Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena

TIPNIS: “Estamos decididos a defendernos”

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) definirá hoy el lugar de

partida de la Novena Marcha Indígena, que comenzará el próximo 20 de abril y exigirá

al Gobierno nacional respeto por los derechos individuales y colectivos vigentes en la

Constitución. Reunidos en la tercera Comisión Nacional de este año, representantes de

los pueblos de todo el país reafirmaron su compromiso de movilizarse en defensa del

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por donde el presidente

Evo Morales pretende hacer pasar una carretera, en clara vulneración a sus

compromisos verbales, así como decenas de garantías constitucionales de las y los

bolivianos.

En el encuentro, los habitantes del TIPNIS informaron sobre la última estrategia del

Gobierno para desbaratar al movimiento indígena. Luego de que más de 40 corregidores

de este territorio decidieran ir a la marcha, los funcionarios de Morales se dedicaron en

estas comunidades a preparar golpes de estado a escala. En Totora, una comunidad de la

Subcentral Sécure, comenzará hoy un encuentro de ocho “corregidores”, patrocinado

por el Órgano Ejecutivo, para desconocer las resoluciones del 30º Encuentro de

Corregidores y, descaradamente, convocar al redil del “proceso de cambio” dirigido por

el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Luego de haber desarrollado el 30º Encuentro de Corregidores en Gundonovia, el

Gobierno se ha empeñado en defenestrar a nuestras organizaciones, a hacer

organizaciones paralelas, para poder tener la autorización de construcción de la carretera

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En las comunidades del río Sécure, por encima de

nuestras autoridades se han entrado los del Gobierno. Están entrando por aire y agua,

queriendo convencer a otros corregidores para cambiar a nuestras autoridades legítimas.

Quieren hacer una nueva directiva que les dé pues el permiso para hacer la carretera,

quieren una subcentral que esté al servicio del Gobierno”, dijo Youci Fabricano, de la

comunidad Puerto San Lorenzo.

“En las comunidades de nuestra organización nunca se ha visto que hagan un evento de

esta magnitud. Nos han informado que a Totora han llevado cantidad de víveres y

combustibles con qué facilidad. Cuando nosotros hicimos nuestro encuentro sufríamos

por la logística, pero fue donde más de 40 corregidores estuvieron presentes. Y allá, que

son ocho comunidades, tienen de todo y en abundancia: esta es la mano del Gobierno,

su plan del Gobierno, manejado por su poder. Pero nosotros no lo vamos a permitir.

Hemos venido acá para asentar esta denuncia y para que todo el país lo sepa, lo conozca

toda la población y esté enterada de lo que está pasando allá en el TIPNIS”, dijo

Fabricano, del pueblo Mojeño.

Para él, como para la mayoría de los habitantes del TIPNIS, una preocupación muy

grande radica en la invasión permanente de colonos, quienes suelen dañar las tierras y

contaminar las aguas con algunas de sus producciones. “Es bien triste la realidad del

Polígono 7. Se ve cómo las aguas del río Isiboro están totalmente contaminadas,

muertas. Allá la naturaleza es tan diferente. Es una zona bien explotada, se nota el

cambio radical en comparación con la naturaleza que tenemos todavía gracias a Dios en

el sector del río Sécure. Allá en la zona sur no se ve una naturaleza tranquila, se ve una

naturaleza cansada. Las tierras ya están, como se dice, degradadas, devastadas. Por eso,

el Gobierno ya se ha comprometido a darles las tierras del TIPNIS a los colonizadores.

La principal actividad en el Polígono 7 es la siembra de coca y la fabricación de la

droga. Y para estos hermanos del CONISUR (Consejo Indígena del Sur, aliada al MAS)

su actividad es esa. Ellos son los peones, los mozos de los colonizadores. Y nosotros de

eso nunca queremos estar, no queremos estar de mendigos el día de mañana. Por eso

nosotros vamos a defender a nuestra organización, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a

nuestras comunidades. Le digo que estamos decididos a defendernos, aunque somos

gente pacífica, pero estamos decididos a defendernos”, aseguró Fabricano.

