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 Factótum 6, 2009, pp. 77-97 ISSN 1989-9092 http://www.revistafactotum.com Variaciones latinoamericanas en torno al concepto de ciudadanía Luciano Nosetto Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Argentina) E-mail: [email protected] Resumen: A partir de la conceptualización de la ciudadanía operada por el sociólogo inglés T.H. Marshall, varios cientista s socia les y polí ticos latinoameri canos han articulad o inflexion es y reparos que han contribuido a enriquecer y complejizar el pensamiento de la ciudadanía en la región. Es el objetivo de este trabajo dar cuenta de la productividad de estas inflexiones en la redefinición y el debate en torno al concepto de ciudadanía. Para ello, se opta por una estrategia analítica consistente en problematizar las diferentes dimensiones inherente s a la noción de ciudadanía, identificando sus elementos extensivos, intensivos y dinámicos. Palabras clave: ciudadanía, T. H. Marshall, América Latina. Abstract: From the starting point of T.H. Marshall's cannonical conceptualization of citizenship, several Latin American scholars have considere d the accuracy of this notion when it comes to understand the social and political processes of the region. The aim of this paper is to analyze the various inflections operated upon the notion of citizensh ip withi n Latin American thought. This exercise is developed through an anal ytic al strat egy, aimed at identifying and problematizing the various dimensions i.e. extensive, intensive and dinamic, that characterize this concept. Keywords: citizenship, T. H. Marshall, Latin America. 1. Introducc ión El pensamiento social y político conte mporáneo en torno al concepto de de ciudadanía ha sido articulado en gran parte a partir del espacio de reflexión habilitado por el aporte canónico del sociólogo inglés Thomas H. Mar shall. En una ser ie de confer enc ias que dictó en Cambridge en el año 1949, Marshall propuso un análisis del concepto de ciudadanía que identificaba la pertenencia a una comunidad política con la ti tularidad de derechos de diverso tipo. Mediante una lectura de la historia inglesa, Marshall propone abordar la ciudadanía como un proceso escandido en tres ondas de universalización de derechos: al siglo XVIII corresponde el reconocimiento de los derechos civiles; al XIX, la univers alización de los derechos poti cos; y al siglo XX, el reconocimient o de los der echos soc iales. De modo que el concepto de ciudadanía se constituye para Marshall a partir de una pr ogresiva adquisición de derechos, que permite una ac umulac n evolutiva de prerrogativas y libertades. 1 En la tradición así inaugurada por Marshall, la originalidad de la ciudadanía moderna refiere al status igual de los habitantes de un territorio político determinado en tanto miembros de una comuni dad. Esta arti culaci ón conc eptual per mite apr ehender tanto la ext ensión de la ciudadaa (e valuando qué individuos per tenecen a una comunidad det erminada) como la intensidad de la misma (evaluando qué derechos civiles, políticos y sociales constituyen el pl exo judico del que gozan aquell os denominados ciudadanos). Ahora bien, respecto de los contenidos de la ciudadanía, Marshall considera que “no hay ningún principio universal que determine cuáles deben ser esos derechos y deberes” de modo 1  Es de notar que el análisis de Marshall da cuenta del proceso de ciudadanización inglés, sin pretensión explícita de universalizar este esquema a otras experiencias históricas. CC: Creative Commons License, 2009

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Factótum 6, 2009, pp. 77-97

ISSN 1989-9092

http://www.revistafactotum.com

Variaciones latinoamericanas

en torno al concepto de ciudadanía

Luciano Nosetto 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

E-mail: [email protected]

Resumen: A partir de la conceptualización de la ciudadanía operada por el sociólogo inglés T.H. Marshall, varios

cientistas sociales y políticos latinoamericanos han articulado inflexiones y reparos que han contribuido a

enriquecer y complejizar el pensamiento de la ciudadanía en la región. Es el objetivo de este trabajo dar cuenta de

la productividad de estas inflexiones en la redefinición y el debate en torno al concepto de ciudadanía. Para ello, seopta por una estrategia analítica consistente en problematizar las diferentes dimensiones inherentes a la noción de

ciudadanía, identificando sus elementos extensivos, intensivos y dinámicos.

Palabras clave: ciudadanía, T. H. Marshall, América Latina.

Abstract: From the starting point of T.H. Marshall's cannonical conceptualization of citizenship, several Latin

American scholars have considered the accuracy of this notion when it comes to understand the social and political

processes of the region. The aim of this paper is to analyze the various inflections operated upon the notion of 

citizenship within Latin American thought. This exercise is developed through an analytical strategy, aimed at

identifying and problematizing the various dimensions i.e. extensive, intensive and dinamic, that characterize this

concept.

Keywords: citizenship, T. H. Marshall, Latin America.

1. Introducción

El pensamiento social y político

contemporáneo en torno al concepto de de

ciudadanía ha sido articulado en gran parte a

partir del espacio de reflexión habilitado por el

aporte canónico del sociólogo inglés Thomas H.

Marshall. En una serie de conferencias que

dictó en Cambridge en el año 1949, Marshallpropuso un análisis del concepto de ciudadanía

que identificaba la pertenencia a una

comunidad política con la titularidad de

derechos de diverso tipo. Mediante una lectura

de la historia inglesa, Marshall propone abordar

la ciudadanía como un proceso escandido en

tres ondas de universalización de derechos: al

siglo XVIII corresponde el reconocimiento de

los derechos civiles; al XIX, la universalización

de los derechos políticos; y al siglo XX, el

reconocimiento de los derechos sociales. De

modo que el concepto de ciudadanía se

constituye para Marshall a partir de una

progresiva adquisición de derechos, que

permite una acumulación evolutiva de

prerrogativas y libertades.1

En la tradición así inaugurada por Marshall,

la originalidad de la ciudadanía moderna refiere

al status igual de los habitantes de un territorio

político determinado en tanto miembros de una

comunidad. Esta articulación conceptual

permite aprehender tanto la extensión de laciudadanía (evaluando qué individuos

pertenecen a una comunidad determinada)

como la intensidad de la misma (evaluando qué

derechos civiles, políticos y sociales constituyen

el plexo jurídico del que gozan aquellos

denominados ciudadanos).

Ahora bien, respecto de los contenidos de

la ciudadanía, Marshall considera que “no hay

ningún principio universal que determine cuáles

deben ser esos derechos y deberes” de modo

1  Es de notar que el análisis de Marshall da cuenta del

proceso de ciudadanización inglés, sin pretensión explícita de

universalizar este esquema a otras experiencias históricas.

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que, históricamente, las sociedades “crean la

imagen de una ciudadanía ideal con la cual

puede medirse el logro y hacia la cual deben

dirigirse las aspiraciones” (Marshall 2005:

37). De esta manera, aprehender laespecificidad de la ciudadanía obliga a

abandonar una mirada estática para

entenderla como un proceso histórico, como

un concepto en movimiento, cuya extensión

e intensidad son determinadas en los

proyectos colectivos, las aspiraciones y los

ideales de una sociedad. La ciudadanía no es

un mero dato emergente de invariables

humanistas o definiciones trascendentes,

sino que se constituye a partir de “una

construcción social que se funda, por un

lado, en un conjunto de condiciones

materiales e institucionales y, por el otro, en

una cierta imagen del bien común y de la

forma de alcanzarlo. Lo que equivale a decir

que es siempre el objeto de una lucha, por

más que en determinados lugares ésta

pueda haberse resuelto desde hace mucho y

haya tendido a naturalizarse” (Nun 2000:

65-66). En este sentido, es la misma

dinámica de contestación social y

reconocimiento estatal la que va

resignificando operativamente el concepto

de ciudadanía, determinando quiénes son y

de cuáles derechos gozan los ciudadanos. Ensuma, la definición canónica de Marshall

permite identificar tres dimensiones de la

ciudadanía:

1) Permite aprehender la extensión de la

ciudadanía, evaluando qué individuos

pertenecen a una comunidad política

determinada.

2) Permite dar cuenta de la intensidad de la

ciudadanía, evaluando qué derechos

civiles, políticos y sociales constituyen el

plexo jurídico del que gozan aquellosdenominados ciudadanos.

3) Permite identificar la dinámica de la

ciudadanización, a partir de los procesos

de movilización social, reconocimiento

estatal y sanción jurídica de los

diferentes derechos ciudadanos.

Ahora bien, a partir de esta definición

canónica, se ha articulado un rico espacio de

reflexión teórica en torno a la realidad y a

las virtualidades de los procesos de

ciudadanización en los diferentes órdenes

nacionales. En el caso de los países

latinoamericanos, la recepción de la

propuesta marshalliana ha dado lugar a

profundas reelaboraciones, inflexiones y

críticas en dos sentidos: por un lado, lateoría de Marshall ha brindado un ideal

regulatorio para la crítica de la configuración

latinoamericana de la ciudadanía y sus

derechos: ¿Existen en América Latina las

condiciones para pensar en una ciudadanía?

¿Puede legítimamente hablarse de

ciudadanía cuando muchos de los elementos

identificados por Marshall no son

observables? Por otro lado, y en sentido

inverso, la experiencia latinoamericana ha

servido para cuestionar la adecuación y

plausibilidad de una definición de la

ciudadanía como la propuesta por Marshall:

el concepto de ciudadanía tal y como lo

plantea el autor, ¿es una herramienta

conceptual útil para abordar los procesos de

movilización e integración de la región? ¿Es

lo suficientemente realista? En suma, ¿es

adecuado para pensar la situación de

América Latina?

Así, en el encuentro del concepto de

ciudadanía con las experiencias

latinoamericanas, varios cientistas sociales y

políticos han articulado profundas

reflexiones, debates, inflexiones y reparosque han contribuido a enriquecer y

complejizar el pensamiento de la ciudadanía

en la región. Es el objetivo de este trabajo

dar cuenta de la productividad de estas

inflexiones en la redefinición y el debate en

torno al concepto de ciudadanía. Para ello,

optaremos por una estrategia analítica

consistente en descomponer los diferentes

elementos presentes en la definición

canónica de la ciudadanía. Esta

desimbricación de la noción marshalliana en

sus elementos extensivos, intensivos ydinámicos, nos permitirá ordenar las

diferentes críticas e inflexiones operadas

sobre el concepto de ciudadanía en América

Latina.

2. La dimensión extensiva de la

ciudadanía

Una primera dimensión del concepto de

ciudadanía está vinculada a su extensión

¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son

aquellos que gozan de la membresía en una

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comunidad política determinada? En América

Latina, una de las primeras críticas al

concepto de ciudadanía estuvo vinculada a la

imposibilidad de suponer una extensión

homogénea de relaciones económicas y

políticas modernas.

  “En América Latina dos grandes

conjuntos de problemas definen, según

Oscar Oszlak, tanto las formas iniciales del

Estado como el carácter problemático de su

evolución posterior. El problema del Orden,

o de la imposición de un nuevo esquema de

relaciones sociales y políticas en un mundo

insuficientemente ‘modernizado’; y el

problema del Progreso, es decir la

imposición y la generalización de relaciones

económicas capitalistas. La especificidad de

los Estados latinoamericanos residiría en elcarácter siempre problemático que reviste

la estabilización de un orden en las

relaciones socio-políticas y la garantía de

un progreso en la factibilidad técnica del

capitalismo.” (Andrenacci 1997: 125)

En este sentido, a lo largo de la región,

la penetración diferencial de los procesos de

modernización política (estado) y económica

(capitalismo) erigirían obstáculos

estructurales a la dimensión extensiva de la

ciudadanía, desde el momento en que estos

procesos inacabados modulan de maneradiferencial la membresía de los diferentes

habitantes de un territorio nacional.

2.1. Penetración diferencial del estado

Una de las particularidad de América

Latina que están a la base de la

inadecuación de la perspectiva marshalliana

de la ciudadanía está vinculada al déficit de

modernización política. La titularidad de

derechos ciudadanos supone la posibilidad

de hacer valer esos derechos y exigir su

cumplimiento allí donde son conculcados; es

decir, supone la presencia efectiva del

estado a lo largo de todo el territorio

nacional. En este sentido, varios autores

observan, en la región, la existencia de una

penetración diferencial de la institucionalidad

y la legalidad estatal a lo largo del territorio.

Esto implica que los estados

latinoamericanos no pueden hacer valer sus

leyes e instituciones en todo su territorio

nacional, dando lugar a la persistencia de

formas de dominación patrimonialistas, que

socavan los derechos de ciudadanía. Uno de

los pensadores más influyentes en esta

perspectiva es Guillermo O’Donnell.

Respecto de la ciudadanía, O'Donnell

identifica dos caras:

  “Por un lado, la ciudadanía está

implicada por el régimen democrático y por

los derechos que éste asigna a todos/as

los/as ciudadanos/as, especialmente los

derechos participativos de votar, ser

elegido y en general tomar parte en

diversas actividades políticas. La otra cara

de la ciudadanía –derivada de la

nacionalidad– es un estatus adscriptivo,

obtenido pasivamente, antes de cualquier

actividad voluntaria, por el mero hecho de

pertenecer, ya sea por   jus solis o  jus

sanguinis, a una nación.” (O’Donnell 2004:

171)

A partir de esta distinción, el autor

plantea que sólo en la modernidad ambas

facetas de la ciudadanía tienden a coincidir.

En los órdenes premodernos, la ciudadanía,

en tanto titularidad de derechos políticos,

estaba reservada a uno o a varios. Incluso

en la democracia griega, la ciudadanía

constituía un estatus del que estaba excluida

la mayoría de los habitantes de las ciudades

estados. Fue en la modernidad, con los

procesos de democratización, que la

ciudadanía activa se extendió,

prácticamente, a toda la población adulta.

Ahora bien, en esta doble faceta de la

ciudadanía (entendida como derecho de

participar en la cosa pública y, a su vez,

como pertenencia al colectivo nacional), el

estado aparece como cumpliendo un rol

fundamental. “El estado ha sido un lugar

central de concentración de poderes en el

cual y desde el cual se ha luchado por

múltiples derechos” (O’Donnell, 2004: 173).

  “Cuando, en el Noroeste, loscampesinos, los trabajadores urbanos, las

mujeres y varias minorías lucharon por

esos y otros derechos, uno de los

referentes fundamentales fue, y sigue

siendo, el estado. Estas luchas por

derechos, algunos tradicionales y otros

inventados en el fragor de la lucha,

buscaban inscribirlos para efectivizarlos. Es

decir, buscaban que esos derechos fueran

incorporados como parte del sistema legal

del estado y que se crearan, o reformaran,

agencias estatales autorizadas y dispuestas

a efectivizarlos.” (O’Donnell 2004: 172)

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80 Luciano Nosetto

Si en la experiencia de las democraciasnoroccidentales el estado constituyó elreferente institucional fundamental de lasluchas que diversos sectores emprendieron

por el pleno reconocimiento de sus derechos,  “poco de esto ha venido ocurriendo enAmérica Latina” (O’Donnell 2004: 173). Paradar cuenta de la dispersión de lasexperiencias latinoamericanas respecto desus antecesoras noroccidentales, O’Donnellrecurre a una definición del estado queincluye tres dimensiones. En primer lugar, elestado es un conjunto de burocracias; ensegundo lugar, es un sistema legal y, terceroy último, el estado remite a un foco deidentidad colectiva para los habitantes de suterritorio. Estas tres dimensiones sonidentificadas, respectivamente, con laeficacia (de las burocracias estatales), laeficiencia (de sus leyes) y la credibilidad (desu identificación con el bien común de loshabitantes). Ahora bien, en el caso de lospaíses latinoamericanos, O’Donnell registraun profundo déficit en las tres dimensionesde la estatalidad. En estos casos, coincidenla ineficacia de las burocracias estatales, laescasa penetración de los sistemas legales yla baja credibilidad de estos estados comointérpretes y realizadores del bien común de

sus poblaciones.

 “El gran tema, y problema, del estadoen América Latina en el pasado, y aun en elpresente en el que los regímenesdemocráticos predominan, es que, conpocas excepciones, no penetra ni controlael conjunto de su territorio, ha implantadouna legalidad frecuentemente truncada y lalegitimidad de la coerción que lo respaldaes desafiada por su escasa credibilidadcomo intérprete y realizador del biencomún.” (O’Donnell 2004: 176)

En esta línea, O’Donnell consideracentral problematizar la penetraciónterritorial y funcional del estadolatinoamericano. El autor identifica la pocaatención que las teorías del estado hanasignado a la eficacia de las institucionesestatales y la eficiencia de sus leyes. En estalínea, es común a las actuales teorías delestado la aceptación de un supuesto que,según O’Donnell, debe ser rebatido; éste esla idea de un alto grado de homogeneidaden los alcances, tanto territoriales como

funcionales, del estado y del orden socialque éste sustenta. “No se cuestiona (y, si secuestiona, no se problematiza) si dichoorden, y las políticas originadas en las

organizaciones estatales, tienen similarefectividad en todo el territorio nacional y entodos los estratos sociales existentes” (O’Donnell 1993a: 168).

En esta línea, América Latina presentasituaciones en las que la efectividad de la leyse extiende muy irregularmente (si nodesaparece por completo) por el territorio ylas relaciones sociales (étnicas, sexuales yde clase) que debe regular. En estassituaciones de “evaporación funcional yterritorial de estado”, se produce unapeligrosa coexistencia de estados ineficacese ineficientes con esferas de poderautónomas, con “sistemas de poder localque tienden a alcanzar grados extremos dedominación personalista y violenta(patrimonial y hasta sultanista, en laterminología weberiana), entregados a todasuerte de prácticas arbitrarias” (O’Donnell1993a: 169).

2.2. Penetración diferencial del

capitalismo

Si la penetración diferencial del estadolatinoamericano a lo largo de los territoriosnacionales implica una modulacióndiferencial de la pertenencia de losindividuos a su comunidad política, lapenetración diferencial de la modernizacióneconómica contribuye, a su vez, acomplejizar este panomara. Como señalaMaristella Svampa, “en el marco delfordismo, la ciudadanía social es asociada,esencialmente, al trabajo formal y, a su vez,es garantizada por las políticas

universalistas; la intervención del estadotiende a ‘desmercantilizar’ una parte de lasrelaciones sociales y a construir una  ‘solidaridad secundaria’ por medio deprestaciones públicas sociales, a favor de lossectores desfavorecidos en la confrontacióncapital-trabajo” (Svampa 2006: 10). De estamanera, la obtención de los derechos deciudadanía en su dimensión social estuvohistóricamente vinculada a la condición detrabajador y al desarrollo del estado debienestar. Ahora bien, la experiencialatinoamericana evidencia un obstáculo

estructural, vinculado a una modernización

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económica inacabada, caracterizada porasincronías, arcaísmos y encabalgamientos.Es decir, la penetración diferencial de lasrelaciones económicas capitalistas al interiorde los países latinoamericanos da lugar a

una formación económico socialheterogénea, donde la figura del trabajadorfordista aparece como un fenómenoparticular y no universalizable. “En estadirección, recordamos aquí que, como ya lohan señalado los trabajos desarrollados entorno a la ‘marginalidad’ a finales de ladécada de 1960 en América Latina, elproceso de construcción de la ciudadanía haencontrado en las sociedades periféricaslímites estructurales” (Svampa 2006: 10).Con esta referencia, Svampa da cuenta del

debate en torno a la marginalidad enAmérica Latina estimulado por el artículo “Superpoblación relativa, ejército industrialde reserva y masa marginal” publicado porJosé Nun en 1969. Allí, Nun articula unanoción de marginalidad tributaria delmarxismo pero alejada, a su vez, de laidentificación habitual de los excluidos con lanoción de “ejército industrial de reserva”. Enpalabras de Nun: “Mi tesis de la masamarginal supuso un cuestionamiento delhiperfuncionalismo de izquierda, para el cualhasta el último campesino sin tierras deAmérica Latina (o de África) aparecía comofuncional para la reproducción de laexplotación capitalista” (Nun,2003b: 265).

En esta línea, Nun presenta un ejerciciode relectura de la obra de Marx que lepermite distinguir los conceptos de  “superpoblación relativa” y de “ejércitoindustrial de reserva”. Por un lado, todomodo de producción supone una poblaciónque le es adecuada y, al mismo tiempo, unexcedente de población, llamado “superpoblación relativa”. Por otro lado, el

modo de producción capitalista en su fasecompetitiva opera mediante unasuperpoblación relativa que funciona como  “ejército industrial de reserva”. En estesentido, la superpoblación relativa es unanoción que remite a una teoría general delos modos de producción, mientras que elconcepto de ejército industrial de reservaremite a la situación particular de estasuperpoblación en la fase competitiva delmodo de producción capitalista. “No todasuperpoblación constituye necesariamente a

un ejército industrial de reserva, categoría

que implica una relación funcional de eseexcedente con el sistema en su conjunto” (Nun 2003a: 48-49).

Ahora bien, ¿en qué consiste laparticular función del ejército industrial de

reserva? Nun recuerda que éste cumple, enprimer lugar, una función directa,proveyendo la fuerza de trabajo requeridaen etapas ascendentes del ciclo económico,cuando suceden expansiones súbitas delcapital que exigen contratar nuevostrabajadores. Al mismo tiempo, el ejércitoindustrial de reserva ejerce funcionesindirectas vinculadas a las presiones queestos trabajadores desempleados ejercensobre los trabajadores empleados,obligándolos a aceptar las condiciones de

trabajo y los salarios impuestos por elcapital (Nun 2003a: 75). Ahora bien, estafuncionalidad de los sectores excluidosaparece cuestionada en el texto de Nun endos sentidos. En primer lugar, el pasaje dela fase del capitalismo competitivo a la fasemonopolística genera transformaciones en lasuperpoblación relativa que modifican suconfiguración en los términos de ejércitoindustrial de reserva. En segundo lugar, eltipo de desarrollo capitalista dependiente deAmérica Latina hace que la funcionalidad de

los excluidos respecto del sistema sea aunmás cuestionable. Analicemos cada uno deestos dos puntos.

En primer lugar, dijimos, “el pasaje a lafase monopolística exige una revisiónteórica” (Nun 2003a: 81). El mercadooligopólico y/o monopólico descoyunta elmecanismo de la libre competencia: dondeantes el empresario individual era untomador de precios del mercado, ahora es lagran corporación la que fija los precios delmercado. Por otro lado, en esta fase seexpande la productividad del trabajo envinculación con el avance de lamecanización; esto, acompañado por unaexigencia de mayor especialización de lostrabajadores. De esta manera, se produceuna declinación de las posibilidades detransferir trabajadores de una rama a otrade la producción, al tiempo que pierdesustento la idea de una reabsorción de losobreros desocupados en etapas ascendentesdel ciclo económico. Así, la exclusión deamplios sectores no calificados de lasuperpoblación relativa pierde su

funcionalidad respecto del sistema y deja de

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constituirse en los términos de un ejército

industrial de reserva. En suma, “en la fase

competitiva era lícito suponer que, en

términos generales, la población excedente

tendía a actuar como un ejército industrialde reserva; en la fase monopolística, la

propia lógica del sistema obliga a diferenciar

la parte que cumple esa función de la que

constituye una masa marginal” (Nun, 2003a:

90).

Ahora bien –y en segundo lugar– ¿cómo

opera la marginalidad en América Latina?

Aquí Nun recupera las nociones de desarrollo

desigual y combinado para dar cuenta de

una penetración diferencial del capitalismo

en las sociedades periféricas. La inserción

tardía de los países periféricos en el mercado

internacional genera relaciones jerárquicas o

neoimperialistas entre las economías

nacionales, que obstaculizan la

modernización económica de los países

periféricos. De esta manera, las formaciones

económico sociales del capitalismo

dependiente aparecen caracterizadas por la

coexistencia de formas arcaicas y modernas

de acumulación. En el caso de América

Latina, Nun identifica la coexistencia de tres

fases. “Es posible sostener que coexisten

tres procesos distintos de acumulación: a) el

del capital comercial [que, estrictamente, esprecapitalista]; b) el del capital industrial

competitivo; y c) el del capital industrial

monopolístico” (Nun 2003a: 127). Por

último, “los tres procesos de acumulación

mencionados revisten grados variables de

extensión y de intensidad en los diversos

países del área y se combinan de manera

específica en cada uno de ellos.” (Nun

2003a: 130). Cada uno de estos procesos

genera su superpoblación relativa específica,

donde las relaciones de funcionalidad

aparecen fuertemente cuestionadas. Conesto, afirmará Nun “intenté mostrar que,

según los lugares, crecía un población

excedente que, en el mejor de los casos, era

simplemente irrelevante para el sector

hegemónico de la economía” (Nun 2003b:

265).

Como afirmábamos al principio de este

apartado, la ciudadanía social estuvo

vinculada a la condición de trabajador. Esto

permitía establecer solidaridades al interior

de una clase de trabajadores relativamente

homogénea, que podían oscilar entre el

empleo y el desempleo, pero cumpliendo en

todo caso funciones de reproducción

sistémica. Ahora bien, por un lado, Nun

indica que la fase monopolística del capital

viene a cuestionar la funcionalidad de losexcluidos, consolidando la exclusión de

aquellos que quedan fuera y alzando las

barreras para su reincorporación. Pero, por

otro lado, esto se agrava en el caso de los

países latinoamericanos, donde las

condiciones del desarrollo desigual y

combinado generan un tipo de formación

económico social en el que la exclusión de

vastos sectores sociales no implica

funcionalidad ni disfuncionalidad respecto del

sector hegemónico de la economía. En

suma, “la existencia de diferentes niveles y

formas de integración y de exclusión ha sido

la marca de origen de las sociedades

periféricas, lo cual implica (...) ‘la

institucionalización de una ciudadanía de

geometría variable’” (Svampa 2005: 74).

3. La dimensión intensiva de la

ciudadanía

Tal como venimos presentando el

concepto de ciudadanía, una segunda

dimensión está vinculada a su carácter

intensivo. ¿Qué derechos componen el plexo  jurídico ciudadano? Como hemos visto,

Marshall describe el proceso de

ciudadanización en términos de una sucesión

de luchas por el reconocimiento de derechos,

que se cristaliza en tres grandes olas

institucionalizantes que corresponden a la

implantación de tres tipos diferentes de

derechos: civiles, políticos y sociales. Los

logros históricos de los movimientos se

traducen en la superposición de las distintas

capas, donde cada grupo de derechos

obtenidos proporciona la plataforma para elsurgimiento de los siguientes. Ahora bien, el

caso de los países latinoamericanos presenta

profundas dispersiones, retrocesos y

asincronías respecto del modelo

marshalliano. A modo de ejemplo, Elizabeth

Jelin indica:

  “La expansión de los derechos

laborales y sociales en la región no siempre

fue consecuencia de la plena vigencia de

derechos civiles y de derechos políticos.

[Asimismo,] en los años ochenta, la

recuperación de derechos políticos en la

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transición a la democracia está

acompañada por violaciones muy

extendidas a los derechos civiles [...] En

términos generales, los derechos

económico-sociales tuvieron más vigencia

que los políticos, y éstos más que losciviles, aunque hubo en la región

reversiones históricas significativas.” (Jelin

2003a: 4)

A continuación, daremos cuenta de las

críticas e inflexiones operadas por los

cientistas sociales y políticos en torno a los

derechos civiles, políticos y sociales que

integran el plexo jurídico de este estatus

universal. Trabajaremos aquí los distintos

aportes a la reflexión en torno a cada uno de

estos conjuntos de derechos, dando cuenta

de sus particularidades e imbricaciones eidentificando, por último, la emergencia de

nuevos derechos que no cuadran en la

tipología marshalliana.

3.1. Derechos civiles

En la perspectiva de Marshall, los

derechos civiles están vinculados a las

libertades individuales, ampliamente

desarrolladas por el pensamiento liberal.

Entre estos derechos, se cuentan la libertad

de expresión, de convicción y de culto; así 

como el derecho de adquirir y proteger la

propiedad y de disponer libremente de la

propia fuerza de trabajo. Por último,

constituye un elemento central de los

derechos civiles el acceso a la justicia, que

 “es el derecho a defender y afirmar todos los

derechos propios en términos de igualdad

con otros y mediante el debido proceso legal

[...] Las instituciones más directamente

asociadas con los derechos civiles son los

tribunales de justicia” (Marshall 2005: 21).

En esta línea, la experiencia

latinoamericana demuestra un marcadodéficit en la universalización de los derechos

civiles. Como identifica José Nun, “la

población latinoamericana goza muy

incompletamente de los derechos civiles,

como lo evidencian en la mayoría de los

países la crisis y la subordinación política de

los sistemas de justicia; la privatización y

feudalización de los aparatos legales según

regiones; las prácticas abiertamente

discriminatorias de las fuerzas de seguridad;

los repetidos intentos de coartar las

libertades de prensa y de asociación; la faltade castigo de las prácticas corruptas;

etcétera” (Nun 2003: 297-298). En la

perspectiva del autor, la dimensión civil de la

ciudadanía adolece de un fuerte sesgo de

clase, donde los sectores postergados

encuentran seriamente limitadas sus

posibilidades de acceso a la justicia. En líneacon el planteo de Nun, O’Donnell vincula el

déficit de derechos civiles con el déficit de

penetración funcional y territorial del estado:

  “Para grandes segmentos de la

población, las libertades liberales básicas

son negadas o violadas recurrentemente.

Los derechos de las mujeres golpeadas de

demandar a sus maridos, de los

campesinos de lograr un juicio imparcial

frente a sus patrones, la inviolabilidad del

domicilio en los barrios pobres y, en

general, el derecho de los pobres ydiversas minorías de ser adecuadamente

tratados por las agencias estatales y los

tribunales de justicia son con frecuencia

negados.” (O’Donnell 1997b: 328)

En ambas perspectivas, es notable una

vinculación entre pobreza y conculcación de

derechos civiles. “La denegación de los

derechos liberales a (casi siempre, pero no

exclusivamente) los sectores pobres o

desposeídos en otro sentido, es

analíticamente diferente de la variación de

niveles de democratización social y

económica, y no necesariamente guarda

relación con ellos” (O’Donnell 1993b: 76).

De esta manera, si, por un lado, no existe en

la perspectiva de O’Donnell una correlación

teórica entre la conculcación de derechos

civiles y la conculcación de derechos

sociales, por otro lado, “empíricamente,

varias formas de discriminación y de pobreza

extendida, así como su contraparte, la

disparidad extrema en la distribución de

recursos (no sólo económicos), van de la

mano con la ciudadanía de baja intensidad.Aquí se entra en el tema de las condiciones

sociales necesarias para ejercer la

ciudadanía” (O’Donnell 1993b: 76).

3.2. Derechos políticos

Los derechos políticos están vinculados a

la posibilidad de participar activa o

pasivamente, de manera directa o delegada,

en los procesos de toma de decisiones

públicas. En palabras de Marshall, “por

elemento político me refiero al derecho de

participar en el ejercicio del poder político,

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84 Luciano Nosetto

como miembro de un organismo dotado de

autoridad política o como elector de los

miembros de tal organismo” (Marshall 2005:

21). El proceso de ciudadanización política

no consistió en la creación de nuevosderechos sino, más bien, en la

generalización de antiguos derechos a

nuevos sectores de la población. Hasta

entonces, el voto “era el privilegio de una

clase económica limitada, cuyos alcances

fueron extendidos por cada ley de reforma

sucesiva” (Marshall 2005: 29).

El proceso latinoamericano de expansión

de la base electoral del estado está

fuertemente caracterizado por una

intermitencia crónica de los derechos

políticos, vinculados a los sucesivos golpes

cívico militares y las recurrentes

suspensiones de los derechos políticos. Una

vez asumida la transición a la democracia,

los derechos políticos aparecerán en el

centro del debate teórico, de la agenda

política y de los valores sociales. En este

contexto, los autores remarcan, por un lado,

la efectiva universalización de los derechos

políticos a partir de las transiciones a la

democracia en la región; y, por otro lado, la

insuficiencia de los derechos políticos para

garantizar por sí mismos la ciudadanía.

Vayamos por partes.Para empezar, digamos que O’Donnell

identifica que el tipo de democracia que

caracteriza la experiencia latinoamericana

reciente se aleja del modelo representativo y

republicano, adquiriendo rasgos

profundamente delegativos. “Las

democracias delegativas se basan en la

premisa de que la persona que gana la

elección presidencial está autorizada a

gobernar como él o ella crea conveniente,

sólo restringida por la cruda realidad de las

relaciones de poder existentes y por lalimitación constitucional del término de su

mandato” (O’Donnell 1997a: 292). En esta

línea, el autor argumenta que las nuevas

democracias latinoamericanas adolecen de

falta de republicanismo, refiriendo con ello al

equilibrio de poderes y a la posibilidad de

controles cruzados entre distintas instancias

de gobierno (lo que el autor llama

 “accountability horizontal”). Pero, si bien “la

accountability horizontal característica de la

democracia representativa no existe o es

extremadamente débil en las democracias

delegativas”, esto no implica que “la

democracia delegativa [sea] ajena a la

tradición democrática” (O’Donnell 1997a:

293).

  “A este tipo de mando se lo ha

analizado como un capítulo dentro del

estudio del autoritarismo, bajo las

denominaciones de cesarismo, caudillismo,

populismo y otras por el estilo. Pero

también se lo debería estudiar como un

tipo peculiar de democracia que, aunque

algunas de sus características se

superponen con las de esas formas

autoritarias, no deja por ello de ser una

poliarquía.” (O’Donnell 1997a: 294)

De esta manera, O’Donnel considera que

los regímenes políticos latinoamericanos

posteriores al ciclo autoritario del 60-80 se

han constituido en términos poliárquicos

(Dahl 1989). A pesar de las notables

dispersiones entre las poliarquías

noroccidentales y las latinoamericanas,

autores como O’Donnell defienden el

carácter poliárquico de estas últimas a partir

de la constatación de la existencia efectiva

de los derechos políticos. Incluso, el autor

identifica que los derechos políticos son

observables tanto en las zonas de

penetración funcional y territorial del estadocomo en aquellas otras zonas donde la

presencia estatal está fuertemente

cuestionada (O´Donnell 1993b: 75).

Ahora bien, este diagnóstico

relativamente optimista habilitado por la

efectiva universalización de derechos

políticos aparece prontamente cuestionado

por la situación de los derechos civiles y

sociales. De manera categórica, O’Donnell

identifica que “en muchas de las nuevas

poliarquías, los individuos son ciudadanos en

relación con la única institución que funcionaa la manera prescripta por sus reglas

formales: las elecciones. En el resto, sólo los

miembros de una minoría privilegiada son

ciudadanos plenos” (O’Donnell 1993b: 328).

En este sentido, si en un primer momento se

reconoce la universalidad de los derechos

políticos; en un segundo momento, estos

derechos aparecen fuertemente

cuestionados por la no universalidad de los

derechos civiles y sociales. Esto es así 

porque las libertades civiles y los derechos

sociales, con la correlativa autonomía

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Factótum 6, 2009, pp. 77-97 85

individual que suponen, constituyen una

premisa básica de los derechos políticos.

 “Sin esta premisa, carecería de sentido aun

la definición estrictamente política de la

democracia, pues la autonomía y la igualdad

de cada uno están presupuestas en el actode elegir entre candidatos rivales y de

computar cada voto como uno,

independientemente de la condición social

del votante.” (O’Donnell 1997c: 348)

A partir de esto, al interior de una región

caracterizada por la generalización de

regímenes poliárquicos y la universalidad de

derechos políticos, pueden distinguirse

diferentes niveles de democratización. Esas

variaciones se relacionan con la equidad e

igualdad en las esferas civiles y sociales. En

este contexto, O’Donnell incorpora elconcepto de ciudadanía de baja intensidad,

para dar cuenta de una situación donde la

plena titularización de derechos políticos no

puede ser ejercida debido a la conculcación

de derechos civiles y sociales, que socavan

el presupuesto de autonomía que está a la

base de la participación política. El autor

afirma, así, que se produce una disyunción

entre el respecto de los derechos

democráticos y la violación sistemática de

los componentes liberales y sociales de la

democracia. En este sentido, los derechospolíticos aparecen plenamente realizados y

universales y, a su vez, esterilizados en su

ejercicio.

En suma, si bien los derechos políticos

son identificados en la literatura como

derechos universales y efectivos; muy

pronto, los déficits de libertades civiles y de

derechos sociales erosionan las condiciones

de autonomía que están a la base de la

participación política; constituyendo de esta

manera ciudadanos de baja intensidad o

bien democracias representativas

excluyentes.

3.3. Derechos sociales

Por último, Marshall introduce los

derechos sociales: “Por elemento social

quiero significar toda la variedad desde el

derecho a una medida de bienestar

económico y seguridad hasta el derecho de

compartir plenamente la herencia social y a

llevar la vida de un ser civilizado según las

pautas prevalecientes en la sociedad” 

(Marshall 2005: 21). Previo a la emergenciade los derechos sociales, las políticas de

asistencia eran incompatibles con la

condición de ciudadano: se trataban “los

reclamos de los pobres no como una parte

integrante de los derechos del ciudadano

sino como una alternativa a ellos, como

reclamos que sólo se podían satisfacer si lospeticionantes cesaban de ser ciudadanos en

todo sentido verdadero de la palabra” 

(Marshall 2005: 32). A partir del siglo XX, la

emergencia del estado de bienestar

invalidará esta oposición entre ciudadanía y

políticas sociales, incorporando derechos

como la educación y la salud en el plexo

 jurídico del ciudadano (Polanyi 2001).

Al tratar los derechos civiles y políticos

hemos adelantado la situación dramática

que la región presenta respecto de los

derechos sociales. Pobreza y desigualdadcaracterizan un escenario donde la

universalidad y la vigencia de los derechos

sociales aparecen fuertemente contestadas.

En esta línea, nos interesa en este apartado

dar cuenta de los fenómenos vinculados al

déficit de ciudadanía social en la región. El

primero de ellos tiene que ver con los rasgos

corporativos de las prestaciones sociales,

que han socavado desde su origen la

universalidad de los derechos sociales en

América Latina. El segundo fenómeno está

vinculado a la reciente y progresivaconculcación de aquellos derechos sociales

adquiridos, a partir de las transformaciones

en el modo de regulación fordista, en

contextos de globalización, hegemonía

neoliberal y desmonte del estado de

bienestar. Es decir, si bien las

transformaciones del capitalismo global del

último tercio del siglo XX han tenido en

América Latina un impacto negativo sobre

los derechos sociales, lo cierto es que en la

región la ciudadanía social se había

desarrollado de manera limitada. De modo

que los efectos desestructurantes de lastransformaciones recientes vinieron a

agravar una situación que ya era de por sí 

deficitaria.

Varios autores remarcan, en esta línea,

el carácter corporativo del estado de

bienestar latinoamericano como uno de los

obstáculos a la universalización de los

derechos sociales. El régimen corporativo del

Estado de Bienestar aparece definido de

manera canónica por Gøsta Esping-Andersen

en Los Tres Mundos del Estado de Bienestar.

Allí, el autor despliega un estudio comparado

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86 Luciano Nosetto

de la institucionalidad de bienestar en varios

países, que le permite construir tres tipos

ideales:

El Estado Residual. Este primermodelo encuentra su fuente de inspiración

en la economía neoclásica y en la filosofía

moral libertaria y, su caso prototípico, en los

Estados Unidos. El mérito y el esfuerzo

individual aparecen aquí como la única

posibilidad de conciliar derechos sociales

universales con el resguardo de las

libertades individuales. Es este sentido, la

cuestión social es definida en los términos de

un déficit de proletarización: las situaciones

de vulnerabilidad social están vinculadas a la

exclusión del mercado de trabajo. En estesentido, el estado debe orientarse a la acción

focalizada sobre situaciones de

vulnerabilidad moralmente inaceptables,

permitiendo en los restantes casos la

autoregulación por el mercado de los

derechos sociales. “El mercado de trabajo

siempre es el mejor mecanismo para asignar

recursos de acuerdo con el ‘mérito’ y la

  ‘productividad’, y por lo tanto, la acción

estatal sólo debe estar dirigida a los grupos

sociales que por alguna razón presentan

dificultades para insertarse laboralmente” 

(Isuani y Nieto 2002: 2).

El Estado Corporativo. El segundo

enfoque, característico de Europa

continental, puede derivarse del diagnóstico

durkheimiano de la dilución de los vínculos

de la solidaridad mecánica a partir de la

división social del trabajo. Este proceso

amenaza la fuente de estabilidad del orden

social propia de las sociedades. Aquí, la

solidaridad orgánica aparece como

consecuencia de la moderna división social

del trabajo y de las interdependencias quegenera. Este concepto dio origen a la

tradición integracionista del estado de

bienestar, que promovió un principio de

integración vinculado a los sistemas de

solidaridad orgánica. En estos casos, la

relación entre las instituciones de bienestar y

el mundo del trabajo fue central: “los

procesos de construcción de una identidad

colectiva, los mecanismos de expresión de

intereses y los de acceso a los beneficios

sociales son elaborados, tanto teórica como

prácticamente, en relación con el lugar que

cada individuo ocupa en la estructura

productiva” (Isuani y Nieto 2002: 2-3). De

esta manera, el modelo corporativo identifica

las figuras del ciudadano y del trabajador.

Así, la ciudadanía en el modelo corporativosupondrá la inserción de los individuos en

colectivos del trabajo. “El modelo

corporativo se expresa en el aseguramiento

frente al riesgo social de los trabajadores

organizados por categorías ocupacionales. La

asignación de derechos presupone la

participación en la relación laboral y en la

organización del núcleo familiar (…) La figura

central de este modelo es el seguro

contributivo financiado por impuestos sobre

la nómina salarial, implicando una

solidaridad estratificada por las relaciones

laborales y familiares.” (Isuani y Nieto 2002:

4)

Estado universal. El tercer enfoque,

característico de los países escandinavos,

describe el desarrollo del estado de

bienestar como un proceso de construcción

de la ciudadanía social. Para esta tradición,

inspirada en la propuesta de T.H. Marshall,

es central el paso del individuo al ciudadano

por medio del reconocimiento de derechos

civiles, políticos y sociales que remodelan la

construcción del contrato social. Aquí, losderechos de ciudadanía no presuponen la

inserción laboral o mercantil sino que es la

mera pertenencia a una comunidad política

la que determina la necesidad de asegurar la

libertad brindando garantías de igualdad en

el mundo de lo social. De modo que el

concepto de trabajo no es aquí relevante

como un productor de integración social. El

modelo universal se propone socializar la

gestión del riesgo social otorgando

coberturas generales sobre derechos

ciudadanos. Estos derechos comprenden alconjunto de la sociedad y, por lo tanto, el

papel del mercado es mínimo, siendo el

estado la principal institución en la gestión

del riesgo. En este modelo, la proletarización

de la fuerza de trabajo se encuentra

mediada por el igualitarismo del concepto de

ciudadanía y por una gestión del riesgo

social emancipada de la mercantilización.

En el caso de los países

latinoamericanos, se observa una

convergencia en diferentes medidas de los

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Factótum 6, 2009, pp. 77-97 87

tres modelos. En el caso argentino, por

ejemplo, el estado de bienestar se organiza

bajo el modelo universal en la prestación de

los servicios de educación y salud, mientras

que en las demás prestaciones sociales se

articula de manera corporativa. Ahora bien¿por qué una hibridación entre el modelo

corporativo y el universal (que caracteriza

experiencias que uno podría suponer

exitosas, como las de Alemania, por un lado,

y Suecia, por otro) habría de ser tan lesiva

para la consolidación de una ciudadanía

social en América Latina?

Según los autores, el modelo corporativo

se aleja de la noción de ciudadanía en tanto

supone derechos sociales que no son

universales sino que están vinculados a la

participación en el mundo del trabajo. Comoremarcan Isuani y Nieto, “la integración

social sobre bases corporativas y familiares

es el objeto central de este régimen de

bienestar, sin embargo no es una integración

sobre la base de derechos igualitarios, sino

desde la pertenencia a una corporación

profesional y a un núcleo familiar. Es una

integración construida desde las jerarquías y

el estatus” (Isuani y Nieto 2002: 4). Sin

embargo, el supuesto de una sociedad de

pleno empleo (que está a la base del modelo

corporativo) implica que los derechosvinculados a la condición de trabajador

constituyen algo más que simples privilegios

corporativos, acercándose a la universalidad.

Allí donde (tendencialmente) todos son

trabajadores, la vinculación de derechos

sociales a la condición de trabajador implica

una titularización (tendencialmente)

universal. Aquí es donde América Latina se

aleja de la experiencia europea: “Esta

realidad contrasta con la especificidad

latinoamericana, ya que en esta región el

capitalismo nunca llegó a organizar las

relaciones sociales de manera total alrededordel mercado de trabajo” (Isuani y Nieto

2000: 9).

Ya hemos presentado las características

y efectos de la penetración diferencial del

capitalismo en la región. Sus efectos de

exclusión y marginalidad hacen que el

supuesto del pleno empleo no sea operativo

en los países de América Latina. En este

contexto, una institucionalidad de bienestar

basada en el modelo corporativo sólo puede

asegurar derechos de ciudadanía a aquella

minoría de trabajadores formales, en un

subcontinente caracterizado por la amplia

extensión de situaciones de informalidad, de

marginalidad y exclusión social. De modo

que, si en los casos europeos el modelo

corporativo puede brindar ciudadanía social

a la mayoría de sus miembros, en los casoslatinoamericanos, el modelo corporativo

hace de la ciudadanía social un privilegio

para los (pocos o varios) insertos en

relaciones laborales formales. En suma, “la

característica peculiar de este híbrido

institucional es que favoreció la expansión

del sistema por un sendero de ‘imitación de

privilegios’. Es decir, no se pugnaba por

derechos básicos universales sino que se

legitimaban las diferencias de ‘estatus’ y los

más rezagados buscaban ‘engancharse’ con

los grupos que percibían beneficiosmáximos” (Lo Vuolo y Barbeito 1998).

3.4. Nuevos derechos

Hemos trabajado hasta aquí algunas de

las críticas, debates e inflexiones operadas

en torno a los derechos civiles, políticos y

sociales concebidos por Marshall como

constitutivos de la ciudadanía. Ahora bien,

un conjunto de innovaciones bien influyentes

en la teoría de la ciudadanía está vinculada a

la identificación de la emergencia de nuevos

reclamos en torno a derechos que nocorresponden con la tipología clásica. En

este sentido, los derechos de las mujeres,

los derechos de las minorías culturales y

étnicas, los derechos colectivos y de los

pueblos y, por último, los derechos

medioambientales y de los consumidores

generan nuevos tipos que cuestionan la

exhaustividad de la distinción de elementos

civiles, políticos y sociales. Digamos que si

bien Marshall rechazó toda posibilidad de

establecer una enumeración taxativa de

derechos ciudadanos, los nuevos derechosemergentes implican una serie de

dimensiones problemáticas y de debates en

torno a la noción de ciudadanía. En esta

línea, el impacto de los movimientos étnicos

en la región ha configurado un campo

prolífico de reflexiones y prácticas respecto

de la ciudadanía. Según indica Elizabeth

Jelin:

 “Las tendencias que se manifiestan en

América Latina en la década de los ‘90

indican un crecimiento/emergencia de

movimientos indígenas que reivindican su

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88 Luciano Nosetto

 ‘derecho a la identidad’ y a la participación

en la sociedad global, vinculados en una

densa red internacional. También una

búsqueda de reconocimiento de identidades

racionales, especialmente entre los negros

en Brasil y entre las diversas comunidades  ‘latinas’ de los Estados Unidos. Estas

reivindicaciones de identidades diferentes

se desarrollan en el contexto de sociedades

nacionales y de estados que formalmente

aceptan la igualdad ciudadana, que es

también reclamada por estos movimientos.

Esta dialéctica entre la igualdad ciudadana

y el pluralismo cultural plantea nuevas

tensiones y dilemas sociales y políticos.” 

(Jelin 2003b: 13)

Will Kymlicka y Wayne Norman

identifican que estos movimientos articulantres tipos de reivindicaciones de derechos:

en primer lugar, derechos especiales de

representación; en segundo lugar, ciertos

derechos de autogobierno; y, por último,

derechos multiculturales, vinculados al

reconocimiento identidad y a la libertad de

su despliegue. Esto es observado en América

Latina en la agenda de movimientos

indígenas (que muchas veces coinciden con

movimientos campesinos y gremiales).

Según identifica Jaime Márquez Calvo en el

caso de los países andinos, “esta demanda

comprende no sólo un reclamo por derechos

fundamentales (derecho a la vida, la libertad

personal, la integridad física, etc.) sino

también por el reconocimiento de

importantes derechos colectivos: territorios,

cultura propia, manejo de recursos

naturales, reconocimiento como pueblos,

etc. (...) expresan así la existencia de una

conciencia étnica subyacente en sus

reivindicaciones gremiales sobre sus

derechos como pueblos” (Márquez Calvo

2003: 32).

Ahora bien, como ha sido prontamenteidentificado por la literatura sobre el tema,

estas demandas de “ciudadanía

diferenciada” plantean serios desafíos a la

concepción clásica de la ciudadanía. Desde la

perspectiva clásica, la ciudadanía es, por

definición, un status igual de todos los

miembros de una comunidad política en

tanto miembros. Esta igualdad de base es lo

que distingue a la ciudadanía moderna del

feudalismo y de otras concepciones

premodernas, que fundaban los derechos

políticos de los individuos en función de su

pertenencia a una determinada colectividad,

etnia o confesión religiosa. En este sentido,

la movilización en torno al derecho a ser

reconocido como diferente entra en

contradicción con la igualdad que está a labase del concepto de ciudadanía. “La

organización de la sociedad sobre la base de

derechos o pretensiones derivadas de la

pertenencia a determinado grupo se opone

tajantemente al concepto de sociedad

basado en la idea de ciudadanía. Esto

explica por qué la idea de ciudadanía

diferenciada es percibida como una inflexión

radical de la teoría de la ciudadanía” 

(Kymlicka y Norman 1997: 28). En este

sentido, Jelin identifica que, después de

décadas de debate, el tema de la diversidad

cultural ha comenzado a ser abordado de

otra manera. Si bien la idea original de la

ciudadanía estaba orientada por una visión

individualista de los derechos, de manera

creciente el eje pasa a las comunidades:

 “Hablar de derechos culturales es hablar de

grupos y comunidades colectivas: el derecho

de sociedades y culturas (autodefinidas

como tales) a vivir en su propio estilo de

vida, a hablar su propio idioma, usar su ropa

y perseguir sus objetivos, y su derecho a ser

tratadas justamente por las leyes del estado

nación en que les toca vivir (casi siemprecomo minorías). El surgimiento de las

reivindicaciones de derechos de los pueblos

indígenas basadas en criterios de etnicidad,

constituye un campo novedoso donde estas

cuestiones están siendo discutidas” (Jelin

2003b: 11-12).

4. La dinámica de movilización e

institucionalización

Como hemos ya adelantado, Marshall

considera que no hay ningún principiouniversal que determine cuáles son los

derechos ciudadanos, de modo que,

históricamente, las sociedades “crean la

imagen de una ciudadanía ideal con la cual

puede medirse el logro y hacia la cual deben

dirigirse las aspiraciones” (Marshall 2005:

37). De esta manera, la ciudadanía es

abordada como un concepto en movimiento,

cuya extensión e intensidad son

determinadas en los procesos de

movilización social y reconocimiento jurídico

y estatal. En este sentido, José Nun afirma

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que la ciudadanía es “una construcción social

que se funda, por un lado, en un conjunto de

condiciones materiales e institucionales y,

por el otro, en una cierta imagen del bien

común y de la forma de alcanzarlo. Lo que

equivale a decir que es siempre el objeto deuna lucha, por más que en determinados

lugares ésta pueda haberse resuelto desde

hace mucho y haya tendido a naturalizarse” 

(Nun 2000: 65-66).

Ahora bien, esta dinámica de

movilización social y reconocimiento jurídico

y estatal de los derechos del ciudadano

aparece problematizada en la literatura

latinoamericana a partir de un conjunto de

aportes. Sin pretender exhaustividad,

expondremos en este apartado dos

consideraciones que cuestionan lapertinencia de la dinámica de movilización e

institucionalización en el contexto

latinoamericano. La primera de ellas está

vinculada al fenómeno del populismo como

disruptivo de la dinámica de

institucionalización de derechos reclamados

por los movimientos sociales. El segundo

conjunto de consideraciones está vinculado a

las transformaciones en la acción colectiva.

4.1. La disrupción populista

Uno de los argumentos más recurridos

para dar cuenta de la inadecuación del

modelo marshalliano a la experiencia

latinoamericana está vinculado al fenómeno

populista. Según Elizabeth Jelin, “en la

historia latinoamericana de este siglo, la

preeminencia de regímenes populistas y los

autoritarismos sociales y políticos han

creado una cultura donde la conciencia de

derechos ciudadanos es débil” (Jelin, 2003a:

4). Ahora bien ¿en qué consiste

concretamente la disrupción populista a la

dinámica de ciudadanización? Nos interesa,en este punto, recuperar la propuesta de

lectura de Enrique Peruzzotti. En Peruzzotti

(1999) argumenta que la erosión de la

autoridad de las leyes, resultante de los

procesos populistas, se tradujo en un

 “desconstitucionalización” de la sociedad civil

que implicó tanto la erosión de sus

instituciones mediadoras y sus prácticas

organizativas como la pérdida de los

derechos de ciudadanía. Si bien el autor se

concentra exclusivamente en el caso

argentino, su propuesta es que lasreflexiones y conclusiones del análisis de

este caso pueden servir como lecciones para

estudiar el populismo latinoamericano en

general.

El autor comienza distinguiendo dos

aspectos de la sociedad civil. Por un lado,

indica una dimensión activa, que se refiere a

las asociaciones, los movimientos y las

formas de acción colectiva que contribuyen a

la reproducción, expansión y defensa de los

derechos; por otro lado, se observa una

dimensión pasiva, que hace referencia a las

instituciones que diferencian y estabilizan a

la sociedad civil como esfera autónoma de

intervención social. Al interior de esta

dimensión pasiva, la presencia de derechos

fundamentales efectivos es el indicador más

claro de la existencia de una sociedad civil

institucionalizada.

  “Los derechos son las instituciones

  jurídicas que estabilizan el espacio de lo

social como sociedad civil, es decir, como

una esfera autónoma de interacción

diferenciada tanto del estado como de la

economía. El establecimiento de derechos

  ‘constituye’ a la sociedad civil en tanto

delimita y organiza jurídicamente a lo

social. Sin derechos fundamentales

efectivos, lo social queda reducido a su

dimensión ‘activa’, es decir, a acción

colectiva no enmarcada ni protegida por un

marco jurídico.” (Peruzzotti 1999: 156-

157)

De este modo, los derechos brindan la

plataforma institucional para el despliegue

de la acción colectiva, es decir, de la

dimensión activa de la sociedad civil. El

desarrollo de una sociedad civil moderna

combina, en la perspectiva del autor, las

acciones colectivas de los movimientos

sociales con el establecimiento de derechos

que se institucionalizan como logro de dichos

movimientos. “El proceso deautoconstitución de las modernas sociedades

civiles es inseparable de esta doble dialéctica

entre acción colectiva y estabilización

  jurídica mediante la implantación de

derechos protectores” (Peruzzotti 1999:

157). Esta dialéctica está ya presente en la

articulación marshalliana de los derechos de

ciudadanía.

  “T.H. Marshall aporta el análisis

paradigmático de la dialéctica ‘acción

colectiva/institucionalización’ que enmarcóel proceso de autoconstitución de las

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90 Luciano Nosetto

modernas sociedades civiles. La noción de

ciudadanía se refiere a una institución en

constante desarrollo y cambio que tiene

como elemento dinámico la acción colectiva

de movimientos sociales, la cual, a su vez,

contribuye a nuevas formas de  juridificación. Marshall describe el proceso

de extensión de la ciudadanía en términos

de una sucesión de luchas por la

ampliación y redefinición de dicho proceso,

que se cristaliza en tres grandes olas

institucionalizantes que corresponden a la

implantación de tres tipos diferentes de

derechos: civiles, políticos y sociales. Los

logros históricos de los movimientos

burgueses y socialistas se traducen en la

superposición de distintas capas

  juridificantes, donde cada grupo de

derechos obtenidos proporciona la

plataforma institucional para el surgimiento

de nuevas formas de acción colectiva” 

(Peruzzotti 1999: 157)

Esto muestra la profunda interconexión

entre el desarrollo del estado y el desarrollo

de la sociedad civil a partir de la ampliación

de los derechos de ciudadanía. Ahora bien,

los derechos de ciudadanía, como

instituciones jurídicas que son el fruto de

demandas normativas de movimientos

sociales ante el estado, sólo pueden ser

efectivos en la medida en que exista unordenamiento judicial. Aquí, Peruzzotti

remite a la necesaria existencia de un

derecho moderno consolidado y del principio

de división de poderes como condiciones

para la efectividad de los derechos de

ciudadanía. Es aquí donde el populismo

generó un efecto disruptivo de la dinámica

de movilización y reconocimiento, no

permitiendo la institucionalización de los

derechos de ciudadanía. “Las luchas

históricas por derechos políticos y sociales

no resultaron en una mayor

constitucionalización de las dinámicas

políticas y sociales. Por el contrario, la

democratización populista interrumpió el

proceso histórico de juridificación iniciado

por el régimen conservador, implantando

una dinámica política

desconstitucionalizante” (Peruzzotti 1999:

163). En esta línea, el autor identifica en el

corporativismo, el movimientismo y la

manipulación propagandística los tres males

que limitaron toda posibilidad de inscripción

  jurídica duradera de los derechos de

ciudadanía obtenidos.

En suma, la politización de los

mecanismos jurídicos llevada a cabo por los

populismos destruye las condiciones

constitutivas del complejo derecho-estado-

sociedad civil, obstaculizando lainstitucionalización de la sociedad civil y, en

particular, de los derechos fundamentales, y

haciendo depender a estos últimos de una

vinculación política con el régimen populista.

 “Al politizar el derecho, el populismo elimina

la distinción entre ratio y voluntas sobre la

que se construye la legitimidad del estado

moderno” (Peruzzotti 1999: 167).

Nos interesa, por último, recuperar en

este punto la línea interpretativa articulada

por Norbert Lechner. En su artículo

 “Modernización y modernidad. La búsqueda

de la ciudadanía”, Lechner comienza

identificando a la modernidad con la

secularización, entendida como el pasaje de

un orden recibido (instituido a través de la

religión como garante indiscutible) a un

orden producido, en el cual la sociedad debe

crearse a sí misma en tanto comunidad. De

modo que la modernidad viene dada por la

asunción del orden social como un producto

que los hombres mismos deben darse, desde

el interior de lo social: “con la modernidad

tanto la comunidad como la exclusión dejan

de ser datos determinados de antemano y sepueden percibir como productos de la acción

social” (Lechner 1993: 63). Ahora bien, la

experiencia de la modernidad en América

Latina aparece de manera problemática. Al

desmoronarse el antiguo orden oligárquico,

que estructuraba jerárquicamente a lo social

en términos de una comunidad orgánica, los

fenómenos de desigualdad y exclusión

comienzan a ser vistos como no naturales,

es decir, como producto de un orden social

impuesto, que puede asimismo

transformarse: “la exclusión de obreros ycampesinos aparece al desnudo, es decir, es

percibida como consecuencia del orden

reinante” (Lechner 1993: 64).

De esta manera, en el pasaje al siglo XX,

emerge en los países de industrialización

temprana la “cuestión social” y, en muchos

casos, de manera simultánea, las nuevas

democracias (apoyadas en una incipiente

legislación social) pretenden resolver la

exclusión social a través de la participación

política. En este intento de canalizar

políticamente la exclusión social, Lechner

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identifica un grave obstáculo: las ideologías

nacionales populares. “Este intento de

enfocar políticamente la exclusión social

fracasa porque a la exclusión (como

producto social) se responde con una

categoría cuasi  natural de comunidad: lanación. La idea de nación apunta a una

unidad preconstituida, no a una comunidad

construida” (Lechner 1993: 64).

En este sentido, el nacionalismo remite a

un orden ya dado, natural, preconstituido

que no aparece como producto de la acción

humana sino que preexiste y determina las

configuraciones sociales y las opciones

políticas. Enlazado con el nacionalismo, el

populismo aparece como el intento simbólico

de restaurar una comunidad natural perdida,

en contextos de fragmentación y exclusiónsocial. De este modo, el populismo aparece

como el intento de darse una comunidad allí 

donde la sociedad aparece desintegrada.

Esto da cuenta, en la perspectiva de

Lechner, de la actualidad del populismo en la

región: “siendo el populismo un sustituto de

comunidad, no desaparecerá mientras nos

se desarrollen nuevas formas de integración

social e identidad colectiva” (Lechner, 73).

En suma, el modelo nacional-popular

aparece como la posibilidad simbólica y

política de interpelación a una comunidad enel contexto profundamente fragmentado por

la penetración diferencial de la

modernización económica y política y por la

configuración de ciudadanías de geometría

variable.

4.2. Los nuevos movimientos

Hemos planteado que la dinámica de

movilización social y reconocimiento jurídico

y estatal de los derechos del ciudadano

aparece problematizada en la literatura

latinoamericana a partir de un conjunto deaportes vinculados, por un lado, al fenómeno

populista y, por otro lado, a las

transformaciones recientes y la configuración

actual de la acción colectiva en la región.

Tanto los abordajes de la acción colectiva

que parten de las teorías de los movimientos

sociales como aquellos que parten de la

noción de protesta social2 enfatizan un

2 Para una discusión en torno a la pertinencia de los

conceptos de protesta social y movimiento social en el

abordaje de la acción colectiva argentina y

latinoamericana recientes, ver Svampa (2005: 318),

Schuster y Pereyra (2001) y Schuster (2005: 43 y ss.)

conjunto de transformaciones recientes en

las experiencias de contestación social que

exigen una revisión de la forma de entender

la relación entre movilización social e

institucionalización de derechos.

En la perspectiva marshalliana, el

concepto de ciudadanía de define en una

relación compleja e imbricada respecto del

concepto de clase social. Precisamente,

Marshall distingue dos tipos de clases

sociales: por un lado, están aquellas que

llamaríamos estamentales, definidas en

función del jerarquías de condición

(patricios, plebeyos, siervos, esclavos, etc.);

por otro lado, están aquellas definidas por

las instituciones de la propiedad y la

estructura de la economía nacional

(propietarios, trabajadores, etc.). La opinióndel autor es que la ciudadanía moderna

implica la desaparición de los estamentos

clásicos y que, a su vez, reduce la

importancia social de la distinción entre

clases. El autor plantea que, más que

lograrse la igualdad entre las clases sociales,

lo que permite el proceso de ciudadanización

es la igualdad de las personas en una nación

que queda así constituida como si fuera una

clase única. “La igualdad de condición

[ciudadana] es así más importante que la

igualdad de ingreso” (Marshall 2005: 61). Lapreocupación de Marshall está así vinculada

a la relación existente entre la igualdad

ciudadana y las desigualdades de clase (ver

Giddens 1985; Held 1997). En este sentido,

no en vano el título de las conferencias de

Marsall es “Ciudadanía y clase social”.

En este contexto, cuando Marshall

presenta su dinámica de movilización social

e institucionalización de derechos, el foco

está puesto en un tipo muy particular de

acción colectiva: en la de los trabajadores.

De esta manera, el movimiento obrero

aparece como el sujeto central de esta

dinámica de movilización social que genera

el progresivo reconocimiento jurídico y

estatal de derechos. Ahora bien, este

panorama aparece profundamente

cuestionado por un conjunto de fenómenos

recientes. En primer lugar, el proceso de

balcanización de los comportamientos

laborales y de descolectivización implicados

en el pasaje al modo de regulación

posfordista marca un conjunto de

transformaciones estructurales irreversibles.

Por otra parte, la emergencia de nuevos

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movimientos sociales (feminismo,estudiantes, ecologismo, etc.) genera unadinámica de acción colectiva irreductible a laidentidad de clase. Estas transformaciones

son recogidas por la emergencia de un ricocampo de estudio de las ciencias sociales: “La acción colectiva comenzó a constituir unauténtico y novedoso problema para lasciencias sociales desde el momento en quemuchas de nuestras certezas acerca de lossujetos colectivos homogéneos, aquellas quedominaron casi un siglo de conocimiento, sedesmoronaron. El estudio de losmovimientos sociales, las protestas y laacción colectiva en general es hoy uno de losgrandes temas de análisis de las cienciassociales” (Schuster 2005: 45). Ahora bien,¿cómo se expresan estas transformacionesen América Latina?

Como punto de partida podemosidentificar que, en la región, no fue la claseobrera sino la figura más difusa del pueblo laque protagonizó la movilización social(Svampa 2005: 206). Elizabeth Jelin indicaque “la región tiene una historia rica ycompleja de luchas populares queimpulsaron la expansión de la ciudadanía ylos derechos. Las luchas campesinas, lasprotestas obreras, los movimientos

populares antiguos y recientes, lasmovilizaciones políticas excepcionales [...],las propias revoluciones no pueden serdejadas de lado. Esta historia de luchaspopulares manifiesta la riqueza de lasexperiencias de resistencia y de oposición ala dominación” (Jelin 2003a: 8). Si bien Jelinidentifica que la acción colectiva en AméricaLatina estuvo preeminentemente vinculada alos derechos sociales de sectores populares,en el contexto de las dictaduras militares delas décadas del ’60 al ’80, comienza a

emerger un campo novedoso de demandasde “nueva ciudadanía” (Dagnino 2006: 206)y de identidades caracterizadas por unamayor heterogeneidad, complejidad yfragmentación:

 “La oposición a las dictaduras militaresy la demanda de democracia abre elespacio de los reclamos por los derechospolíticos; las violaciones masivas a losderechos humanos crea un nuevo lenguaje,un nuevo código. Si antes el idealciudadano difícilmente se extendía más allá

de los hombres de sectores medios

urbanos, educados, la ola de movilizacionespopulares y movimientos sociales, elfeminismo y los movimientos de mujeres,las nuevas manifestaciones delindigenismo, las movilizaciones urbanas y

las presiones democratizadoras másgenerales, han incitado a una nuevamanera de plantear las demandas sociales,políticas y culturales. Crecientemente, lasociedad civil se moviliza, desarrollandoacciones y demandas ancladas en losderechos y las responsabilidades de laciudadanía.” (Jelin 2003a: 9)

En el caso de Argentina, por ejemplo,Federico Schuster y Sebastián Pereyraidentifican cómo, a lo largo de las últimasdos décadas del siglo XX, va perdiendo

preeminencia la acción colectiva de tiposindical y se va consolidando una “matrizciudadana” de protesta, caracterizada por ladispersión y la fragmentación de lasprotestas en múltiples identidades,demandas y formatos. Ahora bien, en estecontexto de fragmentación y heterogeneidadde las protestas sociales, varios autoresconsideran posible identificar algunascaracterísticas comunes de los movimientossociales latinoamericanos. Por caso, eluruguayo Raúl Zibecchi considera que “hacia

fines de los setenta fueron ganado fuerza[nuevas] líneas de acción que reflejaban losprofundos cambios introducidos por elneoliberalismo en la vida cotidiana de lossectores populares. Los movimientos mássignificativos (Sin Tierra y seringueiros enBrasil, indígenas ecuatorianos,neozapatistas, guerreros del agua ycocaleros bolivianos y desocupadosargentinos), pese a las diferencias espacialesy temporales que caracterizaron sudesarrollo, poseen rasgos comunes, ya queresponden a problemáticas que atraviesan atodos los actores sociales del continente. Acontinuación, presentaremos a efectosilustrativos algunos de los rasgos centralesde los movimientos socialeslatinoamericanos:

(i) Nuevas territorialidades. Variosautores coinciden en que buena parte de lascaracterísticas comunes a los diferentesmovimientos sociales se debe a laterritorialización; es decir, a su arraigo enespacios físicos recuperados o conquistados

a través de largas luchas, abiertas o

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subterráneas. “Las nuevas territorialidadesson el rasgo diferenciador de losmovimientos sociales latinoamericanos, y loque les está dando la posibilidad de revertirla derrota estratégica. A diferencia del viejo

movimiento obrero y campesino (en el queestaban subsumidos los indios), los actualesmovimientos están promoviendo un nuevopatrón de organización del espaciogeográfico, donde surgen nuevas prácticas yrelaciones sociales” (Zibecchi 2003: 187).

(ii) Autonomía y democracia. Lasegunda característica que atraviesa a losmovimientos es la búsqueda de autonomía,tanto respecto de los estados como de lospartidos políticos. “Los comuneros, loscocaleros, los campesinos Sin Tierra y cada

vez más los piqueteros argentinos y losdesocupados urbanos están trabajando deforma consciente para construir suautonomía material y simbólica” (Zibecchi2003: 186). Esta búsqueda de autonomíacoincide con formas de democraciaorganizacional vinculadas a prácticashorizontales, participativas y asamblearias.En este sentido, la práctica y la discursividadde muchos de los movimientos socialesaparecen atravesadas por la relavorizaciónde la democracia al interior de la

organización:

 “Por un lado, la promoción de formasparticipativas más horizontales y abiertases vista como reaseguro frente a lospeligros de desconexión entre losdiferentes niveles organizativos,burocratización y manipulación. Por otraparte, la confrontación con la hegemoníaneoliberal en el terreno de las políticaspúblicas se ha traducido en un crecientecuestionamiento al régimen político, almodelo de la democracia representativa y ala forma que adoptó la constitución del

estado nación en América Latina,promoviendo frente a éste una diversidadde demandas que van desde la exigenciade consultas o referéndums hasta losreclamos de autonomía y autogobierno,impulsados particularmente por losmovimientos indígenas” (Seoane, Taddei,Algranati 2006: 243).

(iii) Identidades y diferencia. Losautores identifican que es transversal a losdiversos movimientos un trabajo por larevalorización de la cultura y por la

afirmación de la propia identidad. “La política

de afirmación de las diferencias étnicas y degénero, que juega un papel relevante en losmovimientos indígenas y de mujeres,comienza a ser valorada también por losviejos y los nuevos pobres” (Zibecchi, 2003:

186). En el apartado en el que trabajamoslos nuevos derechos de ciudadanía, hemosdado cuenta de la productividad de losmovimientos de derechos de minoríasculturales y étnicas en la crítica ycomplejización del concepto canónico deciudadanía. En esta línea, el surgimiento delas reivindicaciones de derechos de lospueblos indígenas basadas en criterios deetnicidad, constituye uno de los movimientosmás dinámicos y novedosos del escenariolatinoamericano reciente (ver p. ej. Dávalos

2000 y Quijano 2007).(iv) El protagonismo de las mujeres.

No sólo los movimientos de mujeres yfeministas han logrado un amplio impactosino que, también, las mujeres han ganadoprotagonismo al interior de los movimientos:  “mujeres indias se desempeñan comodiputadas, comandantes y dirigentes socialesy políticas; mujeres campesinas y piqueterasocupan lugares destacados en susorganizaciones. Ésta es apenas la partevisible de un fenómeno mucho más

profundo: las nuevas relaciones que seestablecieron entre los géneros en lasorganizaciones” (Zibecchi 2003: 187).También aquí, las mujeres en losmovimientos y los movimientos de mujeresimprimen un replanteo necesario de lossupuestos incuestionados que están a labase de la definición marshalliana deciudadanía.

(v) La acción directa. Las formas deacción instrumentales de antaño, cuyo mejorejemplo es la huelga, tienden a sersustituidas por formas de acción directa(como los piquetes, los cortes de ruta y lastomas de espacios públicos o privados) que,si por un lado aparecen como el últimorecurso en contextos de profundasasimetrías de poder, por otro ladoconstituyen prácticas autoafirmativas, através de las cuales los nuevos actores sehacen visibles y reafirman sus rasgos yseñas de identidad.

  “Las ‘tomas’ de las ciudades de losindígenas representa la reapropiación,

material y simbólica, de un espacio ‘ajeno’ para darle otros contenidos. La acción de

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ocupar la tierra representa, para el

campesino sin tierra, la salida del

anonimato y es su reencuentro con la vida.

Los piqueteros sienten que en el único

lugar donde la policía los respeta es en el

corte de ruta y las Madres de Plaza deMayo toman su nombre de un espacio del

que se apropiaron hace 25 años.” (Zibecchi

2003: 187)

(vi) El nuevo internacionalismo. Los

movimientos sociales regionales han sido

protagonistas de la globalización de formas

de acción colectiva, vinculadas tanto a

protestas como a campañas y eventos

globales (como foros y cumbres). “El

carácter eminentemente social de los actores

involucrados, su heterogeneidad y amplitud,la extensión verdaderamente internacional

de las convergencias, las formas

organizativas y las características que

asumen estas articulaciones señalan la

novedad de este internacionalismo” 

(Seoane, Taddei y Algranati 2006: 244). De

esta manera, la territorialización de los

movimientos sociales ya referida es

complejizada por la “transnacionalización de

los territorios” en los que esos mismos

movimientos se despliegan (Santos 2006;

Mançano Fernandes 2006).

Si bien otras características comunes

pueden ser identificadas (como el

antineoliberalismo, la preocupación por la

organización del trabajo y por la naturaleza

y la capacidad para formar sus propios

intelectuales) consideramos que los

elementos presentados permiten identificar

algunas particularidades centrales de las

actuales movilizaciones por derechos. Esto

nos lleva a considerar algunas preguntas:

¿es posible seguir pensando de la misma

manera la dinámica de movilización social e

institucionalización de derechos universalesde ciudadanía? ¿Qué tipo de

institucionalización puede brindar una

respuesta a la demanda de autonomía? ¿Qué

tipo de institucionalización puede brindar un

estado nacional ante una demanda global?

¿Qué tipo de institucionalización puede

brindar una respuesta a la reivindicación de

las identidades, la afirmación de las

diferencias y la búsqueda de formas de

autogobierno? ¿Es la dinámica de

ciudadanización planteada por Marshall

compatible con las luchas de estos

movimientos sociales? En todo caso, ¿cuán

intensa debe ser una reformulación del

concepto de ciudadanía que permita pensar

estos nuevos derechos, búsquedas y

reivindicaciones?

5. A modo de cierre

A partir de la definición canónica de

ciudadanía habilitada por T.H. Marshall,

hemos intentado dar cuenta de la recepción

latinoamericana de este concepto y de las

profundas reelaboraciones, inflexiones y

críticas de las que ha sido objeto. Si, por un

lado, la teoría de Marshall ha brindado un

ideal regulatorio para la crítica de la

configuración latinoamericana de la

ciudadanía y sus derechos, por otro lado, ensentido inverso, la experiencia

latinoamericana ha servido para cuestionar

la adecuación y plausibilidad de una

definición de la ciudadanía como la

propuesta por Marshall. Así, en el encuentro

del concepto de ciudadanía con las

experiencias latinoamericanas, varios

cientistas sociales y políticos han articulado

profundas reflexiones, debates, inflexiones y

reparos que han contribuido a enriquecer y

complejizar el pensamiento de la ciudadanía

en la región.Comenzamos dando cuenta del debate

en torno al concepto de ciudadanía en su

dimensión extensiva. Hemos relevado en la

literatura política y social la identificación, a

lo largo de la región, de una penetración

diferencial de los procesos de modernización

económica (capitalismo) y política (Estado).

Tanto los aportes de José Nun desde el

debate de la marginalidad como las críticas

de Guillermo O’Donnell al supuesto de

penetración homogénea del estado al

interior de su territorio, nos permitieron darcuenta de un doble déficit, que erigiría

obstáculos estructurales a la dimensión

extensiva de la ciudadanía, desde el

momento en que estos procesos inacabados

modulan de manera diferencial la membresía

de los diferentes habitantes de un territorio

nacional.

En segundo lugar, hemos relevado las

críticas e inflexiones operadas por los

cientistas sociales y políticos en torno a la

dimensión intensiva de la ciudadanía; es

decir, en lo vinculado a los derechos civiles,

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políticos, sociales y de nuevo tipo que

componen el plexo jurídico de este estatus

universal. En este sentido, una pluralidad de

pensadores latinoamericanos nos ha

permitido identificar un complejo escenario

de ausencias, asincronías, intermitencias yretrocesos en los diferentes derechos.

Nuestra configuración contemporánea

aparece así caracterizada por:

1) Una extendida conculcación de derechos

civiles, que, las más de las veces,

coincide con situaciones de pobreza y

exclusión.

2) La universalización de derechos políticos,

que, sin embargo, son amenazados en

su ejercicio por la falta de autonomía de

aquellos que carecen de derechos civilesy sociales, generando un configuración

ciudadana de baja intensidad.

3) Una extendida conculcación de derechos

sociales, marcada por la informalidad,

marginalidad y exclusión de amplios

sectores y por la tradición corporativista;

y profundizada por el pasaje al modo de

regulación posfordista y el desmonte

neoliberal del estado de bienestar, lo que

profundiza las fragmentaciones de la

ciudadanía.

4) La emergencia de nuevas demandas yderechos, vinculados a las

reivindicaciones de los movimientos

indígenas y de los movimientos de

mujeres y feministas entre otros.

Por último, hemos abordado el elemento

dinámico de la definición de la ciudadanía,

dando cuenta de los aportes que remarcan

las particularidades de los procesos de

movilización e integración en la región. En

este sentido, dimos cuenta de los obstáculos

de la dinámica marshalliana de movilización

y reconocimiento de derechos en una región

caracterizada en la literatura social y políticapor prácticas de tipo populista. Si, en el caso

de Enrique Peruzzotti, el populismo da

cuenta de una politización de los derechos

que no permite institucionalizar de manera

estable las garantías ciudadanas; en el caso

de Norbert Lechner, el populismo aparece

como una estrategia de integración política y

simbólica de la comunidad en contextos de

fragmentación y exclusión social.

Por su parte, la caracterización de los

movimientos sociales latinoamericanos a

partir de un conjunto de rasgos novedososexige una revisión de la forma de entender

la relación entre movilización social e

institucionalización de derechos. El carácter

territorial y directo de la acción, la

reivindicación de las identidades, la

afirmación de las diferencias, el

internacionalismo de los movimientos y la

búsqueda de autonomía y de formas de

autogobierno imprimen una lógica novedosa

en las formas de contestación social que

invita a reflexionar sobre la pertinencia de

seguir pensando en términos de la dinámicade movilización social e institucionalización

estatal y jurídica.

En suma, la productividad del debate en

torno la ciudadanía latinoamericana y la

vitalidad de los movimientos sociales

regionales invitan a pensar en el ingente

desafío y las profundas dificultades de ir más

allá de una ciudadanía para pocos, como la

que es característica de la región.

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