursos. Según Snow, a pesar que estos enfoques son rutinariamente yuxtapuestos como perspectivas contrarias sobre movimientos sociales, ambos mantienen tres deficiencias fundamentales respecto al tema de la participación en movimientos sociales. Estas teorías niegan el proceso de interpretación del resentimiento, sugieren una visión estática de la participación y tienden a sobre generalizar la participación en relación al proceso de protesta . Frente a este vacío de ideas, Snow propone lo que él denomina un marco de procesos de alineamiento (frame alignment processes) que no es otra cosa que el proceso de encuadramiento o construcción de un marco de referencia aplicado a los conflictos sociales; es decir, la elaboración del marco interpretativo que sirva como un puente conceptual que vincule los enfoques de la psicología social con la movilización de recursos.

En una primera y más sencilla dimensión se debe entender este enmarcamiento del conflicto como “el puente” que permita la relación entre individuos y organizaciones que comparten una problemática similar, pero que carecen de base organizacional para expresar su descontento. Así mediante la elaboración del marco de referencia o interpretativo del conflicto se logran establecer intereses, valores y creencias en los individuos que vayan en la línea de las actividades, metas e ideología de los movimientos, de tal modo de hacerlos congruentes y complementarios facilitando su adhesión a las distintas causas que originan una protesta. Este “marco” se constituirá como un esquema de interpretación que permita a los individuos localizar, percibir, identificar y etiquetar los hechos dentro de su espacio de vida y el “mundo exterior”, lo que Meléndez (2008) denomina un atajo cognitivo para que los actores comprendan, se solidaricen y en el mejor de los casos apoyen la protesta. Así también Meléndez señala que existen cuatro tipos de enmarcado que pueden desarrollarse: i) El enmarcado puente, es aquel que permite la conexión entre el individuo y la organización; ii) La amplificación, es el esclarecimiento o fortalecimiento de la demanda a través de la apelación de valores (identidades, idealizaciones) o creencias (estereotipos, culpabilidades), por ejemplo: nación aymara o movimiento cocalero etc.; iii) La extensión, aquella que busca extender el grupo de adherentes, inclusive los no afectados directamente; por ejemplo bajo el lema: “Únete a la lucha”, y iv) La transformación, que exige reenmarcar constante el discurso del movimiento para no perder base social.

Para concluir es importante recalcar que la aplicación de este marco teórico para explicar los conflictos sociales no puede aplicarse a todos los conflictos por igual, en todo caso su aplicación depende del contexto y queda en manos de los investigadores utilizar las herramientas teóricas que más se vinculen al conflicto que están analizando.

2.1 Estado, tipos y fases de los conflictos sociales en el Perú

La Defensoría del Pueblo (específicamente la Unidad de Conflictos Sociales a partir del año 2007) viene emitiendo desde el año 2004 reportes mensuales sobre la situación de conflictividad social que acontece en el país. Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado que recopiló información y analizó algunos conflictos sociales a partir de la segunda mitad del gobierno del Presidente Toledo. En la especialización, metodología y diseño de los distintos reportes de la Defensoría del Pueblo se puede observar la evolución en el manejo de la información que esta viene adquiriendo. En ese sentido, pasar de reportar (en su primera etapa) la toma de conocimiento de algunos conflictos relevantes alrededor del país a analizarlos y clasificarlos por sus características, detallando además los hechos más relevantes, sirvió sin duda a facilitar el desarrollo de trabajos posteriores sobre el tema.

De esta manera, la Defensoría ha distinguido los distintos estados en los que puede encontrarse un conflicto clasificándolos en :

a.Activo: aquel conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de reclamaciones formales o informales.

b.Latente: aquel conflicto oculto o aparentemente inactivo, en este tipo de conflicto se puede observar la concurrencia de factores que tiene un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.

c.Resuelto: aquel conflicto cuya conclusión mediante acuerdo, emisión normativa, resolución judicial o administrativa, etc. Restablece las relaciones entre las partes en condiciones de armonía. No obstante nunca es posible asegurar que la resolución sea definitiva.

Según Miguel Levano en cuanto a los conflictos socioambientales mineros, estas etapas pueden articularse en dos momentos. Así un primer momento se desarrolla a partir de la necesidades de las empresas mineras de llegar a un acuerdo con las comunidades para la autorización de la exploración (esta necesidad sería evidente a partir del año 2003). Majaz, Canyari y Cajamarca son ejemplos de ello. Un segundo momento es omitir este primer momento, el cual se agrava con la autorización del Ministerio de Energía y Minas para la exploración a pesar de no haberse llegado a un acuerdo con la comunidad .

Estos momentos serían los principales – pues se dan con mayor frecuencia -, no obstante se pueden presentar otras circunstancias, como los conflictos por accidentes ambientales. Asimismo, se pueden generar conflictos con el paso a la fase explotación del proyecto minero, generalmente estos casos son consecuencia de un inadecuado manejo de los proceso de participación ciudadana. Un ejemplo de esto es el caso de Morococha donde se va a trasladar a toda la población, situación similar a lo planteado en Tambogrande.

Por otra parte, para diferenciar los conflictos por sus características la Defensoría del Pueblo en una primera etapa organizó los conflictos a partir de los escenarios donde acontecían los mismos, estos eran: a) Municipal, donde se presentaban cuestionamientos a autoridades locales, b) Ambiental (luego denominado Socioambiental), relativo a los enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales, c) Comunal, conflictos entre comunidades por delimitación de propiedad, acceso a los recursos; d) Gremial – sectorial, reivindicaciones laborales o gremiales, e) Regional, conflictos entre departamentos por demarcación territorial o acceso a los recursos y f) Cultivo de coca, cuestionamientos de agricultores de hoja de coca a política gubernamental de erradicación de cultivos. Sin embargo, esta clasificación evolucionaría, posteriormente sería modificada presentándose a partir del Reporte Mensual Nº 50 (Abril 2008) una tipología de conflictos, los cuales han sido definidos de la siguiente manera:

i.Conflictos socioambientales: aquel tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.

ii.Conflictos por cultivo ilegal de coca: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.

iii.Conflictos electorales: conflicto social cuya dinámica gira en torno a la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.

iv.Conflictos por demarcación territorial: conflicto social cuya dinámica gira en torno al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales.v.Conflictos comunales: conflicto cuya dinámica gira en torno al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.

vi.Conflictos labores: conflicto social cuya dinámica gira en torno a los derechos laborales.

vii.Conflictos por asuntos de gobierno nacional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública del gobierno central.

viii.Conflictos por asuntos de gobierno regional: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos regionales.

ix.Conflictos por asuntos de gobiernos locales: conflicto cuya dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos locales.

x.Conflictos por otros asuntos: categoría genérica donde se circunscriben conflictos que no cumplen con la definición de los anteriores. Ej. Reclamos de estudiantes universitarios – a nivel nacional – a los transportistas por el cobro del medio pasaje.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha diferenciado las etapas por las que atraviesa un conflicto activo distinguiendo cinco fases: a) Fase temprana, momento en la dinámica del conflicto social en el que las partes son conscientes de sus diferencias, han identificado a sus opositores y expresan públicamente sus posiciones; b) Fase de escalamiento, momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan, haciendo muy difícil generar una oportunidad para el diálogo; c) Fase de crisis, momento en la dinámica del conflicto social en el que se presentan hechos de violencia física directa cometidos por las partes o alguna de ellas; d) Fase de desescalamiento, momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuyen y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo, y e) Fase de diálogo, proceso comunicativo directo o mediado, orientado a construir acuerdos entre las partes, es una opción presente en toda la vida del conflicto social.Finalmente es importante recalcar que lo planteado por la Defensoría del Pueblo es resultado de años de trabajo institucional en la prevención y solución de conflictos sociales a lo largo de todo el país. Por lo tanto, tener presente estas consideraciones permitirá entender mejor los distintos procesos de conflictividad social que acontecen en nuestra realidad.

2.2Breve evolución histórica de los conflictos sociales en el Perú 1980 – 2008

La presencia de conflictos sociales durante nuestra vida Republicana ha sido una constante. Los problemas nacionales que generaron guerras civiles, golpes de estado, represión política etc. alcanzaron finalmente su máxima expresión durante el conflicto armado interno que sufrió el país a partir de los años 80. Durante estas décadas un considerable número de

peruanos lucho y murió por destruir lo que consideraban un “imperfecto” o “ilegitimo” sistema democrático. Para graficar las terribles consecuencias de esta lucha interna solamente basta mencionar que se constituyo como el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de toda la historia republicana, significó la muerte de 69,280 peruanos, algo que nunca había ocurrido en nuestros casi 200 años como República , degenerando en conjunto a otros factores las bases para reemplazar el endeble sistema democrático que conducía al país hacia una nueva dictadura, la cual nos gobernaría durante 10 años.

Respecto a los conflictos sociales durante nuestra corta historia como país, no esta demás decir que han sido las grandes convulsiones sociales las que han marcado la caída de nuestros pocos regímenes democráticos y el principio del fin de los más encumbrados autoritarios. Sea como fuere, al final de cuentas ninguna de estas dos formas de gobierno ha podido resolver los lastres del sistema, la fractura social de un Estado fallido, la inoperancia frente a la exclusión, y el racismo de gran parte de la sociedad peruana. Una sociedad que vive de espaldas a la falta de distribución de la riqueza, inerme ante esa promesa incumplida que se llama Perú.

Por lo tanto, no esta por demás señalar que los conflictos sociales se encuentran vinculados históricamente al éxito o fracaso de nuestros gobiernos, las dictaduras podrán conjurarlos mientras tenga el favor y control total del sistema y las democracias en tanto el péndulo social y político crea en sus ventajas; sin embargo, en el Perú nunca se sabe.

2.2.1 Conflicto armado interno en el Perú

El conflicto armado interno que enfrento al Estado Peruano con los grupos terroristas Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (en adelante, PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante, MRTA) marcaron sin duda un hito respecto al nivel de conflictividad social que puede llegar a sufrir el país. Este conflicto significó no solamente un cambio cruel en la manera de enfrentarse contra el Estado (en los años previos al inicio del conflicto y durante los primeros años del mismo las fuerzas del orden mantenían en el recuerdo y sus manuales el modelo de guerra de guerrillas a lo “Che Guevara” como el que fue impulsado en nuestro país por Luis De la Puente Uceda y el APRA rebelde contra el gobierno de Belaunde) además desencadenó una serie de violaciones a los derechos humanos producto de las extremas acciones violentas cometidas por los terroristas y las fuerzas del orden, ocasionando conforme a las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la muerte de más de 69,280 peruanos y peruanas durante todo el periodo que duro el conflicto (1980 – 2000).

