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COMUNICADO DE PRENSA

La defensa del coronel retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO

PLAZAS VEGA, hace saber a la opinión pública lo siguiente:

En las noticias virtuales del diario El Espectador en la tarde de ayer y en la

mañana de hoy aparece una información en la sección judicial que establece

que

“…Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantaron en

el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, la exhumación de

tres cuerpos en el marco de la investigación que se adelanta por los

desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia registrada el 6 y 7 de

noviembre de 1985…”

Hasta ahí la información es perfectamente normal. Pero dos párrafos adelante,

afirma:

“…El abogado Germán Romero, quien defiende los intereses de la

parte civil, aseguró que el comandante de la Brigada XIII, general

Jesús Armando Arias Cabrales y el comandante de la Escuela de

Caballería, coronel Luis Alfonso Plazas Vega ordenaron en su

momento sepultar estos cuerpos en una fosa común del cementerio

del sur de Bogotá, impidiendo el procesos científico y forense…”

Este párrafo contiene graves mentiras, del abogado Germán Romero, según lo

establece con precisión el diario. Pues en ningún momento el general Arias

Cabrales ni el coronel Plazas Vega, dispusieron tarea alguna con relación a los

cadáveres de los caídos en el acto terrorista de tan luctuosa fecha. Ni tenían las

facultados, ni lo hicieron.

Por otra parte, el abogado Romero comente el delito de calumnia, al afirmar

que los oficiales ordenaron la inhumación de los cuerpos con el propósito de

impedir el proceso científico y forense. El abogado Romero debe rectificar su

afirmación, a través del diario El Espectador.

Está plenamente documentado en el proceso penal, que los cuerpos que fueron

sepultados en fosa común del cementerio del sur, fueron trasladados por

disposición del Juez 78 de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Policía

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Nacional, doctor Carlos Darío Morales Álvarez, quien la comunicó al Instituto

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo Director era para la fecha el

doctor Egon Lichtenberger, persona que así lo declaró en el proceso, bajo la

gravedad del juramento. Existía el temor a que los terroristas del M-19

intentaran, como amenazaron hacerlo a través de llamadas telefónicas, asaltar

el instituto para robarse los cadáveres de sus compinches.

Dicen así algunos apartes de la declaración del mencionado facultativo, en su

declaración del 13 de marzo de 1987, ante el Juez Treinta de Instrucción

Criminal ambulante, doctor Alfonso Triana Rincón, actualmente en el proceso

4119 del Juzgado Segundo Penal Especializado, cuaderno 95 folios 38 y

siguientes:

“…Se hicieron cuatro envíos de cadáveres del Palacio de Justicia a fosa

común así: Primer envío en noviembre 9 de 1985…Segundo envío

noviembre 20 del 85…Tercer envío noviembre 23 del 85…Cuarto

envío noviembre 30 del 85… (Nota del juzgado: los anteriores datos

fueron tomados por el declarante de copia al carbón del memorando

fechado en esta ciudad el trece de marzo de 1987, suscrito por el

doctor EGON LICHTENBERGER en donde se relacionan todos estos

cadáveres según datos suministrados por la Sección de Identificación

del Instituto de medicina Legal, el cual se anexa a las diligencias)…”

Más adelante aclara el doctor Lichtenberger:

“…me consta que existía el rumor de posibles actos violentos por los

cuales había un notable refuerzo de agentes de Policía…”

“…El Instituto simplemente se limitó a cumplir una orden judicial…”

En el desplazamiento de los cuerpos hasta el cementerio del sur, tampoco

están involucrados miembros del Ejército Nacional. Correspondió a la Policía

Nacional, cuyo Director de Criminalística era el Mayor Gustavo Socha

Salamanca, según lo establece con claridad el Tribunal Especial de Instrucción

Criminal en su informe del 31 de mayo de 1986 a la Corte Suprema de

Justicia.

Específicamente los cadáveres fueron trasladados bajo el control del sargento

Segundo de la Policía Nacional Aarón Alarcón Sepúlveda, como está

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establecido en los documentos del proceso. Dice así el oficio 1342 JUPEM-78

del 9 de noviembre de 1985:

“…Sírvase señor Receptor de Cadáveres entregar al Sr. SS AARON

ALARCON SEPULVEDA, portador del presente, …los certificados de

defunción que a continuación se relacionan…(luego de la relación

viene la firma) Carlos Darío Morales Álvarez, Juez 78 de IPM…”

Todo lo anterior demuestra una grave irresponsabilidad del abogado Romero y

su interés de ocasionar daño a los oficiales mencionados en la nota de El

Espectador.

Atentamente

JAIME GRANADOS PEÑA