Según el Gobierno nacional, con su Ley 222 (de Consulta posterior y solo al TIPNIS)

preguntará también a 13 comunidades del Polígono 7 si quieren la carretera o no. Para

las subcentrales, con esta medida injusta el presidente Morales piensa en asegurar el

resultado –por el sí. “Hemos dicho que en el Polígono 7 no tienen que responder por

nuestro territorio, porque allá esas tierras están parceladas, con títulos individuales

entregados por el mismo Presidente ¿Qué razón hay para que ellos decidan si ya no

pertenecen al Territorio Comunitario de Origen (TCO), nuestro territorio? No les

corresponde ya decir palabra”, dijo Fabricano.

La selva verdeolivo

En la tercera Comisión Nacional, realizada en la sede de la CIDOB, se presentó un

informe sobre el 30º Encuentro de Corregidores. Tomás Candia, del pueblo Chiquitano,

comentó sus impresiones del territorio. “Otra cosa es verlos allá a los hermanos,

adentro. Es verdad que hay mucha amenaza, es verdad que el TIPNIS está militarizado.

Cuando hemos vuelto (de la comunidad Gundonovia hacia Trinidad) hemos encontrado

a dos pirañas (botes de la Armada boliviana) lleningas de militares y con

ametralladoras. Creemos nosotros que ahí no son las fronteras, ellos deberían estar en

las fronteras cuidando, pero ahora los hemos visto con ametralladoras ¿para qué si no

estamos en guerra? Es lamentable ver esa situación de los hermanos que viven en el

TIPNIS”.

Candia, secretario de Juventud de la CIDOB, opinó que “debemos unirnos para

defender el territorio, porque de repente hoy es el TIPNIS, mañana será mi territorio,

otros territorios. Allí se ha visto la realidad y se ha visto la unidad que tienen los

corregidores dentro del TIPNIS. No es como se dice, que han sido unos cuantos: han

estado los corregidores y han manifestado que sí van a defender su territorio. Resultado

de este encuentro, el Gobierno ha organizado otro encuentro de corregidores. Este

Gobierno está jugando con nosotros: primero hacemos una marcha y luego nos hacen

una contramarcha; hacemos un encuentro de corregidores y ahora hacen el de ellos. No

sé hasta dónde van a llegar. Incluso en nuestras organizaciones están entrando para

dividir a las diferentes regionales”, dijo el chiquitano.

En una charla con la profusión de prensa en la Casa Grande del barrio San Juan, Adolfo

Chávez, presidente de la CIDOB, mostró la lista de asistencia. “Hay 11 presidentes de

las regionales en sala, con sus respectivos delegados. También están los hermanos del

CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), la CNAMIB

(Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), los hermanos del TIPNIS.

Ausente eventualmente está la CPESC (la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de

Santa Cruz, una de las 12 regionales), los demás están todos presentes. No hay

justificación todavía de la regional CPESC”.

Ayer, en la tercera comisión discutieron también sobre una propuesta de boleta censal.

Hoy, se elaborará la plataforma de demandas de la Novena Marcha Indígena y se

definirá su punto de partida, entre otros detalles.

Durante la Octava Marcha Indígena, los personeros del Gobierno nacional decían

constantemente que estaban abiertos al diálogo con los movilizados, pero cuando se

llegaban a sentar para negociar concretamente, decían que la decisión del Presidente era

construir la carretera sí o sí y a los indígenas sólo les competía adaptarse a la idea. De

esta manera lograron retrasar a la marcha por días y semanas. Ahora, cuando el

Gobierno nacional implementa una campaña agresiva dentro del TIPNIS a favor de la

carretera, cuando no quedan dudas de que a la Consulta según la Ley 222 le faltaría

“buena fe”, algunos funcionarios salen con el mismo verso. Tal como se los recomendó

la representación local de las Naciones Unidas.

“Para hablar de diálogo, tendríamos que ver cuán abierta es la voluntad. Porque si hay

una voluntad abierta del Gobierno y del propio Presidente, entonces nos tendría que

llegar antes del inicio de la marcha la notificación de la anulación de la Ley 222”, dijo

Chávez, del pueblo Tacana.

El CONAMAQ y la CIDOB son las organizaciones matrices que representan juntas a

todos los pueblos indígenas de Bolivia. Presentes en la Comisión Nacional, los mallkus

delegados sostuvieron que otra vez marcharán. Sólo que en el CONAMAQ, integrada

por los pueblos Quechua y Aymara, piensan hacer una movilización por los Andes,

como una segunda columna de una misma marcha, para la cual también tendrán sus

demandas.