Si bien es duro y complicado reseñar este proceso de conflictividad social que vivió el país durante casi dos décadas, abarcando tres gobiernos. Considero necesario referirme a las condiciones políticas, sociales y culturales que determinaron el

origen del conflicto armado interno en el país, estas consideraciones – no lo olvidemos – es muy importante tenerlas presente para que nunca más se repitan.

En ese sentido, la CVR señala que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar la denominada “guerra popular” contra el Estado. Así para concretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando e ideologizando pequeños núcleos de jóvenes a través de los cuales busco asentarse en los márgenes rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. SL buscó explotar así las antiguas falla históricas que atraviesan el Estado y la sociedad peruana; y aprovecho los graves errores cometidos al responder a su desafío por parte de los sucesivos gobiernos a partir de 1980 y las Fuerzas Armadas y Policiales .

Pero ¿Cuáles son las causas que originan un conflicto tan largo como el que vivió el Perú? ¿A que responde el inesperado nivel de violencia que coloco al país en una de sus trances más difíciles? Coincidiendo con lo señalado por la CVR, existen causas estructurales que determinaron la aparición del conflicto, las cuales no se explican citando simplemente a la pobreza como factor explicativo de una violencia estructural generadora de violencia política. Las causas se encontrarían en las múltiples brechas que atraviesan el país. La más visible y dramática es la que separa ricos y pobres. Tanto o más que la pobreza misma, importa la inequidad, las abismales diferencias entre los que más tienen y los que sobreviven. Pero no se trata sólo de una distribución desigual de la riqueza sino también del poder político y simbólico, incluyendo aquí el uso de la palabra quién “tiene derecho a hablar”, quién es escuchado y a quién se le prestan oídos sordos. Esto es importante de destacar pues SL ofreció a sus seguidores un discurso que producía la ilusión de abarcar toda la realidad, así como la posibilidad de hacerse escuchar y de silenciar. Riqueza y poder se distribuyen desigualmente a lo largo de nuestro territorio, produciendo estas y otras brechas .

Entre Lima y provincias. A la desigual distribución del ingreso se suma el centralismo que creció en las décadas previas al conflicto. A causa de ello, la cobertura territorial del Estado resultaba insuficiente. Hasta la década de 1970, en partes significativas del Perú rural la presencia del Estado era casi inexistente (aún en la actualidad hay zonas al interior del país donde para llegar desde la capital de la provincia por vía terrestre toma varias horas, sino días, denunciando esta falta de conexión vial la total ausencia del Estado).

Asimismo, a largo del S. XX, también las viejas divisiones estamentales se fueron resquebrajando, volviéndose sus fronteras más porosas y borrosas. Sin embargo, las asimetrías entre criollos, mestizos, cholos e indios no desaparecieron. Estas más bien se reformularon, y siguieron pesando en el país las discriminaciones étnico-culturales y raciales. El entrelazamiento de estas inequidades y discriminaciones produjo una creciente percepción de agravio y desconfianza, por lo tanto no es de extrañar que precisamente en el polo pobres – provincianos – serranos – rurales – cholos e indios es donde se ha constatado el mayor número de víctimas. Por otra parte, comenzaría un proceso de modernización social expresada a

través de los procesos de migración a las ciudades, la escolarización masiva, la explosión demográfica y los nuevos liderazgos juveniles que fueron importantes impulsores de múltiples procesos de organización social en el campo y la ciudad. Todo lo anterior alude a un proceso de modernización inacabado y desigual, hecho de intentos desperdigados, intermitentes y muchas veces truncos, sea por la ausencia de una visión de conjunto y de largo plazo entre las elites políticas, empresariales e intelectuales que condujeron el país; sea por el entrampe político y/o insuficientes de proyectos nacionales que, de haber sido exitosos hubieran logrado al menos un desarrollo económico sostenido que ampliara significativamente el mercado interno y propiciara un mayor integración del país en sus diferentes planos: económico, social, simbólico .Esta situación le permitió contar a SL con capas sociales sensibles a propuestas de ruptura radical con el orden establecido, la cual les ofrecía una identidad muy fuerte frente en contraposición a dos mundos: el tradicional andino de sus padres que al menos parcialmente ya no comparten, y el urbano – criollo, que los rechaza por provincianos, mestizos; además de amplias áreas geográficas donde podían emprender su tarea, especialmente aquellas ubicadas en una suerte de limbo entre la modernidad instalada más que nada en el discurso político y en las expectativas.

En el plano institucional, el conflicto armado interno encontró un Estado poco legitimado. Las críticas socialistas a la democracia representativa, los sucesivos gobiernos militares además de la guerra fría fueron una serie de acontecimientos que mellaron la credibilidad en un modelo de Estado democrático cuando por fin se alcanzó luego de la extensa dictadura militar (1968–1979). Es así que el estallido del conflicto armado interno encontró entonces un Estado desbordado pues la “transición democrática” abarcaba campos más allá de aquellos relacionados directamente con el cambio de régimen político. Por una parte hacia el año 1980, el tamaño del aparato estatal había crecido, sin embargo debido a la crisis económica el Estado como institución tenía más dificultades para cumplir con sus obligaciones con sus ciudadanos. El conflicto que habría de enfrentar a SL con el Estado Peruano encontraba un contexto particularmente propicio para el inicio de la guerra popular, no solamente porque la sociedad mantenía las fracturas sociales ya mencionadas (pues no se había alcanzado éxito alguno en el proceso de movilización social) sino además la clase política peruana – los responsable de hacerle frente ideológicamente – no estuvo a la altura del contexto histórico. Estas y otras condiciones permitieron que la caracterización del país hecha por Sendero Luminoso como semifeudal, del régimen militar como fascistas y de la transición democrática como la “tercera reestructuración del Estado burocrático-terrateniente” tuviera acogida en diversos sectores de la sociedad peruana y favorecía en un primer momento al conflicto armado interno.

2.1.1 La época de la anti-política: Fujimori y la desestructuración del sistema de intermediación política

El proceso de despolitización – como resultado de la guerra subversiva en el interior del país y en las zonas urbano populares – fue aprovechado para expandir el proyecto antipolítico fujimorista, el cual se desarrollo sobre base de un sistema de

clientelismo político en las zonas populares, la militarización de las zonas rurales y la utilización de una política contrasubversiva como instrumento político después de haber vencido militarmente a Sendero Luminoso (SL) y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La prédica antipolítica de Alberto Fujimori contra los partidos políticos llamados “tradicionales” gozó de un alto respaldo en la opinión pública nacional (debido a los evidentes desaciertos cometidos por estos), la herencia de la crisis económica aprista y la extensión de la violencia política (que no pudieron comprender y contener ni Acción Popular ni el APRA). Estos flagelos se interpretaron como las consecuencias del penoso desempeño de los partidos políticos “tradicionales” que gobernaron el país durante la década de los ochenta.

Vencido SL y el MRTA, la estructura contrasubversiva militar que desplegó Fujimori se mantuvo, pero rápidamente fue tomando un cariz político. Los estados de emergencia establecidos en gran parte del territorio nacional se mantuvieron, lo que implicaba la suspensión de derecho civiles y la subordinación de las autoridades civiles al mando militar. Esta situación se complemento con altos niveles de clientelismo político que impulsaba el Gobierno mediante los programas sociales que generaban una imagen de democratización en tanto satisfacían determinadas demandas sociales.

Bajo este esquema militar – clientelista, muy profundizado en las zonas rurales, la relación del régimen con la sociedad adquirió características de represión. Los conflictos sociales, fueron reprimidos y traducidos bajo la amenaza oficial de ser caracterizados como «terroristas». Las voces de protesta o de simple insatisfacción con un esquema de gobierno represor en lo político y neoliberal en lo económico (que siempre tuvieron entre sus detractores a los grupos más ultra, que generalmente manifestaban su descontento con movilizaciones sociales), no pudieron politizarse debido a la amenaza de ser acusado y procesados judicialmente en la época de mayor tensión social como «actos de traición a la patria» y; por lo tanto, no pudieron canalizarse por las estructuras institucionales del Estado, sino que quedaron reprimidas hasta que llegará una apertura democrática.

Por ello, con el final del Fujimorato se termino también un largo proceso de desestructuración del sistema de intermediación política. La sociedad peruana durante gran parte del Siglo XX, se caracterizo por un sistema de mediación que Julio Cotler denominó «triángulo sin base» , en el que la cúspide (generalmente representada por el poder gamonal) se relacionaba con los dominados de forma vertical y sin generar vínculos horizontales entre los miembros de la base. Este esquema suponía una relación autoritaria en la que el vértice controlaba el poder económico, político y social, y las bases no tenían capacidad de agregar intereses.

Ni la dictadura de Velasco, ni los partidos políticos que gobernaron después pudieron cambiar este esquema, lamentablemente ambos proyectos tuvieron errores y falta de visión fracasando finalmente. Así, las propuestas corporativas de los partidos políticos, como forma de mediación con la sociedad, se fue debilitando aún más con el crecimiento de la violencia. En ese contexto, la combinación de militarización y clientelismo de Fujimori supuso un nuevo esquema, un sistema vertical pero inestable, móvil antes que permanente. Como carecía de organización política, el fujimorismo estableció

sistemas de clientelas que variaban mucho de lugar en lugar. No se enraizó en la estructura estatal. La utilizo medianamente pero sin cooptarla del todo, más dependiente de la coyuntura y de la acción – reacción que de un proyecto político de largo aliento.

El esquema de representación formulado por el Fujimorismo era como una suerte de línea discontinua entre el vértice y las bases, lo que finalmente terminó debilitando los pocos intentos gregarios de mediar intereses. Como resultado, las respuestas a las demandas sociales eran parciales, coyunturales, de satisfacción efímera, que requerían un «ida y vuelta» permanente entre el gobernante y la población. De ahí la vertiginosa presencia del ex presidente y de sus seguidores en los problemas que se suscitaban en el país, manteniendo el centralismo y el poder de la capital.

A pesar de su inestabilidad, el esquema fujimorista mantuvo un vértice, aunque muy supeditado a las relaciones prebendistas. El clientelismo articulaba demandas sociales con soluciones políticas, logrando determinado nivel de relación con las bases mediante los programas sociales. Sin embargo, una vez entrado en crisis el Fujimorismo y manteniendo aún nuestra clase política una relación desarticulada con los grandes intereses locales y regionales, los procesos de intermediación política desaparecieron por completo. Por ello, la apertura de un nuevo régimen político luego de la caída del Fujimorato constituía el momento preciso para el desembalse de los requerimientos de gran parte de la población peruana.Sin actores políticos nacionales que cumplan roles de intermediación de demandas en el plano local y regional con la eficiencia que asegure la pertenencia a una organización que transmita los requerimientos de las localidades a los centros de toma de decisiones, estas demandas sociales adquieren forma de protesta y en muchos casos pueden desbordar la débil institucionalidad estatal que existe en el interior. La transición del gobierno autoritario de Fujimori al democrático posterior a él (Paniagua y Toledo), no tuvo como complemento una transformación del sistema de intermediación: el clientelismo no fue reemplazado por un sistema de mediación de demandas, ya que los que supuestamente cumplirían este rol – los partidos políticos – habían perdido presencia, dominio y conocimiento de las realidades locales, y alcanzando refugio en las representaciones nacionales – como el Legislativo – que terminaría siendo exclusivamente, a pesar de las nuevas elecciones con distrito electoral múltiple, manteniendo agendas centralistas.

2.2.3 La democracia en transición: Toledo y el auge de los conflictos sociales

Al fin de la campaña y ya proclamado presidente, Alejandro Toledo, un economista de origen humilde, graduado en la Universidad de Stanford y con un Doctorado en Harvard, parecía ser aquel hombre que sintonizaba con las expectativas y necesidades de las grandes mayorías, aquel “Perú profundo” que mencionaba durante su campaña. Simbolizaba aquella esperanza que sosteníamos los peruanos respecto a la nueva dirección del país, esta vez bajo un sistema democrático que debía redistribuir mejor la riqueza.

Sin embargo, desde el inicio de su gestión la administración Toledista tuvo momentos difíciles; debió enfrentar movilizaciones sociales, desbordes populares y actos de violencia que conforme avanzaba el gobierno se hacían más contundentes y constantes. Muchas hipótesis se elaboraron en torno a las posibles causas que originaba esta explosión de conflictividad social, para la cual no se presentaron respuestas de un Estado desprevenido. Desde el plano teórico, los primeros enfoques sostenían que la conjunción de fragmentación social, persistencia de la tradición (en contraposición con la modernidad), la extensión de la pobreza, la incapacidad del Estado para construir su legitimidad y la imposibilidad de formaciones hegemónicas (propuestas que conectadas entre sí generarán una posición representativa), intentan explicar la razonabilidad de la protesta social .En todo caso, resulta paradigmático que durante este periodo de gobierno confluyeran una serie de factores que hicieran prever un gobierno positivo y sin sobresaltos en la gestión pública. Luego de un crecimiento sostenido, iniciado el segundo semestre del 2001, ya a partir del año 2005 podía afirmarse la consolidación del crecimiento de la economía peruana. Un indicador relevante, como el crecimiento del producto bruto interno tenia entre sus causas la mejora del comportamiento en diversos sectores económicos (inversiones fundamentalmente); el contexto internacional también era favorable, la aceleración de la demanda interna y la puesta en marcha de proyectos como el de Camisea y distintos programa habitacionales habían jugado a favor del desarrollo de la económica nacional hasta ese momento. Sin embargo estos éxitos macroeconómicos no se reflejaban necesariamente a nivel microeconómico; esta disyuntiva expresada coloquialmente en el llamado «chorreo» que se puede entender como el traslado de la riqueza generada hacia los niveles micro que son finalmente los que inciden en el nivel de satisfacción de las clases más necesitadas. Esto fue señalado claramente por Jürgen Schuldt al referirse (en el contexto socio económico del año 2004) que “observamos preocupados y sorprendidos a la vez, no solo la insatisfacción generalizada de la población – que ciertamente no se limita a lo económico – respecto a su nivel de vida actual, sino asimismo en comparación con el que alcanzara en el pasado y, sobre todo, en relación con sus expectativas a futuro” . Ahora bien, la complejidad de este hecho debe enmarcarse en torno a la frustración que fue significando la administración de Toledo; así, tal como lo señala Ballón citando datos de la encuesta de Apoyo Opinión y Mercado, podría sostenerse que el éxito económico era inversamente proporcional a la imagen del presidente, el primer año de gobierno la popularidad del presidente cayó del 62 por ciento a menos del 20 por ciento; en 2004, llego a la cifra ínfima de 8 por ciento; y, en el primer semestre de 2005, se recuperó ligeramente, superando el 30 por ciento .Así, puede sostenerse que la situación económica del peruano promedio respecto a las expectativas de redistribución de la riqueza constituía una de las múltiples causas del sostenido descontento social al que hizo frente el Toledismo. Sin embargo, a pesar de ser el tema económico un punto sumamente álgido en relación a todo el esquema de conflictividad social que se presentó durante el periodo 2001 – 2006, en la revisión de los conflictos más recurrentes, se observa más la presencia reclamos puntuales antes que demandas estructuradas frente al modelo económico que formulan una simple oposición sin incurrir jamás en propuestas que puedan ser negociadas .

En todo caso, estamos frente a un contexto donde confluyen una serie de problemas estructurales generados por la ausencia de un sistema de intermediación política (como ya señale se agravó durante el Fujimorismo), la inconsistencia del partido de gobierno (Perú Posible fue quebrándose como plataforma política conforme terminaba el gobierno) y la incapacidad de emprender reformas en el manejo del Estado que realmente democratizaran el ejercicio de la función pública . Esta situación conforma el punto de partida para enmarcar las consideraciones que se construyan en torno a las protestas y disturbios sociales ocurridos durante este periodo de gobierno.La Defensoría del Pueblo comenzó a reportar y monitorear algunos sucesos de conflictividad social a partir de los hechos ocurridos en Ilave (abril 2004). En aquel tiempo aún no se había desarrollado una tipología de conflictos sociales, la cual sería propuesta posteriormente por dicha institución. Para el año 2004, aún los análisis sobre conflictos sociales eran muy pocos y nada especializados enfocados en su gran mayoría a proponer mecanismos de manejo de solución de conflictos antes que documentos que analizarán sus causas intrínsecas y ayudaran a evitar la etapa de crisis . Si bien se reconoció la existencia de protestas sociales con diferentes características (actores, causas, tiempo – espacio), las discusiones centrales teorizaban respecto al carácter constitutivo del hecho social, si configuraba un movimiento social o eran una simple manifestación de acción colectiva. En todo caso, más allá de la forma de cómo se ejecutaba la protesta, las manifestaciones más importantes y reiteradas que se sucedieron durante el gobierno de Toledo fueron las siguientes: 1) Conflictos entre el Gobierno Nacional y el Gremio Cocalero; 2) Conflictos laborales, que iban desde la luchas por la reposición de trabajadores despedidos durante el gobierno de Fujimori que se agrupaban en centrales sindicales, donde la CGTP logro posicionarse como un interlocutor relativamente valido (haciéndose recurrentes sus llamados a «paros nacionales») hasta las protestas de sectores dependientes del Poder Ejecutivo como salud, justicia y educación donde el SUTEP alcanzó logros importantes, entre los más significativos alcanzados por protestas durante el Toledismo ; 3) Conflictos contra autoridades municipales y regionales y 4)Conflictos entre empresas mineras y comunidades asentadas en su ámbito de influencia, en este último tipo, el caso de la Oroya y el conflicto minero en Tambogrande serían simplemente la primera etapa de una serie de protestas y reivindicaciones sociales que pondrían nuevamente en agenda una serie de problemas intrínsecos al tema de las industrias extractivas, donde la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales emergieron como dos de los puntos más importantes a debatir dentro de esta dinámica de conflictos, lo cual era algo relativamente reciente en aquellos días.

El Gobierno del Presidente Toledo ya había sufrido una serie de paros regionales y huelgas exitosas de diversos sectores profesionales cuando los hechos violentos ocurridos en Arequipa (Junio 2002) por el intento de privatizar EGASA y EGESUR establecieron un antes y después en la relación del Gobierno con la población. Por primera vez, la administración Toledista mostraba abiertamente su incapacidad para concertar acuerdos y emprender las políticas que consideraba beneficiosas para el desarrollo del país. El saldo de los enfrentamientos en Arequipa no se restringió al número de víctimas civiles (dos muertos

y más de ciento cincuenta heridos) tuvo además terribles consecuencias políticas, no solamente sobre la figura presidencial, que se veía reflejada en la disminución de la aprobación en la encuestas, sino además en la renuncia del ministro del Interior de aquel entonces, Fernando Rospigliosi, la cual dejaba una sensación de vacío de poder e incertidumbre de cara al control y solución de los problemas sociales.Lamentablemente las protestas no cesarían. El movimiento cocalero alcanzaría cierto auge gracias a sus manifestaciones: bloqueos de carreteras, movilizaciones y paros regionales en las zonas cocaleras ejerciendo presión sobre el gobierno, manteniendo exigencias impresentables como el cese de la erradicación forzosa de la coca, el rechazo ante los programas de cultivos alternativos impulsado por DEVIDA, etc. También las protestas contra el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos – TLC estuvieron en la agenda de la protesta durante este periodo. Asimismo, sindicatos de diversos sectores del Estado marcharon exigiendo mejoras salariales, trabajadores de construcción civil, protestas de maestros dirigidas por el SUTEP que se sumaban a las constantes protestas universitarias enmarcando el escenario de social del día a día durante los cinco años del régimen Toledista.El descenso en la aprobación presidencial, como ya se mencionó, generó también durante muchos momentos del gobierno, presiones para que el presidente «se haga a un lado» aunque – como ya sabemos – finalmente ello no ocurriría. Mientras tanto, se esperaba una respuesta contundente ante la situación inestabilidad social que se vivía, el gobierno no obtendría tregua social alguna hasta las postrimerías de su mandato. Por otra parte, la respuesta política y las acciones que utilizaba el gobierno frente a los conflictos sociales no estaban necesariamente enfocadas en encontrar respuestas a las protestas que amenazaban la estabilidad del régimen (el sistema democrático en general), lo que generaba un sentimiento de zozobra ante la fragilidad de la gobernabilidad y el futuro del país . No obstante ello, el gobierno en ejercicio de su autoridad y haciendo uso de su ius imperium¸ aplicaba la fuerza pública para mantener el orden interno y hacer cumplir las leyes prevaleciendo una dimensión instrumental del Estado . Sobre este último punto, Costa y Basombrio (ex Ministro y Viceministro del Interior durante el Gobierno de Toledo), resaltan que frente a un conflicto social violento, el Estado – en este caso el Ministerio del Interior – contaba con tres instrumentos: a) el trabajo de inteligencia, que sirve para conocer los conflictos en su fase de maduración y está a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia; b) la política, con la que se puede prevenir, resolver o desactivar los conflictos, y es responsabilidad de la Dirección General de Gobierno; y c) la fuerza pública, que vela por que no se altere el orden ni la tranquilidad y es tarea de la Dirección General de Policía .Sin embargo, tal como señalan Barrantes y Peña, el gobierno del Presidente Toledo carecía de una estrategia que posibilitara el uso de estos instrumentos para enfrentar las protestas y sus expresiones violentas. Este caso, hablando de conflicto sociales de manera general, se veía reflejado en la gran pregunta que transitaba en los más altos niveles de gobierno, que se cuestionaba respecto a la necesidad o no de aplicar una política de «mano dura» para restaurar el orden .

Basta revisar los decretos supremos que declararon Estado de Emergencia en «todo o parte del territorio nacional» durante la gestión del ex presidente para inferir que prefirió solucionar los problemas de conflictividad social apelando al uso de la fuerza (representada por la policía y militares) en vez de salidas concertadas que permitieran encontrar intermediarios políticos para las protestas que tuvieran motivaciones dialogables. Más aún, durante el gobierno de Toledo, la debilidad y los problemas para resolver los conflictos sociales se acentuaban con las dificultades que tenía la policía para enfrentarse a los manifestantes que muchas veces los superaban en número y frente a los cuales no podía ejercer medio de violencia extrema que vulneraran los derechos humanos de los protestantes. La dificultades para contener la protesta por la policía será también un tema que se abordará años después en la nueva administración del presidente García, la cual mediante la delegación de facultades legislativas emitiría una serie de decretos que criminalizarían el ejercicio de la protesta, a su vez de ampliar las potestades de las fuerzas del orden para su intervención en la contención o disolución de las protestas sociales. Para Barrantes y Peña , los estados de emergencia suscitados durante el periodo de Toledo demostraron ser ineficientes tanto en controlar los disturbios como para proteger las vidas de los ciudadanos . Sobre este punto es importante recalcar nuevamente que el debate respecto a los límites de las acciones de las fuerzas del orden durante enfrentamientos con muchedumbres que actúan generalmente con violencia tuvo mucha influencia en la forma de afrontar las protestas por parte del gobierno de Toledo. No obstante ello, no se alcanzo a iniciar una reforma policial o mecanismos que permitieran prevenir nuevos conflictos. Las limitaciones al ejercicio de la fuerza pública en un régimen democrático fueron parte del debate nacional por ese entonces; como ya se señalo líneas arriba, aún no se analizaban los conflictos como las manifestaciones de problemas más profundos, enfocándose las acciones o reacciones ante el sistema excluyente, las fracturas sociales, culturales y económicas pero también los recursos para protestas, las limitaciones para la acción colectiva y la oportunidad política que se conjugaban en contra de mecanismos que permitieran conducir el descontento social por cauces representativos (aunque estos tampoco existían).A pesar de todo, considero que Toledo tuvo que enfrentar demandas sociales con un nivel mínimo de articulación entre sus integrantes, plataformas esencialmente reivindicativas y cortoplacistas o, en su defecto, expresiones de un estado de ánimo sin mayor capacidad propositiva, las cuales finalmente no se articulaban con otros sectores imposibilitando por una parte mayor presión sobre el gobierno pero también dificultando soluciones integrales y larga duración. Si bien no se puede dejar de lado que diversas protestas alcanzaron altos niveles de violencia como el llamado «Arequipazo» o el linchamiento del alcalde de Ilave, los cuales son claros ejemplos de una forma de protestar que legitimaba el uso de la violencia. Estos hechos reforzaban la idea de encontrarnos ante un Estado fallido, un sistema democrático imperfecto incapaz de canalizar las demandas y tramitarlas sin el mayor costo social y económico posible. Los conflictos sociales durante este periodo de gobierno fueron una fuente inagotable de disyuntivas, dilemas que se mantendrían hasta los últimos días del gobierno.

El Perú de Toledo nos confrontó con un escenario paradójico, en el que simultáneamente asistíamos a una gran estabilidad macroeconómica, una profunda incapacidad política y un descontento social creciente , un escenario en el que casi todos los conflictos sociales eran posibles. Las expectativas que generó la caída de Fujimori naufragaron ante la inexperiencia y falta de humildad para dirigir un Estado que necesitaba una clase política coherente con los retos que implica la reconstrucción del sistema democrático. La ausencia del Estado fue perenne en la mayoría de los conflictos, la acción estatal casi siempre fue tardía, supeditada al nivel de bulla que escuchara de la calle. Todo ello condujo a generar falta de legitimidad en el gobierno de Toledo, la cual terminaría embullado en el denominado sistema «tradicional» de conducción política, validando con sus errores una propuesta política como la Ollanta Humala, quién prometía terminar con la frivolidad que se había instalado durante los últimos cinco años Palacio de Gobierno y cumplir lo que Toledo prometió pero no pudo hacer durante su estancia en el sillón de Pizarro. ¿El peruano humilde y pobre disfrutaría de la bonanza económica? La figura del «outsider» aparecía nuevamente como una posibilidad latente y de cambio ante statu quo. ¿Nuevamente regresaba la oportunidad perdida que había significado para el votante humilde el gobierno de Toledo? Si bien al final la decisión del votante terminó optando por aquel que aceptó la denominación de «mal menor», en el momento que redacto la presente tesis me asalta la duda de no saber si el actual gobierno no es simplemente el prolegómeno de aquel salto al vacío.

2.2.4 El País de la Protesta: Los conflictos sociales durante el segundo Gobierno Aprista

Para muchos fue inesperado, la Alianza Popular Revolucionaría Americana (APRA) volvía a erigirse con el poder, luego de vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al candidato Ollanta Humala. El contexto electoral visto por etapas resulto ser desconcertante para muchos electores. El ganador de la primera vuelta hacia unos cuantos meses no figuraba en las encuestas, los grupos de poder tenían a su favorita Lourdes Flores, liderando las encuestas hasta poco antes de las elecciones generales obteniendo en el último tramo un empate técnico con el partido fundado por Haya de la Torre, cuya posibilidad de llegar nuevamente a palacio y dirigir el destino de nuestro país se consolidaba ante la candidatura de Flores y en medio del estupor sino burla de no pocos votantes. Como en toda contienda electoral, la crítica mendaz, los alineamientos políticos inesperados, las calumnias y contra campañas fueron parte de la rutina común durante todo el proceso. Pero sin duda, fue García quién mejor se posiciono frente al electorado, logrando finalmente que la voluntad popular lo lleve nuevamente al sillón presidencial . El marco electoral se desarrolló en un contexto donde ubicarse al centro político resultó ser la mejor carta de presentación, quienes estuvieron en los extremos como Lourdes y Humala, terminarían perdiendo los votos necesarios para hacerse con la banda presidencial. Cada uno de ellos, ya sea por causas propias o externas termino siendo etiquetado; la prensa y ciertas posturas verticales y

autoritarias en el caso de Humala y las inadecuadas decisiones políticas en Lourdes fueron determinantes en la capitalización electoral de García, quién se presentaba como el «cambio responsable» recogiendo las reivindicaciones de todos los sectores sociales mediante promesas que de ganar – aseguraba – transformaría en políticas públicas que permitieran la participación de todos los peruanos en el éxito económico que venia disfrutando el país, aparte de mantener la aplicación en lo central y necesarios del modelo económico impulsado desde la época de Fujimori.Una vez electo, esta segunda versión gubernamental de García recibía un crecimiento económico sostenido, un contexto internacional favorable y un país pacificado, relativamente en orden a comparación de la amenaza senderista que confluyo y extendió durante los años de su primer gobierno. Sin embargo, una vez ubicado en Palacio, el presidente se desentendió de casi todas sus promesas electorales incumpliendo incluso su muy difundido Plan de Acción Inmediata (PAI) como lo demostraría la Asociación Civil Proyecto Coherencia en su portal Lupa 180º . La suscripción del Tratado de Libre Comercio, del cual denostó durante toda la campaña; la falta de autoridad para exigir el impuesto a la sobre ganancias para empresas mineras, que fue una recurrente promesa electoral durante sus giras por los departamentos mineros, el cual que terminaría siendo cambiado por el denominado «óbolo voluntario»; la ausencia de políticas públicas para la agricultura de subsistencia y el mercado interno fueron solamente algunos de las primeras decisiones u omisiones políticas que iban a contracorriente de las promesas electorales. Planteado brevemente el contexto del regreso de Alan García a la presidencia de la República, debemos señalar que términos generales – más allá del tiempo que tomo el proceso de redacción de la presente tesis – el nivel económico del país se mantiene estable, más allá de las dificultades originadas por la crisis financiera internacional; el gobierno ha priorizado dos acciones ante esta situación: 1)El incremento de la inversión en infraestructura y 2) La promoción de las de inversiones extranjeras en diversos sectores económicos del país. Por otra parte, el adecuado manejo de la caja fiscal y control de la inflación y otros factores como la obtención del grado de inversión en el 2008 hacen al Perú un destino atractivo para grupos extranjeros que buscan invertir en sectores estratégicos y con mucho potencial a futuro.No obstante lo éxitos económicos, la administración del Presidente García se ha visto complicada también con la presencia de conflictos sociales, los cuales han ido incrementándose sostenidamente desde antes del inicio de su gobierno, alcanzando en muchos casos, altos niveles de tensión social y gubernamental. Por señalar un ejemplo, según cifras de la Defensoría respecto al total de conflictos sociales registrados mensualmente a Junio del año 2007 – a menos de un año de haberse asumido el nuevo mandato presidencial – había 75 casos de conflictividad social registrados entre activos y latentes. Estos conflictos han alcanzado a Marzo de 2009 la cifra de 238 conflictos sociales. Por lo tanto es evidente que el incremento sostenido de conflictos sociales en el país se ha constituido en la regla .Sin embargo, analizar el proceso de conflictividad social en lo que va del gobierno presenta un reto por la amplitud de información y la complejidad de los fenómenos que la componen. Así, citando nuevamente la base de datos de la Defensoría

del Pueblo se puede verificar que en Julio de 2006, el mes que el Presidente García asumió su mandato, en el país habían 82 conflictos sociales entre activos y latentes . De este dato resalta que el 90% (74 conflictos) se encuentren catalogados como latentes y solamente 8 en la condición de activos. Esta situación puede interpretarse como un proceso de incubación de conflictos sociales que desataría los índices de conflictividad social en los próximos meses que siguieron, pues esperaban – desde el punto de vista político – quizás mayores definiciones en el escenario político nacional dado que las elecciones regionales y municipales se efectuarían en pocos meses. Los reportes de estos meses dan cuenta de conflictos que irán marcando la pauta en la forma de ejercer la protesta, redefiniendo en algunos casos la postura gubernamental respecto a la manera de tratarlos. Encontramos por ejemplo, en el reporte sobre el mes de Julio de 2006 referencias al conflicto entre las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta con la empresas Minera Majaz (actualmente Río Blanco Copper); el Conflicto entre la Minera Yanacocha y la comunidad de Combayo que alcanzó cierto revuelo mediático por la muerte de un poblador, además de poner el tema del agua y la minería en agenda; la toma de instalaciones de la empresa Petrolera Pluspetrol, que aún se encuentra explotando los Lotes 1AB y 8, por parte de la comunidad Achuar, debido a la contaminación del río Corrientes entre otras degradaciones ambientales cometidas por PlusPetrol y su antecesora la Occidental Petroleum Company – Oxy, protesta que culmino exitosamente con la firma de un acta y el compromiso de las más altas autoridades del ejecutivo a cumplirla; finalmente también podemos encontrar el primer reporte de la Defensoría sobre el conflicto entre comuneros y la empresa Catalina Huanca en Ayacucho (Noviembre 2006). No obstante, los ejemplos señalados, no todos los conflictos tienen como actores involucrados industrias extractivas y comunidades; por el contrario, – como ya se señalo previamente – la Defensoría estableció primero escenarios para circunscribir los conflictos sociales, estos escenarios posteriormente servirían como antecedentes para elaborar una tipología de conflictos sociales que facilitó el manejo y monitoreo de la información.

Es importante señalar que los conflictos sociales acontecidos en lo que va del gobierno no implican necesariamente manifestaciones en contra del Poder Ejecutivo. En muchos casos se busca principalmente alguna respuesta de los niveles de gobierno a diferentes reivindicaciones como las laborales – salariales. Un ejemplo claro de ello son las huelgas de los maestros del SUTEP que han sido bien conjuradas por el APRA. También debemos tener presentes los Paros Nacionales como de los Trabajadores del Sector Salud durante los últimos meses del 2008 los cuales no hubieran tenido solución de no ser por la salida del ministro del sector; protestas relevantes han protagonizado también docentes universitarios por la homologación de sus haberes con magistrados del poder judicial; otro conflicto de carácter nacional fue también el pedido de los ex trabajadores aportantes FONAVISTAS quienes exigen mediante un referéndum (aprobado por el Tribunal Constitucional) la devolución del dinero aportado. De igual modo, el Paro Nacional convocado por la CGTP en Julio de 2008

podría considerarse un hecho relevante; sin embargo, en la actualidad estos gremios exceptuando quizás a los médicos, han perdido fuerza y capacidad de movilización.Ahora bien, los conflictos que han puesto en jaque la capacidad del gobierno para formular respuestas se han producido al interior del país. La consulta vecinal sobre el Proyecto Minero Majaz (ahora Río Blanco) en Septiembre de 2007, en los distritos de Carmen de la Frontera y Paicapampa y la Provincia de Ayabaca, obteniendo un contundente «No» a la minería, lo cual finalmente ha polarizado más las posiciones respecto al desenlace de este proyecto cuprífero, uno de los más importantes del país, no solamente por su valor mineralógico sino además por el nivel de inversión que requiere. Una movilización social muy importante por su trascendencia respecto a las decisiones políticas fue la protagonizada por organizaciones sociales y diversos sectores de las regiones amazónicas que lograron derogar los decretos legislativo 1015 y 1073 haciendo retroceder al gobierno en sus políticas de promoción de la inversión en las tierras de la selva. El problema comenzó cuando en Mayo de 2008, la Comisión de Pueblos Andinos archiva el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Proyecto de Ley Nº 1992/2007-PE, que tuvo la misma redacción del Decreto Legislativo Nº 1015 que sería publicado unos días después. En todo caso, por las presiones sociales y políticas en Junio del mismo año se publicaba el Decreto Legislativo Nº 1073 que modifica el literal B) del artículo 10º, especificando sobre el número de miembros necesarios para la toma de decisiones de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, el tema más álgido y criticado de dicho decreto legislativo. Sin embargo, en los primeros días de Agosto comenzaría el para amazónico, sólo cuatro días después, luego de que los nativos awajun tomaran la central hidroeléctrica El Muyo, el Gobierno decidiría enviar una comisión para el diálogo. No obstante ello, se desconoce al Ministro de Ambiente, Antonio Brack como interlocutor legítimo argumentando que no tiene potestades dentro del gobierno para resolver el problema, orinando que el 18 de agosto mediante Decreto Supremo Nº 058-2008-PCM, el Gobierno declare el estado de Emergencia las provincias de Bagua y Utcubamba del Departamento de Amazonas entre otras. Sin embargo, se exacerban las tensiones entre el gobierno y los nativos, sobre todo por la toma por parte de estos del Puente Corral Quemado, vital para el transporte de alimentos y otros enceres. Estos hechos determinan que en reunión en el Congreso de la República la Comisión de Pueblos Andinos derogué los citados decretos legislativos, logrando con ello la suspensión del paro que acataban las comunidades indígenas amazónicas y comienzan las conversaciones con autoridades del congreso. El 22 de agosto se aprueba en el Pleno del Congreso la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073. Finalmente el 21 de Septiembre mediante Ley 29261 se derogaba los dos decretos legislativos.Otro conflicto con alto nivel de movilización social fue la lucha de la población de Moquegua por la distribución equitativa de los recursos provenientes del canon minero por la explotación económica de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala de propiedad de Southern Peru Copper Corporation (SPCC) durante las primeras semanas de Junio del 2008. La paralización de las actividades en el sur del país y el enfrentamiento y reducción de las fuerzas del orden fue denominado «Moqueguazo»¸ alocución que buscaba hacer un símil con los hechos ocurridos en Arequipa durante el gobierno del

Presidente Toledo. Durante las negociaciones para llegar a acuerdos, se descubría que el origen del problema se encontraba en la desidia de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas en tramitar las exigencias del Gobierno Regional de Moquegua que busca una variación en el modo de determinar los ingresos recibidos por canon. El cuestionamiento se centra en la interpretación del artículo 4º del D.S.005-2002-EF, Reglamento de la Ley Nº 27506, Ley del Canon, modificado por el D.S:029-2004-EF. El referido dispositivo establece que “…cuando los titulares posean concesiones mineras en explotación, ubicadas en circunscripciones distintas, la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado, según informe de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas…”. Conforme a la interpretación de las autoridades de Moquegua, la distribución debió realizarse sobre la base del mineral producido para la venta final y no sobre la base de la cantidad de mineral removido para el proceso de producción. Una explicación de esta apreciación radicaba, según información de los actores demandantes obtenida de la empresa SPCC, en que el 52% de la producción de cobre correspondería a Cuajone, mientras el 48% correspondería a Toquepala. Pese a lo anterior, en el año 2007 la transferencia de los recursos de Canon fue de S/.774 Millones de nuevos soles para Tacna y S/488 Millones de nuevos soles para Moquegua, mientras que para el año 2008 se produciría una transferencia de aproximadamente S/.790 millones de nuevos soles para Tacna y S/110 Millones de nuevos soles para Moquegua. La solución a los reclamos de Moquegua sería la raíz de la segunda etapa del conflicto, la cual alcanzaría la crisis debido al cumplir el Ejecutivo con el compromiso de modificar la distribución del canon. El proyecto de ley seña “el valor de venta del concentrado será la medida sobre la que se contabilizará los ingresos por canon, señalando además que en caso la extensión (del proyecto) de la concesión minera en explotación comprenda circunscripciones vecinas, la distribución se hará por parte iguales”. Esta modificación genero malestar en Tacna la cual también comenzó con protestas y realizó finalmente su propio paro regional. Luego muchas mesas de trabajo y reuniones de miembros del ejecutivo con autoridades de ambas regiones y a pesar de la negativa de los líderes tacneños se promulga la Ley Nº 29281que modifica la distribución del canon minero entre Tacna y Moquegua. Pero recién el 26 de febrero del 2009 sería publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 044-2009-EF, Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF y modificatorias, con cual se permite la entrada en vigencia de la redistribución del beneficio entre Tacna y Moquegua y precisa la necesidad de la separación de cuentas de las minas Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), explotadas por la empresa Southern Copper, así como la distribución del canon por el valor de venta del mineral concentrado, tal como aprobó el Congreso.Estos conflictos reseñados permiten señalar en cierta medida como ha sido el accionar del gobierno de cara a los conflictos sociales. Sin duda es imposible, además de no ser objeto de la presente tesis, rememorar todos los procesos de conflictividad social que han acontecido desde Julio del 2006; no obstante ello, estoy convencido que tanto las diferencias por el Proyecto Río Blanco, las diversas marchas en contra de los decretos legislativos dados a raíz de la delegación de función para la implementación del TLC, la repartición del canon entre Moquegua y Tacna, la construcción de la central hidroeléctrica en

Sicuani – Cuzco y otros problemas de carácter local constituyen protestas que exigen una presencia estatal, la cual lamentablemente no se ha dado abasto. En conclusión, la conducción del Estado a través de cauces democráticos durante los últimos 10 años ha significado diferentes retos para nuestra clase política, la cual ha debido aprehender a conjugar expectativas y necesidades dentro de un marco de respeto a las libertades, reconocimiento de las diferencias y promoción de la igualdad ante las leyes. Por ello, a pesar de los factores negativos que puedan encontrarse considero que el balance es positivo, sin duda hay fallas que deben corregirse, además de tener presente que los conflictos no desaparecerán jamás. Las necesidades son ilimitadas y la idea es aprender a conjugarlas; por ello, procesos como la participación ciudadana pueden generar los primeros pasos que permitan obtener soluciones frente a los desbordes de conflictividad social que ocurren en el Perú. Por ejemplo, investigadores reconocidos como Maria Isabel Remy buscan indicios en las pocas posibilidades participación que tenemos los peruanos para influir en las decisiones que nos afectan directamente como la fuente de gran parte de los conflictos sociales enunciados. Ante ello señalo nuevamente, los conflictos sociales no solamente pueden reflejar intereses subalternos que estén en búsqueda constante de manipular la acción social, también pueden dar la mejor señal para saber donde se necesita mayor inversión social, la cual en última ratio es la única que nos permitirá cumplir con la promesa de ser una República de ciudadanos.

2.3. Los conflictos sociales mineros en el Perú

2.3.1 A modo de definición

Se entiende básicamente como conflicto social minero aquella situación en que se enfrentan – no necesariamente de manera violenta – una empresa minera con un determinado grupo social (generalmente comunidades campesinas), por causas diversas que pueden presentarse como disputas de carácter laboral, diferencias respecto al aprovechamiento de determinados recursos naturales (como agua y tierra) y con mayor frecuencia grandes

temores respecto a la posible contaminación ambiental pueda generar la actividad; por otra parte, los motivos señalados no forman parte de un numerus clausus, la lista de causas puede variar conforme al contexto.Por esta razón no existe una sola definición sobre estos conflictos, su configuración resulta en algunos casos muy compleja, conformándose casi siempre por varias motivaciones a la vez. El conflicto puede originarse por la contaminación del río con relaves y a su vez ser un reclamo por mayor trabajo, también se presentan problemas ante la falta de cumplimiento de compromisos como la construcción de infraestructura para la comunidad. Aunque no se puede dejar de señalar que presentan conflictos por diferencias y exigencias claramente marcadas y opuestas, las cuales desde cada punto de vista mantienen su coherencia.

Por otra parte, el análisis de las diferencias entre los actores exige una observación detallada y amplia pues ello permite incorporar el mayor número de variables del contexto que finalmente facilitan la compresión del fenómeno social. Es decir, si bien resulta fácil reconocer la presencia de conflictos entre empresas mineras y grupos poblacionales, es más complicado diferenciar entre las distintas características que presenta cada conflicto, las variantes en lo que respecta a actores, contexto, tipo de proyecto etc.

2.3.2 Antecedentes

Desde el punto de vista temporal, los conflictos sociales mineros no constituyen procesos sociales estáticos que sean circunscribibles a un determinado periodo de tiempo. Ello por que las causas o motivaciones que los generan pueden ser indeterminadas, latentes o sobrevenidas. Esto es, los conflictos aparecen al acumularse una serie de condiciones que generan la protesta (obviamente, siempre y cuando existan capacidades para protestar); una zona muy conflictiva hace 10 años puede que ya no lo sea ahora, quizás porque la empresa minera que explota en la zona consensuó una solución favorable para todos los actores, o porque simplemente la actividad ya cesó. Pero puede suceder también y de hecho han ocurrido conflictos en zonas donde luego de pequeñas resistencias a proyectos mineros, estos finalmente fueron incorporados y aceptados como parte de la nueva dinámica económica y social de la población; sin embargo, ante noticias de un nuevo proyecto minero o la ampliación del aceptado socialmente se generen nuevamente una serie de enfrentamientos y hechos de violencia que impidan nuevas operaciones en la misma localidad (Ej. Cerro Quilish en el 2004). Los conflictos sociales mineros siempre han estado presentes durante toda nuestra historia, ya sea por ser el Perú un país minero a la fuerza o por el hecho de estar la minería siempre vinculada a una serie de expectativas sociales como las laborales; además esta actividad extractiva ha sido en muchas etapas de nuestra historia una fuente importante de ingresos para los distintos gobiernos, cuya expresión actual no es más que una versión recargada y mejor regulada que antaño.Más aún, estos enfrentamientos han servido también para poner en agenda una serie de consideraciones que antes no se tomaban en cuenta o se tenían por sobre entendido. En ese sentido, el papel del Estado en la relación “gobierno – sociedad” ha sido quizás uno de los aspectos más importantes pero poco analizados, lo cual requiere una mención aparte. No obstante ello, sin pretender profundizar en este punto, resulta necesario mencionar que la institucionalidad estatal y su papel frente a la conflictividad social minera representan de manera general uno de los más grandes retos para el Estado Peruano. Ello no solamente por lo que la minería significa para el Perú sino además por los deberes del Estado mismo para con sus ciudadanos, los cuales son claros y han sido por demás reconocidos en diferentes normas, tratados internacionales y la propia Constitución.

2.3.3 Aproximaciones a las causas de los conflictos sociales mineros

Los conflictos sociales mineros han ido acentuándose y consolidándose dentro de un espectro nacional de conflictividad social. El impacto de las protestas contra empresas mineras durante los últimos años han marcado por semanas sino meses la agenda gubernamental en sus tres niveles: nacional, regional y local.

Aunque puede señalarse que el auge de estos conflictos mantiene una estrecha relación con el aumento internacional del precio de los metales es evidente también que este tipo de conflictos viene desde muy atrás pero alcanzan su mayor expresión en un contexto de libertades democráticas como lo fue el régimen toledista. Por ejemplo, el conflicto minero en Tambogrande desatado durante los primeros años de esta década termino siendo el primer gran enfrentamiento en contra un proyecto minero que logró imponerse ante impotencia de las autoridades gubernamentales y los inversionistas. El proyecto aurífero Tambogrande marcaría un antes y después en la relación «Estado-Minería-Comunidades Campesinas», se reformularían decretos supremos, se abriría el debate respecto al papel de la inversión minera en el desarrollo nacional.La importancia de los conflicto mineros no solo se encuentra en función a la magnitud y violencia que puedan generar, también en muchos casos ponen en debate los modelos de desarrollo: la eterna contraposición minería-agricultura, los intereses económicos y políticos que se encuentran en juego y la sostenibilidad de una actividad que como toda inversión a largo plazo tiene muchos vaivenes propios de toda industria sujeta al mercado internacional; así los conflictos por la disposición de recursos naturales que se superponen con la actividad minera representan una disrupción donde la intranquilidad social tiene una importante incidencia en el nivel de riesgo de las inversiones. Resulta evidente que los conflictos sociales mineros tienen su origen en diversas causas; sin embargo, responder que motiva a una población para que en mayor o menor medida sostenga protestas pacificas o violentas ejerciendo algún nivel de influencia sobre el Gobierno y el desarrollo de los proyectos mineros, no resulta en un primer momento sencillo. No obstante ello, las causas que se han venido identificándose en el transcurso de los distintos procesos de conflictividad sociales sirven como base para comenzar a desarrollar el presente punto. Así, en opinión de Miguel Levano, comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, estas causas se encontrarían ligadas primero a la falta de un Estado que actué adecuadamente; constituyendo quizás la causa fundamental porque a ella se vinculan otras causas que originan los conflictos socioambientales; en segundo lugar estaría el temor de la población, que no es otra cosa que la desconfianza a la actuación del Estado, que cuando está, inmediatamente genera una reacción en el imaginario colectivo de la comunidad que cree que se va a beneficiar a la empresa, proteger a la inversión en vez de defender o proteger los derechos de las comunidades campesinas. Finalmente una causa fundamental tendría que ver con el marco normativo específico, donde se presenta una serie de cruces entre normas, superposición y vacíos normativos. Lo cual refleja un gran problema porque demuestra que el marco normativo ambiental no se encuentra establecido de forma integral y complementaria. Cada sector genera sus propias normas, las cuales además son en muchos casos contradictorias pues unas protegen el medio ambiente y otras promueven la inversión .

Estas causas pueden identificarse a partir de la aplicación integrada de las teorías señaladas en el numeral 3.1.2. Así mismo, deben considerarse las causas identificadas por la Defensoría del Pueblo, a las que deben sumarse las señaladas por otros investigadores. Esta multiplicidad de enfoques permite complementar tanto el panorama estructural con el proceso de desarrollo de la protesta.Ahora bien, considero pertinente además señalar la visión del particular del conflicto que se desarrolla en la presente tesis. Si bien, está parte sin duda del marco normativo especifico en la cual el conflicto se genera a partir de la imposibilidad de encontrar una fórmula legal que armonice la relación entre el derecho de propiedad (posesión) de las comunidades campesinas sobre sus tierras y las concesiones mineras que otorga el Estado para el aprovechamiento por particulares; encontramos que no solamente deben ser entendidos como la confrontación de dos derechos que compiten por el acceso a la superficie; sino además se trata de un tipo de conflicto donde como se demuestra en los capítulos siguientes se ha venido priorizando un derecho respecto al otro, generando la condiciones de desconfianza que imposibilitan luego un manejo adecuado de la protesta de quienes se ven afectados o dejados de lados a costa de sus derechos.Es importante señalar además que la visión del conflicto social minero como la contraposición de dos derechos (territorio comunal vs. concesión minera) no busca ser reduccionista, en tanto no se queda en el análisis jurídico de cual derecho vale más, lo cual desbordaría el objeto de la presente investigación; sin embargo, si se reconoce que debe entenderse la situación actual del conflicto entre ambos derechos a partir de la evolución de nuestro marco normativo que tiene etapas, donde el valor de la tierra comunal presentaba un valor casi sagrado (inalienable, imprescriptible e inembargable) bajo un modelo y, posteriormente (luego de 1991) comienza un declive a favor de otros derechos respondiendo a las necesidades y exigencias del modelo y situación económica que nuestro país enfrentaba. Lo señalo una vez más, los conflictos sociales – como todo lo humano – no son estáticos, representan la confrontación de visiones e intereses que generan cambios dependiendo del contexto en los cuales se desarrollan.

La actividad minera nunca dejo de estar libre de denuncias por atropellos a los derechos de las comunidades campesinas que se encontraban dentro de su ámbito de influencia; el caso de Yanacocha durante la primera mitad de la década de los noventa es didáctico, dicha compañía empezó a comprar tierras en Cajamarca sin tomar en cuenta valor de opción de las terrenos que adquiría otorgando por hectárea montos irrisorias para el valor que su subsuelo contenía. También motivaría conflictos las disposiciones relativas al procedimiento de servidumbre minera, disposiciones para el acceso a las tierra comunal que fueron mal aplicadas permitiendo que muchas empresas mineras aprovecharán del desconocimiento e

ignorancia de comunidades campesinas sobre sus derecho para ser despojadas de sus tierras o en el mejor de los casos reasentadas pero sin un plan de desarrollo alternativo que les permitiera comenzar de nuevo manteniendo o mejorando su estilo de vida. Estos hechos habrían de mellar con el paso del tiempo la confianza en el Estado y las empresas mineras, ello originó una serie de necesidades por parte de las comunidades de informarse aunque aún así no recibirían respuesta del Estado. Este trabajo educativo sería asumido en su primera por Organismos No Gubernamentales - ONGs, los cuales serían participes de distintos proceso de conflictividad social en los años siguientes, además de alentar la conformación de diversos espacios para promover el debate y la reforma en la legislación del sector minero.Como ejemplo de conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras podemos mencionar aquel que enfrentó a los pobladores de la provincia de Espinar en Cuzco contra la empresa BHP Billiton Tintaya donde la discusión se centraba en la disputa por el manejo de las tierras comunales que eran destinadas antes que llegue la minería a uso agropecuario y a la gestión de los recursos hídricos. También fue parte de la agenda, las expropiaciones de tierras que tuvieron un impacto negativo en los pobladores, que al perder sus tierras comunales, no tenían mecanismos para procesar los reclamos respecto a estos procedimientos. Esto generará diversos conflictos que sin embargo lograron superarse volviendo al caso Tintaya un ejemplo importante de la capacidad de diálogo concertado entre los actores. Así como en este caso, se han presentado diversos conflictos ocasionados por proyecto mineros como Río Blanco de Zinjin Group, Cerro Quilish de Yanacocha o Las Bambas de Xstrata. Estos conflictos han retrasado, paralizado o impedido el pase a la fase de explotación de estos proyectos, cada uno presenta características comunes y diferentes, las cuales son conjugadas para desarrollar el marco que permita conocer el proceso de conflictividad social.Si bien en la actualidad se mantienen buenas prácticas sociales por parte de algunas empresas mineras (específicamente “gran minería”) y además se ha modificado la regulación socioambiental del sector, aún se mantiene el incremento global de conflictos sociales ya sean estos en la fase exploratoria o extractiva del proyecto. Es decir más allá de los logros alcanzados aún se mantiene una serie de causas, motivaciones o estructuras que retroalimentan nuevos conflictos. Estas motivaciones pueden verse justificadas en los impactos sociales y ambientales de la actividad minera o también en relación a diversas causas señaladas por la Defensoría del Pueblo, tales como :

a)Incertidumbre y temor a la contaminación ambiental; en este caso, la Defensoría resalta el poco conocimiento que en muchas casos se tiene respecto a los impactos específicos que tendrá la actividad minera en la vida de las personas ubicadas dentro de su ámbito de influencia. Por otra parte, la contaminación aún constituye un estigma relacionado con todo proyecto minero que no se ha podido superar.

b)Problemas sociales como la exclusión, desigualdad y discriminación; en muchos casos, los proyectos mineros se ubican en zonas donde la población se ha visto marginada del progreso económico que ha disfrutado parte de la población en

los últimos años. Estas fracturas sociales que aún se mantienen en nuestro país terminan siendo una debilidad que dificulta en diversos términos el inicio de actividades mineras, desarrollar vínculos de comunicación, confianza y respeto con poblaciones que han sido dejadas de lado por el Estado puede ser finalmente un proceso largo y tedioso que no todas las empresas mineras están dispuestas a comenzar.

c)Problemas en la gestión y en la institucionalidad ambiental siendo fuente de desconfianza de la población; tal como lo señala Revesz y Diez (2006) nos encontramos ante un «triangulo sin cúpula». En la figura que construyen estos autores, la trinidad conformada por Comunidades, Empresas y Estado forman un triangulo que tiene como base a este último, el cual debe cumplir con la función de promover la inversión y la responsabilidad de hacer respetar los derechos de las comunidades. Sin embargo, tal como señalan estos autores (2006: 78): “El Estado claudica de su función de regulación social y privilegia su rol de soporte a la inversión minera más que a las poblaciones locales – con la excepción notable de la Defensoría del Pueblo –”. Revesz y Diez sentencian:

[El Gobierno] ha dejado de lado la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a compatibilizar la presencia y el crecimiento de las industrias extractivas con las aspiraciones que tiene las poblaciones por salir de la pobreza y caminar hacia el desarrollo sostenible. En el terreno, la gestión con la población queda en manos de la empresa minera y, si no entienden, el Estado no asume su rol arbitral y toma partido por la inversión .

d) Externalidades ambientales negativas y su impacto en actividades económicas distintas a las extractivas; ante que tierras comunales, el territorio de las comunidades campesinas también deben ser consideradas como parte del recursos natural suelo. Este concepción permite comprender con mayor amplitud los impactos negativos que puede ocasionar un proyecto minero, no solamente se enajena en términos prácticos la tierra comunal a favor de la concesión minera; además, estas actividades mal llevadas pueden ocasionar daños irreparables a las fuentes de agua, la cual se puede filtrar en el suelo dañando no solamente la productividad de la tierra sino también puede ocasionar la contaminación de agua subterránea que dependiendo de la zona puede tener distintos como el agrario.

e) La actuación de las empresas en los conflictos socioambientales; según la Defensoría del Pueblo, los impactos de una actividad como la minera pueden ser buenos y negativos. Los beneficios radicarían en la generación de empleo y el impulso del mercado local, así mismo, el canon, el sobrecanon y las regalías benefician a los gobierno locales y regionales donde se asientas las operaciones, propician (al menos en teoría) la formulación y ejecución de proyectos de desarrolla para las comunidades. Sin embargo, también se produce un conjunto de impactos negativos como la perdida o degradación de recursos necesarios para la subsistencia de la población como suelo, agua, servicios ambientales, perdida de capacidad

productiva; impacto en la identidad y estructura social; expectativas desmesuradas respecto a los beneficios del proyecto, entre otros . En general, la actuación de las empresas mineras se manejan de en función a las consecuencias de su actividad pueda ocasionar y teniendo en cuentas las cuatro consideraciones señaladas previamente; así, presentando algunas mayor o menor capacidad para el relacionamiento comunitario.

Por otra parte, la Defensoría ha desagregado estas consideraciones señalando las siguientes que procedo a desarrollar:

•Temor a la posible afectación ambiental; esta causa se encuentra muy vinculada a la incertidumbre ambiental que genera la actividad minera.

•Incumplimiento de compromisos; en muchos casos las empresas solucionan los conflictos comprometiéndose a cumplir con determinados acuerdos; sin embargo, muchas de las actas firmadas por empresas mineras y comunidades no se llegan a cumplirse afectando la confianza de la población hacia la misma. Esta situación también puede presentarse también de manera inversa cuando la comunidad incumple con su compromiso de no protestar.

•Demanda de apoyo al desarrollo local; las exigencias que permitan alcanzar el tan ansiado desarrollo comunal son quizás los reclamos más frecuentes que toda empresa minera debe gestionar. Para los pobladores, los ingresos adquiridos de la explotación de recursos naturales no renovables como los minerales deben considerar otros mecanismos de redistribución a parte del canon. Estos pueden ser programas de responsabilidad social empresarial, la construcción de nuevas infraestructuras (para vivienda, educación saneamiento) entre otras requeridas por la comunidad durante el tiempo de vida del proyecto.

•Cuestionamiento a la administración de fondos; en algunos casos los ingresos otorgados por las empresas son administrados en «fondos», generalmente fideicomisos con participación comunal. Lamentablemente, problemas de corrupción y mala administración de estos recursos puede generar nuevamente tensiones entre la empresa y la población

•Disputa por el aprovechamiento de recursos naturales (tierras y agua); los conflictos derivados del aprovechamiento de los recursos son básicamente protestas originadas debido a las nuevas condiciones de acceso al recurso. En el caso de la tierra, esta ya no puede ser usada para actividades agrícola o pecuaria, pues forma parte de la concesión que será explotada, incluso en determinados proyectos la zona de explotación se superpone con la ubicación de viviendas comunales o tierras de uso público como pueden ser la plazas, escuelas, cementarlos etc. Lo cual, sin lugar

a dudas, dificulta los acuerdos respecto a como disponer de estos terrenos. En lo que respecta al agua constituye también un tema de acceso al recurso para uso poblacional y riego; sin embargo, el tema más importante sobre el mismo es la calidad ambiental del agua. Este punto es sumamente complejo pues esta en conexión con el tema de la contaminación.

•Presencia ilegal y ausencia de consulta previa; se ha debatido mucho respecto a sí la falta de consulta previa constituye un supuesto de ilegalidad para el desarrollo de actividades extractivas. No obstante ello, actualmente resulta imposible conocer si los proyectos mineros en ejecución han cumplido correctamente con el requisito del permiso por parte los dos tercios de la asamblea comunal para disponer sobre las tierras comunales. Sin embargo, un supuesto evidente de presencia ilegal se constituye cuando con el simple otorgamiento de la concesión minera que es acto administrativo, se comienza a ejecutar procesos de exploración que exigen una serie de requisitos previos entre ellos el acuerdo comunal anteriormente comentado. En lo que respecta a la consulta previa, actualmente se le considera como un derecho de las comunidades ser preguntadas respecto a que consideraciones tienen sobre el proyecto minero, lo cual además exige cumplir con otra serie de derechos tener acceso a la información adecuada para poder manifestarse libremente. Finalmente es importante resaltar que el derecho a consulta no implica un derecho a vetar la ejecución del proyecto minero.

Estas causas resumen en buena cuenta casi todas las motivaciones de los conflictos sociales mineros que acontecen actualmente en el país, donde además la disputa entre los derechos comunales sobre el territorio y la concesión minera, se integran dependiendo de cada circunstancia.

Análogamente a estas consideraciones también resulta importan analizar las circunstancias que permiten el inicio de la protesta. Estas consideraciones serán desarrolladas en el siguiente punto, el cual aplicando de manera integrada las teorías sobre conflictos señaladas en la primera parte del presenta capítulo desarrolla una propuesta de clasificación de los conflictos sociales mineros

2.3.4 Clasificación

La clasificación que se expone a continuación ha sido desarrollada por De Echave y otros en el texto “Minería y Conflicto Social”, la misma conjuga la aplicación practica de las teorías expuestas páginas arriba, así mismo considero pertinente su aporte pues permite contextualizar los conflictos facilitando su posterior análisis ya sea bajo un marco legal, político, económico u otro.

Los autores señalan que clasificar los conflictos mineros exige aislar algunas variables que permitan identificar y diferenciar la distinta naturaleza, dinámica y tipos de conflictos mineros. Así, los conflictos mineros pueden originarse tanto en nuevas zonas de expansión de proyecto mineros como en zonas con larga tradición de actividad minera; además, los casos pueden presentarse en diferentes etapas de la operación: exploración o explotación; los proyecto que generen los conflicto pueden ser muy diferentes en magnitud y extensión; así mismo, pueden estar ubicados en zonas rurales muy alejados de centros poblados importantes, y otros estar muy cerca de las capitales de provincia de su respectiva región; estos proyecto pueden ubicar geopolíticamente al norte o sur del país tanto en la región natural de la costa como de la sierra; involucrando empresas muy diversas en su capital accionario, con combinaciones diferente de participación nacional y extranjera, así como en cuanto a la procedencia de esta. La clasificación exige determinar las variables más relevantes evitando caer en dos extremos: quedar en la riqueza compleja de cada caso, en la que intervendrían un alto número de variables, y por lo tanto no comparable; y del otro, simplificar en exceso para que pueda caber dentro de un esquema de análisis demasiado sencillo . El modelo propuesto presenta el análisis a partir de dos variables centrales: en primer lugar, la percepción por parte de la población de la magnitud de los efectos que puede generar la actividad minera. Estas percepciones son las que se superponen a los datos supuestamente “objetivos” y determinan finalmente las conductas de los actores. Así, en casos en los que ya existe tradición minera, una gran operación de ampliación de actividades puede ser percibida como menos; y al mismo tiempo, una operación de menor escala, pero en una zona agrícola sin tradición de actividad minera, puede ser vista como gravemente alteradora de la vida de una comunidad. En este punto es importante la información y la formación de opiniones de los actores, la primera impresión muchas veces puede desechar la imagen contaminada de la minería o mantener la desconfianza y al mismo tiempo las expectativas injustificadas (de progreso, generación de empleos), que se construyen sobre la base de experiencias previas o similares cercanas; cuenta también la existencia o no de actividades alternativas a la agrícola y ganadera, o la ventaja de capitalizarse para hacer un cambio de giro o migrar, para determinar cuán grandes serán los efectos . Por su parte, tanto en las empresas y el Estado hay percepciones esteriotipadas en cuanto a su relación con la población: en muchos casos pareciera que consideran las zonas donde van a operar como espacios vacíos, en los que intereses, demandas y eventuales reclamos de la población constituyen cuestiones menores que no pueden entorpecer las operaciones de las empresas, y que, de ser el caso, se pueden solucionar con una combinación de “mano dura”, e hacer vale las concesiones mineras otorgadas a la empresa y dando pequeñas compensaciones .En síntesis, cuando las poblaciones se sienten amenazadas o seriamente afectadas por la actividad minera, tiene motivos para organizarse o movilizarse frente a esta, para negociar los términos de su relación. Sin embargo, esto depende de sus capacidades de acción colectiva. Por ello, una segunda variable importante para la caracterización del conflicto es la capacidad de articulación, su capacidad de superar sus fragmentación y de construir organizaciones o coordinar diversas formas de acción. El grado de articulación-fragmentación depende de muchos factores como la existencia de tradiciones

organizativas, redes, “estructura de movilización”, que se activan en momentos apropiados, de modo que puede aprovecharse oportunidades que abra la coyuntura, o responder a iniciativas de intermediarios o brokers en la facilitación de la acción colectiva; y la presencia de grupos externos fuertes (ONG, iglesias, partidos), que amplifican el debate. En conclusión, los movimientos sociales que sostienen las protestas no tienen que ver principalmente con las situaciones de pobreza o con la opresión, sino fundamentalmente con que pueda responderse a estas con capacidades de movilización y acción colectiva .

Cuando se cruzan ambas variables se obtiene cuatro grandes situaciones :

1.La primera, en la que tenemos altos grados de fragmentación social y una percepción de baja magnitud de afectación de las actividades mineras. En este caso, la dinámica de la protesta será débil, esporádica, asociada a circunstancias puntuales, relativamente fáciles de absorber por las empresas, mediante acciones puntuales con los afectados. En el contexto señalado los bajos niveles de organización, así como la percepción de que es posible “convivir” con la actividad de la mina limitan las acciones de protesta. Además esta también puede ser percibida como una oportunidad de empleo y otros beneficios. La disputa se relaciona con la distribución y destino de los recursos generados por ella, y no está en cuestionamiento su presencia.

2.La segunda se presenta cuando coinciden débiles capacidades de acción colectiva con la percepción de riesgos importantes, o altos grados de afectación por la actividad minera. En este caso, es muy claro que si no hay protestas es porque las capacidades de respuesta de la población son débiles. Esto hace que las relaciones entre las empresas y la población estén signadas por la desconfianza, por una actividad latente que se expresa en acciones de protesta de manera esporádica, pero recurrente.

3.La tercera es la que combina mayores niveles de organización social con la percepción de una afectación consecutiva de la actividad minera en una escala manejable. Es estos casos, los actores sociales se movilizan para negociar mejores condiciones con las empresas, pero no se cuestiona la viabilidad de las operaciones. Aquí podemos encontrar actores sociales con cierta tradición gremial y organizativa, con la presencia de un tejido de organizaciones políticas, actores rurales y urbanos, presencia de ONGs. La actividad minera ya ha pasado a ser “tradicional” en la zona, y por lo tanto se tiene una percepción de una afectación moderada o baja sobre la vida, ya no está en debate la existencia misma de la mina, sino la mejor manera de compartir y distribuir los beneficios que genera.

4.La cuarta situación combina una percepción de alto grado de afectación y una significativa capacidad de organización y movilización de las comunidades afectadas. En este caso estamos ante conflictos abiertos y recurrentes. La percepción de la afectación es alta en un contexto de ausencia de tradición de actividad minera y el predominio de actividades agrícolas. La actividad minera aparece con un potencial altamente disruptivo sobre los estilos de vida imperantes en la zonas afectadas, por lo que el debate sobre la magnitud de la afectación de las operaciones y cómo minimizar los impactos y riesgos ambientales resulta absolutamente crucial. Al mismo tiempo, existe un tejido organizativo importante capaz de articularse con otros actores nacionales y transnacionales en sus disputas. Sin embargo es importante señalar que la sola existencia de organizaciones no implica articulación, y es precisamente esta capacidad que resulta clave para definir los rumbos que siguen los conflictos.

Finalmente, antes de culminar esta clasificación es importante señalar algunos puntos. Primero, la ausencia de protestas no implica la ausencia de conflictividad. Es decir puede haber causas potenciales de conflicto, dadas por la percepción de una fuerte afectación de la actividad minera sobre la vida de la población, pero para que ella se exprese en protestas abiertas tiene que mediar la organización, la constitución de acciones colectivas, no siempre posibles para la población. Sin embargo, esta calma social puede ser aparente, dando pasos a grandes conflictos como los ocurridos en Cajamarca por el Cerro Quilish. Más que evitar la protesta es necesario promover actores sociales fuertes y representativos que “sinceren” la situación en cada caso y permitan canalizar institucionalmente las diferencias de intereses.Segundo, respecto a la amplia o reducida percepción de la magnitud de la afectación producida por la actividad minera, ello constituye un tema subjetivo de evaluaciones y de confianza de la población, así como de la necesidad de tener un organismo público capaz de evaluar con independencia y credibilidad la “verdadera” escala de afectación que generan la actividades extractivas, así como de supervisar, controlar y, de ser el caso, sancionar las violaciones a los acuerdos establecidos y poder reparar y compensar las consecuencias negativas a generarse. Esto es especialmente relevante considerando que estamos hablando de operaciones que se extenderán a lo largo de varias décadas, y que nada parece garantizar que las buenas practicas y ofrecimientos de hoy vayan a cambiar el día de mañana, cuando varíen los precios internacionales de los minerales, o cuando cambie el accionario de las empresas.En tercer lugar, la existencia de actores más consolidados puede llevar a situaciones de colaboración positivas como las mesas de diálogo que permiten de manera concertada decidir sobre como utilizar provechosamente los recursos generados por la actividad minera, minimizando los impactos negativos. Estos espacios donde se reúnen la empresa, el Estado y las comunidades no aseguran que los conflictos desaparezcan, sin embargo permite establecer un canal institucional dentro del cual pueden discurrir .

Finalmente, como resultado de la deliberación y el debate, se puede llegar a la conclusión que en algunas zonas, por una serie razones, la actividad minera puede no ser recomendable. Estos fundamentos deben ser asimilados por la legislación que regula la actividad minera y la disposición sobre los recursos naturales que se encuentran conflicto para ejercerla. Más aún se requiere una visión en conjunto sobre el desarrollo territorial del país, un ordenamiento planificado y concertado que nos permita delimitar cuales son las áreas más adecuadas por sus características ambientales, sociales y económicas más adecuadas para el desarrollo de la actividad minera.

CONCLUSIONES Y APORTES PROPIOS

Desde el regreso al sistema democrático, el índice de conflictividad social en el Perú viene escalando de manera constante, sin que a la fecha el Estado Peruano haya puesto en práctica una respuesta concreta y articulada que no solamente se enfoque en resolver los conflictos cuando ingresen a su etapa de crisis, sino sobre todo para evitar el escalamiento de los mismos.

Así, el incremento de la conflictividad social durante los últimos años viene poniendo en jaque tanto las bases del modelo de desarrollo así como del sistema democrático. Por lo tanto, dada la naturaleza y violencia que han alcanzado muchos de estos conflictos, sobre todo al interior del país, no cabe más que concluir que los mismos constituyen un serio riesgo para la gobernabilidad.

BIBLIOGRAFIA

Fuente: Defensoria del Pueblo. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Reportes Mensuales. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portadawww.google.com.peElaboración Propia