“Con la licencia de la Pacha, hermanos de la CIDOB, con mucha satisfacción les

decimos que nosotros en CONAMAQ hemos recibido en el corazón la decisión que han

tomado, porque ya es hora de que nosotros demostremos que los pueblos indígena

originarios tenemos autodeterminación y autogobierno. CONAMAQ está presente aquí

no solo para apoyar, sino para ensanchar, agrandar la plataforma de lucha, para construir

este verdadero proceso de cambio, definido por los pueblos indígena originarios de

Bolivia hace ya más de una década. Todavía nos falta mucho para llegar, en eso nos

estamos trabando, porque el Gobierno ha entendido de otra manera al Estado

Plurinacional. No nos ha respetado, como marca la Constitución Política del Estado.

Ahora nos toca otra etapa más para construir este país plurinacional, juntamente con

todos los bolivianos. Como CONAMAQ vamos a estar junto a la CIDOB para dialogar

y desarrollar los temas de la plataforma de nosotros. En algunos grandes temas de la

plataforma coincidimos, en eso tenemos que trabajar”, dijo tata Froilán Poma, arquiri

apu mallku del CONAMAQ.

Ayer se cumplieron seis meses desde la represión gubernamental a la Octava Marcha

Indígena, cerca de Yucumo, el 25 de septiembre de 2011. Por este episodio no avanza la

causa judicial, pero sí por un supuesto “intento de homicidio” que las y los marchistas

habrían perpetrado contra el canciller David Choquehuanca el día anterior, el 24.

“Es una pena que en Bolivia la justicia sea manejada por el Poder Ejecutivo. Si el Poder

Ejecutivo no interviniera, creo que esto ya habría avanzado. Sin embargo -y esto el

pueblo boliviano lo sabe- cuando se posesionó a los magistrados, ese mismo día se

apartó de la investigación al Presidente y al Vicepresidente (Álvaro García Linera), toda

vez que el Vicepresidente dijo que ellos saben quiénes son los responsables (de la

represión del 25 de septiembre) pero dejaban que la justicia lo investigue e identifique.

Al apartarlo al Vicepresidente de la investigación, el propio Fiscal General del Estado,

Mario Uribe, ha obstaculizado la investigación. Y creo que uno de los temas más

importantes en la justicia es no obstaculizar ninguna investigación. Es una lástima la

justicia en nuestro país. No se toman las acciones correspondientes y, más al contrario,

ellos se vuelcan las acciones, acusando a diferentes dirigentes de un supuesto intento de

asesinato. Aquí vemos que ni la propia Fiscalía tiene clara la figura, porque no está

obedeciendo a lo que dice la ley, sino que obedece al Poder Ejecutivo”, dijo Fernando

Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral TIPNIS.

Para el dirigente mojeño, el sinfín de ataques del Gobierno nacional a los indígenas

obedece a que “está desesperado porque no puede frenar a la novena marcha. Ahora está

llevando adelante un encuentro de dizque corregidores en la zona del Sécure con ocho

comunidades ¿Y quién convoca? Creo que se ha terminado de hacer un encuentro de

corregidores convocado por la titular del derecho del TIPNIS, que es la Subcentral

TIPNIS. En esa oportunidad, para contrarrestarnos, el Gobierno entregó un stock de

motores para embarcaciones en la comunidad de Oromono, como una señal de que el

Gobierno tampoco está de acuerdo con la carretera. Por eso ha dado motores a las

comunidades, para que ellos continúen usando la carretera que siempre han utilizado,

los ríos. Esto demuestra claramente que el Gobierno no sabe qué hacer, está totalmente

desesperado, loco está ya este Gobierno. Me parece que ya ha perdido el sentido común.

Sigue desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y el principio de

cumplimiento de la norma, además de la Ley 180, que claramente especifica que la

carretera no atravesará el TIPNIS, como cualquier otro proyecto. Ahí vemos una

flagrante violación a la propia Constitución y convenios internacionales. Todo el Poder

Ejecutivo está traumado. Como ahora la justicia resuelve casos consultando a las hojas

de coca, el Gobierno también debería hacerse leer con la coca para que le compongan la

cabeza”, dijo Vargas.

(Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena)